En el debate público andaluz y español se ha instalado una premisa inquietante: la idea de que las nuevas generaciones están abrazando en bloque la extrema derecha. Sin embargo, los datos exigen enfriar el diagnóstico. La evidencia empírica demuestra que no estamos ante una hegemonía radical, sino ante un fenómeno más complejo: una polarización generacional creciente y un aumento significativo de la influencia de estos discursos en segmentos específicos, particularmente entre los varones.

No obstante, minimizar el problema sería un error de cálculo. Aunque no exista una adhesión mayoritaria, las encuestas en España arrojan un dato que debería encender las alarmas en cualquier democracia: cerca de una cuarta parte de los jóvenes declara preferir una dictadura al sistema democrático en determinadas circunstancias. Este indicador no revela necesariamente una convicción ideológica firme, sino una profunda vulnerabilidad ante los relatos autoritarios. Para entender este deslizamiento, es necesario diseccionar las causas estructurales que operan en nuestro entorno y, sobre todo, el papel que está jugando —o dejando de jugar— nuestro sistema educativo.

El caldo de cultivo: precariedad, género y algoritmos

El atractivo de la extrema derecha no es un fenómeno meteorológico; es el síntoma de una triple crisis que golpea con especial dureza en regiones con tejidos económicos frágiles como el nuestro.

En primer lugar, opera un elemento material clave. La juventud se enfrenta a un horizonte vital marcado por la precariedad laboral, la sobrecualificación y unos salarios que convierten el acceso a la vivienda en una quimera. Esta realidad genera una sensación de “horizonte cerrado” y humillación social. En este contexto, los discursos que prometen orden, mano dura y protección identitaria frente a “los de fuera” encuentran un terreno fértil, presentándose no como amenazas a la libertad, sino como remedios rápidos a la angustia vital.

En segundo lugar, la brecha de género es el gran vector de esta radicalización. Los datos europeos sitúan el apoyo a la extrema derecha en torno al 21% entre los hombres jóvenes, frente a un 14% de las mujeres. Existe una reacción antifeminista palpable: narrativas que presentan la igualdad de género como un ataque a la “normalidad” y que capitalizan malestares masculinos que no han sido abordados desde una perspectiva igualitaria.

Finalmente, el campo de batalla es el ecosistema digital. Plataformas como TikTok o Instagram se han convertido en los principales espacios de socialización política. Allí, actores de extrema derecha despliegan estrategias sofisticadas, utilizando el humor, la estética aspiracional y la pseudoautoayuda para permear en el imaginario juvenil. Sin una alfabetización mediática crítica, los mensajes de odio o conspirativos se normalizan con pasmosa facilidad.

La Escuela ante el espejo: de la inacción a la responsabilidad

Frente a este escenario, es común escuchar voces que acusan a la escuela pública de adoctrinamiento. Sin embargo, la investigación educativa sugiere que el problema no es el exceso de política en las aulas, sino su ausencia. Podría hablarse más de inacción y timidez que de manipulación.

El sistema educativo, también en Andalucía, ha tendido a evitar el abordaje frontal de los conflictos políticos actuales y del pasado traumático reciente. El tratamiento escolar del franquismo y las experiencias autoritarias suele ser tardío y a menudo superficial, lo que ha generado un déficit de cultura histórica. Esta carencia facilita que una parte de los adolescentes relativice la dictadura o simpatice con figuras autócratas por simple desconocimiento de sus implicaciones reales.

Ese vacío que deja la educación formal al no querer “politizar” la enseñanza lo ocupan inmediatamente otros agentes: los algoritmos de recomendación y los creadores de contenido extremista, que asumen la iniciativa formativa sobre qué significa vivir en sociedad.

Hacia una pedagogía de la resistencia democrática

Si aspiramos a revertir esta tendencia, la solución no pasa por incrementar las horas de instrucción memorística sobre las instituciones, cuyo impacto ha demostrado ser limitado. La investigación internacional señala el camino hacia una educación ciudadana más robusta y vivencial.

En conclusión, una educación ciudadana conectada con la realidad material y digital de los jóvenes no garantiza por sí sola la inmunidad ante la extrema derecha, pero es la herramienta más potente que tenemos para reducir la vulnerabilidad ante las soluciones autoritarias. Si la escuela no ofrece respuestas complejas a los problemas difíciles de nuestro tiempo, otros seguirán ofreciendo respuestas simples, falsas y peligrosas.

Se han comenzado a celebrar los actos presenciales de los tres juicios en los que, actualmente, están imputados los gerentes del SAS que dirigieron esta entidad durante y tras la epidemia de Covid 19, Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Como es sabido, durante los momentos más graves de dicha epidemia, surgida en 2020, existió una Ley de emergencia que amparaba prácticas como la contratación a dedo, debido a la necesaria rapidez en atajar la severidad de la situación.

No obstante, esta Ley caducó cuando la situación mejoró y, de hecho, la Junta de Andalucía recibió una nota expresa de Hacienda el 18 de junio de 2021 para que se dejara de usar este procedimiento. A pesar de ello, la Junta lo siguió utilizando durante casi tres años más, lo que propició una decena de informes de los Interventores del SAS que destaparon, a posteriori, que los contratos que se estaban realizando no tenían cobertura legal.

En marzo de 2023, la OMS declaró el final de la pandemia Covid 19. Por esas fechas, la prensa denunció las prácticas de contrataciones troceadas y a dedo del SAS con clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó poco después para contrataciones nuevas, aunque adendas de contratos previos extendieron esos pagos hasta mediados de 2024. En base a estos hechos se interpusieron los procesos judiciales mencionados arriba. Aunque un juzgado ha archivado uno de estos procesos, otros han sido potenciados y siguen su curso en el momento actual.

Las razones aportadas en el juzgado y en la prensa por los responsables de la Junta para justificar la prolongada duración de las prácticas de contratación fuera de cobertura legal han sido la existencia de un “problema extremo de salud pública” o “una presión asistencial inédita”. También se ha aducido que la casi exclusiva atención a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías por parte del SAS, lo que daba lugar a un acúmulo de trabajo que había que afrontar. Y la pregunta es, ¿son estas las razones reales para que se mantuviera esta irregularidad durante un periodo tan prolongado de tiempo? Nosotros creemos que no, como se va a razonar a continuación.

No cabe duda de que la epidemia de Covid 19 fue un problema de salud pública con un importante impacto sanitario que llevó a medidas de aislamiento de la población y sometió a los Sistemas Sanitarios Públicos a un esfuerzo de gran magnitud. Esto fue así durante 2020 y 2021. No obstante, la situación fue controlándose paulatinamente a partir de esa fecha gracias a las medidas tomadas: contratación de veinte mil profesionales sanitarios adicionales y vacunación anti-Covid creciente de la población.

Así, el 1 de marzo de 2022, 38 millones de españoles mayores de 12 años habían recibido la vacunación anti-Covid completa y 2 millones de menores de esa edad estaban camino de alcanzar dicho nivel de vacunación. Por esas fechas el número de personas con Covid que fallecieron o requirieron hospitalización o ingreso en UCI en España y Andalucía se había reducido de forma drástica, alcanzando niveles parecidos a los de las gripes invernales. Es decir, en España, y en Andalucía, la alarma se había reducido claramente, a pesar de lo cual, en Andalucía, las contrataciones irregulares continuaron durante varios años más.

Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas

Pero hay, además, otros datos que cuestionan las explicaciones dadas por los responsables de la Junta: la existencia de una profunda preocupación por la situación asistencial. El análisis de la gestión que hizo la Junta del personal sanitario en ese periodo muestra que, en noviembre de 2021, presuntamente según la Junta, en plena situación de alarma asistencial, se despide a 8000 trabajadores sanitarios; y, a partir de ahí, se somete a los 12000 contratos Covid restantes a una situación continua de incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 de ellos en los años siguientes, según fuentes sindicales.

Esto ocurre cuando, a lo largo de este periodo (desde 2020 hasta la actualidad), y a pesar de las contrataciones extras habidas al comienzo del Covid, Andalucía es la comunidad autónoma que presenta las tasas más bajas de profesionales de medicina y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes de España (datos del Ministerio de Sanidad recogidos por los informes anuales de la FADSP). Parece que los responsables del SAS, en medio de una alarma asistencial “inédita”, supuestamente persistente hasta 2024, no veían ningún problema en mantener cifras mínimas de profesionales sanitarios, en comparación con todas las demás comunidades autónomas; pero, sin embargo, sí seguían viendo “peligros” en suspender los contratos irregulares con las clínicas y otras empresas privadas.

El bajo número de personal sanitario y de recursos no debió parecer alarmante ni digno de ser corregido al gobierno de Moreno Bonilla, puesto que aún hoy persiste este déficit. En este sentido, es interesante destacar aquí como, a finales de 2021, la prensa recoge el éxodo de 600 profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una sangría que ha continuado después.

Por lo tanto, la presunta alarma asistencial “inédita” que, como se ha visto, ya no era tanta en 2021, un hecho, además, constatado y demostrado por la política de personal sanitario de la Junta, no era la razón de prolongar las prácticas de contratación irregular durante tres años más. ¿Cuál fue entonces la causa real?

Nosotros pensamos que, muy probablemente, la decisión de continuar con la práctica de contratación irregular con las clínicas y otras empresas privadas se relaciona con la ideología que dirige la política sanitaria desarrollada por el actual gobierno de la derecha desde su llegada. Esta puede definirse en dos puntos.

En primer lugar, producir un deterioro continuo de la Sanidad Pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión paulatina, lo que determina que, al presente, el número de personas en listas de espera inaceptables ronde los dos millones. Simultáneamente, un incesante aumento de la derivación de fondos públicos no solo a las clínicas privadas, sino también a otros sectores privados como por ejemplo la de productos de farmacia, un sector que recibe unos fondos muy aumentados, debido a la reducción de las medidas de abaratamiento y control del gasto (suspensión de las subastas, bajo uso de genéricos y biosimilares, escaso empleo del decreto 512/2015 que permite abaratar la farmacia de los centros socio-sanitarios).

Con este horizonte, las compañías de seguros sanitarios privados prosperan sin cesar, favorecidas no solo por el deterioro de la Sanidad Pública sino, además, por medidas ventajosas emanadas de la Junta, como el pago del “complemento de exclusividad” a todos los médicos del SAS y no solo a los que trabajan exclusivamente en la Sanidad Pública o la eliminación de la incompatibilidad público/privada de los cargos intermedios, medidas curiosamente activas durante toda la pandemia y hasta la actualidad.

En definitiva, lo que el Gobierno de Moreno Bonilla viene intentando desde el principio es cambiar nuestro concepto de salud: hasta ahora la salud era un derecho igual para todos, gracias a una Sanidad Pública potente y bien dotada, financiada con nuestros impuestos; ahora, este gobierno quiere cambiar ese concepto por el de la salud es un negocio, donde cada ciudadano puede elegir, según su riqueza, el nivel de salud que quiere tener, comprándolo en el sector privado.

En este contexto ideológico, es muy posible que la epidemia de Covid 19 fuera vista por el gobierno actual como una oportunidad para cumplir su intención de apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo (sin control) a las clínicas privadas y a otros sectores privados, tratando de encubrirlo amparándose en la severidad y supuesta persistencia de la pandemia, incluso fuera del marco temporal de la misma. Piénsese que, a finales de 2022, ya se planteó la privatización de la Atención Primaria y el uso de los centros públicos por las empresas privadas (Orden del 25 de febrero de 2023), dos medidas que la oposición de la calle no permitió.

Creemos que estos datos y razonamientos deberían ser considerados en los juicios mencionados al principio.

José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)

Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)

Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).

Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)

Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.

En los primeros 80 muchos partidos españoles de izquierda vieron inicialmente la construcción europea como un proyecto capitalista, tecnocrático y de élites, alejado de los intereses de la población. La integración europea era percibida como un proceso impulsado por sectores socioeconómicamente altos en su beneficio. En décadas posteriores, estas fuerzas evolucionaron hacia un europeísmo crítico, defendiendo la integración, pero denunciando su orientación neoliberal y reclamando un giro social profundo.

En estos momentos, con los nuevos retos a nivel mundial, estamos convencidos que necesitamos que la Unión Europea se fortalezca y se convierta en una entidad autónoma para tomar decisiones con las que poder enfrentarse a las grandes tecnológicas americanas, al empuje de China, para mantener y defender la democracia, para imponer una redistribución más justa de los beneficios de la ultima revolución tecnológica, etc. Necesitamos, en primer lugar, que Europa se constituya como un bloque y en segundo orientarla en beneficio de la mayoría. ¿Pero que queremos decir con autonomía de Europa? Veamos, no exhaustivamente, algunos elementos necesarios para su fortalecimiento y autonomía.

El Informe Draghi, publicado en septiembre de 2024, es un análisis sobre cómo la UE puede recuperar competitividad frente a Estados Unidos y China. El informe diagnostica una Europa con crecimiento lento, baja productividad, energía cara, fragmentación regulatoria y fuertes dependencias externas, y propone un plan de transformación de gran escala. Mario Draghi advierte que, sin acción rápida y coordinada, la UE afrontará una “lenta agonía”, perdiendo autonomía, bienestar y peso global. El continente necesita un salto conjunto en inversión, integración y ambición estratégica para asegurar su competitividad futura.

