El verano pasado publiqué un artículo similar (El País, 26/26/2025).Tomo de nuevo la pluma para, sin asomo de espíritu acrítico, defender los principios que encarna el PSOE. Entonces nos encontramos con hechos graves protagonizados primero por Ábalos y después por Cerdán (ambos expulsados del partido). Hoy, otros asuntos, de distinto nivel, afectan a mi partido.

Conviene recordar que quienes delinquen (presuntamente) son personas y que las organizaciones sólo pueden ser declaradas penalmente responsables si sus dirigentes cometen delitos en su nombre y en su beneficio, directo o indirecto (del partido), lo que, hasta ahora, en modo alguno ha ocurrido.

En todos estos casos, lo que se juzga son conductas individuales, no el conjunto de ideas, creencias y valores fundamentales que estructuran la forma en que una persona o un grupo interpretan el mundo. Es decir, la ideología, que es como la ciencia política denomina a los valores descritos. Y la socialdemocracia, que encarna el PSOE, visto el estado del mundo, es más necesaria que nunca.

Por importantes y llamativos (mediáticamente) que resulten algunos casos, si la responsabilidad es individual, sobre el individuo debe recaer, sean situaciones que tienen más de cómicas y chapuceras (caso Leire, que parece, según el auto del juez, una prolongación del caso Cerdán dirigida a protegerse a sí mismo), o de distinto nivel, como el que afecta al presidente Zapatero (que tiene derecho a su defensa y los tribunales la obligación, en su caso, de mostrar de forma fehaciente su culpabilidad, lo que, visto el sumario, no creo que ocurra).

Sólo, pues, en el caso de que la organización hubiera obtenido un beneficio directo o indirecto, podría exigirse responsabilidad al PSOE. En todo caso, deben sus dirigentes colaborar estrechamente con la justicia e investigar a fondo las acusaciones para demostrar que jamás han sido cómplices de esas conductas presuntamente delictivas. En ello, como en tantas otras cosas, nos diferenciamos de las prácticas que utiliza la derecha española.

Se habla a menudo de lawfare, contracción de law ('ley') y warfare ('guerra') y que se traduce habitualmente como la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. En este sentido, no creo que los tribunales españoles hayan caído en esa práctica, a pesar de instrucciones muy defectuosas, casualidades contrarias a la razón o condenas, algunas del máximo órgano jurisdiccional, muy discutibles. Y ello porque la Justicia es un conjunto, con mecanismos para depurar los excesos, arbitrariedades e injusticias.

De otra parte, conviene recordar que  el diccionario de lengua inglesa de Oxford define el lawfare como “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”. En este sentido, es evidente que ello ocurre en España. Desde hace ocho años, las fuerzas conservadoras (PP y Vox) han negado la legitimidad del actual Gobierno y han procurado, con artes dudosamente democráticas, incluyendo denuncias falsas ante los tribunales, derribarlo.

Hay demasiado en juego como para mirar hacia otro lado y adoptar una actitud pasiva. Y a quien afecta es al conjunto de la sociedad española. Las ideologías iluminan nuestra comprensión del mundo y la nuestra resulta esencial para la misma. Escribió Borges en un famoso poema: “No nos une el amor, sino el espanto”. A millones de españoles nos une el amor a unos principios que, de forma muy resumida, serían estos: queremos la paz, no la guerra; defendemos la radical igualdad de mujeres y hombres; luchamos por una mejor distribución de la riqueza a favor de la inmensa mayoría; queremos cuidar nuestro planeta para que no se extinga, ante las alarmantes muestras que ofrece el cambio climático. En todos estos campos, la gestión del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha arrojado resultados muy positivos, a pesar de los problemas que aún enfrentamos. Y no habría sido así con un Gobierno PP-Vox, como se encargan de recordarnos todos los días.

Si tuviera que elegir una sola imagen en la defensa de la gestión del presidente del Gobierno, que mereciera, por sí misma, el ejercicio del poder durante estos ocho años, sería esta: las portadas de los diarios nos han mostrado a todos los efectos trágicos de la guerra, injusta e ilegal, en Palestina: varias personas, presumiblemente sus padres o familiares, sostenían en sus brazos pequeños sudarios blancos de niños inocentes asesinados. Más de 50.000, según Naciones Unidas, han muerto así. Confieso, como Neruda, que he llorado, contemplando esa tragedia. Soy padre, soy abuelo, y cualquiera de nuestros niños podría haber sufrido esa suerte. No ha sido así, pues no nacieron en el lugar equivocado, como los niños de Gaza. En la terrible oscuridad del dolor, sólo queda un consuelo: la voz, primero única, luego con otros acompañamientos, clara, valiente, de Pedro Sánchez en defensa de los principios universales, los derechos y dignidad del ser humano. Sólo por ello merece mi reconocimiento permanente.

También nos une el espanto, que diría Borges. El espanto ante lo que puede venir de la mano de la derecha española, la que gobernó (PP) y ha abandonado sus principios relativamente moderados y reformistas, para abrazar los radicales de Vox y pretende, de nuevo, gobernar con ellos. La de quienes apoyaron descaradamente la guerra ilegal de Trump y Netanyahu o adoptaron posiciones tibias cuando vieron el rechazo de la inmensa mayoría de los españoles a la misma. La de quienes se oponen a los derechos de la mujer o al freno al destructor cambio climático. En fin, la de quienes imponen eso que llaman la prioridad nacional, lo que nos llevaría a ser expulsados de la Unión Europea, pues deberían decirnos si restringir derechos fundamentales como el acceso a los servicios esenciales, Sanidad o Educación, o a ayudas vitales para el desarrollo de la personalidad, de carácter social o acceso a la vivienda, se negarán a ciudadanos europeos que residen en España, pues la prioridad sólo afectará a ciudadanos españoles.

Quienes así se comportan, no pueden gobernar España. Recuerdo los versos melancólicos del soneto de Quevedo: “Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados”. Los muros de mi patria son la Constitución y la democracia, sometidos hoy a la continua tensión de quienes no aceptaron el resultado de las urnas, y se comportan en el Parlamento, ágora sagrada de la palabra, como artilleros que, primero disparan y después preguntan. Debemos impedir que esos muros se desmoronen y lo haremos con determinación. No piensen que bajaremos los brazos, sino todo lo contrario, en defensa de las creencias que profesamos.

Y, si en relación a las responsabilidades de mi partido yerro, seré el primero en exigirlas con voz clara y contundente.

En la izquierda y en el PSOE hay quien quita importancia al escándalo de Leire Díaz. O quien cree que es todo un invento de la UCO y del juez Pedraz. Atavismos del izquierdismo radical –“el estado capitalista es siempre culpable– o ciegos oportunismos –”todo vale para defender a los míos“– impiden a veces el frío análisis de las cosas y convierten las opiniones en demagogia. Porque el citado escándalo es gravísimo. Porque lo que se ha contado hasta ahora de manera creíble es que el secretario de Organización del PSOE y Leire Díez montaron un entramado de relaciones en la que a miembros de la judicatura, de la Guardia Civil y del aparato del Estado se ofrecerían toda suerte de compensaciones a cambio de que favorecieran los intereses o la suerte procesal de destacados socialistas, empezando por Pedro Sánchez.

Parece ser, pero aún no está confirmado del todo, que esa trama fue descubierta en su fase de preparación, cuando aún no se había concretado en intercambio espurio alguno, pero sí cuando ya había realizado numerosos contactos con los fines citados. En definitiva, cuando ya era algo operativo.

Aparte de avanzar en lo hasta ahora descubierto –la trama trató de influir al menos en una docena de causas judiciales– y de probarlo adecuadamente, la investigación ahora se centra en descubrir si había otras personas implicadas en la misma –los investigados y los que estarían a punto de serlo superan la decena–. Y los rumores periodísticos, así como las consabidas acusaciones que el PP ha hecho desde el primer momento, apuntan al líder del partido a la cabeza de los mismos.

¿Cómo no iba a saber el secretario general del PSOE que su número dos estaba preparando algo tan formidable y contrario a la ley sin conocimiento de Pedro Sánchez? O ¿Cómo iba a atreverse Santos Cerdán a montar la trama sin autorización, expresa o indirecta, de su jefe? Son las preguntas en las que se sostiene la sospecha de la culpabilidad de Pedro Sánchez.

Será muy difícil obtener pruebas que lo inculpen a menos que Cerdán se decida a confesar algo al respecto. Y habrá que esperar un tiempo a que tanto el desarrollo de la causa como el devenir electoral del PSOE –las actitudes pueden cambiar bastante si los socialistas pierden las elecciones– aclaren el panorama respecto de las posibilidades de que eso ocurra.

Otra razón permite pensar que el juez Pedraz habría de evitar en un futuro previsible implicar a Pedro Sánchez: el hecho de que, si lo hiciera, la causa, y en particular, la eventual imputación del líder socialista, pasaría a ser competencia del Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del imputado. Es decir, que Pedraz se quedaría sin caso. Y esa no parece ser su intención en estos momentos.

Pero en teoría habría un motivo adicional más: y es que todo se hubiera montado a espaldas de Sánchez, que los conjurados hubieran pensado en rematar sus tráficos sin conocimiento del líder del partido, para ofrecerle los resultados de sus gestiones sin que éste se hubiera enterado de nada hasta ese momento.

Es ésta una hipótesis que no se puede descartar, así como ninguna de las otras. Pero en el momento actual otras son las cuestiones que marcan el desarrollo del escándalo. Y, en primer lugar, la de comprobar, por parte del juez, si todos los extremos del informe de la UCO corresponden a la verdad o son interpretaciones subjetivas –por otra parte, bastante sesgadas en contra de los acusados– del organismo policial que ha llevado a cabo la investigación. La impresión de los periodistas que han estudiado a fondo el sumario y que conocen bien el caso, que no son muchos, es que el juez tendría que hacer no pocas correcciones del texto de la UCO. Pero que la versión final que las incluyera no modificaría el sentido sustancial de la acusación contra Santos Cerdán y Leire Díaz.

Que es gravísima. Mucho más que un episodio de corrupción económica. Porque se lo que se está hablando es de un atentado al funcionamiento legal del Estado, de la subversión de las obligaciones de los servidores públicos y del modo constitucional de aplicación de la ley. Es decir, un atentado contra principios básicos del estado de derecho. Que lo haya pretendido hacer alguien en el PSOE tras de lo que haya hecho sin ambages el PP, tal y como se está viendo ahora mismo en los tribunales, sugiere que la crisis del nuestro es mucho más profunda de lo que las apariencias podrían hacer pensar.

El todo vale se está abriendo paso para el discurrir de la política. Si hasta hace poco lo que escandalizaba era el uso de la mentira y del bulo como instrumento de acción, ahora es la corrupción de los servidores de la ley lo que empieza a asomar como práctica en los manejos del poder. Y eso es como para echarse a temblar.

Algún asesor del presidente Sánchez puede susurrarle estos días ese cuentecito apócrifo, mil veces contado, del rey persa que pidió a sus sabios un anillo que llevase inscritas unas palabras que pudiese leer en los momentos de adversidad, y los sabios le respondieron con la primera frase de autoayuda de la historia: “Esto también pasará”, decía el anillo, pues en efecto todo acaba pasando, incluso el mayor dolor.

El asesor de Sánchez puede contarle el cuentecito motivacional, o puede mostrarle las portadas de la prensa de hace justo un año: junio de 2025. Acompañadme en este rápido viaje en el tiempo a lomos de la hemeroteca. El año pasado por estas fechas, la UCO entregó al juez el informe que tumbó a Santos Cerdán. ¡Búm! El secretario de Organización del PSOE, hombre de la total confianza de Sánchez, había montado una trama para cobrar mordidas. La prensa del día siguiente sentenció al gobierno y al partido, era el fin del Sanchismo. “El informe destapa una trama criminal en los 11 años de Sánchez”, “Terremoto en el PSOE”, “Pánico en las filas socialistas”, “Hundimiento”, “El fin de una era en el PSOE”…

Durante una interminable semana, los medios gotearon audios, mensajes y comisiones millonarias. Para remate, la UCO entró en Ferraz unos días después, y aquella foto de los policías en la sede socialista (idéntica a la foto de hace unos días) alentó titulares y editoriales sobre posible financiación ilegal y el jaque mate a Sánchez. Los socios tomaron distancia, el PNV se puso muy crítico, el PP pidió elecciones anticipadas, se habló de moción de censura, y hasta Aznar apareció en una entrevista dando lecciones éticas y alertando sobre un posible pucherazo electoral.

Pero “esto también pasará”, y una semana después el apocalipsis socialista fue aflojando, perdiendo espacio en las portadas, había otros temas que reclamaban atención, Israel y Estados Unidos atacaron Irán, el Constitucional avaló la amnistía, Trump cargó contra Sánchez en la cumbre de la OTAN, llegó el verano, olas de calor, incendios, vacaciones… Y en septiembre, el gobierno seguía ahí, tan pancho.

El fin del mundo de estos días también pasará, por increíble que parezca. Irá perdiendo fuerza con el paso de los días, habrá otras noticias de peso que merezcan portada (¿quién se acuerda ya de Zapatero, que era el fin del mundo hace una semana?), habrá bombardeos en Irán o en otra parte, llegará el verano, olas de calor, incendios, mundial de fútbol, vacaciones… Y en septiembre, el gobierno seguirá ahí, tan pancho.

Por supuesto, es un consuelo de mierda, que no creo que le valga a nadie, y menos a los angustiados militantes socialistas, y mucho menos a los abatidos votantes progresistas. Lo que vemos estos días se levanta sobre la montaña que dejó lo de Cerdán, y antes lo de Ábalos y Koldo, y algunos añadirán al montón lo del hermano y lo de la mujer de Sánchez, y así van pasando los años y los escándalos, acumulando y repitiendo los mismos titulares findelmundistas. Pero tranquilos, que todo pasará. O no.

En los últimos días, he escuchado las llamadas de tres personas muy diferentes a reaccionar contra la imposición de la inteligencia artificial al albur de los deseos de las pocas empresas que controlan esta tecnología. A.G. Sulzberger, el editor del New York Times, el novelista Percival Everett, y el papa León XIV. Las suyas no son llamadas a adaptarse o a resistir, sino a reaccionar.

Los multimillonarios que controlan lo que debería ser una herramienta y, sobre todo, sus palmeros parásitos repiten el mensaje de que la IA es una fuerza inevitable y sólo queda aprender, subirse al carro, sacarle provecho y recoger los trozos de los empleos y las vidas que destroce por el camino.

En el Reino Unido, Tony Blair lleva la voz cantante de la IA, a la que, según él, hay que entregar más pronto que tarde todos los datos de la vida pública, incluidos los más sensibles de salud, para que los gobiernos funcionen mejor. Su consultora -llamada instituto para que suene mejor- está en parte financiada por Larry Ellison, uno de los dos hombres más ricos del mundo y fiel apoyo de Donald Trump que está también en el negocio de la IA. Blair es sólo un ejemplo notable, pero por todo el mundo hay una red de consultores, académicos y empresarios mucho más modestos que viven ahora de vender las bondades de la IA. 

Su mantra no es verdad. La IA no es inevitable, no es una fuerza incontrolable de la naturaleza ni tiene por qué existir en los términos que decidan unos pocos. Callarse, reaccionar, regular depende de gobiernos, empresas y ciudadanos. 

Los críticos no niegan las ventajas de la IA para la vida diaria -no hay mejor ayudante para abrir un bote que se resiste o arreglar un paraguas- y el potencial para hacer descubrimientos en grandes bases de datos que ayuden a la investigación periodística, la salud y la ciencia. Pero eso no significa rendirse sin más a lo que llegue y a lo que imponga la IA. 

La mala experiencia de las redes sociales y cómo han intoxicado y alterado la vida pública debería servirnos de lección. Y la amenaza de las redes no era existencial de la misma manera que la IA, como decía hace unas semanas Sarah Wynn-Williams, extrabajadora de Facebook y autora del libro Los irresponsables (ese que Mark Zuckerberg no quiere que leas y te aconsejo leer). Ella hablaba, sobre todo, de los usos militares de la IA y las armas autónomas.

El mensaje de A.G. Sulzberger, el editor del New York Times, es para los editores que están haciendo pactos con las compañías de la IA ignorando que están robando o comprando por poco su trabajo, que requiere esfuerzo y mucha humanidad. Las consecuencias van mucho más allá del negocio para sostener los medios.

“Las empresas que impulsan la IA -que ya se encuentran entre las más ricas y poderosas de la historia de la humanidad- están consolidando un control desmedido sobre nuestros datos y nuestra atención”, dice Sulzberger. “Su apropiación del debate público es posible gracias al pecado original que da vida a sus productos de IA: un descarado robo de propiedad intelectual que se ha producido a una escala sin precedentes. Los gigantes tecnológicos explotan los sitios web de noticias sin permiso ni compensación. Reempaquetan estos bienes robados como si fueran suyos, desviando la audiencia y los ingresos que de otro modo irían a parar a las organizaciones de noticias que crearon ese trabajo. Y esto ocurre no solo una vez durante el proceso de entrenamiento, sino innumerables veces cada día”.

Aquí su discurso original esta semana en un encuentro de editores en Marsella, y aquí la traducción al español. 

Sólo unos pocos valientes y con dinero se atreven a plantar cara a estas empresas en los tribunales, y es importante que el Times, que utiliza la IA para sus proyectos, y muchas otras no se callen. Los medios que lanzan las campanas al viento anunciando acuerdos por cuatro perras son cómplices de un mundo que será peor para todos.

La regulación de la UE es una excepción y los gobiernos, incluso europeos, entienden poco y se rinden ante los centros de datos, como si fueran un imán de puestos de trabajos y no unos lugares bastante vacíos que consumen agua y recursos naturales y contaminan (a veces incluso más de lo estimado, como le ha pasado al Gobierno británico). Pero también es esencial la reacción de empresas con influencia pública como el New York Times. Y claro que importan voces más escuchadas para que los ciudadanos reaccionen con sus hábitos o su presión a sus representantes públicos. Lo que diga el papa o un novelista de éxito tiene efectos relevantes.

Everett, en un discurso este martes en un centro de humanidades de la Universidad de Oxford, hizo un alegato de la creatividad humana frente a la IA, en esencia, una recicladora del pasado. El escritor, premio Pulitzer, es el autor de James y Cancelado, entre otras muchas novelas.

Uno de sus mensajes es que la resistencia ciudadana a veces es individual y empieza por lo aparentemente más pequeño, a menudo lejos de las pantallas que nos hipnotizan.

“Leer un libro es lo más subversivo que uno puede hacer en una cultura”, dijo. “Escribir no es lo primero, no es lo segundo. Lo segundo es pertenecer a un club de lectura. Porque ahí es donde la gente habla de historias, de literatura. Y entonces, cuando la gente se reúne, la literatura se pone realmente a prueba y se vuelve importante”. En definitiva, se muestra nuestra humanidad. 

El 10 de septiembre de 1995 Jordi Pujol se plantó en La Moncloa para expresar a Felipe González la firme convicción de la dirección de su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), de que no apoyaría los Presupuestos Generales del Estado y que lo mejor para los intereses generales era que los españoles votaran. Escenificaba así la ruptura formal de su apoyo al Gobierno, tras dos años de alianza política. España vivía una profunda crisis política provocada por múltiples escándalos de corrupción que acorralaban al gobierno. Filesa, el caso Roldán, los GAL… Sin embargo, aún pasarían seis meses hasta que González se decidió a convocar elecciones generales.

Entre 2008 y 2011, Zapatero gobernó en minoría parlamentaria, lo que le obligó a buscar apoyos puntuales y variables para sacar adelante leyes y presupuestos. A diferencia de su primer mandato, en el que contó con socios más estables como ERC e IU, el segundo estuvo marcado por la geometría variable y la presión de una feroz crisis económica, si bien su aliado estratégico más sólido fue el PNV. El drástico decreto del 20 de mayo de 2010 para reducir el déficit público marcaría, no obstante, un punto de inflexión en la relación con los socios, que desde esa fecha presionaron para que el presidente anticipara elecciones. Zapatero no lo hizo hasta noviembre del año siguiente.

En 2018, Mariano Rajoy salió de La Moncloa con una moción de censura. De no haber sido por la sentencia del caso Gürtel y porque el PNV pasó en apenas una semana de apoyar los Presupuestos del gobierno a repudiar la corrupción del PP, el presidente de entonces hubiera seguido con la retahíla de que “todo es mentira menos alguna cosa” y jamás hubiera adelantado las elecciones.

En la España de 2026, los socios parlamentarios hace meses que han abandonado a Pedro Sánchez, pero ninguno está dispuesto a apoyar una moción de censura impulsada por Feijóo. Y no porque les una el amor al presidente del Gobierno, sino por el espanto de aparecer en la fotografía junto a la extrema derecha de Vox. Tampoco es que Feijóo les inspire confianza alguna, si bien todos, como Pujol en 1995 y el PNV en 2010, defienden que lo mejor ante la cascada de sumarios judiciales que afectan al PSOE sería llamar a las urnas.

El histórico nos ha enseñado que ningún presidente convoca elecciones en medio de una tormenta. Y mucho menos porque se lo pidan socios u opositores. Sánchez no está en ello. Al menos, de momento. La impresión en el PSOE es que el presidente anhela que llegue cuanto antes el verano, que Zapatero declare ante la Audiencia Nacional, que pase su comparecencia ante el Congreso para hablar de los sumarios judiciales y que el Comité Federal del PSOE la última semana de junio se salde con un cierre de filas y que en julio media España esté de vacaciones y la otra media, pensando en ellas. 

Lo que no podrá evitar es el aroma de fin de ciclo que desprende la conversación pública, ni la sentencia del caso Ábalos/Cerdán, ni la presión de alcaldes y cargos intermedios para que la legislatura acabe cuanto antes. En el fondo sabe que ya no hay momento bueno para llamar a las urnas, que las investigaciones judiciales depararán nuevos sobresaltos, que la ofensiva política, judicial, mediática y policial no cejará y que el mensaje que emiten ya, sin disimulo, las derechas es que el siguiente peldaño a escalar será sentarle en el banquillo. A ser posible, como imputado. La amenaza corre como la pólvora en todos los mentideros: “O se marcha o acabará sentado en el banquillo”. 

Y como a Feijóo y a su Brunete mediática les ha salido rana la propuesta de la moción de censura, ahora la cantinela es la “dimisión inmediata por decencia”. González no lo hizo, pese a que un vicepresidente y un ministro, Narcís Serra y Julián García Vargas, tuvieron que dimitir tras ser imputados en el escándalo por las escuchas ilegales del CESID. Aznar da lecciones de ética política 24/7, pese a que tres cuartas partes de sus ministros fueron acusados, imputados, condenados o llamados a declarar en relación con alguna trama corrupta. Rajoy, ya saben, es Rajoy y padece amnesia, pero ahí tiene a su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en el banquillo por la Kitchen, un caso de corrupción de Estado de libro. Eso sí, Sánchez, a quien sin duda interpelan los casos Ábalos, Cerdán e incluso Leire Díaz, tiene que hacer lo que ninguno de sus antecesores hizo antes por casos igual o más escandalosos que los que ahora la UCO describe. Por decencia, dicen los mismos que por “orden de la superioridad” bucearon en los negocios del suegro del secretario general del PSOE ya en 2014 por si algún día llegase a la Presidencia del Gobierno. Por decoro, replican los que han chapoteado en el lodazal de todo tipo de cloacas. Por dignidad, añaden los que aparecen en grabaciones bochornosas. Por lo que sea, pero que se vaya, dicen. Y que se vaya, ya.

