Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. Tiene 54 días por delante. Y, en política, eso puede ser una eternidad si se consigue cambiar el eje de una campaña. Que se lo pregunten al Aznar de 2004.

El presidente ha planteado su comparecencia como una elección entre dos modelos de gobierno. Una decisión lógica: cuando un ejecutivo no puede sacar adelante sus principales iniciativas parlamentarias, solo las urnas pueden desbloquear una situación enquistada. Sánchez no puede plantear estas elecciones únicamente como un plebiscito sobre lo que ya ha hecho (poco, en materia de vivienda). Tiene que convertirlas en una consulta sobre lo que puede hacer. O, dicho de otra manera, tiene 54 días para conseguir que los españoles no voten únicamente contra alguien, sino a favor de algo.

Ahí está la clave.

Porque el argumento del miedo a la suma PP y Vox ya no tiene la capacidad movilizadora que pudo tener en 2023. El propio PP ha contribuido, y mucho, a ello. La derecha liberal ha dejado de presentar a Vox como una anomalía y ha incorporado buena parte de sus temas y marcos al debate político, como la inmigración y ahora el señuelo electoral de la «prioridad nacional». Por eso, la campaña no se ganará solamente agitando el espantajo del miedo a la derecha, sino explicando qué alternativa de gobierno se ofrece frente a ella.

La polarización afectiva es hoy uno de los grandes motores electorales: votamos, más que por identificación, por rechazo al adversario a quien consideramos una amenaza existencial. En ese terreno, PP y Vox tienen mucho avanzado, ya que se han dedicado toda la legislatura a explotar todo tipo de emociones negativas en torno a un Sánchez convertido en poco más que un súcubo sediento de poder. 

Sánchez necesita jugar otra partida: la de la ilusión.

Si algunos liderazgos progresistas han conseguido recientemente éxitos electorales ha sido por las expectativas generadas con sus propuestas de mejora de la vida cotidiana de sus votantes, no por amedrentarlos con lo que pasaría si gobernaran los otros.  

Y aquí es donde aparece la vivienda.

Porque no hablamos únicamente de un elemento material, secundario y menor. Una vivienda es el núcleo sin el cual no se puede imaginar un proyecto de vida. Un proyecto que necesita cierta estabilidad, no ir deambulando de casa en casa o, peor aún, descendiendo del purgatorio del alquiler de una vivienda maltrecha al infierno de una habitación compartida, con cocinilla y nevera pequeña.

Ningún partido ha conseguido capitalizar políticamente el problema de la vivienda y, por eso, veremos una pugna en las izquierdas por hacerse con este nuevo reclamo electoral. El gobierno y sus socios tienen ahora la oportunidad de convertir este estallido social en una discusión sobre qué tipo de solución política propone cada bloque al problema habitacional.

Este es un tema que incomoda especialmente a la derecha. En primer lugar, porque pensaba alimentar su campaña con la carnaza electoral del antisanchismo, una demonización larga y pacientemente trabajada durante esta convulsa legislatura. Y no solo a nivel político y mediático: quien ha podido hacer, ha hecho. Pero la irrupción volcánica del problema latente de la vivienda les obliga a mover el foco y a responder a una demanda que atraviesa ideologías: incluso entre votantes conservadores existe una opinión favorable a cierta intervención o contención pública de un mercado desbocado.

A favor de la derecha juega, en cambio, que su electorado está muy movilizado alrededor de tótems ideológicos que han demostrado rendir buenos beneficios electorales, como la inmigración. A lo que habrá que sumar la vuelta —con todo tipo de fanfarria, pompa y circunstancia— de Puigdemont. No olvidemos que la defensa de la «indisoluble unidad» de España —como dice el artículo 2 de la Constitución— ha tenido históricamente mayor capacidad de tracción emocional en la derecha. Y tampoco olvidemos que Vox prorrumpió en la escena política española con el Procés. Ellos son precisamente los que más han hecho por propalar ese «nacionalismo catastrofista» que presenta a España como una nación asediada y amenazada que requiere un estado de excepción que ellos quisieran permanente.

Por su parte, la izquierda a la izquierda del PSOE suma sus propios demonios: su atávica fragmentación. En 2023, Sumar —con Podemos dentro— obtuvo algo más de tres millones de votos, pero se quedó sin representación en 19 circunscripciones. Es decir, cerca de 600.000 votos les resultaron inútiles: hay que convertir votos en escaños. Ahora, si comparecen con papeletas distintas y unas previsiones que, en el mejor de los casos, les sitúan en un 9,4% conjunto, el descalabro puede ser monumental. No hay que descartar que Sánchez haya querido aprovechar, también esta vez, la estratagema del voto útil para fagocitar ese espacio cainita a su izquierda. Difícil.

Pero aún hay más. Sánchez jugará esta partida electoral con un as en la manga: la Diputación Permanente. La configuración que quedará cuando se disuelvan las cámaras es, como todo en esta legislatura, enrevesada. Porque, siendo actualmente la representante del Grupo Mixto en ese órgano provisional Ione Bellarra —y no UPN—, el Gobierno ya ha anunciado que intentará convalidar los dos decretos decaídos en el Congreso… sin necesidad de contar con Junts, aunque los posconvergentes se unan al bloque formado por PP y Vox. Por un solo voto (35 contra 34). Faltaría saber qué hará el PNV, pero, a diferencia de los de Puigdemont, la principal competencia de los jeltzales se sitúa a su izquierda y no a su derecha: es Bildu, no Aliança Catalana. Es decir, que Sánchez podrá contraponer el papel oficial del BOE al papel, casi siempre mojado, de un programa electoral. Acción de gobierno contra promesa de gobierno. No es mala baza.

Maquiavelo afirmó que es la fortuna quien gobierna buena parte de los asuntos humanos, pero el político —el princeps— puede aprovecharse de ella haciendo uso de su virtù, que no tiene nada que ver con la virtud cristiana, sino que resulta de la combinación de energía, determinación, astucia, estrategia y flexibilidad adaptativa. Leer la coyuntura consiste precisamente en eso: saber cuándo una elección se dilucida apelando al pasado y cuándo puede conseguirse que se vote pensando en el futuro.

Por eso estas elecciones serán también una batalla por cuál de todas las emociones puestas en liza durante esta legislatura acaba decidiendo el voto: si el miedo, el enfado y el rechazo o la expectativa razonable y hasta la esperanza.

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Lo mejor de la comparecencia de Pedro Sánchez ha sido haber elegido ofrecer ilusión antes que miedo. Seguir hacia adelante o ir hacia atrás. El planteamiento de su campaña ha quedado dibujado con claridad y concisión, que es la piedra angular de una estrategia ganadora. Adelante o atrás, esa es la elección que va a plantearnos el 29 de noviembre. La derecha ya tiene su revancha. Pedro Sánchez busca una reválida. 

Todo lo que representa este Gobierno con sus aciertos, errores y contradicciones, o una alternativa cuya única oferta conocida es desmontar el 'sanchismo', elijan. O hacia adelante o hacia atrás. Un marco que la derecha y la extrema derecha no solo no van a cuestionar, sino que van a reforzar porque es casi su única oferta.  

El silencio de los presidentes autonómicos del PP, con competencia exclusiva en materia de vivienda, durante la semana de las acampadas lo dice todo sobre su manifiesta incapacidad para ofrecer nada que no sea destruir. Y ahí tiene Sánchez su otra ventaja. A sus votantes le gustan las políticas de este gobierno, más incluso que el propio gobierno con sus líos y sus escándalos.

También fue inteligente apelar directamente a la insatisfacción e incluso el cabreo que desmoviliza hoy a buena parte de la izquierda. El miedo a la extrema derecha ha perdido efectividad en un país donde ya sabemos todos qué pretende la extrema derecha porque ya gobierna y todos sabemos que la alternativa es un pack entre el PP y Vox. 

Al votante progresista hay que ofrecerle un proyecto de futuro basado en ideas y valores progresistas. Un horizonte de futuro al cual dirigirse adelante. Un voto movido por la esperanza es hoy lo único que puede movilizar más que un voto movido por el miedo . 

Lo peor del anuncio del adelanto electoral para el bloque progresista reside en que normalmente se adelantan las elecciones para sorprender a los rivales, no a tus socios y aliados. La izquierda del PSOE tiene ante sí el doble reto de renovarse y hacerlo rápido. Ya lo dijo E.M Foster. La tragedia de nuestro tiempo no es la del hombre sorprendido sin estar preparado, sino la de aquel hombre que estando preparado, jamás es sorprendido.

Desde hace meses sabíamos que Pedro Sánchez convocaría elecciones exclusivamente cuando el viento no soplara demasiado a la contra. Convocar elecciones en un marco de debate sobre la corrupción del PSOE, con los ex secretarios de organización y sus fechorías a la cabeza, era una garantía de derrota. Tampoco era muy distinto si se convocaban con el debate apalancado en torno a la cuestión migratoria, que es el terreno fértil donde crece la extrema derecha y la lucha de los de abajo contra los de más abajo. Pero algo cambia si las elecciones se insertan en la más amplia movilización social desde las huelgas generales de hace más de una década. Pedro Sánchez acierta, porque es este el único contexto donde se puede obrar el milagro.

El punto de partida es, sin embargo, muy difícil. El Gobierno tiene en su haber importantes méritos, aunque bastantes menos de los que nos gustaría a las personas de izquierdas porque conseguirlos requería de la valentía del PSOE —no siempre presente, y menos en campos como la vivienda— y de un parlamento que en esta legislatura era mayoritariamente conservador. Pero, sobre todo, en esta legislatura el Gobierno de coalición ha estado casi todo el tiempo a la defensiva. La lista no es corta: los casos de corrupción dentro del corazón del PSOE, el daño enorme a la figura del expresidente Zapatero, el asedio continuo por parte de fuerzas conservadoras y reaccionarias desde fuera y dentro del Estado, el aislamiento internacional a pesar de mantener posiciones mucho más que dignas en cuestiones como la crítica al genocidio en Palestina, la ola reaccionaria mundial que sigue comiéndose gobiernos progresistas en América Latina, y la ya mencionada minoría progresista en el Congreso. Todo ello ofrece contexto para entender por qué este gobierno de coalición parecía estar mirando la hora de su final, sin demasiados atisbos de optimismo.

Quizás no hay mejor ejemplo de ese ralentí de las izquierdas que la propia acción del espacio de Sumar. Desde que se revalidó el Gobierno de coalición el espacio ha carecido de cualquier estrategia ofensiva. La percepción general es que faltaba un Estado Mayor desde el que tomar decisiones estratégicas y aprovechar las oportunidades que surgieran. En su lugar se optó por dejar a los ministros el protagonismo, algo que ha impreso una tonalidad grisácea y burocrática en la política. Se ha tratado de una digna gestión, aunque en algunos casos básicamente imperceptible —llegamos al final de legislatura con algunos ministros con un 20% de conocimiento— y desde luego lejos de algo que pueda despertar las pasiones y esperanzas que la izquierda necesita. El clima durante estos años en el espacio ha sido la de una embarcación sin capitán y totalmente a la deriva, con un potencial nada desdeñable pero en absoluto utilizado. Cuadra con ese espíritu de época en el que la tesis dominante era que las derechas iban a terminar gobernando tarde o temprano y que, por lo tanto, lo mejor que podía hacerse era adecentar la casa que aquellas heredarían.

Pero yo nunca he comprado ese marco reaccionario. No creo que las cosas estén perdidas de antemano. Reconozco las dificultades, y acabo de señalar muchas de ellas, pero no creo que sean insalvables. La mayoría social de este país es progresista, lo que avalan sistemáticamente las encuestas cuando preguntan por cuestiones sociales y valores y principios, y el principal impedimento político es que una parte notable de la izquierda de este país está decepcionada, desnortada y agotada. El objetivo central de los partidos políticos debería ser reactivar a ese conjunto social que es suficientemente amplio como para convertirse en el freno de emergencia ante la llegada de la ola reaccionaria al gobierno de España. 

Y se puede lograr. Para eso hacen falta tres cosas fundamentales. 

La primera, que el marco de debate sea un terreno de juego favorable, es decir, que la discusión política esté centrada en aquellos aspectos en los que la izquierda es competitiva. Aquí está el acierto de Pedro Sánchez ya señalado: hablar de la crisis de la vivienda y ser capaz de proponer medidas radicales —que vayan al corazón del problema— y que dejen en minoría a las derechas, es sembrar en terreno muy fértil. La opinión pública está mayoritariamente de lado de las tesis más intervencionistas, como han puesto de relieve las últimas encuestas sobre regulación del mercado, y eso sopla muy a favor de las izquierdas. Incluso mucho más a favor del espacio ahora llamado Frente Amplio —que sustituirá felizmente a Sumar—, ya que para todo el mundo es también obvio que el PSOE en esta materia estaba con el freno de mano echado hasta que la movilización social los ha desbordado. Las derechas intentarán cambiar el marco continuamente, pero no tienen fácil conseguir imponer otro tipo de debates en sólo dos meses, incluso aunque la situación en Ceuta siga siendo extraordinaria y los jueces conservadores pisen el acelerador para generar titulares que dejen huella. Las movilizaciones sociales son la expresión espontánea de una bomba de relojería social —la crisis de vivienda— que no se desactivará tan fácilmente por parte de los conservadores.

La segunda, que el PSOE sea capaz de resistir electoralmente en niveles competitivos. Aquí la extrema derecha y los elementos más tóxicos del PP serán previsiblemente la mejor contribución, ya que impedirán el crecimiento de las derechas por su parte más moderada. Las derechas tienden a excitarse cuando ven el triunfo cerca, como ocurrió en verano de 2023, y es precisamente esa excitación las que les hace daño: acaban mostrándose tal y como son, con sus burradas y sus bravuconerías que son aplaudidas en sus burbujas, pero también repelidas a nivel de país, y empujarán a una parte de la sociedad hacia el PSOE. Pedro Sánchez ha mostrado una gran capacidad de resistencia y resiliencia, y las elecciones es un contexto donde se hace fuerte —mucho más que durante la gestión, cuando cede ante los elementos más conservadores dentro de su partido—.

La tercera, que la izquierda sea capaz de poner orden. Un liderazgo, una estrategia y tanta unidad como sea posible y deseable. Hay espacio sociológico de sobra. Que con la escasa hoja de servicios y las permanentes divisiones durante esta legislatura, las encuestas todavía señalen que el espacio está entre el 8% y el 10% es algo mucho más que significativo. Con una buena campaña electoral, el espacio puede aspirar con comodidad a llegar al 12% de 2023 —nada ambicioso: ese mismo espacio estuvo por encima del 20% en 2016—. Además, ahora hay un carril enorme, que es la crisis de vivienda. La izquierda es la única que se ha atrevido a defender medidas de intervención tanto en la oferta como en la demanda que aspiran a romper con el predominio del rentismo en nuestro país, que es la única vía para conseguir que la vivienda sea un derecho efectivo. Evidentemente, hay muchos otros temas en los que esta izquierda es atractiva, como en las cuestiones laborales y de lucha contra la desigualdad. Pero que nadie se despiste: estas no son unas elecciones para ponerse a hablar de todo, sino para centrarse en dos o tres grandes temas que repetir sin cesar. 

Si se cumplen las tres condiciones, cosa que no veo para nada imposible, hay opciones para revalidar el gobierno de coalición y dejar a los bárbaros otra vez a las puertas. Yo creo que merece la pena. Mucho acierto a todos, que nos jugamos mucho.

Apartemos un rato consideraciones sobre convocatorias electorales, dinámicas parlamentarias, mayorías o negociaciones, importantísimas todas, pero también café de consumo regular para los más cafeteros. Un problema que ha tenido la izquierda en los últimos tiempos ha tenido que ver con el atractivo. Frente a la exaltación de unas nuevas juventudes gozosamente derechistas, como los libertarios en Argentina, que hallan placer en humillar al débil y destrozarlo todo, ante su impotencia a la hora de construir, la izquierda era caricaturizada como una fuerza moralista, un cura que riñe, partícipe del dedito levantado permanente, castradora, casi.

Muchos fueron convencidos, a través de ese discurso, de que la juventud estaba seducida por una derecha punk, por cómo esta encarnaba una nueva rebeldía canalla y con desparpajo. Algo en eso resultaba casi natural: los hijos siempre se rebelan contra los padres y, para la generación más joven, la autoridad y el Estado parecían progresistas, igual que para mi generación la rebeldía iba contra el Gobierno conservador de Mariano Rajoy. Así, en lugar de impugnar cosas, la izquierda pasó al papel de defensora de lo que hay. En ese proceso perdió atractivo, sex appeal, deseabilidad.

No dejo de pensar en una cosa, desde que comenzó, fruto de la labor del Sindicato de Inquilinas, la acampada en Sol por la vivienda, mientras he observado cómo crecía hasta llegar a las calles aledañas, a Preciados y Arenal: más allá de lo que se logre en el corto plazo en términos legislativos en lo que a vivienda se refiere, más allá de cambiar la agenda, más allá de recordarnos a muchos lo que es la demostración de músculo, lo que es la fuerza sindical o lo que es la colectividad, una gran conquista, que ya está sucediendo, es que la acampada ha logrado que ser de izquierdas vuelva a ser sexy.

Me explico. Estoy viendo a gente que no había militado nunca preguntarse por dónde empezar a militar, a familiares despolitizados de amigos dar un volantazo hacia la izquierda. En la acampada de Sol no hay un tribuno, un amo, un líder o un Dios: lo que hay es una fuerza fundamentada en estar juntos, disciplinados y coordinados, y también un gozo que proviene de ese encontrarse repetidamente y verse, incluso disfrutar en compañía, por incómodo que sea dormir sobre una esterilla, escuchar el metro en los túneles o el reloj dando campanadas. Mención aparte a los propios amores y encuentros que hayan surgido de la acampada en sí, a la reunión de gente joven, porque es una acampada de jóvenes.

Hay una virtud extraordinaria en que el reproche de la derecha vuelva a ser, como en los momentos en los que más ha desbordado la izquierda, que parece que esta se lo pasa demasiado bien: al menos ahí no somos ascetas. Igual de extraordinario es el placer al ver, día tras día, cómo los agitadores de extrema derecha se van expulsados por masas de gente que no les tiene miedo; o quizá sí, a los fascistas que trataban de reventar la manifestación el sábado, pero el miedo colectivizado se transforma en otra cosa. Es, en no poca medida, un logro de organizaciones como la CJS y otras de las presentes en la acampada, con las cuales se puede discrepar, pero no negarles el enorme mérito del atractivo que han construido: un atractivo de la comunidad, algo que lleva a quien lo ve a querer formar parte de esa cosa. 

Esa izquierda, la que logra que para la juventud ser de izquierdas, militar, vuelva a ser algo sexy, no se parece a la izquierda de Gobierno ni a sus últimos movimientos, y es normal, porque necesita no parecerse en nada a eso. Necesita desbordar incluso a quienes convocaban la propia asamblea. Para mucha gente joven, lo que en la acampada sucede será su primera socialización política, el momento en el que vean por primera vez a colegas participar en algo político, emocionarse por una cosa que afecta a muchas y a todas. Llevábamos años sin que algo así sucediera, sin que pudiera despertar de esta manera el deseo de una generación. Solo por eso, evolucione como evolucione, siento que ya vale la pena el esfuerzo en su perseverancia.

Cuando el marcador del Congreso certificó la caída de los dos decretos de vivienda la semana pasada, la bancada popular se marcó una cerradísima y larga ovación, de esas que se reservan para un gol en el descuento de un Mundial. Y mira que se entiende la crítica al Gobierno por haber dejado que la emergencia de la vivienda haya alcanzado estas dimensiones, mira que se entiende el rechazo a las repentinas prisas, pero convertir la caída de unas medidas que protegían a cientos de miles de personas en una celebración de grada retrata al PP como lo que lleva tres años siendo. 

Feijóo proclamó tras la derrota parlamentaria de los decretos que está “listo” y “preparado”. Preparado, naturalmente, para gobernar porque todo va de eso, toda la legislatura ha ido de eso. Más de tres años entendidos como la sala de espera hasta la corrección de lo que el presidente del PP ha considerado desde el principio una anomalía histórica. Desde su derrota aritmética, prácticamente todo el discurso de Feijóo ha consistido en presentar la legislatura de Pedro Sánchez como una situación meramente provisional cuya verdadera resolución llegará tras unas nuevas elecciones. 

Hay que tener en cuenta que Feijóo aterrizó en Madrid desde una Galicia de cuatro mayorías absolutas, una Galicia de muchas loas y prensa amable (regada de dinero público), así que desde su victoria sin premio ha tenido que reivindicarse tamizando su propio fracaso. En su mitin del sábado aseguró que no pide elecciones por “revanchismo”, cuando ese ha sido su única brújula desde las pasadas elecciones: dificultar o tumbar cuanto llegara del Gobierno mientras mantenía el adelanto electoral como único horizonte de salida. 

