Las desaladoras no descansan en Catalunya. A pesar de que los últimos temporales han dejado los embalses casi llenos, la Generalitat mantiene sus dos grandes infraestructuras de desalinización de agua de mar —la del Prat de Llobregat y la de la Tordera— al 50% de su capacidad, un ritmo que los técnicos consideran alto. El objetivo es aliviar dos de las principales fuentes de abastecimiento de agua del área metropolitana de Barcelona: el acuífero del delta del Llobregat y el río Ter, ambos muy castigados por la histórica sequía que asoló la comunidad entre 2021 y 2025.

La actividad de las desaladoras en plena bonanza hídrica resulta inaudita en Catalunya, puesto que hasta ahora se trataba de un recurso al que recurría la Generalitat en períodos de falta de precipitaciones y cuando los pantanos empezaban a vaciarse. Sin embargo, fuentes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) reconocen que su intención es que estas plantas cada vez adquieran “más relevancia” en el abastecimiento de agua de boca para depender menos de las lluvias. 

Durante los peores meses de la sequía, el ritmo de producción de agua de ambas desaladoras llegó a ser de más de 6 hm³ al mes (el récord, en julio de 2023, fue de 7 hm³). Desde entonces, su funcionamiento se ha reducido progresivamente, hasta alcanzar en marzo de 2026 los 3,3 hm³ potabilizados. Pero aun así, estos valores están lejos de los que presentaban estas mismas infraestructuras en otros períodos precedentes de pantanos igualmente llenos. Tras el temporal Gloria, en 2020, cuando los embalses superaron también el 90% de su capacidad, la media mensual de desalinización de agua era inferior a los 2 hm³. 

Un acuífero salinizado necesita tiempo

El primer gran beneficiado del mayor uso de las desalinizadoras ha sido el acuífero de la Vall Baixa del Llobregat, cuya agua se extrae en un 70% para abastecer los grifos de las grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona. Hace dos años, en plena escasez hídrica, se convirtió en una de las salvaguardas de la Generalitat para evitar el desabastecimiento, pero el uso de sus reservas provocó una caída del nivel de su masa de agua hasta los 9 metros por debajo del nivel del mar. 

Aunque no fue su peor registro (con la sequía de 2007 llegó a los -12 metros), una de las consecuencias de ese descenso fue la salinización del acuífero, según explica Enric Queralt, director técnico de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Vall Baixa del Delta del Llobregat (CUADLL). “Si extraes agua hasta que el nivel baja, la relación del acuífero respecto al mar se invierte y entra el agua salada, lo que hace que se salinice”, describe Queralt. 

Desde entonces, el uso de las desaladoras ha permitido reducir las extracciones del acuífero, que recuperó la normalidad hidrológica el pasado noviembre y ahora oscila entre un metro por debajo y uno por encima del nivel del mar. También han contribuido a esta recuperación las inyecciones de agua regenerada en distintos puntos, así como otros sistemas de recarga artificial. Gracias a ello, explica Queralt, el acuífero podría volver a aportar hasta 60 hm³ anuales a la red de abastecimiento. Pero eliminar completamente la salinización requerirá más tiempo.

“Necesitamos mantener las extracciones actuales a poder ser durante cinco años más, porque la inercia es muy lenta: cuando entra la sal, le cuesta mucho salir”, detalla Queralt. En cifras, si en 2023, año del pico de la sequía, se usaron 65 hm³, en 2025 fueron 45 hm³ y la intención es mantenerse en esos valores.

Cumplir los acuerdos del río Ter

La otra razón que explica que Catalunya no haya paralizado la desalinización de agua está en el río Ter, que atraviesa la provincia de Girona y que está regulado por el principal sistema de embalses de las cuencas internas catalanas: Sau-Susqueda. Desde 2017 existe el compromiso, pactado por distintas administraciones (con la Generalitat a la cabeza), usuarios y ecologistas, de reducir significativamente el trasvase de este río hacia Barcelona, lo que se conoce como los Acuerdos del Ter.

El pacto establece que en 2028 el volumen de agua trasvasado no debería superar el 30% del caudal del río. O lo que es lo mismo, que hay que reducir su aportación hacia el área metropolitana de Barcelona desde los más de 150 hm³ anuales del año en que se selló el acuerdo hasta los 90 hm3 anuales. 

Desde la Generalitat defienden que esa meta ya está prácticamente alcanzada. En 2024, y a pesar de la sequía, las extracciones fueron de 91 hm³. De hecho, gran parte de las nuevas infraestructuras destinadas a generar agua potable en Catalunya —con la ampliación de la planta desaladora de la Tordera a la cabeza— tienen como objetivo reducir la presión sobre este río. Esta ampliación, junto con una nueva desaladora proyectada entre Cunit y Cubelles (Tarragona), está pendiente del aval del Ministerio para la Transición Ecológica y debería entrar en funcionamiento hacia 2030.

“La sensación es que sí que se van a cumplir los objetivos, porque no solo tiran de más desalación, sino que han recuperado pozos en desuso y reparado algunas cañerías. Se han puesto las pilas”, reconoce Pau Masramon, portavoz de Aigua és Vida en Girona y uno de los firmantes de los acuerdos en 2017. Con todo, este activista es crítico con la recuperación de la biodiversidad del Ter. “Durante la sequía los caudales ecológicos se redujeron exageradamente, y recuperar la vida en los ríos no es cuestión de meses”, afirma.

Yasmina, de 25 años, soñaba con ser profesora de árabe. Para eso completó el Bachillerato en su ciudad, Nador, en Marruecos. Pero su familia tenía otros planes para ella. No iría a la universidad. Se tenía que casar con su primo, emigrado a España, porque creían que era lo mejor para ella. “Yo le dije a mi madre que no quería, que era joven. Tenía 18 años, era una niña, podía hacerlo más adelante… Pero me dijo que no”, relata. 

El matrimonio forzado se consumó a pesar de que Yasmina no lo quería. Apenas conocía a su primo más que de verlo en vacaciones. “No tenía relación con él, ni comunicación. No había amor, era muy raro”, explica. Aun así, su madre, su padre y, sobre todo, el abuelo de ambos la presionaron para que aceptara. Y acabó firmando. Al cabo de unos años, en 2021, su marido pidió el reagrupamiento familiar y Yasmina se trasladó a vivir con él a la provincia de Girona, en la Costa Brava. 

Tras más de cuatro años de reclusión doméstica, de una relación obligada y de exigencias familiares para que aguantara, Yasmina se armó de valor y contactó con una trabajadora social para que la ayudara a escapar. “Le dije que si no me ayudaba, me moría o me mataba”, rememora. 

La pusieron en contacto con una entidad con sede en Girona, Valentes i Acompanyades, que es de las pocas en España que ayudan a víctimas de matrimonios forzados. Desde entonces, vive en un piso compartido de esta asociación, con otras tres jóvenes en su misma situación. Además, ha conseguido que su ya exmarido firme el divorcio, aunque eso le haya valido durante meses el rechazo de su familia. 

“Ahora me siento mejor, mucho mejor que antes. Soy libre”, sonríe. Yasmina acepta relatar la historia de su matrimonio de conveniencia desde la sede de Valentes i Acompanyades, en Salt (Girona), para ayudar a combatir una lacra que entidades sociales y Mossos d’Esquadra reconocen más extendida de lo que se detecta. Estos enlaces, cuando se celebran bajo coacción o violencia son un delito en España, pero las denuncias solo representan una parte del alcance real de esta práctica, señalan los expertos.

En Catalunya, los Mossos d’Esquadra han registrado 241 denuncias por matrimonios forzados en los últimos 15 años (más de 100 con víctimas menores de edad). Sin embargo, una entidad como Valentes i Acompanyades atendió solo en 2025 a un total de 331 mujeres en distintos niveles de actuación, desde una mera consulta a actuaciones de emergencia. 

“En los once años que llevamos, solo el 2% ha denunciado”, señala Siham El Kafroune, técnica de Valentes i Acompanyades. Acudir a la policía supone enfrentarse a la familia, denunciar a tus propios progenitores, exponerse al rechazo de la comunidad. Algunas que tienen hermanos pequeños temen que el proceso acabe con retiradas de custodia. Este es el principal motivo por el que muchas víctimas de estos matrimonios no se atreven a buscar ayuda, resume El Kafroune.

El balance de 2025 de su entidad ha sido de seis matrimonios “neutralizados” (los que estaban en fase avanzada, pero no consumados); 10 casos en proceso de separación o con el divorcio formalizado; dos mujeres regresadas de sus países de origen, donde temían ser casadas, y 13 que han roto el contacto con su familia. 

En cuanto al perfil de las víctimas, que suelen tener entre 18 y 30 años –la entidad no puede atender a menores de edad, estos casos los deriva a servicios sociales–, la mayoría pertenecen a familias de origen extranjero. Entre las nacionalidades más habituales están la marroquí, la paquistaní, la gambiana o la senegalesa. En esos países, el matrimonio forzado está prohibido, pero persiste como práctica en algunos contextos familiares, algo que también se ha detectado en algunas comunidades emigradas en España. 

De las víctimas atendidas en Valentes, las hay nacidas y criadas en Catalunya, y empujadas a casarse quizás previo viaje al país de la familia, u otras que directamente han llegado de adultas con el matrimonio sellado, como Yasmina. En esos casos, ni siquiera es delito en España, advierten los Mossos, a no ser que se detecten evidencias de coacción o violencia una vez están aquí. 

Hacer las maletas sin mirar atrás

La imagen que proyecta Yasmina es la de una mujer risueña, optimista, sin reservas a la hora de recordar un pasado reciente en el que asegura que tocó fondo. Tras casarse en Marruecos en contra de su voluntad, aterrizó en Girona, en un municipio de la Costa Brava que prefiere no mencionar, y donde residió junto a su marido y su suegra, que era al mismo tiempo su tía. 

“Me llevó a vivir con su madre y me dejó ahí, como si hubiese venido a cuidar a mi tía”, relata. Su marido trabajaba todo el día y apenas estaba en casa, ni siquiera los fines de semana, que no sabía adonde iba. “Me tenía allí como una silla”, dice. “Cuando te ves en esta situación, es como si no tuvieras valor, no tienes derecho a decir que no, no eres nada”, describe esta joven marroquí. 

Pasaron los años y Yasmina ni siquiera salía de la localidad. Lo único positivo que pudo sacar de ese período, señala, es que estudió el Grado Superior de Administración y Finanzas, que justamente ahora está finalizando. Pero la relación con su marido empeoró. “Nunca sabía donde estaba, y su madre tampoco”, explica. “Cuando le preguntaba, me decía que no era asunto mío, que le dejara en paz”, añade. 

Con el tiempo, algunos familiares le relataron que él andaba con otras mujeres. Incluso que había dejado embarazada a otra.

“Yo le decía: si no me quieres, déjame ir. Pero me decía que no, que debía seguir”, se lamenta. Llegado un punto, y para darse un respiro, se fue a vivir temporalmente con su abuelo, que residía en el mismo municipio. Pero también él le pedía que regresase con el marido. “Todos me decían que tuviera paciencia, paciencia… ¿Qué paciencia voy a tener con él?”, se revuelve Yasmina. 

Aunque sabía que su familia le daría la espalda, explica que acudió el pasado verano a una mediadora cultural local para que la ayudara a salir. “Todo fue muy, muy rápido”, dice. La pusieron en contacto con Valentes i Acompanyades, concretamente con Siham, que le ofreció una plaza en uno de sus pisos. 

“Cogí mis cosas, las puse en las maletas y le dije a mi abuelo: ‘me voy’. ‘¿Adonde vas a ir? No tendrás más a tu abuelo’, me contestó. Pero le dije que me daba igual. Que me iba. Cogí el coche y vine aquí”, relata. Nunca antes había conducido fuera de su pueblo. Al llegar a su destino, donde Valentes dispone de sus pisos asistidos, le esperaba Siham. “Fue el peor día de mi vida. Pero al final, fue el mejor día de mi vida”, resume Yasmina. 

En los seis meses que han transcurrido hasta hoy, Yasmina ha retomado sus estudios, y espera acabar este año las prácticas para empezar a buscar empleo. Mientras tanto, comparte piso con tres jóvenes que acaban de salir de una situación similar. A diferencia de ella, hay también víctimas de violencia física. “Hemos tenido casos más graves, en los que la mujer convive con su agresor, pero aunque no haya violencia únicamente física, todas son chicas rotas por dentro y que necesitan seguimiento”, precisa El Kafroune. 

Durante este tiempo, Yasmina ha temido que su ya exmarido no quisiese firmar el divorcio. O que su abuelo se lo impidiera. También ha lidiado con su familia en Marruecos, que le proponía que regresara por un tiempo a su país. “Yo solo quería que alguien me ayudara aquí, para seguir con mi futuro”, responde la joven. 

Ahora ha roto con parte de su familia. Su abuelo le ha hecho saber que es como si estuviese muerto. Su madre la bloqueó en WhatsApp, pero después de meses de hablar con sus hermanas, han acabado retomando la relación. “Es mi madre, yo la quiero mucho y ella a mí, también. Creo que se arrepiente. No la culpo, porque es esta cultura que también la ha afectado a ella”, razona. 

Tras ese matrimonio que nunca aprobó, y con apenas 25 años y toda una vida por delante, Yasmina tiene una idea clara sobre las relaciones. “Yo quiero que cuando una mujer dice no, que la gente acepte su decisión. Al final es ella la que debe vivir con él, no la familia. La que sufre es ella. No tienes por qué tener paciencia”. 