Hace un par de semanas, una pequeña polémica sacudió el festival de Cannes. La proyección de la película revelación del año, la española “La bola negra”, había recibido una ovación continuada que se prolongó a lo largo de 20 minutos. La película es estupenda, decían los entendidos, pero aquello era un poco exagerado. En el festival hay inflación de aplausos: las distribuidoras conspiran con ciertos elementos del público para que, colocados estratégicamente, espoleen al resto del auditorio a performar esos arranques de entusiasmo desaforado.

Que se sepa, este pequeño truco de marketing no ha llegado aún a la medicina. Así que cuando el pasado domingo diez mil oncólogos, reunidos en ASCO, el congreso sobre el cáncer más importante del mundo, se pusieron en pie entre aplausos, vítores y exclamaciones, hay que creer que algo importante estaba ocurriendo. Celebraban los resultados de un nuevo fármaco que ha demostrado duplicar la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico, el tumor más difícil: la última frontera de esta enfermedad. 

Daraxonrasib, que es como se llama este medicamento, ha sido el gran protagonista del año porque representa el primer avance significativo en décadas contra un mecanismo que parecía infranqueable. Pero no ha sido el único. También hubo resultados notables en cáncer de próstata y de mama. Además, las vacunas de ARNm –la misma tecnología que se popularizó con el COVID– están mostrando resultados muy prometedores en muchos tipos de tumor. Una vacuna personalizada contra el melanoma redujo a la mitad el riesgo de que el cáncer reaparezca al cabo de cinco años mientras que en cáncer de páncreas los resultados fueron aún más esperanzadores: casi el 90% de los pacientes cuyo sistema inmune respondió a la vacuna seguían vivos hasta seis años después, frente a una supervivencia habitual a cinco años que apenas supera el 13%. 

Por si esto fuera poco, los fármacos tipo GLP-1 (como Ozempic y Mounjaro), además de funcionar contra la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, están demostrando ser eficaces también para reducir la incidencia de muchos tumores.

Estamos ganando la batalla contra el cáncer. 

Y a mí me pilla particularmente sensibilizada porque solo hace unos meses que una de mis mejores amigas recibió el “all clear” al final de un tratamiento contra la forma más agresiva de cáncer de mama, y aquello fue en el mismo mes en el que a mi padre le diagnosticaron otro de vejiga. Y lo que he podido observar en estos meses, en primera línea, es cómo esos resultados científicos están llegando en tiempo real a la vida de la gente. Un nuevo fármaco, una técnica quirúrgica mucho menos invasiva que las anteriores y la inmunoterapia les han permitido pasar por todo esto con una fracción del sufrimiento que habrían soportado hace un puñado de años y mucha más esperanza en una curación completa.

Y me ocurre, como a casi todo el mundo en estos casos, que me asombra la dedicación de esos equipos médicos que están haciendo un esfuerzo extraordinario para trasladar esos resultados en tiempo récord a su práctica diaria, por encima de todas las dificultades.  

Pero también me da por pensar en cómo, en mi generación, a menudo nos repetimos a nosotros mismos esa idea de que “viviremos peor que nuestros padres” cuando no es verdad. No solo somos la ¿segunda? generación en la historia completa de la evolución que no tiene que temer que se le mueran los hijos; es que con un poquito más de suerte vamos a ser la primera cohorte, entre 12.000 generaciones de homo sapiens que nos antecedieron, que no tendrá que ver a sus padres –ni a sus amigos– morir demasiado mal y demasiado pronto. 

¿Y nosotros? Viviremos más. Quizá más de 100 años. Con toda probabilidad mucho mejor que quien nos antecedió. La ciencia, el conocimiento y la cooperación humana nos han regalado un horizonte de vida inédito, inimaginable, que seremos los primeros en disfrutar. 

¿A qué otro patrimonio queremos aspirar? ¿En qué consiste la riqueza, si no era esto?

El bárbaro empujón por la espalda de un policía a una profesora jubilada valenciana se ha convertido en una imagen tan elocuente como significativa del actual momento de España. Sí, hay un movimiento en marcha para arrojar por tierra nuestras libertades y derechos, y sus participantes son crecientemente agresivos. Están envalentonados, se sienten impunes.

No me extraña, pues, que algunos socialistas denuncien la existencia de una campaña en su contra; lo que me asombra es que hayan tardado tanto en hacerlo y que lo hagan con tanta timidez, con pellizquitos de monja, no se vayan a enfadar los poderes fácticos. Hace mucho calor, ¿verdad? Pues tan indiscutible como esto es que existe una cruzada para machacar a Pedro Sánchez y derribar su Gobierno antes de las próximas elecciones legislativas, las de 2027. 

Parece mentira que haya que recordarles lo obvio a algunas almas de cántaro: para promover un complot no hace falta la celebración pública de una asamblea fundacional, la dirección de un comité ejecutivo, la existencia de actas que lo certifican, la creación de un grupo de WhatsApp de sus participantes. Por su propia naturaleza, toda conjura es secreta o, cuanto menos, muy discreta.

Entonces, ¿qué es un complot? Pues un conjunto de gente que, procurando pasar lo más desapercibida que pueda, actúa al unísono para influir abruptamente sobre el curso de la historia. Ha habido muchos a lo largo de los siglos. Julio César fue asesinado en un complot. Bruto, Casio y los demás no acudieran armados de puñales al Senado por casualidad en la mañana de los Idus de Marzo. Watergate fue otro complot como un pino. Los fontaneros de Nixon no fueron con nocturnidad a la sede del Partido Demócrata para pasar el fin de semana.

Es ridículo negar que existe una campaña orquestada para que Sánchez no culmine esta legislatura. Como la hubo contra Felipe González en los años 1990. Los escándalos de entonces, por cierto, eran bastante más graves que los de ahora: los GAL mataban, Roldán robaba a los huérfanos de la Guardia Civil, el gobernador del Banco de España era un sinvergüenza. Uno de los más activos miembros de la conjura de los 1990, Luis María Ansón, terminó confesándola, reconociendo, además, que se situó en el mismísimo borde de la legalidad.

Los socialistas de ahora están pagando el precio de su credulidad: terminaron creyéndose el cuento del carácter irreprochable de nuestra democracia, aquello de que todos los policías y todos los jueces jamás actúan en función de su ideología, mayoritariamente derechista. Seguían repitiéndolo cuando ya eran obscenas las campañas para desacreditar a los independentistas catalanes, a Podemos, a Mònica Oltra, a un amplio número de raperos, tuiteros y humoristas, a cualquiera que osara criticar el régimen del 78.

Pensaron que jamás irían contra ellos, pero, cuando Sánchez giró a la izquierda, el PSOE entró de lleno en el punto de mira de los salvapatrias. La cruzada contra Sánchez, solución final de la cacería de zurdos, existía antes de las causas judiciales que ahora embarran a los socialistas. De hecho, estas causas, muchas sobreactuadas y hasta disparatadas, son episodios de esta campaña.

Comenzó en 2023, cuando el PP y Vox no lograron conquistar La Moncloa y decidieron que no iban a esperar cuatro años, que iban a derrocar lo antes posible a un Gobierno que tildaban de ilegítimo y convirtieron en diabólico cuando amnistió a los independentistas catalanes. La consigna fue el que pueda hacer que haga, de Aznar, recién confirmada por un Feijóo que proclama que hará “todo lo posible” para derribar al Ejecutivo antes de los comicios reglamentarios. 

No hay necesidad de celebrar reuniones de coordinación en esta conjura, cada cual tiene autonomía para hacer lo que esté a su alcance. Los medios derechistas para difundir bulos y las organizaciones ultras para fabricar querellas. Los policías militantes en la causa de la salvación de España para confeccionar dosieres contra los zurdos, mejor o peor hilvanados. Los jueces conservadores para tramitar las denuncias como si estuvieran bien fundadas y hasta para concluirlas con condenas sin pruebas, véase el caso del fiscal general.

¿Conspiranoia? No, amigos. Existe una gran diferencia entre la saludable puesta en cuestión de las versiones oficiales y la enfermiza adopción de una teoría conspirativa. Esta diferencia la fija la duda razonable, la razón crítica. Y, atención, es importante precisar que la versión oficial en la España de hoy no es la gubernamental, sino la mayoritaria en los medios y los aparatos del Estado. 

Siempre han existido las teorías conspirativas sin pies ni cabeza, pero es cierto que en nuestro tiempo brotan como los hongos en otoño. Conspiranoica fue la versión de Aznar y El Mundo asegurando que los atentados del 11M no fueron obra de yihadistas. Conspiranoico es creer que lady Di no murió en un accidente, que el alunizaje de 1969 fue una falsedad rodada por Stanley Kubrick, que el COVID-19 jamás existió y que la Tierra es plana.

Pero esto no desmiente que siempre hayan existido complots, que no todos sean fantasmales. A la categoría de lo real pertenecen la operación de falsa bandera del incendio del Reichstag en 1933, la conjura de Grandi, Ciano y el rey Victor Manuel para destituir a Mussolini en el Gran Consejo Fascista de 1943, la trola de las armas de destrucción masiva de Irak en 2003, los acuerdos empresariales para la obsolescencia programada y muchas otras cosas contantes y sonantes. 

Al llegar aquí, me parece escuchar el reproche facilón: Javier, no todos los policías son como el que empujó a la profesora valenciana, no todos los jueces son como Peinado. Sin duda. Pero los funcionarios políticamente militantes son numerosos y están muy motivados. La anécdota del policía de Valencia pasa a ser categoría cuando los sindicatos policiales lo apoyan y advierten a la ciudadanía de los riesgos de salir a la calle a manifestarse. La de Peinado, cuando el Consejo General del Poder Judicial vuelve el martes a reconvenir al Gobierno por sus blandengues críticas a la actuación de algunos magistrados y no dice ni mu sobre las actuaciones de tantos togados.

No me parece fantasioso y extravagante albergar sospechas razonables sobre el carácter orquestado de la campaña para derribar al Gobierno de Sánchez y adelantar unas elecciones que le den una mayoría absoluta al PP y VOX. Al contrario, lo estrambótico me parece creer en el carácter angelical de todos los participantes y de todas las acciones de este nuevo movimiento nacional.

El acto de violencia policial en las protestas del profesorado valenciano que hemos visto todos es horroroso, pero también sintomático. Un golpe seco por detrás a una mujer que protestaba tan tranquila que jamás habría esperado que un miembro de la policía —cuya función es precisamente velar por la defensa de los derechos fundamentales— la agrediera hasta derribarla al suelo y romperle de ese modo la nariz. 

Las reacciones no se hicieron esperar. De un lado, la delegada del Gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el asunto. De otro, dos sindicatos policiales salieron a defender al agresor y a cuestionar la investigación. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, criticó la intervención del agente, pero al mismo tiempo cuestionó también a los profesores que, según él, buscan la confrontación. Como no pudo acreditar ningún acto violento por parte del profesorado, debemos entender aquello como un torpe intento de justificar en parte al agente. Así las cosas, nadie se ha parado a pensar en el agresor en cuestión.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Qué lleva a un ser humano, que además ha prometido proteger a sus conciudadanos, a ver a una mujer en una manifestación y decidir que la opción correcta es darle un fuerte y claramente innecesario empujón por la espalda? Se trata de una pregunta más incómoda de lo que parece. Pero en tanto no es probable que el agente se pronuncie públicamente al respecto, y mucho menos diciendo la verdad, solo podemos especular.

Por un lado, bien podría ser que el agente estuviera acostumbrado a este tipo de acciones. Tras recibir la orden de intervención para desalojar una calle, sale del furgón y se desata un fuego interno que le ciega de tal modo que lo mismo da que enfrente tenga a un talibán armado hasta los dientes que a un anciano en silla de ruedas; el protocolo es el protocolo. Esta posibilidad no exige ningún compromiso ideológico previo, pero de ser correcta diría mucho de unas formas de intervenir que asumen la violencia como respuesta ante cualquier evento. Una violencia claramente desmedida y gratuita, en todo caso.

Por otro lado, también podría ser que el agente considerara que los manifestantes suponían realmente un peligro público tan grande que quedara justificada una intervención de ese tipo. Sin embargo, esto sí implicaría un fuerte sesgo ideológico. De hecho, habría que suponer que el agente tenía unas gafas ideológicas muy particulares por las que una mujer de 68 años que protesta por mejores condiciones laborales para los profesores se convierte en un instrumento de terror. Como en aquel episodio de Black Mirror donde los militares creen estar exterminando criaturas monstruosas porque sus dispositivos cambian la forma en la que perciben a simples humanos marcados como indeseables por el sistema.

Ahora bien, quizás la respuesta correcta sea una combinación de las dos anteriores, lo que explicaría la empatía con la que esos dos sindicatos policiales han recibido el caso. ¿Por qué iban a defender al agente si no es porque consideran que lo sucedido es normal y, en consecuencia, está justificado? Los perfiles de esos sindicatos aclaran dudas sobre su orientación ideológica: no son nada amigos de los partidos de izquierdas y, por lo tanto, probablemente tampoco de quienes protestan contra las políticas de los partidos de derechas. Es muy probable que para estos sindicatos —y para sus representados— lo sucedido sea parte de un modus operandi, de modo que la injusticia ocurre porque este agente finalmente pagará no por su acción sino porque fue grabada, a diferencia de muchos otros de sus compañeros que han hecho incluso cosas peores y han salido de rositas. Y, en cierta medida, tendrán razón. Porque ese es justamente el problema: estos excesos son demasiado habituales y la inmensa mayoría no deja ningún registro probatorio.

Hay aquí dos problemas entrelazados. En primer lugar, los discursos de la extrema derecha han ido penetrando en el organismo que vela por proteger la democracia. Año tras año se han ido normalizando ideas que criminalizan la protesta legítima, convirtiendo de ese modo a los protestantes en meros enemigos del Estado o, en su peor versión, de la identidad española. Nada nuevo en la historia, pero significativo del poder real de una extrema derecha capaz de reconfigurar el sentido común en ciertos segmentos de la población, especialmente dentro del Estado. El otro problema es que, indefensos como están los ciudadanos ante los excesos policiales, resulta especialmente doloroso que la izquierda no haya conseguido en tantos años gobernando acabar con la llamada ley mordaza, que otorgó aún más poder —de descontrol— a los agentes.

Quizás nunca sepamos qué pasó exactamente por la cabeza del agente en el instante previo al empujón. Pero esa es, en realidad, la cuestión menos importante. Lo relevante es que demasiadas personas fueron capaces de encontrar argumentos para justificarlo, relativizarlo o repartir responsabilidades con la víctima. Cuando una agresión tan evidente deja de percibirse como una excepción y empieza a considerarse una respuesta comprensible, el problema pasa del agente en concreto a la cultura política e institucional que ha hecho posible esa mirada. Desgraciadamente, eso nos dice mucho de los cambios en nuestra sociedad y de cómo las garantías democráticas están siendo erosionadas a una velocidad alarmante. Pero también nos interpela sobre cómo la izquierda institucional está dejando pasar todo esto bajo el radar, ocupada como está en otras cuestiones —en perspectiva, generalmente mucho más prosaicas—. El riesgo de que todo esto nos acabe costando mucho más caro es altísimo.

Es domingo y un policía, servidor público, está intentando que los profesores, servidores públicos, no corten una vía importante de València con su protesta. Da un empujón desproporcionado por la espalda a una maestra de 68 años, que cae a plomo. Ese día, un president de la Generalitat, servidor público, decide que los docentes –con sus exigencias y métodos de protesta que incluyen un breve encierro en la Conselleria– están siendo deshonestos, achacándoles mala fe en la negociación, según lo que le ha contado su consellera. La misma que los ha convocado a reuniones breves unas, eternas otras, en las que a veces no está y alargando los días de encuentro sin explicación o convocando con prisas, a ver si se cansan o se acaba el curso escolar. El PP valenciano enciende el ventilador y empieza la criminalización de la protesta. Pérez Llorca nunca se ha sentado en esa mesa.

El día en el que el policía da un mamporrazo a una ciudadana pacífica, Pérez Llorca deja por unos días de buscar la empatía de docentes y medios de comunicación en corrillos extraoficiales en los que hace de poli bueno durante la semana. Ese domingo, el hombre que quería borrar la huella de El Ventorro y a su chulesco morador contraponiéndose él como alcalde humilde de Finestrat decide su destino: él se solidarizará con las familias de los alumnos que hacen Selectividad sugiriendo que está en peligro, en lugar de llegar a acuerdos con su cuerpo docente, al que acusará sutilmente de boicot o malas artes (la selectividad se ha desarrollado con un 100% de servicios mínimos y sin incidencias). Pero no solo tiene ese flanco. Este miércoles también han empezado sus paros los docentes de la concertada.

En su Consell están convencidos de que los profesores se cansarán o los acabarán cansando. Se nota que no han salido de tapadillo a las calles ni a ninguna de las multitudinarias manifestaciones donde otros ciudadanos les aplauden desde los balcones y muchos conductores de autobuses municipales o bomberos pitan a su paso en señal de solidaridad. Las manifestaciones están también llenas de padres y madres.

Los maestros han perdido 2.000 euros en los primeros diez días de huelga, hay claustros enfrentados. En el gobierno valenciano auguran mella también en el inexorable paso del tiempo para las familias, que se rebelarán con que sus hijos reciban clase a medias. Pero ese Consell parece tener atrofiado el sentido del olfato. No solo no se cansan, sino que la protesta aumenta, se unen los músicos y bailarines y se reproduce por todos los barrios, acampan. Empieza el barro desde la institucionalidad, la ayusización del conflicto: son rojos, son de Podemos, son cuatro, son violentos, son vagos. Siempre hay medios dispuestos a dar esa versión. Pero la burbuja no se pincha ¿Cómo es posible? Porque no es una burbuja.

El conflicto en las aulas empezó hace muchos meses, con días de huelga aislados. La herencia para Llorca estaba envenenada y no se ha distanciado de ella. No solo por Carlos Mazón, sino por el conseller de Educación durante la dana, José Antonio Rovira. El día de la riada no dio ninguna indicación a los ayuntamientos para que cerraran los colegios (mientras la Universitat de València cancelaba toda su actividad y salvaba vidas). En lugar de hacer eso, se tomó la tarde libre y se fue pasarla a su Alicante natal (era martes y laborable).

Cuando el barro dejó inservibles los colegios y huérfanos de vida normal a los niños valencianos, no dio alternativas para los alumnos, muchos de los cuales estuvieron meses sin docencia y cuyos profesores limpiaron los centros a mano. Las direcciones tuvieron que apañarse sin liderazgo, con espacios cedidos o centros rotos. Al año de la riada, su Conselleria había gastado 1 millón de los 57 que tenía disponibles para infraestructuras. Esta falta de proactividad agravó la sensación de abandono de un colectivo al que le habían congelado el plus autonómico, la parte que depende de su comunidad, durante años.

Pero Rovira aún tendría que cometer otro grave error que está en el origen de las actuales protestas. Convenció al expresident Mazón de cambiar el modelo lingüístico, contra la opinión de la mayoría de la comunidad educativa, para acabar con una supuesta discriminación a los castellanohablantes que la consulta a padres demostró que no existía (ganó el valenciano). Más burocracia para los colegios.

A eso hay que sumarle dos detonadores: en enero se subió entre 100 y 300 euros el salario a los inspectores de Educación, el cuerpo técnico al que pertenece la consellera de Educación. En marzo se supo que la pareja de Pérez Llorca había sido trasladada a 300 metros del despacho de su marido en un concurso exprés por el que cobraría más de 53.000 euros anuales. Los profesores seguían esperando y ninguneados.

Todos esos ingredientes fueron enervando a unos funcionarios que han ido parcheando y que esta semana han pasado a ser tratados como el enemigo y acusados de cometer “actos vandálicos”, como dijo el president. Sus peticiones, maximalistas como punto de partida de negociación, incluyen ganar hasta 500 euros más al mes para compensar el salario congelado (les han ofrecido 200 de manera escalonada hasta 2028), ayudar a los colegios de la dana, climatizar las aulas, unas infraestructuras dignas, menos alumnos por profesor y más atención a niños con discapacidad. ¿Quién puede estar en desacuerdo con una escuela buena y gratis? Dicen en la Generalitat que no hay dinero para todo eso. El controller de la caja de caudales (el conseller de Hacienda) es ahora, casualmente, José Antonio Rovira.

El domingo, el día que se torció todo, hubo sentadas, encierros, indignación por el ninguneo y la agresión policial. El president ató su destino a ganar una batalla que, si se da un paseo por los colegios y las calles, no puede ganar y por la que va a pagar irremediablemente un precio. El de ser un gobernante que no toma la responsabilidad y no lidera con la excusa de que hay alguien ya al mando, aunque ese alguien no sea capaz.

El profesorado valenciano ha dado también con una tecla social y está inspirando a otras comunidades autónomas y otros sectores a organizar protestas para defender lo que suponíamos ingenuamente que se defendía desde los gobiernos de todos los colores per se: el estado del bienestar y las condiciones necesarias para que los servidores públicos nos atiendan y nos hagan la vida más fácil con nuestros impuestos. Es decir, el ecosistema más favorable para la mayoría, sean conservadores o progresistas.

Visto que no es así necesariamente, buena parte de la población se empieza a mover y a preguntar por qué tiene que habituarse a servicios parcheados, a que sus hijos pasen calor, a que no haya traumatólogo esta semana, que le vendan su VPO, a pagarse el seguro privado, a aguantar los ruidos del Bernabéu para que gane Florentino, a que el incendio avance porque un año más no ha habido suficientes bomberos forestales. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana ha autorizado a los colegios a suspender clases o reducirlas si hace demasiado calor. En vez de asegurar que en un plazo razonable los alumnos y los profesores tengan el mismo derecho de climatización que los diputados, los ediles, los médicos o trabajadores de museo.

Empieza una primavera de defensores de lo público, que es transversal, frente a quienes prefieren adaptarse a las estrecheces que han planteado algunos gobernantes que anteponen la pereza, la incapacidad o el clasismo a la honradez de favorecer con mejoras y dignidad la vida de sus ciudadanos.

Las elecciones del próximo domingo en Perú se presentan en un escenario muy abierto, donde el fujimorismo puede volver al poder de la mano de Keiko Fujimori. ¿Qué va a suceder? Este post analiza los apoyos electorales de las dos fuerzas políticas que se disputan el poder.

En pocos días los peruanos volverán a las urnas para resolver, una vez más en segunda vuelta, quién ocupará la Casa de Pizarro. La contienda enfrenta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), los dos candidatos que encabezaron una primera vuelta tan fragmentada como las anteriores. Fujimori afronta su cuarto intento por la presidencia luego de tres derrotas consecutivas en balotaje, aunque con resultados cada vez más ajustados. Es la heredera natural del fujimorismo, no solo por ser hija del último gobernante autoritario del siglo XX peruano (1990-2000) sino porque reivindica abiertamente ese legado.[1] Sánchez, a su vez, pretende ser el heredero de Pedro Castillo (2021-2022),[2] el expresidente encarcelado tras su intento de cerrar el Congreso, pero percibido por amplios sectores de la población como alguien que debió hacerlo.[3]

La elección guarda reminiscencias del 2021, cuando Castillo y Fujimori alcanzaron los primeros lugares en la primera vuelta con menos del 20% de votos cada uno y el resto de votos se desperdigó entre casi una veintena de candidaturas aún más ínfimas. Sin embargo, también hay diferencias que invitan a esperar un escenario distinto al de hace cinco años. A partir del desempeño histórico del fujimorismo y de sus principales contendientes, en esta nota describimos las continuidades y las rupturas del mapa electoral peruano e identificamos los votos que aún permanecen en disputa.

La pregunta que ordena nuestro análisis es la siguiente: ¿qué clivaje prevalecerá el 7 de junio, el de izquierda/derecha o el de fujimorismo/antifujimorismo? Sostenemos que si predomina el primero, la balanza tendería a inclinarse hacia Fujimori; si predomina el segundo, el beneficiado será Sánchez.

