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Aina Gallego

Aina Gallego es investigadora Jae-Doc en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudia, entre otros temas, las desigualdades en la participación política, los efectos de los sistemas electorales o la formación de actitudes políticas.

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La estabilidad del voto dual en Cataluña

Una de las características más llamativas del comportamiento electoral en Cataluña era el llamado voto dual. Durante décadas, los resultados electorales variaban según el tipo de elección: mientras que el PSC solía ganar las generales, CiU hacia lo propio en las autonómicas.

El primer gráfico muestra que el porcentaje de votos a los principales partidos fue muy estable durante dos décadas, pero vemos un cambio espectacular en el sistema de partidos en las elecciones más recientes. Desde 2011 estamos en un periodo de mucha fluctuación que culmina en la victoria de En Comú Podem en las dos últimas elecciones generales. Viendo estos datos es fácil concluir que vivimos una etapa de cambio en Cataluña, caracterizada por el desmoronamiento del sistema de partidos y el fin del voto dual. 

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El apoyo a los derechos civiles ante el auge de la democracia iliberal

Francia lleva desde el 14 de Noviembre de 2015 en estado de emergencia y anunció esta semana una nueva prórroga a esta medida excepcional que permite hacer registros y arrestos domiciliarios sin orden judicial. En el último año se han producido ya unos 4000 registros y 500 arrestos sin que las personas afectadas estuvieran formalmente acusadas de nada. El prolongado estado de emergencia francés se enmarca dentro de una erosión generalizada del modelo de democracia liberal. En un artículo premonitorio, Fareed Zakaria definía las 'democracias iliberales' como aquellos regímenes electos que ignoran los límites constitucionales a los poderes públicos y privan a sus ciudadanos de derechos y libertades básicas. Viktor Orban recuperó el término después de que Angela Merkel recriminara a Hungría el asalto a las libertades básicas. Otros presidentes como los de Rusia, Polonia y ahora EEUU, así como partidos populistas de derechas en toda Europa, defienden la combinación de elecciones y un uso más discrecional del poder.

Desgraciadamente, todo apunta a que éste fenómeno aumentará en los próximos años. Incapaces de generar crecimiento económico y repartirlo de manera equitativa, los políticos tienen incentivos a movilizar en contra de enemigos internos y externos y apelar a la defensa de la identidad grupal. La consecuencia directa es el recorte de derechos y libertades dirigido sobretodo contra minorías, disidentes y medios de comunicación. En este contexto, será fundamental entender la opinión pública sobre este tema.

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¿A quién preocupa el cambio tecnológico?

Como apuntaba en un post anterior, las nuevas tecnologías aumentan la demanda y los salarios de los trabajadores cognitivos, pero a la vez destruyen empleos rutinarios típicos de las clases medias y medias-bajas (por ejemplo cuando las fábricas instalan robots). El resultado es una mayor desigualdad salarial. A pesar de la importancia de este fenómeno, el debate público sobre los riesgos del cambio tecnológico es escaso o inexistente. Por ahora sabemos muy poco sobre la opinión pública hacia este tema.

Este post explota una encuesta online (con cuotas de edad, sexo, educación y provincia) realizada recientemente en Cataluña y ofrece datos sobre cuestiones básicas: ¿Hablan los trabajadores sobre cómo afectará el cambio tecnológico a su profesión? ¿A quién le preocupa perder su trabajo? Seguidamente el post explora qué piensa la opinión pública sobre cómo afrontar estos riesgos: ¿Existe apoyo a medidas para compensar a los trabajadores afectados? ¿Y es distinta la reacción según si el desempleo se debe a las nuevas tecnologías o a otras causas?

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¿Nos gobiernan las élites? La educación de los políticos locales en España

A raíz de los resultados del Brexit se ha hablado mucho sobre la desconexión entre las élites políticas y la mayoría de la población, quienes supuestamente viven en mundos paralelos marcados por la incomprensión. Una de las posibles causas de esta distancia es que los políticos provienen de círculos sociales exclusivos, a los que se accede a través de instituciones educativas de élite como Eton College, Oxford o Cambridge en Reino Unido o las universidades de la Ivy League en EEUU.

De forma más general, en la mayoría de países la educación facilita el acceso a puestos de poder, ya sea dentro de las empresas, en la Administración o en los partidos políticos. Si nos gobiernan técnicos e intelectuales quienes, por muy buenas intenciones que tengan, no conocen los problemas de la gente de a pie de primera mano, no nos debe extrañar que los ciudadanos no se sientan comprendidos ni representados.

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Diálogos 26J: ¿Qué pasará con la participación?

Aina Gallego: ¿Subirá o bajará la participación en las elecciones de junio?

José Fernández-Albertos: Las encuestas están apuntando a una caída muy leve de la participación. Si uno compara la preelectoral de diciembre y la actual, sí se observa algo menos de entusiasmo, pero no es muy grande: en la preelectoral de Diciembre un 75% de los encuestados declaraban estar seguros de que irían a votar, en la preelectoral de ahora son un 71%.

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La computerización del trabajo

¿Cómo afectarán las nuevas tecnologías al empleo y al trabajo en los próximos años? ¿Quiénes serán los ganadores y los perdedores del cambio tecnológico? Desde que alguien hizo de una piedra un hacha, la tecnología ha ido transformando la estructura social en función de quién tiene cualidades o habilidades que se complementan bien con las nuevas tecnologías, como fuerza física y hachas.