Suele ser uno de los obstáculos más habituales en los trayectos en bici por la ciudad: el vehículo que ocupa el carril de ciclistas para aparcar por un tiempo breve, ya sea para una carga y descarga, para dejar a los niños en el cole o para hacer alguna compra urgente. “Es el pan de cada día de los que pedaleamos, imposible ir y volver del trabajo sin encontrarte más de uno”, señala Llum Garcia, mientras rodea una furgoneta de reparto en la calle Urgell con València.

En Barcelona, ciudad por la que circulan a diario unas 320.000 bicicletas, esta es una de las quejas más habituales de quienes pedalean. Denuncian que la Guàrdia Urbana no persigue suficientemente esta infracción. Pero, ¿qué dicen los datos? En los últimos cinco años, la policía local barcelonesa ha denunciado a 2.002 vehículos por estacionar o parar en carriles bici, lo que supone unas 400 sanciones al año. O, lo que es lo mismo: 33 al mes, o casi una al día.

La política sancionadora se ha mantenido estable desde 2021 hasta hoy. Tampoco hubo demasiadas variaciones a partir de 2022, cuando entró en vigor la Ley de Tráfico que endurecía la sanción por estos estacionamientos al considerarlos “infracción grave”. La multa pasó a ser entonces de 200 euros e incluía tanto las paradas puntuales en carril bici como los estacionamientos, en los que el conductor sale y abandona el vehículo durante un tiempo. 

De los últimos cinco años, el que se saldó con más denuncias de la Guardia Urbana, según datos recabados por elDiario.es, fue 2023, con 441. El que menos, el año anterior, 2022, con 378. 

Albert Garcia, integrante del colectivo Amics de la Bici, califica de “ridícula” la cifra de sanciones frente a un problema ante el que se encuentran “muy habitualmente”. “Si te das una vuelta en bici por Barcelona, verás que esta práctica abunda”, insiste este ciclista. “¿Por qué si se considera una infracción grave, con consecuencias graves, no se persigue más?”, se pregunta. 

Este veterano ciclista barcelonés explica que tuvo un accidente hace unos años por culpa de uno de estos vehículos. Una furgoneta de carga y descarga estacionó justo al borde del carril e invadiendo incluso una parte. Justo cuando pasaba a su lado, el conductor abrió la puerta sobre la vía ciclista y lo derribó. Ocurrió en el Eixample de Barcelona, el entramado urbano de la capital catalana con mayor densidad de carriles bici, pero también con más tráfico rodado y más conflictos de circulación. 

Coincide con él Adrià Arenas, portavoz del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), que considera “ínfimas” las sanciones en comparación con la “gincana” que asegura que afronta cada día en sus itinerarios por el Eixample. Y añade una consecuencia de estas ocupaciones del carril. “Tienen una responsabilidad importante en que los separadores viales estén destrozados”, valora. La falta de mantenimiento de la infraestructura es otra de sus principales quejas cuando se reúnen con el Ayuntamiento.

“La mentalidad de muchos conductores es que por el carril pasan bicis de vez en cuando, y que como son tan estrechas ya pasarán de alguna forma”, se queja Garcia. La infracción, agrega, obliga al ciclista o bien a subir a la acera –y debe hacerlo a pie para no cometer él una falta– o bien a incorporarse de golpe al carril de tráfico. “Algunos entramos en la vía, pero es peligroso, más aún cuando muchos carriles están ubicados al lado del carril de la izquierda, que es el que usan los coches para ir más rápido”, alerta. 

Ante las quejas de pasividad, fuentes de la Guàrdia Urbana responden que sí multan cuando detectan estos estacionamientos. “Siempre que se observa una infracción se actúa para corregirla, ya sea con denuncia o con aviso”, señalan.

Lo que se encuentran más a menudo los ciclistas consultados son furgonetas y camiones de reparto con los cuatro intermitentes. Aunque también abundan los estacionamientos que esperan que se liberen plazas de aparcamiento cercanas. Si son turismos, suele permanecer alguien en el coche. 

Los datos por tipo de vehículo estacionado confirman esta percepción. Las sanciones a furgonetas y camiones suponen el 32,4% y el 14,3% del total, respectivamente. Juntas, por lo tanto, alcanzan el 47%, un peso ligeramente superior al de los turismos, que son el 45%. Luego constan multas más puntuales a motos (3%) y ciclomotores (1,6%) y sanciones residuales a bicicletas, taxis, grúas o autocares.

Por otro lado, las calles que acumulan más denuncias de la Guàrdia Urbana también aportan información sobre estos estacionamientos prohibidos por ley. Las tres vías que registran más casos son Avinguda Vallcarca, con 125; Via Augusta, con 123, y Gran Via de les Corts Catalanes, con 123. Entre estas tres suman el 18% de las sanciones, y las siguen las calles València, Mallorca o Rambla Prim. 

Además de su longitud, que aumenta la probabilidad de concentrar multas, Garcia destaca que algunas de estas vías tienen el carril bici al lado de carriles de una única circulación de tráfico por sentido. Es decir, son calles en las que los infractores pueden considerar que, si quieren estacionar brevemente, no tienen otra alternativa a ocupar el carril ciclable. “Ellos piensan ‘a los míos no los molesto y no me paro en medio de la calle’, pero a la bici sí”, zanja.

En cambio, calles que tienen su carril bici en el centro de la calzada, no aparecen en la lista, como la avenida Diagonal, a pesar de ser de los carriles de mayor longitud, el Paral·lel o el Passeig de Sant Joan. “Si te acercas al nuevo tramo en Diagonal paralelo al tranvía, ves una infraestructura agradable, con mucha gente; pero en el resto de la red, las ocupaciones, las obras o el mal estado de la infraestructura no ofrecen sensación de seguridad y de comodidad”, argumenta Arenas, que concluye que esto impide consolidar la movilidad a pedales.

Todo el mundo recuerda donde estaba el 11 de septiembre de 2001. La escritora Llucia Ramis (Palma, 1977), por entonces joven periodista afincada en Barcelona, visitaba un piso de alquiler. “Agradecimos que no se presentara el agente, porque el lugar era bastante terrorífico”, rememora.

Su trayectoria vital, explica, está atravesada por los pisos que han sido su hogar, más de una decena, casi siempre de alquiler. En plena crisis de la vivienda en España, ha querido revisitarlos, saber quién los ocupa y qué huellas conservan de su paso, y plasmarlo en el ensayo Un metro cuadrado, ganador del Premio de No Ficción Libros del Asteroide y que estará disponible en catalán en la editorial Anagrama. 

Ramis se remonta tres décadas atrás para constatar, a través de su precaria experiencia como inquilina, que la inestabilidad residencial ha marcado a más de una y dos generaciones en ciudades como Barcelona. Y que la resistencia a los precios desbocados, la gentrificación, el turismo y la especulación inmobiliaria lleva años moldeando la identidad de los vecinos, ya sea en la capital catalana o en Mallorca.

Dice que distingue sus recuerdos por las personas con las que ha salido, los trabajos que ha tenido… y los pisos en los que ha vivido. La vivienda pasa por delante de viajes, infancia o amigos. No es poco. 

Tu casa es donde tienes tu vida. Tienes una relación con ese espacio cotidiano, de tu día a día, y eso genera unos recuerdos. Personas, espacios y trabajos son los tres pilares en torno a los que vivimos. Como yo he vivido en muchos sitios diferentes, he salido con mucha gente y he tenido muchos empleos, tengo muchas memorias. Como si hubiera tenido muchas vidas.

Una de las cosas que me motivó a escribir el libro es que nosotros recordamos los lugares, pero muchas veces nos preguntamos si los lugares se acuerdan de nosotros. ¿Queda algo de mí allí o no queda absolutamente nada? Eso sirve tanto para una casa como para un paisaje, como para un pueblo. Sabemos que el espacio te transforma a ti. Lo que no sabemos es si tú transformas el espacio.

Tras llamar a la puerta de una decena de sus antiguos pisos, ¿a qué conclusión llega? ¿Transformamos las casas por las que pasamos?

Yo creo que sí. Al final, las ciudades se hacen por la gente que pasa por ellas. Las personas dejan rastro. Y creo que en las casas también, por eso quería volver para ver quién vive y qué relación tienen con la casa. Hay sitios a los que ya no puedes volver, o bien porque han puesto un muro, como en la casa de mi familia [en Mallorca], o porque los han destruido. Cuando eso ocurre, cuando no tienes la posibilidad de regresar a un lugar, se crea un sentimiento de desamparo. No puedes evocar tus recuerdos, solo en fotografías. Me da miedo que las ciudades se estén volviendo cada vez más amnésicas.

¿Qué se ha encontrado en sus viejos hogares?

Sorpresas. Al menos en dos casos hay personas que conocía, lo que me hizo pensar primero que Barcelona es un pueblo, o que conozco a mucha gente. Pero al final es que nos movemos por los mismos ambientes, nos gustan las mismas cosas, y tenemos acceso a las mismas casas. Antes eran asequibles unos tipos de pisos que solían ser viejos, que no estaban bien cuidados, que eran baratos. Pero estas viviendas están en zonas que ahora están de moda, así que pierden el uso de vivienda y pasan a tener un uso de paso, y eso los encarece mucho. 

Narra experiencias en las que todo inquilino se puede reconocer. Por ejemplo, la sensación de pérdida al tener que abandonar un piso que consideraba ideal. 

Totalmente. Hay una cosa que muchas veces no tenemos en cuenta de los inquilinos: aunque te lleves muy bien con el propietario, aunque todo vaya bien, nunca pierdes el miedo a que venga un fondo de inversión y compre todo el bloque, o a que venga la hija del casero y lo recupere para ella. Si hubiese alternativas, no pasaría nada: te vas a otro lugar. El problema es cuando no las hay, porque todo se ha encarecido tanto que dices 'tengo que irme de esta casa, pero ya no solo de esta casa, también de este barrio; y no solo del barrio, a lo mejor de la ciudad'. Y en el caso de las islas, a lo mejor de la isla.

Esta sensación de que en cualquier momento, aunque todo vaya bien, te pueden echar, hace que el inquilino no se sienta nunca protegido. Y se supone que la casa es un lugar de refugio. No es solo una sensación de pérdida sentimental o emocional, es una inestabilidad constante. Además, asumiendo que tienes la seguridad de que no te echan, esto no impide que los precios se vayan encareciendo.

¿Cómo diría que afecta esa inestabilidad a los proyectos de vida?

Los condiciona completamente, por muchos motivos. Esa sensación de angustia, en mi caso, me ha hecho vivir con personas con las que no habría convivido nunca, porque no me quedaba más remedio; me ha hecho meter en mi casa novios con los que no habría cohabitado tan rápido, porque llevábamos dos meses y ya estábamos viviendo juntos, y a los cuatro meses ya estábamos hartos el uno del otro. Es como una especie de acelerador de relaciones.

Cuando llegué hace 30 años, venía de una clase media acomodada y pensaba que podría vivir en Barcelona, pero me encontré con una realidad distinta: trabajar muchísimo y aun así no tener seguridad. Esta precariedad que parecía provisional se ha convertido en permanente. La hemos normalizado. Todos mis libros, de hecho, van sobre cómo la precariedad afecta a todos los ámbitos y franjas de edad. Parece que afecta mucho a los jóvenes porque se incorporan al mercado de la vivienda, pero también lo hace a los de mi edad, que no pueden mantenerse.

Se debate mucho si existe una desigualdad generacional. También la hay entre quienes heredan o saben que heredarán, y quienes no. 

Es que dos personas con el mismo salario pueden tener vidas completamente distintas dependiendo de si han tenido acceso a la vivienda o no. Son mundos radicalmente diferentes y que están condenados a no entenderse. Cuesta entender la angustia.

También pasa que cuando compartes un piso que te gusta mucho y es barato con una pareja o amigos. Cuando se rompe la relación, nadie quiere ser el que se marche.

Yo viví una lucha por un piso con unas compañeras. Y luego hay casos que para mí son dramáticos y que me darían pánico: dos personas que conviven con hipoteca y que se separan. ¿Cómo lo haces? Conozco gente que, aunque estén separados, y a pesar de tener una buena posición económica, siguen conviviendo porque no pueden permitirse otra cosa. Eso condiciona absolutamente todo. Y en el caso de los inquilinos, hay situaciones en las que uno duerme en el sofá y el otro en la habitación durante años. Esto da pánico.

Esa sensación de angustia, en mi caso me ha hecho vivir con personas con las que no habría convivido nunca, porque no me quedaba más remedio; me ha hecho meter en mi casa novios con los que no habría cohabitado

¿Cuál ha sido el momento más ridículo que ha experimentado como arrendataria? 

Tenía un piso perfecto en el barrio de la Sagrera. Me encantaba. Pero como dejé a mi novio, me sentía tan culpable que le dije que se quedara él. Entonces hicieron una cena para ver el fútbol, y fui con unos amigos. Un invitado llegó con una chica que al entrar dijo “qué piso más chulo”. Mi ex le enseñó el piso, y era surrealista, porque yo estaba celosa, pero no de ella hacia él, sino de que quisiese mi piso. Otras veces había pensado que a los chicos no les gustaba yo, sino que les gustaba mi piso.

Otra experiencia de inquilino que relata es la de descubrir que todo casero, pequeño o grande, puede esconder un especulador. 