Europa necesita cerrar la brecha de innovación frente a EE. UU. Para ello, según el informe, Europa necesita invertir masivamente: entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para digitalización, transición verde, defensa y tecnologías clave. Y esto debería afrontarse mediante deuda común europea para financiar grandes proyectos estratégicos, los llamados eurobonos.

Los eurobonos son títulos de deuda a largo plazo emitidos por la Comisión Europea o el Banco Central Europeo (BCE). Es la deuda conjunta de la UE. Nunca llegaron y muchos piensan que nunca vendrán, aunque la gente los sigue esperando. Sin embargo, el momento es especialmente oportuno para lanzar los eurobonos, ahora que Europa necesita un potente instrumento de deuda soberana. Las condiciones son oportunas para impulsar estos activos seguros, pero la palabra sigue siendo tabú en Alemania.

¿Y que hacer con las grandes tecnológicas fundamentalmente americanas? Los oligarcas de Silicon Valley están manipulando nuestra atención y abriendo paso en sus redes al autoritarismo populista de Trump y de la ultraderecha europea. ¿Qué se puede hacer desde el progresismo para frenar esta dictadura tecnológica y superar la dependencia de Estados Unidos? La primera idea pasa por regular las redes a nivel europeo para que no influyan de forma indebida en nuestras democracias. La segunda establecer, como ha sido sugerido, responsabilidad legal de los directivos de las plataformas por la publicación de contenidos. La tercera regular los desarrollos y la aplicación de la Inteligencia Artificial. Estas ideas han provocado la respuesta airada de Elon Musk, pero son claves para orientar el desarrollo de esta revolución tecnológica.

Son necesarias reformas fiscales en Europa para obligar a las empresas, y en particular a las grandes tecnológicas americanas, a pagar impuestos en los países en los que ofrecen servicios y no solo en aquellos donde tienen sede. Este tipo de planteamientos solo es posible en unidades políticas del tamaño de Europa.

También hace falta unidades políticas de tamaño europeo para imponer un impuesto mínimo a todas las empresas. La OCDE ha impulsado el Impuesto Mínimo Global (IC). Esta medida fue acordada en 2021 y tiene como objetivo garantizar que los grandes grupos multinacionales tributen un tipo mínimo del 15% en todos los países en los que operan. Este sistema, se busca que las multinacionales paguen impuestos justos, independientemente de las reglas fiscales de cada jurisdicción, eliminando prácticas de optimización fiscal agresiva. La Unión Europea limitó su aplicación a multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros y Estados Unidos a aquellas con más de 1.000 millones de dólares durante tres años consecutivos. En enero de 2025, en Estados Unidos, tras asumir su segundo mandato el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que declaraba que su país se retiraría y no seguiría aplicando las disposiciones del acuerdo fiscal mundial. Estas decisiones del gobierno de EE. UU. hacen más necesaria la autonomía de Europa.

En el aspecto energético Europa es claramente dependiente, no es autónoma. Europa tiene una baja producción de petróleo y gas, debido al agotamiento de yacimientos, y las políticas climáticas adoptadas. Esto genera alta dependencia externa, crisis de precios. Por una parte, Europa paga un precio muy alto por las sanciones contra Rusia, al sustituir gas procedente de gasoductos rusos por Gas Natural Licuado estadounidense mucho más caro. El problema no es solo comprar gas más caro, es que hace a los europeos más dependientes de EE. UU. que últimamente está demostrando que no es un socio del que fiarse. En segundo lugar, estamos convencidos de que las energías renovables son un elemento clave para abordar soluciones al cambio climático cuyas consecuencias ya estamos viendo. A medio plazo la autonomía energética europea se puede conseguir con un fuerte desarrollo de las energías renovables. Esto implica una mayor integración energética y un fortalecimiento de las redes eléctricas europeas.

Hoy muchos piensan que Europa está seriamente amenazada. Vemos que en geopolítica se ha impuesto la ley del más fuerte, Europa está seriamente amenazada por la doctrina Trump: América para los americanos, y eso incluye a Groenlandia. El trumpismo nos ve como un adversario. Y el compromiso de Estados Unidos en la OTAN se desvanece, pero somos completamente dependientes de ellos en sus decisiones y en la compra de material militar. Los problemas de seguridad europeos los tenemos que resolver los europeos. Esto implica que necesitamos integrar las fuerzas armadas europeas en una única fuerza con la capacidad de disuasión adecuada y separar los intereses europeos de los americanos. Eso implica fabricar en Europa el material militar necesario y no tener que comprárselo a EE. UU. Eso significa sacar a Europa de la OTAN o sacar a EE. UU. Europa no puede estar en una alianza que nos hace completamente dependientes de un socio no fiable.

El sistema financiero europeo debe ser autónomo. Desde hace meses, Guillou está sancionado por Estados Unidos por su labor como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) al investigar la actuación de Israel en Palestina. Al presidente estadounidense Donald Trump no le gustó que un juez hiciera sus pesquisas sobre un Estado aliado y le sancionó económicamente. Desde entonces, las empresas estadounidenses rechazan sus operaciones de pago. No puede tener una tarjeta de crédito, ni pagar con el móvil, ni comprar ese billete de tren. Las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos son solo de Visa y Mastercard. Si Trump considera oportuno sancionar a una persona o empresa cualquier empresa, o persona estadounidense o filial puede estar obligada a aplicar las sanciones y bloquear inmediatamente las transacciones asociadas porque, si no lo hacen, se enfrentan a procesos penales en Estados Unidos. Once juristas del Tribunal Penal Internacional y Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos están en la misma situación.

Desde el punto de vista de la gobernanza Europa necesita un mecanismo más eficaz de toma decisiones. La Comisión Europea debe tener mas competencias y las decisiones deben tomarse por mayoría simple. La unanimidad actual es un mecanismo que impide tomar decisiones.

Las universidades europeas están razonablemente bien integradas, pero hace falta un Plan Europeo de Investigación que focalice las capacidades universitarias europeas hacia la consecución de la tecnología necesaria para rebajar la brecha con EE. UU. y China.

Claramente queremos que Europa profundice su democracia y su estado del Bienestar.

Muchos más aspectos hay que analizar para definir lo que entendemos por autonomía de Europa, pero los esbozados arriaba nos pueden dar una idea.

En muchos aspectos Europa no va siguiendo la senda sugerida. Alemania impone sin oposición en Bruselas el ‘diktat’ de la simplificación normativa, tan equivocado como la austeridad de hace 15 años. Esto significa desregular y rebajar las pretensiones del Estado del Bienestar alemán. Las llamadas fuerzas de ultraderecha claman por un mayor nacionalismo, abandonar Europa y someterla a los dictados de EE. UU.

El camino trazado no es fácil, pero es un objetivo que orienta el camino de las fuerzas progresistas. Urge la creación de una fuerza política de tamaño europeo que compita electoralmente por estos objetivos y pueda llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas convencidas de la necesidad de Europa. Quizás la mejor manera sería comenzar este camino con un núcleo reducido de países fuertemente convencidos de la necesidad de Europa.

En mi recorrido por el sistema andaluz de salud mental he recibido múltiples diagnósticos, desde crisis adolescente hasta el famoso Trastorno Límite de Personalidad. Todos ellos sin plantear siquiera la posibilidad de que estuviera dentro del foco de la neurodivergencia. ¿Por qué cuesta tanto creer en la posibilidad de que una chica entre dentro de ese marco? Y sí, me refiero al género femenino a propósito por la poca prevalencia que el espectro autista tiene notificado oficialmente en mujeres. Esto refleja un problema enraizado: el sesgo de género, que se practica también en nuestras consultas psicológicas y psiquiátricas. Una brecha más para la mujer.

En cuanto a mi historia personal, mi contacto con una Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC) comenzó en el 2014 y desde entonces he tenido que guiar mi viaje por mi mente a mis respectivos terapeutas. Parecía que ninguno comprendía lo que pasaba por mi cabeza, por qué tenía esas crisis o la razón de mis conductas y comportamientos.

Y es que no hay una soledad más oscura que sentir que nadie te comprende, de hecho, ni siquiera los que se suponen que son los profesionales que te acompañarán en tu viaje a la recuperación. Pero ahora he comprendido que la recuperación no es eso que ellos plantean. Un dibujo capacitista del futuro, un futuro neurotípico en el que trabajas sin problema, haces tu día a día como todo el mundo espera, mantienes relaciones sociales frecuentes, en resumen, hacer frente a la vida como todo el mundo comprende. 

Una demanda de entrar al mundo laboral, ¿no es así? En resumen, esa es la finalidad de la curación de un problema de salud. Todo está enfocado a ello.

Pero, ¿cuál es mi realidad? Tengo que hacer frente a una evaluación y diagnóstico por la privada legitimado por la pública de (el centro más barato pero de renombre) TEA en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral por 350 euros viviendo con una pensión por mi acreditado 65% de discapacidad al cual no puedo hacer frente

Entonces algo en tu cabeza estalla y no puedes soportar más esas exigencias. Te permites (solo algunos o algunas de nosotras) parar y te estabilizas. Al fin te encuentras a ti misma. Encuentras paz, te analizas. Y empiezas a leer. En mi caso, me interesa muchísimo analizarme así que leo mucha psicología (entre otras disciplinas) y me doy de bruces con el espectro autista.

Lo dejo apartado por un tiempo, pero necesito retomarlo meses después. Empiezo a hacer tests de autismo ¿y lo que más me preocupa? El propio sesgo de confirmación. Por eso contrasto información de mi infancia con mi madre, con personas de mi alrededor… no confío en mi propio criterio.

Acudo al SAS a cita rutinaria, le planteo mis dudas. Me indican lo siguiente: “Aquí no te podemos evaluar de autismo, las pruebas son muy caras”. Son palabras textuales de la psicóloga de la Seguridad Social. Es decir, mantenerme con ocho psicofármacos distintos sí, evaluarme no. Minipunto para las farmacéuticas. Volvéis a ganar.

La realidad es que necesito una revisión de diagnóstico urgente, conocer la realidad, mi mapa mental, que me aborden desde la objetiva clínica existente. 

Pero, ¿cuál es mi realidad? Tengo que hacer frente a una evaluación y diagnóstico por la privada legitimado por la pública de (el centro más barato pero de renombre) TEA en el Instituto Andaluz de Salud Cerebral por 350 euros viviendo con una pensión por mi acreditado 65% de discapacidad al cual no puedo hacer frente.

De modo que tenía dos opciones: quedarme de brazos cruzados y que la Seguridad Social me tratase como le diese la gana o hacer justicia y montar un crowdfunding que es justamente lo que he hecho.

Mi duda existencial ahora es cómo nombrar a esto, ¿simplemente injusticia o propiamente negligencia?

El 26 de febrero de 2026 el Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó con los votos del PP una moción “urgente” de Vox contra el proyecto de regularización de inmigrantes del Gobierno. El Ayuntamiento no presentó sin embargo ninguna alegación en el procedimiento de información pública de ese proyecto, el cauce normal de expresión de una administración, como sí hicieron más de 300 personas y entidades.

La moción aprobada por el PP no se detiene en el rechazo a la propuesta de regularización sino que incluye muchas otras medidas, en un apretado circo de confusión y contradicciones: repatriaciones, retiradas de nacionalidad, deportaciones –en especial de los “menores no acompañados con sus padres” (sic)-, adecuación de los inmigrantes a nuestras “cultura y costumbres”, eliminación de subvenciones a organizaciones, retirada de la figura del arraigo…

Una decisión poco comprensible

No es una sorpresa el rechazo frontal a la regularización mantenido por Vox. Pero sí lo es que ese proyecto, impulsado por amplios sectores sociales y por la misma Iglesia Católica, sea rechazado por el PP. Y, más aún, que lo haga mediante la aprobación de un documento de mentiras, insidia, ignorancia, incoherencia y odio, que además cuestiona y critica las iniciativas de “regularización” anteriores, algunas de las cuales fueron llevadas a cabo en su momento por el propio PP.

¿Qué ha llevado a que 17 concejales del PP aprueben esa moción, manchando así la trayectoria de buen hacer y de respeto de un alcalde como el que tiene Málaga? Porque el actual alcalde malagueño no se merece ese trato.

Mentiras

El documento es una pura mentira de principio al fin, además de estar plagado de inexactitudes jurídicas. Ni lo que quieren anular se llama como dicen que se llama (¿Qué es eso de la “regularización masiva…que llegará a afectar a tres millones y medio de inmigrantes”?), ni los “ilegales” a los que se refiere constantemente son ilegales sino irregulares (algo muy distinto, ya que en su gran mayoría entraron en España por aeropuertos y carreteras, con sus papeles para el caso), ni las cifras que cita son reales, ni los supuestos argumentos sobre los que sostienen su petición tienen el menor viso de verdad, ni los impactos que enumeran son ciertos.... El texto es una mera copia de tantos otros del mismo tono que circulan por las ciudades europeas desde ese interés de los populismos por centrar su mensaje de odio en la inmigración, ya que creen que el miedo resultante les proporciona votos.

