El Constitucional valida ahora la instalación de los macrodepósitos de combustible en el Puerto de Alicante

En diciembre de 2021, en el marco de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2022, el Gobierno valenciano introdujo una modificación en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) a propuesta de Compromís que impedía la ubicación de depósitos con capacidad para almacenar más de 5.000 hectómetros cúbicos de productos petrolíferos en el interior de recintos portuarios a menos de un kilómetro de distancia de los núcleos de población, dotaciones educativas o sanitarias.

Esta decisión fue recurrida por el Ejecutivo Central ante Tribunal Constitucional al considerar que la Generalitat no tiene competencias sobre suelo estatal, como es el caso de los puertos. Este jueves, el alto tribunal -que inicialmente paralizó la suspensión cautelar del artículo de la ley valenciana en cuestión- ha estimado “parcialmente” el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno al considerar que el artículo impugnado “regula la intervención autonómica en una decisión estatal, y lo hace con tal intensidad que implica la prevalencia del criterio autonómico de un modo que ha de reputarse contrario al orden constitucional de distribución de competencias”. La estimación parcial es porque la prohibición de dichas instalaciones es únicamente inaplicable en los puertos de titularidad estatal, no en las instalaciones que son propiedad autonómica.

La Abogacía del Estado argumentaba que la modificación de la Lotup, “por su carácter indiferenciado en cuanto a su ámbito de aplicación -puertos de titularidad estatal y de titularidad autonómica-, interfiere en el ejercicio de las competencias estatales respecto de la determinación de la zona de servicio, a través de la correspondiente 'Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios', en los puertos de interés general ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma Valenciana”, de forma que considera que se vulneraba la competencia exclusiva del Estado en esta materia.

La sentencia del Constitucional explica que el conflicto competencial que se plantea en el recurso del Ejecutivo “responde a la necesidad de articular la competencia exclusiva del Estado en materia de puertos de interés general con la competencia autonómica de ordenación del territorio y urbanismo”. 

Los vecinos lamentan la decisión de la Justicia

Desde la Plataforma por un Puerto Sostenible y las asociaciones vecinales del sur de Alicante, “las más afectadas” por el proyecto impulsado por la mercantil XC Business 90 para la construcción de una planta de almacenamiento de combustible en la confluencia de los muelles 19 y 21 de la infraestructura portuaria alicantina, lamentan la decisión del Constitucional e insisten en expresar su “más profundo rechazo” a este proyecto, ya que consideran que significa que “prevalecen los intereses espurios de una empresa de dudoso origen sobre los derechos de los alicantinos y el interés general”.

Aseguran que este proyecto “vulnera gravemente” la seguridad de la ciudad, al estar proyectado en un puerto urbano, “enclavado en el centro de la ciudad”. “700.000 toneladas de combustible en esta zona, que afectan a un modelo de ciudad basado en el turismo, la costa y las playas, es un grave atentado contra los intereses de Alicante”, sostiene José Santamaría, portavoz de la entidad cívica, quien recuerda que, a nivel medioambiental lleva implícito un grave riesgo, “ya que supone que periódicamente se van a producir derrames de gasoil y gasolina en las maniobras de carga y descarga de buque a buque”.

Esto afectará, sostienen, a las dos playas urbanas (el Postiguet y San Gabriel) y a la bahía de Alicante y el espacio marítimo de Tabarca protegido como Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000 por la Comisión Europea. “Es inconcebible que el Ministerio y la Autoridad Portuaria de Alicante hagan prevalecer intereses de naturaleza económica y se desarrollen proyectos de combustibles fósiles cuando Europa ha mostrado su compromiso ante la Emergencia Climática, al que se han sumado la Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante, por medio de la Agenda 2030”, inciden.

Además, la construcción de doce “megadepósitos”, que “van a provocar emisiones y van a suponer un riesgo para la seguridad, de incendios, nubes tóxicas e incluso explosiones”, choca con el modelo turístico por el que apuesta la ciudad. En este sentido, recuerdan el convenio firmado en 1995 entre el Ministerio, el presidente de la Autoridad Portuaria, la Generalitat y el Ayuntamiento para el traslado entonces de los depósitos de la antigua Cepsa, “en aquel documento, todas las partes se comprometieron a que no se volverían a ubicar este tipo de instalaciones en el centro de la ciudad, circunstancia que ahora mismo están violentando la Autoridad Portuaria y el Gobierno de Madrid, del que depende”.

Por último, la plataforma solicita a la Generalitat y al Consistorio, “que nunca han votado en contra de este proyecto”, que acompañen al movimiento vecinal en su rechazo a esta infraestructura, e instan al Ayuntamiento “deje de ponerse de perfil y defienda los intereses de los alicantinos votando en contra de este proyecto” al tiempo que responsabilizan al president Ximo Puig de nombrar como presidente del Puerto a un “depredador que acepta proyectos con gravísimas consecuencias para los intereses de los alicantinos”.