[Ríe]. Vengo de Mallorca, donde se ha hecho dinero de la nada, y cuyo modelo Barcelona está repitiendo y está abocado al fracaso. No le puedes permitir a la gente hacer negocio con la vivienda, pero no querer que se hagan ricos con ella. O se lo permites, con todas sus consecuencias, o no. “¡Te puedes forrar, pero no te forres!”. No puedes pasar la responsabilidad de ser más o menos moral a la gente. Además, hay otra cosa que he descubierto con el libro, y es que hay personas que debido a la precariedad, acaban con mentalidad especuladora. Compran una vivienda, se hipotecan, le dedican mucho dinero y lo dividen en habitaciones para alquiler. Tienen la percepción de que es la única manera de ganar estabilidad. No creo que se pueda pasar la responsabilidad a esas personas.

Dos personas con el mismo salario pueden tener vidas completamente distintas dependiendo de si han tenido acceso a la vivienda o no

Ha vivido en Barcelona y en Palma, dos ciudades marcadas por la gentrificación. ¿Es de las que cree que debería existir el derecho a la ciudad? A poder vivir donde te has criado. 

Sí. Esto se ve muy claro en una isla como Mallorca. Si no puedes vivir allí, ¿adónde vas? Si has nacido, crecido y trabajas en la isla, ¿qué haces? Debe existir ese derecho, porque somos la memoria de los lugares y es importante mantenerla. Los lugares en los que vivimos no pueden ser solo de paso. La historia se explica a través del tejido social y de nuestras relaciones. Es el derecho a mantener la ciudad con esa función, y no la de un gran hotel. 

Regulación de alquileres, congelación de pisos turísticos, incentivos al arrendamiento… En su libro recoge también la visión de algunos expertos sobre las medidas de los últimos años para paliar la crisis de la vivienda. ¿Cree que han servido?

No. Es que es muy difícil. En el libro no hay soluciones, tampoco doy mi opinión. Muestro la complejidad del problema y pongo en valor el trabajo de periodistas e investigadores sobre el tema de la vivienda. No creo que haya voluntad política real de arreglarlo. Pasa igual con el turismo: mantenemos la idea de cuanto más mejor. Hasta que no entendamos que esto nos lleva hacia el abismo, no cambiará. Además, es muy difícil cambiar la manera de pensar de toda una sociedad a la que le has dicho que tiene que ser propietaria para ser feliz. Las administraciones siempre refuerzan este modelo basado en la propiedad, y deberían poner la vivienda en el centro, no la propiedad. 

Como escritora, ¿cree que falta literatura que narre el conflicto de la vivienda? 

Durante la crisis de 2008 pensé que nadie se acordaba de los inquilinos. Evidentemente, el desahucio de los hipotecados es un puto drama. Pero los inquilinos trabajan cada vez más para poder pagar el piso, y los salarios no se incrementan mientras los alquileres suben, y suben… Cada vez tienes más problemas para llegar a fin de mes, estás ahogado, sin ahorrar, no puedes pagar la entrada de un piso…

¿Y qué relación tienes con tu casa? Muchos inquilinos me dicen que no sienten que sea su casa. Esto me hace preguntar: ¿qué es nuestra casa? ¿La que decidimos nosotros que es nuestra casa o la que nos dejan que lo sea? Una casa es un lugar donde estás seguro. ¿Es posible hoy en día sentirse así en una ciudad o en un lugar turistificado? No lo sé. El sentimiento de identidad y el sentimiento de pertenencia están en un punto que me resultaba literariamente interesante de explorar.

Al final de 'Un metro cuadrado', explica que su periplo como inquilina acaba cuando se compra un piso.

Llega un punto en el que no puedo aguantar más la angustia. Cuando vivía en Verdi recibía cada vez más cartas de “compro piso en esta zona”, el bloque de enfrente fue comprado por un gran tenedor... No sabía si mi casero me querría renovar, los contratos entonces eran de tres años, y le pedí si tenía todavía opción de compra, pero me dijo que no. Estaba a punto de cumplir 40, y tenía miedo que no me diesen una hipoteca. Un día, por pura casualidad, vi un aviso que me gustó mucho. Lo primero que pensé es donde estaba la trampa. Pero no la había.

Uno de los conflictos urbanísticos más enquistados de la Costa Brava, el de Can Juncadella, está cerca de resolverse. El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha alcanzado un acuerdo con la familia del expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev, para que reabran el sendero litoral que cerraron sin permiso hace 18 años y que la Justicia les obliga a restablecer desde hace tiempo. 

El convenio, según ha podido confirmar elDiario.es, prevé la creación de un nuevo trazado, después de que el anterior quedara desdibujado por las actuaciones de la propiedad, y también establece que tanto el coste de la redacción del planeamiento urbanístico como el de la ejecución de todas las obras necesarias correrá a cargo de la propiedad. Tras un período de exposición pública, se someterá a votación en el Pleno Municipal y deberá recibir el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat en Girona. 

El acuerdo entre consistorio y Flinder Data SL, la empresa de la familia kazaja, acerca el punto y final a una disputa que se remonta a 2007, cuando los Nazarváyev compraron Can Juncadella, una finca de unas 20 hectáreas de bosque en el Macizo de Cadiretes, una zona de Especial Interés Natural entre Lloret de Mar y Tossa de Mar. Los propietarios, que sobre el papel eran la hija y el yerno de Nazarbáyev, cerraron al cabo de poco el paso del Camí de Ronda que discurría entre los acantilados y su nueva residencia vacacional, lo que desató las quejas de vecinos y ecologistas.

Durante años, sus actuaciones en la finca acumularon expedientes y denuncias. En 2010 les multaron por verter más de 100 m³ de arena sobre los guijarros de una pequeña salida al mar, la Cala Rajols. También les abrieron expediente municipal por una piscina que ellos negaban que fuera tal, y recibieron sanciones por las vallas que colocaban en el camino. 

Tras una década de disputas judiciales y de quejas ecologistas, en 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sentenció que la familia debía reabrir el Camino de Ronda y el GR-92. En 2023, el Tribunal Supremo ratificó el fallo.

Pero a pesar de las resoluciones judiciales, el camino ha seguido cerrado hasta hoy. Desde la urbanización de Canyelles, se puede acceder andando a una parte del sendero, aunque hay que desafiar por todo el tramo carteles disuasorios, cámaras de videovigilancia y árboles caídos en medio del paso. Al llegar cerca de la mansión, una valla impide continuar. 

Desde 2024, para evitar un enconamiento del conflicto, el Ayuntamiento de Lloret optó por negociar con la propiedad. En vez de pedir la ejecución forzosa de la sentencia, consideraron más eficaz abrir conversaciones con la familia para llegar a un acuerdo de restablecimiento del camino. Desde entonces, han visitado la finca técnicos municipales y de la Generalitat para idear un trazado que permita cumplir la sentencia y respetar los criterios medioambientales y paisajísticos.

Falta por ver si esta nueva propuesta, pactada entre las partes y pendiente de publicación, acaba satisfaciendo a los demás grupos políticos y a los ecologistas.

El promotor José M., denunciado por quedarse con reservas de viviendas que nunca se construyeron, ha devuelto ese dinero a al menos una docena de afectados. Así lo ha comunicado él mismo a ElDiario.es y lo han confirmado varios de los afectados, que relataron recientemente cómo este empresario y agente inmobiliario de la comarca del Vallès Oriental, en Barcelona, les daba largas durante meses e incluso años a la hora de cumplir con los reembolsos de entre 5.000 y 6.000 euros. 

A través de distintas empresas, José M. comercializó en los últimos años decenas de pisos en varias promociones, varias de las cuales no se llevaron a cabo. Lo hizo en ciudades como Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Montmeló, Parets del Vallès… Al no estar todavía construidos los edificios, firmaba con los compradores contratos de reserva de entre 5.000 y 6.000 euros. Pero en numerosos casos, tras fracasar el proyecto, no devolvía el dinero. 

Al menos cinco personas denunciaron en los últimos meses estos impagos a los Mossos d’Esquadra, que han instruido diligencias por estafa y han enviado el caso al juzgado de Mollet del Vallès. Algunos de los denunciantes y el propio José M. ya han recibido la citación para ir a declarar. Además, a estos casos se le suma al menos una condena en 2025 a una de sus firmas, Sajoka SL, por el mismo motivo, y un proceso judicial en 2023 con diez afectados involucrados que finalizó con acuerdo para la devolución del dinero. 

Tras las denuncias y la insistencia, todos los afectados que relataron su caso a este diario ya han cobrado. “Él no tenía intención de pagar, sólo hacía falta ver como vacilaba por WhatsApp, pero se ha visto acorralado con las denuncias”, asegura uno de los demandantes. Añade además que José M. vio que los afectados se habían juntado en sus reclamaciones, lo que sumado al reportaje en elDiario.es, argumenta, acabó empujando al promotor a reembolsar el dinero.

José M., sin embargo, niega este relato, y asegura que su intención fue siempre devolver las reservas, y que si no lo hizo fue porque debido al fracaso de algunas operaciones anteriores, no disponía de ese dinero. “Ganaba tiempo, ¿sabes? Ni más ni menos. No con mala fe, pero era dinero que habíamos usado para sobrevivir”, explica sobre las reservas cobradas. 

El promotor niega ser un “estafador” y alega que ya llevó a cabo algunas devoluciones antes de que le llegara la citación judicial. También dice desconocer la existencia de las denuncias. “Lo que he tenido es mala suerte durante tres años, y le voy a dar la vuelta”, afirma. En total, afirma haber saldado 12 o 13 reembolsos, todos los pendientes, este marzo. 

Desde hace tiempo, José M. no figura como administrador en las empresas con las que comercializa promociones. Sajoka Inversiones 22 y SkyLandHabitat, dos de las firmas demandadas, están a nombre de su hijo, Álex M., que también consta como administrador único de AMG SBD SL (promotora con la marca AMG Habitat). ElDiario.es se puso en contacto con él para valorar als denuncias recibidas, pero este declinó hacer declaraciones. 

Entre las devoluciones efectuadas, están también a dos afectados que pagaron los 6.000 euros de reserva para sendos pisos en Granollers en 2021. Junto con otros diez compradores, llevaron a José M. y sus empresas a la justicia por no devolverles el dinero. Finalmente, en 2024, y tras declarar como investigado junto a otros directivos, aceptó devolver 48.000 euros. Solo dos afectados renunciaron a ese dinero al no incluir las costas del proceso judicial. Pero esta vez, también ellos han recibido el dinero. 

La Generalitat y los sindicatos de la huelga educativa en Catalunya siguen sin acercar posiciones. El Departamento de Educación ha aceptado reunirse conjuntamente este jueves con USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical –que sumados forman una amplia mayoría dentro de la plantilla–, pero les ha transmitido que su compromiso es con el acuerdo ya alcanzado con los otros dos sindicatos, CCOO y UGT, un pacto que calificaron de “histórico” pero que desató las tensiones en algunos claustros y que desde luego no frenó unas movilizaciones docentes que han seguido siendo masivas. 

El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha asegurado tener la mano “tendida” y ha pedido a los cuatro sindicatos con quienes tiene abierto el conflicto que regresen a la mesa sectorial, donde se discuten las cuestiones laborales de la plantilla. Estos últimos, al salir de la reunión, han asegurado estar dispuestos a mantener encuentros dentro de ese espacio de diálogo, pero más allá de eso no ha habido acercamientos. Giménez ha insistido en que Educación están concentrados en desplegar el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT.

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, por su parte, ha querido lanzar un mensaje “positivo” a pesar de que considerar que la reunión no ha sido “productiva”. Según ha argumentado, la presión de los docentes en los últimos días ha conseguido que Educación se vuelva a sentar con ellos, y ha expresado que todavía esperan que haya movimientos por parte de la Administración. “Si esto no se produce, volveremos a convocar huelgas el tercer trimestre”, ha advertido nuevamente.

El acuerdo de Educación con CCOO y UGT incluye un aumento salarial progresivo a través del complemento autonómico de hasta 3.000 euros al año en 2029, además de 50 euros por excursiones con pernocta. También contempla mejoras de sueldo más sustantivas para el personal laboral, un incremento de partidas para la escuela inclusiva y una rebaja de ratios (20 alumnos en Primaria). 

Los demás sindicatos, sin embargo, rechazan el pacto por considerarlo insuficiente. Y pasaron una encuesta al profesorado en el que el 95% también se opuso. Piden que el aumento salarial sea significativamente superior y que las rebajas de ratios sean más destacadas también en Secundaria.

El Institut Català de la Salut (ICS) deberá indemnizar con 85.000 euros a un hombre que sufrió un ictus pero no fue diagnosticado correctamente hasta más de 24 horas después de presentar síntomas, lo que agravó sus secuelas. La sentencia, dictada por la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 6 de Barcelona, considera acreditados errores en la atención de Urgencias en el Hospital Vall d’Hebron que derivaron en un diagnóstico inicial equivocado. 

El fallo considera que la demora en el diagnóstico provocó una pérdida de la “ventana terapéutica”, el tiempo que los médicos consideran deseable para responder a un derrame cerebral y favorecer la curación. El paciente que demandó esta atención deficiente sufre afasia mixta y síndrome frontal, que afectan a su capacidad de lenguaje, así como un empeoramiento de su grado de discapacidad, de la categoría 1 a la 2. 

Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2022. El paciente acudió al Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) Casernes, de Barcelona, con un cuadro de desorientación, confusión y problemas de habla. Tras la exploración urgente, se activó el Código Ictus y lo derivaron en ambulancia a Vall d’Hebron con la documentación de posible ataque isquémico cerebral.

El Código Ictus se activa para que no pasen más de 60 minutos entre que se detectan los síntomas y se inicia el tratamiento, pero al llegar a Vall d’Hebron, no se le diagnosticó con esta patología, sino con un “cuadro confusional” y “encefalitis de origen vírico”. El fallo en el triaje inicial provocó que el neurólogo del Vall d’Hebron no valorara correctamente al usuario hasta casi 24 horas después de su llegada a Urgencias del centro.