Que este miedo, las mentiras con que se construyen y sustentan, y las inconstitucionales propuestas que contiene hayan calado en las ilustres cabezas de los concejales de dos grupos políticos de una capital tan liberal como Málaga, sólo puede hablar de la profundidad con que esas tonterías penetran en cabezas supuestamente “preparadas”, salvo que se pueda objetar, y no sé entonces qué sería peor, que esos ilustres munícipes no se hubieran leído los documentos que aprobaron.

La moción aprobada por el PP es un texto despreciable, ajeno por entero a los valores al uso en Andalucía, sean católicos, liberales, socialdemócratas o de izquierdas. Una moción que nunca debió prosperar y que se ha colado en la trayectoria honorable de una ciudad y de un alcalde que se ha esforzado hasta ahora por su mejor futuro

Ponerse a responder punto por punto cada una de esas mentiras es una mera pérdida de tiempo; en cualquier caso ya lo han hecho personas e instituciones en muchos países y ahí quedan sus argumentos, de fácil consulta en el reciente informe del Consejo Económico y Social de España sobre la inmigración, presentado por la Junta de Andalucía hace pocas semanas en Sevilla. Dar razones contra los mentirosos (a sabiendas de que lo son) es tan estéril como hubiera sido ponerse a rechazar a base de argumentos los incendiarios y provocadores mensajes antijudíos de los Protocolos de los Sabios de Sión, o tantas otras construcciones mentirosas sobre los inmigrantes -andaluces, extremeños, gallegos, murcianos, cántabros…- en algunas capitales españolas, en otras épocas.

Unas tristes “perlas”

De las tonterías de la moción sólo quería resaltar aquí por, para mí, su especial relieve, dos de ellas.

En primer lugar, los munícipes malagueños suscribientes de la moción, en su mayoría del PP, ciudadanos españoles, piden que se revise (“se audite” dice) todas las concesiones de nacionalidad a otros ciudadanos españoles, como si los propietarios de la “ciudadanía” fueran ellos. Acaso creen que hay ciudadanos de primera, de segunda e incluso de tercera, como en los antiguos trenes. Esa apropiación de la ciudadanía por quienes están en el poder en un momento dado tiene una larga historia -díganselo si no a los alemanes que vieron anulada su nacionalidad por tener alguna sangre judía-. Los escenarios que pueden seguir a la aceptación de ese principio son tan horribles que mejor no mencionarlos. Además, ¿es que los munícipes, entre los que se encuentran además un buen número de licenciados o graduados en derecho y en otras materias próximas a las relaciones laborales y al trabajo social, ponen en dudan la honorabilidad del trabajo de los miles de funcionarios que se ocuparon de la tramitación de los cientos de miles de expedientes de nacionalidad resueltos en lo que va de siglo?

En segundo lugar, es llamativo que ese mensaje contra la regularización, que contiene además muchas otras medidas contra los españoles no nacidos en España, se haga desde una ciudad que vive de los extranjeros, como vecinos, como visitantes, y como trabajadores, y que se ha esforzado y gloriado por atraer trabajadores extranjeros a sus espacios tecnológicos para mejorar su competitividad. Esta moción se hace, además, en un municipio donde la inmigración tiene un peso inmigratorio moderado, por debajo del medio en Andalucía. Es un signo más de que ese tipo de mensajes sólo persiguen el incendio, y le da igual su desajuste completo al contexto en el que se vierte.

Queda además la duda sobre si la propuesta contra los extranjeros (porque es a ese colectivo a quien constantemente se refieren de manera tácita), incluye a todos, o solo a los extranjeros “pobres”. Quizás debieran aclararlo ya que es difícil creer en la salud mental de quienes en la costa malagueña tirasen piedras contra los inmigrantes ricos.

Una pena

En definitiva la moción aprobada por el PP es un texto despreciable, ajeno por entero a los valores al uso en Andalucía, sean católicos, liberales, socialdemócratas o de izquierdas. Una moción que nunca debió prosperar y que se ha colado en la trayectoria honorable de una ciudad y de un alcalde que se ha esforzado hasta ahora por su mejor futuro.

Con motivo del 8M la radio televisión española programó una serie de películas de índole feminista. Una de ellas era “On the basis of sex”, película norteamericana de 2018 que en español se tradujo como “Una cuestión de género”, basada en hechos reales. Concretamente relata la batalla judicial de la abogada, y después jueza del Tribunal Supremo estadounidense, Ruth Bader Ginsburg contra la Administración Tributaria de EEUU por una causa de discriminación por razón de género, esta vez, de un hombre.

Los hechos se remontan a 1970, cuando el Tribunal Fiscal deniega a Charles Moritz una deducción en su impuesto sobre la renta, como cuidador de su madre, porque dicho beneficio fiscal solo estaba previsto en la ley en caso de ser mujer. El Código tributario presumía tácitamente que el cuidado de padres y madres recaía en las hijas, nunca en los hijos, y por este peregrino motivo denegaba la deducción al hijo Moritz.

La abogada Ruth B. Ginsburg pretendía desmontar con este pleito la descomunal estructura de discriminación legal basada en el sexo, que perjudicaba a la mujer de manera general, y a este hombre en particular. Su objetivo era que se reconociera que dicha discriminación vulneraba el Principio de Igualdad, lo que supondría un precedente extraordinario para que las mujeres pudieran usarlo en su favor. Partía de la triste premisa de que las leyes discriminatorias eran constitucionales.

El argumento de la fiscalía se basaba en la tradición conforme al orden natural de las cosas. Se amparaba en la tradición jurisprudencial de más de cien años, en la que reiteradamente se venía confirmando las diferencias entre sexos, acusando a la abogada de querer producir un cambio social radical.

Al hilo de este cambio social radical, temido por la parte más conservadora del país, la letrada Ginsburg basa su alegato en los múltiples cambios ya producidos, poniendo de manifiesto que los jueces (en ese caso eran todos hombres) “se empeñan en conservar la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe”.

El 22 de noviembre de 1972 la Corte de Apelaciones falla a favor del Sr. Moritz declarando inconstitucional la discriminación por razón de sexo.

¿Nos podemos permitir vivir en el pasado? ¿puede la justicia existir al margen de la realidad? ¿cómo se sostiene una profesión que permite que la mitad de sus colegiadas estén invisibilizadas? ¿por qué nos obligan a tener que luchar para que nuestros derechos sean una realidad? Si Ruth B. Ginsburg levantara la cabeza…

Toda esta batalla judicial me llevó triste e inevitablemente a la que mantenemos las abogadas que luchamos por nuestro derecho a ser nombradas. Las que desde hace diez años, los cuatro últimos ante los Juzgados, pedimos que el colegio profesional donde desarrollamos nuestro oficio se denomine Colegio de la Abogacía de Sevilla, en vez de Colegio de Abogados.

A medida que avanzaba la película me sentía peor, un regusto amargo lo impregnaba todo. Estamos en el siglo XXI, los hechos relatados se desarrollaron entre 1968 y 1972, y nosotras en 2026 estamos luchando por que el principio de igualdad y no discriminación no sea pisoteado. Dos juezas en sucesivas sentencias han obviado la legislación vigente en materia de igualdad para poner por encima la cultura, las tradiciones y la moralidad de un país que ya no existe.

La lucha judicial no ha dicho su última palabra pero no puedo evitar recordar que el antiguo decano animó a sus cercanos a que votaran para que el colegio se siguiera llamando como en 1.706, imponiendo la tradición para mantener el orden natural de las cosas.

Qué pena me da sentir que estoy haciendo un viaje en el tiempo, que vengo del pasado para seguir luchando por un derecho reconocido pero que el poder judicial se resiste a aplicar, dictando resoluciones para un mundo que ya no existe. Una lucha anacrónica que nos debería hacer reflexionar, por justicia y por vergüenza, y hacernos las siguientes preguntas: ¿nos podemos permitir vivir en el pasado? ¿puede la justicia existir al margen de la realidad? ¿cómo se sostiene una profesión que permite que la mitad de sus colegiadas estén invisibilizadas? ¿por qué nos obligan a tener que luchar para que nuestros derechos sean una realidad? Si Ruth B. Ginsburg levantara la cabeza…

Para terminar cojo prestadas las palabras de mi colega en la película “Señores jueces no les pedimos que cambien el país, eso ya ocurrió sin su permiso, les pedimos que protejan el derecho del país a cambiar”. Así sea.

La autonomía de las universidades andaluzas está hoy, más que nunca, en el centro del tablero político y jurídico. Si te interesa el futuro de la educación superior, hay un pulso legal del que tienes que estar al tanto: el choque entre la ley estatal y la nueva normativa autonómica.

Por un lado, tenemos la LOSU (la gran ley estatal), que dibuja un marco de bastante libertad para que las universidades se organicen, contraten a su gente y gestionen su dinero. Por otro lado, acaba de aterrizar la nueva Ley de Universidades de Andalucía (LUPA). Aunque esta última mantiene el discurso de la autonomía, en la práctica introduce una batería de filtros y tutelas de la Junta de Andalucía que estrechan bastante el margen de maniobra de las instituciones públicas.

Veamos con lupa dónde están las fricciones.

De la teoría a la práctica: ¿quién manda en casa?

El punto de partida de nuestra autonomía universitaria está en la propia Constitución, que reconoce el derecho de cada universidad a aprobar sus estatutos, organizar sus estructuras y gestionar su presupuesto. La LOSU estatal se toma esto muy en serio y lo desarrolla con bastante generosidad. La idea básica es lógica: la comunidad autónoma pone las reglas del juego y el dinero (el marco general), pero las micro-decisiones del día a día se dejan dentro de la propia universidad.

Sin embargo, cuando entra en escena la LUPA, la música cambia. La Junta vende esta nueva norma como una inyección de “estabilidad” y “más autonomía”. Y oye, sobre el papel, suena bien. Pero rectores, sindicatos y parte de la oposición coinciden en que la ley despliega mecanismos de injerencia en terrenos que deberían ser de puro autogobierno. No es que la Junta marque grandes estrategias (lo cual sería lógico), es que baja al detalle más minucioso.

Un ejemplo claro lo vemos en los órganos de gobierno:

●      La LUPA reconfigura el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria metiendo en su pleno a las universidades privadas.

●      Esto significa que decisiones súper sensibles, como el mapa de qué carreras se imparten o la creación de nuevas universidades, se toman en una mesa donde las públicas ya no tienen una mayoría clara y compiten con intereses privados.

●      Además, se crea la figura de un “interventor interno” en cada universidad para controlar la economía, añadiendo una capa más de fiscalización a las auditorías que ya existían.

El dolor de cabeza de las contrataciones

Si miramos los recursos humanos, el giro es aún más contundente. Con la ley estatal, la Junta te dice “este es tu límite de gasto”, pero es el consejo de gobierno de la universidad el que aprueba su lista de puestos de trabajo y saca las plazas. Que un departamento necesite dos titulares o un ayudante es decisión de la universidad, formando parte del “núcleo duro” de su autonomía.

La LUPA andaluza da un paso más e impone un control “micro”:

●      Ahora la Consejería de Universidades tiene que aprobar las propias relaciones de puestos de trabajo y las ofertas de empleo público. La decisión viaja del campus al despacho de la Consejería.

●      Se establece un control muy estrecho sobre la temporalidad, limitando a dos años el máximo para profesores sustitutos interinos y exigiendo supervisiones semestrales.

●      Aunque esto se presenta como una garantía contra el abuso temporal, los sindicatos avisan de que ata las manos a las universidades para reaccionar rápido ante bajas o picos de trabajo.

●      Incluso se introducen autorizaciones previas de la Junta para ciertos contratos, reservándose el “bolígrafo” para decir qué contratos se firman y bajo qué condiciones.

Presupuestos: autonomía de boquilla

Llegamos al dinero. El modelo de la LOSU es claro: cada universidad elabora y ejecuta su propio presupuesto equilibrado, decidiendo cómo reparte su dinero entre docencia, investigación o infraestructuras. La comunidad autónoma no debería estar reescribiendo esas partidas.

La LUPA mantiene la palabra “autonomía financiera”, pero en la práctica introduce obligaciones muy concretas:

●      Obliga a destinar, por ley, un 3% de los ingresos a becas y un 5% a planes de investigación. Son objetivos loables, pero fijarlos como porcentajes rígidos quita agilidad para adaptarse a los imprevistos.

●      Se exige a las universidades que capten un 25% de su financiación de fuentes externas, sin que la Junta blinde a cambio una financiación pública suficiente.

●      Esto empuja a las instituciones a una carrera permanente (y agotadora) por captar recursos competitivos o patrocinios, dificultando la planificación a largo plazo.

●      Con la llegada del nuevo interventor, la sensación generalizada en los campus es de un fuerte tutelaje financiero.

En definitiva, la nueva legislación configura un escenario donde las universidades andaluzas conservan la palabra “autonomía” escrita en la ley, pero ven recortado su poder de decisión real en tres pilares básicos: gobierno, personal y presupuesto. Frente al abanico de libertad que abría la ley estatal (LOSU), la normativa andaluza ha optado por un enfoque marcadamente intervencionista. Y en el día a día de las aulas y los despachos, eso se nota.