Vayamos al melón de la vivienda, donde su gran propuesta conocida consiste, básicamente, en construir. Feijóo ha anunciado que va a construir un millón de casas, la friolera de 250.000 al año. Muchas dudas aquí. ¿Cuántas públicas? ¿Cuántas protegidas? ¿Sobre qué suelo, con qué financiación? ¿Quién podrá comprarlas? ¿Con qué trabajadores, en un sector que no encuentra mano de obra? ¿Con inmigrantes? ¿Habrá regularización masiva? Uy, ¿qué dirá de esto su previsible socio de Gobierno? ¿Por qué esta medida tan necesaria no se ha desarrollado en las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el propio PP? ¿Por qué el propio Feijóo en Galicia construyó tirando a poco? ¿Permitirá que las viviendas públicas acaben en manos de fondos de inversión como hizo en Madrid Ana Botella? ¿Construirán en beneficio de los grandes rentistas, como vienen haciendo? ¿Culparán de todo lo que hagan (o no hagan) a la herencia recibida? Y, lo más importante: ¿Qué pasa con las miles de viviendas ya construidas a las que sencillamente no puede acceder la gente? ¿Piensan tomar alguna medida al respecto o su única propuesta es construir y construir? 

La propuesta tampoco responde al enigma de si van a seguir favoreciendo al capital extranjero como cuando en el 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el marco legal que permitió conceder permisos de residencia a inversores extranjeros mediante las conocidas golden visa. Igual por ahora pueden priorizar explicarles a los cientos de miles ciudadanos que salieron a las calles el pasado fin de semana qué aplaudían exactamente en el Congreso. Fundamentalmente porque más de la mitad de los votantes de PP, Vox y Junts apoyaban el escudo antidesahucios según las encuestas publicadas, así que se puede decir que en el Congreso también aplaudieron contra su propia parroquia. 

Leído en la prensa de este fin de semana: “¿Desahucio en La Moncloa?”. “Junts abre la puerta al desahucio de Sánchez de La Moncloa”. “En vivienda, el desahuciado es el Gobierno”. “El desahucio que necesita España es el de Sánchez, el okupa de La Moncloa”. “Un gobierno desahuciado pero okupa”. “Sánchez, moratoria de su desahucio de La Moncloa”… Y escuchado en las ruedas de prensa y declaraciones dominicales de PP y Vox: “El único desahucio que preocupa a Sánchez es el de La Moncloa”. “Hacen falta elecciones para el desahucio de Sánchez”. “Desahuciar a Pedro Sánchez es la única forma de arreglar el problema de la vivienda”…

De los creadores de “el okupa de La Moncloa”, llega ahora a sus pantallas “el desahucio de Pedro Sánchez”. A la derecha política y mediática le hace mucha gracia estos días usar el drama de los desahucios como metáfora política en su batalla contra el gobierno. En los mismos días en que familias vulnerables son sacadas por la fuerza de sus casas y dejadas en la calle con niños, personas con discapacidad y gente desesperada que no tiene a dónde ir; portavoces, columnistas y tertulianos tontean con el tema. Y seguirán en próximos días. Hasta podrían usarlo de lema para la campaña electoral venidera: “Desahuciemos a Pedro Sánchez”.

O un lema mejor: “Desahuciemos al okupa de la Moncloa”, pues desde el primer día lo han tratado como tal. No como un presidente legítimo, elegido democráticamente en elecciones y con mayoría del Congreso, sino como un delincuente que se hubiese colado en la presidencia forzando la puerta y aprovechando que el legítimo propietario había salido a comprar pan, como esos casos inverosímiles que rellenan los matinales televisivos justo antes de la publicidad de alarmas de hogar.

Lo de “el okupa de la Moncloa” no te creas que lo inventaron tras las elecciones de 2023 y el pacto con Junts a cambio de la amnistía, qué va. Ni siquiera surgió en las anteriores generales de 2019 por su alianza con Podemos y el voto favorable de los “bilduetarras”. A Sánchez le llamaron okupa nada más tomar posesión, tras la moción de censura de 2018. En el desfile de la Hispanidad de aquel año ya fue el grito más coreado: “¡okupa, okupa!”. Ocho años con la misma cantinela.

Okupa, desahucio… El marco mental está claro, y de tan obvio no parece inconsciente sino intencionado: la derecha se siente propietaria natural de España, no admite otro inquilino en el gobierno. Y quien quiera vivir en la Moncloa, lo será solo mediante alquiler temporal, aceptando las condiciones del auténtico dueño, que en cualquier momento puede reclamar lo que es suyo. La metáfora corre sola, no hace falta que me extienda: como en los desahucios que vemos a diario, en este caso también hay malos caseros, grandes tenedores (del poder), buitres y matones de desokupa que meten miedo.

Cada uno elige sus metáforas, su campo semántico y su lenguaje político, y doy por hecho que a la derecha y ultraderecha les funciona entre su electorado. En cambio, para quienes estos días sitúan la emergencia de vivienda en el centro, la sufren en sus carnes (con desahucios nada metafóricos) y se movilizan por ella, estos juegos de palabras suenan a lo que son: pura miseria.

Mientras en la calle se habla de la falta de vivienda y se clama por una huelga general, en los despachos se debate sobre elecciones. Mientras en la calle se hacen cálculos para llegar a fin de mes con el alquiler o la hipoteca pagados, en los despachos se hacen cálculos electorales como si los votos se despachasen al peso. La distancia vuelve a ser sideral.

Es la nueva versión de aquel que se caiga España, que ya la levantaremos nosotros; que los desahucien ahora que ya los rescataremos después. Y aún habrá quien se sorprenda por la cacareada crisis de legitimidad de las instituciones democráticas.

Volvamos un momento a la realidad. La vivienda ha sido un problema en España desde siempre. Incluso en los años de la dictadura, cuando cuentan que se construían tantos “pisitos”, estaba cara, era de pésima calidad y enriquecía solo a una minoría. Las razones resultan múltiples y diversas y las soluciones ni son fáciles, ni son rápidas. Cuando un mercado lleva roto décadas con chapa y pintura solo se disimula. Habría sido mejor tener los decretos en vigor que no tenerlos. Pero necesitamos cambiar mucho más y más profundamente.

De poco sirve ponerse a construir si no tienes quien construya, o si la oferta se halla tan concentrada que puede retirar o meter viviendas en el mercado a gusto del vendedor. Si no se edifica vivienda pública asequible y blindada solo se convertirá en más carne para el especulador. Que la media de la UE multiplique por 4 nuestro porcentaje de vivienda pública no es un dato. Es la madre de nuestro problema.

Es cierto que proteger más al inquilino puede detraer al propietario. Pero si se trata de una inversión no podrá estar mucho tiempo parada. Si además se grava fiscalmente la posesión de esa riqueza inmueble los incentivos para alquilar o vender aumentan. La especulación no se combate garantizándole los ingresos. Se acaba cuando se acaba el negocio.

Retomemos un concepto revolucionario: la posesión de la riqueza tiene consecuencias fiscales y ha de gravarse para mantener un sistema que ha permitido su acumulación y garantiza su posesión.

En ningún manual de justicia fiscal se explica que el consumo y las rentas del trabajo hayan de ser los corderos del sacrificio por el bien de la caja común, mientras las rentas del capital se ven tratadas como una especie protegida que deba preservarse para garantizar su reproducción.

Durante los últimos días hemos visto pasar ante nuestros ojos cosas que hace apenas una semana parecían imposibles. Vimos a Maricarmen salir en camilla de la casa en la que había vivido prácticamente toda su vida y conseguimos que, pocos días después, pudiera volver a ella con un nuevo contrato. Vimos cómo una reivindicación que durante años había sido descartada cada vez que la planteábamos, la estabilidad indefinida de los contratos de alquiler, llegaba finalmente al Consejo de Ministros convertida en un real decreto. Y vimos también cómo un conflicto que empezó alrededor del desahucio de una mujer de 87 años acababa abriendo una discusión nacional sobre quién tiene derecho a decidir cuánto tiempo podemos permanecer en nuestras propias casas.

Pero el pasado viernes 2 de octubre vimos otra cosa. Vimos cómo el Congreso de los Diputados tumbaba los dos decretos de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts. El primero cayó por 172 votos frente a 178; el segundo, que incluía la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, por 166 frente a 184. Con ellos desaparecieron medidas que prorrogaban contratos, protegían frente a determinados desahucios, regulaban los alquileres temporales y de habitación y limitaban la entrada de fondos de inversión en la compra de vivienda.

Cada cual podrá buscar la explicación parlamentaria que prefiera, reconstruir negociaciones, repartir responsabilidades o calcular qué partido podría haber cedido un poco más para conseguir unos votos aquí o unas abstenciones allá. Desde el Sindicato de Inquilinas creemos que existe una lectura mucho más sencilla: existe una distancia cada vez más difícil de sostener entre lo que una mayoría de la sociedad está reclamando cuando habla de vivienda y lo que finalmente ocurre dentro del Congreso.

Porque mientras allí se votaba contra mejorar la vida del 30% de la población que ya vive de alquiler, una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER mostraba que dos de cada tres personas apoyan limitar los precios incluso si eso significa reducir la rentabilidad de los rentistas. Lo respaldan también más del 55% de los votantes de PP y Vox y, significativamente, una mayoría de los propios arrendadores.

Es difícil encontrar una imagen más clara de la crisis política que atravesamos. Tenemos un Gobierno que ha necesitado años y una explosión de indignación social para llevar al Congreso algunas de las medidas que los movimientos de vivienda llevamos muchísimo tiempo reclamando, y tenemos después una mayoría parlamentaria capaz de derribarlas aunque algunas de ellas encuentren apoyo mucho más allá de las fronteras ideológicas tradicionales. Para nosotras, el viernes se terminó definitivamente el tiempo de esperar a que la solución llegue desde arriba, como ya venimos diciendo desde nuestra manifestación del 13 de octubre de 2024: el tiempo de los políticos se ha acabado. 

Pero eso no significa que se haya terminado el tiempo de la política, más bien al contrario.

Durante demasiado tiempo nos han enseñado a confundir política con instituciones, como si nuestra capacidad de intervenir en la realidad empezara y terminara introduciendo una papeleta en una urna y esperando después a que las personas elegidas resolvieran los problemas, pero las últimas semanas han demostrado otra cosa. Mientras el Parlamento era incapaz de aprobar unas medidas mínimas, el sindicalismo inquilino consiguió que una mujer que ya había sido desahuciada pudiera volver a su casa y logró obligar al Gobierno a poner sobre la mesa una renovación indefinida de los contratos que hasta entonces se había negado a asumir.

Nada de eso salió espontáneamente de un despacho, sino que salió de un portal en el que cientos de personas pusieron el cuerpo, de calles que se llenaron, de años de organización sindical y de una sociedad que ha empezado a entender que la situación de la vivienda no es el resultado inevitable de unas misteriosas leyes económicas, sino el resultado de decisiones que pueden ser disputadas. Por eso sería un error vivir la votación de este viernes como una derrota que nos devuelve al punto de partida, porque no estamos donde estábamos hace diez días.

Hace unas semanas nos decían que Maricarmen no podía volver a casa y ha vuelto. Nos decían que los contratos indefinidos eran imposibles y un Gobierno que durante años los había rechazado terminó aprobándolos en Consejo de Ministros. Nos decían que determinadas propuestas eran demasiado radicales y hoy sabemos que algunas de ellas cuentan incluso con el apoyo de buena parte de quienes votan a partidos que las han tumbado en el Congreso. Eso es cambiar el sentido común de un país, aunque todavía no tengamos la fuerza suficiente para convertir todo ese sentido común en leyes.

Y esa es la tarea que tenemos ahora por delante. Este fin de semana ha habido movilizaciones por la vivienda en 54 ciudades del Estado. Nunca habíamos visto una movilización territorial de estas dimensiones alrededor de una convocatoria que empieza a plantear abiertamente la necesidad de una huelga general por la vivienda. Lo verdaderamente interesante es que la idea de esa huelga tampoco pertenece ya únicamente a quienes llevamos años organizándonos en el movimiento de vivienda. Una encuesta publicada por elDiario.es este sábado muestra que el 73% de las personas consultadas apoyaría una huelga general para exigir medidas que solucionen el problema de la vivienda. Entre quienes votan al PSOE, el respaldo llega al 84%; entre los votantes del PP, al 61%; entre los de Vox, al 63%. Incluso entre quienes viven en una vivienda en propiedad, siete de cada diez apoyarían la convocatoria.

Durante años se nos dijo que hablar del conflicto entre rentistas e inquilinas era dividir a la sociedad, que intervenir los alquileres era una posición minoritaria y que cuestionar la rentabilidad inmobiliaria enfrentaría inevitablemente a quienes alquilan con quienes tienen una propiedad. Lo que estamos viendo apunta en otra dirección, pues sabemos que muchísimas personas propietarias tienen hijos que no pueden emanciparse, compañeras que dedican medio sueldo al alquiler o familiares obligados a abandonar el barrio en el que han vivido durante años. La crisis de vivienda ha alcanzado tal dimensión que empieza a atravesar identidades políticas y situaciones patrimoniales que hasta ahora parecían separarnos.

Eso es lo que tenemos que organizar, porque una huelga general no se decreta desde una plaza ni se construye escribiendo una fecha en una pancarta. Mucho menos puede levantarse solamente con quienes ya estamos convencidas. Se construye hablando con miles y miles de personas, organizando bloques, visitando centros de trabajo, sentándonos con sindicatos laborales, entrando en universidades, colegios y centros de salud, escuchando a quienes todavía tienen dudas y demostrando que detrás de problemas aparentemente distintos existe una experiencia compartida: trabajar cada vez más para poder pagar una vida cada vez más precaria.

La fuerza que apareció estos días en Sol tiene sentido si ahora somos capaces de llevarla mucho más lejos. A cada barrio, a cada bloque, a cada centro educativo y a cada centro de trabajo. No porque exista una forma de movilización más pura que otra, sino porque ninguna plaza, por grande que sea, puede sustituir la organización paciente y cotidiana que necesitamos para convertir una mayoría social en una fuerza capaz de cambiar las cosas.

Una huelga general será posible cuando suficientes personas hayan llegado a una conclusión muy sencilla: que si somos nosotras quienes pagamos los alquileres, quienes trabajamos en los hospitales, quienes damos clase en los colegios, quienes conducimos los autobuses, levantamos las persianas de los comercios, cuidamos a nuestras mayores y hacemos funcionar las ciudades, también tenemos una enorme capacidad para detenerlas.

El viernes el Congreso cerró una puerta, y nosotras no pensamos quedarnos delante esperando a que vuelva a abrirla, porque si algo hemos aprendido estos días es que la política no termina allí donde fracasan los políticos. En muchos momentos de nuestra historia, ha sido exactamente ahí donde ha empezado: ahora nos toca construir la fuerza para demostrarlo.

A esta hora, la decisión no está tomada. Tampoco el calendario. Durante el fin de semana, el presidente está escuchando a su equipo más cercano, en La Moncloa y en el partido. El sentir mayoritario es claro: ahora o nunca. Todos saben que van a unas elecciones dificilísimas. Las encuestas –hoy publicamos una en elDiario.es– dan a PP y Vox una mayoría abrumadora. Pero nadie cree que vaya a pasar un tren mejor en los próximos meses. 

Las encuestas también reflejan el error de las derechas: tumbar un escudo antidesahucios que apoya más de la mitad de sus propios votantes. Entre ese portazo y las acampadas se ha abierto una rendija: la oportunidad de dar una batalla que, hasta ahora, parecía perdida.

Pedro Sánchez baraja un adelanto electoral desde el jueves por la noche, cuando Junts confirmó que tumbaría el decreto de vivienda, en contra de lo pactado. Desde entonces, el ánimo en La Moncloa ha ido a rachas. Esa noche estaban muy decididos. El viernes por la mañana, también. Por la tarde se enfriaron un poco, en parte por un bulo: que la acampada de Sol se levantaba (falso). El sábado, las manifestaciones masivas volvieron a empujar hacia las urnas. “Al 70% habrá elecciones anticipadas”, dicen a esta hora fuentes del Gobierno.

Entre quienes hablan con el presidente hay consenso en la estrategia. Otra cosa es la táctica.

Dos inconvenientes pesan en la decisión de convocar este mismo lunes. El primero: los socios del Gobierno no están preparados. El Frente Amplio –antes Sumar– aún no tiene cabeza de cartel. El segundo: muchos inquilinos quedarían desamparados. Con elecciones el 29 de noviembre, si se disuelve el Parlamento este martes, se cierra el margen para negociar un nuevo decreto o aprobar otras medidas que eviten más desahucios.

Se puede explicar con la metáfora del surfista. Sánchez sabe que esta es la mejor ola que va a tener. La clave está en elegir el momento exacto para subirse. Si rema demasiado pronto, la ola le pasa por debajo. Si llega tarde, le revuelca.

En su entorno más cercano hay quien cree que ese pico de la ola aún no ha llegado. Que sería mejor esperar unos días: presentar otra vez un decreto y presionar un poco más a las derechas para que se vuelvan a retratar en el Congreso. Dentro de ese escenario, unos hablan de elecciones en diciembre: el domingo 13 (porque las otras opciones posibles antes de Navidad son solo el 6, que cae en el puente de la Constitución, o el 20, demasiado cerca de la Nochebuena). Otros –los menos– creen que la ola aguantará un poco más y apuestan por principios de año.

En cuanto al primer inconveniente, en La Moncloa estarán muy pendientes de la reunión de hoy a las 12:30 entre los ministros y principales dirigentes de Sumar. Habrá que ver qué sale de ahí: si piden más tiempo, si presionan para un nuevo decreto o si se declaran preparados.

“A nuestro espacio le va bien un poquito de pim pam pum”, dice una fuente de la dirección. La presión de unas elecciones inminentes empujará al Frente Amplio a cerrar filas y candidaturas. 

Entre los socios del Gobierno, quien más se muestra en contra del adelanto electoral es ERC. “En este país hay mucha gente que es de izquierdas y no quiere votar al PSOE. ¿Esta gente a quién vota? No hay nadie”, dice Gabriel Rufián. Su escepticismo tiene otro motivo. Si la legislatura acaba ya y gana la derecha, se hunde la reforma de la financiación autonómica, un asunto clave para ERC. Aunque no saliera adelante –lo más probable–, retratar a Junts votando en contra junto a PP y Vox habría sido una gran baza electoral para Esquerra.

Que esa reforma ni siquiera llegue a votarse también perjudica al PSC. Pero el equipo de Salvador Illa da por hecho que, con Junts en el monte, sus posibilidades eran muy escasas. “Tras el portazo a la vivienda, Illa ya no se hace ilusiones: da por hecho que Junts no aprobará nada”, asegura una fuente cercana al president.

Hay otro factor que empuja hacia diciembre: los sindicatos. Tanto en CCOO como en UGT se debate si sumarse a la huelga general que se coreó ayer en las manifestaciones. Sus direcciones se reúnen este lunes. De una manera u otra, respaldarán las protestas. Pero si las elecciones no se retrasan al menos unas semanas, perderán buena parte de su capacidad de presionar en la calle.

La Moncloa ya prepara una posible comparecencia del presidente para el lunes por la mañana. A primera hora de este domingo contrataron la señal de satélite para transmitir una posible declaración institucional. Aún no es seguro que Sánchez vaya a salir, pero su equipo quiere tener todo listo, por si decide mandar un mensaje.

¿Y si Sánchez espera un poco más? ¿Cuál es el plan? Aguantar la ola hasta diciembre es relativamente fácil. El Gobierno ya estudia qué medidas de las que se tumbaron el viernes (son las menos) podrían aprobarse como reales decretos, sin pasar por el Parlamento. Lo más difícil es explicar por qué habría que esperar hasta 2027, cuando ya es evidente que los Presupuestos son imposibles. ¿Con qué argumento? ¿Para qué?

Parafraseando a Žižek (“es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo”): es más fácil imaginar unas elecciones anticipadas que un plan B para agotar la legislatura. 

Hasta donde sabemos, Adelaide Anne Boodle escribió dos obras. La primera, que le publicó una sociedad dedicada a la promoción de la cultura cristiana (la SPCK), se llamaba The Children’s Guest (El invitado de los niños, de 1888) y, en principio, por las escasas informaciones que se tienen al respecto, era un relato victoriano en el peor de los sentidos. Pero tanto si es cierto como si no, cuesta creer que la autora se quedara tan corta. A fin de cuentas, había sido pupila y amiga de un autor excepcional, lo cual nos lleva al segundo texto, un pequeño cofre repleto de detalles curiosos que debería haber ganado un premio al título más evocador y al subtítulo más doblemente revelador, como se verá luego: R.L.S y su Sine Qua Non. Destellos de Skerryvoreescritos por la guardesa (1926).

Seguro que algunos o algunas de ustedes lo habrán reconocido al instante, aun siendo otro de esos libros que no se pueden encontrar en castellano. En efecto, R.L.S. es la sigla de Robert Louis Stevenson y, en cuanto al Sine qua non, cuya mayúscula ya traiciona el secreto, es el romántico y sin duda justo apelativo que él dedicaba en la intimidad a su esposa, Frances Matilda Van de Grift, Fanny. Boodle los había conocido al año siguiente de que La isla del tesoro diera fama y algún dinero a Stevenson –aunque ella sólo había leído El tesoro de Franchard– y, como les cayó en gracia, el escocés siempre enfermo se prestó a enseñarle a escribir decentemente, con el beneplácito y la complicidad de la siempre atrevida Fanny. Y como estaba empeñado en que practicara la escritura mientras sus enseñanzas seguían frescas“, le propuso un juego: ”que le enviara cartas semanales“, cartas que darían supuestas vueltas por el mundo hasta ”encontrar descanso“ en los bolsillos del profesor.