El abogado del Col·lectiu Ronda que ha representado al paciente, Òscar Serrano, explica que en medicina no se puede exigir a los profesionales un resultado de curación, pero sí que actúen con la máxima diligencia de acuerdo a los protocolos. De esta forma, sostiene que en el caso analizado se produjo un incumplimiento en la atención al ictus por parte del servicio de emergencias del Hospital de Vall d’Hebron.

Aunque reconoce que acreditar una mala praxis requiere siempre un análisis detallado, Serrano apunta que puede haber responsabilidad cuando fallan aspectos clave como la detección de síntomas, la realización de pruebas o la rapidez en la actuación. En este caso, subraya, el retraso en la atención no permite determinar con certeza cuál habría sido la evolución del paciente, pero sí mermó de forma notable sus opciones de recuperación y contribuyó a agravar las secuelas que todavía sufre.

El conflicto laboral en las aulas de Catalunya sigue lejos de cerrarse. Tras una semana de huelgas docentes, culminada el pasado viernes con una masiva movilización en Barcelona, los sindicatos que las convocaron reclaman ahora al Govern que mueva ficha y reabra la negociación. Pero exigen que sea solo con ellos, sin CCOO y UGT –con quienes el Departamento de Educación ya alcanzó un pacto–, y amenazan con nuevos paros laborales el tercer trimestre no se atienden a sus demandas.

De momento, los sindicatos que llamaron al paro (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) y Educación no están de acuerdo ni en la forma de abordar el conflicto. Los representantes del Ejecutivo catalán consideran que ya llegaron a un acuerdo laboral con CCOO y UGT, y piden que si hay que discutir nuevas medidas, ya sean salariales o de recursos en el aula, el lugar para hacerlo debe ser este jueves la mesa sectorial. Si no, proponen un encuentro del conseller de Presidència (que ejerce las funciones de Educación), Albert Dalmau, con cada uno de los sindicatos por separado. 

Pero los cuatro sindicatos movilizados, que juntos representan una amplia mayoría dentro del cuerpo docente, solo aceptan una negociación conjunta como comité de huelga. De hecho, en una rueda de prensa en la Universitat de Barcelona han anunciado que se presentarán los cuatro al encuentro el jueves. Los sindicatos habían citado de hecho al Govern este martes en el Edificio Histórico de la UB, aunque el Ejecutivo ya anunció que les emplazaba al jueves. 

La portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha asegurado que la convocatoria de reuniones individualizada con los sindicatos tiene el objetivo de “fragmentar la unidad sindical”. También ha pedido que Dalmau se comprometa públicamente a reabrir el marco de negociaciones en este sentido y ha añadido que, de no ser así, se anunciarán nuevas movilizaciones y jornadas de huelga.

Los sindicatos insisten en que “no hay normalidad” en las aulas y que, por lo tanto, no pueden acudir a mesas sectoriales ordinarias. “No podemos hacer ver que el conflicto está resuelto y que hay normalidad en el día a día, no es así”, ha manifestado Segura. Además, ha reprochado que, si alguien ha menospreciado la mesa sectorial, ha sido el Govern “firmando un acuerdo por la puerta de atrás” con CCOO y UGT. 

En una línea similar se ha expresado el secretario de Acción Sindical de Professors de Secundària, Ramiro Gil, que ha instado al Govern a “escuchar” a sus trabajadores públicos porque el conflicto “está abierto”. “Necesitamos hacer ver al Govern que, o se sienta a negociar con nosotros y nos hace propuestas claras, o seguiremos con la movilización en la calle”, ha declarado, al mismo tiempo que ha advertido al ejecutivo que no le conviene tener a la sociedad “en contra”.

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha querido advertir por su parte a los sindicatos educativos de que el Ejecutivo y el conseller Dalmau acudirán a la reunión del jueves con poco margen para la negociación.

Paneque ha asegurado este martes, tras la reunión del Consell Executiu, que asistirán al encuentro con la intención de “escuchar” qué tienen que decir los sindicatos sobre el acuerdo ya alcanzado con CCOO y UGT y, sobre todo, acudirán para “defender” este pacto, que considera que “ya responde a las necesidades y la mejora del sistema educativo” y de las condiciones laborales de los docentes.

Con estas palabras, la portavoz del Govern ha querido dejar claro que el Departamento de Educación no asistirá el jueves con el objetivo de negociar nuevas ni más medidas al margen de las ya acordadas con CCOO y UGT. Este acuerdo, que no cumple las expectativas del sindicato mayoritario USTEC y otras organizaciones sindicales, es la guía que llevará el Govern a la nueva reunión.

Miles de docentes han salido a la calle este viernes en Barcelona para darle el arreón final a una semana de huelgas en toda Catalunya. Ha sido una movilización masiva, que ha reunido entre la plaza Tetuán y el Parlament de Catalunya unas 35.000 personas, según los datos de la Guardia Urbana. El profesorado catalán ha decidido mantener así el pulso al Departamento de Educación, que alcanzó un pacto con CCOO y UGT para el sector que no ha logrado aplacar los ánimos en los claustros. 

El seguimiento de la huelga este viernes ha sido otra prueba de ello. El 39% de los docentes no han acudido a su puesto de trabajo, un apoyo muy parecido al del paro laboral de febrero, convocado entonces por todos los sindicatos. Esta vez, en cambio, llamaban a la movilización USTEC, ASPEPC –los dos mayoritarios en la enseñanza pública–, CGT y la Intersindical. También se han sumado a la huelga personal administrativo y de apoyo educativo, las escuelas infantiles y el sector de la concertada, del que no se han ofrecido datos.

En los días anteriores, de lunes a jueves, se convocaron huelgas por territorios y el seguimiento osciló entre el 32% y el 38%. 

La jornada de protestas ha arrancado este viernes como en días anteriores: con cortes de calles y de carretera por parte de las asambleas de docentes más movilizadas. Han ocupado la Ronda de Dalt de Barcelona en varios puntos, la autopista AP-7 a la altura de Badia del Vallès y la autovía A-2 en Abrera. A lo largo de la mañana, además, han realizado marchas desde distintos avenidas de la capital catalana como Gran Via, Diagonal y Meridiana.

Los docentes exigen al Govern de Salvador Illa que se siente a negociar unas demandas que consideran que no quedaron satisfechas con el acuerdo con CCOO y UGT que el Ejecutivo calificó de “histórico”. La consellera de Economía, Alicia Romero, ha asegurado este viernes estar dispuesta a “sentarse, dialogar y hablar” con los representantes del profesorado, pero ha advertido que los recursos “son los que son” y sin un horizonte de Presupuestos para 2026. 

La marea amarilla que ha tomado las calles lo ha hecho tras la pancarta ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia, y durante todo el recorrido se han escuchado cánticos contra el Govern de Salvador Illa y para destinar más presupuesto a la educación pública.

Antes de empezar la manifestación, los sindicatos han exigido al Govern que regresen a la mesa de negociación, pero que esta vez lo hagan solo con los que han convocado la huelga. Han pedido una reunión con Educación este martes, en la sede de la Universitat de Barcelona, y han advertido que de lo contrario seguirán las movilizaciones.

El pacto de Illa con CCOO y UGT contempla subir un 30% en cuatro años el complemento autonómico —clave en la negociación y hoy en torno a 700 euros mensuales—, lo que supondrá unos 3.000 euros más al año en 2029, además del alza estatal para funcionarios. Pero los sindicatos mayoritarios critican que el incremento sobre el sueldo total no llega al 8%, es inferior al de los Mossos y no compensa la pérdida de poder adquisitivo. Los docentes en huelga reivindican además ir más allá en algunas de las medidas consensuadas: la rebaja de ratios, el incremento recursos para la escuela inclusiva, o la reducción de la burocracia.

La movilización de esta semana ha estado marcada también por la tensión sindical. La ruptura de la unidad, que fue una de las claves del éxito de la huelga de febrero, ha derivado en acusaciones de traición en algunos claustros y en las manifestaciones contra CCOO y UGT. Asimismo, algunos de sus representantes han denunciado haber sido víctimas de amenazas y acoso en los últimos días. 

Inclusión, salarios… y críticas al pacto

Aida Abelló, profesora de Formación e Inserción en el instituto La Ferreria de Montcada i Reixach (Barcelona), ha acudido a la manifestación con su pareja y dos hijos para recordar que la lucha por la educación es para “las generaciones futuras”. Según esta docente, la movilización que agita los claustros desde febrero en Catalunya es de las mayores que recuerda. Y no ha bajado con el acuerdo con CCOO y UGT. “Muchos docentes, al verlo, se cabrearon todavía más y han secuncado la huelga”, afirma. 

Sus razones para salir a las calles, como muchos otros docentes, eran hoy la pérdida de poder adquisitivo, pero sobre todo las dificultades para garantizar la inclusión en las escuelas y la pérdida de nivel entre el alumnado. “La falta de recursos es aberrante, sobre todo para atender a un alumnado con cada vez más necesidades”, afirmaba Montserrat Cantó, docente de Infantil en la escuela Dofí de Premià de Mar. Tras una pancarta en la que se leía Pedís magia a la pública pero no somos Hogwarts, ponía como ejemplo: “Tenemos niños con trastorno del espectro autista de nivel 3 en clase, pero no hay técnicos de apoyo educativo, solo ocho horas a la semana para todo el colegio. Al final, acaban siendo las maestras de otras clases las que se van turnando para venir a ayudar a estos alumnos”.

Profesores del Instituto Escuela Trinitat Nova, de Barcelona, coincidían en que las ratios actuales, que pueden superar los 30 alumnos en Secundaria, son incompatibles con un modelo de educación inclusiva. “Nos faltan manos”, comentaban Manel, Esther, Marina y Pau. En su centro, el seguimiento de la huelga ha sido total. Y mencionaban también la reivindicación salarial. “Dicen que nos equiparan a los salarios de las demás comunidades autónomas, pero con la subida que nos aplican a Primaria deberían congelar los sueldos de las demás comunidades para que sea así”, señalaba Marina. “El precio de la vida en Catalunya, sea en Barcelona o en el Pirineo, es mucho más caro que en otros sitios”.

Al terminar la protesta, representantes sindicales han accedido al Parlament para reunirse con algunos grupos parlamentarios: ERC, Junts, Comuns y CUP. A la salida del encuentro, la portavoz de USTEC ha criticado la “ausencia vergonzosa” del PSC, aunque la ha considerado “muy significativa” y ha opinado que “escenifica claramente el desprecio” hacia el profesorado por parte del partido en el Govern.

Los portavoces sindicales han trasladado a los grupos parlamentarios la demanda de que el ejecutivo de Salvador Illa “atienda la voz del colectivo, que es muy clara”, y, según han explicado los propios representantes de los trabajadores, los grupos se han comprometido a “presionar” para que el Govern “se siente a dialogar y a negociar”.

Los niños y niñas del aula de los Sols, los de cinco y seis años de la escuela Els Xiprers, salen cada viernes al bosque. Dan clase al aire libre, desayunan y visitan sus dos árboles amigos: un alcornoque y una encina. A través de ambos, seleccionados a inicio de curso, observan el paso de las estaciones, la fauna que los habita… “Pero ahora no podemos ir a verlos”, dicen Valentina y Joana. “Es porque los jabalíes tienen un… ¿virus?”, explican, resignadas, estas dos alumnas. 

La peste porcina africana ha obligado a cerrar todo el Parque Natural de Collserola por un tiempo indefinido. O, al menos, hasta que hayan eliminado los más de 500 jabalíes que se estima que campan por esta sierra rodeada de nueve ciudades metropolitanas, entre ellas Barcelona. Esto ha alterado la vida de sus vecinos, unos 15.000, y de los equipamientos públicos dispersos por la zona boscosa. Entre ellos, Els Xiprers. 

Esta pequeña escuela pública, de unos 200 alumnos, tiene que renunciar estos días a uno de sus espacios habituales de trabajo: el bosque. “Normalmente salimos a hacer actividades”, arrancan Tom y Sira, de 1º de Primaria. “Ahora estábamos estudiando el galzeran y la pulga de agua”, detallan. El primero es un arbusto que abunda en Collserola; el segundo, un diminuto crustaceo que habita en las charcas y que recogen en muestras para analizar en el microscopio. 

Desde su fundación, a finales de los 60, la escuela ha estado vinculada al bosque. Ubicada en el término municipal de Barcelona, en el barrio de Vallvidrera, desde el centro salen caminos de tierra que conducen hasta el Tibidabo y que se adentran en los más de 8.000 metros cuadrados del Parque. Estos días, sin embargo, las pistas forestales están todas cerradas con el conocido cartel amarillo que advierte: “Zona infectada: peste porcina africana”. 

Joana, de la clase de los Sols, por ejemplo, se queja de que ya no puede ir en bici con su padre al colegio, atravesando el bosque. Ahora tienen que ir en coche. Aunque su principal disgusto lo vivió en casa: cuenta que un grupo de jabalíes irrumpió en el jardín y les destrozó las lechugas del huerto. A Violeta, en cambio, lo que le preocupa es que nadie desmonte las cabañas que ha construido a escondidas con sus amigos, entre los árboles. 

Durante la jornada lectiva, aunque depende del curso, lo que establece el horario es que al menos una sesión a la semana se lleva a cabo en el bosque. Quirze Espí, director del centro, explica que lo potenciaron durante el covid, cuando el medio natural se convirtió en el mejor aliado contra los contagios. “Las demás escuelas pueden establecer una red y vínculos con su barrio, con lo que tienen a su alrededor, pero lo que tenemos nosotros es esto, el parque”, desgrana Espí. 