El viejo debate sobre los efectos sociales del cambio tecnológico se ha intensificado en los últimos años. Con el avance en campos como la robótica, la inteligencia artificial o el machine learning, más y más actividades pueden ser realizadas de forma más barata y mejor por máquinas, ya sea conducir o jugar a Gao. Algunos piensan que estas nuevas tecnologías traerán cambios mínimos, pero otros como Brynjolfsson and McAfee en The Second Machine Age auguran que una gran transformación del trabajo está a la vuelta de la esquina.

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¿Quieren que los ciudadanos protesten menos? Escúchenlos

El Gobierno piensa que los ciudadanos protestan demasiado. En los últimos meses ha contrapuesto repetidamente los movimientos sociales a una supuesta “mayoría silenciosa” y ha intentado actuar por la vía penal contra los organizadores de protestas como Rodea el Congreso o los escraches. La futura Ley de Seguridad Ciudadana prevé multas de hasta 600.000 euros para actividades perfectamente pacíficas tales como concentrarse ante un parlamento o “zonas de seguridad” definidas por la Policía, convocar por redes sociales una manifestación o grabar la actuación de las fuerzas de seguridad.

Hasta cierto punto, hay que reconocer que el Gobierno lleva razón. España es el país europeo en que más se protesta con diferencia. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de entrevistados en la Encuesta Social Europea que dice haber participado en una manifestación en los últimos 12 meses en 2004, 2008 y 2012 en 10 países. La elevada participación en el estado español no se debe a la crisis económica; la participación ya era muy elevada antes.

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¿Votan más los ricos que los pobres? En España, no

El principio “una persona, un voto” es una de las principales formas de repartir el poder político entre los ciudadanos adultos en una democracia. Cada votante tiene el mismo grado de influencia sobre el resultado electoral, consiguiéndose formalmente la igualdad en la participación política. Sin embargo, en la práctica, no todos los ciudadanos votan y puede surgir desigualdad participativa si grupos de ciudadanos con intereses o preferencias diferenciados votan en mayor medida que otros grupos. Cuando existe desigualdad participativa los gobernantes tienen incentivos para priorizar los intereses de los grupos más participativos. Por ejemplo, si los ricos votan más que los pobres, los gobernantes tendrán incentivos para proponer impuestos y gasto social más bajos que si todo el mundo vota.

Una de las proposiciones empíricas más conocidas en la ciencia política es que las personas con más recursos socio-económicos votan más que la de las personas con menos recursos. De este “saber convencional” se derivan otras suposiciones. Por ejemplo, ¿han oído alguna vez que la abstención electoral favorece a la derecha? Esta afirmación se fundamenta en el argumento que la abstención y la desigualdad participativa van de la mano: mientras los ricos (a quienes se supone votantes de derechas) van a votar siempre, un aumento de la abstención significa que los pobres votan menos -y la izquierda pierde.

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La conquista del derecho a participar

La Constitución de 1978 prevé en el artículo 87 la existencia de Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) que permiten a organizaciones sociales presentar proposiciones de ley con el respaldo de al menos 500.000 firmas.¿Qué uso se ha hecho hasta ahora de este mecanismo de participación ciudadana?

Las iniciativas populares están muy extendidas en las democracias actuales. Una iniciativa popular es una propuesta legislativa que, si recibe apoyo de un cierto número de personas, tiene que ser votada en el parlamento o en un referéndum. En California, por ejemplo, los votantes se pueden pronunciar en cada elección sobre un gran número de iniciativas propuestas por grupos ciudadanos. Estos instrumentos de democracia directa permiten a los ciudadanos proponer medidas específicas y por tanto amplían la influencia sobre el proceso legislativo más allá del voto a partidos.

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Desahucios y democracia

El Gobierno, bajo presión extrema de la opinión pública, aprobó la semana pasada un decreto ley que prevé retrasar una pequeña parte de los desahucios. Más allá del contenido exacto de las medidas, la manera en que se han negociado ejemplifica un grave problema de la democracia en España: la baja inclusividad del sistema político que a su vez obstaculiza el crecimiento económico.

Este año se ha publicado uno de esos libros que se convierte en un clásico instantáneo. En “Why Nations Fail” los economistas Daron Acemoglu y James Robinson se preguntan por qué algunos países prosperan pero otros no y, frente a explicaciones geográficas o culturales, ellos dan una explicación política. Para que se dé crecimiento económico sostenido es necesario que existan instituciones económicas inclusivas, es decir reglas del juego que ofrezcan seguridad jurídica e igualdad de oportunidades. Estas reglas sólo surgen y se consolidan bajo instituciones políticas inclusivas que reparten el poder político entre múltiples sectores de la sociedad. Las instituciones políticas no inclusivas, por el contrario, dan acceso privilegiado al poder político a las élites quienes ajustan las reglas del juego a conveniencia y limitan el acceso a las decisiones políticas a nuevos actores -no fuera caso que quisieran cambiar esos arreglos tan favorables. El precio de tener malas instituciones es el empobrecimiento de la sociedad porque cuando las reglas son sesgadas existen menos incentivos para invertir, trabajar e innovar.

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