La Academia de la lengua española define el matonismo como “conducta de quien quiere imponer su voluntad por la amenaza o el terror”. Hoy, fuera de nuestras fronteras, el ejemplo más palmario de matonismo es la decisión del presidente de los EE.UU. de atacar a Irán, sin autorización de su Congreso, sin el aval de las Naciones Unidas, y sin consultar o comunicar previamente a sus presuntos aliados. Estamos, pues, ante un acto unilateral, contrario a la propia Constitución de los EE.UU., a la legalidad internacional, cuyos objetivos permanecen en una difusa y premeditada ambigüedad y confusión. No sabemos muy bien qué pretende Trump: ¿acabar con el régimen de los ayatolás, controlar el petróleo, evitar una amenaza nuclear inexistente, acosar al creciente dominio comercial de China? Y, sobre todo, ¿cualquiera de esos objetivos merece una guerra y poner en riesgo la vida de millones de personas?

Es el dirigente de una de las naciones más poderosas del mundo quien ha decidido ante sí y para sí que hay que bombardear y asesinar a dirigentes y población civil de un país soberano, sin ningún aval de ninguna institución democrática de su propio país ni de instancia alguna de carácter multilateral. Todo lo contrario de lo que exigen el derecho propio, el internacional, la carta de Naciones Unidas, y los tratados multilaterales de los que forma parte Estados Unidos. Estamos, así, ante un acto de arbitrariedad y de máxima violencia que, sumado a los más recientes de Gaza y Venezuela, viene a dibujar un modus operandi que se identifica nítidamente con la vieja “Ley del más fuerte”.

Resulta evidente que el régimen iraní merece la absoluta y contundente repulsa de las sociedades democráticas del mundo, especialmente por su constante violación de los derechos humanos y, de forma más cruel si cabe, de los derechos de las mujeres, como podrían merecerla Arabia Saudí o El Salvador por motivos similares. Resulta una burla, en este sentido, que quienes menos interés han demostrado en condenar la violencia machista en nuestro propio país, salgan ahora a defender la agresión bélica sobre Irán invocando precisamente ese hecho: si tanto les preocupa la violencia machista deberían demostrarlo aquí cada día. Mucho más incoherente resulta que quienes insultan a Pedro Sánchez llamándole traidor a España se sometan dócilmente ante las amenazas y baladronadas de Trump contra España y su gobierno.

A unos y otros, al PP y a la extrema derecha, habría que preguntarles si, como Trump, resolverán sus discrepancias con los adversarios políticos a golpes o a tiros si llegaran a gobernar

Hay, por otra parte, una dimensión de esta situación que me parece debe ser subrayada. Trump es un matón, sin duda, pretende imponer su voluntad por la amenaza o el terror de la guerra. Pero debemos preguntarnos si aquí, entre nosotros, en España, no estamos asumiendo como forma normal de resolver las discrepancias y las diferencias ese matonismo. Cada vez que ese tal Vito Quiles amenaza, acosa y agrede verbal o físicamente a dirigentes políticos o analistas en los pasillos del Congreso o del Senado, en la calle y en las redes, está comportándose como un matón, igual que Trump. Cada vez que Feijóo y el PP callan ante estos hechos y no los desautorizan están siendo cómplices de esos matones. Cada vez que Feijóo y el PP celebran y comparten los insultos e injurias contra sus adversarios políticos están naturalizando y haciéndose cómplices del matonismo como forma de hacer política.

Asistimos, así, a la naturalización de las formas y el fondo del matonismo en la vida pública, con el aliento mediático de medios y pseudomedios de comunicación, con amenazas de motosierras y lanzallamas, generando un clima bélico en las relaciones sociales que se retroalimenta ante la pasividad, cuando no la complicidad activa, de actuaciones policiales y judiciales francamente incomprensibles para la ciudadanía.

A unos y otros, al PP y a la extrema derecha, habría que preguntarles si, como Trump, resolverán sus discrepancias con los adversarios políticos a golpes o a tiros si llegaran a gobernar. A fin de cuentas, ésa es la gran cuestión que debe de plantearse la ciudadanía: ¿la derecha y la extrema derecha pretenden un país donde la discrepancia y la crítica se resuelvan con la pura represión y persecución? ¿Su modelo democrático es el del autoritarismo, el militarismo y la autocracia de Trump? Es absolutamente necesario que aclaren esta cuestión, porque ese sería el gran paso que situaría de una vez por todas a la derecha clásica española en las antípodas de los valores y principios que proclama nuestra Constitución. Usted, ciudadano de a pie, debe saber qué modelo de sociedad defiende esa derecha, y tiene derecho a despejar cualquier incertidumbre sobre la seguridad cívica y jurídica que le asiste como miembro de un estado de derecho. Matonismo o democracia: ésa es la cuestión.

Decenas de miles de mujeres se han manifestado en España este 8M. El 8 de marzo de 1908 tuvo lugar el asesinato de 129 trabajadoras en la fábrica Cotton de Nueva York, cuando realizaban una huelga reclamando 8 horas de jornada laboral e igualdad de voto. De aquella fecha viene la reivindicación que fue declarada oficialmente como el Día de la Mujer Trabajadora, por Naciones Unidas, en 1975.

Bajé a Sevilla desde Mairena del Aljarafe con Ángeles, mi compañera y esposa, y con otros amigos, y vi a decenas, cientos, miles de mujeres manifestándose, gritando eslóganes y exhibiendo pancartas en las que se reclama y se exige igualdad de derechos, respeto, y justicia contra los agresores machistas. Y también se ha gritado y coreado “¡No a la guerra!” que unos machos asesinos y descerebrados llevan a cabo en Oriente Medio para exterminar a la humanidad.

Me fijé en algunas de esas mujeres. Algunas habrán sufrido maltrato y violencia física y/o psíquica. Otras se habrán separado. La mayoría, quiero pensar, ganarán un salario digno, igual al que gana un hombre en trabajo similar, tendrán su familia, un hombre al lado, compañero, esposo, amigo con quien lleve muchos años conviviendo, criando a los hijos, quizá a los nietos, y hoy su pareja va a su lado reclamando esa igualdad que ambos vienen reclamando para dignificar sus vidas y las de sus hijas y nietas. Veo a mujeres jóvenes que viendo lo que ven en sus casas, en el instituto, en la Universidad, en el trabajo y en la sociedad, y viendo cómo partidos que representan a la derecha y ultraderecha radicalizan sus propuestas y les niegan a ellas esa igualdad y no condenan e incluso alientan el machismo y la violencia de género. Viendo eso, esas jóvenes se manifiestan con pancartas y carteles exigiendo igualdad, y condenando a esos partidos y a esos descerebrados que tratarán de hacerles la vida imposible cuando esas jóvenes se enfrenten a su primer trabajo.

Me he encontrado con muchas amigas y amigos que hacía tiempo que no veía, compañeras periodistas que siguen en activo, fotógrafas que se manifestaban y hacían su trabajo para luego publicar en redes o en algún medio convencional. Y al saludarnos y besarnos noté en sus miradas alegres y en sus palabras una grata sensación solidaria hacia los hombres que participamos junto a ellas en la misma lucha. Y he visto a una pareja amiga llevando a su pequeña en una mochila delantera y mostrando a su hijita la primera manifestación del 8M a la que acude. Y me he encontrado con viejas amigas a las que hacía muchos años que no veía. Y he sentido la solidaridad y el afecto, la amistad y esa lucha unitaria de mujeres y hombres para conseguir que las sociedades democráticas avancen en igualdad y derechos sociales, laborales y humanos.

He sentido rabia, indignación e impotencia al comprobar que un año más, y en contra de lo que piensan la mayoría de las mujeres y hombres, no se consiga la unidad de acción en el 8M, y es triste que en una misma ciudad se monten dos manifestaciones distintas con el mismo objetivo y me pregunto y pregunto a las mujeres responsables en las diferentes organizaciones vecinales, sindicales, sociales y políticas: ¿es tan difícil que os pongáis de acuerdo en lo esencial?

Y me he sentido feliz al ver que, año tras año, seguimos defendiendo esa igualdad contra viento y marea. Y me he entristecido al recordar que en lo que va de año, diez mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas y exparejas, y que en 2025 fueron 46 mujeres inocentes, las asesinadas por sus parejas o exparejas, y he maldecido a partidos como Vox y cierto sector ultra del PP que con sus mensajes y declaraciones de odio, xenófobas y misóginas, niegan la igualdad y contribuyen a qué determinados varones, jóvenes y mayores, no respeten a las mujeres e incluso traten de agredirlas y violentarlas.

Y he sentido rabia e indignación ante ese retroceso. Y también he sentido rabia, indignación e impotencia al comprobar que un año más, y en contra de lo que piensan la mayoría de las mujeres y hombres, no se consiga la unidad de acción en el 8M, y es triste que en una misma ciudad se monten dos manifestaciones distintas con el mismo objetivo y me pregunto y pregunto a las mujeres responsables en las diferentes organizaciones vecinales, sindicales, sociales y políticas: ¿es tan difícil que os pongáis de acuerdo en lo esencial? ¿Cuesta tanto convocar una manifestación única y unitaria en cada ciudad, aunque en esa 'mani' haya tramos, cada uno con sus lemas y pancartas reivindicativas?

Y pienso que igual pasa con los partidos de izquierdas, que son incapaces de unirse para crear un frente unido y combatir al fascismo que en piña trata de arrebatarnos los derechos y avances sociales conseguidos desde la transición. Y pienso en el lema: “!La unión hace la fuerza!”, y también en “!Divide y vencerás!”. Y no entiendo cómo no somos incapaces de hacer el esfuerzo por unirnos, dejando a un lado los egos y el propio ombligo, y unirnos en la lucha para conseguir la igualdad plena entre mujeres y hombres, y para frenar el fascismo que avanza pisoteando a miles de víctimas en las guerras asesinas que asolan Oriente Medio (Irán, Gaza, Cisjordania, Líbano) y Ucrania, y amenazan al resto del mundo, incluida la vieja Europa dirigida por títeres siervos de los nuevos Nerones: Netanyahu, Trump, Putin y algún otro genocida. Y grito finalmente: “¡No a la guerra, no a la discriminación, no a la violencia de género!, y ”Sí a la unidad de acción de las fuerzas democráticas para defender las libertades y derechos conseguidos“. ¡Se lo debemos a nuestros hijos y nietos, no seaos egoistas!

Las tradiciones no pueden convertirse en rutinas irreflexivas acaudaladas décadas tras décadas. Conviene adaptarlas a los nuevos tiempos sin que por ello pierdan su esencia. El devenir de la vida no es algo estático y, afortunadamente, la sociedad avanza -con todas sus limitaciones- en valores, participación e igualdad. Aunque solo sea por adaptarse a los nuevos tiempos y a las generaciones más jóvenes, que no es poco, no abandonamos la esencia por caminar coherentes al siglo XXI. No hace falta recurrir a prácticas en el pasado aplaudidas y hoy denostadas.

Es el caso de la Semana Santa y la presencia de la Marcha Real. Un hecho impostado por el franquismo en su interés por estandarizar ritos y actividades públicas, e introducir en momentos claves de la vida social la reafirmación de aquella España, tan católica como una, grande y libre. No se trataría aquí de cuestionar la presencia de su interpretación en actos procesionales. En ningún caso. Solo recordar el origen de un acto asociado a otros “ritos de victoria”: condecoraciones militares a imágenes, creación de nuevas cofradías, hermanamientos, acompañamientos… 

Lo cierto es que con la llegada de la democracia pocas hermandades ha hecho del himno andaluz una presencia normalizada en sus cortejos. Nadie negará su constitucionalidad, su complementariedad con la marcha de granaderos, estando los dos protegidos y reconocidos oficialmente. Podríamos incluso polemizar sobre la presencia de himnos civiles en ceremonias religiosas como algo impropio de un Estado aconfesional, pero tampoco es nuestro caso ahora. Afortunadamente, estamos lejos de aquellos momentos donde para la consagración se escuchaba los sones de la marcha real como certificación de una España victoriosa de una cruzada contra rojos e infieles. Algunos sectores de la Iglesia, empapados del espíritu vaticanista, avanzan más que muchos cofrades. 

Con la llegada de la democracia pocas hermandades ha hecho del himno andaluz una presencia normalizada en sus cortejos. Nadie negará su constitucionalidad

Dicho esto, es justo reconocer que, aunque aun son pocas, va calando con normalidad la interpretación del himno andaluz en actos procesionales. Entre otras, la Hermandad del Señor de la Resurrección y Sta. Mª del Triunfo en Granada, así como la Virgen de los Dolores en el Cerro del Aguila sevillano, disputan ser las primeras. Es más, el palio de la cofradía escolapia granadina -Mayor Dolor- entró en la Plaza de San Pedro en el Vaticano bajo sones andaluces, cuando fue la primera en peregrinar a Roma a propósito del Jubileo de las Cofradías en el año 2000.  

