Oskar Martín: “La mano de obra en Andalucía no se encuentra por un problema de condiciones y salarios”

Oskar Martín (San Sebastián, 1973) encara 2026 con una hoja de ruta clara para UGT, pese a que el ciclo político juega en su contra por los tiempos y las esperas que conllevarán las elecciones autonómicas. Con el dato actualizado, el secretario general en Andalucía cifra en 116 las muertes en el ámbito laboral durante el año anterior en la comunidad, por lo que emprenderán una intensa campaña para frenar estas cifras. A este objetivo, se le suman otros, ya sea la reducción de la jornada laboral, la exigencia de que la región sea polo inversor pero también permanente en materia industrial o el freno a la privatización de la formación profesional. Aun con la turbulencia del calendario, permanece en calma y transmite sosiego en cada respuesta.

Casi 2 millones de personas están en situación de exclusión social y las dos principales trabas a las que alude el informe FOESSA son la vivienda y el empleo. Tildaron la ley de vivienda autonómica de insuficiente, así que, ¿cuáles son las soluciones?

Andalucía, históricamente, tiene unos índices altos de exclusión para los que, lógicamente, necesitamos políticas que palien esta situación: ante todo, la recualificación y la formación de las personas. Por otra parte, un puesto de trabajo ya no es suficiente para subsistir en términos de dignidad, porque está la carestía de la vida en la compra, los suministros energéticos o la vivienda, la principal clave. A los alquileres o a la compra se está dedicando el 60% del salario, así que reivindicamos un salario mínimo interprofesional (SMI) digno, que no absorba complementos, antigüedad, trienios y demás, ya que, si no, la subida sería neutra, sino tal y como marca la Carta Social Europea.

En cuanto a la vivienda, las administraciones tienen que trabajar en una solución en el medio-largo plazo, y eso tiene que ser a través de un pacto de Estado, que dé soluciones en términos de oferta y demanda, de ajuste o de regulación de precios y que cree un parque de vivienda público amplio. Como bien sabemos, había que producir en torno a 100.000 viviendas y se ha quedado en unas 12.000. Así que hay un déficit importante, lo que ha tensionado los precios y a lo que habría que añadir turistificación, otro elemento que castiga. El centro de las ciudades se está desdibujando, al igual que su mapa laboral, como en Málaga, donde enfermeros, doctores, bomberos, policías, se tienen que marchar a otra provincia porque les es imposible vivir. Eso son tres horas de viaje de ida y vuelta y de gasto, y eso no es posible en el siglo XXI.

Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo han acordado subir el SMI a 1.221 euros, sin la patronal.

Nosotros fuimos mucho más ambiciosos. La exigencia era estar en torno a una subida del 7,5% para acercarnos a ese objetivo del 60% del salario mínimo que marca la Carta Social Europea y, al final, el planteado es una subida del 3,1%, con lo que estaríamos de acuerdo siempre y cuando no tributara el líquido neto. El SMI, aparte de dignificar la vida de millones de personas, es un instrumento de aceleración del consumo interno, porque la gente lo gasta en su barrio, y es una manera de reactivar la economía. El Gobierno tiene ese compromiso y esa responsabilidad.

El Convenio Colectivo del Empleo Público ha recuperado el 11,5% del poder adquisitivo de sus empleados. ¿Se logrará lo mismo desde los convenios en los sectores privados?

Tenemos el instrumento para analizar y constatar que las empresas en este país reportan beneficios: el Observatorio de márgenes empresariales. No están en situación precaria ni deficitaria y queremos, como agente social, que la riqueza se reparta en los términos más justos posibles. La CEOE peca de irresponsabilidad: cuando los tiempos van bien, los beneficios los acaparan exclusivamente ellos, pero, ¿y cuando van mal, como en la pandemia, con pérdidas y deudas, se quiere socializar, no?

Los convenios colectivos son fundamentales para repartir la riqueza y en el VI Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva (VI AENC) priorizaremos que el poder adquisitivo de los trabajadores esté por encima de la inflación. En ese sentido, el acuerdo del sector público debe ser referente para las empresas privadas. Por ejemplo, el sector turístico andaluz marca beneficios récord, pero tiene los salarios más precarios de la historia. Hay ejemplos positivos, como el convenio del metal en Cádiz, donde se logró recuperar el plus de tóxico penoso y que hubiera un aumento salarial del 3%.

Andalucía reúne todos los requisitos para ser una gran potencia energética, pero no un nodo extractivo

Falta de mano de obra tanto en el sector agroalimentario como en el energético. ¿Cómo se revierte esta situación?

