La Intervención del Estado irrumpe en el caso de los contratos sanitarios troceados para ver si el Gobierno andaluz malversó

La decisión del juez de instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, de pedir “auxilio pericial” a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para investigar el supuesto delito de malversación en el fraccionamiento “masivo” de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada ha roto la estrategia procesal y política del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada, sin publicidad ni concurrencia competitiva, están siendo investigadas por dos juzgados andaluces: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia, en un tribunal de Sevilla; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, desde un tribunal de Cádiz.

El Ejecutivo de Moreno sólo está personado en esta segunda causa. Primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.

La instrucción de los contratos troceados se inició hace un año, pero el proceso parecía avanzar “a paso de tortuga”, lastrado también por el cambio de juez, informan fuentes del caso. En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, consideraban (y consideran) que “no hay caso”, que “todo lo que había que investigar ya se ha investigado”, y que a lo sumo se trata de irregularidades administrativas, nunca de la gravedad de malversación de fondos públicos ni prevaricación en el sistema de contratación.

El pasado 29 de septiembre, la abogada del SAS solicitó el “sobreseimiento de la causa, o subsidiariamente, el sobreseimiento” respecto a la imputación del director económico de la Central Provincial de Compras del SAS en Cádiz, Demetrio González, “por no existir indicio alguno que justifique su condición de investigado”. El Gobierno de Moreno maniobró para dar carpetazo al caso nada más declarar el primer alto cargo imputado. Pero el magistrado, que también había escuchado a los interventores del SAS ratificarse en sus denuncias, rechazó el recurso y prorrogó la investigación seis meses más, hasta abril de 2026.

A finales de noviembre, la abogada del SAS hizo otro amago por frenar la instrucción y recurrió ante la Audiencia Provincial de Cádiz el auto del juez que acordó la prórroga. El abogado de Podemos, Gorka Ander Velle, solicitó la impugnación de dicho recurso, acusando a la Junta de estar cometiendo un “fraude procesal” en su personación en la causa. “Debería ser la especial interesada en investigar y esclarecer los supuestos denunciados, y no ejercitar una suerte de co-defensa de las personas investigadas”, reza su escrito de impugnación.

Ante las maniobras de las defensas por intentar el archivo del caso, las acusaciones populares -PSOE y Podemos- decidieron el pasado 26 de noviembre solicitar un “impulso procesal” para que el juzgado abriese el abanico de la investigación, solicitando más documentación, más informes y más testificales, dando un salto cualitativo importante a la instrucción.

El pasado 4 de diciembre, mientras Moreno y su Gobierno celebraban el Día de la Bandera de Andalucía, el juez Gómez dictó una providencia para recabar un informe de los peritos de la Intervención General del Estado, organismo de control gubernamental dependiente del Ministerio de Hacienda, hoy dirigido por María Jesús Montero, a la sazón, líder del PSOE andaluz y rival de Moreno en las elecciones autonómicas de la próxima primavera.

Este salto sitúa el proceso de fiscalización interna de la Junta de Andalucía en manos de la Administración General del Estado, que se rige en estos casos por el principio del deber de colaboración con la justicia general. Pero la IGAE no puede solicitar documentación a la Junta, sólo puede examinar los expedientes que haya reclamado el juez del caso y que formen parte de la instrucción.

Cuando llega la petición del magistrado a la IGAE, ésta valora si lo que piden está dentro de su ámbito de acción o no. Si está entre sus competencias, la primera opción será designar a alguno de los interventores que trabajan en la unidad de auxilio judicial de la IGAE. Si están ya sobrecargados, se le planteará a otros interventores en función de la localización territorial de los juzgados, informan fuentes del Ministerio de Hacienda.

“Un paso más” en la instrucción

La Junta ha minimizado la importancia a esta decisión del juez. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado que es “un paso más” en la instrucción, y que su departamento “está dispuesto a ofrecer todas las explicaciones”. Pero en privado, fuentes del Ejecutivo andaluz no restan un ápice de preocupación y admiten que el juez acaba de “dilatar y sobredimensionar” una causa judicial que, hasta hoy, pensaban que se desvanecería tras las primeras pesquisas.

Fuentes del caso consultadas por este periódico explican que el magistrado ha pedido a los peritos del Ministerio de Hacienda un “escáner completo” de todos los contratos sanitarios troceados bajo sospecha firmados por el SAS en Cádiz durante el ejercicio 2021, de la normativa que se ha aplicado -“si existió o no la debida justificación”-, el presupuesto que se usó y los “precios” estipulados para la contratación a dedo de servicios y de la compra de bienes y suministros con empresas privadas, para compararlos con lo que habría costado usando la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva.