Dicho estos ejemplos, no es arriesgado que bandas y vírgenes acojan el himno andaluz entre sus marchas de acompañamiento o, bien, en entradas y salidas de sus templos. Es más, el origen religioso de su melodía lo avala. Defiendo que es un gesto hermoso y consecuente. Cabe recordar así su origen sobre la base del canto del Santo Dios, que el propio padre de la patria andaluza según el Estatuto de Autonomía, Blas Infante, cantaría según reza en el Reglamento de los Padres Escolapios, donde estuvo escolarizado interno en Archidona. El propio notario de Casares anota entre sus escritos que dicha letra trinitaria la escucha por la Cuenca del Guadalquivir, desde Cantillana en Sevilla (en honor a su Pastora aun) a Alosno en la Sierra de Huelva. Es más, en su obra Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo apunta que se trata de un himno de segadores interpretado a la salida y puesta del sol. Es decir, asociado al trabajo y la naturaleza desde el imaginario del mundo agrario y jornalero. Sus primeros párrafos rezan así: “Santo Dios/ Santo fuerte/ Santo Inmortal/ Líbranos Señor de todo mal”.

Desde sus vivencias y estudios, Infante adoptará así su melodía para el himno de su movimiento, reforzando su origen popular, siendo registrado en 1933 por la Junta Liberalista ya con nueva letra. Es estrenado oficialmente el 7 de julio de 1936 en un concierto de la Banda municipal en la sevillana plaza de San Lorenzo dirigida por José del Castillo; aunque el intento autonomista andaluz en tiempos de la II República popularizó al pasodoble Giralda, del maestro Juarranz. Durante la transición, en junio de 1977, Carlos Cano y la Coral Polifónica Heliópolis de Sevilla presentaron en Ronda en un acto del Partido Socialista de Andalucía el posterior himno oficial. En esta ocasión, bajo formato de disco acompañado en la cara B de su conocido tema 'Verde, blanca y verde'. Lo cierto es que aquel símbolo nacido del testimonio de lo que fue una primera generación de andalucistas con Infante y los suyos, fue restituido y popularizado de la mano del andalucismo de segunda generación constituido en partido y asumido por el conjunto social en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, primer Día de Andalucía. Hoy, como sabemos, ya reconocido oficialmente mediante Ley del Parlamento de Andalucía para gozo de todos y todas. 

En los últimos días, la comunidad de personas con discapacidad en España ha visto cómo se reabría una herida que creíamos cerrada. Un debate que nos golpea directamente en uno de nuestros derechos más fundamentales: el de ser escuchados en las decisiones que moldean nuestras propias vidas. La pregunta que duele y que nos negamos a ignorar: ¿por qué pretenden decidir sobre nuestras vidas en despachos donde nunca hemos sido invitados?

El detonante de esta preocupación es un nuevo criterio que pretende modificar radicalmente la forma en que se realizan las consultas a las personas con discapacidad sobre las leyes y políticas que nos afectan. La propuesta plantea un cambio que no es menor: pasar de una consulta automática y obligatoria a un modelo en el que solo se nos consulte si nosotros, o las organizaciones que nos representan, lo solicitamos expresamente.

En apariencia, algunos podrían verlo como un simple ajuste administrativo. Nada más lejos de la realidad. Porque trasladar la carga de la consulta a quienes ya enfrentamos barreras no es simplificar trámites; es construir un muro invisible que nos deja fuera antes de empezar. Este giro de 180 grados vacía de contenido el principio de participación y coloca el peso de la defensa de nuestros derechos sobre unas espaldas que ya soportan demasiadas dificultades para acceder a la información, a los canales políticos y a la justicia.

Habría que preguntar: ¿cómo vamos a solicitar ser parte de un debate si ni siquiera sabemos que está ocurriendo? ¿Cómo defender nuestros derechos si se nos exige estar en alerta permanente para no perder la oportunidad de ser escuchados en una nueva ley que, se nos consulte o no, llevará nuestra huella?

Afortunadamente, la presión de la comunidad y la fuerza de nuestros argumentos han logrado, por ahora, la suspensión temporal de este criterio. Pero este respiro no es una victoria, sino una advertencia. La discusión sigue abierta, y la preocupación de organizaciones como la nuestra no ha hecho más que intensificarse. Porque lo que está en juego no es una cuestión burocrática menor, sino el cumplimiento de un tratado internacional de derechos humanos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas es meridiana en su Artículo 4. Obliga a los Estados a garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la elaboración de políticas y leyes que nos conciernen directamente. El lema que nos ha guiado durante décadas, “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, no es un simple eslogan para lucir en pancartas. Es el espíritu de la Convención, un mandato legal y un derecho innegociable.

Ignorar este principio tiene consecuencias concretas y dolorosas, y la historia, tozuda, así lo demuestra. Durante demasiado tiempo, las leyes se hicieron “para nosotros”, pero sin nosotros. El resultado fue una sociedad llena de barreras infranqueables: edificios públicos inaccesibles, sistemas educativos que nos excluían, un mercado laboral con puertas cerradas y una atención sanitaria que no comprendía nuestras necesidades. Cada vez que se silencia nuestra voz, se corre el riesgo de repetir esos errores del pasado, creando decisiones incompletas, ineficaces y, sobre todo, profundamente injustas.

Nuestra experiencia vital, nuestro conocimiento de primera mano sobre las barreras que enfrentamos a diario, no es un complemento ni un adorno institucional. Es un saber imprescindible para construir leyes justas y efectivas. Incorporar nuestra perspectiva desde el inicio del proceso legislativo no es un acto de caridad ni una concesión generosa: es una garantía de calidad democrática.

Por todo ello, desde la Alianza por la Polio-Postpolio en Andalucía alzamos la voz para hacer un llamamiento a la reflexión. A los legisladores y autoridades, les preguntamos directamente: ¿por qué quieren decidir sobre nosotros sin nosotros? Les pedimos que recapaciten y se comprometan firmemente con los principios de la CDPD. No podemos permitir que un criterio administrativo mal concebido se convierta en un paso atrás en el camino hacia la igualdad real.

Nuestra voz no es un ruido de fondo que pueda silenciarse con un cambio de criterio: es la brújula ética que debe guiar cualquier ley que pretenda llamarse justa. Sin ella, ninguna decisión estará completa, ninguna ley será digna de ese nombre.

“Nada de nosotros sin nosotros” no es solo un principio: es el pilar sobre el que debemos construir una sociedad donde quepamos todas y todos, sin excepción. Es, en definitiva, un compromiso ineludible con la justicia y la dignidad.

Y mientras alguien, desde algún despacho, se pregunte si debe consultarnos o no, nosotros seguiremos aquí, preguntando más alto: ¿por qué quieren decidir sobre nosotros sin nosotros.

En muchos pueblos de Andalucía la escena se repite: jóvenes que hacen las maletas al terminar la enseñanza obligatoria proyectando un futuro que parece escribirse siempre lejos del lugar de origen.

La despoblación rural no es solo una cuestión demográfica; es también educativa, laboral y social. Algunos estudios subrayan la delicada situación de sostenibilidad social que padecen las áreas rurales, fruto de la salida de personas jóvenes (Camarero et al., 2009; Li et al., 2019).

¿Y si estudiar Formación Profesional contribuyera a que la juventud encontrara motivos para quedarse en el medio rural? Una investigación sociológica publicada en 2025 en Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural señala que la FP puede convertirse en un factor clave de arraigo al territorio, aunque su impacto depende del contexto territorial, el género y el origen social.

La educación, clave en las decisiones de quedarse o marcharse

Durante décadas, la salida del medio rural se ha entendido casi como un paso inevitable para progresar académica y profesionalmente. Continuar estudiando suele implicar desplazarse a ciudades medianas o grandes, y muchas veces ese desplazamiento acaba siendo definitivo.

Sin embargo, no todos los itinerarios educativos generan las mismas expectativas. Mientras que algunos empujan hacia trayectorias claramente urbanas, otros pueden favorecer una inserción laboral vinculada al territorio. Comprender estas diferencias es fundamental si se quiere diseñar políticas educativas y de desarrollo rural más eficaces.

Qué analizamos y cómo lo hicimos

Para profundizar en esta cuestión realizamos una encuesta en 2022 a 171 estudiantes de educación postobligatoria en seis municipios rurales de Andalucía. El objetivo era conocer cómo influyen los distintos itinerarios formativos en las expectativas académicas, laborales y territoriales de la juventud rural.

Nos centramos especialmente en comparar dos vías educativas clave:

Analizamos también la influencia de dimensiones de análisis como el género, el origen social y propias las condiciones territoriales en el acceso a cada itinerario y en las expectativas laborales y residenciales.

No todos los caminos educativos conducen al mismo lugar

Los resultados muestran diferencias claras. El Bachillerato sigue estando fuertemente asociado a expectativas de continuidad educativa fuera del municipio de origen y, en muchos casos, fuera del entorno rural. Para la mayoría del alumnado de Bachillerato, estudiar en la universidad se percibe como un primer paso hacia la ciudad (89,9%). Asimismo,la inserción laboral se proyecta fuera del medio rural en la mayoría de los casos (71%), aunque con cierta inclinación a permanecer en ciudades andaluzas (34,4%).

La Formación Profesional de Grado Medio, en cambio, aparece más vinculada a expectativas académicas y laborales próximas al lugar de origen y, por tanto, a una mayor probabilidad de permanencia en el medio rural. No porque quienes cursan FP “renuncien” a irse, sino porque visualizan oportunidades más concretas y accesibles en su entorno cercano. Por ejemplo, el 63,5% considera que podrá emplearse en el medio rural: el 31,1% en su municipio de residencia, el 27,0% en un pueblo cercano y el 5,4% en un pueblo más alejado. Sin embargo, el restante 36,5% del alumnado proyecta su futuro laboral en entornos urbanos: el 25,7% en una ciudad andaluza y el restante 10,8% en el otra Comunidad Autónoma.

Dicho de otro modo, mientras el Bachillerato suele abrir una puerta que conduce hacia fuera, la FP puede funcionar como un puente entre la escuela y el empleo local.

El peso del género y del origen social

El estudio también revela que el acceso a los distintos itinerarios formativos no es neutral. Persisten diferencias de género y de clase social que condicionan las trayectorias educativas desde edades tempranas. Por un lado, la FPGM se encuentra en términos generales masculinizada (25,6% más de hombres matriculados), mientras que el Bachillerato feminizado (20,4% más de mujeres matriculadas).

Por otro lado, se observa una mayor concentración de progenitores con estudios universitarios entre el alumnado de Bachillerato con respecto al de FPGM. Por ejemplo, el 35,5% de las madres de alumnado de Bachillerato dispone de titulaciones universitarias, frente al 7,9% en el caso de la FPGM. En el caso de los padres, el 20,9% disponen de estudios universitarios entre el alumnado de Bachillerato y el 5,4% entre el alumnado de FPGM.

Esto implica que algunos perfiles de estudiantes encuentran más barreras para acceder a determinadas opciones formativas, lo que refuerza desigualdades preexistentes y limita la capacidad de elección real. Estas desigualdades no solo afectan a las oportunidades individuales, sino también al futuro demográfico y económico de los territorios rurales.

¿Puede la FP frenar la despoblación?

Nuestros resultados no permiten afirmar que la Formación Profesional sea, por sí sola, la solución al problema de la despoblación rural, ya que su vinculación con el arraigo territorial se encuentra condicionado por cuestiones territoriales, de género y de clase social. Pero sí muestran que puede formar parte de la respuesta, más si cabe, en un contexto donde su apreciación social como elección formativa se está revalorizando.

Cuando la FP está bien conectada con el tejido productivo local -agricultura, agroindustria, servicios, cuidados, etc.- ofrece a la juventud una alternativa realista para desarrollar un proyecto de vida sin necesidad de abandonar su municipio. En esta conexión, desempeñan un papel clave las prácticas curriculares que se realizan en las empresas del entorno local. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que se busca revalorizar la FP y adaptarla a las necesidades del mercado laboral. En el medio rural, esa adaptación puede tener un impacto territorial directo.

Implicaciones para las políticas públicas

Si se quiere aprovechar el potencial de la Formación Profesional como herramienta contra la despoblación, no basta con ampliar la oferta de ciclos formativos. Es necesario:

La despoblación no se combate solo con infraestructuras o incentivos económicos, sino también ofreciendo trayectorias educativas que puedan traducirse en una inserción laboral que haga posible quedarse.

Más opciones para decidir, no menos movilidad

Quedarse o marcharse debería ser una elección, no una obligación. La clave no está en frenar la movilidad juvenil, sino en ampliar las opciones disponibles para que vivir en el medio rural sea una alternativa viable y atractiva.

La Formación Profesional, bien diseñada e integrada en el territorio, puede contribuir a ello. No como una vía de segunda categoría, sino como un itinerario con valor propio, capaz de sostener proyectos vitales y colectivos en los pueblos del siglo XXI.

Los contenidos de este trabajo son producto del proyecto «Itinerarios formativos, desarrollo y sostenibilidad rural: relación entre las trayectorias académicas y las expectativas de arraigo de la juventud rural» (UPO-1260928). Ha sido financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, de la Junta de Andalucía, en el marco del programa operativo FEDER Andalucía 2014-2020. El porcentaje de cofinanciación FEDER ha sido del 80%.

