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Seis temporeras huyen de una finca de Almonte tras denunciar incumplimiento de contrato

Una de ellas presentó una denuncia el viernes cuya declaración, según el SAT, fue respaldada por otras cien compañeras aunque ellas no presentaron denuncia

Reclaman que se cumpla el contrato de trabajo firmado en origen que, entre otras cosas, cubre los costes de regreso a su país

La empresa niega la acusación, y asegura que la Guardia Civil ha comprobado que parte de las acusaciones, apoyadas por el SAT, serían falsas

La empresa no pertenece ni a Asaja ni a Freshuelva, las dos organizaciones con más asociados en el sector del fruto rojos

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Algunas de las afectadas, en la finca de Almonte el viernes cuando llegaron los miembros del SAT.

Algunas de las afectadas, en la finca de Almonte el viernes cuando llegaron los miembros del SAT.

El pasado viernes, una temporera de origen marroquí que trabaja con contrato en origen en una empresa de Almonte (Huelva) denunciaba ante la Guardia Civil las "malas condiciones laborales" en su trabajo. La denuncia de esta mujer, que responde a las iniciales H.H., fue secundada por decenas de compañeras, un centenar según el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Cuando los miembros del sindicato llegaron a la finca, vieron la escena del vídeo que acompaña a esta información: decenas de mujeres, documentos en mano, pedían unirse a la denuncia. Todo ello provocó este domingo una situación en la empresa que acabó con, al menos, seis temporeras huidas de la empresa antes de terminar su contrato.

Esta temporera, mediante una intérprete llamada Nadet, ha explicado a eldiario.es/andalucia que en la mañana de este domingo han decidido dejar la empresa, a la que llegaron mediante un contrato en origen firmado en Marruecos, pero del que, asegura y así lo ha denunciado, no se han cumplido muchos puntos. Entre ellos,  afirma en la denuncia que no ha cobrado las cantidades acordadas;  hace constar, como ha podido comprobar este diario,  que "no se respetan las condiciones del contrato que firmaron en origen y además le hacen pagar 60 euros mensuales a todos los trabajadores de la finca en concepto de alojamiento, luz y agua”, asegurando, entre otras cosas, que el pasado 27 de mayo tuvo que acudir al centro de salud de Almonte porque se encontraba mal, y una encargada le pidió 40 euros para que la llevara al hospital.

También afirma  que trabajan 7 horas al día con un descanso de 20 minutos de lunes a sábado y que "no sabe cuánto cobra y no tiene copia del contrato de trabajo, que lo firmó en Marruecos, para subrayar que viven "en unos contenedores hasta seis personas, con dos ventanas sin persianas, sin aire acondicionado y cuando llueve hay goteras".

La denuncia fue presentada el viernes, y este lunes tendría que haber sido ratificada ante la Inspección de Trabajo, según el portavoz del SAT, Óscar Reina, que acompañó a la temporera a presentarla. Sin embargo, Reina asegura que a primera hora de este domingo un autocar se presentó en la finca para llevarse a las temporeras a su país antes de acabar su contrato el próximo martes. El SAT sospecha que han querido llevárselas de vuelta antes de que la única denunciante ratificase la denuncia. La empresa sostiene que ha terminado la labor por la que fueron contratadas y tienen que volver a sus casas ya.

La historia ha tenido continuidad este domingo. El SAT ha acusado de “secuestro” a los responsables de la finca ante el Juzgado de Instrucción 3 de Huelva, asegurando que las presuntamente secuestradas, unas 400 mujeres que recogen frutos rojos, estaban retenidas en la finca para poder ir subiéndolas a los autobuses que las llevarían a Tarifa camino de Marruecos. 

Seis, “en medio de Doñana”

De las temporeras afectadas, el portavoz del SAT, Diego Cañamero, se encontraba en la tarde de este domingo con seis, que estaban “en medio de Doñana” buscando alojamiento. Se habían escapado de la finca tras ser obligadas a volver a Marruecos, y aseguran que no han ganado desde abril más de 40 euros que les dieron "para comprar comida". "Ni para pagar el viaje de vuelta desde Tarifa tenemos".

“Les dijeron que el contrato que firmaban en Marruecos les cubría todo, pero al final tenían que pagar luz y agua, y en la finca se encontraron contenedores -casas prefabricadas- para vivir, con tres euros al día de alquiler como pago", explica el diputado de Podemos. Ante "esta situación, sostienen que se fueron de la empresa huyendo de la situación que vivían" y "sólo se han quedado en la finca las más veteranas”.

Asaja y Guardia Civil

Inicialmente, el SAT alude a Asaja y Guardia Civil como entidades responsables y presentes en el desalojo. La primera, niega la mayor, porque la finca no pertenece a esta entidad, ni siquiera a Freshuelva (la asociación más fuerte del sector) que agrupa al 94 % de las empresas de frutos rojos de la provincia.

La Guardia Civil, por su parte, admite que estuvo este domingo en la finca, pero señala que se limitó a acudir para comprobar si había alguna situación irregular en lo que a seguridad ciudadana se refiere, y no era el caso. "No había nada denunciable".

Freshuelva, que concreta de nuevo que la empresa no está en su asociación, sostiene no obstante que los contratos para recoger frutos rojos no tienen fecha de finalización concreta sino mientras dura la campaña.

“Es un ataque más al sector”

La última pieza de este eslabón es la propia empresa, que niega, mediante un portavoz, que haya una situación de abuso laboral en sus instalaciones, y considera que esta situación es “un ataque más al sector”, sosteniendo que no le consta denuncia alguna desde el pasado viernes.

Sostiene que el traslado de todas las temporeras contratadas en origen, hasta 400 en esta explotación agrícola, se realiza de forma paulatina estos días, desde el pasado viernes, disponiendo los medios necesarios para llevarlas hasta Tarifa y de allí a Marruecos en ferry. “Este domingo han salido algunas, y todas las que han salido lo han hecho de forma voluntaria y cobrando lo que tenían que cobrar”. Dice, además, que la Guardia Civil ha verificado la situación de los alojamientos, y el  propio consulado de Marruecos han comprobado que se cumplen las obligaciones laborales plasmadas en el contrato.

Este lunes, el SAT ratificará la denuncia, mientras al menos seis mujeres buscan alojamiento en Huelva sin intención aparente de volver a su país. El contrato firmado en origen, eso sí, implica que su situación en España será irregular si acaba la campaña y no han vuelto a sus casas.

No obstante, en este caso quedan algunas incógnitas aún por resolver, como la cantidad exacta de mujeres que se han ido de la finca, por qué afirman que tienen que pagar el viaje de vuelta cuando el contrato les cubre todos los gastos y por encima de él el convenio para traerlas a España; o si el éxodo de trabajadoras tiene que ver con el trámite de ratificación de denuncia previsto para este lunes. Además falta saber en qué situación quedan las mujeres que no se han ido de la finca cuando termine la campaña.

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