Comportamiento electoral peruano

En las últimas cuatro elecciones presidenciales (2011, 2016, 2021 y 2026) una enorme variedad de sellos partidarios y de nombres compitieron entre sí con una única certeza: la principal aspirante a un balotaje sería Keiko Fujimori. Por eso el naranja de Fuerza Popular es el único color constante en los cuatro mapas del gráfico siguiente.

Estos colores distribuidos a lo largo del territorio se entienden mejor si dividimos el país en cuatro grandes zonas: la costa, el sur, el oriente y el centro. Así, puede verse que hay áreas más estables que otras. La costa, que abarca gran parte del litoral, apostó en los últimos quince años por el fujimorismo, fuerza identificada con la defensa del modelo económico neoliberal consagrado en la Constitución de 1993. El sur, en cambio, respaldó de manera consistente a candidaturas de izquierda que se opusieron a ese mismo modelo: Gana Perú (2011), el Frente Amplio (2016), Perú Libre (2021) y Juntos por el Perú (2026) son expresiones de esa tendencia.

El oriente y el centro, por el contrario, muestran patrones más volátiles. El oriente (que agrupa regiones como Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios y alberga a la mayoría de los pueblos amazónicos, como los shipibo-conibo y los awajún) se inclinó en general por Fuerza Popular, aunque con intensidades variables. Tras un 2011 repartido entre Perú Posible, Gana Perú y Fuerza Popular, Fujimori se fortaleció en 2016 y tiñó de naranja casi toda la región. En 2021 y 2026 retuvo una parte importante de esos votos, aunque ya no en todos los distritos. El centro, salvo en las exitosas elecciones de Keiko en 2016, fue siempre una región disputada e incluso inclinada hacia sus contrincantes.

Lima Metropolitana, el bastión y el talón de Aquiles

Para entender la competitividad de Fujimori conviene poner el foco en Lima Metropolitana, que reúne a cerca de un tercio de la población peruana (más de diez millones de habitantes) en un área algo mayor que el Gran Ducado de Luxemburgo.

Como muestra el siguiente conjunto de mapas, el electorado limeño es fundamentalmente de derecha. Al tratarse del área que concentra la mayor parte de la riqueza del país, resulta previsible que sus electores defiendan el modelo vigente. Pero Lima es, además, una ciudad profundamente desigual que se refleja en los distintos “tipos” de derecha que conviven en ella. Los distritos menos acaudalados han respaldado históricamente al fujimorismo, mientras que los más ricos (situados en el centro de la ciudad) optaron por candidaturas de derecha liberal que tomaron distancia, al menos en el discurso, del autoritarismo fujimorista. Esta lógica se confirma en 2026: Renovación Popular, de Rafael López-Aliaga, fue la fuerza más votada en Lima Metropolitana (20,68%) por delante de la propia Fuerza Popular (17,41%).

Ese bastión de la derecha es, al mismo tiempo, el talón de Aquiles de la izquierda. La siguiente tabla lo pone en evidencia: Sánchez fue, por amplio margen, el candidato menos votado entre las fuerzas relevantes de Lima Metropolitana (2,83%) y Castillo también tuvo allí un desempeño pobre en el 2021 (7,29%). Del mismo modo, vale la pena reparar en lo ocurrido en el balotaje de 2021: aunque Castillo trepó del 7,29% al 34,32%, un crecimiento del 27%, quedó bastante lejos del incremento de 52% (del 14% al 66%) que obtuvo Fujimori.

El voto en el extranjero muestra patrones similares a los de Lima Metropolitana. Los candidatos más atractivos en las primeras vueltas del 2021 y del 2026 fueron López-Aliaga y Fujimori, mientras que los candidatos de izquierda no pasaban del 8%. Y, de igual manera, la capacidad de ganar más votos en la segunda vuelta fue más alta para Keiko Fujimori. En el 2021, Fujimori pasó del 14% al 66% en segunda vuelta, mientras que Perú Libre pasó de un 7% a un 34%. La brecha en la primera vuelta se incrementó en 2026: Fujimori obtuvo un 17%, mientras que Sánchez no alcanzó el 3%.

La segunda vuelta: votos en disputa

Las tendencias muestran una gran división territorial que se mantiene estable a lo largo de los años y que mantiene bastante parejos a los contendientes de la segunda vuelta. En ese sentido, la clave está en atraer a todos aquellos votantes que en primera vuelta no apoyaron a ninguna de las dos fuerzas que protagonizarán la próxima contienda.

En primer lugar, la participación electoral introduce una incógnita considerable. Luego de las elecciones de 2016, se inaugura un período de fuerte inestabilidad institucional y la participación se ha visto reducida año tras año (pese a que en el Perú el voto es obligatorio bajo pena de multa económica). Como se muestra en la tabla siguiente, esta se ha reducido en más del 10% en los últimos 15 años.

De modo similar, los votos nulos y en blanco se mantienen alrededor del 15% aunque estos suelen reducirse considerablemente para la segunda vuelta. Por ejemplo, en el 2021 más de 2 millones de electores se decidieron por alguna de las dos opciones. Cabría esperar el mismo comportamiento este fin de semana.

En segundo lugar, están los casi 12 millones de votos que en primera vuelta quedaron en manos de las otras 33 candidaturas presidenciales. Si nos guiáramos por las orientaciones ideológicas, Keiko Fujimori tendría mayor ventaja pues el electorado peruano, en su mayoría, se identifica a sí mismo como de derecha.[1] Así, los votantes de Rafael López-Aliaga (11.9%) y de Carlos Álvarez (7.9%) deberían orientarse “naturalmente” hacia Keiko; mientras que los de Ricardo Belmont (10.2%) y López-Chau (7.3%) hacia Sánchez. Sin embargo, el alineamiento no surge de forma natural porque muchos electores no se sienten representados por dichas candidaturas y el surgimiento de campañas por el voto en blanco por parte de algunos ex-candidatos[2] dejan más grande la incógnita de qué agrupación será capaz de atraer a más votantes.

Por otro lado, la lectura ideológica para el Perú es insuficiente, pues lo que ha decidido los resultados de los últimos años ha sido el “antifujimorismo”, una anti-identidad basada en la oposición a lo que representa el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. A ello se debe, en buena medida, que Keiko no ganara las últimas contiendas electorales. El antifujimorismo se suele organizar en momentos clave de las competencias electorales. De hecho, en los últimos días al ver que Fujimori lidera las encuestas, se han organizado manifestaciones en la capital.[3]

Como último ejercicio, entonces, nos queda observar la capacidad de los competidores para mantener bastiones electorales que nos ayuden a pensar posibles desenlaces. Los siguientes dos gráficos muestran los espacios geográficos en los que la izquierda y el fujimorismo, respectivamente, han tenido apoyos concentrados. Utilizando el índice LISA de autocorrelación espacial podemos ver dónde se concentran los bastiones de cada candidatura. Esta técnica estadística muestra las áreas geográficas donde distritos contiguos tienen altos apoyos electorales hacia una candidatura (zonas rojas) que sugieren bastiones electorales y donde, por el contrario, los votos son sistemáticamente bajos (zonas azules) sugiriendo la presencia de oposición.

Así, al comparar el voto a Castillo (2021) en ambas elecciones con el de Sánchez (2026) se revela un dato sugerente: Sánchez no ha logrado retener el voto del sur que había cosechado Perú Libre (desvanecimiento de áreas rojas), pero lo compensó con regiones del norte como Cajamarca y Amazonas. Esto sugiere que si Roberto Sánchez logra articular tanto el voto de izquierda como el antifujimorismo en el sur, podría obtener incluso mayor apoyo que Castillo el 2021 si es que logra mantener Cajamarca y Amazonas al mismo tiempo.

El siguiente gráfico, en cambio, compara la autocorrelación espacial del voto a Fujimori en 2021 y 2026 y muestra una estructura territorial estable de su apoyo en las últimas tres elecciones. Loreto y Ucayali en la frontera amazónica fueron regiones que Fujimori consolidó respecto a la primera vuelta de 2021. Además, mantuvo Lima y la costa del Pacífico en el norte. Así, el apoyo electoral de Fujimori no parece haber cambiado mucho en estos últimos cinco años por lo que no parece que tuviese bolsones electorales que recuperar de cara a la segunda vuelta. Su estrategia, por tanto, parece enfocarse en evitar que Sánchez recupere el sur y poder atraer algunos votos de allí.

Comentarios finales

El escenario del 7 de junio permanece eminentemente abierto. Por su trayectoria, Fujimori llega como favorita y mejor posicionada que en ocasiones anteriores, aunque con varios flancos descubiertos: el centro y, sobre todo, el sur. Sánchez, por su parte, reúne características que lo emparentan con Castillo, pero con intensidades menores: parte de pisos más bajos en el sur, en Lima Metropolitana y en el exterior, y solo se muestra competitivo en el centro del país.

A esa fotografía de base se suman tres fuentes de incertidumbre que pueden alterar el resultado: la dirección que tome la participación, la reasignación de los votos nulos y en blanco que tienden a definirse en el balotaje, y la ambigüedad ideológica de buena parte de las candidaturas derrotadas. En definitiva, la elección parece reducirse a dos preguntas espejo. La medida en que Sánchez logre trascender a la izquierda para erigirse en candidato del antifujimorismo y la medida en que Fujimori consiga trascender su apellido para presentarse como una candidata de la derecha serán, muy probablemente, el terreno donde se dirima la presidencia del Perú.

[1] Véase los datos del Latin American Public Opinion Project (LAPOP) para Perú (2006–2023).

[2] https://www.infobae.com/peru/2026/05/14/tercer-candidato-de-la-segunda-vuelta-promueven-voto-viciado-para-anular-elecciones-y-frenar-a-keiko-fujimori-o-roberto-sanchez/

[3] https://www.infobae.com/america/agencias/2026/05/31/marcha-contra-la-candidata-presidencial-keiko-fujimori-toma-las-calles-del-centro-de-lima/

[1] Keiko Fujimori: “QUIERO SER PRESIDENTA PARA GOBERNAR, como lo hizo mi padre” https://youtube.com/shorts/eTkjwQFct8Y?si=XiIToMGdwZS_sI4w

[2]https://www.infobae.com/peru/2026/03/25/roberto-sanchez-explica-por-que-usa-el-mismo-sombrero-de-pedro-castillo-durante-su-campana/

[3] https://estudiosdeopinion.iep.org.pe/informe/diciembre-2022/

Mientras las imágenes de destrucción de Palestina ocupan portadas y titulares, otra violencia continúa creciendo imparable lejos del foco mediático. La violencia sexual y de género contra niñas y mujeres palestinas aumenta exponencialmente en Gaza y Cisjordania. No es un daño colateral ni una consecuencia inevitable de un conflicto armado. Es una grave violación de derechos humanos que en este caso adquiere una gravedad especial por el contexto de genocidio, ocupación ilegal, desplazamiento forzoso, detención y colapso institucional.

Lo más preocupante no es solo que esta violencia exista. Es que el mundo sigue sin responder con la contundencia que exige. Y cuando la comunidad internacional mira hacia otro lado ante violaciones sistemáticas de derechos humanos y del Derecho Internacional, cuando ignora la violencia sexual y de género, el silencio deja de ser neutral para convertirse en complicidad.

Las organizaciones palestinas, particularmente las feministas y las de derechos de las mujeres, llevan años documentando esta realidad con evidencias y testimonios. Gracias a ello, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU denunció, en marzo de 2025, que la violencia sexual (incluida la tortura sexual) se ha convertido en “una herramienta de la ocupación israelí, perpetrando genocidio y perpetuando el sistema de opresión mediante la intimidación de la población palestina y su desplazamiento forzoso”.

Esta violencia atraviesa toda la arquitectura de la ocupación, y se manifiesta en centros de detención, puestos de control, incursiones militares y ataques constantes. Es ejercida a diario por las fuerzas de seguridad y por los colonos israelíes, en un contexto de total impunidad. La violencia sexual es empleada sistemáticamente para aterrorizar, sobre todo, a mujeres y niñas y perpetuar, un sistema genocida y de opresión de toda la población palestina. Un engranaje integral que infunde miedo, vergüenza, castigo, aislamiento de las supervivientes, para fracturar y desplazar forzosamente a las comunidades palestinas tanto en Gaza como en Cisjordania, incluido Jerusalén Este. Se trata de una de las expresiones más extremas de violencia.

Las cifras son devastadoras. Según ONU Mujeres, más de 38.000 mujeres y niñas han muerto en Gaza desde octubre de 2023 hasta finales de 2025 y más de un millón han sido desplazadas. La destrucción deliberada de infraestructuras sanitarias y de protección ha dejado a cientos de miles de ellas sin acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva o de atención psicosocial. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 500.000 mujeres carecen actualmente de atención básica. Al mismo tiempo, los refugios improvisados y los espacios superpoblados multiplican los riesgos de violencia sexual y de género. Un reciente estudio de ActionAid España señala que el 78% de las mujeres encuestadas en Gaza afirmó haber sufrido al menos una forma de violencia sexual o de género.

Un mismo patrón en muchos lugares

Sin embargo, Palestina no constituye una excepción. Lo que ocurre allí forma parte de un patrón documentado desde hace años en numerosos conflictos. La violencia sexual se utiliza como arma de guerra, mecanismo de dominación y herramienta de represión política.

El último informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual relacionada con los conflictos, presentado en abril de 2026 por la Representante Especial Pramila Patten, verificó 9.788 casos de violencia sexual relacionada con los conflictos en 2025. La cifra supone más del doble de la registrada el año anterior y la ONU advierte de que está muy lejos de reflejar la verdadera dimensión del fenómeno. Violaciones, esclavitud sexual y secuestros siguen utilizándose como arma de guerra y represión política en países como Sudán, Haití, Somalia, Sudán del Sur, Myanmar y República Centroafricana. Los casos documentados se caracterizan por una brutalidad extrema y afectan mayoritariamente a mujeres y niñas.

En Ucrania, la ONU documentó al menos 310 casos atribuidos a fuerzas rusas, incluidos abusos contra personas detenidas y prisioneros de guerra. En Sudán, la violencia sexual se utiliza de forma generalizada para aterrorizar y desplazar comunidades, con casos de violaciones masivas, esclavitud sexual y matrimonios forzados. En Haití, las bandas armadas emplean las violaciones y agresiones sexuales como mecanismo deliberado de dominación y castigo colectivo en los territorios que controlan.

El informe incluye además una lista de 77 entidades gubernamentales y no gubernamentales responsables de perpetrar violencia sexual en conflictos, entre ellas las fuerzas armadas y de seguridad rusas, israelíes, así como militantes de Hamás.

En el este de la República Democrática del Congo, entre enero y septiembre de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) denunció más de 80 000 casos de violación, lo que supone un aumento del 32 % con respecto al mismo periodo de 2024. Personal militar y grupos armados perpetran ataques contra grupos étnicos concretos; secuestros y raptos con fines de esclavitud sexual; y violaciones en granjas y otros lugares de trabajo o mientras las mujeres y las niñas se encontraban en tránsito. Además, los recortes repentinos de la ayuda internacional de Estados Unidos interrumpieron bruscamente la atención sanitaria de urgencia y otras formas de apoyo a miles de supervivientes de violencia sexual. Muchas contrajeron el VIH o quedaron embarazadas porque las clínicas y los hospitales del este del país se quedaron sin existencias de kits de profilaxis postexposición.

No son, por tanto, casos aislados; responden a un patrón de violencia muy específico que requiere una respuesta política igualmente sistemática. La violencia sexual no es exclusiva de un conflicto ni de un único actor armado. Está presente allí donde la guerra destruye instituciones, garantías jurídicas y mecanismos de protección.

La urgencia de un enfoque feminista

La aplicación de un enfoque integral de paz feminista implica ir más allá de la lógica de conflicto militar, exige medidas claras que garanticen la protección de la vida, la justicia y los derechos humanos. Exige investigaciones independientes, rendición de cuentas, garantía de financiación sostenida para organizaciones feministas, de mujeres y jóvenes. Y por supuesto, su participación efectiva en todos los espacios de negociación, reconstrucción y construcción de paz.

No puede olvidarse tampoco que explicar la violencia sexual en conflictos exige responsabilidad. Las mujeres y niñas palestinas, sudanesas, ucranianas, yemeníes o haitianas no son solo víctimas; son defensoras de derechos humanos, periodistas, sanitarias, estudiantes, lideresas comunitarias y sostén de sus familias en condiciones extremas. Frente a la violencia que sufren de forma sistemática, es imprescindible escuchar sus voces, proteger su dignidad y evitar narrativas que las revictimicen. Pero también lo es acabar con la impunidad: la justicia y la acción política deben actuar de manera urgente. La respuesta internacional no puede seguir dependiendo de intereses geopolíticos o ciclos mediáticos. La protección de mujeres y niñas frente a la violencia sexual debe ser una prioridad política global y nacional, y una obligación ética innegociable.

España tiene una oportunidad para demostrar ese compromiso. La V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista, que se celebra en Madrid bajo el lema “Construyendo Paz y Democracia”, no debería limitarse a declaraciones genéricas sobre igualdad. España y los Estados participantes en este encuentro deben abordar de manera explícita la prevención y respuesta a la violencia sexual en conflictos armados, incorporándola como una prioridad en sus presupuestos y en su acción exterior, humanitaria y de cooperación internacional.

Frente a crímenes que destruyen vidas, comunidades y generaciones enteras, el silencio alimenta la impunidad. Cuando la violencia sexual se utiliza como instrumento de guerra, callar no es una opción. No actuar tampoco.

“Hemos hecho en este país la transición a la democracia sobre la bisagra de una reforma cimentada en el silencio y la ruptura de la espiral de la venganza. Así había que hacerlo y no hay que arrepentirse de ello. Pero del silencio al olvido y la ignorancia solo hay dos pasos. Y sería pernicioso que muchos los dieran” (Francisco Tomás y Valiente).

Hablamos de la tortura. Y ello nos lleva a recordar, como dijo Josep Fontana, que de las investigaciones realizadas se deduce “la brutalidad con que se aplicó la represión en el territorio franquista, sin ningún respeto por los derechos humanos”. Desde este presupuesto analizamos lo siguiente.

Como, lamentablemente, acaba de ocurrir, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha opuesto rotundamente a la instalación de una placa en la actual sede de la Comunidad de Madrid en memoria de las víctimas de la dictadura, que tanto dolor sufrieron por su internamiento en los calabozos de dicha sede cuando era la Dirección General de Seguridad. Con la particularidad de que ha sido apoyada por dos magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Una particular muestra y expresión de la “parcialidad” que vemos en ciertos sectores de la judicatura.

Parece que ni la presidenta ni los magistrados hayan leído el Acuerdo de 20 de octubre de 2025 de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. En ella, el Gobierno acordó instalar una placa en dicha sede que mantuviera la memoria de unos de los espacios más violentos de la dictadura, la Dirección General de Seguridad. Acuerdo que pretende actualizar el papel central de dicha sede en la “represión política y social durante la dictadura franquista”. “En sus dependencias se llevaron a cabo interrogatorios y torturas”, señala el texto, añadiendo que “uno de los aspectos más oscuros de la actividad de la DGS fue el uso sistemático de la tortura como método de obtención de información y castigo”, hasta el punto de “extraer confesiones, atemorizar y desmoralizar” a los detenidos por medio de una “extrema brutalidad”. “La represión desde la DGS tuvo efectos devastadores en la sociedad española” y se convirtió en un “símbolo del terror estatal” que “evocaba imágenes de brutalidad y sufrimiento”. Esta inmensa y dolorosa realidad es la que la presidenta Ayuso y los magistrados tratan de evitar que se difunda.

Para justificar, aún más, la necesidad de instalar en dicha sede la placa que abra a toda la ciudadanía la memoria de aquella tragedia, basta recordar las palabras contenidas en el informe del Consejo de Europa -marzo de 2006- que expresó con toda claridad y detalle lo que en uno de sus capítulos se denomina: 'Balance de los crímenes del régimen de Franco'. Informe que subraya que “la conciencia de la Historia es una de las condiciones previas para evitar que se repitan los errores del pasado. Además, la evaluación moral y la condena de los crímenes cometidos juega un papel importante en la educación de los jóvenes”. Parece que las citadas autoridades ignoran este informe.

Para complementar lo expuesto, considero necesario rememorar lo que significó la Brigada Social y Política de la dictadura.

Es una evidencia, sobradamente acreditada por la investigación histórica, la significación relevante de la violencia y la represión como elemento central del golpe militar de 18 de julio de 1936 y del Estado totalitario definitivamente implantado al fin de la contienda militar. La institucionalización de la represión, primero contra las personas fieles a la República y luego contra toda la oposición democrática, disponía de varios instrumentos básicos y necesarios para el ejercicio de su función. Entre ellos, estaban los diversos Cuerpos policiales y, particularmente, la Brigada Político-Social, constituida en todas y cada una de las Jefaturas Superiores de Policía, bajo la dirección política de los correspondientes Gobernadores Civiles.

Sin el concurso, primero, de las Comisarías de Investigación y Vigilancia y, después, de dichas Brigadas, los Consejos de Guerra y los Tribunales Especiales -como el TOP- no hubieran podido llevar a cabo su cometido. Para ello, contaban con una policía política que, carente de todo control judicial y con una constante vulneración de las garantías y derechos de los ciudadanos, investigaban y detenían a quienes disintieran o se opusieran por cualquier medio a la Dictadura a la que servían y protegían con todos los medios a su alcance. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresión del terror impuesto por la Dictadura.

La Brigada Político-Social fue creada por Ley de 2 de septiembre de 1941, concentrando, con los servicios de Información de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represión política que practicaban a través de seguimientos, intervenciones telefónicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta -o no- a la autoridad militar o al TOP, detenciones arbitrarias e indefinidas en Comisarías o Centros de detención habilitados, sin poner al detenido a disposición judicial, la práctica sistemática de la tortura y otras prácticas policiales, como el hostigamiento sistemático de la oposición democrática. Deben tenerse presente dos datos que reflejan el permanente hostigamiento policial de la oposición durante la dictadura. El primero, las detenciones políticas en España en 1961 fueron 1.335 y, en 1962, llegaron a 2.438. Segundo, el total de presos políticos en España al iniciarse el 1961 era de 15.202, entre ellos 1.596 mujeres. 

Debe destacarse la trascendental importancia que llegó a tener, entre otros medios violentos de investigación, la práctica de la tortura, tal como ha quedado ya reflejada en numerosas investigaciones históricas. Basta acceder a las fuentes documentales de quienes, como espina dorsal del régimen, la practicaron gravemente. Ciertamente, tenemos constancia de ello por el testimonio de sus víctimas. Así resulta del de Marcos Ana, Elena Cuartero García, María Salvo Iborra, Heriberto Quiñones, Vicente Cazcarra, Pedro Vicente, Miguel Núñez, Tomasa Cuevas, Moisés Hueso Mateo, Francisco Díaz Iniesta, Carles Vallejo y tantos otros miles. Todos, sin excepción, según el gran luchador por la democracia, Miguel Núñez, “quedaron destrozados física y moralmente”.