Más información en la página web del proyecto: https://eldaupo.wordpress.com/

Andalucía decidió un 28 de Febrero ponerse en pie y no agachar jamás la cabeza. Por su identidad, por su progreso y por su capacidad de decidir por sí misma. No contra nadie. 

La España descentralizada que tenemos no sería posible sin el esfuerzo colectivo de las y los andaluces. Nosotras hicimos Historia logrando una autonomía de primera, al nivel de las más avanzadas de España, abriendo el camino que siguieron el resto de comunidades autónomas de nuestro país. Una igualdad que está cimentada en unos servicios públicos universales, que garantizan seguridad ante la adversidad y la oportunidad de una vida mejor. 

Los andaluces y las andaluzas, con el impulso de los gobiernos socialistas que democráticamente eligieron, construyeron una robusta sanidad pública que durante décadas fue el orgullo de nuestra comunidad y un referente en España y en Europa en calidad e innovación; una educación pública que funcionó como auténtico ascensor social para los hijos e hijas de los trabajadores, acabando con los privilegios; y unos servicios sociales que redujeron desigualdades y convirtieron los cuidados en derechos. 

Como tantas mujeres y hombres de mi generación, sé que lo público no es una palabra abstracta, sino la red que hizo posible nuestros sueños. La garantía de que el talento, el esfuerzo y el trabajo pesan más que la cuna o la cuenta corriente. 

Por eso me duele profundamente comprobar que hoy nuestros servicios públicos, esos que nos posibilitaron ser una comunidad de primera, atraviesan su peor momento desde la llegada de la democracia.

Los andaluces y las andaluzas que un 4 de Diciembre y un 28 de Febrero se echaron a las calles para pedir autonomía e igualdad, hoy se manifiestan masivamente en toda Andalucía en defensa de una sanidad pública de calidad que el gobierno de Moreno Bonilla les niega. Porque a base de recortes, maltrato a sanitarios y privatizaciones, ha dificultado el acceso de la ciudadanía a la sanidad pública cuando lo necesita, quebrando su confianza en el sistema sanitario público y obligando a acudir a la sanidad privada a todo aquel que pueda pagarla, aunque sea endeudándose. 

Andalucía tiene un Estatuto de Autonomía de máximos paralizado por un gobierno más interesado en el falso agravio entre territorios que en el desarrollo de una norma que permitiría mayores cotas de bienestar y progreso

Moreno Bonilla cierra aulas públicas al tiempo que amplía las privadas en todos los niveles educativos. Asfixia a las universidades públicas mientras pone alfombra roja a las privadas sin calidad. Permite que se dispare el precio de la vivienda y no ayuda a la juventud andaluza a tener una propia. 

No por falta de recursos, que es su falsa excusa. Andalucía ha recibido del Gobierno de España 199.782 millones de euros desde que Moreno Bonilla es presidente. 8.500 millones más al año que con Rajoy. Un presupuesto histórico, como él mismo presume, que, sin embargo, no ha supuesto una mejora de los servicios públicos andaluces, sino un deterioro sin precedentes. 

Las mujeres andaluzas han sido objeto de abandonos lamentables por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Como la grave negligencia en el cribado del cáncer de mama -que aún seguimos sin conocer ni su causa ni sus consecuencias reales-, o la lacra de la violencia machista que sigue asesinando a mujeres y a sus hijos e hijas, mientras el PP cada día está más cerca del negacionismo de Vox. 

No cabe resignación ante las políticas sin alma de Moreno Bonilla, ni ante su falta de ambición andalucista. Andalucía tiene un Estatuto de Autonomía de máximos paralizado por un gobierno más interesado en el falso agravio entre territorios que en el desarrollo de una norma que permitiría mayores cotas de bienestar y progreso. 

El 28 de Febrero es un día para celebrar y también para reivindicar. Andalucía vuelve a tener un reto mayúsculo por delante como sociedad: proteger lo que es de todos para que nadie se quede atrás. Lo público como bandera, lo colectivo como escudo

Los andaluces y las andaluzas merecen una autonomía viva y útil, no guardada en una vitrina y a la que sacan brillo solo un día al año. Y necesitan un Estado del Bienestar fuerte que les sostenga frente a la incertidumbre que recorre el mundo. 

Defender lo público no es ideología, es protección. Lo vimos en la pandemia, en accidentes como el de Adamuz o en las inundaciones que hemos padecido recientemente en Andalucía. Son los servidores públicos los primeros en llegar y los que se quedan cuando ya no hay cámaras de televisión. 

Defender Andalucía es, por tanto, defender nuestros servicios públicos. Es cuidar la sanidad, reforzar la educación, dignificar la dependencia, proteger a quienes más lo necesitan. Es entender que ninguna sociedad avanzada puede crecer sobre la desigualdad. 

Defender Andalucía es decir sí a los 5.700 millones más al año para la financiación de nuestros servicios públicos. Es decir sí a la condonación de la mitad de la deuda de la comunidad. 

El 28 de Febrero es un día para celebrar y también para reivindicar. Andalucía vuelve a tener un reto mayúsculo por delante como sociedad: proteger lo que es de todos para que nadie se quede atrás. Lo público como bandera, lo colectivo como escudo.

El 28F es una jornada para compartir lo que somos, para celebrar que es un orgullo ser andaluz y pertenecer a una tierra que es ejemplo de solidaridad y de valentía. El destino ha querido que este año el Día de Andalucía haya venido precedido de dos hechos que marcarán para siempre nuestra historia: la tragedia ferroviaria de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, y el tren de borrascas, que también provocó la pérdida de vidas humanas y daños materiales incalculables. Se trata de dos desafíos que Andalucía ha tenido que afrontar en un corto espacio de tiempo y en los que los andaluces, como hacen siempre, han estado a la altura.

Hemos visto a vecinos de un pueblo adentrarse en plena noche a unas temperaturas gélidas en una zona inhóspita en la que se acababa de producir un accidente para ver en qué podían ayudar y cómo podían socorrer a aquellos a quienes no conocían. Hemos visto a un pueblo dando todo lo que tenía para arropar y acompañar a las personas afectadas.

Hemos visto también cómo se desalaoja a un pueblo entero y a vecinos que abandonan sus casas sin rechistar porque así era necesario para preservar su seguridad y sin saber cuándo podrían volver. Con enorme dignidad y desde la confianza plena en que la decisión de las autoridades era por su bien.

Hemos visto cómo otros pueblos hermanos acogían al pueblo errante en este trance y les ofrecían también todo lo que tenían y todo lo que estaba en su mano para aliviar su difícil situación. Lo que hemos visto estos días difíciles y a la vez conmovedores ha sido Andalucía en estado puro. Hemos visto la dignidad, el respeto y la solidaridad de un pueblo que siempre está con los suyos, que cuida, comparte y demuestra su grandeza, en los buenos y en los malos momentos.

Una Andalucía que quiere diálogo y respeto, y que no quiere confrontación ni politiqueo, para seguir adelante con paso firme, con paso seguro, como dice el lema elegido este año para el 28F, avanzando con la mirada puesta en los 50 años de la autonomía andaluza, que se cumplirán en 2030

Los gobernantes y los representantes políticos del pueblo andaluz en general debemos estar a la altura de esta lección que Andalucía ha vuelto a dar estos días y que ha trascendido de nuestras fronteras. Una Andalucía que quiere diálogo y respeto, y que no quiere confrontación ni politiqueo, para seguir adelante con paso firme, con paso seguro, como dice el lema elegido este año para el 28F, avanzando con la mirada puesta en los 50 años de la autonomía andaluza, que se cumplirán en 2030.

Atrás quedaron el conformismo y la resignación. Andalucía es ahora una tierra que mira sin complejos a las regiones más avanzadas de España, en la que más baja el paro, en la que se crean ocho de cada diez empresas de nuestro país, que bate récord en exportaciones internacionales, que encabeza el descenso del abandono temprano y del fracaso escolar, y que converge cada vez más, gracias al proyecto del presidente Juanma Moreno. Pero aún queda mucho trabajo por delante para seguir avanzando y para ello es necesario que el Gobierno de Andalucía sea estable y pueda seguir tomando las medidas necesarias para que el paso de la Andalucía en blanco y negro de las etapas socialistas a una Andalucía dinámica, moderna, abierta y serena no se trunque. Un Gobierno de Andalucía que no traicione el espíritu de igualdad que simboliza también el 28F y que significa que no vamos a aceptar que se rompa la solidaridad territorial en nuestro país por prebendas a unos pocos en contraprestación de apoyos políticos espurios. Un Gobierno de Andalucía que defienda siempre lo que nos corresponde por justicia en materia de financiación y respete las instituciones de las que nos hemos dotado para convivir en democracia. Es el Partido Popular de Andalucía el que mejor representa en nuestra tierra esos valores y es un honor que así sea para seguir haciendo de nuestra comunidad un lugar mejor y para seguir acompañando a los andaluces y servirlos desde la responsabilidad, la honestidad y el rigor.

Feliz Día de Andalucía.

En la guardería de mi nieto han trabajado el 28F. Niñas y niños andaluces de varios acentos, cuyos padres proceden de diferentes orillas del Estrecho y de la mar océana, celebran su primer aprendizaje formal sobre ser andaluz o andaluza con colores y sabores. Llevan ropa verde y blanca, la arbonaida pintada en la cara, comen pan con aceite y zumo de frutas. Las fotografías muestran una chiquillería variopinta y revoltosa ante un gran abanico verdiblanco dividido en ocho partes, una por cada territorio, y un anagrama simbólico en el centro, 28F Día de Andalucía.

Una emoción pequeñita se me pega a la piel con la certeza de que nunca más el silencio cubrirá los símbolos y la rebeldía del pueblo andaluz porque desde bien chiquititos y con toda naturalidad, las niñas y los niños andaluces se acercan a la Historia común.

Andalucía es el nombre de la Humanidad al sur de Despeñaperros, por eso además de la nacencia, se puede ser andaluza por elección. Y quienes decidimos quedarnos, formar parte y echar raíces en este lugar del mundo también nos acercamos a la Historia reciente de Andalucía con declarada admiración. Cuando al pueblo andaluz se lo ponen difícil es cuando se viene arriba, se sacude la resignación, rompe las cadenas y convierte en piel la letra del himno.

Repasemos brevemente algunos obstáculos que las y los andaluces superaron y que justifican la celebración del 28F: tuvieron que invalidar una ley de referéndum injusta, aprobada por UCD y PSOE, para aplicar únicamente en Andalucía y que hacía imposible que la decisión del pueblo recogida en las urnas se cumpliera debido a la obligatoriedad de superar la mayoría absoluta del censo en cada provincia; desbordaron toda una Constitución recién estrenada en la que ni estaban ni se les esperaba entre las nacionalidades históricas; impulsaron a los andalucistas presentes en el Congreso de los Diputados para que forzaran el acuerdo de los grupos centralistas (Centrista, Comunista y Socialista) y desbloquear, así, el acceso a la autonomía por la vía del 151, tal como habían votado de forma abrumadoramente mayoritaria.

Al 28F le pasa como a la lengua andaluza: no sólo no está en peligro, sino que se afianza sin complejos en todas sus modalidades. Lo sabe hasta la extrema derecha que, buscando a tientas un argumento al que agarrarse, viene ahora a defender “el acento andaluz” y a culpar a la inmigración de ponerlo en peligro

La gesta de las y los andaluces entre el 4D del 77 y el 28F del 80 se convirtió en un precedente peligroso para otros pueblos del estado, por eso los poderes centrales de España decidieron intervenir, poner orden, recortar y “armonizar” el proceso autonómico con una ley orgánica, la malhadada LOAPA (junio 1982). Un desastre jurídico corregido al año siguiente por el Tribunal Constitucional anulando gran parte del articulado: 14 de los 38 artículos de la ley fueron declarados inconstitucionales. Lo que quedó fue una ley ordinaria, de rango inferior a los Estatutos de autonomía. Ese fue el café para todos. Una nube descafeinada, dirían en Málaga. Pero las nacionalidades históricas que ya habían refrendado sus Estatutos, Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía, tuvieron su café propio. Las tres primeras lo tenían recalentado desde la II República. Andalucía lo quiso y lo consiguió solo y expreso. 

Ese periodo histórico (sin 4D no hay 28F) que las niñas y niños andaluces celebran en el cole, es el patrimonio constitucional del pueblo andaluz. Y es un patrimonio que en democracia no prescribe ni puede derogarse.

Al 28F le pasa como a la lengua andaluza: no sólo no está en peligro, sino que se afianza sin complejos en todas sus modalidades. Lo sabe hasta la extrema derecha que, buscando a tientas un argumento al que agarrarse, viene ahora a defender “el acento andaluz” y a culpar a la inmigración de ponerlo en peligro.

Cada uno con sus fantasmas y a los ultras la inmigración les vale para echarle la culpa de todo. El desconocimiento de la historia tiene el serio riesgo de hacer el ridículo: toda la América que habla español lo aprendió en gran medida de los andaluces que emigraron. Desde los tripulantes del primer viaje colombino hasta las y los republicanos exiliados por causa de la dictadura, pasando por los buscavidas, muertosdehambre, gentes de mal vivir y pobres de toda ralea y de todos los tiempos.

Ni el 28F ni el andaluz están en peligro porque lo que se aprende de chiquitito dura siempre.

