Amenazados de desahucio y expulsión un grupo de empleados del sector energético procedente de Chile: “Nos han engañado”

El año 2023 quedó grabado en la memoria de Juan, Denis, Jaime y Edy. Por primera vez, surcaban el Atlántico y aterrizaban en España con un compromiso contractual de dos años en el sector de las renovables. Una oportunidad que cogieron al vuelo: había fecha de ida y vuelta, condiciones óptimas y un deseo por ahorrar y mejorar sus perspectivas de vida. Ahora en Sevilla, aguardan a que la justicia tome parte después de descubrir que trabajaron de forma irregular sin ser dados de alta en la Seguridad Social y, por tanto, quedando desamparados. Tras ser captados por una subcontrata portuguesa, hay una amenaza de desahucio por parte de una compañía sobre el piso que comparten.

La cuadrilla se conoció en Chile, donde ganaron experiencia hasta convertirse en técnicos especialistas en materia de energías renovables. Tenían ocupación, así lo demuestran los diferentes carnets de las compañías en las que desempeñaron su labor durante años y que comparten a lo largo de la entrevista con elDiario.es Andalucía. A priori, no tenían una necesidad perentoria para cambiar su perspectiva vital, pero fue entonces cuando vieron un anuncio en Facebook y se interesaron por la oferta que ofrecía una compañía: “¿Tienes experiencia como instalador de placas solares? Únete a nuestro equipo. Oferta de empleo para trabajar en España”, rezaba. La contratación en origen la realizaba la empresa portuguesa Grupo J. Mimoso Serviços Universais.

Lo que parecía un empleo de calidad, con ventajas como la entrega de alojamiento durante la estancia, se convirtió en un via crucis. Roberto Cid, miembro de la asociación Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, asegura que “han sido engañados”. Junto a Pablo Gutiérrez Vega, presidente del ente, siguen la causa desde 2025 cuando se interpuso una denuncia por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, donde se recoge que carecían de cobertura médica, había impago de las horas extras o se prohibía el disfrute de las vacaciones. Una cuestión que afectó a una primera tanda de 11 hombres que, ante las circunstancias legales a las que se enfrentaban, decidieron abandonar el litigio. Juan Vargas, Denis Merino, Edy Quispe y Jaime Sandoval persisten en el proceso con el propósito de que se les reconozca sus derechos laborales.

Visado portugués, sin permiso de trabajo español

El Grupo J. Mimoso Serviços Universais, con Jesus Mimoso al frente, logró los visados de la cuadrilla a través de la embajada portuguesa en Chile, donde se contaba con la cooperación de una empleada de la institución que se comunicaba con los empleados sudamericanos a través de WhatsApp, tal y como ha comprobado este medio. Los contratos, en portugués, fueron firmados por los interesados y disponían que la residencia de los interesados se encontraba en la calle Nova 22, en Alagoa, donde jamás habían vivido, tratándose de la sede social de la empresa, según consta en el registro de Actos Societarios o de otras entidades de la República lusa.

El periodo de prueba era de tres meses y la remuneración de 1.200 euros por una jornada de 40 horas semanales. Además, se autorizaba a Mimoso como apoderado fiscal en virtud de la cesión de datos que se requerían. Esta serie de condiciones les convertía en nacionales extracomunitarios con un visado luso, es decir, solo podían trabajar en Portugal, así que “los tenían ilegalmente trabajando en España”, resume Roberto Cid.

¿Por qué se les dio este permiso? “El visado portugués es europeo, por tanto, pueden circular por España, pero no sirve para trabajar ni tener la residencia, sin embargo, durante dos años la empresa los movió”, señala, ya que viajaron por Valladolid, Barcelona o Talavera de la Reina, según consta en la documentación reunida, antes de instalarse en Andalucía, “cuando empiezan a lesionarse y quieren ir al médico se dan cuenta de que no están dados de alta en la Seguridad Social y, por extensión, no cotizan”. Una cuestión que desconocía la cuadrilla, ya que, como afirma Juan Vargas, “creíamos que Europa era todo una, que no había ningún problema y todo era lo mismo”.

La legislación española contempla una modalidad de empleo a partir de la Autorización de trabajo por cuenta ajena para trabajadores transfronterizos, un procedimiento que se formaliza a través de la plataforma Mercurio, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Entre los requisitos, se establece que el empleado no sea ciudadano de un estado de la UE —hay acuerdos internacionales suscritos con Chile y Perú, de donde procedía la cuadrilla— y resida en una provincia o demarcación limítrofe con España —por ejemplo, la nación vecina—. Asimismo, se obliga al empleador solicitante a estar inscrito en el régimen del sistema de Seguridad Social, ser solvente económicamente y, se subraya, dar de alta al trabajador en el plazo de un mes desde la notificación de la concesión.