Las actuaciones de estas Brigadas se mantuvieron activas hasta el periodo final de la Dictadura y la Transición; así resulta recogido con exactitud en obras recientes sobre ese periodo histórico en la que se da cumplida cuenta del “papel estratégico” que desempeñaban en esa etapa bajo la dirección de Saturnino Yagüe González “que trabajaba desde 1958 en estos menesteres” y la constante y durísima actuación de Pedro Polo, Eduardo Quintela, Juan Estévez, del “Comisario Ballesteros en Valencia”, el Jefe de Policía de Tenerife José Matute, de González Pacheco, de Carlos Domínguez, de Eleuterio Fernández-Girón, del Inspector Pena, de los hermanos Antonio y Vicente Juan Creix, Eugenio Nicolás, etc.  Basta examinar las detenciones policiales por razones políticas y sindicales producidas durante el periodo comprendido entre julio de 1975 y diciembre de 1976-un total de 2.815- para valorar el verdadero alcance de la represión. (Fuente: Gabinete Técnico del Ministerio de la Gobernación). A partir de dichos datos, es razonable asumir la hipótesis de que 53.500 personas aproximadamente sufrieron represión en el último periodo del franquismo. Actividad que exigía una amplia y diversificada organización que era similar en toda España. Como la de Catalunya, la VI Brigada Regional, que disponía en 1974 de la siguiente estructura. Grupos: “Jefatura, Secretaria, Servicio de Guardia-Grupo VI, Servicio de Universidad-Grupo VII, Servicios Extraordinarios Prolongados, Asuntos laborales-Grupo I, Actividades catalanoseparatistas -Grupo II, Actividades comunistas-Grupo III, Actividades Anarquistas, Trotskistas y sociales-Grupo IV y Escoltas y Sectas-Grupo V”, disponiendo para esos fines, en dicho año, de 120 funcionarios de plantilla. Y, desde luego, la relación directa de dichas Brigadas con los asesinatos cometidos por las Fuerzas de Seguridad con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga, reunión y manifestación. Basta con citar los cinco cometidos en Vitoria en 1976.

En 1975, “continuaban a buen ritmo los apaleamientos y las vejaciones a base de palizas con la porra, con cuerdas o con toallas mojadas, quemaduras con cigarrillos, contusiones generalizadas o cortes con cuchillas de afeitar”. Torturas que determinaron en su día los Manifiestos contra la misma de 1963 (sobre la tortura en Asturias), de diciembre de 1968 (Documento suscrito por 1.500 intelectuales) y el de la primavera de 1976. En la obra de N. Sartorius se contiene una reflexión, tomada de Antoni Batista, sobre la importancia de que las generaciones más jóvenes conozcan los atestados e informes de dichas Brigadas, porque, lo que hoy puede hacer sonreír, “por la propia redacción macarrónica y ampulosa, llena de esos gerundios policiales que tanto mal hacían a los ojos de Salvador Espriu”, ocultan una actividad directamente delictiva y represora que no puede ni debe olvidarse.

La organización de la policía política contó desde siempre con colaboradores externos, particulares, funcionarios y agencias privadas de información, además de la extrema derecha, para vigilar, informar y, sobre todo, las delaciones, dados los apoyos sociales que el franquismo tuvo desde su inicio. Datos que las autoridades policiales aprovecharon al máximo.  

Pese a la enorme gravedad de lo expuesto, la Transición, concretada en la Ley de Amnistía, impidió la persecución procesal y consiguiente sanción penal de tantos y tantos delitos de tortura. Y, hoy, la Justicia, continúa cerrando el paso a una investigación rigurosa de dichos delitos invocando, erróneamente, la prescripción de los mismos, cuando no la Ley de Amnistía, como así ha ocurrido, injustamente, ante la denuncia formulada por Carles Vallejo ante el Juzgado de Instrucción 18 y la Audiencia Provincial de Barcelona, por los 21 días de internamiento en las celdas de la Comisaria de Vía Layetana, sufriendo toda clase de durísimos malos tratos y torturas.

Estimo necesarias las palabras de Guy Aurenche. “La tortura institucionalizada no es solamente la negación misma del hombre, sino también la negación misma del papel que ha sido confiado al Estado por las sociedades humanas.De ahí, el carácter particularmente tortura institucionalizada”. Una gravísima realidad que la Presidenta y los magistrados parece que quisieran olvidar.

Y una observación necesaria. El art.2.3 de la Ley de Memoria Democrática dispone lo siguiente: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977,de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretaran y aplicaran de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”. Basta ya de excusas vacías para no perseguir los crímenes de la dictadura.

A lo largo de mi trayectoria, he sido testigo de numerosas transformaciones sociales e institucionales. Sin embargo, pocas han planteado una oportunidad y un desafío tan profundos a nuestras estructuras de convivencia como la actual revolución de la Inteligencia Artificial. En este escenario de cambio acelerado, la reciente encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV irrumpe con fuerza como un lúcido tratado de gobernanza y una brújula estratégica y moral para nuestro tiempo.

En LLYC solemos decir que las organizaciones se enfrentan constantemente a su “momento de la verdad”. El texto del Papa sitúa a la sociedad entera ante uno de esos momentos: una elección histórica y decisiva entre levantar una nueva torre de Babel tecnológica, cimentada en la uniformidad y el dominio, o asumir la tarea de reconstruir los muros de nuestra Jerusalén compartida, mediante el esfuerzo conjunto, el diálogo y la responsabilidad.

La Inteligencia Artificial es una herramienta extraordinaria con un inmenso potencial para aportar grandes beneficios, mejorar los servicios, curar y abrir nuevas posibilidades para la humanidad. No obstante, la encíclica recuerda que la tecnología no es moralmente neutra, ya que refleja las prioridades y valores de quienes la diseñan y entrenan. Uno de los grandes retos de esta transición es cómo afecta al debate público. Si bien la IA puede dinamizar el conocimiento, también puede actuar como un potente multiplicador de desinformación, difuminando la frontera entre los datos objetivos y las opiniones. En un entorno donde los algoritmos a veces premian el antagonismo y la confrontación, se corre el riesgo de polarizar a la sociedad y exponer a las instituciones a crisis de legitimidad. La democracia es un ecosistema frágil que se nutre de la confianza, y el conflicto perpetuo bloquea los consensos necesarios para que la innovación rinda sus mejores frutos. He repetido muchas veces que la democracia no se defiende sola, que no hay una ley natural que obre en favor de la igualdad, la justicia y la verdad, que nos corresponde a todos defenderla todos los dias, a todas las horas y en todos los lugares. También en el espacio digital.

Ante la complejidad de estos retos globales, desde el sector privado estamos llamados a ejercer un liderazgo constructivo. El propio León XIV nos interpela a las organizaciones a ir más allá de la transmisión de información para impulsar una verdadera “ecología de la comunicación”. La legitimidad social de las empresas en el futuro dependerá en gran medida de su capacidad para actuar como agentes de cohesión. Debemos asegurar que las tecnologías y las plataformas digitales sirvan para

crear espacios que fomenten la argumentación serena, protejan el pensamiento crítico y defiendan la verdad de los hechos como un bien común irrenunciable.

Ante este escenario, el desarrollo de la IA requiere un marco ético claro que maximice su potencial con criterios de inclusión. La encíclica apela directamente al sector empresarial para ir más allá del cumplimiento normativo, aplicando una rigurosa debida diligencia (due diligence) en sus desarrollos. Las empresas e inversores líderes deben adelantarse mediante sistemas de verificación ética que protejan los derechos fundamentales, asumiendo una transparencia total (accountability) en el uso de decisiones automatizadas. El objetivo es asegurar que la tecnología cumpla su propósito más noble: ayudar y potenciar verdaderamente a las personas y hacer, como dice León XIV que la ciudad de los hombres se vuelva más habitable

Para ilustrar el camino a seguir en esta transformación, el Papa utiliza la potente imagen del líder bíblico Nehemías: frente a una ciudad de Jerusalén en ruinas, él no impuso soluciones desde arriba ni actuó en solitario; al contrario, convocó a las familias, coordinó los esfuerzos y confió a cada sector de la sociedad un tramo de la muralla para su reconstrucción.

Esta es la visión estratégica que necesitamos hoy para gobernar con éxito la Inteligencia Artificial. Ningún actor puede resolver la complejidad de estos desafíos por sí solo. En este sentido, como señala mi amigo y profesor Diego S. Garrocho en otra tribuna sobre este texto, “hablar con todos, negociar con todos, dialogar con todos en nombre de la vulnerabilidad humana es el primer paso indispensable para reconstruir un mundo que, a ojos de todos, se encuentra irremediablemente herido”.

En definitiva, es el momento de actuar como auténticos constructores de puentes, tendiendo lazos firmes entre el sector público y el sector privado. Porque sólo mediante una colaboración estrecha, una regulación inteligente y una innovación empresarial responsable podremos levantar, como en tiempos de Nehemías, esa muralla compartida que proteja la convivencia y garantice que la revolución tecnológica esté verdaderamente al servicio de las personas y del bien común.

Semana de nervios en más de 300.000 hogares que se enfrentan a la PAU (la antigua Selectividad), nervios de los estudiantes y nervios de las familias, días difíciles, pero tampoco nos pasemos de drama: es solo un examen, no se acaba el mundo ni se juegan el futuro, nosotros también lo hicimos a su edad y míranos; yo entiendo a las familias que quieren acompañar a sus hijos en el proceso pero cuidado con sobreprotegerlos, tratarlos como niños pequeños cuando son ya casi adultos; esas madres y padres que llevan a sus hijos hasta la puerta del aula, y si les dejasen entrarían y se sentarían a su lado para darles ánimos durante la prueba; cuidado, que estamos criando o malcriando una generación de cristal, infantilizada, incapaz de aguantar la mínima presión, sin resistencia a la frustración, niños mimados que tendrán estrés postraumático por la Selectividad, que ahora todo es salud mental, que me deprimo, mami, que tengo ansiedad, papi, llevadme a terapia que lo estoy pasando mal; nosotros a su edad íbamos solos a la Selectividad y nos enfrentábamos al mundo sin ayuda, aprendíamos a golpes, nos caíamos y nos levantábamos, jugábamos en la calle entre jeringuillas de yonquis, nos tirábamos piedras y peleábamos a puñetazos, no lloriqueábamos tanto, nuestros padres nos habrían cruzado la cara si hubiésemos dicho que la Selectividad nos da ansiedad, es que entonces no había ansiedad ni tanto rollo con la salud mental, ni bullying ni TDA ni esas cosas modernas de ahora, que en seguida lo convertimos todo en problema psicológico, estamos criando, malcriando, a una generación de cristal, de papel, de trapo, qué harán cuando lleguen al mercado laboral y no esté mamá para hablar con el jefe, anda que no van a llorar ná, ojalá no les toque vivir una guerra porque estarían muertos, no como nosotros que pasamos una guerra y una posguerra y…

Perdón, que me he venido un poco arriba, me caliento, me caliento y… Venga, dime, ¿en qué línea del primer párrafo te has bajado, hasta donde estás de acuerdo con esas críticas a los jóvenes? Habrá quien a la segunda frase ya tuerza el gesto, y habrá quien llegue al final del párrafo y hasta le sepa a poco. Todas esas frases, más o menos literales, solo un poco caricaturizadas, las he copiado de los comentarios de lectores en varios medios este martes, comentarios que acompañaban noticias sobre la PAU y los nervios de los chicos y de sus familias. Y no falla: basta que uno empatice con los jóvenes en este o en cualquier otro asunto, para que te caiga encima un chorreo como el del primer párrafo, una mezcla de resentimiento y ajuste de cuentas generacional, “en mis tiempos…”, “yo a vuestra edad…”

En realidad es lo mismo que se decía de mi generación hace treinta años, y mucho antes de la generación de mis padres, y la de mis abuelos, y así desde hace milenios, que lo de “en mis tiempos…” no es precisamente nuevo: no hay generación que no sienta que su infancia y juventud fueron más duras pero también más auténticas que las de quienes llegan detrás.

Yo no me sumo al coro de los amargados. Ayer acompañé a mi hija Carmela a las ocho de la mañana, y la recogí al terminar, agotada después de tres exámenes seguidos. Como tantas madres y padres que vi allí, y como seguramente habrían hecho otros que no pudieron por trabajo. Madres, padres, y también profesores: del instituto de mi hija acudieron varios, no porque les tocase sino por gusto, por dar ánimos, seguridad y cariño a sus alumnos, que lo agradecieron. Como tantas familias, también nosotros nos hemos volcado en Carmela estas últimas semanas para hacérselo más fácil, para que estudiase sin otras preocupaciones, pudiera descansar bien y distraerse algún rato, quitarle presión y darle confianza.

Como, por otra parte, hicieron mis padres conmigo, a su manera, cuando yo tenía la edad de mi hija, qué tontería es esa de que nosotros nos enfrentábamos a la vida a palo seco. Mis padres me cuidaron lo mejor que supieron, hicieron todo lo que estaba en su mano para que estudiase, me dieron los empujones necesarios hasta la vida adulta, y todavía están ahí cuando los necesito, como espero estar para mis hijas. No sé qué infancia tuvieron quienes lo viven todo en términos de competición intergeneracional, unos tristes. 

Mi Carmela, como la mayoría de sus compañeros, siente la presión de una prueba que no es cualquier prueba, para la que se preparan durante todo un año, en la que saben que no se juegan su futuro pero sí una parte de sus opciones de seguir estudiando cuando el acceso a ciertas carreras se ha estrechado y la universidad privada no es una opción, y cuando el futuro es incierto y sombrío, que es el mensaje machacón con que están creciendo. ¿Sobreprotección, generación de cristal? ¡Venga ya, so tristes!

Ánimo, familias.

Partamos de una premisa que no admite duda: la corrupción política es inadmisible en todos los casos y una de las peores traiciones a los votantes al valerse de su confianza para robarles o robar gracias a ellos. Ahora bien, quien crea que se quiere tumbar al gobierno de Sánchez por corrupción, supuesta o cierta, es que no vive en este mundo. El grupo de quienes lo intentan con más ahínco permite afirmar que no pueden presumir precisamente de honestidad. El problema añadido es que todo esto nos daña como país sin que le importe lo más mínimo a sus autores. Y tampoco que, junto a las injerencias externas que amparan, estemos en una situación complicada.

España ha sido considerada ancestralmente como un país corrupto. La picaresca española no fue ningún halago al ingenio precisamente, aunque así haya querido interpretarse. Y todavía hoy supera en esa lacra a sus socios europeos y a los miembros de la OCDE. Precisemos que se mide en términos de percepción de la corrupción, no tanto en datos. Para colmo, la lucha política ha conseguido catapultar a la esfera internacional cómo se roba aquí o cómo se acusa de robar que no es lo mismo, amplificando el estigma.

Contaba en uno de sus excelentes artículos en La Vanguardia Enric Juliana que “En todas las cancillerías europeas han tomado nota: en el marco de la actual tensión con la Unión Europea, los Estados Unidos de Trump pueden realizar acciones de inteligencia sobre políticos europeos previamente ­señalados.” Añadía que Giorgia Meloni rechazó concertar una entrevista con Pedro Sánchez para no enfadar a Trump. Más de lo que está con ella porque el viejo Donald requiere adoración absoluta y no le parece que le dedica suficiente la presidenta italiana.

No deja de ser curioso. Si nos atenemos al saqueo que perpetra Donald Trump en su presidencia, Estados Unidos podría ser quien ostentara el liderazgo como el país más corrupto del planeta, pero de momento algunas instituciones se mantienen en pie. Los gobiernos de ultraderecha de Latinoamérica también se lo están llevando crudo -dado que es una cualidad inherente a esa ideología- pero ya tienen mucho más podridos otros estamentos del Estado. No olvidemos que a Orbán lo echaron a votos como puntapiés de Hungría por la corrupción tanto o más que por sus medidas autoritarias.

Pues resulta que quienes mandan son ellos. ¿No les da vergüenza a quienes lo amparan lo que hace Trump con Venezuela? Porque desde el país tomado avisan a las aerolíneas de que deben pagar directamente a EEUU el combustible que compren a Caracas. Trump ha vuelto a pedir también que Canadá sea el Estado 51 de la Unión que preside. No para. En estas condiciones es una paradoja que la mano de la Seguridad Nacional de esos Estados Unidos, tan poco ejemplares hoy, haya sido decisiva para imputar al expresidente español Rodríguez Zapatero con un télefono congelado durante 5 años. Y que Trump y sus métodos sean tan concluyentes como para que los gobiernos europeos se hayan acojonado -y me van a perdonar la fuerte expresión- viendo lo que le están haciendo a Pedro Sánchez. Y no precisamente por corrupto.

Vuelvo a preguntar qué pasa con el embajador USA en España que insulta al gobierno español y recibe a Feijóo y Abascal y visita a Ayuso y todos con banderas y fotos. Porque para qué más corrupción y más poco patriotismo que aplaudir injerencias extranjeras o ayudas extraoficiales varias - podría ser- para tumbar a un gobierno y ponerse en su lugar.

 Es muy preocupante un mundo en donde el mando tiene las manos tan sucias y quien no lo acate lleve las de perder. Con colaboraciones internas, tan puercas o más que las que se critican. Tristemente, en medio de tanta corrupción, los grados importan.

La historia de la corrupción española tiene páginas memorables. La Kitchen o la Gürtel -incomparables con otras en su indignidad- no dejan de seguir una trayectoria que arranca - ya fuera de la muy corrupta dictadura franquista- con el trágico envenenamiento por aceite de colza en el gobierno de UCD -el primero de la transición- y escala décadas a través de PP, PSOE y nacionalistas varios, por los casos Filesa, Juan Guerra, Luis Roldan, Expo 92, Banesto, Gal, Naseiro, Gescartera, Palau, Palma Arena, Nóos y muchos más… Inacabable lista. Imperdonable. Ninguno puede tirar la primera piedra. Algunos, quizás, muy pocos. Podemos, sin duda.

Y, sin embargo, han conseguido empuercar al máximo a Sánchez y a su familia. Crear un clima insoportable que grita de la mañana a la noche, echándose a la espalda sus miserias propias siendo tantas y tan abultadas. El caso del hermano de Sánchez se desarma en la sala de juicio por momentos y el magistrado que persigue con saña a Begoña Gómez nos ha salido un genio de los negocios privados con la cría de caballos de carreras y las apuestas, según informó en primicia el periodista Ernesto Ekaizer. Al parecer su cargo no se lo permite pero, de cualquier forma, ético y estético es bien poco.

Por cierto, el Consejo General del Poder Judicial se permite echar la bronca a quienes critican decisiones judiciales, como si vivieran realmente en el Olimpo, y no fueran conscientes de la alarma social creada con la justicia. El viejo dicho de que “si no son parte de la solución, son parte del problema” les encaja exactamente. Porque claro que los demócratas honrados quieren soluciones.

Los españoles lideran el robo de jaboncitos, peines y albornoces en los hoteles, pero si algo demostró lo que las administraciones públicas son capaces de dañar para su provecho fue el ladrillazo, aquel que -gracias a Aznar y a su vicepresidente encarcelado por corrupción Rodrigo Rato- destrozó tantas familias.  La geografía del ladrillazo sajó España de punta a punta desde la península a los dos archipiélagos. Flagrante escarnio ético, monumento a la chabacanería estética, germen y consecuencia de males posteriores. En el año 2006, España construía más viviendas que Alemania, Francia e Italia juntas. Y no de una forma limpia que se extendió por municipios de colores diversos. Los delitos más frecuentes fueron prevaricación, tráfico de influencias, cobro de comisiones y adjudicaciones irregulares. Y el misterio de la construcción de campos de golf que se diseminaron por doquier. Dejen de poner etiquetas de mafia a todo lo que odian, porque la principal fábrica la tiene la derecha española.

El PP construyó aeropuertos sin aviones y autopistas de peaje sin previsión de tráfico con contratos leoninos para que el fallo no corriera a cargo de las constructoras. Y lo hubo, fracasaron varias. El fiasco nos dejó a pagar a los ciudadanos un agujero de no menos de 3.800 millones de euros. Y no es casualidad. Por cierto, sigue sin investigarse nada acerca de la millonaria suma invertida en la construcción del Zendal, la magna obra de la más deslenguada en la cúpula del PP, que no deja de dar lecciones con una osadía irritante.

En un país como este, con esta laxitud moral, que reelige a acreditados corruptos, no puede utilizarse ciertas excusas. Mucho menos si son netamente inmorales quienes la invocan para hacerse con el poder. En el fondo la guía son los valores éticos que se tienen o no se tienen y por ciertos lares andan bien escasos. Y más allá ¿qué? ¿En serio el matón del mundo puede permitirse intervenir en los gobiernos que no le gustan porque interfieren sus planes y las fuerzas vivas del lugar acatarlo sumisamente en lugar de defender a su país y a su sociedad? Es un momento tan delirante, con Trump, el muy pirado, llamando loco a Netanyahu por el desquicie de la guerra que ambos emprendieron.

“No habrá retorno al status quo anterior, ni triunfo final estadounidense que deshaga o supere el daño causado. Con el control del estrecho, Irán emerge como el actor clave en la región y uno de los actores clave en el mundo. Los roles de China y Rusia, como aliados de Irán, se fortalecen; el papel de Estados Unidos, se ve sustancialmente disminuido,” escribe en The Atlantic Robert Kagan, politólogo neoconservador estadounidense. Y es un perfecto y muy inquietante resumen. Casi tanto como el que aqueja a España hoy con Aznar y sus reiteradas e impunes soflamas golpistas. Puigdemont troleando a Feijóo para ponerle en el espejo de su inconsistencia e hipocresía. El Poder Judicial molesto, encima del costo de sus silencios. Y buena parte de ese complejo de seres operando contra el gobierno y la persona y familia de Sánchez. Te preguntas a quién quieren engañar y compruebas que son legiones quienes se lo tragan. ¿Se habrán preguntado por casualidad si, con ello, son también cómplices de esa corrupción?

Con una columnata rosa y amarilla, palmeras de pie y estética de postal caribeña, hay estos días una vivienda más cotizada que un piso con piscina en Madrid. Es la ‘Casita’ de Bad Bunny, la recreación de una vivienda tradicional puertorriqueña convertida en escenario complementario durante sus conciertos de la gira ‘Debí tirar más fotos’. Si lo piensas bien la ‘Casita’ funciona como una metáfora bastante precisa de la situación de la vivienda en España porque a ella acceden de forma preferente y sin dificultad ricos, famosos e influencers. Incluso hemos visto por allí a la presidenta de Inditex, Marta Ortega. Aunque en su caso lo verdaderamente sorprendente es que no fuese la propietaria del inmueble y solo la invitada. 

Pero, al parecer, a la ‘Casita’ también pueden acceder algunos mortales escogidos por un chico con gorra que aparece de vez en cuando por el recinto dando paseos. Su misión consiste en rastrear entre el público y seleccionar a varias privilegiadas para subirlas a ese escenario complementario. Y digo varias, en femenino, porque las agraciadas suelen ser chicas jóvenes y atractivas. Como estrategia de marketing es impecable —de hecho, aquí estoy yo escribiendo sobre ello—. Como recordatorio de que la cosificación femenina sigue integrada en el entretenimiento contemporáneo, también.

Pensaba en eso de la cosificación femenina viendo las celebraciones del Arsenal tras ganar la Premier League. Uno de los grandes referentes del equipo, Declan Rice, compartió una fotografía junto a su pareja y su hijo sobre el césped. Ella es Lauren Fryer, y llevaba casi dos años desaparecida de la vida pública. ¿La razón? No está delgada. Así de sencillo y así de brutal. Lauren Fryer no encaja en ese molde de mujer-de-futbolista que una parte deleznable de la sociedad considera aceptable, y por eso recibe una avalancha de comentarios verdaderamente insultantes sobre su peso cada vez que aparece en público. Ni siquiera se limitan a juzgarla a ella: también juzgan a Rice por “elegirla” —usan ese verbo, “elegir”, como si fuera una transacción comercial en una tienda de ropa— como compañera de vida. Esta misma temporada, durante un Tottenham-Arsenal, un aficionado llegó a mostrarle desde la grada una fotografía de su mujer en forma de burla.