Como explica la propia Boodle, las cartas se convirtieron en una serie de crónicas, los ‘Informes de los terrenos de Skerryvore’, lo cual transformó “en guarda” de una inexistente hacienda a la remitente y en “ausente hacendado” a su destinatario. Con el transcurso del tiempo, “los terrenos ampliaron sus límites” y, al final, acabaron incluyendo “los hogares de todas las gentes especiales” del condado de Dorset, de las que él había asumido “algún tipo de responsabilidad” (tal vez, por ser el sitio donde estaba a punto de escribir El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde). Aquella jovencita de veintipocos años había pasado a ser mucho más de lo que había imaginado cuando se presentó por primera vez en la casa de su adorada pareja, y todavía añadiría otra profesión al currículum: “la más elevada de limosnera ocasional de sus necesitados amigos”. Sin embargo, eso no significaba que Stevenson tolerara los defectos estilísticos de su alumna.

En cierta ocasión, se puso tan vehemente con ella que “la Sine qua non acudió al rescate como una leona agazapada que hubiera perdido a sus cachorros”. Fanny lo llamó “bruto” y le pidió que no fuera tan crítico, porque la crítica la mataría. “No, no me matará –bramó Boodle–. Quiero que diga exactamente lo que piensa. No me importa ni un poco. Aprenderé a escribir. Lo haré o moriré”. Y un momento después, tras haber halagado su determinación y haberse disculpado por haber sido cruel sin pretenderlo, Stevenson insistió en que su texto era terrible y le dio una de sus mejores lecciones: la relacionada con el exceso de adjetivos y, sobre todo, con la vacuidad y las perogrulladas en la narración, esas cosas que definen los discursos de los políticos corrientes del siglo XXI, generalmente escritos por otras personas. Debía entender que los textos tienen que tener verdad, y que si quería hablar de algo como un jardín, necesitaba que el lector supiera “en qué se diferenciaba ese jardín de otros miles” de jardines.

Decía al principio que Destellos de Skerryvore escritos por la guardesa es un subtítulo doblemente revelador. Por un lado, sitúa la acción en el faro de Skerryvore –diseñado por uno de los abuelos de Stevenson–, enfatiza que el libro es un conjunto de ráfagas de luz e incluye el personaje que Boodle interpretó; por otro, demuestra que las lecciones del grandísimo escritor no cayeron en saco roto, con independencia de que la vida la empujara a convertirse en misionera. “Creo que tu corazón siempre estuvo ahí”, le escribió él en 1894 desde Vailima (Samoa) y, a continuación, le intentó advertir sobre los sinsabores de intentar cambiar las cosas. “¿Conoces la historia del vagabundo al que ofrecieron comida y un día de sueldo si cortaba un tronco caído con el dorso de un hacha?”, le preguntó. El hombre tardó poco en empezar a gritar: “¡Que me parta un rayo si sigo cortando sin ver las astillas!”. Porque, en ciertos trabajos, “nunca las verás volar”. Y la literatura no puede cambiar eso.

Una de las elecciones más importantes de la historia reciente de América Latina tendrá lugar este 4 de octubre en Brasil. El presidente en funciones, Luiz Inácio Lula da Silva, últimamente ha hecho hincapié en el tema de la soberanía nacional. Una de las razones: el candidato opositor, Flávio Bolsonaro, cuenta con el firme respaldo de la Administración Trump, y Estados Unidos ha estado interviniendo con fuerza a su favor.

En los últimos meses de la campaña electoral brasileña, Trump se reunió con Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca, impuso nuevos aranceles a productos brasileños e intentó enviar al país a funcionarios del Departamento de Estado, una medida que, según fuentes oficiales brasileñas y estadounidenses, pondría poner en duda la integridad de las elecciones.

El 24 de septiembre, 31 miembros del Congreso de EEUU enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que documentaron otras acciones hostiles y concluyeron que “Estados Unidos está actuando como agente de interferencia y desestabilización”.

Se prevé que las elecciones sean muy reñidas, y la cuestión de la soberanía podría ser un factor decisivo para los votantes indecisos.

La intervención de Trump socava un derecho fundamental y ampliamente valorado, el derecho a la autodeterminación, así como el derecho a la democracia misma. Además, es claramente ilegal, según la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la cual Estados Unidos es signatario.

Pero los brasileños tienen ahora motivos para considerar aún más urgente la preservación de su soberanía e independencia. Esto se evidencia en la historia reciente de Brasil y América Latina, así como en el impacto económico de la independencia política en el nivel de vida.

Comenzando por Brasil: Lula fue un trabajador metalúrgico y líder sindical que ayudó a fundar y luego dirigió el Partido de los Trabajadores. Ocupó la presidencia de Brasil durante dos mandatos consecutivos, de 2003 a 2010, y dejó el cargo con uno de los índices de aprobación más altos del mundo: el 83%.

Existían razones de peso para ello, derivadas de los cambios en la política económica y social del gobierno. Estos transformaron la vida de decenas de millones de personas en Brasil. El PIB per cápita, la medida más básica del nivel de vida, creció aproximadamente cuatro veces más rápido que en los ocho años anteriores a la presidencia de Lula. La pobreza se redujo en un 61% y la pobreza extrema en un 64%. Además, el salario mínimo real (ajustado a la inflación) aumentó un 57%. La matrícula universitaria casi se duplicó.

Lula pudo implementar estas y otras reformas trascendentales porque rompió con las políticas del “Consenso de Washington”, que habían regido la toma de decisiones económicas en la región entre 1980 y 2000 como quizás nunca antes. Esto incluía políticas económicas que a menudo se decidían en el Fondo Monetario Internacional o, en ocasiones, en otras instituciones controladas por Washington. El resultado fue un desastre: durante esas dos décadas se registró el peor estancamiento del crecimiento económico a largo plazo en América Latina en más de 100 años.

Este histórico colapso del crecimiento económico propició, por primera vez, la elección de gobiernos de centroizquierda en la mayoría de la región. Al igual que en Brasil, estos gobiernos fueron más independientes que la norma regional anterior y, por lo tanto, impulsaron políticas económicas más progresistas y eficaces. El cambio fue histórico: entre 2002 y 2013, el porcentaje de la población latinoamericana que vivía en la pobreza se redujo del 45,6% al 28,4%, tras haber aumentado durante las dos décadas anteriores.

La independencia que estos gobiernos lograron establecer es precisamente lo que Rubio y Trump parecen estar más decididos a eliminar. De ahí sus actuales esfuerzos por impulsar un cambio de gobierno en Brasil. Para Rubio, Brasil es el gran premio. Es el país más grande de Latinoamérica, y un gobierno de Lula no apoyaría los intentos ilegales de la administración Trump por controlar la región. Pero el oponente de Lula sería, casi con toda seguridad, un firme aliado de Trump.

Se trata de Flávio Bolsonaro, un senador elegido a dedo por su padre, Jair Bolsonaro, quien fue presidente entre 2019 y 2023. Él mismo se ha autodenominado “Bolsonaro 2.0”. 

Flávio y su equipo están tratando de vincular a Lula con el mayor fraude bancario de la historia de Brasil, que obligó a desembolsar casi 8.000 millones de dólares para indemnizar a cerca de 800.000 depositantes afectados. Pero, en realidad, es Flávio y sus aliados quienes están implicados. Flávio está metido hasta el cuello en este escándalo. Sobre Lula, en cambio, no ha aparecido nada. 

Bolsonaro 1.0 siguió el manual de Trump de negar los resultados electorales cuando perdió las elecciones de 2022 frente a Lula. Sin embargo, no logró reunir el apoyo de suficientes comandantes militares para respaldar un decreto que impidiera a Lula asumir el cargo. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia condenó a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. El “6 de enero” brasileño tuvo lugar el 8 de enero de 2023, cuando partidarios del presidente derrotado vandalizaron el Congreso, el palacio presidencial y la Corte Suprema, y exigieron la intervención militar para anular el resultado electoral.

El año pasado, Trump intentó detener el juicio de Bolsonaro imponiendo a Brasil un arancel adicional del 40%. La mayoría de los brasileños rechazaron este castigo económico colectivo, considerándolo un ataque a su soberanía nacional, su democracia electoral y su sistema judicial, lo cual era evidente. Bolsonaro fue declarado culpable y condenado a prisión.

Casi todos los gobiernos socialdemócratas elegidos democráticamente que llegaron al poder en el siglo XXI se enfrentaron a los intentos de Washington por debilitarlos, desestabilizarlos o derrocarlos. Estos esfuerzos llegaron al extremo de golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Bolivia, Honduras y Haití. Estados Unidos también participó en un golpe de Estado en Venezuela en 2002, que fue rápidamente revertido, seguido de años de esfuerzos estadounidenses para promover un cambio de régimen en ese país y, más tarde, de sanciones económicas que causaron la muerte de más de 100.000 personas y destruyeron, en el proceso, gran parte de la economía venezolana. Argentina también ha sufrido repetidas intervenciones estadounidenses que han provocado y agravado recesiones y crisis económicas, con graves consecuencias.

Más recientemente, Trump ha intensificado la violencia económica contra Cuba, el principal objetivo de Rubio. La tasa de mortalidad infantil en Cuba ha aumentado un 148% desde que Estados Unidos comenzó a endurecer sus sanciones, que actualmente incluyen un devastador corte del suministro de combustibles fósiles y electricidad. En las elecciones nacionales más recientes de Colombia (21 de junio) y Honduras (el pasado 30 de noviembre), se interpretó que Trump amenazaba con causar daños económicos —de manera implícita en Colombia y más explícitamente en Honduras— si los ciudadanos de esos países no votaban por su candidato. Este es el contexto reciente y regional en el que se libra la disputa por el futuro de Brasil. Las injerencias de Trump y Rubio, con la colaboración del clan Bolsonaro, han convertido a la campaña de Flávio en otra operación estadounidense de cambio de régimen. Esto debería ser derrotado, por el bien de Brasil y de la humanidad.

La legislatura empezó con tintineo de llaves palestinas. Los bombardeos de Israel desencadenaron el genocidio en Gaza tras los terribles atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023. Muchas familias palestinas aún conservan las llaves de la casa de la que fueron expulsadas en 1948, y se vieron forzadas a abandonar de nuevo su hogar, con otra llave en la mano. Guardarlas equivale a conservar la esperanza, primero de salvar la vida, luego de recuperar la casa. Supongo que Maricarmen también las conservó y ahora regresa. Sin embargo, las protestas por los precios de la vivienda continúan y la legislatura se cierra con el tintineo de llaves que repican por todo el país. Señalan un problema acuciante.

No sólo ocurre aquí. En Berlín hace pocas semanas ha ganado las elecciones regionales Die Linke (el Sumar español) con la promesa de socializar más de 200.000 viviendas de grandes propietarios. En toda Europa los precios de las casas aumentan: los problemas nunca ocurren en un solo lugar. Las elecciones, tampoco: todo está conectado.

Cuando se abran las urnas en España van a participar muchos que no están empadronados. Es otra forma de okupación de la que hablamos poco, pero se practica ampliamente. Trump estará calibrando cuánto y cómo influir. En Hungría apoyó al ultraderechista Orban con descaro y este perdió estrepitosamente. Pero en las legislativas argentinas de 2025 fue tan explícito como para comprometer ayuda financiera si ganaba el partido de Milei y ganó. Rusia también ha intervenido en los últimos años en Rumanía, donde se anuló la primera vuelta de los comicios, y en Moldavia, donde ganó finalmente el partido proeuropeo. Desestabilizar los países con ataques híbridos resulta cada vez más frecuente. Todos quieren meter cuchara en la salsa europea. Muy fuertes no nos ven.

La Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU se opone a la trayectoria integradora de la UE y por ello respalda a los partidos que llaman “patrióticos”, o sea, de ultraderecha. Ojo, porque no están empadronados, pero tienen llaves. En 2027 hay elecciones en tres países clave de Europa: Polonia, Francia (presidenciales, con buenas perspectivas de Le Pen en los sondeos) e Italia (donde el partido de Vannacci, más a la derecha de Meloni, ya supera a La Liga en los sondeos). En Alemania votarán varios Länder. Y después de los avances de AfD en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Sajonia-Anhalt, a Friedrich Merz le queda poco margen. Tal vez España acabe finalmente siendo la primera de este ciclo.

Espero que el embajador de EEUU en España haya mandado un telegrama dando cuenta de la encuesta del CIS de febrero pasado: un 79% de españoles ven a Trump como un peligro para la paz mundial. En ese porcentaje no hay sólo izquierdistas.

Si votamos el 29 de noviembre, la campaña coincidirá con las elecciones de medio mandato en EEUU, que son el día 3. Atentos porque también contribuirán al clima emocional. Si los republicanos pierden la Cámara de Representantes y el Senado (la distancia es de nueve puntos, la más alta del ciclo, según NBD), no resulta descabellado pensar que Trump arremeterá contra el sistema electoral. Tenemos sobradas pruebas de su mal perder. Si impugna el resultado generará retrasos y caos, lo que inevitablemente resonará con el esfuerzo del PP -y más aún de Vox- por deslegitimar el proceso electoral español.

Un Congreso estadounidense dominado por los demócratas podría preguntar por el apoyo del Departamento de Estado a los partidos ultraderechistas de Europa, incluso sacar a la luz información relevante, pero no cabe esperar mucho más. Las elecciones de EEUU, eso sí, serán un acelerante del enfrentamiento entre demócratas y ultraderecha que recorre el mundo. Unos días antes votará Israel, y Netanyahu está en apuros.

Siempre se dijo que Junts tenía la llave de la legislatura, pero al tumbar dos decretos cruciales por presiones de la patronal las ha entregado a la protesta ciudadana. La gente agita las llaves con fuerza porque este estallido es su mejor oportunidad en lustros de lograr que su problema sea resuelto. Pedro Sánchez escucha el tintineo contra los especuladores. Todo está conectado: gobernantes que no están empadronados intentarán votar. Hay que guardar siempre las llaves, como los palestinos: la voz decisiva es la de quienes se empadronan, habitan los barrios y dan vida a las ciudades.

Un turista se queja en uno de esos vídeos de consumo rápido y polarizante de que la Puerta del Sol se encuentra en un estado terrible y desagradable por la acampada. Más terrible y desagradable es no tener techo y, además, la ciudad y sus plazas son de esos chavales, los escenarios donde construyen su futuro y el sitio de su recreo, no de los turistas ni de los buitres ni de los inversores que asoman hoy su jeta de hormigón en programas que antaño hablaban de ovnis y apariciones. 

Corre como la espuma que los chicos no se lavan, no madrugan y portan cuchillos para el pan (y el humus) y yo deposito mis esperanzas en una chica con gafas que sigue el pleno del Congreso desde su móvil rodeada de tiendas de campaña. Tumban los decretos, el Mari y el Carmen. Junts vuelve a hacer una de sus jugadas maestras como en la última y caricaturesca venida y huida de Puigdemont, el PP (instalado en el bloqueo y podredumbre) aplaude porque carece de entrañas y la ciudad, cualquier ciudad, se prepara para expulsar a sus hijos un poco más lejos para que el turista pueda vivir una experiencia total en plazas que son decorados vacíos. Una semana de protestas y furia que culmina en un día de desolación. Qué ilusos, creer que se puede luchar contra el capitalismo salvaje que ha parasitado las democracias occidentales y engendrado monstruos. Pero ellos no se rinden y por ellos no debemos rendirnos. 

Noviembre espera a la vuelta de la esquina y quizá venga con elecciones. Imagino a Pedro Sánchez estudiando encuestas e intentando adivinar hasta donde llega el malestar social, ese nudo en la garganta de tanta gente que tiene que ver con la vivienda, el coste de la vida, la desigualdad, la precarización, el deterioro de los servicios públicos y tantos y tantos fallos sistémicos del supuesto Estado del bienestar. O elecciones o acciones, no le queda otra a este gobierno que es incapaz de aprobar un decreto de mínimos que evite desalojos sangrantes y suicidios inducidos.

Ya sabemos la propuesta de la(s) derecha(s), construir sin regular, alehop, como si hasta ahora no hubieran tenido competencias autonómicas sobre el suelo y como si se fueran a sacar de la manga un millón de viviendas en los lugares en los que la gente las necesita. Una buena parte del hemiciclo olía el viernes a pelotazo y billetes de 50 euros, y aún no sabemos quién va a construir esas viviendas, una vez que Vox haya expulsado a millones de inmigrantes, muchos de los cuales se dedican, vaya por Dios, a la construcción. Algo no cuadra, porque hay que construir y construir y a la vez todos los españoles son sufridos y pequeños propietarios temerosos de que el comunismo les expropie su casa. 

Si hablamos de solares, a la izquierda del PSOE malvive un espacio fragmentado que nadie quiere o puede liderar. Las movilizaciones sociales y el debate sobre la crisis de la vivienda les ofrecen una oportunidad (una ventana de oportunidad, dicen los insufribles gurús), pero unas elecciones en noviembre les pillan sin candidato y sin una fórmula electoral definida. ¿Qué proponen, quién tomará las riendas? Cuesta creer que vayan a adecentar su casa en un mes si el último año ha sido un goteo de salidas, abandonos y reedición de errores. En las últimas encuestas, la suma de Podemos y Sumar se mueve entre el 8 y el 9% de intención de voto, once escaños en total, lejos de los 31 que sirvieron para revalidar la coalición progresista. El baile de nombres, desde Bustinduy, que se ha autodescartado hasta tres veces, a Emilio Delgado, Rufián, Irene Montero o Urtasun no se concreta en nada y no sabemos si falta organización, generosidad, inteligencia política o ganas de solucionar los problemas de los ciudadanos. Estos ciudadanos sin ciudades, esas que una vez fueron suyas, nuestras. 

Nosotros, de momento, podemos movilizarnos y comprometernos a votar. Quedarse en casa no es la solución, más que nada porque pronto no tendremos casa en la que quedarnos. Yo votaré, en noviembre o cuando sea, por mí y por la desolada chica de las gafas de la acampada de Sol. Ella no merece menos. 

Ha llegado la hora de la verdad. Por fin se ha desvelado el engaño. Es conocido el famoso proverbio oriental que dice: “Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo”. El derecho a la vivienda es la gran cuestión que la derecha y la extrema derecha, con sus poderosas terminales mediáticas, han querido eludir y evitar durante muchos años. Utilizaron políticamente, con bulos y mentiras, el fenómeno de la violencia en Euskadi; el procés en Cataluña o el fenómeno de la inmigración. Alimentando el miedo y los sentimientos más primarios. Enfrentando a territorios entre sí y a los penúltimos contra los últimos.

Y mientras tanto, ellos, los poderosos, bancos y fondos de inversión, haciendo el gran negocio y saqueando el país. Saben muy bien que en el Estado Español el dinero se mueve en el urbanismo más que en la bolsa. Los sucesivos gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy se encargaron de ponerles la alfombra roja con un marco normativo favorable a la especulación. El derecho a la vivienda nunca estuvo entre sus prioridades.

PP y Vox enfilaban el fin de la legislatura frotándose las manos. Habían conseguido construir, con éxito, el relato que les interesaba. Estaban lanzados, con la complicidad de un sector muy influyente de la judicatura, en la operación de acoso y derribo al gobierno progresista.

Ha tenido que ser un desahucio de los más de 24.500 llevados a cabo en España en 2025 el detonante de un desencanto ciudadano, que exige soluciones efectivas a una emergencia habitacional que se agrava día a día. Un desahucio que ha sido la gota que ha colmado el vaso de la rabia, el sufrimiento y la indignación acumulados durante muchos años por tanta gente. La chispa que ha encendido la mecha de la movilización popular, sobre todo, de una juventud que ha dicho ¡basta ya! Que exige respuestas reales que garanticen el derecho a un lugar digno en el que vivir.

Y es que podremos prescindir de muchas cosas, menos de un trabajo decente y un techo en que poder desarrollar un proyecto personal y familiar. El derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución es algo más que un principio rector de la política económica de las diferentes instituciones del Estado. Es un derecho constitucional del mismo rango que el derecho a la sanidad, educación, pensiones o atención a la dependencia.

Conviene no perder de vista que en nuestro país tuvimos la oportunidad de hacer una intervención pública en materia de vivienda a gran escala aprovechando el desastre al que nos habían arrastrado las entidades financieras y el muy generoso dinero público que hubo que poner para rescatarlas: 60.000 millones de euros a fondo perdido más otros 15.000 en la sobrevaloración en la compra de los activos tóxicos de la banca. Sin embargo, desde el Gobierno de España se optó conscientemente por crear una entidad semipública —el banco malo, que se convirtió en la primera inmobiliaria del país— para vender grandes paquetes de activos inmobiliarios y a bajo coste a grandes fondos de inversión apuntalados con una política fiscal muy favorable. Eso explica también por qué estos mismos fondos buitre campan a sus anchas por nuestras grandes ciudades. Fueron los sucesivos gobiernos de PP-PSOE, los que les pusieron la carnaza. El Gobierno del Estado decidió vender el país a trozos a los fondos de inversión para poder reflotar a los bancos. Así le ha ido a Maricarmen y a tantas víctimas de la codicia sin límite de estas sociedades de inversión inmobiliaria sin corazón ni gota de humanidad.