Intecsa, con pérdidas

Al aterrizar en Madrid, vía París, la cuadrilla se dispuso a las órdenes de Intecsa Solar, una empresa dedicada a las estructuras solares. El intermediador portugués tenía una única misión: subir toda la documentación a una plataforma digital para que la contratación estuviera en regla. El negocio siguió adelante y, tras varios meses, llegó a su fin de forma abrupta. Los empleados sudamericanos dejaron de percibir su salario y, como explican en el salón del piso que comparten, la única explicación que les dio fue que había un impago por parte de la marca española.

En cambio, Roberto Alonso, CEO de Intecsa, difiere de la versión del subcontratista portugués. En declaraciones a este medio, asegura que las relaciones comerciales finalizaron cuando se dejó de registrar la documentación que ratificaba la legalidad de los contratos. “Después de las vacaciones navideñas de 2024, no subió lo que requeríamos. No contestaba ni a los mensajes ni al teléfono, y rescindimos el contrato”, sostiene, perdiendo de esa forma contacto con la cuadrilla. Contabiliza que el perjuicio acarreado, dado que las obras comprometidas con un cliente hotelero no se concluyeron, ronda alrededor de los 15.000 euros. Por tal motivo, la compañía española adelanta que emprenderá acciones legales contra el Grupo J. Mimoso Serviços Universais.

Denuncia a Inspección de Trabajo

Tras ese traspié, Denis Merino hace hincapié en que no recibían ni un euro. Ya no solo se trataba de su subsistencia, sino la de sus familias. Hijos, parejas, personas dependientes de que les llegara el ingreso cada mes. Sin ninguna prestación por desempleo y el control de las cuentas en manos de Mimoso, empezaron a mover los hilos de los contactos que habían hecho y lograron entrar en el servicio de Serleycon, otra compañía energética. De nuevo, hubo problemas: “Mimoso nos decía que la empresa no le pagaba y, si no recibía un peso, ¿cómo nos iba a pagar a nosotros? Pero, eso significaba que no era solvente, aunque siguiera trayendo trabajadores de Chile”.

Este medio ha logrado ponerse ponerse con Serleycon, desde donde se afirma que “no se apreció nada irregular”, dado que “la empresa es portuguesa y en el momento podía realizar trabajos sin que sus trabajadores cotizaran en España porque ya pagaban Seguridad Social en Portugal”. La normativa contempla excepciones, como el teletrabajo o la ida y venida entre fronteras cada jornada, aunque el límite es de 183 días de trabajo presencial en España y se establecería que la persona se convertiría en residente fiscal. El acuerdo se extinguió “sin inconvenientes”, aseguran las fuentes consultadas.

Sin más opción, la cuadrilla decidió buscar otra alternativa y, finalmente, lograron un acuerdo con la compañía Colway Industrial, con quien esta cabecera se ha puesto en contacto sin recibir respuesta. A pesar de las desavenencias con Mimoso, se había logrado un pequeño triunfo. Una pequeña tregua que acabaría el 16 de abril de 2025: el día en que Juan tuvo un accidente laboral.

Un componente metálico de la obra en la que se encontraban rebotó contra su rostro provocándole una contusión dental por la que tuvo que acudir al Servicio de Urgencias del Hospital Virgen Macarena, en Sevilla. Ante el daño, pidió la asistencia médica del seguro para que cubriera los gastos de la intervención, sin embargo, no se le cubría el gasto. De tal manera, acudió a una clínica privada donde le cobraron 540 euros para arreglar la mordida. A partir de aquí, los trabajadores comenzaron a pedir explicaciones y no se conformaron con las negativas o las evasivas de que hasta el momento les había dado Mimoso. Sin más opciones, acudieron a la Inspección de Trabajo.

En el escrito, presentado el 12 de junio de 2025 y firmado en un principio por siete empleados, se relata “la promesa de trabajo” que les había trasladado el intermediador portugués y por la que deberían constar como trabajadores transfronterizos, de conformidad con la ley 45/1999. Una cuestión que no se cumplió puesto que, en vista del texto, había “una inadecuada atención médica laboral” que “vulneraba el derecho a la atención médica del trabajador y, por consiguiente, también la prevención de riesgos laborales”. Por otra parte, se hacía constar el impago de las horas extras, las vacaciones y, también, de los meses en los que habían desempeñado su labor en el proyecto fotovoltaico Rey Solar IV Carmona, Sevilla. Cinco puntos en los que resumían el calvario vivido durante los dos últimos años.