Hace pocas semanas le preguntaron a la artista Amaia por su físico en una entrevista en la revista Elle. Respondía: “Ahora estoy en una con la autoestima más baja. Parece que de nuevo se está poniendo de moda estar demasiado delgada, y me miro al espejo y me da rabia, es algo irracional. Y a mí me gusta comer. Es uno de los grandes placeres. Aunque hoy me habéis subido el ánimo, ¡me he visto monísima en las fotos!”. Amaia, que no debe de pesar más de 60 kilos, no se ve delgada porque el filtro se ha deformado por completo recientemente. Estamos viendo un regreso a esa era mortalmente antigorda de los años noventa, con la irrupción de Ozempic en la cultura popular hasta el punto de que muchas de sus consumidoras más visibles son mujeres, actrices, que ya eran delgadas antes de empezar a utilizarlo.

En el fondo, la Casita de Bad Bunny, la era Ozempic y la historia de Lauren Fryer hablan de lo mismo. De quién merece ser visto sobre un escenario (sea cual sea) y de cómo el valor de las mujeres sigue midiéndose demasiado a menudo por el espacio que ocupa su cuerpo. 

La sucesión de alertas epidemiológicas ha terminado por normalizar lo que hasta la fecha considerábamos excepcional. Hemos vivido cómo brotes de enfermedades infectocontagiosas, los más recientes de hantavirus o ébola, ocupaban los titulares durante unos días para después diluirse, aunque la advertencia que contienen siga ahí. Existe la percepción errónea de que estas patologías son propias de otros países geográficamente lejanos y no del nuestro, pero debemos tener en cuenta que con relativa frecuencia se atienden en nuestro país casos de enfermedades de este tipo como la fiebre del Nilo, el Chikungunya o la infección por el virus Zika. Todas estas alertas son síntomas de un cambio mucho más profundo. Debemos aceptar que las enfermedades emergentes han dejado de ser episodios excepcionales para convertirse en una amenaza real. La pandemia por COVID-19 no fue un accidente aislado, sino el gran aviso de un nuevo paradigma sanitario. 

Durante años, muchos sistemas de salud se han diseñado pensando fundamentalmente en el envejecimiento poblacional, las enfermedades crónicas y la mejora progresiva de la esperanza de vida. La idea de una crisis infecciosa global capaz de paralizar países enteros parecía pertenecer más al terreno de la ficción que a la realidad cotidiana. Hasta que todo cambió. 

La pandemia tensionó los hospitales, agotó a sus profesionales y puso frente al espejo las debilidades de sistemas sanitarios que, pese a su desarrollo tecnológico, no estaban preparados para responder a una emergencia de semejante magnitud. Se puso de manifiesto la falta de recursos materiales, pero también de planificación, coordinación y capacidad de adaptación. Y aunque la emergencia más aguda haya quedado atrás y ahora la percibamos como lejana, las sucesivas alertas epidemiológicas demuestran que la amenaza sigue vigente. 

Vivimos en un mundo globalizado donde un brote localizado puede extenderse rápidamente a escala mundial. El cambio climático, la deforestación, la movilidad humana y el contacto cada vez más estrecho entre personas y animales favorecen la aparición de nuevos patógenos o la expansión de otros ya conocidos. La consecuencia es evidente, las necesidades sanitarias están cambiando. Hoy ya no basta con disponer de buenos hospitales, sino que es imprescindible contar con sistemas sanitarios flexibles, capaces de anticiparse, resistir y responder con rapidez ante crisis sanitarias complejas. 

En ese escenario, hay un ámbito que se ha convertido en un auténtico termómetro de la fortaleza sanitaria de un país: la medicina intensiva. Durante la pandemia por COVID-19, las unidades de cuidados intensivos dejaron de ser espacios desconocidos para la mayoría de la población y pasaron a simbolizar, no solo la esperanza de la supervivencia, sino también el límite entre el colapso y la resistencia del sistema sanitario. Las cifras diarias de camas de UCI ocupadas se transformaron en un indicador colectivo del estado de la emergencia. 

Sin embargo, reducir la medicina intensiva a un conjunto de respiradores, EPIs y tecnología sería un error. Detrás de cada unidad de cuidados intensivos hay profesionales altamente especializados que trabajan bajo presión constante y están entrenados para tomar decisiones críticas en cuestión de minutos. Médicos intensivistas, personal de enfermería, auxiliares, fisioterapeutas y otros especialistas sostuvieron durante meses una presión asistencial inédita, muchas veces en condiciones extremas y con un enorme desgaste físico y emocional. 

La experiencia reciente debería haber dejado una lección clara, reforzar la medicina intensiva no es únicamente prepararse para futuras pandemias, sino fortalecer la capacidad global de respuesta del sistema sanitario. Porque las UCI no solo atienden infecciones graves, también representan la última línea de defensa ante múltiples emergencias médicas y catástrofes colectivas. 

Pese a ello, existe una tendencia colectiva a olvidar rápidamente las crisis una vez desaparece la sensación inmediata de amenaza. Pasado el impacto social de la COVID-19, el debate sanitario ha vuelto en muchas ocasiones al redil de la urgencia presupuestaria, de las listas de espera y del corto plazo político. Y, sin embargo, todo apunta a que las enfermedades emergentes  seguirán formando parte de nuestro horizonte durante las próximas décadas. 

La gran cuestión ya no es si volverá a producirse otra emergencia sanitaria global, sino cuándo ocurrirá y cómo de preparados estaremos. La respuesta dependerá, en buena medida, de la capacidad para entender que la sanidad del siglo XXI necesita nuevas prioridades: inversión sostenida en salud pública, en la formación de sus profesionales, en investigación biomédica y en el desarrollo de sistemas hospitalarios resilientes donde la medicina intensiva ocupe el lugar estratégico que realmente tiene. 

Las nuevas amenazas sanitarias han cambiado las reglas del juego. Ahora falta decidir si los sistemas de salud también están dispuestos a cambiar con ellas. 

Estos días España acoge, en la sede del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la V Conferencia de Política Exterior Feminista. Madrid se convierte así en capital mundial de la igualdad y el feminismo, valores que se encuentran en el centro de nuestra política exterior.

Una cita en la que más de 60 países, ministras y ministros de Exteriores, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil nos reunimos para reflexionar y avanzar en igualdad de género en todo el mundo. Para decir bien alto que la igualdad es la causa más justa de la humanidad y que la democracia no está completa si no lo es para todos y para todas.

La celebración de esta edición de la Conferencia de Política Exterior Feminista en nuestro país es una muestra del compromiso de España con la promoción de la igualdad de género. España es uno de los países del mundo más avanzados en igualdad de género y nuestra política exterior feminista es ya referente en el mundo. Nuestra voz en favor de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo inspira a otros a seguir nuestros pasos.

Esta Conferencia tiene lugar en un momento internacional marcado por la inestabilidad, la conculcación del derecho internacional, el regreso de la violencia y la guerra como forma de resolver conflictos, y el retroceso en derecho. Por ello, es una cita imprescindible. Porque necesitamos espacios para unirnos y trabajar juntos por la paz, por el diálogo, por la igualdad, y por los derechos humanos. Somos muchos más los que estamos comprometidos con estos valores, y nuestra voz y nuestra acción es más necesaria que nunca.

Hoy más que nunca necesitamos una política exterior feminista porque derechos que nos ha costado décadas conseguir vuelven a ser cuestionados, y porque en muchas regiones del mundo mujeres y niñas no tienen garantizados sus derechos más básicos: la salud, la educación, la seguridad, la participación en la vida pública.

Necesitamos una política exterior feminista para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar más pacífico, más democrático y más justo. Precisamente, esta Conferencia lleva por título “Paz y Democracia”, porque esos valores tan básicos están cuestionados y debemos defenderlos más que nunca.

España sitúa estos principios en el centro de su política exterior. Lo hacemos a través de nuestra cooperación internacional para el desarrollo, de nuestra acción humanitaria, de nuestra participación en las organizaciones multilaterales, y de nuestro diálogo con nuestros socios en todo el mundo. Asumimos nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo con acciones concretas: situando la Política Exterior Feminista como una prioridad de nuestra acción exterior; manteniendo el apoyo al Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria de Naciones Unidas en este momento crítico porque sin financiación suficiente resulta difícil impulsar nuestra agenda; con la creación, junto a otros países iberoamericanos, de la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras para fortalecer la presencia de mujeres en los ámbitos diplomáticos y de resolución de conflictos; con la adopción de la primera Estrategia de Cooperación Feminista y de un nuevo Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad.

España recoge hoy el testigo de esta Conferencia tras Berlín, La Haya, Ciudad de México y París para consolidar el paso de una fase declarativa de la Política Exterior Feminista a una fase de aplicación, de financiación y rendición de cuentas. Es el momento de ampliar la base política y geográfica de la política exterior feminista, alejándola de percepciones excluyentes o regionalizadas. Abordaremos asuntos como la financiación para la igualdad, un multilateralismo más inclusivo, cómo contribuir a mejorar la situación de las mujeres en Afganistán, el papel de los hombres y los niños como agentes de cambio y también como beneficiarios de sociedades más igualitarias, el papel de las mujeres y las niñas en la construcción de la paz, cómo la política exterior feminista debe contribuir también a la gobernanza democrática del espacio digital y al desarrollo ético de la inteligencia artificial

En definitiva, Madrid será estos dos días mucho más que la sede de una conferencia de ministras y ministros de Exteriores. Será el lugar desde el que juntos y juntas reivindiquemos seguir avanzando en política exterior feminista. Porque la igualdad y la inclusión son fundamentales para construir un presente y un futuro más pacífico, justo, democrático e igualitario.

El declive democrático al que asistimos tiene paradojas que conviene examinar con frialdad. La erosión de la legitimidad de las instituciones representativas va acompañada, casi invariablemente, de un mayor protagonismo de los jueces. Y cuanto más protagonismo adquieren los jueces, menos democracia queda al final del proceso. No es un accidente, ni tampoco una solución. Es un síntoma. En los sistemas políticos que funcionan con relativa normalidad, el poder judicial actúa como árbitro. Su labor es aplicar reglas que otros han fijado, resolver conflictos entre partes y garantizar que ningún actor, por poderoso que sea, quede por encima de la ley. Un signo de que las cosas marchan razonablemente bien es que ese papel, siendo esencial, resulte en cierta medida subsidiario: sin gran protagonismo, sin voluntad propia, sin agenda visible.

Esa imagen no es la que nos devuelve el presente. A medida que crecen la tensión política, las impugnaciones cruzadas y la negación radical del adversario, la influencia de los tribunales sobre la vida pública se vuelve cada vez más determinante. Los jueces ya no se limitan a pronunciar o aplicar las palabras de la ley: toman decisiones que antes correspondían a parlamentos, gobiernos o a negociaciones entre las partes. Lo hacen, con frecuencia, porque el resto del sistema ha fallado. Y es precisamente cuando la democracia necesita de contrapesos, cuando la justicia puede verse arrastrada a una lucha política en la que no juega en igualdad de condiciones.

Así, lo que está en riesgo no es solo la democracia entendida como sistema que garantiza igualdad, representación y alternancia: es el estado de derecho. Ese sustrato más básico que somete el poder a normas y protege a los ciudadanos de la discrecionalidad absoluta de quienes mandan. El politólogo canadiense Ran Hirschl sostiene que el empoderamiento de la judicatura es frecuentemente una estrategia de las élites políticas y económicas para trasladar las decisiones sensibles a instancias no electas, preservando su hegemonía cuando sienten que podrían perderla en las urnas. Cuando los más poderosos no pueden ganar en democracia, trasladan el campo de batalla a los tribunales, donde las reglas del juego les resultan más favorables. 

Este mecanismo de “preservación hegemónica” adquiere toda su crudeza cuando se observa cómo se libran en la práctica los litigios de alta intensidad política o económica. Los actores con más recursos no solo tienen acceso a mejores abogados: pueden alargar los procesos indefinidamente, generar incidentes procesales, acumular recursos, presionar a través de grupos de presión institucionales o mediáticos, y desplegar estrategias de desgaste. Las costas judiciales suponen entre el 10% y el 50% del valor de los litigios, lo que deja a muchas personas fuera del sistema judicial formal antes incluso de que el proceso comience. El factor económico actúa como mecanismo de exclusión de facto para los más vulnerables.

Las asimetrías de recursos se convierten así en asimetrías de justicia. La sociología crítica del derecho ha descrito este fenómeno con precisión: el acceso a la justicia se ha convertido en una forma específica de desigualdad. Solo algunas personas, con ciertos tipos de problemas y determinados recursos, consiguen realmente que el sistema responda. Los más vulnerables son quienes menos pueden pagar abogados especializados, soportar tasas, ausentarse del trabajo o asumir el coste emocional de un procedimiento interminable.

Frente a todo esto, la promesa de que los jueces serán el último dique frente al poder se vuelve frágil. Pero incluso cuando los tribunales conservan una cierta independencia formal, el aumento de su protagonismo los expone a una tensión difícil de sostener. Si deciden con firmeza contra los intereses de las élites, son acusados de activismo y se desencadena una ofensiva para recortar sus competencias. Si se muestran prudentes o deferentes con los actores fuertes, renuncian de facto al papel de contrapeso que la ciudadanía les reclama y contribuyen a normalizar un orden en el que quien tiene más, manda más. Atrapados entre la crítica por intervenir demasiado y la crítica por no intervenir lo suficiente, los jueces se convierten en protagonistas de una crisis que no han elegido , pero de la que ya no pueden salir indemnes.

No es un escenario abstracto. La historia reciente de las democracias en tensión muestra que la parálisis o captura de las instituciones judiciales no es un efecto secundario de los procesos autoritarios: es, con frecuencia, una de sus primeras palancas. Los regímenes que han erosionado la democracia desde dentro han comenzado casi siempre por colonizar el poder judicial, vaciando su independencia a través del control de nombramientos, la presión presupuestaria o la intoxicación mediática sostenida. Cuando el sistema judicial deja de ser percibido como árbitro y pasa a ser visto como un actor más en la pugna política, se facilita el camino hacia formas más duras de concentración del poder. 

El resultado es un círculo vicioso que se retroalimenta. Más crisis democrática desplaza más conflictos hacia la justicia; más conflictos en la justicia amplifican el poder de quienes pueden litigar sin límites y al mismo tiempo desgastan al propio poder judicial. La brecha entre quienes pueden disputar el poder en los tribunales y quienes apenas logran hacer valer sus derechos cotidianos no deja de ensancharse.

Plantear este problema con honestidad obliga a desplazar el foco. No basta con pedir más neutralidad. Lo que está en juego es algo más profundo: cómo reconstruir instituciones democráticas capaces de canalizar los conflictos antes de que todo acabe en un juzgado. Cómo garantizar que el acceso a la justicia no sea una lotería condicionada por el dinero y el estatus. Cómo proteger a los tribunales de la captura por parte de los mismos poderes que deberían controlar. Sin jueces independientes, la democracia no existe. Pero reducir la democracia a un pulso entre gobiernos y tribunales es ya una derrota encubierta. Mientras esas cuestiones sigan sin respuesta, la ecuación permanece invariable: más crisis democrática, más poder desnudo y, al final del proceso, un estado de derecho cada vez más erosionado, condicionado y limitado y una ciudadanía desprotegida frente a la arbitrariedad de los que mandan.

Se cumplen ocho años de la moción de censura que puso fin a la presidencia de Mariano Rajoy y dio paso a la de Pedro Sánchez. 

El relevo se produjo aplicando de manera estricta lo previsto en la Constitución. Conviene recordarlo porque la derecha, que no se cansa de reivindicar la “Transición”, aunque su participación en la misma y en la aprobación de la Constitución como Alianza Popular, no fue muy destacada, se rebela contra su aplicación, cuando no le interesa. AP primero y PP después aceptan la Constitución a beneficio de inventario. Si me salen las cuentas, sí. Si no me salen, no. 

Nadie podría hablar con más autoridad sobre esto que Felipe González, quien se mantuvo hasta 1996 dentro de la Constitución sin ambigüedad de ningún tipo, mientras que tuvo que soportar el juego poco limpio de la oposición popular.

En 1980, tras el resultado del referéndum de iniciativa del proceso autonómico en Andalucía el 28 de febrero y su impacto en la dirección de UCD, Felipe González encabezó una moción de censura, sin posibilidad alguna de que jurídicamente tuviera éxito, pero que, políticamente, ofrecía a la sociedad española la seguridad de que existía una alternativa de Gobierno. La alternativa a la UCD no era el caos, sino el PSOE con un candidato que se atrevía a presentar sus credenciales en sede parlamentaria y aceptar el debate con todas las demás fuerzas políticas.

Este es el sentido de la moción de censura “constructiva”. Dar garantías a la sociedad de que la “alternativa” es lo contrario de un salto al vacío. Pero dar garantías. Decir qué se va a hacer y, si es necesario, con quién.

En 1982 se comprobaría que la “derrota jurídica” había sido una “victoria política”. Durante cuatro legislaturas España iniciaría y asentaría la construcción del “Estado social y democrático de Derecho” que figura en el apartado primero del artículo 1 de la Constitución. El candidato en la oposición que se atrevió a correr el riesgo de perder la moción de censura se convirtió en presidente dos años más tarde. En buena medida por aquella moción.

Felipe González tuvo que soportar mucho juego sucio constitucional en sus años como presidente del Gobierno, especialmente desde que José María Aznar alcanzó la presidencia de AP, reconvertido en PP, en el Congreso de Sevilla.

El juego sucio empezó en las elecciones generales de 1989, las primeras en las que José María Aznar fue candidato a la presidencia del Gobierno. Tras perder clamorosamente, el PP intentó “reventar” el resultado electoral a través del poder judicial. Fueron impugnadas las elecciones en Barcelona, Murcia, Pontevedra y Melilla. 

Las Audiencias Provinciales de Murcia, Pontevedra y Málaga (Melilla) las anularon. No así la de Barcelona, a pesar de la presión que se ejerció desde los medios de comunicación de la derecha española. La Brunete mediática en expresión de Xabier Arzalluz. La predisposición de determinados jueces a intervenir contra la izquierda empezaba a hacerse visible. 

De haberse anulado las elecciones en Barcelona, no hubiera resultado fácil que se hubiera producido la investidura y el horizonte de la repetición electoral habría hecho acto de presencia.

El Tribunal Constitucional se encargaría de dejar claro que las decisiones de las Audiencias de Pontevedra y Murcia carecían de fundamentación jurídica acorde con la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), aunque no la de Audiencia de Málaga, respecto de la circunscripción electoral de Melilla.

Tras la decisión del Tribunal Constitucional, Felipe González presentaría una “cuestión de confianza”, con la finalidad de que fuera un Pleno del Congreso íntegro, sin mutilaciones, el que le otorgara la confianza.

En las siguientes elecciones, en 1993, el PP, que pensaba que iba a ganar las elecciones, intentó poner en duda la limpieza de las mismas, acusando en la misma noche electoral, a través de Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón, al Ministerio Interior, de haber practicado un “pucherazo”. No lo pudo sostener, ante la evidencia empírica producida por el recuento de los votos, pero ya adelantó lo que iba a ser su trabajo de oposición a lo largo de la legislatura. “Váyase Sr. González”. José María Aznar no consideró que el presidente socialista fuera un presidente legítimo y, en consecuencia, consideró que contra él valía todo. Hasta poner en riesgo la “estabilidad del Estado”, como reconocería años más tarde Luis María Anson, uno de los miembros destacados del “sindicato del crimen”.

A lo que no se atrevió nunca José María Aznar es a recurrir a la moción de censura, como hizo Felipe González en 1980. En junio de 1985, tras escándalos muy grave, como el secuestro de Segundo Marey, la huida de Luis Roldán, la detención del Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio…y con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas muy favorables para el PP, José María Aznar exigiría a Felipe González que disolviera las Cortes y convocara elecciones.

Felipe González resistió y explicó en sede parlamentaria que las elecciones en los diversos niveles de nuestra fórmula de Gobierno, municipal, autonómico, estatal y europeo, no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. Que la única fórmula constitucional de la que disponía el PP era la moción de censura. 

Quien no resistió la presión fue Jordi Pujol, que anunció públicamente que retiraba la confianza a Felipe González. Dicha retirada fue lo que posibilitó que el PP ganara las elecciones den 1996, momento en el que ya se había iniciado la recuperación de la crisis económica de 1994. No podremos saber nunca que hubiera pasado de haberse celebrado las elecciones en 1997, con la crisis económica claramente superada, pero la victoria tan reducida del PP en 1996 permite pensar que no se habría producido. 

El juego sucio que empezó en 1989 desde la presidencia del PP, lo continuaría José María Aznar desde la presidencia del Gobierno. Su dependencia de CiU y también del PNV en la primera legislatura en el Gobierno le impuso una tregua en materia de estructura del Estado. Se concentró en la formación de un poder económico mediante la designación de personas afines en las empresas privatizadas y en intentar también la constitución de un grupo mediático, con la finalidad última de dominar el grupo PRISA, que no consiguió por la resistencia de Polanco/Cebrián. El juego sucio fue de tal entidad que acabó con la condena por prevaricación de Javier Gómez de Liaño.

En la segunda legislatura, con la mayoría absoluta alcanzada en las elecciones de 2000, José María Aznar mostraría su verdadero rostro y la colaboración del poder judicial también. La salvajada de la que fue objeto Juan María Atutxa, condenado por el Tribunal Supremo en una sentencia que sería anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos años más tarde, lo dice todo. El Tribunal Supremo se vería obligado a reparar la injusticia judicial mediante sentencia en un recurso de revisión, pero la injusticia política ya era irreparable. Lo que se ensayó contra el nacionalismo vasco, se aplicaría después, corregido y aumentado, contra el nacionalismo catalán.

La legislatura terminó con el intento de engañar a la ciudadanía respecto de la autoría del atentado terrorista del 11 M de 2004. No consiguió que la mentira calara y el PP perdió las elecciones. Desde entonces no se ha aceptado por la derecha la legitimidad de José Luis Rodríguez Zapatero primero y la de Pedro Sánchez después. La del primero por el vicio de origen del atentado y la del segundo por el vicio de origen de la moción de censura. 

Si se analizan los resultados de las elecciones generales desde 2004 hasta hoy, se comprobará que la derecha española solo ha tenido mayoría parlamentaria entre 2011 y 2015. Mariano Rajoy se mantuvo como presidente del Gobierno hasta julio de 2018, por el cordón sanitario que erigió frente al nacionalismo catalán. Una vez levantado dicho cordón, se impondrá la mayoría absoluta de la moción de censura, que de una manera u otra sigue estando presente en el Congreso de los Diputados. 

La mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez ha sido impugnada por VOX en dos ocasiones, con Santiago Abascal y Ramón Tamames como candidatos a la presidencia del Gobierno, pero no lo ha sido nunca por Alberto Núñez Feijóo, que en esto sigue la estela de Aznar. Con el apoyo de Felipe González, que, por lo visto, no recuerda su experiencia de la legislatura de 1993-96 en general y la de junio de 1995 en particular. 

Como en 1995, en este 2026 el PP ha derivado la presión a los partidos que aprobaron la moción de censura en 2018 en general y a los partidos nacionalistas vasco y catalán en particular. Pienso que no estaría de más que ambos reflexionaran sobre lo que pasó cuando dieron entrada a la derecha española en la presidencia del Gobierno. 

Y ahora el patio interno e internacional está mucho peor que entonces. Nadie puede llamarse a engaño.  

Con la Constitución en la mano la iniciativa de la moción de censura la tiene la oposición. La iniciativa de la disolución la tiene el Gobierno. 

