“Me destrocé medio cuerpo”: los rostros del drama de la siniestralidad laboral en Andalucía, con 121 víctimas en 2025

Hay muertes que, por incomprensibles, destrozan a quienes quedan. Pero hay otras que responden con claridad y contundencia a la pregunta: ¿por qué? No se dieron los elementos de protección, no se proporcionó el arnés, no se señaló el tramo peligroso, no se produjeron las revisiones de calidad, no había un protocolo de actuación, es decir, no hubo prevención de riesgos laborales. En Andalucía, hubo 121 trabajadores que perdieron la vida en 2025 y ya en las primeras semanas de 2026 se han contabilizado nueve decesos. Las defunciones son la punta del iceberg de un sistema lastrado por la alta incidencia de accidentes en el entorno laboral que, aún, no se corrigen y tienen luego un largo recorrido judicial, con hasta tres años de media de espera para sentencia.

Pedro Luque Yuste subió a un tejado sin líneas de viga ni sogas con las que atarse el 29 de junio de 2010. La empresa lo envió de un día a otro a una obra nueva, es más, el contrato para darles de alta en la Seguridad Social llegó in situ. Le dieron algunas herramientas para que operara y la orden fue arreglar la superficie, sin examen previo. “Era verano y las avispas empezaron a revolotear entre nosotros, nos movíamos por el tejado de lado a lado y supongo que nos verían de aquella manera, que fue entonces cuando nos dieron los papeles”, recuerda. “Hacía mucho calor, paré a tomar agua, solté la botella y me fui, fue como si te tiran de los pies para abajo, como un chupetón de desagüe que te tira, y caí desde el tejado a la nave... Un metro y medio más allá y habría quedado pinchado en las máquinas”.

Dolorido, en mitad del caos, el cordobés reconoce que la suerte le hizo un último guiño: los sanitarios y la policía llegaron antes que el empresario e hicieron fotos de todas las instalaciones, por lo que se comprobó que la soga que habían tirado en los andamios a posteriori era falsa. “Me destrocé medio cuerpo”, tenía la pelvis y varias vértebras de la columna fracturadas, además de una herida abierta en el tobillo que requirió de atención quirúrgica de urgencia en Barcelona. “Mi sorpresa fue que me encontré a personas sin miembros, pero gracias a Dios me pudieron salvar el pie”, señala en declaraciones a este medio. Las consecuencias de aquel accidente laboral le condicionan el día a día, sin que aún tenga reconocida la incapacidad total: le falta la respiración si anda tres metros seguidos, tiene dolores crónicos, depende de una medicación y las complicaciones cardiovasculares asoman.

“Se declaró insolvente”

Andalucía registró 103.609 accidentes de trabajo con baja a lo largo de 2025, tal y como apunta el informe anual de UGT, de los que 1.032 fueron graves. Por tanto, la autonomía concentra el 22,19% de los accidentes graves, es decir, prácticamente uno de cada cuatro accidentes graves de España se producen en el sur. Además, de las 121 víctimas mortales, 94 fallecimientos se produjeron durante la jornada laboral y 27 in itinere; por sectores, ha aumentado en un 37% las víctimas mortales en el sector de la construcción en comparación con 2024. Para hacerse una idea, en el conjunto del país hubo 735 personas fallecidas, según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo.

Por su parte, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo publicó el pasado 7 de marzo que los accidentes laborales había caído un 1,2% durante 2025, a falta de los datos definitivos del Ministerio competente. En un comunicado, trasladaron que había 103.584 bajas laborales y había habido 1.323 accidentes menos en los centros de trabajo que los contabilizados en 2024 y, con respecto a los siniestros mortales, la reducción fue del 5,5%.

Por el daño causado, Yuste recibió una indemnización de 24.000 euros a través de la mutua, pero la sentencia contra la empresa estima un total de 180.000 euros. “Se declaró insolvente, con todos los coches y las propiedades que tenía, y ni siquiera me pasa la pensión de 100 euros. Lo que me dicen es que tiene que primero cobrar Hacienda y la Seguridad Social, y el último seré yo”, lamenta. “Mi casa la tenía arruinada, de repente me quedé sin trabajo, con un hijo chico, y no tenía ni para comprar un chupachup”, refiere sobre el drama que acontece tras el accidente laboral. Con 47 años, le viene a la mente la persona que era: activa, inquieta, de trabajo constante, incluso los fines de semana: “Yo estaba tan mal que intenté quitarme la vida, cogí la escopeta, pero los cartuchos estaban picados”.

