El cisne negro de Sánchez se llama vivienda

Hay reveses parlamentarios que pueden acabar siendo victorias políticas. La derrota del Gobierno hoy en el Congreso, al ser tumbados los dos decretos de vivienda, puede ser una ocasión inmejorable para que Pedro Sánchez vuelva a poner a prueba sus virtudes como malabarista electoral, como sucedió en 2023. Junts ha votado con PP, Vox y UPN para tumbar las medidas. Pero lo importante no es quién ha ganado o perdido en el Congreso; es el horizonte electoral que se abre.

Porque esta semana la vivienda ha dejado de ser solo una emergencia social para definir un nuevo terreno de juego donde visualizar un modelo distinto de entender y hacer política. No en el futuro, sino ahora. No en un programa electoral, sino en el BOE. La política pública ha salido del papel y ha entrado en la vida cotidiana. 

Y aquí aparece un ingrediente electoralmente clave: la vivienda es una de las pocas cuestiones capaz de atravesar el telón de acero que separa la política española en dos bloques irreconciliables. El 67,5% de los españoles apoya limitar los precios del alquiler. También lo hace el 56,5% de los votantes del PP y el 55,2% de los de Vox. El 82,4% respalda ampliar la vivienda social y el 79,7% dar ventajas fiscales a pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles. La vivienda es ya el segundo problema que más preocupa, solo por detrás de la inflación.

La derecha española se ha pasado toda la legislatura enarbolando el espantajo de la ocupación. Es decir, poniendo todo el foco en el propietario. Pero ahora el debate se ha desplazado hacia el alquiler, la emancipación y el miedo a perder la casa, lo que resitúa el núcleo del problema en los inquilinos, los hipotecados y la cada vez más ingente masa que no puede aspirar ni siquiera a ser ni una cosa ni otra.

Eso ha obligado a PP y Vox a recolocarse tan deprisa que han cometido errores de bulto que ahora el PSOE puede aprovechar: Feijóo ha prometido derogar decretos que protegen los derechos de los arrendatarios y fía su contrapropuesta al aumento de la oferta, la movilización de suelo y la construcción un millón de viviendas. Vox comparte parte de ese discurso, pero sitúa la inmigración en el centro de su explicación. 

Dos partidos que según casi todas las encuestas sumarían 200 diputados y que habían encontrado en la inmigración —con la crisis de Ceuta como símbolo— y la corrupción sus principales ejes de oposición, se han descentrado de improviso. Si para Abascal el problema se llamaba “Morocarmen”, para Sánchez Maricarmen es el nombre de un cisne negro. 

Pero hay otra dimensión. La vivienda puede ayudar a recomponer una izquierda estatal fragmentada y con problemas de movilización. PSOE, Sumar y Podemos comparten un electorado para el que este asunto es vital y urgente. Aunque la preocupación por la vivienda atraviese los bloques, será difícil que aliente trasvases de votos, pero puede fraguar y cimentar un espacio, el de la izquierda, que en las encuestas aparecía disperso, agrietado y desmovilizado.

Hasta ahora, buena parte de la polarización afectiva ha movilizado a la derecha desde el miedo, el rechazo, la indignación o la ira. El imprevisto giro de guion de la vivienda ha despertado otra emoción: la esperanza. Y para ponerse del lado de esa esperanza, el PSOE se ha visto obligado, sin enmendar el diktat neoliberal del libre mercado, a alinearse con propuestas que hacen partidos y líderes situados a su izquierda. En Berlín, Die Linke colocó los alquileres en el centro de su campaña. En Nueva York, la asequibilidad y el coste de la vida fueron elementos centrales del mensaje de Zohran Mamdani. No son modelos trasladables sin más, pero muestran cómo un problema cotidiano puede convertirse en un eje de movilización.

Y aquí aparece la cuestión decisiva: el tiempo.

El Gobierno se enfrenta a numerosos frentes: la inmigración, la corrupción y una inflación que aumenta por los problemas en las cadenas de suministro Problemas que pueden volver a dominar la agenda y que, en buena parte, dependen de una coyuntura internacional que Moncloa no controla. Esperar hasta el verano de 2027 significa dejar que ese escenario pueda seguir empeorando y dejando al gobierno sin capacidad de respuesta. Poco o nada puede hacer Sánchez en Ormuz o en Ucrania.

¿Por qué, entonces, esperar a 2027 si esta ventana puede cerrarse en unos meses? El adelanto electoral ha dejado de ser solo una hipótesis de tertulia para entrar en el terreno del cálculo político, con una derecha descolocada de repente y con un Junts que puede haber medido mal su apuesta: la fotografía que puede salir hoy del hemiciclo del Congreso —PP, Vox y los siete diputados de Puigdemont votando juntos contra los decretos— puede suponerle un elevado coste electoral en Catalunya, donde Aliança le disputa el flanco identitario y el PP su base social de botiguers, tan crucial para sostener a CiU tantas décadas.

Cuando todo parecía conducir la campaña hacia la inmigración, la corrupción y el miedo, ha aparecido un tema capaz de hablar de reorientar el problema seguridad hacia un lugar que no favorece tanto a la derecha española ni catalana: la seguridad de tener una casa, sea en alquiler o en propiedad, de poder pagarla y de no perderla.

A veces, en política lo decisivo no es saber qué tema va a centrar la campaña. Es cuánto tiempo tienes para convertirlo en una baza electoral en un mundo como el actual, exaltado y sobresaltado, donde el foco de atención mediática y pública cambia casi cada semana.