El Pleno de Alicante rechaza con votos de PP y Vox instar al Puerto a revocar la licencia a la empresa de macrodepósitos

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, una declaración institucional que buscaba instar a la Autoridad Portuaria a revocar la modificación de la concesión a la empresa XC Business 90 para la construcción de 18 macrodepósitos de combustible en el muelle 17 del puerto de Alicante.

De esta forma, la declaración propuesta por EU-Podem -que ha contado con el apoyo de esta formación, así como de PSPV y Compromís- no ha salido adelante este jueves, en la sesión plenaria ordinaria del mes de abril.

La propuesta de declaración ha llegado un día después de que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) reconociera a la empresa XC BUSINES 90 S.L. la obtención, por silencio administrativo positivo, de la licencia ambiental que solicitó en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.

La instalación de los macrodepósitos en el Puerto había suscitado el rechazo de los cinco grupos políticos de la corporación municipal, que en la votación de este jueves se ha dividido.

El debate lo ha comenzado Sol Garcín, representante de la Asociación de vecinos Gran Vía Sur, que ha calificado de “irracional, insostenible, contrario a los intereses generales, al modelo económico y a los valores mediomabientales” el proyecto que pretende instalar 18 macrodepósitos, con “700.000 toneladas”.

En este contexto, ha abogado por tratar de conseguir la modificación de la concesión aprobada por el consejo de la Autoridad Portuaria de Alicante a la empresa XC BUSINES 90 ante las “serias irregularidades” del proceso. En concreto, ha afirmado que “no se tramitó la declaración de impacto ambiental y no se tuvo en cuenta la falta de solvencia económica de la empresa promotora y que no estaba inscrita en las actividades petrolíferas.

Además, ha calificado de “descarado y vil” el, a su juicio, fraccionamiento del proyecto en dos fases -de seis y doce macrodepósitos- “para evitar mayores controles de seguridad”. También ha reclamado al consistorio que recurra la sentencia del TSJ y que inste a la Autoridad Portuaria y al Ministerio que revoque o busque la fórmula necesaria para “descartar definitivamente el proyecto”.

El portavoz de EU-Podem. Manolo Copé, ha instado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que “se arremanguen para paralizar esta actividad”, que ha tildado de “una barbaridad”. Además, ha pedido al equipo de gobierno que “agote las vías legales”.

 Por su parte, el portavoz de Compormís, Rafa Mas, ha apuntado que instaron a Barcala a “mover un dedo” y sentarse con la empresa, así como hablar con la Generalitat y la Autoridad Portuaria, y le ha acusado de “vecinofobia, porque siempre está a favor de las empresas”. Igualmente, ha recalcado que Sumar deberá instar al Gobierno central a legislar al respecto para “no estar pendientes de lo que haga un gobierno negacionista con el cambio climático”.

Desde Vox, su portavoz Carmen Robledillo ha afirmado que su grupo “está y estará en contra” de los macrodepósitos en el Puerto, pero ha considerado que la declaración “manifiesta de forma encubierta que la concesión se hizo incumpliendo la ley”. “Por responsabilidad y prudencia, no nos debemos pronunciar en este asunto”, ha sostenido, al tiempo que ha apostado por analizar las diferentes opciones.

La portavoz del PSPV-PSOE, Ana Barceló, ha insistido en pedir al primer edil que dialogue para alcanzar una solución. “Si algo no se puede revocar, que se hable. Eso hemos pedido”, ha enfatizado, al tiempo que ha acusado a Carlos Mazón de “ponerse de perfil” y a Barcala de “claudicar” ante el 'president'.

Desde el equipo de gobierno, la concejala de Urbanismo Rocío Gómez ha lamentado que la sentencia del TSJ “va en contra” del criterio del consistorio y ha afirmado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están “estudiando la sentencia y las alternativas”. “El equipo de gobierno, por responsabilidad, no puede ni debe manifestarse en este tema. Pedimos tiempo para estudiar alternativas”, ha reclamado. En este sentido, ha avanzado que han fijado fecha para una reunión a tres bandas entre Ayuntamiento, Generalitat y Autoridad Portuaria.