Ahora se ha llegado tarde porque el mal ya está hecho. Y es que el Estado “solo” ha tardado casi 50 años en entender que la generación de un parque público de vivienda en alquiler es una infraestructura pública necesaria que no puede depender solo de las Comunidades Autónomas; porque algunas no pueden y otras, directamente, no quieren. La cuestión es que, si el Estado decide no intervenir, alguien aprovechará el vacío normativo para especular, como ya estamos viendo con los alquileres turísticos, de temporada y el alquiler de habitaciones. No perdamos de vista que todas las políticas públicas de vivienda que están dando buenos resultados. El modelo Viena es un buen ejemplo: parten de la base de que las Administraciones Públicas, en relación a las dinámicas del mercado de la vivienda, no solo tienen el deber de regularlas con leyes, sino que especialmente deben intervenir en dicho mercado como un agente más.

El reto que tenemos es colosal: poner en pie un sistema público de vivienda potente que conviva, y compita, con el mercado libre. Como sucede en educación y sanidad. Llevamos muchas décadas perdidas. Por eso, no es de extrañar que en España el parque público de vivienda, particularmente en alquiler asequible, es ridículo comparado con el resto de Europa. Hace falta mucha financiación pública y mucha determinación política para no sucumbir a la presión de los poderosos lobbis (banca, promotores, propietarios de suelo o fondos de inversión).

Es posible hacer otra política de vivienda. Esa es mi experiencia al frente del Departamento de Vivienda en Euskadi. En ocho años multiplicamos por dieciséis el parque público de vivienda en alquiler social y alquiler asequible. De 750 unidades a 12.000. Y con la medida de la calificación permanente de por vida actualmente hay 60.000 viviendas protegidas de precio asequible (el 6,5% del parque total) que están fuera del mercado libre, o sea, fuera de la especulación.

Desgraciadamente, he de constatar que, más allá de bonitas palabras, el acceso a una vivienda asequible ha sido la gran asignatura pendiente en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. No sirve la excusa de la deslealtad permanente de Junts. En la primera legislatura, no hubo un parque público potente de vivienda en alquiler social.

La izquierda a la izquierda del PSOE, también debe hacer una autocrítica seria por no haber sido capaz de imponer al Ejecutivo medidas eficaces y efectivas en este ámbito en las dos últimas legislaturas.

A los dos gobiernos progresistas les ha faltado valentía para afrontar el déficit estructural de vivienda en nuestro país. Para defender la vivienda como hogar y no como negocio de las élites con el que poder especular y enriquecerse.

Pero como dice el refrán nunca es tarde si la dicha es buena. Ha tenido que producirse el estallido social para que las fuerzas de izquierda se hayan “puesto las pilas”. Buena noticia. Esto no tiene marcha atrás. O derecho o negocio. Esto es lo que se dirimirá en las próximas elecciones. Antes de ir a las urnas el Consejo de Ministros debería volver a aprobar los decretos para proteger a los más vulnerables. Aunque, he de decir, que me ha resultado decepcionante el tratamiento dado a los fondos buitre. Se debería prohibir de forma mucho más taxativa su participación en el mercado inmobiliario.

Por experiencia sé que las medidas que no han tomado y ejecutado en ocho años no se pueden adaptar e implementar en quince días. Ahora es la calle la que empuja y marca el camino. La ciudadanía ya no quiere delegar más el derecho a disponer de un lugar en el que habitar sin arruinarse. Ahora le disputa el poder a la influencia en los representantes políticos de los lobbies del ladrillo, que no olvidemos han sido los que han conseguido que Junts diera marcha atrás en el último momento.

Aunque por primera vez estos fondos buitre empiezan a sentir el “aliento en la nuca” de la mayoría social. Se ha visto en el desenlace del desahucio de Maricarmen. Cada iniciativa recogida en los dos decretos ha sido fruto del levantamiento popular.

Ojalá el rechazo a los decretos en el Congreso sirva para redoblar la presión social en las calles en un contexto preelectoral y la vivienda sea, esta vez sí, el eje central sobre el que pivote la campaña electoral.

La defensa del derecho a la vivienda con propuestas concretas y valientes ha sido quien le ha dado la victoria a la izquierda de Die Linke en Berlín y la alcaldía a Zohran Mamdani. Deseo que el PSOE de Pedro Sánchez asuma e interiorice de forma sincera, más allá de discursos electorales, la defensa del quinto pilar del Estado del bienestar. Al igual que deseo que la izquierda alternativa esté a la altura y sea capaz de reilusionar a su base electoral con un programa y unas candidaturas de unidad por encima de egos, intereses partidistas y viejas rencillas.

Por eso, no podemos rendirnos ante la amenaza de un Gobierno PP-Vox sin dar la batalla. Las élites más privilegiadas, fondos de inversión y grandes tenedores, se frotan las manos pensando en un Ejecutivo Feijóo-Abascal. Pero mal que les pese, queda mucho partido por jugar si se recupera la confianza y la ilusión en la movilización por un mundo mejor.

La inminente huelga general, la acampada de la Puerta de Sol y en tantas ciudades ha marcado un camino y ha invertido el estado de ánimo de la izquierda. No perdamos ahora este rumbo.

La derecha recurre al miedo cuando tiene perdida la razón. Es por eso que estos días en los que se está debatiendo que no puede existir un mercado de la vivienda mientras no esté garantizado el derecho de las familias a tener un techo donde vivir han comenzado a usar la manida estrategia de los asustaviejas. Los defensores de los rentistas, en política y medios, no han parado de mentir diciendo que la izquierda vamos contra los propietarios y que nuestra intención es expropiar las viviendas de quien tiene un hogar heredado con el que complementa la pensión, o que estamos persiguiendo al pobre anciano que se paga la residencia de ancianos con el alquiler de la vivienda donde siempre ha vivido. Por cierto, algo que jamás tendría que ocurrir porque la izquierda aboga por residencias públicas y de calidad que nadie debería pagar. Pero no, la verdad es más sencilla. 

Los que somos de izquierdas, los marxistas, los socialistas, los anarquistas y cualquiera que se considere progresista debería amar al propietario cuando hablamos de vivienda porque queremos que todo el que quiera serlo pueda serlo, que todo el que quiera sea propietario de una vivienda, para vivir, lo que odiamos, lo que perseguimos, lo que consideramos un crimen es el acaparamiento y el rentismo, lo que denunciamos es que mientras haya una familia sin un hogar no puede haber otra con diez. Es fácil de entender de esta manera. Nosotros defendemos que la vivienda es un derecho fundamental que debe estar garantizado y que hasta que eso no ocurra hay que perseguir y prohibir la posibilidad de que se haga negocio con el ladrillo y de que unos pocos privilegiados vivan a coste del sufrimiento de muchos. 

Los modelos socialistas de vivienda, y de éxito, han existido en la historia y se alejan mucho de la caricatura que hace de ellos quien no ha leído lo más mínimo sobre las estrategias económicas que garantizan el acceso a la vivienda por encima del derecho a la propiedad privada como bien absoluto que ni siquiera existe en una constitución de democracia liberal capitalista como la española. La Yugoslavia socialista permitía la propiedad privada de viviendas de quienes la usaban para vivir, lo que no permitía era el acaparamiento porque no se permitía que nadie acumulara capital en un bien fundamental para la clase trabajadora como era la vivienda. En esos casos había nacionalizaciones del patrimonio sobrante permitiendo al propietario quedarse con la vivienda de uso personal. No es revolucionario, simplemente es una idea humanista defender que mientras no se garantice un derecho humano para la mayoría no pueden permitirse los privilegios de unos pocos. 

La derecha miente para meter miedo porque sabe que no hay animal más temeroso que la clase media, aspiracional o concretada, con pavor a perder parte de su situación acomodada. Esa clase media, que no es más que clase trabajadora que ha heredado, y que viene de una situación más depauperada que busca por encima de todas las cosas que los que tiene debajo no mejoren para que puedan tener aún esa sensación de superioridad recién adoptada que les permita llevar a sus hijos al concertado y pagar un seguro privado de salud para eludir las listas de espera. A la derecha le funciona porque este tipo de personas son tan temerosos que no se van a molestar en informarse mínimamente, pero tampoco estamos aquí para hacer pedagogía con egoístas sin pensamiento crítico. Defendemos nuestras ideas sin complejos y quienquiera que se acerque a ellas. 

No estamos en una economía socialista y tenemos que pensar en el “mientras tanto” en una economía capitalista que tan bien teorizó el brillante marxista Manuel Sacristán. No tendría que haber un mercado de vivienda más allá de aquel que provea a quienes no tienen ninguna vivienda y necesitan su primer hogar. No tendría que haber un mercado especulativo que permita a grandes tenedores monopolizar la propiedad para establecer una demanda cautiva de sus intereses. Ni siquiera sabéis cuál es nuestro modelo de vivienda porque no tenéis capacidad para debatirlo sin acabar recurriendo a la estrategia del miedo para que no se vean las carencias éticas y morales de quien defiende el actual modelo que expulsa a la clase trabajadora de las ciudades, deja sin hogar a quien lo ha pagado toda su vida y permite que los herederos, privilegiados y rentistas se hagan cada vez más ricos a costa de despojar del fruto de su trabajo a un ejército de trabajadores que parasitan con alquileres abusivos dependientes de un negocio fraudulento. Una vivienda para cada familia. La izquierda ama al propietario, la derecha al rentista. 

Imaginemos que el problema de la vivienda es una matrioska, una de esas muñecas rusas que contienen en su interior otras muñecas más pequeñas.

Lo que vemos en la primera matrioska resulta bastante obvio. Empezando por las cifras. En 2008, cuando estalló la gran crisis, se construyeron en España 615.072 viviendas. La burbuja de ladrillo, ¿recuerdan? En ese año, 2008, la población española ascendía a 46,2 millones de personas.

En 2025 se construyeron 94.791 viviendas. Con una población de 49,5 millones de personas. Comparen estas cifras con las del párrafo anterior. El problema salta a la vista.

Añadamos la especulación. Es cierto que los grandes inversores (eso que llamamos “fondos buitre”, una expresión tan poética como vaga) tienen una incidencia importante en el mercado del alquiler, especialmente en el centro de las grandes ciudades. También es cierto que la gran mayoría del mercado está en manos de pequeños propietarios a los que llamamos “rentistas”: sigamos, por qué no, con las expresiones poéticas.

Es posible (y necesario) aplicar medidas de protección social para quienes ya tienen alquilado un piso y sufren abusos del propietario. Pero, en último extremo, rigen las leyes del mercado. Hay poca oferta y mucha demanda. Y los precios de lo que se ofrece resultan inasumibles para la gran mayoría. Hablamos de la gran mayoría de quienes buscan alquilar, en general jóvenes. Porque más del 73% de la población vive en vivienda de propiedad: esa vivienda paterna de la que los jóvenes no pueden salir.

Conviene mencionar que la poca vivienda que se construye es cara ya de inicio, por la escasez de suelo, por cuestiones fiscales y burocráticas y por el encarecimiento de los materiales. Un piso nuevo que no sea un cajón, en una zona más o menos remota, difícilmente bajará de los 200.000 euros a precio de coste.

Es el momento de abrir esa muñeca de la vivienda y ver la otra muñeca que esconde en su interior: los salarios. Los sueldos en España son en general bajísimos, muy inferiores (en términos relativos, es decir, en capacidad adquisitiva) a los vigentes en 2008. Y muestran una estructura disfuncional. No es razonable que en una empresa los directivos ganen muchísimo más que el resto de los trabajadores. Tampoco es razonable que la pensión máxima supere los 45.000 euros anuales, mientras el sueldo medio apenas roza los 30.000. El sueldo medio está cada vez más cerca del salario mínimo: 17.000 euros. ¿Quién puede vivir con esos ingresos?

La explicación académica: los salarios son bajos porque la productividad es baja. Vale. Aceptemos que sectores en auge como el turismo y la hostelería son poco productivos. El caso es que las empresas del Ibex (las que cotizan en Bolsa) ganaron en 2025 más de 71.000 millones de euros. Incluso descontando que parte de esos beneficios provienen del exterior, algo no cuadra: o bien los empleados de las grandes empresas tienen una productividad que no se refleja en los salarios, o bien los directivos son auténticos magos y merecen los sueldazos que se adjudican a sí mismos.

(El turismo, además de ser poco productivo, contribuye a emponzoñar el mercado inmobiliario. No hace falta que abundemos en la desgracia de los pisos turísticos y los alquileres de duración breve. Agreguemos a esta desgracia, por ser prolijos, la de la “Golden visa” para extranjeros).

Vamos a por otra muñeca. Esta se llamaría “capital”. Las empresas españolas con más beneficios en 2025 fueron dos bancos: Santander y BBVA. Entre ambos ganaron casi 25.000 millones de euros.

Si les apetece, podemos recordar que el rescate bancario le ha costado al contribuyente más de 43.000 millones de euros. Y ni siquiera se plantea que la banca los devuelva. Si les apetece, podemos recordar que en España no existe (salvo pacto privado y excepcional) la dación en pago: cuando no se paga una hipoteca, el banco se queda con la vivienda y el hipotecado se queda con la deuda. Cierto, el alza continua de los precios suele permitir vender y saldar la hipoteca, aunque se pierda lo ya pagado. Pero ese es otro factor disfuncional.

Queda una última muñequita en la matrioska. La más pequeña. ¿Por qué un gobierno supuestamente progresista no ha resuelto, ni siquiera ha empezado a resolver, todos los problemas representados por las muñequitas anteriores? O no ha querido o no ha podido. Cabe suponer que no ha podido. El control por parte del PP de la gran mayoría de las comunidades autónomas podría ser una excusa si en las controladas por el PSOE, como Catalunya, las cosas fueran mucho mejor. Y no es así.

La explicación que me parece más razonable radica en la debilidad intrínseca de unos gobiernos, los de Pedro Sánchez, basados en una coalición de elementos incompatibles entre sí. Esa debilidad está relacionada con la pavorosa crisis política que afecta a toda Europa. Y así, me parece, están las cosas.

En 1955, Orson Welles rodó 'Mr. Arkadin', una película fascinante sobre un magnate que contrata a un aventurero para que investigue su pasado. En una fiesta de disfraces, Gregory Arkadin, a quien interpreta el propio Welles, cuenta a sus invitados una fábula: un escorpión pide a una rana que lo ayude a cruzar un río. La rana teme que este le clave su aguijón a la que tenga una oportunidad, pero el escorpión le explica que no tiene sentido temerle: si la pica, se hundirán los dos en el fondo del río. A mitad de camino, mientras la rana y el escorpión cruzan el cauce, la pica. Mientras se ahogan, la rana le pregunta por qué narices la ha matado, si tan poca lógica tenía. El escorpión le dice que no puede evitarlo, que es su naturaleza. Arkadin propone entonces un brindis por la naturaleza de las personas. 

Viene a colación de acuerdos con escorpiones y otros bichos venenosos, el Congreso tiene que votar dos decretos de vivienda y Junts per Catalunya ha anunciado que no los convalidará. Si caen, serán doce, si no he contado mal, los decretos ley derogados en esta legislatura con los siete votos de Junts sumados a los del Partido Popular y Vox. El gravamen a las energéticas, el ómnibus de las pensiones, el decreto antiapagones, el escudo social, la prórroga de los alquileres, los créditos de Renfe, el rescate de RTVE, la regulación de los lobbies. Es una lista larga y tiene una dirección, que es, inevitablemente, el lecho de un río.

Hay un libro que ayuda a entender lo que está ocurriendo estos días, y que, de paso, explica toda la legislatura. Es un ensayo titulado 'Veto Players', publicado por el académico George Tsebelis en 2002; sostiene que la capacidad de un sistema político para cambiar su realidad depende de cuántos actores deben de estar de acuerdo para mover el statu quo, pero también de la distancia ideológica que los separa. Cuantos más jugadores con veto haya y más lejos estén unos de otros, más difícil es mover el statu quo. En materia económica está más cerca de la calle Génova que de Ferraz, y el decreto ley, que solo admite un sí o un no, convierte cada pleno de convalidación en un ejercicio de veto.

Pero un actor, en estos casos, en todos los casos, tiene capacidad de veto porque la aritmética lo vuelve imprescindible, no estaríamos en este brete si no fuese así. Si las matemáticas cambian, la capacidad de veto desaparece. El poder de Junts en el Congreso nace de una mayoría de investidura muy precisa, heterogénea, en la que no sobra nadie. Si esa mayoría se rompe y unas elecciones generales dejan al PP y a Vox por encima de los 176 escaños, los diputados de Junts, sean siete o los que queden, dejarán de decidir nada. Si Alianza Catalana decidiese presentarse a las generales, quizá los de Puigdemont llegarían a desaparecer. La capacidad de veto es un superpoder que uno tiene mientras el ejecutivo necesita de tu permiso para mover ficha de una orilla a otra.

La orilla catalana tampoco es acogedora. Salvador Illa gobierna la Generalitat desde agosto de 2024 con el apoyo de Esquerra y los Comuns. Allí, Junts no tiene ninguna palanca que compense lo que pueda perder en Madrid. El barómetro de julio del Centre d’Estudis d’Opinió le da entre 16 y 18 diputados en el Parlament, menos de la mitad de los 35 que obtuvo hace dos años. Aliança Catalana pasaría de dos a entre 23 y 25 y los adelantarían. Según la misma encuesta, unos doce puntos de voto viajarían de un partido al otro.

Se ha extendido estos meses una lectura que atribuye a Junts el cálculo de endurecerse en Madrid para contener a Aliança en Catalunya, pero los números no la avalan. La sangría empezó antes de la ruptura con el PSOE y ha continuado después, siguiendo el hilo de la ultraderechización de las derechas, en Madrid, en Murcia, en Catalunya y en Washington. Votar con el PP y Vox no ha frenado su descenso. Cuando compites con tu adversario en dureza, la dureza la acaba cobrando quien la encarna con más naturalidad, y esa naturalidad no es -tan- propia de los herederos de Convergència

Junts arrastra dos herencias que conviven mal la una con la otra: saber ser decisivo en Madrid sin formar parte de un Madrid del que tratan de emanciparse y, por otro lado, el pensamiento post 1 de octubre que hace que cada pacto con el Estado sea motivo de sospecha entre su propio electorado. Una negocia y la otra se autoflagela al hacerlo; así que cuando un partido ya no sabe cuál de las dos genéticas es la dominante, lo mismo le pasa al PP, suele hacer lo que el cuerpo le pide. Y el cuerpo, en este caso, lo que le pide es clavar el aguijón.

Se está hablando, cada vez con mayor intensidad, de un adelanto electoral, y si las urnas llegan, el río será otro, y nada garantiza, es más, el contexto garantiza todo lo contrario, que el escenario, la aritmética que hoy hace que siete escaños sean decisivos, lo sean de nuevo. La fábula de Arkadin suele atribuirse al narrador griego Esopo, pero según se dice, lo más probable es que provenga de una versión persa del siglo XV en la que el escorpión cruza el río a lomos de una tortuga. A mitad de camino clava el aguijón, pero no consigue atravesar el caparazón. La tortuga se sumerge y el escorpión se ahoga él solo. Está por ver qué animal lleva hoy al escorpión a sus espaldas. 

Hay algo casi cómico en el empeño de Almeida, Ayuso y sus medios afines por convertir una protesta pacífica en una amenaza para el orden público mientras quienes protestan siguen organizándose y ampliando la movilización. Mientras Martínez-Almeida buscaba armas entre el pan y el hummus e Isabel Díaz Ayuso acude a los tribunales para conseguir el desalojo inmediato de la acampada de Sol, la protesta por la vivienda sigue su hoja de ruta. Este sábado las movilizaciones se extenderán por decenas de ciudades, mientras desde Sol se habla ya de una huelga general por la vivienda. Un lugar convertido estos días en espacio desde el que quienes sufren en primera persona el problema de la vivienda y la amenaza de un desahucio pueden recuperar algo de la dignidad que se les roba cuando les dicen que solo queda aceptar lo inevitable. Que no poder acceder a una vivienda, dedicar buena parte de la vida a pagar un alquiler o vivir con el miedo permanente a perder la casa es, sencillamente, lo que hay.

Es obvio que la acampada de Sol no es el problema, que el problema se llama “derecho a la vivienda”. Según una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, casi siete de cada diez personas en España apoyan limitar los precios de la vivienda, aunque eso reduzca la rentabilidad de los propietarios, posición que comparte más de la mitad de quienes votan al PP y a Vox. Entre un 70% y un 75% respalda regular los alquileres, limitar sus subidas y aplazar los desahucios de personas vulnerables. Algunas de esas medidas estaban precisamente en los decretos que PP, Vox y Junts han tumbado en el Congreso. La pregunta es retórica porque la respuesta parece bastante clara: ¿para quién gobernaría la derecha si llegara al Gobierno de España?