De las últimas clases que recuerda entre árboles, pone como ejemplo que estudiaron los ángulos (agudos, rectos y obtusos) a través de las ramas. Luego, a desayunar. Y después, grupos reducidos para hacer lectura y poner ideas en común. 

Todo esto ha quedado suspendido hasta nuevo aviso. Algunos niños y niñas dicen estar enfadados, otros no ven mucha diferencia. El director le quita hierro al asunto, porque sabe que solo con el patio, una ladera de pinos, los alumnos ya tienen un privilegiado espacio por el que correr y trepar.

A la salida del colegio, madres y padres comentan las restricciones de movilidad que les han impuesto. Las que afectan al colegio y las de su día a día como vecinos de las urbanizaciones que se adentran en la sierra. Pueden entrar y salir de casa, también los negocios siguen abiertos y pueden recibir a clientes y trabajadores, pero los accesos al medio natural están cerrados. Igual que los parques infantiles, la mayoría precintados.

Por toda la sierra, dentro y fuera del parque, hay movilizados 550 Agentes Rurales, especializados en capturas, además de Mossos d’Esquadra y voluntarios de la Agrupación de Defensa Forestal (ADF). Con drones y trampas, tratan de localizar y eliminar los jabalíes. La prohibición de la movilidad en todo el medio natural, alegan las autoridades, es para evitar que los animales se asusten y se alejen del perímetro, así como para no entrar en contacto con el virus y trasladarlo a puntos críticos, como podría ser una granja.

“Todo lo que está urbanizado, se puede pisar, y lo que es pista forestal, no. Pero esto aquí esto es un poco ridículo, porque los jabalíes van más por el asfalto porque saben que allí está la comida”, comentan Clara, Jamina, Gemma y Jordi, madres y padre de Els Xiprers. Privados de excursiones por el bosque, de salidas en bici o running, señalan “incongruencias” por parte de la Administración. Por ejemplo, que no haya doblado esfuerzos en la recogida de las basuras, que son las que atraen a los animales y les acercan a las casas. 

“El otro día pasamos por el punto verde a tirar cuatro cosas y por allí subían cinco jabalíes, tranquilamente. Nosotros no podemos pasear, pero ellos sí”, se resignaba otro padre, Nacho. 

Las críticas se dirigen también al criterio para decidir qué vías cortar. Desde la escuela, algunas familias señalan el Tibidabo. “El parque de atracciones vale, porque está cercado, pero por el conjunto monumental se pasean también siempre los jabalíes, junto con miles de turistas que luego cogen el ferrocarril. Aquello sí puede estar abierto pero los niños no pueden dar clase en el bosque?”. 

En las últimas horas, una decena de asociaciones de Collserola han pedido a la Generalitat que suavicen unas restricciones que han calificado de “ambiguas”. Piden, entre otras cosas, que no cierren aquellas pistas forestales que se usan de camino escolar y que se permita hacer actividades en zonas de ocio como son las fiestas populares del barrio.

Cuatro centros educativos públicos de un mismo complejo en Barcelona, entre ellos un instituto de Secundaria, llevan dos semanas sin agua corriente debido a varios episodios de inundaciones por la avería de un colector de residuos. Se trata del Instituto Joan Brossa, la Escuela Oficial de Idiomas y el Centro de Formación de Adultos del Guinardó, y el Instituto de Formación Empresarial de Barcelona. 

“Estamos sin agua corriente porque no la podemos evacuar, con baños portátiles en el patio y con gel hidroalcohólico para lavarnos las manos”, señala Cesc Trillo, docente de Tecnología del centro.

Profesorado y familias denuncian que la administración no se hace cargo del total del coste de la reparación, al considerar que son tareas ya financiadas con las partidas de mantenimiento, y lamentan que el edificio acumula deficiencias desde hace años. 

La inundación que ha obligado a cortar el agua a estos cuatro centros se produjo el pasado 5 de marzo. Un fuerte episodio de lluvias provocó el colapso del colector de aguas fecales, lo que obligó a evacuar el centro “por motivos de seguridad y salubridad”, señala la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) en un comunicado. Tras los primeros trabajos de limpieza y desinfección, volvió a ocurrir lo mismo la madrugada del día siguiente.

El desbordamiento de las aguas fecales y pluviales afectó la planta baja del instituto: conserjería, recepción, secretaría, almacenes… También al foso del ascensor, que permanece inutilizado y obliga a usar las escaleras a los alumnos que van en muletas. 

Según familias y docentes, las precipitaciones contribuyeron al colapso del colector al arrastrar piedras, barro y raíces. Pero añaden que la canalización ya estaba al borde de la saturación desde hacía tiempo debido al crecimiento en usuarios que supone el funcionamiento simultáneo de los cuatro centros educativos, concretamente desde la puesta en marcha del Instituto de Formación Empresarial. 

Desde el Consorcio aseguran que están “trabajando intensamente” para resolver la incidencia. Inicialmente trataron de salvar la obstrucción mediante equipos de bombeo “de gran capacidad”, pero no fue posible, con lo que constatan que deberán intervenir desde la calle. Constatan así que los trabajos durarán “unos días más”.  En cuanto al uso del agua, precisan que se ha informado al centro que pueden hacer un uso “moderado y puntual” de baños y cocinas.

Mientras no se soluciona el problema del colector, profesores y alumnos deben recurrir a baños químicos instalados en el patio. “No solo es que tienen que hacer las necesidades en un baño portátil, es que además los que hay están contados y son muchos menos”, señala Alma Alonso, portavoz de la AFA. 

El incidente ha afectado también al funcionamiento del comedor escolar. Han habilitado una toma de agua en la cocina, según relatan, pero los alumnos comen con platos de papel y se lavan las manos con garrafas de agua y gel hidroalcohólico. Tampoco están operativos los vestuarios para deporte. 

La avería del colector y estos días sin agua han hecho aflorar también en el centro las quejas sobre el mal estado del equipamiento y sobre los gastos de mantenimiento y las obras que claustro y familias creen que habría que acometer.

La AFA menciona el deterioro de la fachada, escaleras oxidadas e inutilizadas, problemas de ventilación, degradación de las pistas deportivas y filtraciones de agua recurrentes con el mal tiempo. “Cuando llueve fuerte hay goteras y tienen que cerrar varias clases y correr a descolgar las pizarras digitales para que no se estropeen”, pone como ejemplo Alonso. 

“Nuestro alumnado merece instalaciones dignas y seguras”, afirman. “Necesitamos una respuesta inmediata y definitiva por parte de la administración”.

Familias y claustro se quejan de que tanto los gastos derivados la reciente inundación fecal –los baños portátiles, la bomba de agua…– como las obras que creen que se deberán acometer en el futuro corren a cargo de la partida de mantenimiento del centro, según dicen que les transmite el Consorcio de Educación de Barcelona.

Esto se debe a que es un centro de gestión autónoma, y no delegada. Pero el claustro y las familias se muestran indignados. “La dotación económica que nos dan es para el mantenimiento diario, para limpieza, pequeñas reparaciones e inversiones, mobiliario… Pero no para reparar una cubierta o un colector”, se exclama Trillo.

La nueva La organización de caseros Som Habitatge, creada en Catalunya en 2025, ha denunciado este lunes que la regulación del alquiler de temporada vulnera la Constitución. Esta patronal ha presentado dos informes jurídico en el que constatan que la modificación legislativa de estos arrendamientos, aprobada por el Parlament en diciembre, excede las competencias autonómicas porque interviene en los contratos entre privados y en la actividad económica. 

Los propietarios catalanes han defendido que los alquileres de temporada ya estaban regulados, a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos estatal, y que emplear esta fórmula para arrendar viviendas de residencia habitual ya era un “fraude de ley” que se podía perseguir. “El mercado actual pide distintas opciones de vivienda, hay gente que necesita los temporales, pedimos que esta fórmula exista y se puede controlar que no se use para vivienda habitual”, argumentaba Anna Puigdevall, directora de Som Habitatge. “Hay gente que está desplazada, que estudia fuera, no podemos solucionar el problema de la vivienda diciendo que la de temporada no existe”

Desde Som Habitatge han asegurado que trasladarán sendos informes jurídicos tanto a la Generalitat como a los distintos partidos con representación parlamentaria. La reforma legislativa salió adelante con votos de PSC, ERC, Comuns y CUP. Junts, Vox y PP votaron en contra, y estos últimos ya anunciaron que presentarían un recurso de inconstitucionalidad. 

Lo que establece la nueva regulación es que tanto los alquileres de temporada como los de habitaciones queden sujetos al tope de precios que deriva de la Ley de Vivienda. Solo quedan fuera de esta regulación los contratos de arrendamiento temporales en en los que quede acreditado que la vivienda se usa para fines recreativos, turísticos o vacacionales. En el caso de las habitaciones, se exige que la suma del precio de las distintas estancias no exceda el tope que fija el índice de la Generalitat para el conjunto del piso. 

Los dos dictamenes jurídicos que ha aportado Som Habitatge, sin embargo, consideran que la regulación, que modifica la Ley catalana de vivienda de 2007, es vulnera la constitución. Sendos trabajos los han liderado Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, y Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona (UdG), presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico y, además, autor de otro informe jurídico contrario a la prohibición de las compras especulativas de vivienda en Catalunya. 

En su informe, Nasarre ha argumentado que el Parlament busca con su regulación equiparar el alquiler de temporada y el de habitaciones a una vivienda, pero sin cumplir con lo que fija la ley para lo que es una “vivienda digna y adecuada” de acuerdo a la legislación. Esto, en el caso de las habitaciones –ha añadido–, supone la “legalización del sinhogarismo”. 

También ha desarrollado el catedrático que una legislación autonómica altera la “causa” y el “objeto” del arrendamiento urbano, que son las bases de las obligaciones contractuales. Y esto, ha expresado, es competencia estatal. Ha recordado Nasarre que el Tribunal Constitucional ya tumbó en 2022 la regulación en Catalunya de los precios del alquiler porque excedía las competencias autonómicas.  Por último, ha advertido que incumple el principio de proporcionalidad en cuanto a la injerencia en el derecho demla propiedad.

Las escuelas e institutos de Catalunya se adentran en una nueva oleada de huelgas. Después de la destacada movilización de febrero, con un seguimiento sin comparación en los últimos años, ahora los docentes encaran cinco jornadas de paro laboral repartidas por toda la geografía catalana. Una protesta que, a diferencia de la anterior, esta vez estará marcada por el acuerdo que alcanzó la Generalitat con los sindicatos CCOO y UGT y que ha disparado la tensión en los claustros. 

El resto de sindicatos, que incluye a USTEC y Professors de Secundària —los dos mayoritarios en la enseñanza pública—, además de a CGT e Intersindical, han decidido mantener el pulso al departamento de Educación. Para reforzar su decisión, sometieron a una encuesta el bautizado como “acuerdo histórico” educativo por parte del Govern de Salvador Illa: de los 42.965 docentes que votaron (aproximadamente la mitad de la plantilla de los centros públicos), el 95% lo rechazó y aseguró secundar la huelga. 

La convocatoria de paro, que afecta a docentes y personal laboral de los centros, se reparte esta vez por regiones. El lunes será el turno de los colegios de Barcelona y el Baix Llobregat. El martes, Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre. El miércoles, Al Pirineu i Aran, Catalunya Central y Lleida. El jueves, Girona, Maresme, Vallès Oriental y Vallès Occidental. Y el viernes, huelga en toda Catalunya con una manifestación unitaria en la capital catalana. 

Los sindicatos convocantes insistieron este viernes al departamento de Educación que el profesorado rechaza mayoritariamente el acuerdo sellado con CCOO y UGT y exigieron a la administración que regrese a la mesa de negociación. “Es la única forma de resolver este conflicto; si siguen bloqueándolo, no acabaremos el curso con normalidad”, advertía Iolanda Segura, portavoz de USTEC. 

¿Qué se pactó y qué piden los demás?

El acuerdo que ha resquebrajado la unidad sindical se anunció el lunes después de varias semanas de negociaciones entre Educación y el profesorado en las que ambas partes reconocían avances. El Govern proclamó un “acuerdo histórico” con CCOO y UGT y lo escenificó con una firma en el Palau de la Generalitat presidida por Salvador Illa, lo que provocó la indignación instantánea del resto de representantes del sector docente. 

El pacto incluye de entrada una subida salarial a través del complemento específico autonómico, que actualmente ronda los 700 euros mensuales, y que era el auténtico nudo a deshacer en las discusiones entre sindicatos y Educación, porque sitúa los docentes catalanes a la cola de España en salarios. El compromiso del Govern es aumentarlo un 30% en cuatro años, es decir, unos 3.000 euros más al año al llegar a 2029. A ello hay que añadir además la subida estatal aprobada para todos los funcionarios. 

Los otros sindicatos, sin embargo, recuerdan que esto significa un incremento inferior al 8% en el conjunto del salario. Tampoco aprueban que sea inferior al pactado entre Govern y Mossos d'Esquadra. Ni sirve para recuperar el poder adquisitivo perdido, añaden. 

La demanda de USTEC pasa por un incremento del 100% del complemento autonómico, dado que esta figura no se toca desde hace 25 años. Pero la Generalitat responde que esta exigencia es inalcanzable. Además, recuerdan que los presupuestos para 2026, si se aprueban, contemplan una subida del 18% respecto a los últimos, los de 2023, con una partida de 8.000 millones. 