Siento ser insistente – pelma, dirán ustedes -, pero opino que hay que seguir el hilo de los acontecimientos, desde el principio hasta el final (si es que hay principio y final) y seguir también los argumentos que distintos sujetos nos proporcionan sobre asuntos de interés. Y, en mi opinión, sin duda este es uno de ellos.

Ya les conté recientemente, hace exactamente cuatro semanas, que el 14 de abril TJUE había dictado Sentencia resolviendo a las cuestiones prejudiciales elevadas por la Sala de lo Social del TS sobre la respuesta a dar a la contratación temporal abusiva en la Administración Pública, dicho muy a grandes rasgos. Pues bien, el TJUE respondió, como también les conté, como no podía ser de otra manera, siguiendo su doctrina, plasmada ya en un buen número de Sentencias que han tenido enorme impacto y suscitado muchos comentarios. 

En definitiva, el que hasta ahora es el último pronunciamiento del TJUE rechaza nuevamente que la calificación de trabajador indefinido no fijo sea adecuada en los casos de abuso de la temporalidad, rechaza asimismo una indemnización tasada y reprocha la falta de asunción de responsabilidad de las Administraciones y el modo en que se han diseñado los procesos de estabilización de aquel personal, entendiendo que no son medidas ajustadas al Derecho de la UE.

Les decía en la anterior ocasión que había que esperar a la decisión del TS al resolver los recursos que tiene pendientes sobre esta materia, sin perjuicio de que otros Tribunales resuelvan ya los suyos con arreglo a la doctrina del TJUE.

Así las cosas, en Sentencia de 11 de mayo, el TS ha “hablado” o, más bien, ha “comenzado a hablar”, pues, sin duda, como se verá, además de lo que ha resuelto, quedan muchos temas pendientes. A destacar que esta Sentencia se ha dictado por una muy amplia mayoría de 10 votos frente a 1. 

En dicha Sentencia el TS, con base en la doctrina del TJUE, determina que, dado que nuestro Derecho nacional, tanto en la Constitución como en el Estatuto Básico del Empleado Público – EBEP - exige que el acceso al empleo público se rija por los principios de igualdad mérito y capacidad, convertir los contratos temporales del personal de las Administraciones Públicas en contratos fijos constituiría una interpretación contra legem de dicho Derecho interno. Esta es la doctrina esencial de dicha Sentencia, que no altera de ninguna manera la que el TS ha manejado tradicionalmente.

Sin embargo, pese a que este criterio tiene excepciones en cuanto a la respuesta final, ello no así en cuanto al riguroso respeto a los principios constitucionales antedichos. De manera que, como muchos titulares de variados medios de comunicación han resaltado – y con razón -, cuando una persona hubiera participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la hubiera superado, pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, es ajustado a Derecho convertir dicha relación laboral en una relación fija, sin que ello resulte contra legem, pues esa persona ya ha superado un proceso selectivo para acceder al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad.

Con arreglo a dicho criterio resuelve el TS el caso concreto, declarando la fijeza de una trabajadora en el Ayuntamiento de Madrid. En realidad, se trata de una respuesta que, dicho ahora muy a grandes rasgos, ya había sido aplicada en alguna ocasión muy concreta – con matices -, en una Sentencia de 2021. Sentencia que, por cierto, dio pie a que la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco declarara fijeza en supuestos similares al que ahora ha resuelto el TS. De ahí que a mí esta respuesta no me resulte novedosa ni sorprendente.

Pero no se limita a ello el TS, sino que, sin ser necesario para resolver el litigio concreto, avanza criterios para poder ir dando respuesta a bastantes más cuestiones que se plantean en torno a esta problemática. De un lado, concluye con claridad que no cabe la misma solución cuando la persona trabajadora hubiera superado un proceso selectivo de acceso a empleo temporal. 

De otro lado, si bien no es aplicable al caso analizado, ya que la trabajadora no había solicitado ninguna, el TS dedica una extensa argumentación sobre la indemnización que debiera fijarse para que fuera reparadora para la persona trabajadora sometida al abuso de la temporalidad y disuasoria para las Administraciones Públicas, además de contemplar una posible sanción administrativa a imponer por la Autoridad laboral, todo ello cuando, según el criterio antedicho, no sea posible convertir el contrato temporal en relación laboral fija. 

El TS no se limita a asegurar que, tal como el TJUE sostuvo, ese daño ha de ser reparado, sino que avanza más allá y determina que la indemnización compensatoria puede fijarse tomando como referencia la LISOS – Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social -, como también se admite y se aplica de manera generalizada para la indemnización de los daños morales derivados de la vulneración de derechos fundamentales, de donde para estos concretos litigios que ahora comento resulta una horquilla de entre 1.000 y 10.000 euros. 

Mucho se ha comentado esta Sentencia, destacándose su innegable trascendencia en varios aspectos: sin duda, para las personas trabajadoras que se hallan en dicha situación, pero también para las propias Administraciones Públicas y sus responsables, pues habrán de reparar económicamente el perjuicio generado, lo que puede suponer un impacto económico nada desdeñable. 

Una vez más, en mi opinión, no va a ser nada sencillo que los Tribunales puedan responder de manera uniforme y rápida. Antes al contrario, es más que previsible un importante aumento de la litigiosidad en reclamación de una indemnización que repare los daños materiales y morales derivados de ese abuso en la contratación temporal, algo que va a complicar aún más, si cabe, la gravísima situación de los órganos judiciales del orden social. 

Lo cierto es que el debate jurídico no ha terminado. Quedan pendientes muchas y muy relevantes cuestiones. 

Para resolver todas ellas, en mi opinión, el Legislador habría de dar una respuesta clara al abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas: en primer lugar para prevenirla y evitarla y, en segundo lugar, para reparar sus efectos, siempre garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, sea éste laboral o funcionarial. 

Pero no parece que sea el momento político más propicio para esperar razonablemente la intervención legislativa, como ocurre con tantos importantes temas en los que millones de personas trabajadoras esperan dicha respuesta (reducción de la jornada laboral, registro de jornada). Lo peor es que no va a haber ocasión de hacerlo en lo que queda de esta legislatura, dure lo que dure. Así estamos, pues, esperando sin esperanza. 

Un chascarrillo es, según la RAE, una anécdota ligera y picante. Una frase aguda que tiene un tono gracioso, picaresco o ingenioso y cuyo objetivo principal es hacer reír o entretener. Salvo que el aludido en la chanza se llame David Sánchez Pérez-Castejón y sea hermano del presidente del Gobierno. En ese caso, la gracia puede arrastrarlo al banquillo de los acusados, afrontar un juicio por “enchufismo” y enfrentarse hasta tres años de cárcel. No es broma. Ni bulo. Ni desinformación. Es la España que delira: al banquillo por un chascarrillo. Alguien dijo que escuchó a alguien decir que alguien había dicho…

David Sánchez está siendo juzgado, con otras 10 personas, en la Audiencia Provincial de Badajoz por supuestas irregularidades en la creación de un puesto de la Diputación de Badajoz en 2017, cuando su hermano no era presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE porque había dimitido en el traumático Comité Federal de octubre de 2016 que abrió en canal su partido. Y, aunque el presidente de la Sala ha decidido retirar uno de los delitos por los que se sienta en el banquillo -el de nombramiento ilegal- se le juzga por tráfico de influencias en concurso medial y prevaricación administrativa.

Sin embargo, Evaristo Valentí, uno de los testigos clave para incriminar a Sánchez y director del Conservatorio Superior Bonifacio Gil en 2017, ha negado que supiese que el puesto creado fuera para él y ha reconocido que el calificativo de “hermanísimo” que usó en un mail era un chascarrillo. Esto, además de afirmar que el contratado tiene la formación adecuada para el cargo y rechazar las acusaciones de absentismo. 

Tras admitir que el juzgado tenía la formación adecuada para el puesto y que había un rumor de que se iba a presentar a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, negó categóricamente que se supiera de antemano que David Sánchez fuera a recibir el puesto y que no fuera a trabajar habitualmente. Y en la misma línea han declarado Rosario Mayoral, directora del conservatorio 2020-2025, que jamás escuchó la expresión de «hermanísimo» antes de que David Sánchez ocupara el cargo y Yolanda Sánchez Baltasar, directora del Conservatorio Profesional Juan Vázquez desde 2010, a quien no le constan anomalías en el proceso de selección y además pone en valor el currículo del contratado. Incluso Nerses Avakimyam Gasparov, candidato a la misma plaza y profesor de violín del conservatorio, no ve “ninguna irregularidad” en el proceso de selección.

Conviene recordar que la plaza en cuestión ni era una oposición ni era un concurso, sino una convocatoria de libre designación y que son los miembros de la comisión contratadora los que deben decidir quién se acomoda mejor al perfil. Pero aun así fue aprobada en el Pleno de la Diputación del 4 de noviembre de 2017 con la participación de todos los grupos políticos, también el PP, previo informe de la Intervención y sin que el secretario general emitiera objeción alguna. De hecho, en ninguna de las sesiones de la Diputación consta alegación o crítica por parte de ningún portavoz sobre la creación de ningún puesto de trabajo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y, en concreto, de personal de alta dirección.  

El procedimiento pasó por una Comisión Técnica, por una mesa de negociación, por Recursos Humanos, por la secretaría general, por la intervención y por el pleno provincial. Y el PP no dijo nada. Conocía la modificación, tuvo acceso a la documentación presupuestaria, pudo formular alegaciones, pero no dejó constancia de su oposición a la creación de esa plaza.

Todo ello pone de manifiesto que el caso que sienta en el banquillo al hermano del presidente no es ajeno al contexto político y mediático porque la causa nace de una denuncia presentada por el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias, a la que posteriormente se sumaron como acusación popular Vox, Hazte Oir, Liberum o Iustita Europa, por una plaza creada hace 9 años. Todas son entidades muy activas en la confrontación política y la generación de ruido, al servicio de las derechas. Más claro: el objeto no era David, sino Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

La instrucción se construyó sobre conjeturas, hipótesis y deducciones tan exóticas como que el hecho de que David Sánchez se interesara en Airbnb por un alquiler de larga estancia en Badajoz unas semanas antes de la adjudicación de la plaza ya era un indicio suficiente para colegir que el puesto estaba adjudicado de antemano. Y sin una sola prueba concluyente, ya que no existe correo u orden explícita de amaño o instrucción directa para beneficiar ilícitamente al hermano del presidente.

No existe acusación particular, no hay víctima identificada, la acusación descansa exclusivamente en organizaciones ultraderechistas perfectamente sincronizadas y las declaraciones de los testigos clave niegan que hubiera órdenes de amaño. David Sánchez es, además, un músico formado en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo, miembro de la Asociación Española de Directores de Orquesta, dirigió el proyecto Ópera Joven, accedió a un puesto para el que estaba cualificado, pero cometió un delito imperdonable: tener los apellidos Sánchez Pérez-Castejón. Y otro más: buscar un alquiler de larga duración.

¡Acabáramos!

Hoy empieza junio. París, sin que estemos ni siquiera en verano meteorológico, ya ha registrado este año más días con una temperatura máxima de 32 grados, como mínimo, de lo que registra su media histórica desde 1991 a 2020. La media histórica es de 6,73 días. Lleva 8. Récord de temperatura para un mes de mayo en Madrid, Valladolid, Segovia, Guadalajara, Toledo, Lleida, Huesca, Menorca, León, Zamora, Álava, Teruel, Ourense, Gipuzkoa, Cantabria… y la lista sigue. Llegará la semana que viene, bajarán las temperaturas, respiraremos aliviados, habrá un olvido momentáneo; llegará agosto, llegarán los incendios, dejaremos de olvidar. En 2022, cuando aún se hablaba de crisis climática y de ecologismo, se popularizó un eslogan algo mordaz, un poco satírico: ‘bienvenido al verano más fresco del resto de tu vida’. Me recuerda a la inscripción que se lee a las puertas del Infierno de Dante: ¡Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza! Aquí no hay opción de entrar o no, porque no hay un vosotros que entre y otro que se salve: en este infierno estamos todos. Pero hubo un tiempo en el que quisimos combatirlo y hasta llegamos a esforzarnos por cambiarlo.

Ya hay quien advierte de la posibilidad de un colapso de la AMOC, Circulación de Retorno del Atlántico Meridional: llegaría antes de 2100 y un mal funcionamiento de la corriente, encargada de regular el clima al transportar el agua caliente del trópico, podría conducir a Europa a inviernos más extremos, en los análisis más radicales, a una glaciación, al ser también esta corriente la que impide otra congelación de Europa; contraintuitivamente, el infierno de calor de hoy sería la semilla para el hielo infinito del mañana. Si en televisión o en prensa han oído o leído hablar de un fenómeno El Niño o incluso de un ‘súper El Niño’, la cosa va por ahí: un fenómeno climático extremo, llevado a su paroxismo, que podría desencadenar sequías, inundaciones, olas de calor, huracanes.

La forma de explicar nuestro tiempo en 2026 poco tiene que ver con la de las marchas por el clima de la juventud, ni las protestas de Greta Thunberg. En lo que llevamos de década, también culturalmente, la sociedad se ha derechizado a marchas forzadas. La sucesión de guerras, en plural, con la invasión rusa de Ucrania o la situación en Oriente Próximo; la crisis de la vivienda, la pandemia, la inestabilidad existencial, la incapacidad para proyectarse ni siquiera en el corto plazo: tantos elementos de la situación global que cristalizan en una demanda de orden, seguridad, autoridad vertical, certezas, dirección, a la cual difícilmente ha sabido cómo dar respuesta la izquierda global. No existe ningún tipo de seguridad, ni contra la guerra ni contra nada, si no hay un planeta en el que vivir; eso no significa que desde los discursos de izquierda se haya logrado vincular ambas cosas, que haya calado en la gente que sin futuro mundial no hay futuro individual. La década de 2010, en reacción a la crisis financiera y agotamiento del capitalismo financiarizado, fue una década de movilizaciones. La de 2020, en cambio, aparece como un tiempo de repliegue: en ese repliegue se vuelve a cualquier institución, a cualquier comunidad; se busca el clavo ardiendo que quede más a mano.

En medio de todo esto, el pasado 29 de mayo, el histórico grupo de música electrónica —entre el ambient y la intelligent dance music, en concreto— Boards of Canada lanzaba su primer disco en trece años, Inferno. Casi una hora y diez minutos de invocaciones espectrales, referencias a lo oculto y la religión, como una amenaza siniestra que retrocede en el tiempo y el espacio. ¿Sonará a algo muy de nicho que hable de un grupo así en esta columna? Téngase en cuenta otro síntoma de época, un gesto importante: un día antes de que el álbum saliera, la Casa Blanca, por Trump tomada, publicó en sus redes sociales un vídeo donde utilizaba la estética del álbum y música de Boards of Canada, con el fin de que sirviera para su propaganda. El sello musical que edita al dúo lo denunció como una apropiación indebida, ¿pero qué nos dice sobre este momento que hasta este tipo de creaciones artísticas, tan conectadas con la atmósfera del tiempo, sean antes reapropiadas por la derecha que por la izquierda? Este fin de semana se ha estrenado en los Estados Unidos la película Backrooms, que origina en un creepypasta divulgado en el imageboard 4chan, años atrás: algo que también suena muy, muy de nicho. Pues bien: ha sido el mejor estreno en la historia de su distribuidora, A24, ha recaudado 81 millones de dólares en su primer fin de semana y el 88% de su público han sido menores de 35 años.

Si queremos que el infierno no sea inevitable, combatir el infierno, o hacer otra cosa que el infierno —ya ni siquiera hallar en él algo que no lo sea, como escribía Calvino—, quizá sea necesario, en algún momento, tratar de entender los estilos, formas, manifestaciones de lo contemporáneo, que poco tienen que ver con las recetas de todo tiempo anterior. Hacer algo por la crisis climática es tan urgente hoy como en 2022: es, de hecho, más urgente. Pero los eslóganes de 2022 no están escritos con el espíritu del tiempo que hace falta hoy. ¿No atormenta pensar en lo imposible que es salir a la calle sin derretirse, cómo cada año la experiencia del verano se vuelve un poco peor, y reconocer, al mismo tiempo, que ya nadie lo politiza, que ya nadie habla de ello, si no es directamente para invocar la imagen del apocalipsis? Se trata de repolitizar el infierno: tarea mucho más urgente, y se me perdonará el exabrupto, que las crisis contingentes de la izquierda de estos meses. 

¡Chupito!, cada vez que oigas a un político o periodista invocar la “presunción de inocencia” al hablar de un imputado. Si te lo bebes cada vez que la aplican a imputados de su misma cuerda política, acabas en coma etílico. Si, en cambio, levantas el chupito solo cuando le dediquen la expresión a un rival, abstemio total.

Hace mucho que la presunción de inocencia desapareció entre nosotros, limitada a ser comodín de concurso televisivo cuando nos quedamos sin argumentos para defender a alguien pillado con las manos en la masa. “¡Respetemos la presunción de inocencia!”, gritamos con la misma convicción con que el acusado se acoge a la quinta enmienda en el cine de Hollywood. La presunción de inocencia referida a políticos desapareció más o menos por las mismas fechas en que los periódicos dejaron de usar en los titulares fórmulas aclaratorias como “según la investigación”, “según el juez”, “según la policía”, “presuntamente” o verbos conjugados en condicional. No pensemos mal: las eliminaron porque ocupaban mucho, no cabían en un titular de periódico, hay que economizar. Seguro que es por eso.

Lo hemos visto estos días con la imputación de Zapatero. En portada, a toda página y con letra gorda, titulares rotundos, con sintaxis de sentencia judicial condenatoria, firme e inapelable: “Zapatero lideró una trama criminal”, “Cazado el comisionista internacional Zapatero”, “La trama de Zapatero traficaba con oro y petróleo de Venezuela”, “Una fortuna en joyas y relojes de lujo oculta en el despacho de Zapatero”, “Ostras y champán con cargo al 1% de Zapatero”… Ya digo, no pensemos mal, seguro que es por falta de espacio que los periodistas optan por esos titulares y no otros como: “El juez sospecha que Zapatero lideró una trama criminal”, “Los investigadores policiales sostienen que Zapatero habría traficado con oro y petróleo de Venezuela” o “Una presunta fortuna en joyas y relojes de lujo…”

Y lo mismo con la entrada de la UCO en la sede del PSOE. A toda página hemos leído: “El PSOE pagó una trama contra jueces y policías para proteger al presidente”, “El PSOE persiguió a la UCO, jueces y fiscales por orden del one”, “La caja del PSOE financió la ofensiva contra jueces incómodos”… Insisto, debe de ser economía de lenguaje. Y esto solo en las portadas de la prensa “seria”, que si hablamos de pseudomedios, tertulias televisivas, intervenciones parlamentarias, declaraciones en los pasillos del Congreso y ruedas de prensa, el jolgorio es total.

No pretendo dar lecciones de nada, ni presentar a ningún medio como ejemplar, pues es un mal extendido en todo el periodismo, aunque solo lo notamos cuando nos escuece por afinidad con el señalado. En cuanto hablamos de alguien a quien en efecto querríamos ver condenado, nos olvidamos de la “presunción de inocencia”. Yo el primero, no hace falta que me busquéis en la hemeroteca, lo reconozco.

Hace años hizo fortuna el chiste de “dimitir es un nombre ruso” para criticar la poca costumbre de dejar el cargo que hay en la clase política española. Añado otro chiste igual de triste: “Presunto es jamón en portugués”. Será por eso que raramente nos referimos a un imputado como “presunto”, porque nos acordamos del portugués y nos da la risa. Ja.

Desde hace unos días estamos viviendo un torbellino de noticias desde el escándalo de Zapatero, las nuevas informaciones sobre el caso Leire Díez que apuntarían a una red de miembros del PSOE que intentaba dificultar acciones judiciales y las acusaciones del uso de la justicia con la intención de derrocar al gobierno de coalición progresista. Todo esto, por si fuera poco, con el telón de fondo de las sesiones del juicio del caso Kitchen, una red de corrupción policial orquestada por el PP para sacarle al tesorero Luis Bárcenas la documentación que pudiera tener vinculada a la caja B del partido.

El contexto solamente llama al desconcierto y el desánimo. El alud de información proveniente de medios de comunicación hace dudar sobre si existen tramas de corrupción impensadas en los dos grandes partidos del bipartidismo o si efectivamente existe una operación de los sectores más poderosos del país para acabar con un gobierno que les es incómodo. Seguramente hay parte de ambas cosas pero, en cualquier caso, el ambiente deja poca esperanza de que la integridad pública y el estado de derecho efectivo no sean más que una quimera en España.

Frente a todo esto, en primer lugar, se requiere un análisis sosegado, completo y que acepte que la duda, no solamente es humana, sino parte indisociable del análisis de las cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, la duda sobre hechos que solo podemos conocer parcialmente no debe llevarnos a olvidar algunas certezas políticas que son indispensables.

Por un lado, la respuesta social más evidente a todo este contexto es la desesperanza, el distanciamiento (aún mayor) de la política y el convencimiento de que solamente el interés personal mueve a las personas que se dedican a la cosa pública. Pero no hay que dejar de pensar, en primer lugar, que hay muchos ejemplos en nuestro país de políticos que han ejercido cargos de relevancia y nunca han estado envueltos en casos de corrupción y, por supuesto, de otros países donde los niveles de corrupción son mucho menores debido a la existencia de instituciones y normas que han creado y reforzado una cultura de integridad pública.

Debemos romper este círculo vicioso de la corrupción donde las noticias de escándalos generan desafección y nos llevan a distanciarnos de la política e incluso a ser menos exigentes con ella. Los argumentos del “son todos iguales” no valen. Por una parte, porque ninguna generalización es cierta y, como decíamos, seguro que todos podríamos pensar en ejemplos de políticos dignos de admiración por su inquebrantable dedicación al interés general. Por otra parte, porque este círculo de desafección profundiza la degradación de nuestras instituciones. Una ciudadanía activa, atenta y exigente en el cumplimiento de las responsabilidades públicas con integridad es parte fundamental de una democracia plena, es decir, sin corrupción.

Por otro lado, nuestro país ha vivido lamentablemente casos flagrantes de lawfare donde la justicia se ha usado para intentar socavar proyectos políticos molestos para sectores que siguen considerando que la cosa pública es su feudo. Ha pasado claramente con el ayuntamiento de Barcelona bajo los mandatos de la exalcaldesa Ada Colau, con Mónica Oltra en la Comunitat Valenciana o con dirigentes de Podemos, así como en el ámbito de la justicia en casos como el del fiscal general Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, la evidencia de este reiterado uso torticero de los procedimientos judiciales no debe hacernos bajar nuestro nivel de exigencia con los servidores públicos y quienes lo han sido. Al mismo tiempo, debemos autoanalizarnos también con exigencia y saber que estudios académicos han demostrado que tendemos a ser más tolerantes con la corrupción si viene de sectores o líderes políticos que nos son afines. Hay que estar atentos, en este sentido, a no buscar excusas para comportamientos execrables y que destruyen nuestra democracia, sean aprovechar un cargo público para el beneficio privado o el desvío de la justicia para destruir a adversarios políticos.

La ausencia de corrupción, un país donde las instituciones públicas funcionen con integridad, es decir, movidas solamente por el interés público y no por el particular, no es solamente posible y socialmente deseable, como lo demuestran países de nuestro entorno, sino que es indispensable para una democracia real, sólida y socialmente justa.

Frente a la abrumadora realidad que mezcla evidencias claras de corrupción, dudas indiscutibles sobre comportamientos políticos al menos poco éticos y certezas del repetido uso de la justicia con objetivos privados, no debemos dejar de exigir a políticos y servidores públicos la más absoluta integridad en sus comportamientos. No existe democracia ni justicia social con corrupción. No existen tampoco recetas mágicas para terminar con ella, sino reformas legales e institucionales necesarias que deben generar un círculo virtuoso de cultura de integridad, donde todos los ciudadanos seamos partícipes y controladores de una democracia íntegra. No encontraremos soluciones rápidas ni infalibles contra la corrupción, pero exigir con tesón terminar con ella es un paso indispensable y frente al que nunca debemos bajar los brazos.