Cuando miles de personas, mayoritariamente jóvenes, pero no solo, se encuentran en las calles y plazas de distintas ciudades y destapan cómo sus vidas están atravesadas por el mismo problema, lo que empieza a cuestionarse es sencillamente el orden de las cosas o, dicho de otra forma, el «orden establecido». Ese orden que ha conseguido que normalicemos que tener un trabajo o cobrar una pensión no garantice poder pagar una vivienda, o que una parte cada vez mayor de nuestros ingresos tenga que destinarse simplemente a tener donde vivir (y no necesariamente una casa propia), o que una persona joven no pueda emanciparse, una mujer no pueda separarse porque no puede pagar otro alquiler, una familia pueda perder su casa o llegar a la vejez no garantice poder permanecer en el hogar de toda la vida. Ese es “el orden” que están alterando estas movilizaciones, no el “orden público” al que se refiere el artículo 21 de nuestra Constitución que protege el derecho de reunión pacífica, y que tanto empeño tienen en invocar Almeida y Ayuso.

No, no es el orden público lo que están alterando quienes acampan en Sol, se manifiestan o se organizan en sus barrios, sino un orden construido sobre relaciones de poder e intereses inmobiliarios, sobre la especulación y la avaricia –por cierto, uno de los siete pecados capitales–, que condicionan nuestras ciudades y nuestras posibilidades de vivir en ellas. Maricarmen, con 87 años y toda una vida en la misma casa, ha encarnado la historia de miles y miles de personas. Lo que ella ha tenido que vivir es la línea roja que nunca debió cruzarse y que nos ha obligado a mirar de frente una realidad en la que comprueba hasta dónde pueden llegar la deshumanización y la inmundicia de ese orden. 

Cuando una movilización consigue señalar con tanta claridad el problema, una forma de evitar hablar de él es desacreditar a quienes lo señalan: llamarles hippies, perroflautas, decir que están de botellón o presentar la acampada como un lugar sucio y peligroso. Pero la realidad es muy distinta. Estamos ante una juventud que, a pesar de que se lleva años describiéndola desde el adultocentrismo como apática, individualista, machista, atrapada por las pantallas, seducida por discursos reaccionarios o incapaz de comprometerse con nada, ha decidido organizarse, hacer asambleas, ocupar plazas y hablar de vivienda. Una juventud que no necesita que nadie la idealice ni que ahora se la convierta en la generación que viene a salvarnos (otra forma de adultocentrismo). Sencillamente, es una juventud que está ejerciendo su derecho y lo hace reclamando algo tan poco antisistema como un derecho reconocido en la Constitución. 

Quienes se movilizan desde Sol, desde las calles y desde los barrios no han venido a hacerle el trabajo a la izquierda ni a salvar a ningún partido. Mientras, a Feijóo le ha faltado tiempo para pedir hoy a Sánchez, por enésima vez, que convoque elecciones para «que hablen los españoles». Y claro que los españoles tienen que hablar en las urnas cuando sean convocados. Pero no se trata de sustituir las urnas por las calles, sino de recordar que la democracia tampoco se agota en las urnas y que la ciudadanía ya está hablando. Hablan en Sol, en las calles, en los barrios, en las asambleas y cada vez que se organizan para impedir que alguien sea expulsado de su casa. Lo que están diciendo estos días es bastante claro: la vivienda no puede seguir siendo un privilegio, es un derecho. Y defender el derecho a tener una casa es motivo más que suficiente para organizarse, protestar e ir a una huelga general. Lo es. 

Una victoria pírrica es un triunfo que se consigue con un coste tan elevado y lleno de pérdidas que en la práctica equivale a una derrota. Hubo un rey de la Antigua Grecia, Pirro de Epiro, que le dio nombre. Por pura lógica -aunque no sean tiempos de andar sobrado de ella-, PP, Vox y Junts han cometido uno de los mayores errores políticos de su vida. PP y Junts sobre todo. Dado cómo se expresan Vox y sus votantes, capaces de oír a Abascal o Figaredo como si dijeran algo con sentido, cabe dudarlo pero este caso está por ver.

Hace falta una osadía, una insolencia mayúscula, para votar contra una gran parte de la sociedad que sufre el problema de la vivienda o que comparte, por humanidad y sentido de la justicia, lo que tantos otros viven. Reírse de ellos, atacarles, incluida a Maricarmen, la anciana que angustió a medio mundo en su desahucio, y a la que han despellejado ellos y algunos de sus medios como hacen quienes esconden algo fundamental. Así se ha comportado el PP en pleno, con una Ayuso fuera de sí de forma destacada, y su colega Martínez Almeida. Han hecho el ridículo ante una ciudadanía que sabe perfectamente lo que quiere, lo que necesita y no le dan. Les pasará factura con gran probabilidad.

Es cierto que el PSOE reaccionó tarde y que hoy ha sido derrotado, pero precisamente hemos visto con rotundidad en el Congreso  el escaso margen de acción que queda cuando la mayoría de los diputados no representan a la mayoría social. A la mayoría política, sí. Pero al parecer no todos obran de forma coherente con lo que quieren obtener. El circo propagandístico ha entrado de tal forma en la vida de la ciudadanía que muchos no son capaces de relacionar hechos con consecuencias. Pero lo que han hecho este 2 de octubre abrirá los ojos de una buena parte con seguridad, apenas han disimulado, ya ni se molestan. Rechazar dos decretos necesarios y nada radicales sobre vivienda cuando los necesitan miles o millones de personas les ha desnudado de cuerpo entero. A PP, Vox y Junts.

El debate, interesantísimo, con momentos de gran altura parlamentaria y hasta de emoción, iba brindando pistas continuas. ¿A quién llamó Míriam Nogueras de Junts para cambiar el voto de su formación? Lo han preguntado Gabriel Rufián y Pablo Bustinduy. ¿A Puigdemont? El rumor -o más que rumor- nos situaría ante un PP que se vale de jueces del PP -a estas alturas no vamos a ignorar que los hay- para que el ex president regrese a España sin problemas. Es el mismo Puigdemont al que mandaron reiteradamente “al paredón”, el que rompía España. Fue Sánchez quien, por lo que fuera, se trabajó la amnistía -que ha avalado la justicia europea- y sería al que traiciona Puigdemont. Alguien ha mencionado la personalidad de escorpión, que pica porque lo lleva en su naturaleza. Creo que Bustinduy.

Ahí tendríamos la causa del voto de Junts, además de su apoyo a los rentistas. Con una Míriam Nogueras de portavoz encantada porque “quiere ser Ayuso” -le ha dicho Rufián-. Tan mala y lenguaraz como ella porque eso en Madrid funciona. En realidad, es más bien Cuca Gamarra. Pero ya veremos porque no son lo mismo los catalanes de derechas que los madrileños de derechas. Y, además, si ya no le iban nada bien las encuestas a Junts, es improbable que aumente con esto su aceptación. Más probable es que se estén cavando su tumba. Qué suciedad, qué dolor, todo esto.

El PP ha aplaudido la derrota de los decretos. Qué cuajo, con lo que implicaba para tantas personas. Salvaban en efecto a los rentistas contra los ciudadanos, porque como demuestran con más frecuencia de lo que sus votantes quieren ver, la gente les importa un cuerno, solo como trampolín para sus objetivos. Se ven ya, por fin, más cerca de La Moncloa como les dicen sus muy regalados medios. Ya veremos, porque igual es todo lo contrario. Feijóo ha quedado muy lastrado en la contienda. Y como ya va anticipando todos los derechos que se piensa cargar -hasta el de estar enfermo con un mínimo de tranquilidad para curarse- cabe la posibilidad de que sus votantes se enteren. De verdad cuesta creer que no se hayan ni inmutado con el clamor de miles de jóvenes y no tan jóvenes exigiendo pues… lo que la Constitución promete como el acceso a una vivienda digna entre otros servicios básicos.

Y qué cosas dicen. Estremece oír a sus portavoces. A ese tránsfuga navarro feliz de la altura que ha escalado. Como ha sido el último de los portavoces en intervenir, ha dicho que durante toda la mañana ha estado esperando que el Gobierno ¡pidiera perdón! Lo de Vox es inenarrable, incomprensible. Es una colección de mentiras y absurdos de principio a fin. Definitorios, sin embargo. Uno ha hablado “del lenguaje de los derechos” como algo “cursi y empalagoso”.

“En Barcelona, 16.000 personas poseen 200.000 pisos en alquiler”, decía en cambio el ministro Bustunduy, defendiendo los decretos en uno de los discursos más brillantes y cargados de datos que se recuerdan en el Congreso. “Ninguno de ustedes es una persona que tiene dos semanas para buscar un piso porque no sabe adónde ir. Ninguno de ustedes tiene miedo de que le llegue una orden de desahucio… ninguno de ustedes es el que vuelve esta tarde a casa para conocer el resultado de esta votación, ninguno de ustedes es de esas personas pero, sin embargo, van a decidir por ellas. Van a decidir qué pasa con su vida”. Sí, eso es lo que ocurre y no sería extraño que muchos ciudadanos cayeran en la cuenta.

El Congreso se ha llenado este día 2 de octubre de brillantez, rabia y hasta dolor… y de las miserias de siempre por el lado de siempre. A las puertas, miles de ciudadanos defraudados porque lo que piden es justo, lo que pide todo ciudadano con conciencia. Y no van a detenerse ni aunque Ayuso les mande a sus jueces. Porque es eso lo que parece que pasa cuando se atiende con tal celeridad cualquier petición de la presidenta de Madrid. Qué rapidez en tramitar que expulsen a los acampados de “su” plaza.

Esta vez el PSOE se ha trabajado las soluciones con los decretos. Mejor uno, decíamos. Ni partidos, lo admiten. El entramado que oponen los que pueden hacer y hacen es verdaderamente férreo, pero todavía se respetan las elecciones, creo. Si Sánchez decide convocarlas hay que volcarse en evitar que ganen los tramposos, los que recortarán derechos esenciales. Esta semana ha publicado el CIS un estudio sobre el Estado del Bienestar al que no se le ha dado relevancia y la tiene. Los ciudadanos saben lo que está pasando, parece que no qué políticas lo provocan. Puede que no tarden en enterarse. La muestra es de 6.000 entrevistas cuando lo habitual son 4.000, las de los medios apenas llegan a las 600, 1.000 como mucho.

Más del 70% se queja de la desigual aplicación de la justicia. No creen que se mantengan a la larga las pensiones como ahora. Solo el 60% piensa que la sanidad, la educación públicas y el cuidado de mayores están garantizadas para todos. Y suponen que eso empeorará. Apuestan por invertir mucho más en estos sectores y en cuidado del medio ambiente. Titulares apenas de lo que es una clara conciencia de la realidad de cuanto ocurre y lo que viene por este camino. Este camino es la derecha y la ultraderecha, máxime si son tramposas, lo que es casi su definición.

Pena y rabia por lo ocurrido con la tramitación parlamentaria de algunas soluciones para los problemas de la vivienda. Es casi imposible que esto no pase factura a sus autores. Ha sido un error descomunal, aunque al ser voluntario no puede calificarse de tal, y no debe consentirse que se convierta en una costumbre. Ya manipulan las razones que han propiciado este descalabro para la ciudadanía. Pero quienes luchan, no van a rendirse.

Y si hay elecciones inmediatas, como mínimo -de entrada- es apagar los cantos de sirena manipuladores, incluso del todo si contravienen principios fundamentales de la democracia, que está ocurriendo. Muy atentos, exigentes. Hoy toca abrazar a quienes luchan por los derechos, nada cursis -lo que hay que oir-, y limpiarse de tanta mugre como nos ha caído al seguir la sesión del Congreso.

Algunas de las reacciones y comentarios a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal y el estallido social subsiguiente se han centrado en dos ideas: el caso representaría un fallo estructural del sistema y solo habría sido posible por la “desaparición” de la política. Solo así, según esta visión, es posible entender que una anciana de ochenta y siete años, en silla de ruedas, y que había pagado su alquiler religiosamente a lo largo de setenta años pueda ser expulsada de su vivienda por una comitiva judicial, con el mandato de ejecutar un lanzamiento. La escena dantesca de los servicios médicos sacando a Maricarmen Abascal en camilla de su casa, después de la intervención policial, solo puede entenderse como un fallo, como una aberración, como algo inasumible. Un acto tan atroz que solo puede explicarse como un fallo en cadena de todos los actores, de todas las instituciones implicadas.

Lamentablemente, el caso de Maricarmen no es un fallo del sistema, ni es una constatación de la desaparición de la política. Ni lo uno ni lo otro. Puede ser muy consolador pensar lo contrario y echarle las culpas al sistema y a los políticos (algo muy habitual y tranquilizador), pero no lo es.

En primer lugar, el desahucio de una anciana impedida no es un fallo del sistema. Al contrario. Es el sistema actuando. Es el sistema haciendo sus cosas, como dirían. La actuación del juez, de la policía e incluso de los dueños de Urbagestión es completamente legal y no es la primera (y me temo que no va a ser la última) vez que esto ocurra. Como diría el padre del “milagro” español de principios de siglo: “es el mercado, amigo”. O mejor, es la versión del mercado que hemos decidido aceptar. Un mercado en el cual los inquilinos no cuentan, o cuentan casi nada delante de los propietarios, de los fondos, de todos aquellos que (legalmente) utilizan la vivienda para enriquecerse.

No ha fallado el sistema. El sistema ha actuado en el marco legal del que nos hemos dotado como sociedad y que permite cosas que, a la vista de lo que pasó con Maricarmen Abascal, nos parecen amorales e inaceptables. Nos parecen a una parte de la sociedad, no a toda. Y ahí es donde entra la política, que no se ha borrado de la escena. Al contrario, la política ha actuado en todo el proceso, y no ahora sino antes. No es verdad que se hayan puesto a trabajar ahora después de ocho años sin hacer nada. No es cierto. Propuestas para modificar el “mercado” de la vivienda ha habido algunas a lo largo de estos últimos ocho años. ¿Qué ha pasado? Pues que en el Congreso de los Diputados hay una mayoría que representa los intereses de los propietarios, frente a una minoría que querría mejorar la posición en el “mercado” de los que no cuentan con una propiedad. Los inquilinos y aquellos que buscan tener un piso.

A veces se dice que la política “desaparece” cuando en realidad queremos decir que la política no consigue realizar lo que nosotros queríamos que se hiciese, o lo que consideramos (desde nuestro punto de vista político) que es necesario hacer. En este caso, el gobierno de coalición no se ha borrado del problema de la vivienda, como se dice. Tampoco lo ha hecho la oposición, de ninguna manera.

La política es, en el fondo, la representación de intereses, que chocan los unos con los otros. Y en el caso de los sistemas democráticos, este choque se dirime en torno a las mayorías y minorías parlamentarias. En la actual legislatura existe una mayoría, que se expresa cada vez que es necesario, que representa y defiende los intereses de los propietarios, igual que se opone a la imposición de nuevos impuestos a las grandes corporaciones. PP, Vox y Junts son partidos que representan ese tipo de intereses. En el caso de la vivienda, como se ha visto no hoy sino antes, cada vez que el ejecutivo ha llevado al Congreso alguna iniciativa en este ámbito, estas tres formaciones han demostrado su coincidencia en defender a sus representados. Nada que reprochar. Es el sistema del que nos hemos dotado.

Otra cosa son los argumentos esgrimidos por unos y otros. En el PP, Feijóo no tuvo reparo (no los tiene nunca) en decir que él “no haría política” con el caso de Maricarmen, como sí hacía (a su parecer) Sánchez. Si el desahucio de Maricarmen Abascal no es política, o no incumbe a la política, entonces ¿a qué se dedica la política? ¿A qué se dedica el señor Feijóo? Según él, el desahucio de una inquilina de ochenta y siete años vulnerable ¿qué es? ¿un fenómeno atmosférico? En cualquier caso, algo que no merece, por lo que dice quien aspira a gobernar el país, que “la política” se meta. Es el mercado haciendo sus cosas. Circulen, circulen.

Las excusas de Junts son de sobra conocidas. Viene siendo habitual en este tipo de situaciones la apelación a los pequeños propietarios, los caseros humildes a los que las políticas ultraintervencionistas del gobierno central obligarían a dejar el mercado, lo cual acabaría afectando a los pobres inquilinos (como Maricarmen, ¿o ella no?), víctimas colaterales, inocentes, de las políticas gubernamentales. Este tipo de argumentos funcionan como una fina maniobra de distracción: se dice proteger a los pequeños para salvaguardar los intereses de los grandes, los grandes tenedores, los fondos, carroñeros o no, de los que no se habla, a los que no se menciona. Da igual si en los decretos el Gobierno ya se contempla la protección de los pequeños caseros. Junts sabe muy bien a quién dirigirse. Son (han sido siempre, desde antes de llamarse Junts y ser independentistas) un partido de propietarios. Han ejercido la representación de sus intereses siempre que se han promovido políticas de intervención del mercado. Bueno, no siempre. Durante la crisis apoyaron las intervenciones, pero aquellas eran de las “buenas”. Esta vez han propuesto más de lo mismo: compensaciones con dinero público, exenciones fiscales. Nacionalizaciones inversas.

Caso aparte es Vox. Si el desahucio de Maricarmen Abascal (mira que hay apellidos…) ha retratado a alguien, ese es el partido de Santiago. Su discurso de defensa de los españoles frente a los de fuera, bramado a pleno pulmón en Ceuta, se ha desmoronado ante la defensa cerrada de la expulsión de su casa de una señora blanquísima y españolísima, en las antípodas del okupa desgreñado y perroflauta, posiblemente extranjero y violento, que acostumbran a mentar cada vez que se propone una política a favor de los inquilinos. Vox es, lo ha sido desde su fundación, un partido que, debajo de su discurso y sus formas de antiestablishment y críticas a la “élite”, defiende los intereses de las clases dominantes y el statu quo. Nada que sorprenda, si no fuera que, desde hace tiempo, alguno les ha comprado la idea que sus propuestas defienden los intereses de “los de abajo”, del español currante, de los barrios populares. Pues bien, en esos barrios ya saben que en caso de desahucio a los de Abascal no les importa el color de tu piel o tu lugar de nacimiento. En el choque de intereses entre una inquilina española y unos propietarios también españoles, Vox se va a poner del lado de estos últimos. Que no les quepa duda, para Vox parece ser que hay españoles que son más españoles que otros españoles.

Maquiavelo sugería que para conservar el éxito se debe adaptar la conducta según pasa el tiempo. La agudeza del florentino señala, sin que sea esa su intención, una particularidad del campo de la ficción: un personaje, en un guion o en una novela, debe estar sujeto a un cambio, al final de la peripecia debe ser otro. En la literatura hay alguna excepción; en la política, también. 

A finales de los años noventa, siendo ya un diputado veterano, Bernie Sanders publicó sus memorias políticas, Outsider in the House [Un intruso en el Congreso], en el que augura que será muy difícil ver realizados sus sueños a lo largo de la vida. Por entonces, se situaba a la izquierda del presidente Bill Clinton. En la misma posición se enfrentó a Hillary Clinton en las primarias de 2015 y, por entonces, casi veinte años después, reeditó el libro con un leve guiño en el título: Outsider in the White House [Un intruso en la Casa Blanca]. Como el texto es prácticamente el mismo, apenas menciona a George W. Bush y a Barack Obama, pero plantea una cuestión: ¿a dónde nos dirigimos ahora? “La mayoría sigue fuera del sistema”, sostiene, “la tarea, entonces, es transformar la política para que nadie se sienta excluido”.

El libro lo escribió con Huck Gutman, un poeta y académico de Vermont que le acompaña desde sus inicios. Otro dato para entender la forja de su carácter, más cercano a la lírica que a la farsa.

Bernie Sanders nació y se crio en Brooklyn en el seno de una familia polaca que escapó del Holocausto. A través de su hermano accedió a las lecturas de Marx y Freud que comenzarían a influir en su visión del mundo. Confesó alguna vez que de niño ya era consciente de que toda la familia paterna “había sido asesinada por Hitler”. También asumió pronto que perder no era una opción: cuando lo descartaron del equipo de baloncesto en el instituto sufrió un duro golpe que superó con el atletismo. Se dio cuenta de que se le daba bien correr. Desde entonces no ha hecho otra cosa en la vida. Correr y correr, sin parar.

A finales de los años sesenta se instaló con su pareja en Vermont, en una vieja cabaña sin luz ni agua corriente. Sanders vendía anuncios, a veces trabajaba de carpintero y, de manera constante, escribía artículos políticos en The Vermont Freeman, un semanario regional de contracultura. Por entonces participaba en las reuniones del Liberty Union, un partido de izquierdas de Vermont que siempre estaba en crisis y al que durante una convención se ofreció como candidato a senador. Su única inquietud la concentró en una pregunta: “¿Qué tengo que hacer?”. Cuenta en Outsider in the House que durante una entrevista en la radio, “un ruido sordo atravesó las ondas”. Eran sus rodillas golpeando la mesa.

No era fácil la vida de Sanders, quien, por supuesto, perdió no una sino varias elecciones. Por entonces, separado y desahuciado de su casa en Burlington, vivía con un amigo, Richard Sugarman, profesor de filosofía en la Universidad de Vermont, quien cuenta que Sanders sufría por el choque entre sus ideas y el rechazo constante de las urnas. Por las mañanas, al levantarse, dice Sugarman que en lugar de darle los buenos días, le saludaba diciendo: “No estamos locos”. Al reprochárselo, Sanders insistía: “No–estamos–locos”.