Por otro lado, el compromiso de Educación con CCOO y UGT contempla también el cobro de 50 euros por noche en el caso de excursiones —una reclamación que ha cogido fuerza entre el profesorado—, un complemento retributivo para el Personal de Atención Educativa, 300 millones de euros para aumentar los recursos en educación inclusiva, o una rebaja de ratios que fije como tope los 20 alumnos por aula en Infantil y Primaria. 

A ello hay que añadirle un acuerdo salarial para el personal laboral (integradores, auxiliares de educación especial, cocineros, técnicos de infantil…). Este es el único punto que sí ha firmado USTEC. 

Tensión en los claustros

Las diferencias entre los sindicatos han enrarecido el ambiente en muchas escuelas e institutos, cuyos docentes tenían en marcha asambleas para preparar las movilizaciones de esta semana. CCOO y UGT han denunciado que algunos de sus miembros han sido objeto de insultos y trato degradante impropios de un contexto educativo. En un comunicado, UGT asegura que sus delegados reciben “amenazas, muestras de odio y presiones personales”, y acusan a los demás sindicatos de ser cómplices de ello, por acción u omisión, en algunos chats de profesores.

Hay ejemplos de asambleas de centros que han declarado “sindicatos non gratos” a CCOO y UGT, según ha podido comprobar este diario. También se han colgado carteles en otras escuelas e institutos en los que se les tacha de “traidores” y “ratas”. 

Esta situación ha obligado a intervenir al departamento de Educación, que este jueves envió un correo electrónico a todos los directores de centros a los que pedía preservar el clima de respeto y tolerancia. “Nadie debería sentirse insegura, menospreciada o cuestionada por razón de su opinión. Si identificáis alguna situación de conflicto que pueda vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, os corresponde actuar”, advertían. 

Por su parte, los sindicatos que rechazan el pacto han minimizado estas quejas. “Porque haya habido algún caso puntual se haya ido de madre no quiere decir que de forma generalizada haya habido agresiones. Son muestras simbólicas de indignación”, ha considerado Segura.

La suciedad en las calles suele ser uno de los grandes motivos de queja vecinal y se cuenta entre los principales quebraderos de cabeza de los alcaldes. Pero, en el capítulo de la limpieza, más allá de los contenedores desbordados y las pintadas en el mobiliario urbano, hay un frente especialmente sensible, el peor valorado por la población, según las encuestas periódicas de la OCU: las cacas de perro.

Dejar los excrementos de un perro en la acera es, desde hace años, motivo de multa en la mayoría de ciudades. Sin embargo, muchas no han conseguido reducir esta práctica que los dueños de animales atribuyen a unos pocos incívicos. En su afán por erradicarlo, ya son más de 80 los ayuntamientos que han optado por un sistema que consiste en crear un registro de ADN canino que permite identificar a aquellos animales cuyas heces no se recogen. 

“La sensación de muchos vecinos es que el problema de las heces en la calle está desatendido y es algo que nos preocupa también especialmente a los que tenemos perro, porque no queremos pagar justos por pecadores”, señala Pablo Muñoz Gabilondo, periodista especializado en mascotas. Su listado de municipios que han adoptado el registro del ADN canino alcanza actualmente los 87, la gran mayoría en la Comunitat Valenciana y Catalunya. 

Una de las primeras ciudades que lo implantó fue Málaga, en 2018, y, desde entonces, se ha incorporado, previa modificación de la ordenanza municipal, en urbes como Alcalá de Henares, Tres Cantos, Martorell, Cornellà de Llobregat, Igualada, Benalmádena, Paterna, Mislata… La última gran ciudad en aprobarlo ha sido Tarragona, que ha dado hasta el 15 de agosto a los vecinos que sean dueños de mascotas para que acudan al nuevo registro de ADN.

Lo que suelen hacer los consistorios inicialmente es dar cierto margen a los ciudadanos para inscribir a su perro en el nuevo registro genético, que no sustituye al microchip identificador. Van al veterinario, les cogen una muestra (de sangre o de saliva) y esta se envía al laboratorio de la empresa que gestione el servicio. Desde entonces, la policía local y los agentes cívicos de los ayuntamientos pueden coger muestras de heces en la vía pública, mandarlas analizar, identificar al animal y multar a su dueño. La medida se acompaña normalmente de sanciones a los que no han registrado el ADN de su perro. 

“Nuestra conclusión es que la presencia de heces en la calle se ha reducido mucho, aunque tiene un coste económico para la ciudadanía”, reconoce Jordi Martín Forns, concejal de Urbanismo de Caldes de Montbui (Barcelona). Su municipio fue uno de los primeros en adoptar este sistema en Catalunya. “Es evidente que hay un efecto disuasorio y que la gente acaba entendiendo que, si no recoges los excrementos, te pillan y te multan”, resume. 

Debido al coste y las complicaciones de llevarlo a analizar, el muestreo no se realiza cada vez que un policía municipal ve una caca sin retirar. Explica Martín Forns que hacen batidas trimestrales, en zonas concretas –priorizando las más problemáticas–, que sirven también como campañas de “sensibilización”. En este municipio de 18.000 habitantes las multas que se incoan son pocas, unas decenas al año, y oscilan entre 150 y 300 euros. 

El laboratorio al que envían sus muestras los funcionarios de Caldes de Montbui está en el Parque de Investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Allí tiene su sede Can Identification, proyecto de la empresa Vetgenomics, que presta el servicio a 14 municipios españoles y a todos los de Andorra. La otra gran firma que se dedica a ello en España es ADN Canino, radicada en Xátiva (València), y que nació con polémica: su fundador era el concejal del PP que iba a implantarlo en el mismo municipio y tuvo que dimitir. Con todo, una vez en el gobierno, la izquierda no desmanteló esta política y actualmente sigue vigente. 

Desde el campus de la UAB, Óscar Ramírez, director de la catalana Can Identification, explica cómo funcionan. Facilitan a los ayuntamientos los tubos de muestra codificados, además de una app para marcar la hora y el lugar de la colecta. Por ejemplo, explica, es importante marcar si es un parque infantil, puesto que las heces de perros pueden contener parásitos que transmiten enfermedades. 

Ramírez, doctor en Genética por la UAB, reconoce que el sistema de comparación del ADN entraña cierta complejidad, sobre todo si se quiere alcanzar porcentajes de identificación que hagan que la medida valga la pena. En primer lugar, explica que muchas heces están contaminadas, puesto que los animales orinan y defecan sobre deposiciones de otros, lo que imposibilita el trabajo. Esto, según sus datos, afecta a entre el 15% y el 20% de las muestras que reciben.

Además, detalla, las heces tienen poco material genético del propio individuo (más bien de su dieta y de bacterias), y al aire libre y a altas temperaturas se degrada. Aun así, prosigue Ramírez, asegura que actualmente son capaces de extraer ADN del perro y obtener su perfil genético en el 95% de las muestras.

Una de las voces más críticas con este modelo, que califica de poco eficaz, es Gonzalo Moreno, ahora presidente del Consejo General de Colegios de la Profesión Veterinaria de España, y que elaboró en 2018 un informe desfavorable a esta política municipal cuando estaba en el Colegio de Veterinarios de Alicante.

Ya entonces argumentó que es una medida demasiado costosa por sus resultados, dado que debe garantizar la cadena de custodia, contar con todos los perros registrados (algunos municipios se quedan a medio camino) y tener en cuenta que hay otros animales itinerantes (colonias de gatos, perros de otros municipios, de turistas…). Por último, alega Moreno que, debido a la degradación y contaminación de las heces en la calle, la probabilidad de identificar al animal es baja. 

Ramírez responde que el sistema de Can Identification utiliza un conjunto de 128 marcadores genéticos —llamados SNP o polimorfismos de nucleótidos simples— que se analizan a partir de pruebas PCR con sondas TaqMan. Este tipo de metodología y el uso de protocolos forenses permiten trabajar con ADN muy degradado, como el que se obtiene de las heces, y aumentar la fiabilidad de la identificación frente a los sistemas tradicionales.

Las dudas sobre los costes y beneficios de la medida han echado para atrás a más de un municipio, sobre todo a los más poblados y que deberían manejar grandes volúmenes de muestras. “La madre del cordero es si la medida realmente funciona, ¿no?”, arranca Pablo Muñoz Gabilondo, el periodista especializado en mascotas, en contacto con diversos de los consistorios que lo han implantado.

“Funciona, pero la clave es si el ayuntamiento se implica, si supervisa las placas de los perros, si tiene a la policía local alerta, que termine el censo, que haga recogidas periódicas de cacas… Porque es cierto que hay ayuntamientos que anuncian la medida y al año siguiente se olvidan. Debe ser estructural”, concluye.

Una familia de tres generaciones, madre, hija y nieto, se quedaron en la calle este jueves en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Olga Jerez, de 35 años, y su madre Ángeles García, de 65, vieron como la comitiva judicial las echaba del que ha sido su hogar los últimos 13 años, y donde ha crecido el pequeño de la familia, Marcos (nombre ficticio), que en ese momento se encontraba en el instituto. 

El piso era propiedad del banco BBVA, que inició el proceso de desahucio. Pero cuando ellas lo alquilaron, en 2013, su casero era un particular. Un hombre que un día dejó de pagar la hipoteca y desapareció sin dejar rastro. Lo que derivó, años después, en el desalojo el pasado jueves de esta familia que asegura que siempre quiso pagar la renta: ya fuera con el casero en paradero desconocido, o más recientemente con la entidad financiera. 

A las 12:00 horas del pasado jueves, día del desahucio, Ángeles y Olga aguardaban en el piso junto a varias profesoras del instituto de Marcos y miembros del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat. En un corrillo improvisado en el salón donde la familia ha vivido más de una década, las mujeres aseguraban estar “agotadas” por la situación. Llevaban días sin apenas dormir ni comer, y lamentaban haber sufrido episodios de ansiedad en las últimas semanas e incluso haber detectado manchas en su piel asociadas al estrés.

En el portal, bajo un fuerte diluvio, les esperaban algunos vecinos del barrio, junto con otros activistas por la vivienda, que habían acudido para mostrarles apoyo. Entre ellos, otra madre del mismo instituto de Secundaria donde estudia Marcos, el Neus Català, que también estuvo a punto de ser desahuciada hace apenas unos días. Esa misma mañana, además, otra familia con hijos menores había sido desalojada.

Los vecinos denunciaban que este tipo de situaciones se han vuelto frecuentes en el barrio. “Los niños sienten vergüenza y lo pasan mal, y esto les repercute académicamente”, explicaba Alba Aguilar, profesora del instituto. Según contaba, en el centro hay varios alumnos que atraviesan situaciones similares.

Ejecutado el desahucio, puesto que la familia no opuso resistencia, abuela, madre y nieto durmieron en casa de una vecina del mismo bloque. En un primer momento, la idea era que Olga y Ángeles durmieran en el rellano del edificio, mientras que el menor se quedaría en casa de la vecina. Finalmente, los tres acabaron pasando la noche dentro del piso porque el rellano estaba lleno de sus pertenencias y “no había espacio para colocar el colchón”, explicaba Olga a elDiario.es la mañana siguiente. “No hemos dormido nada de la ansiedad”, añadía. 

Los servicios sociales les ofrecieron alojamiento en un albergue, pero la familia lo rechazó tras ver el estado de la habitación. “Había cucarachas, manchas de sangre, polvo y suciedad. Llevar a un niño a un lugar así no es fácil, es totalmente indigno para cualquier persona”, denuncia Ángeles, que tomó fotos del lugar.

Ya antes de verlo, tenían claro que ese no era un lugar seguro para Marcos, ya que padece graves alergias. “Le dan taquicardias y se queda sin respiración”, explicaba Olga. “Imagínate lo que pasaría si lo metemos en un sitio lleno de polvo o humedad”. 

La familia lleva meses buscando un alquiler que puedan permitirse, consciente de que tarde o temprano la iban a echar. Incluso Marcos les ayudaba a mirar anuncios cuando volvía del instituto. “Solo pedía un poco más de tiempo hasta encontrar un piso donde poder ir con mi hija y mi nieto”, lamenta Ángeles. “Cualquiera que haya intentado buscar un piso de alquiler sabe lo difícil que es, y más en tan poco tiempo”, subraya Alina Rodríguez, miembro del Sindicat d’Habitatge del Baix Llobregat.

Once años sin noticias del casero

Olga y Ángeles detallan el rocambolesco papel de su casero. Durante los 13 años que han vivido en el piso apenas llegaron a verlo dos ocasiones. “Solo lo vimos el día que nos enseñó la vivienda y el día que nos entregó las llaves”, aseguran.

El problema comenzó en 2016, tres años después de entrar como inquilinas, cuando el propietario les pidió que cambiaran el número de cuenta al que ingresaban la mensualidad, alegando que había pasado del BBVA al Banco Sabadell. Sin embargo, nunca les llegó a facilitar esa nueva cuenta.

Tras varios intentos fallidos de ponerse en contacto con él, Ángeles acudió al Banco Sabadell para obtener información, pero le respondieron que no había cuenta alguna a ese nombre. Desde entonces, el propietario –identificado como Wilmer M.– desapareció, y la familia sospecha que pudo haberse marchado a otro país. Algunos vecinos aseguraban que debía dinero a varias personas del barrio.

Años después, en 2022, se enteraron de que en realidad el casero llevaba desde antes de que ellas entraran en el piso sin pagar la hipoteca. Aseguran que se lo comunicaron desde el juzgado, cuando acudieron a su domicilio a preguntar por el propietario y para informar que la vivienda había pasado ya a manos del BBVA. 