En este tiempo de coincidencias y casualidades extraordinarias que nos ha tocado vivir, cuando ya no quedan parientes de Pedro Sánchez sin su correspondiente y urgente informe policial, se constata que, cuanto más avanza el juicio oral por la operación Kitchen, más claro va quedando que Mariano Rajoy no presidía realmente un gobierno sino una alegre pandilla que pasaba el rato por La Moncloa, sin más preocupación que andar de correrías viviendo el momento y sin perder mucho tiempo en las cosas esas de gobernar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

En aquel estado de perpetua adolescencia, allí nadie era responsable de nada, sabía algo de nada o preguntaba nunca por nada o por nadie. Aquel ejecutivo azul era como la pandilla de Verano Azul, pero con el barco de Chanquete varado en la Carrera de San Jerónimo, que no llega hasta el mar pero achicharra el sol peor aún que en Nerja. 

Aquella animosa cuadrilla del gobierno azul más que gobernar corría aventuras por Presidencia con esa despreocupación que da la juventud. No discutían jamás entre ellos asuntos oficiales ni analizaban materias sensibles de Estado; de hecho estaba terminantemente prohibido hablar siquiera de asuntos de trabajo. Si tal, comentaban la prensa pero siempre en plan casual. 

Por eso, en aquel gobierno azul, todos desconocían todo y las cosas pasaban solas, porque sí, por casualidad; más o menos como ahora. Saber algo era considerado tan peligroso como fumar porros o beber cerveza. Como cuando éramos chavales, los asuntos en aquel gobierno azul sucedían sin más, la comida se ponía sola en la mesa, la luz era gratis y un señor o una señora muy amables te llevaban a donde quisieras y a la hora que fuese, únicamente había que pedírselo amablemente o llamarles papá o mamá con la voz adecuada.  

El gobierno azul no tenía aquellos padres mágicos igual que nosotros. Tenía algo infinitamente mejor: tenía policías mágicos. Sin pedírselo y sin que hubiera que hacer nada, ellos solos se organizaban para vigilar a Luis Bárcenas, recuperar las pruebas que pudiera tener o destruir lo que fuese menester destruir, ya fuera el independentismo, ya fuera Podemos. Lo que hiciese falta para proteger a sus inocentes ministros y ministras ante los terribles peligros y oscuras amenazas que habitan en el mundo exterior. 

Como a los padres, a los policías mágicos del gobierno azul ni siquiera había que pagarles. Cierto que eran tan chapuceros, o más incluso, que Leire Díaz a la hora de diseñar operaciones encubiertas y ofertas que no se podían rechazar, pero, por lo menos, no cobraban 4.000 euros del ala al mes por andar dando el cante por medio Madrid y hablar del “number one” como si fuera un código secreto indescifrable incluso para Enigma. 

Lógicamente nuestro Mariano sería el enrollado Javi que lideraba el clan porque era el más alto, secundado por un fiel Fernández Díaz en el papel de aquel abnegado Quique, de quien nadie se acordaba hasta que había que hacer algún recado de esos que no apetecen y te parten la tarde. María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría eran como Bea y Desi. Amigas, sí, pero con ese beef que no sabían bien cómo disimular. El simpático Javier Arenas sería el simpático Pancho haciendo esas cosas simpáticas de la gente del pueblo. El inefable comisario Villarejo encarnaba al irrefrenable Piraña, dispuesto a comer lo que hubiera que comer para no dejar una miga ni un rastro en el mantel. No se me ocurre quién podría ser Tito, la verdad. Pero se admiten sugerencias.  

Cuando pongan la reposición en la tele dentro de diez o veinte años los recordaremos, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que siempre te queda cuando gobierna la derecha. 

Esta semana en la red social X han coincidido dos debates magníficos para entender por qué España va a acabar teniendo de vicepresidente (o quizá de presidente en la sombra) a Santiago Abascal. Uno de ellos concluía que ganar 4.000 euros netos al mes es de pobres; el otro que 1.200 euros mensuales de SMI es una locura que nos va a llevar a la ruina. Así que había gente que, haciendo cuentas, te aseguraba que un salario bruto de 80.000 euros anuales (que percibe menos del 8% de la población en España) no te da para nada y otra gente (o la misma) que un SMI de 1.221 euros es una pretensión absurda que va a suponer la ruina del empresariado español, especialmente en su versión hostelera. La conclusión es que en España hay un claro excedente de mendrugos aspiracionales que no han entendido cómo funcionan las estructuras de clase y por eso 4.000 euros que nunca van a ganar si no se oponen al extractivismo de las élites rentistas y explotadoras les parece poco y 1.200 euros derivados de meter en el Gobierno la dignidad de la clase obrera, les parece mucho, sobre todo si lo cobran otros. 

En 2012, todavía bajo los efectos de la crisis de 2008 y sin imaginar el paréntesis alucinatorio de la pandemia, los economistas norteamericanos Daron Acemoglu y James A. Robinson escribieron Por qué fracasan los países, los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza. Los autores aseguraba que ni la geografía, ni la demografía, ni el clima, ni la historia o la cultura colectiva son determinantes en la prosperidad de una sociedad. Lo más importante es la calidad de sus instituciones y de las élites, que pueden ser inclusivas, buscando una mayor participación y beneficio de la sociedad, o extractivas, buscando el beneficio propio y el trasvase de riqueza hacia arriba, hacia los que tienen más. Las instituciones inclusivas se inclinan hacia la justicia, las extractivas, hacia el orden. Más de una década y muchos traumas después, siguen teniendo razón: los gobiernos progresistas se inclinarán por los servicios públicos y la redistribución, los neoliberales por la supresión de impuestos y el punitivismo contra el pobre o el inmigrante. Es fácil concluir quién sale beneficiado de uno u otro modelo. 

De por qué en España se perciben salarios de miseria en comparación con otros países de la UE se habla poco porque pone en jaque nuestro modelo económico y de crecimiento. Los trabajadores solemos ignorar que hay empresas altamente subvencionadas por el Estado que pagan una miseria a sus trabajadores mientras se quejan de las paguitas y los liberales prefieren que no sepamos que subir el SMI no sirve solo para que el trabajador que lo percibe pueda pagar la cesta de la compra, también para que las empresas dejen de crear empleos de baja cualificación y productividad que, además de explotar al empleado, arruinan la economía. Esto se une a que España es el paraíso del pijo rentista aspiracional, una chusma que ha decidido que otros van a trabajar por ellos a cambio de dejarles vivir en sus propiedades. En lugar de masacrar a impuestos a esa chusma y amenazarles con expropiaciones, el español populista se inclina por doblar la rodilla, pedir perdón a los ricos y hacerles la pelota hasta límites intolerables con el único objetivo fantasioso de llegar a ser como ellos: unos parásitos de por vida. 

La frase que se atribuye a San Agustín y que reza “si me analizo me deprimo, si me comparo me ensalzo” explica en buena parte que España, pese a ser uno de los países más vivibles del mundo, conserve modales incívicos y propensión a admirar a gente que no ha hecho otra cosa en su vida que heredar, vivir de las rentas y esquivar a Hacienda. Lo lógico y darwinesco sería que el 99% impidiéramos al 1% esclavizarnos y convertirnos en “permanent underclass”, el término que se utiliza en Silicon Valley para referirse a los trabajadores que jamás saldrán de la precariedad y que se verán obligados a trabajar 996, de 9 a 9, seis días a la semana. La realidad es que los ricos pueden ser todo lo imbéciles, ignorantes, explotadores y absurdos del mundo mientras siga habiendo gente normal que crea que se han ganado lo que tienen. El engaño más persistente de la historia de la Humanidad: ignorar que los ricos han sido, son y siempre serán nuestros parásitos. 

Cuando el martes 19 de mayo se conoció la imputación de Zapatero, con la formidable repercusión política que provocó, hubo a quien extrañó que el magistrado retrasara su convocatoria a declarar hasta el 2 de junio lo que, como era imaginable, ha mantenido en un limbo insoportable la agonía mediática del expresidente, condenado a sufrir los insultos de Fortuna y los golpes y dardos diarios de la prensa, en silencio. El plazo parecía fiado muy largo si la intención era únicamente permitir que el implicado pudiera tomar conocimiento de las actuaciones. Pasados unos días, se vislumbra una hipótesis bastante plausible de esta demora: dando estas dos semanas de margen, el magistrado habría querido dar tiempo a que la UDEF terminara un análisis preliminar del material requisado en las entradas y registros realizados el mismo día 19, de tal manera que Zapatero no solo afrontaría en su declaración preguntas sobre los supuestos indicios que justificaron su imputación inicial sino también por todo aquello que la policía hubiera encontrado, en su caso, en los registros de los despachos.

Esta circunstancia acreditaría tres cosas: la primera, mirando hacia el pasado, que la gestión del gotero mediático que marca nuestra vida pública y la manija de la Justicia siguen estando en manos de las fuerzas de seguridad. Instruyen procedimientos, redactan resoluciones, llaman a declarar a testigos... Ya no hay jueces en Madrid. Tomémoslo con humor: cuando se han conocido los atestados de los que se nutrió Calama al redactar su auto, me resultó inevitable recordar a Borges, quien nos diría que el juez no copió ni transcribió el original; su admirable ambición habría sido el producir unas páginas que coincidieran palabra por palabra con el atestado, asumiendo el misterioso deber de reconstruir literalmente una obra espontánea. Es probable que, como Pierre Menard, el juez haya multiplicado los borradores, corregido tenazmente y desgarrado miles de páginas manuscritas para elaborar un auto verbalmente idéntico pero casi infinitamente más rico que el atestado.

La inicial decisión del juez de fijar la declaración de Zapatero para el 2 de junio tendría una segunda lectura, mirando al presente. Y es que anticipa un asombroso cambio de enfoque en la investigación. De repente, el rescate de Plus Ultra parece haber quedado en un segundo plano para convertir el procedimiento, sin mayor sorpresa de nadie, en una causa general contra Zapatero. Las noticias que se van sucediendo, en buena medida mediatizadas por su origen, nos ofrecen un escenario dantesco que incluyen el sondeo de toda la actividad profesional del expresidente en los últimos años, dejando flotar en el aire interrogantes sobre la totalidad de sus clientes, ingresos y haberes, sin excluir collares, con dudas que se extienden a la empresa de sus hijas. El hecho investigado, en principio, resultaría bastante concreto y delimitado en sus perfiles, pero en un abrir y cerrar de ojos se ha puesto en la picota toda la vida mercantil del expresidente y sometido todos sus contratos, comunicaciones, reuniones y llamadas al cedazo de la indagación policial, no tanto para ver qué ha pasado, sino más bien para ver qué pasa, en expresión de un lúcido magistrado.

En este contexto, donde ya no se investigan hechos, sino que se investiga a una persona, el contenido del escrutinio se desboca y durará años, como asume sin alarma la prensa otrora sensata. ¿Cómo podrá prolongarse tanto tiempo si la ayuda a Plus Ultra es un simple expediente administrativo? Quizás tenga millones de folios, no lo he visto, pero no da esa impresión. Durará años porque se investigarán otras cosas. Y no solo eso: tengo el pálpito de que, como en todas las causas generales, cuanto menos encuentren, más durará, porque a medida que pasa el tiempo más insufrible será asumir por la Justicia el desastre de un proceso vacío, condenado a realimentarse con más y más iniciativas que servirán únicamente para justificar las anteriores.

Por el contrario, si llega a haber pruebas sólidas contra Zapatero, cosa que no descarto en absoluto (siempre estamos a un suspiro de que se descubra un mensaje revelador), no duden de que la investigación será bastante breve. En definitiva, y si me permiten la tontería, las causas generales son como el coseno de un ángulo: al irse reduciendo, tienden al infinito yéndose por la tangente.

La consecuencia derivada de ello es que Zapatero, lógicamente, ha tenido que pedir un aplazamiento de su declaración con la idea --presumo sin saber-- no solo de estudiar la causa con detenimiento, sino sobre todo de valorar lo que va llegando y lo que está por llegar, para declarar solo cuando pueda saber con un cierto margen de concreción los hechos por los que se le preguntará. Mientras tanto, la torrentera de información que a diario nos cae sobre la cabeza con reuniones, facturas, relojes, llamadas, radiadores, cacheos, joyas, dimes y diretes va minando una opinión pública espantada y reduciendo irremisiblemente el margen de maniobra político. Porque esperar en un portal a que escampe, como bien sabemos los compostelanos, tiene un serio riesgo: a medida que llueve, se multiplican los charcos que tendremos que sortear cuando finalmente nos decidamos a dar el paso y levantarnos en armas contra el océano del mal.

Por último, la decisión del juez mueve a otra reflexión, ya enfocada al futuro. El cambio de perspectiva de la instrucción, para convertirse en una causa general, ofrece la paradoja de vaciar el objeto procesal que le es propio, de tal forma que, al abarcarlo todo, deja sin apretar el hecho que lo originó. Por ello, es previsible que el procedimiento vaya olvidándose poco a poco del expediente de Plus Ultra, que habría servido de anzuelo para descerrajar el proceso, y siga su derrota sobre aspectos que nada tienen que ver con aquella ayuda. Se admiten apuestas, pero las recientes informaciones que nos van llegando, y que nos alertan de las graves deficiencias del auto de Calama, con errores de fechas, saltos argumentales y contradicciones internas, apuntarían en esa dirección: el procedimiento puede estar preparándose a dejar caer esta imputación concreta, de tal forma que aun cuando se demuestre que Zapatero no tuvo nada que ver con el rescate de la aerolínea, ni influyó en nadie con poder de decisión para concederlo, no servirá de nada. La bomba de racimo de una causa general ya se ha activado --era inevitable-- a través de la decisión del juez de abrir piezas separadas, ese fascinante artilugio que funciona a modo de cambio de agujas procesal que permite acomodar la investigación, desviarla de lo que vas encontrando y centrarla en lo que quieres encontrar.

El auto de este Pierre Menard ya anticipaba parte de esta deriva. En particular, en lo relativo a la empresa de unos hermanos, de la cual se ignora qué relación puede tener con Plus Ultra y qué vela sostiene en este entierro político. Se nos dice que la empresa se utiliza como caja para pagar unos servicios que, lejos de ser inexistentes, son de tan alto calado que, según el auto, trascienden “con mucho el ámbito de una transacción mercantil ordinaria” y donde el pecado de Zapatero habría sido demostrar “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política” de otros países. ¿Qué delito será esto?

En fin, tal vez lo más sugerente de esta empresa de la que hablo sea su propia denominación que, por esas arrebatadas casualidades que nos ofrece la ironía del azar, podría ser el exacto y certero nombre del equipo policial encargado de seguir la pista de la vida del expresidente: Inteligencia Prospectiva.

“¡Espartanos! Preparad vuestro desayuno y comed bien porque esta noche cenaremos en el infierno”, les dijo a sus tropas el rey Leónidas antes de acometer la batalla de las Termópilas donde sabía que el ejército persa de Jerjes les haría sufrir hasta la derrota. Nos lo cuenta el filósofo griego Plutarco (siglo I d.C.) pero nos suena muy reciente porque se la hemos escuchado al actor Gerard Butler en la película “300” de Zack Snyder. Es espeluznante esta alocución épica que convierte el ardor guerrero en heroicidad digna de mérito. Lejos de las bárbaras costumbres de la antigüedad, los líderes políticos de hoy en día -con otros modos pero idéntico objetivo- también se valen del ardor guerrero en sus filas para arengarles a la resistencia ante el ataque del adversario. “¡Más madera! ¡Esto es la guerra!”, que diría Groucho. 

Mientras en la oposición se lanzan las huestes a despedazar a los caídos ahora investigados por la justicia porque creen llegada la hora del golpe definitivo al presidente socialista, por su situación de debilidad a causa del acoso judicial. El problema del discurso hiperbólico de Núñez Feijóo es que lo ha extremado desde el inicio hasta la extenuación y ahora, carece de credibilidad, como le ocurrió a Pedro con el lobo del cuento. El líder del partido en el poder, por su parte, pide a los suyos que mantengan la moral bien alta para soportar los embates cuando, en realidad, todo indica que les espera un infierno en esa huida hacia adelante.

Las supuestas actuaciones del expresidente Zapatero en la causa que mantenía en secreto la Audiencia Nacional -articulada en 8 tomos en base a indicios recabados por investigaciones internacionales e informes policiales de la UDEF- ha caído como una bomba en la sociedad española, tanto en su partido como en toda la izquierda progresista. Era un referente ético, una persona idealista, rayana en la ingenuidad, que predicaba la no violencia y representaba el buen talante, la ejemplaridad y los derechos civiles. Fue el único presidente de la democracia que salió indemne de la corrupción en sus dos mandatos, que vieron cómo retiraba las tropas de una guerra ilegal, el final de ETA y el mayor avance en igualdad que la legislación española haya conocido hasta ahora. Y resulta que el auto del juez Calama nos descubre, con toda su contundencia, a un personaje desconocido y más cercano a los chismes y bulos propalados por sus detractores que a lo que la izquierda siempre había pensado del expresidente. La dolorosa textualidad de los indicios judiciales ha causado una doble frustración a quienes nos negábamos -me incluyo- a dar crédito a los rumores que creíamos interesados como todo el fango de la desinformación que nos acecha. No hemos sabido distinguir los datos ciertos, que aparecían revueltos con las mentiras y maledicencias del estercolero de desinformación. Mientras los tribunales recababan indicios para instruir la causa judicial en secreto, la ciudadanía vivía en la ignorancia. Aunque no todo el mundo era ajeno al trabajo policial porque ahora ya sabemos que el Partido Popular y sus terminales institucionales y mediáticas estaban al cabo de la calle y los pseudomedios se afanaban en la intoxicación. Ya advierten los teóricos de la comunicación que la saturación es una forma de censura.

 A la sorpresa, la incredulidad y la estupefacción inicial de la militancia socialista, le siguió la depresión y la tristeza propia los niños que descubren que Papá Noel no existe. Buscaron pruebas en los indicios y se consolaron con su ausencia, como quien se tapa los ojos para que los demás no le vean. Esperemos a que actúe la justicia. Esto no puede ser verdad. Lo han utilizado en su campaña contra Sánchez. Y a esta tesis ya no pudieron agarrarse cuando el juez Pedraz, también de la Audiencia Nacional, abrió la caja de Pandora al descubrir, supuestamente, la existencia de una segunda trama en el PSOE para actuar en las alcantarillas del Estado y así frenar las causas judiciales que le afectan. Además de un expresidente imputado, ya tenemos a los dos secretarios de Organización del partido en el poder -Ábalos y Cerdán- presuntamente situados al frente de sendos grupos para delinquir. En paralelo, se abre juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez y el juez Peinado aprovecha su minuto de gloria para echar más leña al fuego y amenazar a la esposa del presidente con mandarle a la fuerza pública para llevarla a su presencia.

Al margen de las actuaciones policiales en marcha y de que los procedimientos judiciales que se siguen sean o no condenatorios de las personas que están ahora acusadas, nadie puede negar el impacto político demoledor que estos hechos han tenido en la sociedad española. La coincidencia de tantos movimientos en tan poco tiempo induce a pensar en una voladura programada y preparada contra el PSOE. Nunca lo sabremos a ciencia cierta y si llega a conocerse el origen coincidente será dentro de tanto tiempo que no nos acordaremos. Sea como fuere, el mal político ya está hecho, independientemente de lo que ocurra en los procesos judiciales. La ciudadanía ya no distingue la Kitchen de las investigaciones a Leire Díez; el caso Plus Ultra de la condena al Fiscal General; a Bárcenas de Cerdán, Francisco Martínez y “ZZZ” el “one”… 

La desconfianza es el síndrome indiscutible de un electorado saturado por casos de corrupción que afectan a los dos partidos que se suceden en el poder. La ciudadanía ha perdido la confianza en sus dirigentes y se ha desgastado así el valor primero de toda democracia; un régimen de opinión pública que se basa en las relaciones del pueblo con sus dirigentes. En la desafección del electorado socialista va a jugar un papel primordial el desencanto por lo que hemos conocido en estos días. El daño puede ser de muy difícil reparación porque no tenemos precedentes de los que poder echar mano para saber qué camino seguir, además de que, sin duda, los efectos se prolongarán en el tiempo. Como los terremotos, no se puede descartar que haya réplicas, de hecho, existen otras piezas separadas de la causa por tráfico de influencias contra Zapatero que todavía son secretas. Sin olvidar que a Ábalos, Koldo y Cerdán les quedan días en el banquillo.

Creo que no hay otros casos similares de un golpe tan brutal. En la historia de nuestra democracia, hemos visto que las “voladuras” de otros gobiernos afectados por la corrupción fueron más lentas y paulatinas hasta prolongarse en dos mandatos. Pensemos en la doble legislatura de Felipe González cuya decadencia empezó en 1991 con el caso del hermano de Alfonso Guerra, siguió con Filesa, Malesa y Time Sport, por financiación ilegal del partido; los GAL y el uso de fondos reservados; los desfalcos de Roldán, primer director civil de la Guardia Civil, y el gobernador del Banco de España por el caso Ibercorp, entre otros. Aznar heredó una financiación de Alianza Popular que le estalló en el caso Naseiro en 1990. Pero la trama más grave y vasta de su etapa al frente del PP se concretó en el caso Gürtel, con la deriva del juicio contra su tesorero, Luis Bárcenas. Sin olvidar la icónica detención de Rodrigo Rato, todo un exvicepresidente del Gobierno, empujado por un policía y esposado. Aunque el partido perdió las elecciones en 2004 por la obsesión de Aznar con la guerra de Irak, el largo proceso judicial de Gurtel salpicó a Mariano Rajoy en sus dos mandatos y todavía siguen pendientes varios juicios. Solo ante una sentencia condenatoria, el PP desalojó el poder y no lo hizo por decisión propia sino como resultado de la moción de censura de Pedro Sánchez. En todo caso, estamos hablando de decadencias de legislaturas, meses y años. Ahora contabilizamos una explosión de días.

Como las bombas de Hiroshima y Nagasaki o el accidente de la central nuclear de Chernobil, el impacto político que está causando en el PSOE la imputación de Zapatero y la trama de pagos del partido para actividades ilícitas también tendrá efectos a largo plazo y seguirá causando heridas pasado el tiempo. La desmoralización que ha abatido a dirigentes y militancia no se espanta con discursos aguerridos de llamadas a la resistencia como si no ocurriera nada. El presidente del Gobierno es también el líder de su partido y está obligado a liderar y gestionar situaciones dolorosas y críticas como la actual, dar explicaciones y tomar medidas. Pedir fe ciega es inútil y solo ahonda en la desazón de las filas socialistas. Aferrarse al poder sin tener en cuenta que es responsable de un partido que se juega en estos momentos su futuro resulta, cuando menos, escapista. 

Una dirigente local se quejaba amargamente esta semana porque un compañero de su hijo en el colegio le preguntó: “¿Tu madre también es corrupta como Zapatero?”. Concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas temen por su continuidad si el partido no reacciona y su líder sigue adelante pidiendo fe ciega a su gente, sin más, mientras la casa común se cae a pedazos a golpe de noticias de los tribunales. Los efectos negativos de la imagen del PSOE entre la sociedad española también será irreparable y puede condenar a los socialistas a la oposición durante años si no reaccionan adecuadamente. Cuando menos, la desolación llevará a la abstención en las próximas elecciones si nadie lo impide porque el electorado de izquierdas castiga con más dureza la corrupción que quienes votan a la derecha. Tras la pérdida del poder autonómico, que hace imposible la aplicación de leyes estatales, el PSOE puede perder los próximos comicios generales y, si no maneja bien esta situación, pone en riesgo los gobiernos locales, concejalías y entidades provinciales en manos de dirigentes socialistas. De poco vale disimular los efectos políticos nocivos de esta situación que serán catastróficos para el PSOE. Y alguien debe decírselo a Pedro Sánchez.