Algo de razón llevaba ya que, después de abandonar el partido, en 1981 consiguió al fin su primer triunfo: ser elegido alcalde de Burlington, la ciudad más grande del estado y el primer paso firme hacia el Congreso y las postulaciones como socialista independiente (en el marco del Partido Demócrata) a las primarias presidenciales. 

Cuando Sanders alcanza la alcaldía triunfa la experiencia ya que si bien Liberty Union era un partido marginal, le descubrió, a la larga, que poseía capacidad para desarrollar habilidades en la organización partidaria, virtudes como orador en las tribunas y capacidad para atraer la atención en los sets de televisión. El paso del underground al mainstream lo vivió de manera natural 

Sanders supo leer los números, una cuestión que era más importante que tejer utopías. En 1976, en Burlington, le habían votado 1.649 personas para su postulación como gobernador. Cuatro años después, sabía de dónde procedían: distritos, clases sociales, grupos etarios... Al extrapolar los datos, la proyección era optimista. Pero hay más, lo realmente importante, y aquí el arco del tiempo hace un juego de espejos con el presente. En Burlington, para entonces, había habido un cambio de población con afluencia de estudiantes y jóvenes profesionales que produjo una crisis de la vivienda. Un choque generacional y una cuestión de clases negada por el gobierno y los propietarios dejando a los inquilinos sometidos a la intemperie. ¿Suena el tema, verdad? Su principal consigna, prometiendo una solución a los problemas de la vivienda, se centró en esa causa. Ganó por diez votos. 

Sanders repetiría cuatro veces como alcalde y dejaría de postularse por voluntad propia para optar al Congreso, entregando una ciudad que hoy está considerada entre las de mejor calidad de vida del país. Además del impulso económico, la rehabilitación de la zona costera y la gestión social, Sanders creó una organización de promoción de viviendas asequibles que ha sido una referencia a nivel nacional. 

Al decidir dar el gran salto, es decir, ingresar al Partido Demócrata al frente de una corriente socialista enfrentando al sector más conservador, y plantar cara a Clinton, en las primarias de 2015, abre una posibilidad de cambio que incluso le sorprendió a él mismo. Cuando plantea en su libro que no cree poder ver en vida sus sueños, nada hace presagiar que el segundo triunfo de Trump llevaría a una vía muerta a las demás opciones demócratas.

La virtud, que incluso asombra, es que su huella vital ha sido recogida por la nueva generación de políticos socialistas como Zohran Mamdani, Alexandria Ocasio-Cortez Abdul El-Sayed. La elección de Mamdani, si se deja de lado el entorno virtual, es el mismo modelo de trabajo de base que triunfó en 1983 en Burlington.

Cuando en 2015 Politico quiso hurgar en la vida privada de Sanders, se topó con un muro. Cuando le preguntaron, entonces, al portavoz de la campaña de Sanders, Michael Briggs, mediante correo electrónico, si había algo, que en su opinión, Politico debería saber, dijo que sí. Esta fue la respuesta: “La clase media se está desmoronando. La desigualdad de ingresos y riqueza es mayor ahora que en cualquier otro momento desde antes de la Gran Depresión. Los estadounidenses trabajan más horas por salarios más bajos, y están enfadados. Ese tipo de cosas, deberían saberlas”.

Esta era la consigna de Sanders en Liberty Union. Sigue siendo la misma, en las tribunas de Fighting Oligarchy (Lucha contra la oligarquía), donde junto a Alexandria Ocasio-Cortez recorre el país y señala a los tecnoligarcas que acompañan a Trump, con la misma fuerza que lo hacía en 1974 culpando al clan Rockefeller de buena parte de los problemas de Estados Unidos. A esa causa habría que incorporar el Ban Artificial Superintelligence Act [Ley de Prohibición de la Superinteligencia Artificial], una herramienta política que propone congelar el desarrollo de la IA hasta que el organismo regulador federal apruebe la normativa correspondiente. Sanders acaba de presentar el proyecto en el Senado y Greg Kasar, demócrata de Texas y presidente de la Coalición Progresista en el Congreso, lo ha hecho en la Cámara de Representantes. 

George Smiley quizás sea un personaje literario cuyo carácter inmóvil se asemeje al suyo. Puede que la comparación, además, parezca antitética. Pero Smiley, el espía de John le Carré, jamás, a lo largo de la saga, se apartó de una visión escéptica que construyó mirando detrás del telón de acero y a su propio bando, sin terminar de tener claro cuál era el lado bueno de la Guerra Fría. Cambiaba, sí, a lo largo de las páginas, la conducta de un topo de la inteligencia británica e incluso, en la última entrega, mutó Karla, la némesis soviética de Smiley. Él, nunca.

Bernie Sanders tampoco. Tiene una única mirada del mundo. 

Lo que parecía una frase hecha al final del tuit con el cual Pedro Sánchez había reaccionado ante la decisión de Junts de votar no al decreto diseñado para que votasen sí, ha resultado ser la pura realidad. Suele pasar con los tópicos; por eso lo son. Tantas veces hemos vaticinado durante esta legislatura estar ante un momento decisivo que alguna teníamos que acertar. Era la hora de la verdad.  

La narrativa que ha permitido continuar a este Gobierno contra viento y marea se ha derrumbado con el mismo estrépito que los dos decretos de la vivienda. No era, explicaba el presidente siempre que podía, mantenerse en el poder por mantenerse en el poder. Tampoco para impedir que gobernase otro. Se aguantaba en la Moncloa para tomar decisiones y poner en marcha políticas que mejoraban la vida de la gente. Este Gobierno y sus políticas marcaban la diferencia porque ni todos son iguales ni da igual que gobierne uno o gobierne otro.

Ni decisiones, ni políticas. Ni siquiera con el momento emocional y social que había generado el desahucio de Maricarmen le dan los votos a Pedro Sánchez. La narrativa que más legitimidad le daba a este Gobierno ya no está disponible. Puede que sea culpa de la malvada derecha. Pero eso es un consuelo, no un argumento. 

En la decisiva votación de los decretos lo de menos era la crisis habitacional, proteger a las familias o dar seguridad a los pequeños propietarios. Eso es malo para los negocios y aquí se viene a hacer buenos negocios. El PP y Vox ni siquiera se han tomado la molestia de argumentar mínimamente su voto. Ya sabemos todos a qué están la derecha y la ultraderecha, esa pareja feliz. El único inquilino que les preocupa es Pedro Sánchez y el único desahucio que les quita el sueño es el de la Moncloa. 

Las razones de Junts para cerrar la ventana que ellos mismos habían abierto hace una semana sin que nadie se lo pidiera tampoco tiene mucho que ver con la vivienda, pero resultan bastante más desconcertantes. Puede que Junts quiera un adelanto electoral, puede que Carles Puigdemont anhele ajustar cuentas por su alquiler en Waterloo, puede que les pueda el miedo a la irrelevancia mientras les sorpasa Aliança Catalana, incluso puede que no sepan lo que quieren. Tampoco importa demasiado. El daño ya está hecho. 

Una derrota no es una oportunidad, tampoco una ventana; una derrota es una derrota. Harían bien en Moncloa en no consolarse con frases de terapia y aterrizar en la realidad. La gente que se ha movilizado estos días quería soluciones, no elecciones. Ir a las urnas puede que arregle el problema de Pedro Sánchez, pero ninguno de los suyos. A la decepción de ver cómo sus esfuerzos han acabado en una derrota que no se esperaban, no conviene sumar el hipotético enfado por sentirse utilizados en un juego electoral. 

Hay reveses parlamentarios que pueden acabar siendo victorias políticas. La derrota del Gobierno hoy en el Congreso, al ser tumbados los dos decretos de vivienda, puede ser una ocasión inmejorable para que Pedro Sánchez vuelva a poner a prueba sus virtudes como malabarista electoral, como sucedió en 2023. Junts ha votado con PP, Vox y UPN para tumbar las medidas. Pero lo importante no es quién ha ganado o perdido en el Congreso; es el horizonte electoral que se abre.

Porque esta semana la vivienda ha dejado de ser solo una emergencia social para definir un nuevo terreno de juego donde visualizar un modelo distinto de entender y hacer política. No en el futuro, sino ahora. No en un programa electoral, sino en el BOE. La política pública ha salido del papel y ha entrado en la vida cotidiana. 

Y aquí aparece un ingrediente electoralmente clave: la vivienda es una de las pocas cuestiones capaz de atravesar el telón de acero que separa la política española en dos bloques irreconciliables. El 67,5% de los españoles apoya limitar los precios del alquiler. También lo hace el 56,5% de los votantes del PP y el 55,2% de los de Vox. El 82,4% respalda ampliar la vivienda social y el 79,7% dar ventajas fiscales a pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles. La vivienda es ya el segundo problema que más preocupa, solo por detrás de la inflación.

La derecha española se ha pasado toda la legislatura enarbolando el espantajo de la ocupación. Es decir, poniendo todo el foco en el propietario. Pero ahora el debate se ha desplazado hacia el alquiler, la emancipación y el miedo a perder la casa, lo que resitúa el núcleo del problema en los inquilinos, los hipotecados y la cada vez más ingente masa que no puede aspirar ni siquiera a ser ni una cosa ni otra.

Eso ha obligado a PP y Vox a recolocarse tan deprisa que han cometido errores de bulto que ahora el PSOE puede aprovechar: Feijóo ha prometido derogar decretos que protegen los derechos de los arrendatarios y fía su contrapropuesta al aumento de la oferta, la movilización de suelo y la construcción un millón de viviendas. Vox comparte parte de ese discurso, pero sitúa la inmigración en el centro de su explicación. 

Dos partidos que según casi todas las encuestas sumarían 200 diputados y que habían encontrado en la inmigración —con la crisis de Ceuta como símbolo— y la corrupción sus principales ejes de oposición, se han descentrado de improviso. Si para Abascal el problema se llamaba “Morocarmen”, para Sánchez Maricarmen es el nombre de un cisne negro. 

Pero hay otra dimensión. La vivienda puede ayudar a recomponer una izquierda estatal fragmentada y con problemas de movilización. PSOE, Sumar y Podemos comparten un electorado para el que este asunto es vital y urgente. Aunque la preocupación por la vivienda atraviese los bloques, será difícil que aliente trasvases de votos, pero puede fraguar y cimentar un espacio, el de la izquierda, que en las encuestas aparecía disperso, agrietado y desmovilizado.

Hasta ahora, buena parte de la polarización afectiva ha movilizado a la derecha desde el miedo, el rechazo, la indignación o la ira. El imprevisto giro de guion de la vivienda ha despertado otra emoción: la esperanza. Y para ponerse del lado de esa esperanza, el PSOE se ha visto obligado, sin enmendar el diktat neoliberal del libre mercado, a alinearse con propuestas que hacen partidos y líderes situados a su izquierda. En Berlín, Die Linke colocó los alquileres en el centro de su campaña. En Nueva York, la asequibilidad y el coste de la vida fueron elementos centrales del mensaje de Zohran Mamdani. No son modelos trasladables sin más, pero muestran cómo un problema cotidiano puede convertirse en un eje de movilización.

Y aquí aparece la cuestión decisiva: el tiempo.

El Gobierno se enfrenta a numerosos frentes: la inmigración, la corrupción y una inflación que aumenta por los problemas en las cadenas de suministro Problemas que pueden volver a dominar la agenda y que, en buena parte, dependen de una coyuntura internacional que Moncloa no controla. Esperar hasta el verano de 2027 significa dejar que ese escenario pueda seguir empeorando y dejando al gobierno sin capacidad de respuesta. Poco o nada puede hacer Sánchez en Ormuz o en Ucrania.

¿Por qué, entonces, esperar a 2027 si esta ventana puede cerrarse en unos meses? El adelanto electoral ha dejado de ser solo una hipótesis de tertulia para entrar en el terreno del cálculo político, con una derecha descolocada de repente y con un Junts que puede haber medido mal su apuesta: la fotografía que puede salir hoy del hemiciclo del Congreso —PP, Vox y los siete diputados de Puigdemont votando juntos contra los decretos— puede suponerle un elevado coste electoral en Catalunya, donde Aliança le disputa el flanco identitario y el PP su base social de botiguers, tan crucial para sostener a CiU tantas décadas.

Cuando todo parecía conducir la campaña hacia la inmigración, la corrupción y el miedo, ha aparecido un tema capaz de hablar de reorientar el problema seguridad hacia un lugar que no favorece tanto a la derecha española ni catalana: la seguridad de tener una casa, sea en alquiler o en propiedad, de poder pagarla y de no perderla.

A veces, en política lo decisivo no es saber qué tema va a centrar la campaña. Es cuánto tiempo tienes para convertirlo en una baza electoral en un mundo como el actual, exaltado y sobresaltado, donde el foco de atención mediática y pública cambia casi cada semana.

En El pisito, esa novela de Rafael Azcona que luego fue llevada al cine, se cuentan las desventuras de Rodolfo y Petrita, una pareja de novios desesperados por casarse que no encuentra dónde vivir, hasta que idean una solución: que el hombre contraiga matrimonio con su casera, Martina, una anciana –en teoría– cercana a la muerte, para poder heredar pronto su alquiler de renta antigua. Hoy en día, incluso esta rocambolesca situación fruto de la imaginación franquista nos parecería inviable, pues ya hemos comprobado qué puede ocurrirles a esos contratos de antaño a raíz del desahucio de Maricarmen –por más que su caso se haya saldado con la recuperación del hogar–.

Las movilizaciones en las calles han conseguido convertir a esta mujer en la heroína de una causa que interpela a muchas personas, y lograr la redacción rápida de dos decretos con los que se habría aplicado un analgésico a una de las grandes heridas de este país. Sin embargo, la negativa de Junts a aprobar alguno de ellos –incluso el considerado blando– o ambos ha trastornado, una vez más, los objetivos de un gobierno al cual se culpa de la crisis, aunque comparta la responsabilidad con ayuntamientos y comunidades autónomas. Ni para casarnos con el casero hemos quedado, podría decirse, mucho menos para atenuar los horrores de la dolencia. Junts se ha plantado y, con ello, el drama continúa, muy próximo a desbordarse.

Entender la lógica del partido independentista pasa por revisar nuestra historia dictatorial, pero también la reciente. En el armario de olor al alcanfor habitan las aspiraciones de una clase media cada vez más depauperada, el éxodo rural y el hacinamiento en chabolas a lo largo y ancho de las periferias urbanas, así como el viejo sueño de pasar a ser –una vez aniquilada o exiliada la oposición– un país de propietarios y no de proletarios.

La onírica ambición que marca el siglo XX patrio fue asimilada, ya en democracia, por un amplio espectro político que entendió la vivienda como derecho, pero no puso trabas a la especulación ni supo imaginar alternativas factibles más allá del pisito, como las cooperativas, la implementación generalizada del alquiler social o, simplemente, preservar el parque de vivienda pública en lugar de permitir su salida al mercado. Mucho menos se atrevieron a regular el turismo. Al fin y al cabo, los hijos de la Transición fueron también los del neoliberalismo. Y esto, si bien ahora nos eriza la piel, forma parte de un inconsciente colectivo cuyo arraigo es difícil de desmantelar; al contrario que en otras naciones, la casa propia ha constituido el eje vertebrador de la identidad española, el principal activo de las familias, fuente de prestigio y orgullo –y luego, claro, la parcela, el campito o el chalé en la playa–. 

Si aceleramos el reloj y lo situamos en la Cataluña posterior al procés, hallaremos la cristalización de ese proyecto en la defensa acérrima que efectúa Junts de los propietarios. El control de precios en las zonas tensionadas –que declara la comunidad autónoma, no lo olvidemos–, la prolongación de los contratos de alquiler durante dos años, o la protección del inquilino frente a los desahucios no parecen ser medidas que convenzan a la derecha que conforma su electorado y, en consecuencia, se han rechazado los dos textos legales de un plumazo. ¿A quién sorprende este posicionamiento? Sus votantes no se encuentran desgañitándose en ninguna plaza; al mismo tiempo, esa decisión puede ayudarles a conquistar terreno frente a Aliança Catalana mediante el debilitamiento de una coalición progresista cada vez más asediada desde múltiples flancos –ya se lo agradecerá, tal vez, el gobierno que venga–. Para el PSOE, especialmente, el repudio de los de Puigdemont y Nogueras es devastador, y no solo porque les impide apuntarse un tanto legislativo: si continúa leyéndose esta herida en clave presidencial, no les servirá la estrategia de dejar que los otros “se retraten”, como han anunciado algunos de sus miembros. 

Es complicado predecir qué ocurrirá en la actual tesitura funambulista. El decreto blando, un primer paso para instigar la cicatrización, posiblemente sea rebajado aún más; el descontento tiene visos de seguir aumentando y podría transformarse en una huelga general que se sumaría a otras tensiones como la generada en Ceuta; y el mantra aspiracional del pisito comprado no se va a desvanecer en un país cuya historia está ligada al suelo desde tiempos inmemoriales. De hecho, según datos del Ministerio de Derechos Sociales, los hogares propietarios son casi el 64%. Aunque la cifra ha caído desde el 79% del año 2008, en muchos de ellos, ¡ah!, se vota a las izquierdas. Mientras tanto, los inquilinos son el 19%. No obstante, debajo de los números late un malestar moldeado por las más diversas teselas: la angustia de los jóvenes al no poder independizarse; la percepción de proyecto de vida fallido frente a las facilidades que les son otorgadas a los turistas para disfrutar de nuestras ciudades –tal vez, el verdadero gran reemplazo–; la inmoralidad socialmente atribuida al rentismo y la acción de los fondos de inversión; o, directamente, la extinción del barrio tal y como lo hemos conocido: con su tejido afectivo y su comercio local. En otras palabras: está en juego la noción misma de vivir, en comunidad y sintonía con un mínimo de dignidad.

Junts no debería haber tumbado esos dos decretos, pero es que jamás deberíamos haber llegado a generar la herida. Tampoco fue buena idea querer casarse con el casero o, quién sabe –habría dicho Pasolini–, perder el alma de proletario. 

Las imágenes de la llegada masiva de personas migrantes desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026 se han asociado a la palabra “crisis.” La tragedia de los fallecimientos en el mar, las tensiones por la permanencia en la ciudad de los recién llegados y la percepción de inmovilismo estatal proyectaron un marco de aparente incapacidad y falta de preparación. Al examinar la situación, emergen preguntas sobre la construcción de este suceso como una crisis: ¿hablamos de una crisis migratoria por el volumen de llegadas, de acogida por la respuesta institucional, o del modelo de gestión de las fronteras? ¿De una crisis geopolítica que aviva la pugna partidista española? ¿O de la incapacidad de coordinar una respuesta cuyo propio contenido y modelo están en disputa?

Una crisis es, por definición, la construcción social de una amenaza que genera un sentido de urgencia respecto a su resolución. En este contexto, la ciudadanía mira especialmente al Estado y a sus representantes como los gestores de la solución. En el ámbito de la migración, la crisis ha estado presente casi de forma permanente. Basta con revisar la hemeroteca para encontrar la “Crisis Europea de los Refugiados de 2015”, la “Crisis de la Valla de Melilla” o la “Crisis de los Cayucos”, entre otras. Gestionar este escenario sitúa la migración en lo que estudiosos de la política pública denominan una controversia política intratable: un problema cuya definición y solución generan un intenso conflicto que dificulta la cooperación entre actores gubernamentales, políticos, y sociales.

Hablar de la crisis de Ceuta conlleva un componente de intratabilidad. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿puede una ciudad como Ceuta estar preparada ante un escenario de esta magnitud? La respuesta abarca cuatro ejes: la definición de la crisis, la construcción y movilización de capacidades, la coordinación vertebradora y la delimitación entre la arena política y la operativa.

En primer lugar, ¿de qué tipo de crisis hablamos? Pese a su naturaleza multicausal, la realidad para Ceuta es que este episodio desencadenó una crisis humanitaria de grandes proporciones. Más allá del ruido político y mediático, calificar el suceso así obliga a definir con claridad la amenaza ante la que debíamos prepararnos: no la constituyen las personas que llegan —tras trayectorias de alto riesgo vital—, sino la incapacidad institucional para responder con agilidad a una llegada masiva. Es esta falta de respuesta la que tensiona la capacidad local para acoger, proteger, prestar servicios y garantizar tanto el debido proceso como el derecho de asilo. A esto se suma una dimensión temporal ineludible: sabemos cuándo inicia una crisis, pero no cuándo concluye.

En segundo lugar, es imposible estar completamente preparado ante una crisis difícil de predecir en magnitud y momento. Esto plantea un interrogante clave: ¿qué significa estar preparado ante futuros episodios? El estudio del proyecto MunMigra —financiado por el Plan Nacional de R+D+i— analizó las respuestas municipales hacia la población migrante durante la COVID-19. Los hallazgos mostraron que contar con infraestructuras asistenciales previas (planes, programas y presupuestos), experiencia acumulada y redes consolidadas en el territorio facilitó respuestas más proactivas y cercanas a la población migrante. En definitiva, la preparación no exige disponer de un sinnúmero de recursos en espera; implica contar con capacidades latentes que puedan activarse, reorganizarse y escalarse con rapidez cuando la situación lo exija.