Tras años de apoyo psicológico, ha encontrado en la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela) un espacio que lo ha inspirado a seguir luchando, a divulgar la importancia de la prevención en riesgos laborales y a sanar sus vivencias en el grupo de luto que se reúne una vez al mes. Enrique López Gaona, voluntario de la organización, se traslada desde Málaga a Córdoba para participar en estos encuentros de autoayuda: “Los accidentes laborales crean muchas secuelas y situaciones complicadas que se tardan años en superar”.

Con alrededor de 130 socios, se suman a las acciones de los sindicatos y reclaman a las administraciones mayores exigencias para el entramado empresarial en materia de prevención, más allá de las declaraciones institucionales a las que se suman. “Es una realidad que tenemos silenciada y que afecta a miles de personas, pero no se analizan las causas ni se profundiza en la problemática, así que seguimos trabajando en su difusión y divulgación”, con tal de que los empleados sean conscientes de sus derechos laborales para evitar males mayores.

La eterna espera de los juicios

Otra de las trabas a las que se enfrentan los colectivos vulnerables son las barreras judiciales. López estima que, de media, se tarda tres años en lograr el reconocimiento para cobrar las indemnizaciones o lograr las pensiones de viudedad u orfandad: “Imagínate para las personas con esa pérdida y sin nada, porque no hay dinero hasta que no se aclara lo que ha ocurrido cuando ya tienes ante ti la pérdida de un proyecto vital; genera una situación socioeconómica muy grave”, subraya. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Yolanda Díaz, firmó el pasado 10 de febrero un acuerdo con CCOO y UGT para reforzar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales, de 1995, pero su recorrido es difícil ante la falta de consenso con la patronal.

Teresa Casillas va más allá: quiere un juzgado especializado en siniestralidad laboral. Cuatro años más tarde, sigue en la pelea judicial tras los recursos que interpone la empresa en la que falleció su marido, Bartolomé Jiménez. Pero no ceja. No va a ceder ni un centímetro, menos después de que intentaran firmar un acuerdo extraoficial en el propio tanatorio. “La viudedad la cobré a los seis meses porque la mutua denunció a la empresa, que devolvía el papeleo sin firmar, pero a día de hoy no sé qué pasó... Es una lucha contra Goliat, pero, tarde lo que tarde, seguiré por la vía de lo penal”, mantiene, en entrevista con esta cabecera.

Teresa y Bartolomé habían retomado el placer por viajar, de hacer planes juntos los fines de semana, tener una independencia que durante años había quedado postergada a causa del cuidado que le dedicaban a sus familiares. Pero el 2 de junio de 2022 se truncó esta nueva etapa. Tras casi 25 años en una compañía dedicada al galvanizado en La Carlota, Córdoba, se produjo un accidente en el horno que acabó con su vida en el mismo momento. “Mi hijo fue a buscar el coche y las pertenencias de mi marido, pero ya hubo problemas, y acusaron a mi marido de estar alcoholizado y drogado... Mentira todo”, un año después, el informe toxicológico desmintió aquellas afirmaciones.

“No puedes cerrar el duelo hasta que pasa todo”, lamenta. Acompañada por sus dos hijos, intentó remontar, pero no fue hasta que dio con el grupo de duelo cuando “cambió mi chip por completo”. “Hablamos de lo que sentimos, de lo que nos ha pasado, tenemos las mismas reacciones y, dices, jolines, no soy solo yo, incluso, comentamos cosas tan cotidianas como... Sacar la ropa del armario”, logró hacerlo hace poco. Insiste en que la prevención es una labor de todos, más cuando ha descubierto que habían otros compañeros de su esposo que habían sufrido accidentes y que se trata de la tercera defunción en la compañía en apenas una década. “Gane o pierda, esto va a salir en la televisión”, adelanta.

En Andalucía, tanto UGT como CCOO han demandado más medidas. Entre ellas, recuperar la acción del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, además de las campañas de prevención. También, le piden al Gobierno de Juanma Moreno que actualiza el acuerdo de 2002 y la incorporación de una nueva figura, el delegado territorial o sectorial, con el fin de que se haga una mayor vigilancia en los centros de trabajo. Este jueves, el Parlamento andaluz, a petición del grupo socialista, abordará una pregunta sobre las víctimas mortales de los accidentes laborales. Mientras, Casillas, y tantas personas afectadas, encara el tramo más arduo: la espera, mientras la Justicia dirime cuál de las partes tiene la razón.