A pesar de lo que dicen los empresarios, esa mano de obra no se encuentra porque es un problema de condiciones y salarios. Cuando se habla del campo, no se encuentra gente porque se paga mal y se trabaja mucho tiempo, como en hostelería, donde se trabajan diez horas, se pagan siete y se aseguran cuatro. También, está la formación. La formación profesional (FP) es escasa, ya que solo este año se crearon 2.500 plazas públicas frente a las 9.400 del sector privado, por lo que se está convirtiendo en un negocio. En ese caso, la Administración tiene que diseñar planes enfocados a la demanda y necesidad de los sectores productivos de Andalucía.

¿Andalucía podría alcanzar la meta de ser cabeza industrial del país?

Soy muy optimista. Andalucía tiene potencial, capacidad, inteligencia, formación y situación, es decir, reunimos todos los elementos para que sea una gran potencia energética. Pero no para que sea un nodo extractivo y que se beneficien otros territorios. Para ello, las fábricas de placas solares se deben quedar, para que las plantas de hidrógeno verde se queden y sus empresas auxiliares, con tal de conformar ese gran nodo tecnológico y energético, con el fin de que todos los beneficios se maximicen y se aprovechen aquí.

Para que no se repita lo de Ayesa. ¿En qué punto se encuentra?

Estamos en contacto con la Consejería de Industria y la plantilla para conocer cuál es la situación.

¿Cómo avanza la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía?

Se ha hecho la petición al Gobierno de la Junta de Andalucía para que se logre la negociación colectiva y se reemplace el acuerdo de 2002. Después de tantos años, hay que actualizar la situación del personal laboral, tanto en materia de salud laboral como en prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones, y que sirva como resorte para la propia administración, en cuanto a que se logre su modernización. Al final, afecta en torno a 80.000 trabajadores.

Uno de los objetivos de UGT, como comentó en el balance anual, es lograr la jornada de 37,5 horas. Una propuesta que fracasó en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se logra convencer a la patronal?

Cuando hablábamos sobre el SMI, que en el último lustro se ha revalorizado un 60%, había gurús que decían que iba a ser un caos y ahora estamos en récord histórico de trabajadores ocupados en el país. A los empresarios hay que hacerles mucha pedagogía y, al igual que están creciendo sus compañías, su mentalidad ha de crecer en términos de comprensión y de entendimiento. Como sindicato, cuidamos a los trabajadores y, en consecuencia, también a ellas, así que el bloqueo de cualquier mejora está en su propio desarrollo.

La reducción de horas ha demostrado una mayor productividad en varios países, entre otras cosas, a partir de una mejor disposición y una menor siniestralidad. En todo caso, hay que invertir en recualificación, innovación, tecnología..., porque creemos en el hecho de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Ocurre con los jóvenes, y es la filosofía a atender: mejorar el tiempo personal, el de familia, al igual que la conciliación, que es una gran demanda. Al mismo tiempo, se plantean nuevos retos, como la evaluación de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo u otros escenarios desconocidos, por lo que uno de los instrumentos clave es trabajar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

El Gobierno de Andalucía no puede permitir que miles de jóvenes se marchen al no haber salida laboral aquí

Pese a que Andalucía bate récords en ocupación, la cifra de desempleo juvenil se sitúa en un 32%, nueve puntos por encima de la media nacional.

No solo nos preocupa el paro juvenil, sino también el paro femenino, ya que arrastran un desempleo estructural. Con respecto al juvenil, nos preocupaba sobremanera que seamos una de las comunidades con mayor índice de cualificación y de formación universitaria y, sin embargo, entre 2018 y 2020 se fueron en torno a 8.000 jóvenes. Entre los 12 años de formación reglada a un coste anual promedio de 5.000 euros, son cerca de 390 millones de euros: Andalucía pierde en términos económicos y de descapitalización, de inversión en educación y, sobre todo, en el desmantelamiento del tejido social y familiar. El Gobierno de Andalucía no puede permitir que miles de jóvenes se marchen porque aquí no tengan salida, por lo que hay que hacer un plan estratégico para el valor juvenil, como favorecer la formación en sectores claves, como en el aeronáutico, de hidrógeno verde o el agroindustrial.

En cuanto al desempleo femenino, sigue habiendo una brecha salarial en torno al 25%. Hablamos de que una mujer, desde noviembre y hasta final de año, trabaja gratis. Para hacer desaparecer la brecha de género necesitamos corresponsabilidad institucional mientras que, desde el sindicato, ponemos en valor los planes de igualdad, un instrumento que, precisamente, sirve para erradicar la discriminación en el seno de las empresas.