En tercer lugar, la preparación exige coordinación: la capacidad de actores centrales, como las administraciones públicas, para articular acciones conjuntas, complementarias y diferenciadas. Esto implica movilizar recursos, intercambiar información y crear espacios de cooperación que gestionen conflictos. En definitiva, coordinar responde a dos preguntas: ¿quién hace qué y cómo? En Ceuta, responderlas es complejo por el reparto competencial: el Gobierno central gestiona fronteras, extranjería y asilo, mientras que la Ciudad Autónoma asume servicios sociales y protección de menores. Las primeras semanas de la crisis evidenciaron la necesidad de articulación multinivel: Ceuta reclamó mayor presencia estatal, mientras el Estado desplegó recursos de diversos ministerios. Si bien el 25 de agosto el Gobierno creó un “mando único” para coordinar las actuaciones, este se hizo principalmente bajo una lógica de control y contención fronteriza al declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional.

La experiencia de la COVID-19 ilustra los retos que plantea la coordinación. El proyecto MunMigra mostró que, durante los dos primeros años de la pandemia, los ayuntamientos percibieron que la cooperación con los gobiernos autonómicos y, especialmente, con el Gobierno central para atender a personas migrantes fue moderada. En cambio, destacaron una alta colaboración con la sociedad civil local producto de un papel complementario en momentos de crisis. La lección es clara: no basta con conocer formalmente quién tiene cada competencia; prepararse implica disponer de relaciones de colaboración que permitan saber quién hace qué sobre el terreno, qué recursos se movilizan y con quién colaborar.

Por último, la preparación debe considerar el entorno político en el que la respuesta se desarrolla. Estudios sobre la denominada “crisis de los refugiados” de 2015 ya nos indicaban que, en el caso de la Unión Europea, la capacidad de implementar respuestas sobre el terreno dependía del espacio político existente para desarrollarlas. Prepararse implica asumir que la migración suele sufrir una intensa politización e instrumentalización. Esto no significa pretender eliminar el conflicto, sino distinguir entre la discusión política y los espacios técnicos de coordinación, los cuales necesitan protección institucional para funcionar. La preparación no elimina la discrepancia política, pero debe tenerla en cuenta para construir un nivel operativo que permita desplegar la respuesta cuando sea necesario.

En conclusión, este episodio nos enseña que los distintos actores –estatales y no estatales – de la gobernanza migratoria no tienen por qué predecir la próxima crisis. Sin embargo, sí deben construir capacidades locales que permitan responder de forma ágil y humanitaria cuando las previsiones fallen: un proceso gradual y acumulativo que requiere tiempo y continuidad institucional.

^{[1] Nota: Este texto forma parte de las actividades de difusión de los proyectos de investigación MUNMIGRA (PID2021-129092OA-I00/MICIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER,UE) y GLOCALMIC (CNS2024-154755), financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER,UE).}

Junts bajó el dedo pulgar. El partido independentista catalán tenía la llave para que saliera adelante al menos uno de los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno, pero este jueves ha sentenciado que no apoyará ninguno. Ni siquiera el blando, el que muchos, comenzando por el presidente Sánchez, pensaban que respaldaría así fuera sin gran entusiasmo. Los de Puigdemont han hecho sus cuentas, han analizado los pros y los contras, y han decidido dar la espalda al clamor de cientos de miles de ciudadanos, particularmente jóvenes, para los que el derecho elemental de tener un techo se ha convertido en un calvario.

Junts, como cualquier partido, tiene un compromiso con sus electores, y una masa considerable de estos son pequeños y medios propietarios de bienes, particularmente inmobiliarios. Pero quien lea sin prevenciones el texto del decreto blando difícilmente llegará a la conclusión de que constituye un atentado contra la propiedad privada. Es cierto que pretende dar más estabilidad a los inquilinos y previene las subidas codiciosas de los alquileres, al menos en un horizonte de cuatro años, pero al mismo tiempo ofrece algunas interesantes concesiones impositivas a los caseros si rebajan un 5% los alquileres y les cubre las espaldas ante situaciones de impagos en determinadas circunstancias. Hay otras medidas, como la prohibición a los grandes fondos de comprar inmuebles por menos del 70% de su valor de tasación, que sectores de Junts podrían considerar como una inaceptable intromisión del Estado, pero, seamos serios: si esos fondos compran a un 71% del valor, también harán un jugoso negocio. Quien debería enfadarse es más bien la izquierda, que reclamaba una mano mucho más dura contra esos pulpos inmobiliarios.

La decisión de Junts hay que analizarla en clave de supervivencia política. El partido se encuentra en momento muy complicado, con unas encuestas desfavorables y un adversario, Aliança Catalana, que le está comiendo terreno por la derecha. Aprobar sin más el decreto le daría alas al partido de Orriols para presentarse como el verdadero garante de las clases medias catalanas frente a un Junts débil “entregado” al Gobierno central. Pero, al mismo tiempo, no aprobarlo puede llevar al presidente Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones en un momento en que aún está en el aire la aplicación de la amnistía a Puigdemont y otros dirigentes independentistas. Junts se colocaria además a contracorriente de lo que los alemanes denominan zeitgeist, el espíritu de la época: un malestar cada vez mayor en la sociedad por las dificultades económicas que soporta buena parte de la población y, en particular, por los precios desorbitados de la vivienda. Malestar que ha estallado a raíz del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con un 50% de discapacidad.

Con su decisión de rechazar los decretos, Junts se alinea inevitablemente en el bando del PP y Vox, y ello le puede pasar factura en parte de su electorado menos incondicional. Quizá en ese sentido hay que interpretar su lenguaje al anunciar su no a los decretos. No los rechazó con rotundidad, sino que invitó al Gobierno a retirarlos y presentar con celeridad un nuevo texto para corregir algunos aspectos que, en su opinión, provocarían el “efecto contrario” de lo que se busca. Junts intentaba encontrar la cuadratura del círculo: demostrar a sus electores que defiende sus intereses, cerrando a la vez el paso a su rival Aliança Catalana, y al mismo tiempo pedir al Gobierno algunos retoques que le permitan salvar la cara y librarse de coincidir con PP y Vox en la votación de un tema de tanta sensibilidad social.

Pero, minutos después de que anunciara su decisión, el Gobierno le respondió que ni hablar, que este viernes presentaría los dos decretos para que todos los partidos se retratasen en la votación. De modo que, salvo sorpresa de último momento, el partido de Puigdemont quedará en la foto junto a la derecha y la extrema derecha españolas. Y esa imagen estará fresca en la memoria de los electores si el presidente del Gobierno convoca comicios anticipados con el cálculo, o al menos la esperanza, de que la furia por el rechazo de los decretos movilice a los votantes progresistas. Una movilización que ganaría en ímpetu si, como prevén las encuestas, Trump sufre una derrota en noviembre en las elecciones del Congreso y de un tercio del Senado.

Junts ha apostado. Lo ha hecho en contra de la marea de indignación popular desatada por el drama de la vivienda. Y, quizá, en contra de sí mismo.

Hay una pregunta que rara vez se formula cuando hablamos del alquiler en España: ¿por qué el inquilino que cumple puntualmente con sus obligaciones puede perder su vivienda por la sola voluntad de la persona o empresa que se la alquila? La pregunta parece extraña porque hemos dado como natural que los contratos de alquiler tengan una fecha de caducidad. Cinco años si el arrendador es una persona física, siete si es una persona jurídica. Tras ello llega el momento en que el propietario puede recuperar la vivienda aunque el inquilino haya venido pagando, haya cuidado el inmueble y no tenga otra alternativa. 

Es más, el contrato que durante años estuvo sometido a un régimen de cierta estabilidad pasa a convertirse en un vínculo jurídicamente débil, agonizante, por el mero transcurso del tiempo y al final se sitúa en eso que llaman “tácita reconducción”. El inquilino puede pasar diez, quince o veinte años viviendo en la misma casa y, sin embargo, jurídicamente permanece sometido a la posibilidad de que la relación termine por una decisión del propietario sin motivo alguno. De hecho, puede decidirlo caprichosamente, incluso para especular, sin que el ordenamiento establezca ningún límite. Esa asimetría explica la asfixia que sufren los hogares inquilinos: cuando la renovación depende de la voluntad del propietario, esa incertidumbre se convierte también en poder negociador, especialmente en zonas tensionadas.

Si aplicáramos la situación al ámbito laboral, sería como un contrato de trabajo que por el transcurso del tiempo se va fragmentando en lugar de tender a su estabilización. Un contrasentido. Salvando las distancias, los inquilinos en tácita reconducción son como los interinos de la administración pública, precarios a pesar de llevar años trabajando en el mismo puesto; precarios a pesar de llevar años pagando puntualmente una renta por la misma vivienda.

Hay que revisar esta lógica precarizante si queremos abordar el problema de fondo de la inestabilidad de los alquileres. No se trata simplemente de discutir si cinco o siete años son suficientes, ni de ampliar indefinidamente los contratos actuales. El debate de fondo es otro: si el alquiler constituye la vivienda habitual de una persona o una familia, ¿debe bastar el mero transcurso del tiempo para justificar su extinción? 

La alternativa es avanzar hacia un sistema de contratos renovables automáticamente por períodos sucesivos —por ejemplo, de cinco o siete años— en el que la continuidad fuese la regla y la extinción, la excepción. El arrendador podría recuperar la vivienda cuando concurriera una causa legalmente establecida: impago, incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, necesidad real y acreditada para sí o para determinados familiares, o aquellas otras circunstancias objetivas que el legislador considerase legítimas. Pero no simplemente porque haya llegado una fecha.

Si lo comparamos con el Derecho laboral se entiende bien. En España no existe el despido libre, al menos no sin indemnización, y el cese en el contrato de trabajo está sometido a diversas garantías por pérdida del empleo. Nadie diría que un trabajador que ha cumplido correctamente sus obligaciones debe abandonar su puesto simplemente porque han transcurrido cinco o siete años desde que comenzó a trabajar. La estabilidad no significa que el contrato sea eterno sino que su terminación necesita una razón jurídicamente reconocible, derivado del derecho constitucional al trabajo y la dignidad de las personas trabajadoras (art. 35 CE).

¿Por qué no puede existir una lógica semejante en el alquiler de vivienda habitual? Para una familia inquilina, el contrato de vivienda organiza una parte esencial de su existencia: allí vive, se escolarizan sus hijos, establece sus relaciones familiares, construye su vecindad y desarrolla su vida cotidiana. El artículo 47 de la Constitución obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. la Ley 12/2023 ha incorporado expresamente al ordenamiento una concepción de la vivienda que desborda su consideración como simple activo económico y apuntala la función social de la propiedad de la vivienda.

Igual que el Derecho Laboral ha construido mecanismos para evitar que la parte más débil quede sometida a la pura voluntad de la otra, el Derecho a la Vivienda puede avanzar hacia una estabilidad contractual fundada en causas y no exclusivamente en plazos. De aquí se deduce de forma natural el principio “in dubio pro inquilino”, como expresión de un principio informador de todo el ordenamiento:

Lógicamente, un sistema de renovación automática no puede convertirse en un derecho absoluto del inquilino a permanecer indefinidamente en cualquier circunstancia. El propietario conserva derechos legalmente protegidos y debe poder recuperar su vivienda cuando exista una causa legítima. La cuestión es mover el centro de gravedad del sistema: del derecho a no renovar al derecho a la renovación automática salvo motivos legalmente tasados.

Esta es una de las reformas estructurales que necesita el alquiler en España. No para convertir al propietario en un mero espectador de su propiedad, ni para hacer eternos todos los contratos, sino para instaurar un sistema constitucionalmente coherente bajo una regla sencilla: contrato renovable, extinción causal. Cinco o siete años pueden seguir siendo períodos razonables de revisión, siempre que no sean fechas de expulsión automática. Cuando el inquilino cumple y necesita permanecer, la continuidad debería presumirse; cuando el propietario quiera poner fin a la relación, debería acreditar una causa. 

La enorme movilización social que ha despertado el caso del desahucio de Maricarmen nos está llevando a revisar, con una mirada más lúcida, las relaciones de alquiler que hasta ayer asumíamos como inamovibles. Aunque sea con décadas de retraso, constitucionalicemos el alquiler. 

Por veinticinco pesetas la respuesta, díganme formas despectivas para referirnos a los acampados por la vivienda. Un, dos, tres, responda otra vez: perroflautas de Decathlón… Pijiprogres… Burgueses de perro y flauta… Chikipark en Sol… Rentistas de las desgracias… Revolucionarios chic… Los de la batucada… Keli borroka… El circo del Sol… Asamblea de facultad… Activistas profesionales… Maricarmen y sus muñecos… Maricarmen y sus perroflautas… Saltimbanquis con Macintosh…

No falla: en cuanto una protesta saca los pies del tiesto y no se limita al ritual de manifestación ordenada, comunicada a la autoridad y disuelta a su hora, no tarda en florecer el ingenio verbal de la derecha política y mediática, todos a una. Estos días las tertulias televisivas, columnas y ruedas de prensa son un festival del humor, a ver quién la dice más graciosa. Las del primer párrafo son solo una pequeña muestra. Aliña todo con unas pocas anécdotas elevadas a categoría (las clases de yoga, las cartas a Maricarmen, las quejas por los campanazos del reloj de madrugada…), unas cuantas insidias personalizadas (que si un portavoz del sindicato es de buena familia, que si tal artista que los apoya tiene varios pisos…), y ya de paso un montón de bulos y vídeos creados con IA. Agítese bien antes de servir.

Ah, espera, ponle también unas gotitas de defensa compungida de la Puerta del Sol, que debe de ser el espacio público más maltratado de España, inhóspito, lleno de cachivaches, más feo a cada reforma, y casi siempre ocupado por actos publicitarios, institucionales, deportivos y manifestaciones, sin que nadie se queje; pero basta que acampen unos pocos para que los acusen de vandalismo, de perturbar la vida de los tranquilos ciudadanos y hundir a los comerciantes. Y todavía falta el comodín de ETA, ya llegará.

La estrategia sigue siempre dos vías paralelas que podrían parecer contradictorias: por un lado, los de Sol son unos niñatos privilegiados y ociosos que juegan a revolucionarios de salón; por otro, son peligrosos y violentos, almacenan cuchillos y adoquines. Son unos tontainas de batucada y asambleíta, son un grave problema de orden público. No dan un palo al agua, algo malo están tramando. Dan risa, dan miedo. Ni caso, ojo con ellos. Es decir, los “vagos y maleantes” de toda la vida.

El problema es que defienden el derecho a la vivienda y señalan a los rentistas, claro; pero más allá del contenido concreto de su lucha, lo inaceptable es que protesten y lo hagan fuera de los cauces aceptados por quienes siempre han sentido pánico y aversión por la protesta ciudadana, los mismos que en tiempos proponían crear un “manifestódromo” en las afueras para no causar molestias y cortes de tráfico. Bueno, salvo cuando la protesta es en Ferraz y con violencia y cánticos fachas, que entonces no molesta tanto.

Nos lo tomamos a chiste, pero no tiene ninguna gracia, porque los tiempos no son ya los de aquel 15M. Hoy dar la cara tiene el peligro de que te la acaben partiendo, con una ultraderecha cada vez más agresiva, que estos días merodea Sol para provocar, y amenaza con echar a hostias a los acampados. Sabiéndolo, hay medios dedicados a criminalizar la protesta, deshumanizar a sus participantes y poner en la diana a miembros del Sindicato de Inquilinas. Qué risa.

Estos días se han publicado varios reportajes sobre “la otra vida de Maricarmen”, como si se tratara de una criminal de guerra en busca y captura. Según algunos vecinos de Retiro, pasaba las tardes en el bingo, tenía “malas formas” y dejaba “compras a deber” en las tiendas del barrio. Su primer casero ha hecho también una especie de gira descalificativa por distintos medios para contar que Maricarmen era “insoportable, retorcida, le molestaban los niños, el ruido, la calefacción, todo”. Solo le ha faltado añadir que es de esas que, cuando llueve, caminan bajo los soportales con el paraguas abierto, acaparando toda la sequedad disponible. 

Supongamos que es verdad todo esto. Supongamos que Maricarmen no es la persona más simpática del planeta y es una de esas vecinas gruñonas y agrias que existen por decreto en cada bloque de viviendas. Supongamos que, además, es tacaña. ¿Qué tiene que ver eso con su desahucio? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver con lo que miles de personas reclaman estos días en la calle? ¿Desde cuándo un derecho recogido en la Constitución depende del carácter de quien lo invoca? El artículo 47 establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. No dice “solo los españoles de buen carácter y mejor ánimo” tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. A nadie se le ocurría decir que una persona antipática no se merece votar, ¿no? 

El criminólogo noruego Nils Christie publicó en 1986 un ensayo breve y muy citado llamado ‘La víctima ideal’. Según su tesis ser víctima no es solo algo que te pasa, es un estatus que los demás te conceden o te niegan, y para concederlo a la primera la sociedad espera que se cumplan ciertas condiciones. La víctima tiene que ser débil, mayor, enferma o muy joven. Tiene que estar haciendo algo respetable cuando ocurre la desgracia. Y tiene que estar situada en un lugar desde donde nadie pueda reprocharle nada. Como Maricarmen encajaba, sobre el papel, en ese molde de Christie de víctima ideal (mujer mayor y enferma) hacía falta sacarla del molde para anular de ese modo la legítima reivindicación que rodea su caso. La clave es que en cuanto la víctima deja de ser ideal, el agresor o la persona que está cometiendo el acto moralmente cuestionable deja de parecerlo también.  

La cuestión es que Maricarmen podría ser Satanás y daría exactamente lo mismo. Su historia fue la gota que colmó el vaso del hartazgo social, pero el movimiento por el derecho a una vivienda digna la supera por mucho porque la situación es insostenible y lo era mucho antes de que conociéramos su nombre. Es un problema absolutamente transversal. Afecta a todo el territorio, de este a oeste y de norte a sur, a las grandes ciudades y las medianas, a los jóvenes y mayores, a quienes trabajan y destinan buena parte de su sueldo al alquiler y a quienes no trabajan y ni siquiera pueden aspirar a uno; a creyentes y ateos, a quienes comparten piso con veinte y a quienes siguen compartiéndolo a los cuarenta. Es difícil encontrar a alguien que no conozca a al menos una persona atrapada en este embudo. Y precisamente porque es un problema tan amplio y rotundo, tan por encima de nombres propios, hay mucha gente esforzándose profundamente por deslegitimarlo. Si no pueden discutir la causa, discutirán a las personas que forman parte de la misma. 

El déficit de oferta de vivienda respecto a la demanda por formación de hogares está siendo origen de una nueva burbuja de precios. Los precios actuales son inasequibles para la mayoría y han dejado fuera a más del 70% de la demanda potencial. El alquiler es el epicentro de esta crisis de asequibilidad, pero también el escenario de abusos de mercado y desequilibrios entre las partes. 

Mientras, los pisos en alquiler de mercado son ya 3,3 millones. En definitiva, es una extraña burbuja: su motor no es la producción de nueva vivienda –a penas existente— sino la vivienda en alquiler, convertida en la “trampa” de los nuevos hogares a consecuencia de la rotación y un infernal mecanismo de revisión recurrente de precios en los nuevos contratos. A pesar del aumento de dos años de la duración mínima de los contratos realizado en 2019, el posterior cambio de las condiciones del mercado generó una espiral de consecuencias sociales significativas. La atomización del mercado y la ausencia de inversores orientados al largo plazo que puedan ofrecer alquiler asequible son pecados originales de los que se deriva la situación actual.

El primer gran desafío para la política pública es responder a corto plazo a las consecuencias de esta situación mientras se establecen a medio y largo plazo las bases de una política que genere una oferta nueva suficiente con un nuevo modelo residencial. Ganar tiempo a corto plazo, ordenando un mercado de alquiler, esencialmente privado, distorsionado por los abusos de precio, calidad y desahucio para, paralelamente, ir generando un nuevo modelo de convivencia del mercado libre y los parques de vivienda protegida.

El segundo gran desafío es el puzle competencial que el tribunal constitucional ha ido configurando. El reparto competencial afecta a elementos esenciales para el nuevo modelo residencial, como la irreversibilidad de la clasificación de las viviendas como protegidas o asequibles, cuya definición depende de las comunidades autónomas y no puede ser regulada a escala nacional. Este es un factor fundamental para sostener la legitimidad social de los parques de vivienda e incluso de su viabilidad económica, toda vez que afecta a las tasaciones de las viviendas. El desacuerdo de algunas comunidades está también detrás del bloqueo que amenaza al plan nacional de vivienda, el instrumento básico de impulso a la edificación residencial, toda vez que el gobierno central ha condicionado las ayudas para vivienda protegida a esta irreversibilidad. En este contexto los instrumentos de intervención de precios de que disponen las comunidades autónomas gracias a la ley de vivienda --zonas tensionadas y limitaciones de precio-- han tenido un uso desigual, quedando amplias zonas sin su cobertura por diferencias de criterio político.