Nuestra tierra es la mayor región exportadora de productos agrícolas y la tercera comunidad autónoma que más riqueza crea en el país. Y, sin embargo, la desigualdad social es el mayor problema que tenemos en Andalucía: sufrimos los peores datos en cuanto a niveles de pobreza, desempleo, precariedad laboral o exclusión de toda España. Esta contradicción define nuestro presente y condiciona gravemente nuestro futuro. 

Tenemos recursos naturales, capacidad productiva, talento y una posición estratégica privilegiada. Y todo este potencial convive con la codicia de quienes lo extraen y minimizan. La concentración de la riqueza y del poder en pocas manos conlleva profundos niveles de precariedad vital y falta de oportunidades para muchas familias andaluzas, especialmente para las clases trabajadoras.  

El proyecto de la derecha para Andalucía es tratarla como si fuera una mina. Extraer la riqueza, sacarla de aquí sin importar el daño al territorio y las personas que vivimos en él. Un modelo que no piensa en el mañana y que no protege lo común. Un modelo que amenaza nuestro ecosistema. 

Saquean nuestra agricultura, sobreexplotan la costa, especulan con los alimentos y con la vivienda. Alquileres cada vez más caros, una lista de la compra que no deja de subir, empleos inestables y mal pagados. Aún más, han encontrado una nueva veta para el negocio: privatizar los servicios públicos. 

O beneficiamos a la sanidad privada, o protegemos y fortalecemos la pública. O le ponemos alfombras rojas a los fondos especulativos para que se apoderen de nuestras viviendas y de nuestra agricultura, o usamos las herramientas públicas para defender a las empresas vecinas y a los pequeños y medianos agricultores. O fortalecemos la FP y la Universidad pública y gratuita o llenamos los bolsillos de quienes comercian con la formación cualificada de la juventud andaluza

Lo hemos visto en la reciente y no acabada crisis de los cribados, con retrasos, desorganización y falta de información clara a la ciudadanía. Ha sido el colofón de años de debilitamiento de la atención primaria y desvío de recursos hacia la sanidad privada. Cuando no se planifica, cuando no se refuerzan plantillas y cuando se gobierna a golpe de titular, son las familias andaluzas las que pagan en salud y en detrimento de sus ahorros.  

O beneficiamos a la sanidad privada, o protegemos y fortalecemos la pública. O le ponemos alfombras rojas a los fondos especulativos para que se apoderen de nuestras viviendas y de nuestra agricultura, o usamos las herramientas públicas para defender a las empresas vecinas y a los pequeños y medianos agricultores. O fortalecemos la FP y la Universidad pública y gratuita o llenamos los bolsillos de quienes comercian con la formación cualificada de la juventud andaluza. 

Frente a esto, hay quien pretende hacernos creer que no hay alternativa. Que las cosas son así y que no pueden cambiar. No es cierto. Los grandes problemas de nuestra tierra tienen solución.  

Hoy la riqueza de Andalucía está yendo a parar a manos de una minoría, y Moreno Bonilla obedece intereses ajenos y ha puesto la comunidad a su servicio. Nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro territorio y nuestra forma de vivir no soportarían un tercer mandato de la derecha

Hay que elegir entre gobernar para mejorar la vida de la gente o alimentar la codicia de unos pocos. No hablamos de utopías; hablamos de recuperar el control de nuestras vidas. De asegurar las herramientas con las que afrontar los retos del presente y del futuro. De poner las instituciones al servicio de la mayoría social. 

Los problemas de Andalucía no se resuelven solo ajustando números en un presupuesto. Se trata de tomar decisiones. De decidir a quién se protege y a quién se beneficia. En qué bando se está. En el de las familias trabajadoras o en el de los especuladores y rentistas. Se trata, en definitiva, de decisiones políticas perfectamente viables que requieren voluntad y valentía para enfrentarse a los poderosos. Y Andalucía necesita, más que nunca, un gobierno que esté dispuesto a hacerlo. 

Hoy la riqueza de Andalucía está yendo a parar a manos de una minoría, y Moreno Bonilla obedece intereses ajenos y ha puesto la comunidad a su servicio. Nuestra sanidad, nuestra educación, nuestro territorio y nuestra forma de vivir no soportarían un tercer mandato de la derecha. Nada está escrito. En las próximas elecciones tenemos la oportunidad de dar un giro y construir el futuro de nuestra tierra. La coalición POR ANDALUCÍA la forman organizaciones políticas y personas que no se resignan: un proyecto abierto, plural y unitario, con voluntad de gobierno para proteger a las clases trabajadoras y ejercer más poder político desde Andalucía. No para resistir, sino para ganar. No para administrar derrotas, sino para abrir un nuevo tiempo de esperanza y de ilusión colectivas. Merece la pena.

Hace apenas unas semanas se producía una amplia controversia en torno un ciclo de conferencias sobre la Guerra Civil. El organizador principal, académico y literato que se jacta de carecer de ideología, se vio obligado a tomar la decisión de cancelarlo tras la renuncia de varios ponentes, incómodos por lo que consideraban sesgos manifiestos en la presentación y composición del mismo. Pertrechado en la consabida monserga de la equidistancia, el desideologizado organizador no había dudado en otorgar destacado protagonismo a los descendientes de la jerarquía franquista, bien representados por grandes demócratas como Aznar y Espinosa de los Monteros, mientras que, en cambio, brillaban por su ausencia las víctimas del terrorismo nacionalcatólico franquista. Dotado de una proverbial y chulesca arrogancia, probablemente el ilustre desideologizado consideró que era una idea brillante organizar un ciclo de esa naturaleza en la ciudad de Pico Reja, la mayor fosa común del franquismo, donde con toda probabilidad se encuentran los restos de Blas Infante, padre de la patria andaluza, según el vigente Estatuto de Autonomía. La falsa carencia de ideología constituye, en realidad, una mera coartada para blanquear el fascismo.

Aunque la amplia desmemoria sobre la Guerra Civil y el Franquismo no representa una singularidad local andaluza ni está asociada de manera exclusiva a la llegada al poder de la derecha en 2018, el citado episodio constituye un síntoma de tendencias que sí tienen que ver con un contexto social y político cuyo punto de arranque se sitúa en la llegada al poder del movimiento MAGA a la Casa Blanca en 2016. La reelección de Trump en 2024 reforzó su vocación por cambiar el relato histórico de su país: bajo el pomposo título de «Restaurando la Verdad y la Cordura en la Historia Estadounidense», firmaba hace menos de un año una orden ejecutiva dando instrucciones para «eliminar la ideología inapropiada, divisiva o antiestadounidense» de los museos y centros de investigación gestionados por el Instituto Smithsonian. La batalla, sin embargo, no ha finalizado, ya que, hace solo unos días, un juez federal de Pensilvania ordenaba reinstalar una exposición sobre la esclavitud en un sitio histórico de Filadelfia, a la espera del resultado de un litigio en curso tras la demanda interpuesta por la ciudad contra el gobierno federal por su retirada.

La batalla por el pasado representa, en realidad, parte de una ofensiva para transformar el presente cuyo objetivo principal radica en la liquidación de los servicios públicos y en la promoción de la privatización de sanidad y la educación. Para la consecución de este proyecto, la derecha dispone de herramientas de extraordinaria eficacia, como la xenofobia y la islamofobia. En su cruzada contra lo que denomina «islamización de Andalucía», Vox registró el año pasado en el Parlamento una proposición no de ley relativa a la prohibición del velo islámico que fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, controlada por el PP. Ahora anuncia otra contra la implantación del menú halal en comedores escolares y hospitales. Se trata, en realidad, de una estrategia que supera el marco meramente local. Esta misma semana, el conocido semanario trumpista The Spectator aseguraba que es «totalmente plausible» pensar que la sharía se ha normalizado en Gran Bretaña. La ultraderecha, de hecho, ha comenzado a presentar en distintos municipios andaluces propuestas dirigidas a regular el acceso a sus dependencias con burka o niqab, atuendos cuya utilización resulta apenas visible en la sociedad andaluza actual. El falso debate sobre la islamización no solo permite a la derecha maquillar su machismo, presentándose como defensora de unas mujeres musulmanas cuyos derechos y necesidades, en realidad, le traen al pairo. Constituye, además, una excelente estrategia para redirigir la conversación hacia lugares apartados del desmantelamiento de lo público.

Los rectores llevan tiempo denunciando la asfixia económica a la que los somete el Gobierno de la Junta, cuyo modelo de financiación cada vez plantea más similitudes con el aplicado en la Comunidad de Madrid, donde algunas universidades públicas están ya al borde del colapso

Dentro de ese proyecto cobra pleno sentido la oleada de creación de universidades privadas que, si continúan proliferando al ritmo actual, pronto superarán a la decena de centros públicos. Los rectores llevan tiempo denunciando la asfixia económica a la que los somete el Gobierno de la Junta, cuyo modelo de financiación cada vez plantea más similitudes con el aplicado en la Comunidad de Madrid, donde algunas universidades públicas están ya al borde del colapso. Para hacerse una idea del nivel académico de algunos de estos centros privados, baste recordar que, estos mismos días, uno de ellos organiza en Málaga un autoproclamado «Curso Avanzado en Comunicación de Alto Impacto y Oratoria» que cuenta entre sus ponentes a mentes tan potentes como Toni Cantó y Albert Rivera. La meritocracia liberal son chiringuitos que permiten colocar a excedentes de cupo a quienes la política acostumbró a la vida cómoda de sueldos fáciles. Esto es lo que el gobierno andaluz consagra en la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que el PP acaba de aprobar en el Parlamento sin contar con el acuerdo de los sindicatos ni de los rectores de las universidades públicas.

Mientras desmantela a ojos vista servicios públicos, el gobierno andaluz se dedica a regar con inédita generosidad a cofradías y hermandades, que viven en la abundancia gracias al dinero público. En diciembre de 2024, la Consejería de Cultura aprobaba una ayuda de 600 mil € para el Congreso de Hermandades de Sevilla, mientras que, más recientemente, el Ayuntamiento de Málaga aportaba cientos de miles de euros para que unos capillitas se fuesen a Roma de excursión a pasear sus imágenes. Algo similar cabe decir de lo que las autoridades de la Junta gustan en denominar «cultura del toreo», como revelan las ayudas a las escuelas taurinas o la constante promoción de la tauromaquia en la Radio Televisión Pública andaluza, que dedica cientos de horas a la emisión de toda clase de corridas y novilladas. Hace solo unas semanas, el director general de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía se mostraba ufano por los elevados niveles de audiencia de estas retransmisiones.

Gracias a su proverbial equidistancia y moderación, Moreno Bonilla puede envolverse en la bandera de Blas Infante al mismo tiempo que anuncia la concesión de la Medalla de Andalucía a la Cultura a un torero ultraderechista, al que, en un arrebato místico, ha calificado de «leyenda que ha trascendido la historia de la tauromaquia»

El compromiso con la tauromaquia constituye, de hecho, una apuesta personal del presidente, gran aficionado a la «fiesta nacional». Gracias a su proverbial equidistancia y moderación, Moreno Bonilla puede envolverse en la bandera de Blas Infante al mismo tiempo que anuncia la concesión de la Medalla de Andalucía a la Cultura a un torero ultraderechista, al que, en un arrebato místico, ha calificado de «leyenda que ha trascendido la historia de la tauromaquia». Queda la duda de si esa «trascendencia» se refiere a alguna de las máximas de hondo calado intelectual que tan ilustre lumbrera ha dejado para la historia del pensamiento, como aquella en la que proclamaba que «el animalismo y el feminismo son el nuevo comunismo».

Mientras promueve la tortura animal y financia chiringuitos rocieros de amiguetes cantantes que se permiten criticar las subvenciones a colectivos feministas o LGTBI, Moreno Bonilla ha logrado convertir su destrozo del Servicio Andaluz de Salud en el principal problema para los andaluces, según el más reciente barómetro del Centro de Estudios Andaluces, del pasado mes de diciembre. Parece difícil que este síntoma llegue a convertirse en el principio del fin de la apuesta por la Andalucía rancia, cateta y machirula de sotos, bertines y morantes en la que algunos se están forrando gracias a la «colaboración público-privada».

La cuestión de si los niños y niñas deben ir a la escuela “educados de casa” ha derivado en un debate muy usual durante los últimos años, presente tanto en las salas de profesores como en la calle. De un modo u otro, estemos a favor o no de esta afirmación, nuestras opiniones no decantarán la balanza, pues la respuesta no deja lugar a dudas a la luz de los datos. Según el informe anual de la OCDE Education at a Glance 2025, la escuela se ha convertido, de facto, en el espacio donde nuestros menores (de 0 a 11 años) pasan más horas. Dedican una media de 7 horas diarias al centro escolar entre semana, frente a 3,5 horas (no necesariamente tiempo de calidad) con sus padres y madres (o con uno de ellos).

En otras palabras, los profesores y profesoras se han convertido en los referentes educativos más estables de los hijos e hijas de muchas familias españolas.