Durante los años de incertidumbre que pasaron entre 2016 y 2022, la familia asegura que intentó buscar formas para entender qué estaba sucediendo y seguir abonando el alquiler. Reconocen que no han pagado, pero defienden que es porque no podían y no sabían como hacerlo. “El problema nunca fue que no quisiéramos pagar las mensualidades, sino que no entendíamos qué pasaba y nadie nos hacía caso”, señala Olga.

Cuando empezaron a comprender la situación, en 2023, intentaron negociar con el banco un nuevo contrato de alquiler o incluso la compra de la vivienda, pero aseguran que no recibieron respuesta por parte de la entidad. 

Fuentes del BBVA confirman que no se plantearon negociar un alquiler, sino que iniciaron el proceso de desahucio. Sostienen desde la entidad financiera que el procedimiento se llevó a cabo “de acuerdo con la normativa”.

Sin vivienda pese a su vulnerabilidad

La familia ha recibido cuatro órdenes de desahucio desde que empezaron los problemas con la propiedad de su piso. La primera llegó en junio de 2024, pero lograron aplazarla hasta octubre de 2025. Posteriormente, se prorrogó hasta el 5 de febrero de 2025, fecha en que consiguieron retrasarla otro mes. Sin embargo, este jueves ya no hubo margen de negociación. “No encontrábamos ningún piso que pudiésemos pagar”, lamenta Olga. “No nos han escuchado ni han querido negociar nada”.

Ignasi Acosta, militante del sindicato, recuerda que hasta hace poco existía más margen para negociar gracias a la moratoria estatal de desahucios para hogares vulnerables, pero esta decayó a finales de febrero en el Congreso tras los votos en contra de PP, Junts y Vox.

“A nosotros, quien nos ha ayudado principalmente es el Sindicat. En los servicios sociales no nos escuchaban”, señala la mujer. En este caso, fue el propio instituto del menor quien les habló del sindicato de vivienda y les animó a acudir.

Los servicios sociales del ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, por su parte, responden que han intervenido “desde el primer momento” en este caso. Aseguran que las han asesorado y que han intentado intermediar con la propiedad en numerosas ocasiones.

También sostienen que han presentado al juzgado todos los informes que acreditan la situación de vulnerabilidad de la familia, aunque no hayan servido para paralizar la orden en ninguna de las 4 ocasiones. Y confirman los detalles del anterior casero: “Tenemos la información de que el propietario del piso, el que se lo alquiló, se fue y dejó de pagar la hipoteca”.

En estos momentos, la familia se encuentra en lista de espera de la Mesa de Emergencia Habitacional, pero aún no tienen ningún piso asignado. La única alternativa de la que disponen es el alojamiento temporal en un albergue durante 15 días.

Este viernes, los servicios sociales les propusieron trasladarse a otro albergue que, según asegura Olga, está “más limpio” que el que rechazaron el día anterior. Finalmente durmieron allí. Sin embargo, sin una vivienda asignada por la Mesa de Emergencia y con todas sus pertenencias todavía amontonadas en el rellano del antiguo edificio, la familia sigue sin saber dónde recalará en el futuro próximo.

“Salida supeditada a la llegada del AVE 34609”. Este es el mensaje que leyeron el pasado martes en los paneles informativos de la estación de Figueres-Vilafant los usuarios de la alta velocidad que les conecta con Girona y Barcelona. El día anterior, el lunes, había ocurrido lo mismo. El convoy de las 7:53 horas no podía salir desde su origen porque el maquinista que debía conducirlo no había llegado… por el retraso de otro tren de alta velocidad. 

Los usuarios del servicio AVANT de la línea Figueres-Girona-Barcelona alertan de que este último mes, sobre todo a raíz de la crisis ferroviaria desatada con los accidentes de Adamuz y Gelida, han aumentado los retrasos en trenes de primera hora debido a que el maquinista no está disponible a la hora de salida. Algunas veces, porque no ha llegado al puesto con el tren que debe desplazarle hasta Figueres-Vilafant. Otras, porque condujo un convoy la noche anterior que acumuló retrasos y no tuvo suficiente tiempo de descanso entre turnos. 

“A menudo nos informan en la estación de que el conductor no está porque no ha descansado suficientes horas, esto ha pasado bastante este mes de febrero”, declara Pere, usuario diario de la línea Figueres-Barcelona para ir a trabajar desde hace diez años. “Otras veces dicen que el conductor está en Barcelona y que sube con el primer tren a Figueres, pero cuando este va tarde, estás perdido”, resume.

Esto último ha ocurrido varias veces a lo largo del mes de febrero, dos de ellas esta última semana con el que hace el trayecto de las 7:53 horas entre Figueres y la capital catalana. Su maquinista sale de Barcelona con un AVE que llega a ese punto a las 7:38 horas. “A veces lo vemos llegar, bajar del tren y subirse al nuestro”, describe Pere. “Entre que cruza el andén, pone en marcha el tren y hace las comprobaciones de seguridad necesarias, ya va justo, y si encima le sumas que a veces llega con retraso…”, se queja. 

El día que se acumuló más tiempo de demora por este motivo fue el lunes. 108 minutos de retraso en el trayecto Girona-Barcelona, según el recuento de los usuarios, muchos de los cuales se vieron obligados a recurrir a trenes de la línea de Rodalies para cubrir ese mismo desplazamiento. El caos en la estación de Girona indignó al alcalde, Lluc Salellas, que lo tachó de “desbarajuste” y criticó a Renfe por su gestión, más aún en una jornada en la que en Barcelona arrancaba el Mobile World Congress. 

Desde Renfe se justifican asegurando que son incidencias vinculadas a los accidentes de Gelida y Adamuz las que continúan provocando alteraciones en el servicio. En Rodalies, por ejemplo, señalan las limitaciones de velocidad, que no dejan de aumentar y actualmente afectan ya a 225 tramos. En el caso de la alta velocidad, sobre todo con el aumento en unos 30 minutos aproximadamente del trayecto Madrid-Barcelona, que tiene efectos sobre los demás. 

Desde la operadora atribuyen los problemas sobre todo a las limitaciones de velocidad que afectan a la red ferroviaria. “Nos están perjudicando mucho y, si además se da cualquier incidencia, los retrasos se agravan”, reconocen fuentes de Renfe, que aseguran que trabajan para minimizar los efectos con maquinistas de reserva y reubicando pasajeros.

Cabe destacar que la ausencia de maquinistas no es para nada una anécdota en las incidencias que afectan a los trenes. Aunque no hay datos en alta velocidad, en Rodalies elDiario.es ya desveló que esta era la segunda causa más repetida de demoras. En 2022 fueron 3.089 los trenes que no salieron a la hora a la espera de conductor, el 18% de las incidencias, y que según los propios maquinistas se explica porque están atrapados en otros retrasos que les impiden llegar a su puesto cuando deberían. 

Para los usuarios del AVANT Figueres-Barcelona, se trata de un nuevo motivo de retrasos a los ya conocidos. “Yo en un año he sufrido afectaciones de las catenarias, de las vías, de inclemencias meteorológicas… pero rara vez había retrasos por la mañana en el punto de origen. Esto es nuevo”, lamenta Albert, otro pasajero habitual. 

El lunes por la mañana, el día de mayores retrasos, dio media vuelta al ver el caos en la estación y decidió volver a su casa a teletrabajar. “Yo tengo la suerte de poder organizarme y trabajar desde casa, pero no todo el mundo puede”, constata. 

Con todo, el principal problema en cuanto a incidencias para los viajeros de esta línea es por la tarde, cuando deben regresar a Girona y Figueres desde la estación de Barcelona-Sants, al terminar la jornada laboral. Son los trenes de esas franjas horarias las que acumulan mayor retraso, especialmente los que proceden de Madrid. 

En el recuento retrasos que elaboran diariamente los usuarios, febrero ha sido un mes de récord absoluto. 555 incidencias frente a las 442 de enero o a las 277 de diciembre pasado. De forma parecida, son 15.281 minutos de exceso acumulados, más que los 13.395 de enero y a mucha distancia de los 2.927 de diciembre. “Lo que provocan estas prácticas que nos afectan, y la inacción del Gobierno ante ellas, es desafección política”, concluye Albert.

Natalia y Mateo, una pareja de Badalona, andaban buscando piso en 2023 cuando vieron en Idealista una promoción en Sant Fost de Campsentelles (Barcelona), que les encajó. Obra nueva, 129 m2, párking, jardín individual… Por 379.700 euros. El edificio estaba por levantar, pero firmaron un contrato de reserva para una de las viviendas por el que abonaron 6.000 euros. 

De aquello han pasado ya casi tres años, pero los pisos nunca se construyeron. No se llegó a solicitar la licencia de obras, según constata el Ayuntamiento. Pero nadie les ha devuelto ese dinero. 

La pareja firmó el contrato con un promotor y agente inmobiliario, José M., que acumula varias denuncias y reclamaciones por el mismo motivo: no devolver el dinero de las reservas en proyectos de viviendas no realizados, la mayoría de ellos en la comarca barcelonesa del Vallès Oriental. Hay ejemplos en los últimos años en Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Granollers, Montmeló o Cardedeu. 

Las quejas, denuncias y procesos judiciales que ha podido recabar elDiario.es afectan a José M. y también a las empresas en cuyo nombre ha actuado este agente del sector inmobiliario y promotor. Se trata de sociedades como New Bantry Habitat 2016 SL, Skyland Habitat SL o Sajoka Inversiones 22. 

Desde 2023 hasta la fecha, al menos una decena de personas les han denunciado por no reembolsar reservas de entre 5.000 y 6.000 euros de viviendas cuyas promociones no cumplían con los plazos pactados. Además, los Mossos d’Esquadra confirman que a raíz de cinco denuncias han instruido diligencias por estafa y han trasladado el caso al juzgado de Mollet del Vallès. 

En varias ocasiones, la promotora finalmente ha devuelto el dinero. Los afectados que han hablado con este diario aseguran que en algunos de sus casos, esto ha ocurrido después de insistentes reclamaciones y denuncias. Este febrero, por ejemplo, ha pagado a tres reservistas que se cuentan entre los que pusieron denuncia en los Mossos y con quienes se comprometió a hacer las devoluciones meses atrás.

José M. alega en conversación con elDiario.es que no se niega a devolver el dinero. Asegura estar en contacto “activamente” con los compradores y, como prueba de ello, acredita haber retornado reservas a otros particulares a lo largo de 2025. “Todas se devuelven”, afirma.

Al mismo tiempo, el empresario reconoce que hay otros de estos importes de entre 5.000 y 6.000 euros que no ha devuelto aún. Unos “siete u ocho”, afirma. Y lo achaca a haber tenido problemas debido a que algunos de sus proyectos inmobiliarios descarrilaron –según resume– por culpa de otros socios. “El 10 de marzo haré todas las devoluciones, voy a cumplir”, asegura.

Acusado de solo pagar tras las denuncias

El patrón que describen los distintos afectados –que piden usar nombres ficticios– es parecido. Marcos relata un caso igual al de Natalia y Mateo, aunque más reciente, con una promoción en Martorelles, en la calle Joan XXIII número 6. La vio anunciada en el portal Habitaclia y firmó la reserva de 6.000 euros con José M. en nombre de la empresa Sajoka Inversiones SL. Fue en octubre de 2024. 

“Me dijo que las obras empezarían a principios de 2025”, señala. “Al ver que no comenzaban entonces, le pregunté, y me fue diciendo luego que se iniciarían en marzo, Semana Santa, septiembre…”, relata. Pero los trabajos nunca arrancaron, hasta el punto de que hoy ese solar sigue siendo un descampado. 

De los contratos consultados por este diario, en algunos casos el comprador y la empresa –en cuyo nombre firma José M.– incluían calendarios de trámites urbanísticos y de obra que no se cumplieron. En el de Marcos, el acuerdo quedaba explícitamente vinculado a la obtención de las licencias necesarias para la construcción, en particular la municipal de obras. Si no, afirmaba el documento, el reservista podía desistir. 

Esa solicitud de licencia de obras se archivó “por falta de documentación”, según confirman fuentes del Ayuntamiento. Un año después de entregar los 6.000 euros, en octubre de 2025, Marcos consiguió firmar un nuevo acuerdo con José M. en el que este se comprometía a devolver la reserva. Pero transcurrieron cinco meses y, a pesar de recordárselo, no pagaba. Finalmente interpuso la denuncia a los Mossos a principios de febrero, y antes de acabar el mes había recibido la devolución. 

La misma promoción de Martorelles suma al menos otras dos quejas. Una derivó en un proceso judicial que acabó con condena a Sajoka Inversiones SL. Según ha podido constatar elDiario.es, en noviembre de 2025 un juzgado de primera instancia de Barcelona falló que la empresa, declarada en “rebeldía procesal”, debía abonar 6.000 euros a un demandante por una reserva que no había devuelto. Finalmente, el reembolso se hizo en febrero de 2026, más de un año después de que José M. se comprometiera a reintegrar ese dinero.

Los distintos afectados coinciden en que José M no suele darles negativas. En sus conversaciones por WhatsApp afirma a menudo que está dispuesto a pagar pronto, aunque con el tiempo los denunciantes entienden que lo que está haciendo con esos mensajes es “dar largas”. 

En su demanda en el juzgado de primera instancia de Barcelona contra Skyland Habitat, presentada en marzo de 2025, Natalia y Mateo relatan cómo este empresario se compromete “de manera engañosa” a devolver la cantidad entregada “con emojis burlescos y comentarios como 'está al caer!!!! confía!!'”. Los mensajes muestran cómo la pareja pide durante meses, cada vez con mayor inquietud y siempre sin éxito, que les retorne los 6.000 euros. 