Elaboraron un informe sobre la siniestralidad laboral hasta noviembre de 2025, en el que se registraba 114 víctimas. ¿Hay datos actualizados?

Con fecha de diciembre, hay dos personas más fallecidas. Aquí hablamos de la vida de las personas. No hay nada más importante, y este año nos vamos a remangar y poner en marcha un calendario de actuaciones importantes. Pondremos en el centro del debate laboral la siniestralidad, ya que, no son solo muertes, sino que se produce un accidente cada cinco minutos en Andalucía. De ellos, mil son graves y un 40% están relacionados con la salud mental, ya sea estrés, ansiedad, depresión, que provocan ictus o infartos. Hay que incentivar la cultura preventiva a las empresas, es decir, cuidar a los trabajadores.

En tal marco, trabajamos con nuestros delegados de prevención de riesgos laborales y exigimos una figura clave: el delegado territorial o sectorial, una persona con una cualificación superior, sin capacidad sancionadora pero sí de asesoría y de redacción en caso de que haya algún tipo de incidencia para su posterior subsanación. Esto sería el resultado de un acuerdo entre administración, patronal y sindicatos, como ocurre en Navarra, Asturias o La Rioja, para lo que le trasladé al presidente de la Junta que hiciese una ampliación de la dotación presupuestaria en el marco de la prevención y de la salud laboral de Andalucía.

¿Sigue teniendo buena sintonía con el presidente Juanma Moreno?

La sintonía con el presidente es una sintonía sindical, laboral y, por su parte, política. No obedece más que a un sentido de la responsabilidad por resolver los problemas de los andaluces. En mi caso, de los trabajadores y trabajadoras y de nuestros afiliados. Así se lo transmito cada vez que coincidimos, dado que la Junta analiza nuestras propuestas y se intenta llegar a puntos de encuentro. Esa es la política sindical a la que nos debemos, independientemente del color político de San Telmo. El propósito es conseguir mejorar la vida de las personas trabajadoras, así que tenemos que trabajar las relaciones, porque al final las instituciones y los sindicatos no son una entelequia abstracta, no es un éter, sino personas. Es una cuestión de sentido común.

Mi sintonía con Juanma Moreno no obedece más que a un sentido de la responsabilidad por resolver los problemas de los andaluces

¿Cuál es la valoración que realizan sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes?

Estamos a favor. Hay cientos de miles de personas que por no tener regularizada su situación no se les puede hacer un contrato como es debido, no pueden tener una cuenta de banco, no pueden sacar su carnet de conducir y no pueden operar como un ciudadano al uso. ¿Qué sentido tiene cuando sabemos que la pirámide poblacional se está invirtiendo y necesitamos incrementar la base en términos de mano de obra? Los inmigrantes están aportando en términos de producto interior bruto, a las arcas de la seguridad social y, por tanto, pagando las futuras pensiones, es decir, están trabajando por este país, lo cual hay que reconocer y valorar.

¿Cómo se recupera la confianza en el movimiento sindical ante la acusada polarización social?

Los sindicatos han sufrido, sufrimos y seguiremos sufriendo los ataques. Nuestra aspiración, aparte de defender los derechos y los intereses de la clase trabajadora, es transformar la sociedad en una más justa, libre e igualitaria. Ante esto, tienes el ataque y el desprestigio de la derecha, la ultraderecha, el capitalismo o el neoliberalismo. Pero, desde 1888, hemos estado en todos los procesos complicados de la historia de este país, y eso nadie lo puede negar, porque ya en 1921 la UGT tenía un millón de afiliados, contribuyendo a la construcción democrática desde el sindicalismo de base. Muestra de ello es que en 2025 fuimos el primer sindicato de Andalucía, con más de 15.000 delegados que trabajan por construir una sociedad más justa, de lo que nos sentimos orgullosos, porque lo hacen de manera desinteresada.

Nuestro propósito es recuperar el espíritu del 4 de diciembre de 1977, como fuerza impulsora y transformadora del cambio social, político y laboral. Ese combustible es la fuerza de las mujeres y de los hombres de esta comunidad, para seguir avanzando, tener una vivienda digna y asequible, trabajo de calidad, erradicar la siniestralidad y tener un futuro de derechos y libertades. Pese a que algunos lo quieran destruir, estaremos frente a todo eso, trabajando por una Andalucía próspera.