Las grandes conspiraciones existen, por supuesto.

En el año 521 antes de nuestra era, un aristócrata persa llamado Darío mató a Esmerdis, hermano y heredero del rey Cambises II y gobernador de las provincias orientales. Darío y sus compinches negaron haber cometido un magnicidio porque, según ellos, Esmerdis no era Esmerdis, sino un mago usurpador llamado Gaumata. El rey Cambises murió mientras combatía a los egipcios y no se enteró del incidente. Acto seguido, Darío se proclamó rey. Cuesta creer que ningún cortesano se tragara la patraña de Darío y el mago suplantador, pero ni el lugar ni la época aconsejaban desmentir al monarca del imperio. Darío gobernó gracias a una conspiración de silencio y pasó el resto de su vida (véase la fabulosa inscripción de Behistún) reafirmando la mentira fundacional de su reinado.

Esas cosas ocurren. Aunque son muy raras.

Yo prefiero no creer en las conspiraciones porque, en general, las cosas suelen ser lo que parecen ser. El franquismo, 40 años de mentira permanente, era muy aficionado a inventar enemigos fantasmagóricos: “la conjura judeo-masónica”, “el contubernio de Múnich”. El régimen nacido con el golpe de Estado de 1936 agotó todos los sinónimos de “conspiración” para disimular sus miserias.

Sí creo, en cambio, en la complejidad de la organización social y en la facilidad con que los individuos mentimos, hacemos chapuzas y cometemos actos asombrosamente deshonestos.

Estos días, a raíz del “caso Zapatero”, estamos descubriendo todo el rato la sopa de ajo. Y pasmándonos ante la asombrosa revelación.

Sí, los policías y los jueces, igual que los militares, suelen ser de derechas. De la misma forma que los profesores de Ciencias Políticas, los sociólogos, los mineros y los sindicalistas suelen ser de izquierdas.

Sí, los abogados suelen tener amigos jueces, y viceversa, y hacen arreglos entre ellos. Sí, hay jueces que prevarican. Sí, los policías ocultan parte de la verdad, o mienten directamente, cuando presentan al instructor y, sobre todo, a la prensa (ay, esa foto de joyas como si fueran 20 toneladas de heroína; ay, aquel falso dinero venezolano de Podemos y aquellas falsas cuentas suizas de Xavier Trías) el resultado de sus investigaciones: una cuestión de éxito o fracaso profesional, supongo. (Reconozco que, por la edad que tengo, nunca he creído a la policía).

Y sí, ninguno de los inquilinos de La Moncloa era rico cuando llegó al poder (quizá con la excepción del breve Leopoldo Calvo-Sotelo), y todos lo fueron (podría matizarse el caso de Mariano Rajoy) en cuanto dejaron la presidencia: un misterio a la vista de todos.

Sorprende un poco que los periodistas, conocedores de las barbaridades que se cometen en el oficio, esperemos de otros profesionales una conducta intachable. Hay porquería en los medios de comunicación como la hay en la policía, en la judicatura y en la política.

He decidido no creer ciegamente nada de lo que se dice sobre José Luis Rodríguez Zapatero (aunque ciertas cosas me parezcan muy sospechosas) hasta que se concluya el sumario y se sustenten las acusaciones. Y seguiré sin creer en conspiraciones, porque no hace falta: los pecados de unos y otros acaban siendo muy obvios.

O leía los sumarios o la encíclica. Elijo el texto del Papa sobre inteligencia artificial, porque la vida es corta, y la semana, más. Y porque la revolución de la IA es el acontecimiento del siglo XXI.

Pero los sumarios irrumpen aunque no los lea. Pongo la radio mientras hago la crema de puerros: la thermomix a 80 grados, sobornos, velocidad cuchara. Levanto el tapón, chorro de nata, dinero en los radiadores, 90 grados, una pizca de comino, la impostura del exministro, 100 grados, no sabía nada, velocidad 5, la UCO y el juez, y viceversa, billetes en el radiador, policía dizque patriótica, 110 grados, velocidad 6, la fontanera, el fiscal, velocidad 7, velocidad 8, el tesorero, velocidad 9, la gerente, 120 grados, las joyas, velocidad 10, las cuchillas al máximo estruendo, todo triturado… Apago la radio y la thermomix. La crema, está mal que lo diga yo, en su punto. 

La ‘Magnifica Humanitas’ de la que habla León XIV somos nosotros: seres imprevisibles que desafiamos al destino, capaces de hacer una crema de puerros o la Capilla Sixtina y, aún más increíble, llorar al contemplarla (la capilla, no la crema). La IA no es neutral “porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”, dice. Hay que desarmarla, mirarla por dentro, porque otorga “a quienes tienen el poder económico para explotar el conocimiento, un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad”. Amén.

La lectura de la encíclica me transporta al tiempo vivido de otro modo, como cuando transcurría y no había que aprovecharlo, sino habitarlo. La red está inundada de bazofia producida por IA que no viene de ningún lado ni va a ninguna parte. En cambio, el texto del Papa está anclado en la historia, León XIII, la doctrina social. Y más lejos: Babel, Jerusalén. Me arraigo a la historia humana. Sigo leyendo. Me sumerjo en la sensación de ser un transcurrir, me quedo en la plácida conciencia de lo ancestral, mientras ahí fuera el tiempo estalla.

Lo peor es que nosotros también estallamos con el tiempo: las noticias ya son sólo un estado de ánimo y nuestras emociones se emulsionan con ellas. Mucha gente deja de seguir la actualidad porque sienten lo mismo que ese personaje de Joanna Kavenna que afirma: “Es como si la realidad estuviera en manos de alguien con tembleque”. 

Me voy al teatro a ver a Ismael Serrano, que interpreta ‘Golpe a golpe, verso a verso’, la vida de Antonio Machado con canciones de Serrat. Mi infancia son recuerdos: los sábados por la mañana mi madre limpiaba mientras los poemas de Machado resonaban desde el tocadiscos por toda la casa. Ismael me lleva allí donde “hay un español que quiere/ vivir y a vivir empieza/ entre una España que muere/ y otra España que bosteza”. No sigo, por lo de la bicha. 

La crisis política y la crisis epistémica se funden en un tsunami que me colapsa el cerebro, pero para pensar bien hay que hacerlo desde el pasado, como León XIV, porque todos venimos de algún sitio. El trabajo de regeneración democrática está hecho: no hay más que buscar entre las iniciativas debatidas en el Congreso desde 2012 en adelante. A veces, la mejor política es un simple cortaypega. Plagien lo que ya se ha debatido en la cámara en los últimos 14 años. Copien, señorías, copien y voten. 

Si lo que queda de legislatura se dedica íntegramente a aprobar la siempre postergada agenda de prevención de la corrupción, los ciudadanos veremos con más claridad quién ampara la corrupción y quién no. Dos, tres, muchos Vietnam de regeneración democrática, una iniciativa tras otra, cada martes, en todos los consejos de ministros. Y a votar en el Congreso, a retratarse todos. Porque el panorama que pintan algunos jueces con su doble rasero no puede ser la única forma de medir el interés de cada cual en la regeneración. 

Además hay hechos, prácticas dudosas en el corazón del Partido Socialista que no se pueden disolver con sospechas. La realidad está maltrecha, sí, como diría mi abuela: tiene más golpes que el plato de un loco. Pero si la izquierda golpea ese plato se convierte en ese loco. En la política de 2026 o se habla desde la realidad o se fabula para la tribu: esa divisoria es más relevante que ninguna otra. 

Se ha citado mucho ese pasaje de Hannah Arendt donde asegura que el individuo más conveniente para un régimen totalitario es el que no distingue la realidad de la ficción. La leo también en la encíclica de León XIV, que reivindica, atención, la dimensión racional de la verdad: “La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia”. Cuando por fin hemos logrado que la iglesia defienda la razón, no podemos huir de ella los progresistas. No queremos comer en el plato de los locos. 

Vamos a empezar con un golpe bajo. Hace apenas un par de días, el gobierno del presidente Javier Milei derogó el fondo que financia los billetes gratuitos en empresas de transporte de pasajeros para personas con discapacidad y niños con cáncer. ¿Cómo se metaboliza esta información? 

Esta es una de las decisiones cotidianas de la administración argentina y la primera pregunta que surge es en qué medida se naturaliza este estado de las cosas. Dos periodistas argentinos, veteranos, Martín Caparrós y Ernesto Tenembaum intentaban en vano dilucidar la cuestión conversando el miércoles en un programa de la radio porteña y no lo consiguieron. 

Se sabe que en cualquier pieza periodística tiene que haber una sucesión de respuestas en torno a cinco interrogantes clásicos que van desde el qué y el porqué del objeto a tratar cuestiones temporales y geográficas. En el caso de Javier Milei la fórmula zozobra: cuesta describir el qué y el porqué guarda la misma oscuridad de algunos incendios. No se sabe bien qué los origina, si son espontáneos o no. Hay algo peor aún y tiene que ver con aquella frase de Jean Genet a quién se le preguntó qué obra salvaría en el incendio de un museo. El fuego, respondió. 

Hay momentos en los que se puede llegar a pensar que en Argentina seduce el carácter ígneo de Milei. Su desborde incontinente a partir de una chispa inesperada y que en segundos arrasa el bosque de todo lo establecido. Milei es un espectáculo para la masa, como los fuegos artificiales de fin de año pero, en su caso, se trata de quema diaria; no celebra, sepulta. Ante este fenómeno todo se complica porque el objeto a observar ya no es Milei sino el país que lo contiene.

La pregunta que giraba históricamente en torno a la Argentina era sobre el fenómeno del peronismo, una fuerza que se puede situar a la derecha y al mismo tiempo a la izquierda o todo lo contrario. Esta confusión ya no interesa. Ahora el interrogante cae sobre el país.   

Alguna vez le escuché decir a Enric González que si alguien puede llegar a explicar Argentina es porque no lo ha entendido bien. Con esta lúcida sentencia habría que abandonar la empresa pero, al menos, hay que intentar algún esfuerzo para llegar a Milei y una vez allí, sí, tomar la distancia necesaria. Para observar pero también haciéndolo a cierto recaudo. 

Para los peronistas todo comenzó en 1945, la génesis de su movimiento. Para los antiperonistas, todo empieza con la restauración, diez años después, cuando se derroca a Perón con un golpe de Estado sangriento. No es un dato menor que la izquierda acompañó esta interrupción democrática pero tampoco lo es que, durante esa década, fue perseguida sistemáticamente y no solo corriendo delante de los policías. La cosa se complica después, porque en 1973, año del regreso definitivo de Perón del exilio español, hubo una izquierda peronista. Como hasta entonces en Argentina, todas las contradicciones se superaban con un golpe, en 1976 los militares y el poder económico detonaron la mayor tragedia que soportó el país.

Hay una pregunta que circula entre nostálgicos y es por qué Argentina no sumó su destino al de Australia. Para asombro de muchos, el historiador económico Pablo Gerchunoff expone en ¿Por qué Argentina no fue Australia?, un estudio pormenorizado donde compara los dos países y señala que, hasta 1975, precisamente, la antesala del golpe, las dos naciones crecían, entre caídas y ascensos, con un ritmo sostenido. El golpe de 1976 no solo arrasó la vida, también cambió aquel modelo económico. Argentina dejó de ser un país industrial en pleno desarrollo para convertirse en una economía primaria, productora de materias primas y con un circuito financiero llamado popularmente “patria financiera”.

La “patria financiera”, de algún modo, es otro aspecto de la tragedia, porque a medida que se cerraban fábricas y comenzaba a crecer la pobreza y a pauperizarse los servicios públicos, la clase media, también menguante, especulaba con la moneda nacional y los dólares. El presidente Alfonsín devolvió, con la nueva democracia, la vida a los argentinos pero no el dinero. Una nueva modalidad destituyente, el golpe económico, acortó su mandato y llegó Carlos Menem para consolidar el proyecto neoliberal que los militares dejaron inconcluso: terminó de desmontar el Estado. Menem ahonda el misterio ideológico del peronismo: fue un recuerdo del futuro que acontece hoy con su máximo fulgor. Esa aventura acabó en un gobierno de coalición cívica que naufragó en 2001 con el corralito financiero. Argentina como proveedora de significados al mundo: los desaparecidos con la dictadura, el corralito con la democracia. 

En ese momento, en las calles se hacen asambleas populares y la consigna es: “que se vayan todos”. La movilización, poco a poco, se va metabolizando y después de una leve estabilización llega el kirchnerismo. Nestor y Cristina Kirchner, en las antípodas de Menem, rescatan el aura combativa de 1973 y alumbran un peronismo de izquierda que se vigoriza más por el alto consumo en una economía que crecía con tasas chinas que por las banderas ideológicas. En eso se pareció al ciclo de Menem. En el final también, ya que después de administrar el país durante dieciséis años durante varios gobiernos terminaron con una hiperinflación cercana a la que venció a Alfonsín.

Cristina Kirchner dijo que su único error fue no haber cambiado la matriz económica del país. Es el modelo que impusieron los militares, profundizó Menem y confirmó el conservador Mauricio Macri. Esa es la madre de todas las batallas económicas del país. Los militares fueron juzgados en un proceso ejemplar; el poder económico que alentó el golpe sigue inmóvil y a salvo con un modelo devastador que ha excluido a la mitad del país y solo produce pobres desde 1976. 

El kirchnerismo y el macrismo dieron origen a “la grieta”, un enfrentamiento neurótico en el que se señalaba al contrario con gestos fratricidas, culpándolo del destino nacional. Era neurótico en el sentido de no estar ninguno dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para consumar un deseo: transformar el dislate.

Con Javier Milei se pasa de la fase neurótica a la psicótica. Si en 2001 se pedía a todos los políticos que se fueran, ahora la consigna es exterminarlos, acabar con todo. El odio al poder. Esa pulsión de destrucción incontrolable es la que mueve a Milei y hay una mayoría que lo sigue. 

Los insultos del presidente son cotidianos y de una carga que hacen amable el campo semántico de Donald Trump. Desde “no odiamos lo suficiente a los periodistas” a “mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta”. No tiene contención ni límite alguno, sea cual sea la audiencia de turno: el balcón de la Casa Rosada o el foro de Davos. 

Milei creció víctima de malos tratos y de un bullying cotidiano, tanto en los colegios como en su propia casa, según cuenta el periodista y escritor Juan Luis González en las dos biografías que publicó del presidente, El loco y Las fuerzas del cielo.

Su hermana Karina, a todos los efectos el número dos del gobierno argentino, es la persona que no se separa de él y que lo contiene desde niño cuando es víctima de una crisis nerviosa. Son inseparables. Milei le llama, indistintamente, “ángel” y “jefe”. El otro soporte emocional del presidente son sus cuatro mastines ingleses a los que dedica una hora diaria. El sostiene que son cinco, como le dijo al periodista Andrés Oppenheimer en una entrevista para CNN. Cuando Oppenheimer le corrigió, Milei insistió “mis cinco hijos de cuatro patas”. Ocurre que uno de ellos murió pero Milei no asume ese hecho. Cada perro tiene el nombre de pila de un economista (Milton por Friedman, Murray por Rothbard, Robert y Lucas por Robert Lucas) y el presidente sostiene que toma decisiones consultándolos. Sobre todo a Conan, el difunto, al igual que hace con el Uno, como llama a Dios, con quien asegura tener contacto directo.

Las últimas elecciones, las de medio término, en octubre pasado las remontó –venía de perder en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país– por un crédito directo in extremis de la administración Trump de 20 mil millones de dólares evitando la quiebra del país, en un gesto único e inédito de los Estados Unidos. De más está decir que el gobierno de Milei está entregado de pies y manos a la administración Trump. El canciller de Menem, con respecto a los Estados Unidos, decía que ambos países mantenían relaciones carnales (literal). En esa línea, Trump y Milei son los hermanos que nacieron de aquella relación.

Mientras tanto, en medio de este relato gótico sudamericano, la corrupción corroe al gobierno implicando a la hermana Karina, el jefe de gabinete y el presidente de la cámara alta, para hacer una lista corta. El gobierno milita en las redes y no pisa la calle. La revista Noticias llegó a registrar más de mil tuits subidos por el presidente en un fin de semana. Los recortes y el índice de pobreza compiten por alcanzar la cima estadística.

¿Hasta dónde puede llegar la larga noche de Milei que no da descanso? Toda su estrategia es emocional y solo se basa en ofrecer venganza. El país que más lejos llevó el psicoanálisis ha caído en la psicosis, una patología que excede los límites del diván. 

La pregunta es hasta cuando se podrá mantener en pie el cuerpo social antes de sucumbir y caer en el hoyo. 

No hace falta idealizar a Zapatero para entender por qué van hoy a por él.

Sabemos perfectamente lo que ha sido el régimen bipartidista del 78. Sabemos cómo funcionan las puertas giratorias, los consejos de administración, las consultoras, las redes de influencia y los lobbies construidos alrededor de quienes han ocupado el poder. No estamos descubriendo nada nuevo. Durante décadas, expresidentes, exministros y altos cargos del PSOE y del PP han vendido contactos, agenda, influencia y capacidad de intermediación entre grandes empresas y administraciones públicas. Ese ecosistema ha sido una pieza estructural del propio régimen.

Felipe González trabajó para grandes energéticas. Aznar actuó como intermediario internacional de corporaciones españolas. Rajoy convivió con una trama de corrupción sistémica y con aparatos policiales utilizados políticamente. Juan Carlos I acumuló comisiones, cuentas opacas y escándalos hasta acabar refugiado fuera del país. Y, sin embargo, el sistema protegió siempre a los suyos mediante una mezcla de impunidad, silencio y normalización.

Por eso la pregunta importante no es si Zapatero participó en dinámicas propias de las élites del régimen. La pregunta es otra: ¿por qué ahora sí se rompe la omertà? ¿Por qué precisamente Zapatero deja de ser tratado como uno de los intocables?

Y la respuesta no está únicamente en los tribunales. Está en la política.

Cuando salimos a las plazas en el 15M no protestábamos únicamente contra la corrupción. Protestábamos contra algo más profundo: contra la sensación de que la democracia había quedado subordinada a un bloque de poder económico, financiero e inmobiliario que gobernaba al margen de la voluntad popular. La corrupción no era una anomalía del sistema; era una de sus formas normales de funcionamiento.

Por eso el problema nunca fueron solo las puertas giratorias o los lobbies. El problema era que existía un perímetro invisible de poder que nadie podía cuestionar realmente. Podían alternarse PSOE y PP. Podían cambiar los gobiernos. Incluso podían tolerarse determinadas críticas morales o regeneracionistas. Pero había consensos intocables: la subordinación económica a las élites financieras, la arquitectura territorial surgida de la Transición, la política exterior atlántica y la exclusión de cualquier fuerza que amenazara seriamente ese equilibrio.

El 15M rompió parcialmente esa normalidad. Por primera vez en décadas apareció un bloque político y social que no pedía simplemente una mejor gestión del régimen, sino que cuestionaba su legitimidad profunda. Y eso produjo un miedo duradero en los sectores históricos del poder.

La paradoja de Zapatero es precisamente esa. Fue uno de los hombres del régimen contra el que muchos nos levantamos. Participó incluso en algunas de sus decisiones más traumáticas, como la reforma del artículo 135 junto al PP, subordinando la soberanía democrática a los mercados financieros. Aquella decisión abrió una crisis de legitimidad enorme y aceleró la ruptura entre amplias capas sociales y el régimen del bipartidismo.

Pero la historia nunca es lineal.

Mientras otros expresidentes permanecían cómodamente integrados en el núcleo duro del régimen, Zapatero fue desplazándose hacia otro lugar político. No dejó de pertenecer al sistema, pero empezó a desempeñar una función distinta: la de intermediario entre el viejo PSOE y el nuevo bloque político surgido tras el 15M, las izquierdas antioligárquicas, el plurinacionalismo y la crisis territorial del Estado.

Ese desplazamiento no empezó ayer.

Ya en 2004, la retirada de las tropas españolas de Irak supuso una ruptura simbólica con el eje Aznar-Bush en uno de los momentos de máxima obediencia atlántica. Aquello dejó una huella profunda en determinados sectores del poder internacional. Más tarde llegaron sus vínculos con gobiernos latinoamericanos que incomodaban abiertamente a Washington. 

Sin embargo, el verdadero giro político de Zapatero llegó después de abandonar la presidencia. Habría podido convertirse en una figura decorativa del régimen, integrada silenciosamente en el circuito habitual de expresidentes, consejos de administración y conferencias bien remuneradas. Habría podido limitarse a ocupar el lugar discreto que el sistema reserva a quienes aceptan retirarse sin alterar los equilibrios de fondo.

Pero eligió otra función.

Defendió a Pedro Sánchez cuando buena parte del aparato socialista, los grandes medios y sectores del poder económico trabajaban para derribarlo. Validó alianzas políticas que el régimen consideraba anómalas o directamente ilegítimas. Protegió la interlocución con fuerzas nacidas del 15M y con el independentismo catalán cuando desde muchos ámbitos se reclamaba su exclusión total del espacio político legítimo. Participó además en la construcción de una salida política al conflicto catalán basada en la negociación y la amnistía, precisamente en uno de los temas donde el Estado profundo había trazado líneas rojas más rígidas.

Ahí es donde deja de ser simplemente un expresidente con negocios, relaciones o actividades de lobby —algo habitual en las élites españolas— para convertirse en una figura políticamente intolerable.

Porque Zapatero pasó a simbolizar algo mucho más inquietante para determinados poderes: la posibilidad de que el PSOE dejara de funcionar como una de las dos columnas previsibles del régimen y aceptara apoyarse en fuerzas que habían nacido precisamente cuestionándolo.

Ese es el verdadero núcleo del conflicto.

No se trata solo de corrupción ni de tráfico de influencias. Si ese fuera el criterio, medio establishment español habría acabado sentado ante los tribunales hace mucho tiempo. Lo que vuelve a Zapatero especialmente vulnerable es haber contribuido a desplazar los límites de lo políticamente aceptable.

Zapatero pasó así de ser un expresidente homologable a convertirse en algo mucho más peligroso para determinados poderes: un puente.

Un puente entre el PSOE tradicional y quienes habíamos nacido políticamente impugnando el régimen del 78. Un puente entre la vieja socialdemocracia y las fuerzas que cuestionaban los consensos territoriales, económicos y mediáticos de la Transición. No compartía todas nuestras posiciones, pero defendió nuestra legitimidad política cuando otros querían expulsarnos del marco democrático.

Y eso es precisamente lo que ciertos sectores no le perdonan.

En los últimos años, además, el conflicto se ha ampliado. El Gobierno español ha mantenido posiciones incómodas para sectores del atlantismo más duro: tensiones con Israel por Gaza, rechazo a determinadas exigencias de la OTAN, acercamiento económico a China o autonomía relativa frente a Trump. Y Zapatero ha aparecido simbólicamente asociado a buena parte de ese desplazamiento político e ideológico.

Por eso el castigo tiene también una dimensión ejemplarizante.

Porque cuando alguien del interior del régimen ayuda a legitimar a quienes lo cuestionan, deja de ser simplemente un adversario político: se convierte en un traidor.

Y al traidor no se le castiga solo por lo que hace, sino por la puerta que abrió.