El nacionalismo catastrofista y los problemas enquistados

Friedrich Mertz aludía a la creciente “fascinación que despierta el autoritarismo en nuestra sociedad” para justificar la debacle de los democristianos en las recientes elecciones de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Por primera vez desde la fundación de la República Federal, en 1949, la CDU se queda fuera de un parlamento regional. Se convierte en fuerza extraparlamentaria, como lo había sido la extrema derecha alemana hasta agosto de 2014, cuando consiguió entrar en el parlamento de Sajonia (sin Anhalt) con el 9,7% de los votos. Doce años después. Alternativa por Alemania (AfD) rozó el 44% de los votos en Sajonia-Anhalt y el 38,2% en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Es el mundo al revés, sin duda, pero no puede decirse que sea un hecho inesperado, uno de esos cisnes negros sobre los que especulaba Nicholas Taleb. Esta —también— es la historia de una muerte anunciada. Y lo peor es que no tiene visos de solucionarse si los análisis descansan de manera simplista y simplificadora sobre esa nueva “fascinación por el autoritarismo” que le sirve al canciller para meter en el mismo saco a AfD y a Die Linke, cuya candidata fue la más votada en las elecciones municipales de Berlín con un programa centrado en la crisis de la vivienda y del alquiler en la capital de la República, proponiendo medidas semejantes a las que sirvieron a Zohran Mamdani para ganar en Nueva York. Elif Eralp, futura alcaldesa de Berlín, es hija de padres turcos exiliados. Mamdani, por su parte, tiene orígenes ugandeses y sobre todo indios. Parece que la nueva política de izquierdas es cosa de expatriados, de outsiders de un sistema político cuyos principales representantes –conservadores, socialdemócratas y liberales— se han estado pasando la patata caliente de la gobernabilidad sin dar respuesta a los cada vez más acuciantes y concretos problemas de una ciudadanía harta de oír que “no hay alternativa” a un capitalismo desenfrenado que lo convierte todo en mercancía susceptible de ser vendida o comprada atendiendo exclusivamente a la maximización de beneficios. En 1987, el Gordon Gekko de Oliver Stone afirmaba que “la codicia era buena”. En 2010 rubricó la frase asegurando que «ahora es legal».

El programa de la extrema derecha alemana, como el de todos sus correligionarios, también asegura preocuparse por los problemas cotidianos de la gente, incluida la vivienda. Pero para solucionarlo echan mano de lo que el sociólogo Richard Seymour ha llamado “nacionalismo catastrofista” (disaster nationalism), que se caracteriza por una fijación por las fantasías del colapso y, sobre todo, por la canalización del resentimiento y la humillación individuales —económicas y sociales— hacia una nueva política de la crueldad y una violencia compartida hacia colectivos más vulnerables: los inmigrantes, sobre todo. Es lo que Pablo Stefanoni llama en su reciente y muy recomendable libro, Un fantasma recorre el mundo, el «malismo». Y es, exactamente, lo que está pasando en Ceuta. La agresión a una diputada ceutí, a un activista y a una abogada especializada en derechos humanos es una buena muestra de que las palabras exaltadas acaban provocando mucho más que simples incendios verbales. Hablar de “invasión” por parte de Vox es un ardid electoralmente interesado. 

Porque el monocultivo informativo del problema ceutí —que existe, sin duda— no solo beneficia a la extrema derecha patria y a unos populares que intentan darles caza con más dosis de tremendismo y dejando que el problema se le enquiste al Gobierno. Lo peor es que desplaza el foco de atención de otros problemas que urge solucionar cuanto antes, a riesgo de que el colapso deseado por los extremistas acabe con los andariveles de la democracia, ya tambaleantes. Por ejemplo, la pobreza laboral. En 2025, el porcentaje de personas que, a pesar de tener trabajo, estaban en riesgo de exclusión social subió hasta casi el 16%. Si tenemos en cuenta que hemos alcanzado el récord de afiliación activa a la Seguridad Social, con 22,5 millones de personas, es evidente que la distancia entre las boyantes cifras macroeconómicas y las depauperadas economías domésticas es una de las claves que más y mejor explican ese malestar que sirve de combustible electoral a las extremas derechas aquí y en todo el mundo. 

¿Y qué decir de la vivienda? La semana pasada, el PSOE se abstuvo en una proposición de ley que abogaba por prohibir que empresas y fondos buitres compraran casas y edificios con fines especulativos. Los socialistas arguyeron que la propuesta generaba inseguridad jurídica y que es mejor aumentar la fiscalidad a compras de extranjeros no residentes y penalizar los pisos vacíos, cosas que no han hecho hasta el momento. Pero el mayor obstáculo para solventar el problema de la vivienda en España es legislativo: nuestro marco regulador se ha orientado durante décadas a proteger la seguridad del tráfico mercantil y la rentabilidad de la inversión inmobiliaria. Aquí el inversor siempre gana y por eso se invierte a espuertas. Hace pocos días hemos sabido que las ejecuciones hipotecarias del segundo trimestre de este año han aumentado un —brutal— 27,5% interanual: más de la mitad se firmaron en plena burbuja inmobiliaria, entre 2005 y 2008. 

Veinte años pagando una hipoteca para acabar perdiendo el dinero y la casa. Eso también es una catástrofe.