El TSJCV da luz verde a la construcción de los macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado luz verde a la construcción de los macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante, rechazados tanto por vecinos como por la mayoría del ayuntamiento.

El TSJCV ha reconocido a la empresa promotora la obtención “por silencio administrativo positivo” de la licencia ambiental que solicitó una empresa en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.

La sentencia estima el recurso interpuesto por la mercantil y revoca una sentencia anterior de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, fechada en febrero de 2022 y señala que la empresa “cumple con la normativa vigente”.

A partir de los propios informes elaborados por los técnicos del Consistorio alicantino, la Sala concluye que “no hay ningún obstáculo para la obtención de ese silencio administrativo positivo respecto a la licencia de actividad”.

Tampoco aprecia el Tribunal ningún obstáculo urbanístico, pues el propio Ayuntamiento, concretamente su Departamento de Inspección y Control Técnico, “consideró apto el emplazamiento de la actividad en un informe de 2014, y en otro de 2015 resolvió que el proyecto se ajustaba a la normativa prevista para la zona”.

Por último, la Sala no encuentra tampoco ningún obstáculo desde el prisma del dominio público portuario, tal y como se desprende de un informe emitido por la Autoridad Portuaria en noviembre de 2018.

La sentencia hecha pública este miércoles no es firme y cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior.

Rechazo del gobierno del PP y de la oposición

El equipo de gobierno de Alicante del PP y los grupos de la oposición de izquierdas PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem (EU-Podem) han lamentado la decisión del TSJCV se han mostrado contrarios a esta decisión.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha sostenido que se trata de “una mala noticia para Alicante” y ha aseverado que el equipo de gobierno local “ha defendido siempre, en todas las instancias y ante los tribunales, la no concesión de esa licencia”. Asi ha apuntado que ahora estudiarán la sentencia y“las diferentes alternativas que se plantean en este momento, las actuaciones y decisiones a tomar”.

Por su parte, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, ha recalcado que su grupo trasladó al alcalde que “no debía de esperar a la sentencia para sentarse a alcanzar un acuerdo con la empresa”, así como que pidiera al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que “actuara y no se pusiera de perfil”.

“Ni uno ni otro han movido ficha. Con esta sentencia, que da la razón a la empresa, se cierra la puerta al posible acuerdo que las partes hubieran podido alcanzar, como ya lo hizo en su día Ángel Luna para desplazar los macrodepósitos a otra zona de la ciudad”, ha subrayado.

“Barcala fue beligerante contra el Gobierno de Ximo Puig, mientras que ahora, sin embargo, ha guardado silencio ante la Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria, autoridad que debe responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que Mazón”, ha censurado. 

El portavoz del grupo municipal Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha pedido que este jueves, antes de iniciarse el Pleno ordinario del mes de abril, se convoque una reunión urgente de los portavoces municipales para “aprobar, nuevamente, la posición contraria del Ayuntamiento a los macrodepósitos”.

Igualmente, ha instado a Barcala a que se coordine con la Generalitat y Puertos del Estado y “paralice esta actividad peligrosa e incompatible con la actividad del Puerto, la vida de los alicantinos y el recién aprobado proyecto de Palacio de Congresos”.

“Vamos a seguir trabajando desde Compromís, con todas las administraciones, para parar esta instalación que hipotecaría el futuro de la ciudad. La solución es que el Ayuntamiento inste a la Generalitat a que se cumpla la distancia de seguridad de 1.000 metros, todavía vigente en la Ley de Calidad Ambiental, que impulsó Compromís en el gobierno del Botànic”, ha reclamado.

Desde EU-Podem, su portavoz Manolo Copé ha acusado a Barcala y Mazón de estar “de brazos cruzados” y al PP de tener “la responsabilidad política” de llegar a la situación actual. “Estos macrodepósitos son un proyecto que no convence ni a la sociedad de la ciudad, ni a sus instituciones ni a ninguno de los grupos políticos que formamos parte de este ayuntamiento”, ha recalcado.