El pasado 16 de enero trascendía en la prensa que el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo una “macroinspección” laboral simultánea en las llamadas ‘Big Four’, las cuatro mayores empresas multinacionales de la consultoría y la auditoría: Deloitte, Ernst&Young (EY), KPMG y Price Waterhouse Cooper (PwC). La razón de esta inspección son las abusivas condiciones laborales, como las jornadas laborales de 12 horas por defecto y las horas extra sin remunerar, que se dan en estas empresas y que eran un “secreto a voces”, según relataba un trabajador a este mismo periódico el pasado mes de abril. Estas jornadas maratonianas tienen graves consecuencias para la salud física y psíquica de sus trabajadores, además de ser una ilegalidad flagrante en España, a pesar de las pretensiones fallidas de la patronal de las multinacionales de legalizar esta práctica.
Este escándalo de abuso laboral ha servido para poner el foco de manera más general en las ‘Big Four’, su modelo de negocio corporativo y su gran peso e influencia en el comportamiento y la regulación de ciertos mercados. Como argumenta Berna León, el abuso laboral les permite reducir costes y ejercer una competencia desleal ante sus rivales en el sector de la consultoría, un sector en el que acaparaban entre las cuatro más del 85% del mercado en 2011. Este elevado poder de mercado es particularmente preocupante en relación con los concursos públicos, un mercado en expansión por los mayores requisitos de evaluación de las políticas públicas, y su externalización dada la reducida capacidad del sector público para llevarlas a cabo tras años de recortes. El mercado de licitación no solo está caracterizado por esta dinámica oligopolística sino que también ha sido investigado por colusión, una práctica anticompetitiva en la que las empresas pactan los precios para sacar un mayor margen conjunto. Por este motivo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en 2021 a 22 consultoras acusadas de colusión en el sector público, entre ellas Deloitte con 3.990.000€, PwC con 670.000€ y KPMG con 50.000€.
Un aspecto fundamental de las ‘Big Four’ que quizás ha recibido menos atención es el alto nivel de influencia que tienen en los procesos de redacción de leyes fiscales, que rigen las regulación nacional e internacional de las empresas en esta materia. Como relataba un informe de Corporate Europe Observatory en 2018, la presencia de las ‘Big Four’ es notable tanto a través de importantes lobbies o grupos de influencia de los intereses corporativos en Bruselas, como el European Business Initiative on Taxation y el European Contact Group, como también en el rol de asesoras en iniciativas institucionales y de consultoría lanzadas por la Comisión Europea en materia fiscal, como el Foro sobre los Precios de Transferencia y la Plataforma para una Buena Gobernanza Fiscal. Esta cultura de cercanía institucional también se ve facilitada por las puertas giratorias, en las que empleados públicos son ‘fichados’ para trabajar en el sector privado y viceversa.
La legislación internacional en materia de fiscalidad corporativa dictamina el reparto de beneficios entre jurisdicciones cuando las empresas multinacionales intercambian flujos de bienes, servicios y capital entre sus filiales, así como la remuneración de estos flujos. Estas normas llevan años siendo revisadas en el marco de la OCDE por sus múltiples resquicios legales por los que se escapan unos 200.000 millones de dólares en recaudación fiscal cada año. La captura del regulador de las ‘Big Four’ en materia fiscal es tanto más grave porque son estas mismas empresas las que venden sus servicios de consultoría a otras empresas a las que asesoran en sus planes eufemísticamente llamados de “optimización fiscal”. Una investigación de Chris Jones, Yama Temouri y Alex Cobham en 2018 encontró una elevadísima correlación entre las empresas multinacionales que mantenían estructuras financieras en paraísos fiscales para reducir su factura impositiva y la probabilidad de que estas empresas hubieran contratado alguna de las ‘Big Four’ como asesora en esta materia. Parece evidente que no deberían contribuir a redactar las leyes quienes luego asesoran a las empresas sobre cómo saltárselas.
Otra vuelta de tuerca en este conflicto de interés compuesto de las ‘Big Four’ es el que existe entre los servicios de consultoría fiscal y los de auditoría ofrecidos por estas mismas empresas. Las ‘Big Four’ son contratadas de forma rutinaria por otras empresas para ser auditadas y cumplir con la diligencia debida requerida por la administración pública. Es evidente que una auditoría llevada a cabo por alguna de las ‘Big Four’ va a bendecir las prácticas fiscales que las empresas auditadas siguen por indicación de esa misma Big Four por ser clientes de su rama de consultoría fiscal. Este pasado año 2022, la US Securities and Exchange Commission (el equivalente de la CNMV en España) está llevando a cabo una revisión sobre los conflictos de interés de las ‘Big Four’ con el objetivo de evitar casos como el de Perrigo, una empresa farmacéutica que siguió el consejo de EY de crear una subsidiaria ficticia en Israel evitando así pagar impuestos. Cuando la empresa que la auditaba puso en cuestión este arreglo, Perrigo rescindió su contrato en favor de la propia EY. El regulador americano está considerando medidas drásticas como obligar a separar las ramas de consultoría y auditoría de la ‘Big Four’ en dos empresas distintas.
Dadas estas circunstancias no es de extrañar que una encuesta de la OCDE sobre la percepción de los funcionarios de hacienda acerca de la cooperación de las empresas multinacionales con la administración encontrara grandes dosis de desconfianza en las ‘Big Four’. Según este estudio, sólo el 31% de los funcionarios de los países de la OCDE afirmaba que las ‘Big Four’ eran mayoritariamente transparentes y cooperativas aportando la información cuando se les requería y sólo el 29% afirmaba que las ‘Big Four’ no promovían estructuras artificiales de evasión fiscal. Estos porcentajes caían hasta el 22% para los que afirmaban que estas empresas no intentaban explotar agujeros legales para obtener ventajas fiscales para sus clientes, frente a un 41% que pensaba que las ‘Big Four’ asesoraba a sus clientes para que tuvieran prácticas fiscales más agresivas. En general, menos del 30% de estos funcionarios pensaban que las ‘Big Four’ debieran tener un rol de asesoramiento sobre la legislación fiscal nacional e internacional.
El modelo corporativo de las ‘Big Four’ adolece en múltiples aspectos. Sus prácticas abusivas en el mercado laboral; su dinámica oligopolística en el mercado de la consultoría; su captura del regulador y sus servicios de asesoría en materia fiscal, que suelen estar vinculados a prácticas fiscales agresivas que generan pérdidas recaudatorias millonarias; y el conflicto de interés entre sus ramas en consultoría y auditoría, deben ser todos puestos bajo mayor escrutinio. En este sentido, lo grave es que el sector público no solo falla en su rol de regulador, no evitando estas prácticas abusivas de las ‘Big Four’, sino su complicidad asociada a permitirles un rol estructural en ciertos mercados, especialmente como proveedoras de servicios al sector público.
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