La documentación aportada al juzgado incluye un escrito del Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles donde el consistorio afirma que ni José M. ni la empresa pidieron licencia de obras. “Es decir, recibieron el dinero de los clientes y no iniciaron actuación alguna para la ejecución del proyecto”, alega la demanda. 

José M. se defiende asegurando que siempre ha estado dispuesto a pagar. En el caso de Sant Fost de Campsentelles, además de alegar que sí se solicitó la licencia de parcelación al consistorio, asegura haber reembolsado ya a todos los afectados salvo a Natalia y Mateo.

“Solo me queda devolver esa, porque me denunciaron en vez de venir a hablar conmigo”, señala el promotor. “Si lo hablas conmigo, lo resolvemos”, asegura, a lo que la pareja responde pasaron meses de reclamaciones antes de optar por acudir a los juzgados y a los Mossos. 

“La autopromoción es muy compleja. Cuando cogemos el dinero [de la reserva] para hacerla es porque ya hemos mostrado proyectos y presentado licencias. El dinero se usa para ejecutar el proyecto”, describe José M. En el caso de Sant Fost, argumenta, cuando ya habían realizado esos trabajos, la propiedad del solar decidió vendérselo a otro. “Nos jodieron. En dos ocasiones me han jodido vivo”, se lamenta, en referencia a una promoción anterior en Granollers. 

Los denunciantes han tenido que lidiar con distintas empresas, aunque José M. no suele figurar en ellas como administrador. Actualmente, se presenta como gerente de la franquicia en Sabadell de Century 21, la red de agencias inmobiliarias. Allí tiene sus oficinas y es donde algunos de los afectados acudieron para que que les mostrara los planos de las futuras promociones.

Sin embargo, José M. no figura como administrador en las empresas Sajoka Inversiones 22 y SkyLandHabitat, en cuyo nombre ha firmado varios de los contratos de reserva. En ellas aparece como administrador único Álex M. –en la última, lo fue hasta 2023–. Álex M., que es su hijo, también consta como administrador único de AMG SBD SL, bajo cuya marca, AMG Habitat, este sigue anunciando promociones y mostrando obras y pisos acabados en sus cuentas de redes sociales. Preguntado por este diario, este empresario ha declinado pronunciarse.

La primera denuncia y la devolución más abultada 

La denuncia más abultada a la que han tenido que hacer frente José M., su hijo y algunas de estas empresas se presentó en el juzgado de Mollet del Vallès en 2023 por los delitos de alzamiento de bienes y estafa. La querella, por la que tuvieron que declarar como investigados, iba dirigida también contra empresas como New BantryHabitat (de la que José M. fue administrador entre 2016 y 2019 y que se declaró insolvente en 2021), BMD Pasive y SkylandHabitat, así como otro directivo.

Fueron en total 10 personas las que denunciaron porque no se les habían devuelto reservas de entre 5.000 y 6.000 euros en promociones de Granollers, Cardedeu y Montmeló. A finales de 2024, más de un año después de la presentación de la querella, los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo para la devolución del dinero. Dos de los denunciantes no aceptaron el pacto porque no incluía las costas del proceso judicial.

David Aineto, el abogado de los querellantes hasta el momento del pacto, describe el que considera como modus operandi de José M. “Se dedica a hacer contratos pero cambiando de empresas, cada promoción con una distinta, y cuando hay sentencia ya se ha declarado insolvente. Juega con el sistema”, expresa.  

“Sabe que mucha gente no reclamará el dinero porque una demanda civil incluye costes de abogados, procuradores… La sensación es que en nuestro caso, al ser una docena de perjudicados, le vio las orejas al lobo y decidió pagar”, añade. A pesar de que los dos denunciantes que no aceptaron el pacto siguieron con el proceso judicial, poco después del acuerdo el juez archivó la querella.

José M. rechaza de nuevo estas acusaciones y asegura que el proceso judicial fue fruto de unas promociones que finalmente no se hicieron porque en última instancia un socio suyo se retiró. “Fue por culpa de tener un socio que se echó para atrás y dijo que no lo hacía y ya teníamos el trabajo hecho”, afirma. “Tienes una inmobiliaria que te la usan terceras personas para hacer preventas, y por exceso de confianza nos la colaron doblada”, se lamenta. 

Con el transcurso del tiempo, varios de los afectados, los de hace años y los recientes, lamentan que el daño causado va más allá del dinero. “Cada día es una pelea, a veces piensas que deberías dejarlo estar, pero otros ves que no, y esto acaba afectando a la relación de pareja”, sostiene Natalia. “Cuando hablas con él te acaba entrando ansiedad”, describe. 

Carla, otra de las que reclama el dinero por una promoción en Parets del Vallès –los plazos de su contrato han vencido este febrero–, concluye: “Solo hablar del tema es un malestar emocional. Con mi pareja nos casamos hace dos años y teníamos ese dinero del regalo de la boda, ¿saben cuánto le cuesta a una pareja joven ahorrarlos?”.

Hacia el final de la conversación, José M. atribuye también las no devoluciones y los retrasos a haber pasado un “año de mierda” con su empresa. “Intentas salvarlo como puedes, porque hemos montado una inmobiliaria y los arranques son una mierda. Pero sé que no es excusa”, zanja.

El Departamento de Salud catalán ha detectado un contagio de gripe porcina A en un hombre de 83 años de Lleida. Es el cuarto caso humano que se registra en España desde 2009, y la Generalitat ya ha trasladado la información a la OMS y la Agencia de Salud Pública, que están evaluando el caso. 

El hombre contagiado, según ha adelantado El País, no tiene contacto ni con cerdos ni con explotaciones ganaderas, lo que ha obligado a Salud a revisar si pudiera haber alguna contaminación ambiental en la toma de las muestras. Inicialmente se descartó, pero ahora mismo todas las hipótesis están sobre la mesa.

Con todo, desde la conselleria de Salud remarcan que el riesgo para la población de infectarse con ese virus, la gripe porcina A (H1N1), es muy bajo. “Las infecciones humanas por estos virus suelen ser leves, con transmisión limitada y no sostenida entre personas, aunque algunos casos han desarrollado una enfermedad más grave”, señalan. “La valoración del riesgo para la población se considera muy baja”, insisten.

Desde la Generalitat han informado que la detección tuvo lugar el 11 de febrero, durante una actuación de vigilancia epidemiológica de virus gripales. A pesar de que existe la posibilidad de que se contagiara de otras personas, por ahora Salud no ha detectado más casos ni más afectaciones respiratorias. 

La detección de este virus coincide en el tiempo con los brotes de otro patógeno vinculado a los cerdos, la peste porcina africana, aunque son enfermedades distintas. La peste porcina apareció en el entorno de Barcelona y por ahora solo afecta a jabalís. 

En un comunicado, Salud asegura haber abierto una “investigación completa” con circuitos de vigilancia epidemiológica y microbiológica para tratar el caso. El paciente era un hombre con enfermedades crónicas que había acudido al hospital por otro motivo el pasado 30 de enero, y que tampoco presentaba síntomas de gripe.  

Desde entonces, todos los contactos de la persona contagiada descartan haber estado en contacto con cerdos, además de haber dado negativo en las pruebas. Por ello, Salud evaluó posibles “errores” o “contaminaciones en la muestra” que expliquen este positivo aislado. 

Ese proceso descartó inicialmente una contaminación en la toma de las muestras, pero el subdirector general de Vigilancia de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha precisado este viernes que como no han conseguido dar aún con el origen, ninguna hipótesis está realmente descartada. Tampoco la de la contaminación ambiental –como podría ser en el hospital– o en el laboratorio, ambas sobre la mesa. “Hemos trabajado con los expertos del centro de coordinación del Estado y de la OMS para mandar muestras de la persona y que puedan indicar si se ha contagiado del virus o si es portador de él sin una infección”, ha afirmado.

En paralelo al anuncio, Salud ha detallado que existen contagios ocasionales de los subtipos de virus de la gripe A porcina (H1N1, H1N2 y H3N2) que circulan por todo el mundo. “La mayoría de los casos humanos son por la exposición a cerdos infectados o ambientes contaminados”, añaden, a diferencia del que ha ocurrido esta vez en Lleida. Desde 2009, en España ha habido cuatro casos. El último, en Catalunya en 2024..

Se acerca la primavera y en la escuela Santa Maria Gardeny, en Lleida, estas fechas suelen comenzar a preparar las llamadas colonias. Así es como se conocen las excursiones que hacen los docentes con sus alumnos y que incluyen dormir fuera, habitualmente en casas de campo. Es uno de los momentos más esperados del curso para los niños y niñas. Pero este año la actividad ha quedado suspendida por razones laborales. 

La escuela Santa Maria Gardeny es una de las pioneras en impulsar esta especie de huelga de colonias que se extiende ahora por Catalunya. En pleno ciclo de protestas contra el Departamento de Educación, en las que los docentes exigen mejoras salariales y más recursos en el aula, un total de 54 centros educativos se han sumado a la iniciativa y amenazan con no hacer estas excursiones y viajes en el curso 2026/2027 si no se atiende a sus demandas.

Estas salidas con pernoctación, a menudo de más de dos o tres días, a veces incluso con viajes al extranjero a finales de etapa, se han consolidado desde hace años en los centros educativos. Pero aquellos docentes que voluntariamente se hacen responsables de los alumnos durante toda la excursión no lo ven reflejado en su nómina. No cobran las horas extras ni la nocturnidad. “Estás pendiente de ellos desde que se levantan hasta que se van a dormir, incluso de noche, y cobras lo mismo”, señala Agustí Liñán, maestro de la escuela Santa Maria Gardeny. 

Con todo, esta acción de protesta, recogida ahora bajo el manifiesto Paremos las salidas y las colonias, va más allá de exigir que se les pague las horas extras que conllevan estas excursiones. De hecho, los centros que lo suscriben lo plantean como una herramienta de presión para que Educación acepte las demandas que les llevaron a la huelga el pasado 11 de febrero. Entre ellas, el aumento salarial, más recursos para garantizar la escuela inclusiva, rebaja de la burocracia y mayor reducción de ratios en las aulas. 

La mayoría de sindicatos docentes, que mantienen estos días reuniones con Educación, apoyan la iniciativa. Linán, promotor en su centro de esta forma de protesta, pertenece a la CGT. También lo defiende Ustec. “Si estamos en un escenario de lucha por nuestras condiciones laborales, es lógico que una acción de protesta sea dejar de hacer actividades que descansan sobre el voluntarismo”, señala Iolanda Segura, de Ustec. CCOO, por su parte, asegura que defenderá en la negociación con Educación que se cobren las horas extra dedicadas, pero no apoya esta forma de protesta.

Liñán relata cómo empezó todo en su colegio, justo durante los preparativos de la última huelga. “Más allá de las movilizaciones habituales, en la calle, nos planteamos acciones que afectasen al sistema, y trasladamos al claustro el debate sobre si hacer colonias”, explica. En su caso, aprovecharon que estaban reservadas pero aún no pagadas para cancelarlas ya este curso como forma de protesta laboral. Lo decidieron con los votos favorables del 60% del claustro. De cara al curso siguiente, los partidarios de la medida ya eran el 85%. 

“Es una actividad muy esperada y se lo hemos tenido que explicar a los alumnos, igual que les explicamos la huelga. Y lo han entendido”, señala Linán. En cuanto a las familias, algunas se han quejado. Pero este docente argumenta: “Conocemos el valor pedagógico y social de las colonias, pero debemos adoptar decisiones de presión duras”. 

Lo más curioso es que tras aprobarlo en el claustro, y después de difundirlo para que se sumaran más centros, vieron que ya entonces no eran los únicos. El otro gran foco de esta reivindicación apareció al mismo tiempo en una serie de escuelas e institutos de las comarcas del Maresme y la Selva, que lanzaron un manifiesto de cara al curso 2026/2027. 

“Siempre tiene que haber alguien despierto”

Una de las impulsoras de ese grupo es Clàudia Cebrián, del Institut Lluís Companys de Tordera, en la provincia de Barcelona. En la última salida con pernocta en la que participó, esta profesora explica que hubo noches en las que permaneció despierta hasta las 4:00 de la madrugada para vigilar a su alumnado. En solo tres días acumuló 45 horas extra no remuneradas. “Es una presión constante y no está reconocida”, lamenta. 

“Organizar salidas con pernoctación implica estar presentes las 24 horas del día. Por la noche, hasta que el alumnado no está tranquilo, no podemos descansar, y siempre debe haber algún profesor despierto por lo que pueda ocurrir”, denuncia.

Según explica, en una sola jornada pueden llegar a realizar hasta 15 horas extra sin compensación económica. “Lo hacemos por vocación, pero no recibimos nada a cambio pese a dormir varias noches fuera de casa y asumir muchas horas extra”.

Otro de los problemas asociados a estas excursiones que señalan los docentes es la responsabilidad sanitaria que asumen durante estos viajes. “No tenemos formación médica y, aun así, somos responsables de administrar medicación”, subraya. En su centro hay estudiantes con tratamientos de salud mental complejos y otros que necesitan inyecciones de adrenalina. En otros países, destaca, este tipo de salidas suele contar con personal de enfermería. Además, estos viajes incluyen habitualmente realizar deportes de aventura, una carga añadida que responsabilidad que el profesorado también cuestiona. 

Cebrián sabe que quienes salen perjudicados con esta decisión son los alumnos. Por ello, el objetivo final es “no tener que aplicar la medida” el curso que viene y alcanzar un acuerdo con la Generalitat. Preguntados por ello, en Educación se remiten a las mesas sectoriales que celebran estos días con los sindicatos.