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Lídia Brun

Economista. En la actualidad es investigadora doctoral en Macroeconomía y Desigualdad en la Universidad Libre de Bruselas.

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Digitalización y desigualdad II: ¿Pueden nuestras leyes de competencia y fiscalidad hacer frente a las consecuencias de la digitalización?

En un artículo anterior, analicé las características de procesos productivos, modelos comerciales y estructuras de mercado de la nueva economía digital, argumentando que tienen una tendencia natural a la concentración y los monopolios. El proceso de digitalización de la economía supone un reto mayúsculo, que puede quebrantar los mercados tradicionales de trabajo, bienes, servicios y capitales, y que tiende a aumentar la desigualdad. Este reto es global, se produce en red, y es de naturaleza intangible. En este artículo reflexiono sobre las dificultades de las políticas regulatorias y de fiscalidad para hacerle frente.

Las leyes antimonopolio están diseñadas para evitar el abuso de posición dominante y la colusión entre empresas, que distorsionan la competencia, deterioran la calidad o aumentan el precio de los productos para los consumidores. La digitalización ha introducido nuevas modalidades de prácticas anticompetitivas. La discriminación de precios, que consiste en cobrar a clientes diferentes un precio distinto por el mismo producto, parece un concepto obsoleto ante servicios cada vez más customizados, valorados por algoritmos, en un mercado donde el valor añadido está en la creación de perfiles de clientes que permiten la fragmentación. Por otro lado, el control de ciertas plataformas y redes de distribución confiere a las compañías un rol indispensable para que otras empresas puedan distribuir sus productos, llegar a los consumidores o recaudar ingresos, aunque no tengan una posición dominante en el mercado. Como es el caso con Amazon, un alto precio a los consumidores no es un buen criterio para identificar abusos de mercado. El control de redes, mercados y bases de datos permite explotar economías de alcance, creando nuevos productos o tomando nuevos mercados a mucha velocidad aunque partan de cuotas de mercado muy pequeñas.

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Digitalización y desigualdad (I): Cómo datos, algoritmos y redes transforman los mercados

No han pasado ni 25 años desde la comercialización masiva de internet y de servicios y dispositivos digitales, pero estos han penetrado tan profundamente en nuestra vida cotidiana que apenas somos conscientes de cómo han cambiado la estructura de nuestra sociedad. Desde la transformación del lugar de trabajo a través de la robotización y la disponibilidad a distancia hasta la creación de nuevos productos, servicios y mercados, la digitalización transforma la configuración económica a una velocidad tan vertiginosa que nuestros sistemas fiscales y regulatorios no consiguen mantener el ritmo. Datos y algoritmos son los nuevos activos y factores productivos para las compañías digitales, cuyas estructuras de costes y sus mercados en red se caracterizan por fuertes tendencias monopolísticas. Este artículo analiza la tendencia a la concentración del sector digital y sus consecuencias para la desigualdad. En un próximo artículo reflexiono sobre las capacidades y limitaciones de los sistemas fiscales y regulatorios para hacerles frente.

El debate sobre el impacto de la digitalización ha girado sobre todo entorno a las amenazas de una adopción generalizada de tecnologías sustitutivas de mano de obra con su consiguiente pérdida de empleos. Aproximadamente la mitad de las tareas que ahora realizamos podrían automatizarse en las próximas décadas. Trabajos rutinarios, poco cualificados y relacionados con el transporte son más susceptibles de desaparecer. Trabajos que requieran creatividad e inteligencia emocional, donde el factor humano es indispensable, están en menor riesgo. La producción industrial, tradicionalmente masculinizada y fácil de externalizar, está más en riesgo que los servicios y los cuidados, tradicionalmente feminizados y domésticos por naturaleza. Más allá de la división sexual del trabajo, la transición hacia una economía de servicios reduce el crecimiento de la productividad, a la que los salarios deberían estar ligados. 

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