La entrada en escena de los peritos del Ministerio de Hacienda es, a priori, una mala noticia para el Gobierno de Moreno. Los partidos de izquierda en la oposición argumentan que el caso de los contratos a dedo del SAS es similar al fraude de los ERE, que se llevó por delante al Ejecutivo socialista.

El fondo de la cuestión no tiene nada que ver, pero el procedimiento de instrucción va dando los mismos pasos y la lectura política que hace hoy el PP, desde el Gobierno, es diametralmente opuesta a la que hizo hace 15 años, desde la oposición, sobre cada auto, cada informe y cada diligencia del caso ERE. La Intervención General del Estado también emitió un rotundo informe sobre aquella causa, en diciembre de 2013, con más de 8.000 folios, que vino a ratificar las principales denuncias de fraude contra la Junta, y que los populares, como acusación particular, consideraron “clave”.

La Intervención General del Estado, con más personal y más recursos, va a seguir ahora los pasos andados por los interventores del SAS, que ya alertaron en sus informes de un posible “fraude de ley” en el abuso de la figura del contrato menor, a través de un “fraccionamiento masivo e irregular” de contratos millonarios “con las mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros con el mismo importe y por el mismo concepto, eludiendo publicar nuevas licitaciones públicas y vulnerando el principio de libre concurrencia”.

Esas auditorías a posteriori de los contratos sanitarios -coincidentes en las ocho provincias- son la piedra angular de la investigación judicial en Cádiz, la única donde prosperó una denuncia de Podemos por un presunto delito de malversación. Los informes de los interventores del SAS se basan en la revisión de una muestra de expedientes de contratos menores, con un hallazgo de irregularidades en el 98% de los casos, que puso bajo sospecha la adjudicación a dedo de cientos de contratos encadenados por un montante global de 1.225 millones en toda Andalucía.

Cuando elDiario.es publicó dichos informes, el Gobierno andaluz trató de desacreditar las conclusiones de sus propios interventores, asegurando que la muestra era “insignificante” y “no representativa”. El mismo argumento usaron los abogados del SAS durante la instrucción, cuando solicitaron al juez el archivo de la causa.

El magistrado replicó entonces que la muestra con la que trabajan los interventores de la Junta está “estandarizada”, el número no es arbitrario y la extrapolación de las conclusiones sigue los mismos parámetros en toda la Unión Europea, y sus conclusiones se consideran “significativas”.

En todo caso, en esta fase temprana de la instrucción, el juez ha considerado que los indicios delictivos son lo suficientemente significativos como para pedir a los peritos de la Intervención del Estado que examine “todos los contratos objeto de la investigación, incluidas las adendas, prórrogas y modificaciones, a los efectos de constatar y pronunciarse en relación a las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención de la Junta”.

Los auditores del SAS analizaron “una muestra”, y el objeto de la nueva pericia consistirá en “un análisis global e integral de la contratación menor fraccionada bajo sospecha de ilicitud”.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en las ocho provincias firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros con empresas privadas por un importe total de 4.141,6 millones de euros. Casi una tercera parte –el 29,58% (1.225,3 millones)– fueron contratos menores, la mayoría no superiores a 30.000 euros (el máximo legal que estipula la ley para la contratación menor), aunque cientos de ellos fueron adjudicados a dedo a las mismas empresas, alcanzando cifras millonarias.

Los interventores del SAS en las ocho provincias coincidieron en sus informes “desfavorables” y con “carácter definitivo”, tumbando las alegaciones de la Junta para defender los contratos troceados: “Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos”, adjudicando “contratos menores con un plazo de ejecución superior a un año”, en contra de lo dispuesto en la ley, y “sin los informes y autorizaciones” preceptivas por parte de la dirección competente, coinciden los cuatro documentos.

En los ejercicios posteriores -2022 y 2023-, el SAS no modificó el modus operandi y los auditores amenazaron con elevar un “informe de actuación” a la Consejería de Hacienda –una suerte de código rojo cuando se aprecian indicios delictivos– si “en el plazo de seis meses” no se habían cumplido las recomendaciones planteadas en las auditorías de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén para corregir las irregularidades. “La inobservancia en el plazo de seis meses de las recomendaciones que se consideren en este informe como de especial relevancia podrán dar lugar a la emisión de un informe de actuación”, concluyen todas las auditorías.