Nueve temporeras marroquíes denuncian abusos laborales y sexuales en una finca de Almonte

Ya son nueve las temporeras de la fresa de Huelva que se han ido ante un juez para denunciar la situación laboral que, presuntamente, sufren en un campo de la localidad onubense de Almonte, tras las denuncias que este viernes presentaban seis de sus compañeras. Al juzgado e inspección de trabajo -este trámite lo realizaron este lunes- se han ido nueve de las trabajadoras de la finca, aunque llega el centenar el número de afectadas que, según el SAT, podrían terminar denunciando.

Seis de las nueve que se han presentado en la Inspección de Trabajo son las que ayer huyeron sin un rumbo claro de la finca almonteña en la que han trabajando desde abril. Pasaron la noche en la cercana localidad de Escacena, gracias a la solidaridad de unas personas que le dejaron lo básico para que pudiesen descansar, y esta mañana han acudido a ratificar la denuncia.

Allí, han elevado el tono de su protesta, asegurando cuatro de ellas que han denunciado ante la Guardia Civil en las últimas horas presuntos abusos laborales y sexuales, explicado a los medios de comunicación que las esperaban a las puertas de la Inspección de Trabajo que han dado nombres y apellidos de la situación que han vivido en la finca a la que acudieron con un contrato en origen firmado en Marruecos.

Han comparecido junto al diputado nacional de Podemos Diego Cañamero, que ha pasado revista al proceso judicial vivido hasta ahora, con una denuncia presentada el viernes, otra el domingo y una tercera, últimas hasta el momento, este lunes.

Cuatro de ellas han relatado presuntos abusos sexuales explíticos, llegando incluso a identificar a una persona, y el resto han asegurado que han sufrido explotación laboral al no cumplirse las condiciones de trabajo, con detalles como tener que pagar la luz y el agua del alojamiento -por el que ya pagaban tres euros diarios- y no recibir el pago por su trabajo según marca el convenio del campo en Huelva, unos 40 euros diarios.

“Han pasado mucho miedo”

Cañamero ha indicado que todas ellas han denunciado “pasando mucho miedo”, y con mucha precaución fueron sacados de la finca en la tarde de ayer, para llevarlas a la vecina Escacena a descansar. “Las trasladamos para pasar la noche y ahora intentaremos que se las proteja para que las denuncias sigan su curso y lleguen a buen puerto”, ha exlicado, instando a la Junta de Andalucía a que “las proteja en un sitio decente donde puedan tener un control de las denuncias, puedan ratificarla ante el juez y seguir adelante con el procedimiento”.

De fondo está el hecho del arraigo estas mujeres, que llegan a Huelva siempre teniendo en cuenta que están casadas y/o tienen hijos, para asegurarse que cumplirán el acuerdo de volver a sus casas cuando acabe la campaña.

Una de las afectadas, que no ha hecho público su nombre, ha narrado ante los medios que el jefe de la finca en la que trabajan las trata “mal”, que en la casa que se les ha ofrecido “viven seis personas y faltan muchas cosas” y que “tiene pagar por tres horas al día de agua y luz que muchas veces no se respetan, hasta el punto de que a veces hemos llegado del trabajo y no se han podido duchar”. “Algunas hemos sido víctimas de abusos por parte de uno de los encargados que amenazaba para ir con él y mantener sexo”, han dicho a través de una intérprete.

Han concretado que llegaron a Huelva con “un contrato de 40 horas y con la vivienda pagada y no ha sido así. Desde el principio, a las nuevas, ”se nos exigía que sacáramos la misma producción que las repetidoras, cuando aún no sabíamos cómo hacerlo“. A día de hoy, tras casi dos meses en la empresa, asegura que no saben cuánto tienen que cobrar.

Pero todo tiene, además, un componente social y religioso. Aseguran que tienen vergüenza de volver a su país y tener que contar a sus familias lo que han sufrido. “Dejamos allí a nuestras familias por conseguir algo de dinero que nos hace mucha falta, y nos ha pasado esto”, concluyen.

Una situación que “no es nueva”

Cañamero ha apuntado, además, que esta situación “no es nueva” que llevan muchas campañas denunciando “la explotación existente en los campos onubenses” y que, aunque hay agricultores “honestos y trabajadores que hacen las cosas bien”, hay “otros muchos que se aprovechan y compiten con sus productos en el mercado Europeo a base de explotación laboral”. En este sentido, pide “que aumente el número de inspectores para que acudan a diario a las fincas”, e incluso se eliminen o tengan que devolver las ayudas las empresas que incurran en estas prácticas.