Deshaucio y expulsión del país

En busca de cualquier apoyo, los entrevistados acudieron a la empleada del Consulado de Portugal en Chile que les había facilitado los visados, quien, a través de un audio de WhatsApp, les conminó a que acudieran a los juzgados lusos: “Tienen un contrato con la empresa portuguesa, pero si van a trabajar para una empresa x en España, la empresa española tiene que encargarse de vuestra situación médica, no la empresa portuguesa”, resume en la distancia, en contra del criterio de la normativa nacional.

Ante estos vaivenes, el 15 de septiembre Jesus Mimoso envió una carta a la cuadrilla en la que anuncia que se ha abierto una investigación que “podría justificar la apertura de un procedimiento disciplinario” y, en consecuencia, “el despido por causa justificada”. De esa manera, como indica Roberto Cid, no se ve obligado a indemnizar a las partes contratadas ni a embolsarles un finiquito. En la misiva por parte de la subcontrata no se explican cuáles son los hechos a los que alude y, sin más, suspenden de forma preventiva a los implicados en el informe a Inspección de Trabajo.

El despido se efectúa y la consecuencia inmediata es la petición por parte de Colway Energía del desalojo del piso en el que conviven en la capital hispalense. Sin recursos, y en mitad de un proceso asfixiante, llega la última estocada: un burofax a fecha de 4 de diciembre en el que el servicio legal de la energética reclama la propiedad con la amenaza de demandarlos por allanamiento de morada y, a renglón seguido, reciben una citación oficial por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras el día 17 del mismo mes a raíz de que la UCRIF (la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales) abrió un expediente de expulsión del país.

“Sospechamos que, al ser una empresa grande, a lo mejor trasladaron el caso a la Policía, pero acudimos a la citación y la Policía se encontró con que tenían un permiso de residencia portugués y una denuncia —la interpuesta por la asociación— por comportamientos supuestamente delictivos, así que se frenó esa apertura de expediente de expulsión”, detalla Roberto Cid, cuya asociación ofrece asesoría legal en el Consulado de Perú en Sevilla, lugar en el que conocieron a la cuadrilla.

“Un círculo vicioso”

El envío de audios amenazantes tanto por parte de Colway como de Mimoso y sus subordinados afloró rápidamente, cada vez más insistentes, mientras los compañeros sudamericanos intentan resistir en el piso a la espera de que se resuelva el embrollo judicial en el que se encuentran. Sin forma de llegar a un acuerdo en la conciliación laboral que se celebró el 29 de diciembre, la asociación explica que su propósito es conseguir el permiso de residencia para trabajar en España atendiendo a razones humanitarias o, in extremis, de arraigo.

“Es un círculo vicioso y la situación nos está obligando a que la empresa se salga con la suya”, lamentan. A un lado del sillón, está una caja de Colway. El resto del piso, sin decoración ni señas significativas, se mantiene en blanco, lleno de sábanas para guardar el mobiliario.

Bajo la denominación J.Mimoso, Unipessoal Lda., la empresa declaró en 2022, fecha de su constitución, que poseía 5.000 euros en capital social. Cuatro años más tarde, una publicación del día 6 de enero en su página de Facebook reza: “Buscamos instaladores de placas solares para trabajar en España para formar equipo. Interesados, llamad a...”. A preguntas de este medio, el empresario insiste en que ha cumplido con la legislación vigente y que se atendió el accidente laboral de otro empleado sin mayor perjuicio, mientras que en el caso de Juan fue rechazado por la aseguradora, a quien acusa de generar esta controversia. Aun así, admite que tomó represalias ante el escrito a Inspección de Trabajo, aunque antes había pedido reuniones individuales con la cuadrilla, a lo cual se negaron. “Tenemos todos los trabajadores legales y lo que intentan ellos buscar es trabajar sin cobrar”, sentencia.

En vista de lo sucedido, la APDHA quiere mostrar su preocupación por “las condiciones de explotación laboral que están presuntamente sufriendo este grupo de trabajadores”. “Queremos llamar la atención respecto a que un sector económico como el de las energías renovables, que es considerado estratégico por parte del gobierno y que, por tanto, está recibiendo importantes fondos públicos, tenga en condiciones ilegales y de explotación a un grupo de trabajadores a los que se ha engañado y cuyos derechos laborales más esenciales han sido vulnerados”, manifiestan desde la entidad. “Esto vuelve a poner de manifiesto que las trabas migratorias que se ponen a las personas derivan en muchísimas ocasiones en formas de explotación injustificables”, aseguran desde APDHA.