De este difícil contexto han surgido los dos reales decretos aprobados por el gobierno que serán tumbados por Junts en el Congreso, como ha avisado ya la formación catalana. El primero es una combinación de medidas de protección de los inquilinos ante los abusos detectados estos años y de algunas medidas estructurales para fortalecer el nuevo modelo residencial y los parques de vivienda protegida y asequible. El segundo se centra en la duración y extinción de los contratos de alquiler con el fin de acabar con el vencimiento del contrato como mecanismo automático de traslación al inquilino de las tensiones del mercado en contexto de escalada de precios como la sufrido en los últimos seis años. Ambos decretos trasladarían a nuestro mercado, en mi opinión, una necesaria agenda de modernización y homogeneización con las prácticas más comunes en Europa.

La suspensión de desahucios de personas vulnerables hasta 2030. La falta de un código de buenas prácticas como el implantado en el mercado de préstamos hipotecarios durante la crisis financiera: El decreto establece una moratoria de desahucios. Define para ellos un procedimiento de enervación extraordinaria que, en los casos en que la propiedad no sea de un fondo buitre, convierte el riesgo de impago del arrendador en un crédito frente a la administración, aunque le impide recuperar la disponibilidad de la vivienda durante el contrato (no confundir con el aseguramiento de las rentas).

Se prohíbe la compra de viviendas (y se excluye de las compensaciones por desahucio) a los denominados fondos buitre. Estos se definen por su actividad, como compradores de activos con grandes descuentos (comprar por debajo de un 70% de valor de tasación). La definición recoge así la compra de inmuebles habitados por inquilinos antes protegidos, con un descuento que compensa al comprador de la tarea de expulsarlos y de renovar el inmueble para proceder a la venta libre a precios sustancialmente superiores

Ampliación del perímetro Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al alquiler de temporada o por habitaciones. Ello mejora la eficacia de la regulación de los alquileres y cierra las vías para eludir los límites de renta en zonas tensionadas y otras medidas de protección de inquilinos reguladas en la LAU. El contrato temporal exige una causa acreditada por el arrendador. La vivienda se convierte en habitual en ausencia de esta justificación o se encadena. La suma de las rentas por habitaciones no puede superar la de la vivienda completa y, en zona tensionada, queda sujeta a los mismos topes. 

Congelación de las actualizaciones anuales para rentas superiores al índice de asequibilidad publicado por el MiVAU hasta el final de 2027. En los demás casos la actualización no puede superar el 2% anual, salvo acuerdo de las partes.

Los reales decretos ley deberían ayudar a pacificar el mercado de alquiler, estabilizarlo y sentar las bases para el desarrollo de las políticas públicas definidas por la ley de vivienda y el plan nacional de vivienda.

Este miércoles, mientras arreciaba el debate sobre el decreto para la renovación automática del alquiler en España, yo estrenaba una de las piezas de la nueva ley del alquiler en Inglaterra, muy parecida a la propuesta española, aunque con más protecciones y compensaciones para el inquilino. 

Uno de los aspectos interesantes de la ley que entró en vigor en mayo es el refuerzo de los poderes de los ayuntamientos para que vigilen y actúen en nombre del inquilino. Esto ya existía en anteriores legislaciones, pero ahora las entidades locales tienen más competencias e incentivos.

Un inspector del ayuntamiento en Oxford vino a examinar el apartamento para asegurarse de que la casera ha cumplido con los requisitos de seguridad y habitabilidad de la vivienda. Con exquisita amabilidad, revisó humedades y riesgos eléctricos, probó las alarmas antiincendios –siempre me ha sorprendido su ausencia en la mayoría de las viviendas en España– y comprobó el aislamiento de las puertas. No puede hacer nada frente a los materiales baratos y poco aislantes con los que fueron construidos edificios en los años 60 y 70, pero sí puede asegurarse de los mínimos de seguridad y confort. Nuestra casera es cortés y cuidadosa y responderá a los arreglos necesarios, pero la ley está para vigilar y multar a quienes arrastran los pies hasta poner en peligro a los inquilinos. 

La nueva ley inglesa que incluye la renovación automática e indefinida del alquiler es una forma de proteger frente a desahucios indiscriminados y poner límites a la forma y la frecuencia de las subidas de precios, y sin duda una fuente de estabilidad. Ahora bien, esta ley no es una varita mágica para los precios desbocados en una ciudad donde apenas se construye vivienda que no sea para estudiantes, la universidad y gran propietaria prefiere tener locales vacíos mientras no pueda hacer un suculento negocio y la población flotante es una presión constante. Oxford es, de hecho, una de las ciudades más inasequibles de Inglaterra.

Todavía es pronto para medir su impacto, pero los efectos de la ley aprobada por el anterior Gobierno laborista, el de Keir Starmer, se han notado poco por ahora.

Los precios siguen subiendo -especialmente en las ciudades- y no aumentan las viviendas disponibles para alquilar. No se ha notado en el problema general ni para bien ni para mal. Desde luego, no se han cumplido los avisos de los agoreros que decían que muchos caseros iban a dejar de alquilar. Ha habido una ligera bajada de las viviendas disponibles para alquilar en los últimos meses, pero los expertos creen que está relacionada con múltiples factores, incluido el precio de las hipotecas. Como con tantas medidas relacionadas con la vivienda, hay que tener paciencia para sentir los cambios.

Todo esto recuerda que las intervenciones públicas para la vivienda son necesarias, pero no suficientes ni rápidas ni únicas para responder a problemas dispares. Las presiones para trabajadores y estudiantes jóvenes no son las mismas que para las familias o los pensionistas vulnerables. Por no hablar de las personas sin hogar, que a menudo malviven en las calles de las grandes ciudades y suelen ser invisibles en estos debates. 

Es inevitable tener la sensación de que España llega tarde. Es trágico que la acción política llegue a costa del disgusto y la salud de una mujer de 87 años que tenía que haber sido protegida antes de llegar al extremo del desahucio.

En todo caso, las nuevas normas en España son solo el principio de un camino difícil y que requiere una mente abierta. 

Esta es la batalla de nuestros tiempos y, además, esencial para la política progresista, como escribí en detalle en nuestro “Rincón de pensar” hace unos meses, hablando con voces expertas sobre el debate de “la abundancia” estrechamente ligado a la vivienda. Un debate interesante y que requiere, sobre todo, humildad.

Como escribe el periodista Andrew Ross Sorkin en su libro sobre el crack de 1929, que se publica ahora en España, “cuanto mayor sea la altura de nuestras certidumbres, más dura y larga será la caída”.

Los dos reales decretos que ha aprobado el gobierno de coalición para responder a las protestas de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol y que deberían ser convalidados este viernes en el Congreso de los Diputados - Junts ya ha dicho que los tumbará- son dos monstruos jurídicos: disponen de 106 páginas que incluyen más de 60 medidas, herramientas e instrumentos, y con numerosas excepciones para múltiples casos distintos, por lo que un análisis detallado sería inabarcable en un artículo de opinión (e incluso inasumible por un servidor por la complejidad jurídica de muchos de sus temas). No obstante, a continuación, analizaré las principales medidas económicas que incluyen los dos textos, con la intención de valorar si merecen la pena ser aprobados definitivamente.

La primera medida que destaco es la referente a los fondos buitre. A pesar de que el Gobierno dijo literalmente y en rueda de prensa que se iba a prohibir la compra especulativa de los fondos buitre, en el BOE sólo podemos leer que van a impedir (encima temporalmente) la compra de viviendas por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado. Esto es una tomadura de pelo, porque, para empezar, no es una prohibición de compraventa (como pedía la acampada por la vivienda y como prometió el Gobierno), sino una limitación de esta. La idea subyacente es que, si ninguna empresa puede comprar viviendas por un precio sustancialmente más bajo, tampoco podrán obtener rentabilidades desmesuradas al venderlas. La idea no es mala, porque eso atenta contra el núcleo de su negocio carroñero, pero el problema es que el límite del 70% es muy arbitrario e insuficiente. Al fin y al cabo, este tipo de empresas podrán seguir comprando lotes de viviendas por un precio inferior al 71% de su valor, lo que les seguiría brindando importantes niveles de rentabilidad. Es mejor que nada, pero ni es lo demandado, ni es lo prometido, ni va a alterar mucho el mercado especulativo de los fondos buitre.

En cambio, la regulación para suspender desahucios (el detonante de las protestas) es bastante adecuada y las organizaciones sociales están bastante satisfechas con ella, pero el problema fundamental es que sería sólo hasta 2031. Si impedir el desahucio a personas vulnerables y sin alternativa habitacional es una obligación moral inexcusable, ¿por qué tiene fecha de caducidad?

Por otro lado, la regulación del alquiler de temporada para que ningún casero pueda disfrazar con esa etiqueta sus alquileres residenciales y así sortear la legislación, es un importante avance. No es más que convertir en ley lo que ya la jurisprudencia señala, pero sin duda serviría para desalentar a muchos arrendadores de acogerse a ese truco ilegal. Y pasa algo parecido con la regulación de habitaciones, prácticamente inexistente hasta la fecha, porque se trata de impedir que la suma del alquiler de todas ellas sea superior al alquiler de todo el piso alquilado. Esto es un avance importante, aunque igualmente requeriría mucha supervisión y control porque hay bastantes formas de hacer trampas.

Lo que sin duda es una buena medida es la congelación total del alquiler si se encuentra por encima del Índice de Referencia que creó el Gobierno hace unos años. Para aquellos que estén por debajo, sólo podrán subir un 2%, un nivel inferior a la inflación actual. Esto permitiría un alivio a los millones de inquilinos que hay en nuestro país. Lo malo es que es sólo hasta 2028 (y estoy obviando que lo que se necesita en un pico de burbuja de precios es que bajen los alquileres, no sólo que dejen de subir).

Lo que es para echarse las manos a la cabeza son las bonificaciones fiscales a los caseros: se les perdona el 100% de los impuestos si bajan el alquiler un mísero 5% y si cumplen algunas otras condiciones. Pero en caso de no cumplir esas otras condiciones, se les perdona el 70%. Esto no hay por dónde cogerlo: es un regalo extremadamente generoso a los caseros a cambio de migajas. Las ayudas fiscales a los caseros ya son injustas de por sí porque permiten que una persona que simplemente ingrese dinero por su propiedad pague muchísimos menos impuestos que una persona que ingrese la misma cantidad de dinero por trabajar, pero llevarlas al 100% de la tributación y encima para una reducción ridícula del alquiler es un despropósito se mire como se mire.

Otra medida muy criticable es el préstamo al 0% para la entrada de la vivienda, esta vez sin límite de edad. A algunos les sonará bien, pero esto sin regulación de precios sólo los haría subir todavía más, amén de que seguiría engordando los bolsillos de la banca, que sería la encargada de conceder créditos aunque tengan el respaldo del Instituto de Crédito Oficial. Es un error porque existen muchas otras alternativas para facilitar el acceso a la primera vivienda que son mucho más justas y adecuadas.

El aumento del IVA al 10% a prácticamente todos los pisos turísticos o de estancias hasta 30 noches va en la buena dirección, aunque es claramente insuficiente porque cualquier otro negocio similar tributa al 21%. No tiene sentido seguir favoreciendo un negocio que tantos problemas provoca en el mercado inmobiliario y en nuestras ciudades.

Todas las medidas señaladas hasta aquí corresponden al primer decreto, el que tiene más probabilidades de ser convalidado. En el segundo queda aislada la más ambiciosa: la renovación automática de los contratos de alquiler. Es decir, que cuando venza un contrato (cinco años si el casero es una persona física, siete si es una persona jurídica) este se prorrogue. Conviene subrayar que no estamos hablando de nada revolucionario ni bolchevique; mecanismos de este tipo funcionan desde hace décadas en muchos países europeos. Si finalmente cae, habrá que señalar con nombre y apellidos a quienes lo impidan, y seguir peleando esta medida desde la calle y desde las instituciones.

Como decía antes, hay muchas otras medidas que dejaré al margen en este análisis, pero las citadas pueden ser perfectamente clasificadas como las más importantes.

A tenor de lo señalado, hay algo que puede afirmarse sin demasiado riesgo: la mera existencia de los decretos es un motivo de orgullo para la movilización popular, porque recogen bastantes medidas que se llevaban tiempo reclamando desde la calle y que no habían visto la luz por falta de voluntad política y/o por falta de apoyo parlamentario. Es verdad que estos decretos incluyen medidas injustas y negativas, pero no son tan graves como para eclipsar las importantes ventajas y beneficios de las medidas positivas. Recordemos que hace apenas unos meses el Congreso tumbó medidas más tímidas que estas. Que ahora el PSOE haya aceptado ir más lejos en el Consejo de Ministros no se explica por una conversión repentina, sino por la presión social. El PSOE jamás habría aprobado este paquete si no fuera por lo que está ocurriendo en las calles. Y probablemente lo mismo pueda decirse de Junts, que también tiene que rendir cuentas ante su electorado y sabe que no puede ignorar un clamor tan extendido.

Hay además un detalle procedimental que no es menor: la convalidación se producirá en cuestión de días, no de un mes como la vez anterior. Eso obliga a los grupos parlamentarios a retratarse ahora, mientras la presión social es máxima, y no cuando el suflé haya bajado.

Nada de esto resuelve la crisis de la vivienda. Estas medidas sirven para contener una situación de emergencia, para que los precios no sigan subiendo y para que la gente no sea expulsada de sus casas, y eso hay que celebrarlo. Pero el problema de fondo, que es la especulación y el rentismo, sigue intacto. Sabemos qué haría falta para acabar con él; el problema es que no hay mayoría suficiente en las Cortes Generales para llevarlo a cabo. Pero eso es algo que hay que cambiar, en las urnas y en la calle, y la convalidación de los dos decretos es una forma de avanzar en esa dirección. Hace sólo unas semanas un paquete como este parecía impensable. El tablero político se está moviendo gracias a la movilización popular, y precisamente por eso hay que seguir empujando. 

Mentira, intoxicación, insultos… Hay sobredosis de juego sucio. El PP ha traspasado ya los límites de lo tolerable en su labor de oposición manifiestamente destructiva. Da igual que hable Feijóo, que Tellado, que Bendodo, que Almeida, que Ayuso… Asistimos a un espectáculo degradante donde la verdad ha dejado de importar, el respeto institucional brilla por su ausencia y la vileza identifica cada paso, cada declaración, cada estrategia… Tres episodios de los últimos días muestran el mismo método: afirmar primero, exagerar después y dejar que la rectificación, si es que llega, no trascienda, que para eso están los medios amigos que se prestan a eso y mucho más por una buena tajada de la tarta publicitaria.

Si hablamos de Ceuta, y de Juan Jesús Vivas ya no se trata solo de que haya bloqueado cuantos empeños han puesto otros en levantar campamentos para poder filiar a los migrantes o bloqueado el traslado de menores a la península, es que ha mentido deliberadamente ante la Audiencia Nacional. Allí declaró que intentó contactar hasta diez veces con el presidente del Gobierno antes de la llegada masiva de finales de julio, y que solo obtuvo respuesta en tres ocasiones, siempre del director de gabinete de Pedro Sánchez. No contaba el presidente de la ciudad autónoma con que La Moncloa hiciera público el registro de llamadas para ponerle la cara colorada.

Y el documento demuestra , con horas exactas y duración de las llamadas, que Vivas habló con Moncloa hasta en nueve ocasiones durante esos días de julio en los que se produjo la entrada masiva. Y, ahora, una vez descubierto matiza que lo hizo con el director de gabinete Diego Rubio, pero no con el presidente. Oculta además que gran parte de las veces que telefoneó a La Moncloa no lo hizo él, sino también su jefe de gabinete. Lo normal entre altos cargos.

Y de Ceuta nos vamos a Madrid, a la Puerta del Sol y la acampada en defensa del derecho a la vivienda. Una concentración que la Delegación del Gobierno ha dicho que está amparada por el derecho fundamental de reunión, pero que al alcalde de la capital le parece temible, insalubre y peligrosa para el orden público. Si fuera así, la Policía Municipal, que es competencia suya, habría actuado y no ha sido así. Almeida ha denunciado que los acampados llevan “cuchillos de grandes dimensiones” y han hecho acopio de adoquines, por lo que ha remitido al delegado del Gobierno unas fotografías que, lejos de avalar su queja, le dejan a la altura de Cagancho en Almagro. Y es que lo que se muestra son los utensilios lógicos para un lugar donde la gente cocina y duerme, por ejemplo, un cuchillo y humus para untar.

Ayuso, claro, no iba a ser menos que su correligionario en la ofensiva contra la protesta y ha presentado un recurso contencioso-administrativo para pedir la disolución inmediata de la acampada. Una alarmante vuelta de tuerca en el uso del aparato judicial como herramienta de confrontación partidista, pero lo que realmente hay detrás de su decisión, es la presión de uno de sus digitales de cabecera, al que ha subvencionado con más 100.000 euros del ala, para que celebre una exposición con motivo del 12 de octubre en la misma Puerta del Sol que ahora ocupan los defensores del derecho a la vivienda. El mismo diario, por cierto, ha emprendido una campaña de titulares infames contra Maricarmen, la anciana que hoy sigue hospitalizada después de ser desalojada de su casa y que ha movilizado a toda España contra los desahucios y el desorbitado precio de los alquileres en toda España. 

Esta sobredosis de juego sucio nos sitúa en un escenario peligroso porque cuando la mentira de un dirigente se normaliza y la judicialización de la protesta se convierte en la respuesta estándar, la democracia se resiente y el PP da una nueva muestra de que solo se maneja con los códigos de una trinchera embarrada, en la que los ciudadanos son el daño colateral de una guerra sin escrúpulos.

Hasta hace unos días, para muchos, el colectivo de los jóvenes constituía un sujeto enfermizo que, atrapado en una red de pantallas, ocupaba la mayoría de su tiempo en bostezar y en pasar vídeos cortos hacia arriba. Desde que una señora de 87 años fuera desahuciada en una espectacular operación, los jóvenes aspiran a convertirse en un motor social y político, como lo hicieron en parte durante la primavera de 2011. 

Si los motivos de las protestas del 15M de entonces fueron el paro, la desesperanza y los recortes sociales del gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en esta revuelta otoñal, también en fase último de un ejecutivo del PSOE, la gente denuncia la pasividad de unos representantes que han dejado el terreno de la vida abonado para una especulación no solo inmobiliaria. 

No se trata de un error gubernamental. Ojalá. Los resultados de los decretos aprobados este martes son inciertos y tienen puntos ciegos, como ya ha corrido a señalar el Banco de España. Pero lo más grave es que consiste en un conjunto de medidas que, por una parte, son de difícil aprobación con el Parlamento actual, y que, por otra, atacan más a los síntomas que a las causas. 

No hay un gobierno que pueda cambiar en cuestión de días un modelo de vivienda que lo es también de inversión, de ahorro y de consumo. Desde que a mediados de los años cincuenta un ministro falangista prometió una España de propietarios y no de proletarios y desde que, finalizada la transición, uno del PSOE decretara la vivienda como un bien de mercado, nos enfrentamos a un modo de vida en el que el derecho constitucional a la dignidad bajo un techo se ha confundido con su posesión, y, de ahí, con sus derivadas financieras.  

De ahí el peligro de tratar con brocha gorda un problema tan complejo, que nos hará ver ocupadores y fondos buitre como principales protagonistas, pero que, en realidad, sucede bajo un modo regulatorio que ha hecho de la vivienda un vehículo de inversión, de ahorro familiar, de especulación para grandes bolsas de dinero y también de fallos de Estado que, por ejemplo, han hecho de las VPO el objeto de grandes redes clientelares. 

Si hubiera un decreto que pudiera revertir una situación que ha llevado a los telediarios a un personaje que, desgraciadamente, habría hecho las delicias del cineasta Frank Capra, deberíamos denominarlo el Decreto Mac Gyver, en referencia a aquel agente capaz de salir de cualquier situación peligrosa con tal de mantener al espectador pegado al televisor. No hay serie de disposiciones legales que en una democracia parlamentaria pueda acabar de inmediato con un problema tan complejo y extendido en el tiempo.  

Pero lo sucedido revela algo más importante: un gobierno representativo sí puede cambiar la situación si la separación de poderes funciona. En compañía del economista Juan Laborda, pude hace unos años demostrar cómo la regulación aprobada por nuestros representantes contribuyó a inflar la burbuja inmobiliaria financiera que nos llevó a la crisis de 2008 y cómo la legislación poscrisis continuó favoreciendo a los mismos intereses. El destino de la mayoría de estos reguladores ha sido el mismo sector privado al que se dirigían las reformas. 

El de la vivienda es un problema de democracia. Lo positivo, en este caso, es el mensaje de un gobierno trabajando bajo presión para responder a unas demandas que se desbordan; la difuminación del binomio PP-PSOE a la hora de atribuir las culpas y la búsqueda de causas más amplias; y, finalmente, la articulación de un movimiento social con un liderazgo establecido y que marca unas prioridades materiales. Lo que está ocurriendo en Sol y, quizá, pronto, en la mayoría de las plazas, apela a una juventud cuya edad estábamos tentados de rebajar y recoge lo mejor del movimiento 15M de 2011. La política cambia cuando la gente se despierta, y, a veces, hace falta una mecha como esta. Mari Carmen repitió en su despedida aquel llamado de Stephan Hessel, “indignaos”. Esto sí se parece más a la democracia que necesitamos para conquistar el futuro; una vez que la calle haya cobrado conciencia de todo ello, habrá que pensar en un nuevo Parlamento que pueda hacer legal lo que hasta ahora solo ha sido un silenciado sentido común.