Con la asimétrica y accidentada apertura de las economías después del descalabro pandémico, la inflación ha repuntado a lo largo del mundo hasta niveles que no veíamos desde hacía décadas. Esto ha suscitado un renovado debate sobre sus causas -un exceso de demanda por la reapertura súbita, unas restricciones de oferta derivadas de problemas en las cadenas de producción y suministros globales, disfunciones de los mercados energéticos-, y también sobre la respuesta política que requiere este aumento de los precios. Ante la enorme incertidumbre en la evolución de la situación económica y sanitaria y su previsible prolongación en el tiempo, no es controvertido aconsejar la cautela. Sin embargo, a medida que las incógnitas sobre las condiciones objetivas empiecen a despejarse, si la inflación perdura emergerá el conflicto subyacente sobre los costes agregados y distributivos de las políticas necesarias para hacerle frente.
Cuando la teoría macroeconómica ha intentado explicar las causas del crecimiento económico, de la inflación o de sus fluctuaciones cíclicas, las discusiones sobre la naturaleza del dinero y su papel en la producción y el intercambio de bienes y servicios han ocupado un lugar central. Los consensos económicos sobre esta cuestión han ido evolucionando a lo largo de la historia, configurando regímenes políticos con consecuencias dispares para la desigualdad. Parece evidente que para que haya crecimiento económico es necesario un aumento de la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir con unos determinados recursos, pero lo cierto es que los procesos de producción, distribución y consumo son continuos en el tiempo y sus cantidades se determinan conjuntamente. La equivalencia contable entre producto, ingreso y gasto no sugiere ninguna dirección causal, que depende, en gran medida, de la capacidad de mover poder adquisitivo en el tiempo, del futuro hacia el presente, a través de la deuda, o del presente hacia el futuro, a través del ahorro.
Para explicar cómo se determinan los procesos de producción, distribución y consumo, las diversas teorías económicas han puesto énfasis bien en los flujos reales, otorgando una importancia secundaria e incluso “ilusoria” o “distorsionante” al dinero, bien en los flujos monetarios, otorgando una importancia fundamental al dinero. Por ejemplo, el consenso clásico tiene su epítome en la máxima del economista francés Jean-Baptiste Say de que “La oferta crea su propia demanda”. Esto evoca la idea de unos mercados autorregulados en los que no hay problemas de exceso de oferta o falta de demanda, se sustenta en la dicotomía clásica: existe un equilibrio real de la economía, determinada por las preferencias de intercambio de los agentes, y la cantidad de dinero es neutral, no afecta ese equilibrio. Por su lado, el nivel de precios viene determinado por la cantidad de dinero en circulación (lo que se conoce como la teoría cuantitativa del dinero), reproduciendo una visión reduccionista del dinero en su rol como medio de pago / intercambio.
El advenimiento del Keynesianismo cambia el órden lógico que había establecido Say. Para los keynesianos, es la demanda efectiva la que determina el empleo de recursos para la producción. El dinero está en el centro de la determinación del proceso productivo, porque el dinero es deuda, y la deuda permite que la demanda se produzca antes del ingreso, y éste antes de la venta del producto. Sin embargo, el rol del dinero como resguardo de valor ante el riesgo suscita un ahorro independiente de las necesidades de consumo (lo que se conoce como preferencia por la liquidez). Así, se puede producir una paradoja: un mayor ahorro individual redundará en una menor demanda de consumo, que determinará una producción menor, generando menores ingresos, y menor capacidad de ahorro colectiva. Por lo tanto, no hay un equilibrio real independiente del monetario, ni una tendencia natural al pleno empleo de los recursos, especialmente del trabajo. Por ello, cuando el sector privado no es capaz de generar la demanda suficiente para conseguir una situación de pleno empleo, el sector público debe compensarlo. Este estímulo de la demanda será o no inflacionario en función del exceso de oferta, es decir, del nivel de utilización de la capacidad productiva.
Las distintas posiciones sobre la naturaleza monetaria de la economía y sobre cómo se determina el nivel de precios tienen implicaciones desde un punto de vista normativo sobre qué rol debe jugar el Estado en la organización de los asuntos económicos, y particularmente en la gestión del dinero y de los precios. La inflación comporta una devaluación de los activos financieros y del valor de la divisa en los mercados internacionales. La importancia del riesgo cambiario para el comercio y la demanda internacional de capitales condiciona la política monetaria, aunque no siempre en la misma dirección, en función de si se quieren estimular las exportaciones de bienes y servicios o las importaciones de capital.
Si la política económica prioriza mantener el valor del dinero sin restringir los flujos de capital, debe contar con activos en condiciones de escasez para que la elasticidad de la demanda de la divisa dé margen de gestión a la política monetaria con los tipos de interés. Esta opción imprime un sesgo deflacionario y recesivo sobre la economía doméstica. Por el contrario, si la política económica prioriza estabilizar los vaivenes de la economía doméstica garantizando un nivel de gasto compatible con el pleno empleo, se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre restringir los flujos de capital o sacrificar la estabilidad cambiaria. Como bien explicó el economista turco Dani Rodrik, la arista de este trilema monetario que elija la política económica tiene importantes implicaciones distributivas.
Bretton Woods, el sistema de tipos de cambio fijos pero ajustables que gobernó la economía internacional durante el consenso Keynesiano, se situaba en la arista de la soberanía monetaria para estimular la economía, reprimiendo la globalización financiera. El aumento de la inflación en la década de los 70, derivada de la política de sostén de ingresos, la crisis del petróleo y el coste de la Guerra de Vietnam acabaron con este consenso político-económico. Hasta el momento la inflación y el desempleo se consideraban mutuamente excluyentes, definiendo la disyuntiva de la política económica en el corto plazo (conocida como la curva de Phillips). Sin embargo, la concurrencia de ambos fenómenos dio pie a un retorno de la teoría cuantitativa del dinero, según la cuál la inflación es siempre es un fenómeno monetario, y cualquier intento del sector público de estimular la economía, por ejemplo elevando los salarios que mantengan poder adquisitivo ante el aumento de precios, será fútil en términos reales, pero puede provocar una espiral inflacionaria con consecuencias catastróficas.
Con la perspectiva del tiempo, parece extraño desde un punto de vista teórico que la concurrencia de inflación con desempleo no se interpretara como señal de la predominancia de factores de oferta y se optara por una política agresiva de represión de la demanda, con subidas históricas de los tipos de interés. En todo caso, ese giro político-económico dio inicio a un período de globalización financiera que si bien ha permitido una reducción histórica de las presiones inflacionarias hasta la práctica desaparición de la pendiente en la curva de Phillips, lo hizo a costa de otros desequilibrios macroeconómicos quizás más peligrosos, cuyas consecuencias llevamos tres lustros padeciendo. Una de ellas es el elevado nivel de endeudamiento, tanto público como privado, que la respuesta necesaria ante el Coronavirus no ha hecho más que profundizar. Ante este panorama, mientras que una inflación moderada ayudaría a aliviar el peso de las deudas, las subidas de tipos de interés pueden tener consecuencias peligrosas para su sostenibilidad. Además de analizar bien las causas del período inflacionario actual, que parecen apuntar, de nuevo, a la importancia de las restricciones de oferta, es importante que no olvidemos que la política económica se enfrenta siempre a disyuntivas, y que la elección entre distintas alternativas tiene importantes implicaciones para la desigualdad.
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