El “incumplimiento” del modelo de financiación reabre el cisma entre la Junta y las universidades públicas andaluzas

El cisma entre las universidades públicas y la Junta de Andalucía se ha reabierto tras el cierre del reparto presupuestario para 2025, que —según denuncian los rectores— “incumple” el modelo de financiación aprobado por el propio Gobierno autonómico en 2023, así como los acuerdos suscritos a lo largo del ejercicio pasado. Esta situación ha llevado a las diez instituciones del sistema universitario público andaluz a volver a ponerse en pie de guerra y a contemplar de nuevo la vía judicial para exigir a la administración que cumpla con “el mandato legal”.

Tras meses de negociación, los rectores han expresado su “decepción” con el Ejecutivo de Juanma Moreno, al que acusan de seguir “reduciendo” la financiación de la educación pública, “con unos presupuestos que ya ni siquiera alcanzan para pagar las nóminas en muchos casos”. Así lo ha denunciado el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva, en un comunicado firmado por las diez universidades públicas.

Por su parte, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación defiende que el reparto total para el ejercicio 2025 asciende a 1.775,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,01% en relación con el importe inicialmente aprobado en 2024. Una cantidad que desde AUPA califican de “claramente insuficiente” y que, advierten, aboca al sistema público universitario a un “progresivo deterioro”.

“Recortes” y partidas “desaparecidas” en el reparto

El reparto de fondos ha reavivado el pulso por la financiación que los rectores mantienen con el Gobierno de Moreno desde el curso pasado. El cierre de 2024, de hecho, marcó el punto álgido del desencuentro entre las universidades públicas y el Ejecutivo andaluz, que desembocó en la amenaza de acudir a los tribunales por una deuda de 50 millones de euros.

A partir de entonces, el tono de los rectores se fue suavizando a medida que avanzaban las negociaciones, hasta exhibir un clima de conciliación y diálogo al inicio del curso académico. No obstante, el “incumplimiento” que denuncian las universidades en el reparto de fondos para 2025 ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de emprender las “acciones legales que correspondan” para garantizar el cumplimiento del modelo, como han anunciado las universidades públicas una declaración institucional conjunta.

En declaraciones a este medio, el portavoz de los rectores del sistema público ha explicado que en la orden aprobada este martes en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) –con el voto en contra de ocho rectores y la abstención de la Universidad de Málaga y la UNIA– “se han producido una serie de omisiones completamente incomprensibles”. Se refiere a que “han desaparecido”, entre otras partidas, los 16 millones comprometidos por el presidente Juanma Moreno durante la apertura del curso académico.

Asimismo, Paco Oliva denuncia que se han producido “una serie de recortes sobre lo que hemos pagado realmente y lo que finalmente no ha ingresado la Junta”. En ese sentido, las universidades públicas denuncian que “el pago de 37 millones en conceptos retributivos, como si fueran proyectos estratégicos no consolidables, no se sostiene jurídicamente”.

Abocados a la asfixia financiera

En resumen, Paco Oliva esgrime que el desembolso aprobado para 2025 es “insuficiente para cumplir con lo mínimo del modelo de financiación de Andalucía”, en referencia a la cláusula de salvaguarda, “que es recibir lo mismo que el año anterior, más todos los incrementos retributivos que haya habido”, como explica el también rector de la Pablo de Olavide.

En su declaración institucional conjunta, las diez universidades públicas del sistema andaluz alertan de que “este incumplimiento sitúa al sistema universitario público andaluz en una posición de clara vulnerabilidad financiera y supone una contravención directa del marco normativo estatal vigente”. Instituciones como la Universidad de Sevilla alertan de que esta situación “está debilitando de manera progresiva el sistema público universitario andaluz, un pilar imprescindible para el progreso y la igualdad de oportunidades en nuestra tierra”.

La escalada de tensión ya se escenificó en el Parlamento andaluz, durante la comisión dedicada al proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) que actualmente se encuentra en tramitación. En ese marco, la asociación de universidades públicas andaluzas puso sobre la mesa “duras críticas” al texto impulsado por el Gobierno de Juanma Moreno, alertando de que roza “los límites de la inconstitucionalidad” . Además de cuestionar su encaje legal, la posición de AUPA volvió a situar la financiación como el principal foco de conflicto entre ambas partes.

Una vez formalizado el reparto relativo al ejercicio de 2025, los rectores del sistema público andaluz afirman que, con el presupuesto aprobado, la Junta vuelve a “incumplir el modelo de financiación” por segundo año consecutivo, empujando a las universidades públicas a una situación de asfixia financiera. Por ello, exigen al Gobierno andaluz que cumpla con “sus obligaciones y compromisos”, al considerar que de ello depende la estabilidad, solvencia y futuro del sistema universitario público. De persistir estos incumplimientos, advierten, defenderán el cumplimiento del modelo de financiación “a través de todas las acciones legales que correspondan”.