Por tanto, ¿cómo pueden llegar a la escuela bien educados y emocionalmente equilibrados cuando vivimos en una realidad en la que cada vez es más difícil que niños y niñas crezcan con un referente afectivo sólido? Las exigencias laborales, los horarios imposibles, las custodias compartidas mal avenidas, las dificultades económicas y la tensión social hacen que muchos menores pasen su día a día sin un vínculo estable, continuo y seguro con su figura principal de apego.

Tal y como indica la psicóloga clínica Erika Komisar, el estilo parental moderno conduce habitualmente a menores a estados hipervigilantes de estrés derivando en diversas disfunciones emocionales y psicológicas. La cruda realidad sacude, desgraciadamente, a nuestros menores.

Los datos y la experiencia de los profesionales en educación y salud mental lo confirman: aumento de conductas disruptivas, expedientes, diagnósticos de TDAH, dificultades de atención y un clima cada vez más tenso en las aulas. Los docentes sienten la presión —y no sin motivo— de unas familias desbordadas: padres que exigen resultados imposibles, que sobreprotegen, que denuncian y amenazan al profesorado…

Infinidad de actitudes por parte de padres y madres que dificultan la cohesión con el centro escolar no hacen más que poner de manifiesto una verdad incómoda y difícil de identificar, que rara vez toma cuerpo: en realidad no atacan a los docentes, están gritando auxilio y desesperación sin saber cómo formularlo. Un grito silencioso de incertidumbre, miedo y dolor en busca de ayuda, orientación y escucha al centro educativo, a la espera de que este compense lo que ellos no pueden ofrecer: tiempo de calidad, protección, atención y amor. Pero no pueden, no llegan. Están exhaustos.

Vivimos en una era en la que gran parte de la población sobrevive emocionalmente y la mayoría de las decisiones se toman desde el miedo.

En ese contexto, nos toca ahora recoger el relevo a los profesionales de la educación, poniendo el foco en el hecho de que muchos menores llegan a su lugar de referencia más constante —la escuela— y se encuentran con educadores que no siempre están alineados con la responsabilidad humana, educativa y profesional que necesitan. Muchos de ellos por desconocimiento, otros por estar desbordados por la carga burocrática que les exige su trabajo.

Sin embargo, nos guste o no, los tiempos han cambiado. Y la evolución social y laboral ha generado una fricción casi imposible de resolver a corto plazo en materia de conciliación familiar, cediendo el testigo en gran parte a los profesionales de los centros educativos, hasta que las instituciones pertinentes doten a escuelas, familias y ayuntamientos de los medios necesarios.

Todos los profesionales de la educación que hoy forman parte del contexto escolar se encuentran ante un reto inaudito, un punto de inflexión generacional – probablemente nunca vaticinaron este cambio de paradigma cuando eligieron esta profesión – en el que se espera menos de sus habilidades pedagógicas y más de sus fundamentos humanos: educar más desde el corazón, más desde la escucha y más desde la empatía.

La posición del Partido Verde Andaluz sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) parte de una cuestión de puro sentido común: es imprescindible mejorar la salud pública y la convivencia urbana, reduciendo la contaminación y el ruido, pero montar zonas de bajas emisiones en las ciudades sin alternativas reales de movilidad supone una prohibición regresiva. Le reduce las opciones precisamente a quien ya tiene menos margen. Cuando una familia depende de un coche antiguo porque no puede permitirse otro, la ZBE funciona en la práctica como una multa diferida y de facto supone una expulsión del centro de la ciudad. Lo que produce no es transición ecológica, sino una segmentación social del derecho a moverse, a trabajar, a cuidar y a vivir la ciudad.

Defendemos una ecología política que no se construya contra la gente corriente, sino con una infraestructura pública que haga innecesario el coche. Por eso, una ZBE solo es legítima cuando el transporte público compite y gana: cuando te lleva antes, pasa con más frecuencia, cuesta menos en el conjunto de la vida diaria, es más seguro, más limpio y, sobre todo, es más cómodo y más conveniente. La transición no puede consistir en pedir sacrificios individuales dentro de un mercado amañado donde el coche ofrece libertad y el autobús impone esperas, incertidumbre y hacinamiento. La transición consiste en crear un sistema de movilidad pública que mejore de verdad la vida cotidiana y permita cumplir la finalidad básica de las ZBE: menos emisiones locales, menos humos y menos enfermedades derivadas de la mala calidad del aire. Cuando el transporte público no ofrece una experiencia mejor que el coche para la mayoría social, la ZBE pierde su función de política útil y se convierte en un mecanismo clasista: castiga a quien no puede cambiar de vehículo, mientras quien tiene renta alta compra la etiqueta adecuada y sigue entrando.

En términos sociales, la contaminación no se distribuye por “barrios más sucios” como si fuera una cuestión moral. Se distribuye por desigualdad. Los barrios y familias con menos renta tienden a sostener su movilidad con vehículos más antiguos, no por capricho, sino por necesidad. Una política pública que convierte esa necesidad en sanción está desplazando el coste de una obligación ambiental a los mismos de siempre, aunque el objetivo sanitario de reducir la contaminación sea legítimo y necesario. La cuestión política central no es la “pegatina”, sino la estructura: o se cambia el sistema de movilidad o se monta un sistema de castigos para quienes ya viven precariamente, con menos dinero y menos opciones.

La posición del Partido Verde en Andalucía es contundente: estamos a favor de las zonas de bajas emisiones como herramienta de salud y de ordenación urbana, pero solo cuando llegan al final de un cambio previo y profundo de la movilidad

El Partido Verde Andaluz no está “en contra” de la reducción de emisiones. Estamos en contra de cómo se están montando las ZBE: reducen emisiones y mejoran la calidad del aire, sí, pero lo hacen cargando el coste sobre quien menos margen tiene. La mayoría social quiere aire limpio y calles habitables. Lo que no acepta es que ese objetivo se pague con sanciones encubiertas a quien no puede cambiar de coche. La cuestión no es el fin, sino el diseño: una ZBE justa necesita alternativas reales antes de restringir. Que nos pongamos a la altura de nuestro objetivo porque no se puede prohibir sin invertir. La Unión Europea ha empujado marcos que priorizan el cumplimiento normativo en nombre de la calidad del aire, pero sin imponer con la misma fuerza la inversión material que hace posible cumplir sin castigo social. Y las administraciones responsables en nuestro país están aplicando la norma automáticamente para cubrir el expediente, sin transformar de verdad la movilidad urbana. El resultado es una medida percibida como ajena y punitiva, diseñada desde una burbuja social, por una casta política que nunca se ha montado en autobús, que no hace transbordos, que no calcula si llega tarde al trabajo por una frecuencia insuficiente.

En este sentido, la posición del Partido Verde en Andalucía es contundente: estamos a favor de las zonas de bajas emisiones como herramienta de salud y de ordenación urbana, pero solo cuando llegan al final de un cambio previo y profundo de la movilidad. Primero, un transporte público de calidad que sea claramente mejor que el coche privado en tiempo, frecuencia, seguridad y comodidad. Segundo, cuando no nos compense ir en coche, cuando se convierta en un capricho absurdo, entonces, sí tendrán sentido las zonas de bajas emisiones y podrán cumplir su función sin castigar a quien menos tiene.

Las zonas de bajas emisiones son necesarias y urgentes, pero con todo lo que comportan. Porque estamos hablando de dignidad. El Partido Verde no acepta el marco del “transporte público para pobres”. La movilidad pública debe ser un servicio de alta calidad: donde montarte no te humille ni te desgaste, y donde elegirlo sea la opción más lógica, no el último recurso. No queremos un transporte público para quien no tiene alternativa, sino para cualquiera que quiera moverse bien. Cuando en el ecologismo político hablamos de transición ecológica justa, hablamos de esto: la salud y el aire limpio no pueden depender de tu renta, ni tampoco de una cadena de renuncias impuesta a quienes ya viven con lo justo.

Por eso, insistimos: si la transición ecológica no es justa, no será.

Cuando hablamos de poder solemos pensar en La Moncloa, en los obispos, en Bruselas o en las grandes empresas. Pero una parte importante de ese poder se juega cada mañana en un sitio mucho más cercano: los IES donde entramos a primera hora con el café todavía en la mano. La escuela no es solo un lugar donde se “dan clases”; es el espacio donde se decide qué conocimientos cuentan, qué valores son respetables y qué tipo de personas queremos que salgan por la puerta a los 16 o 18 años.

Si nos paseamos por cualquier instituto andaluz lo vemos enseguida. En un IES de barrio de Cádiz pueden convivir el cartel de la Junta sobre convivencia positiva, el mural del 8M hecho por 3.º de ESO, los paneles de un proyecto Erasmus y, en otra pared, un resto de simbología religiosa o una bandera que alguien deja “olvidada”. En un pueblo de la Sierra quizá haya además fotos de la romería local, recortes de prensa del club deportivo y un tablón repleto de circulares de empresas que ofrecen “talleres educativos” sobre finanzas o consumo. Nada de eso es neutro: cada símbolo, cada norma, cada proyecto expresa quién tiene más voz y qué se considera normal o deseable.

La escuela como herramienta de poder

Los Estados modernos entendieron muy pronto que la escuela era una herramienta potentísima. En el siglo XIX, mientras se construían los Estados‑nación, se pusieron en pie sistemas de escolarización masiva con una función muy clara: enseñar a leer y escribir, sí, pero también fabricar una identidad nacional común. Por eso la historia, la lengua “oficial” y la educación moral tuvieron tanto peso; no era casual que muchas constituciones y leyes educativas nacieran de la mano.

En el franquismo esta dimensión se vio sin maquillaje. La escuela fue abiertamente nacional‑católica: religión obligatoria, control de libros de texto, depuración del magisterio que no era “afín”, separación por sexos. La educación servía para legitimar el régimen y moldear conciencias, y buena parte de esa red de centros religiosos sigue presente hoy en forma de concertada.

Con la Transición y la llegada de la democracia cambió el discurso. Empezamos a hablar de derecho a la educación, igualdad de oportunidades, participación de la comunidad educativa. Sin embargo, desde los años ochenta se ha ido colando otro lenguaje: calidad, evaluaciones externas, rankings, competencias clave ligadas a la competitividad. Esa lógica tecnocrática también es poder, aunque llegue envuelta en informes con gráficas y siglas en inglés.

Las guerras culturales llegan al aula

En los últimos años todo esto se ha mezclado con las llamadas “guerras culturales”. En los claustros y en los pasillos discutimos sobre memoria democrática, educación afectivo‑sexual, diversidad LGTBI, religión, valores cívicos. En un IES del Campo de Gibraltar, por ejemplo, un proyecto sobre migraciones puede generar entusiasmo en parte del profesorado y, al mismo tiempo, quejas de alguna familia o una interpelación en el Parlamento andaluz.

En educación en valores suelen aparecer dos grandes miradas. Una, más conservadora, pone el acento en respetar las instituciones, cuidar el orden y sentirse orgulloso de la nación. Otra, más ligada a posiciones progresistas, insiste en aprender a detectar injusticias, organizarse y promover cambios. En los debates públicos se simplifica todo: unos hablan de “adoctrinamiento activista”, otros de “civismo de postureo” que evita hablar de problemas reales como el racismo, la pobreza o la violencia machista.

En España estas tensiones se traducen en leyes que van y vienen. La LOMCE apostó por más pruebas externas, más peso de las materias troncales y una visión muy centrada en la competitividad y la “cultura del esfuerzo”. La LOMLOE, en cambio, se presenta como una ley de equidad e inclusión, da más importancia a la atención a la diversidad y recupera una educación cívica con enfoque de derechos humanos. Detrás de las siglas, lo que cambia es el modelo de ciudadanía que se quiere promover.

Religión, conciertos y laicidad

La cuestión religiosa es un tema especialmente sensible. En Andalucía conviven una red pública y otra concertada mayoritariamente católica, fruto de una larga historia y de los acuerdos del Estado con la Iglesia. Eso genera debates encendidos: hay quien denuncia que se financie con dinero público una red confesional y que la religión siga en el horario lectivo, y quien defiende que así se garantiza la libertad de elección de las familias.

El fondo del asunto es qué entendemos por escuela pública en un Estado formalmente aconfesional. Una laicidad “activa” no consiste en perseguir las creencias, sino en que ninguna confesión marque el currículo común ni los símbolos institucionales. Esto afecta a qué asignaturas son obligatorias, a cómo se financian los centros y a qué mensajes transmiten los proyectos educativos, tanto en un IES público de Jerez como en un concertado de Sevilla.

Qué podemos hacer desde los centros

Con este panorama es fácil pensar que todo se decide “arriba”, entre ministerios, consejerías y obispados. Pero en los centros también hay margen para disputar el sentido del poder.

Algunas ideas muy aterrizadas en nuestros institutos:

Al final, los chicos y chicas aprenden qué es el poder menos por lo que les contamos en Educación en Valores y más por lo que ven y viven: quién decide el horario, cómo se tratan los conflictos, qué se puede criticar y qué parece intocable.

Mirar la escuela con estas gafas no resuelve todos los problemas, pero ayuda a dejar de verla solo como víctima de los cambios de ley y empezar a verla también como un lugar donde, día a día, se construye —o se impide— una ciudadanía capaz de entender el poder, cuestionarlo y ejercerlo de forma responsable.