El laberinto de la autonomía universitaria en Andalucía: de la libertad de la LOSU al control de la LUPA

La autonomía de las universidades andaluzas está hoy, más que nunca, en el centro del tablero político y jurídico. Si te interesa el futuro de la educación superior, hay un pulso legal del que tienes que estar al tanto: el choque entre la ley estatal y la nueva normativa autonómica.

Por un lado, tenemos la LOSU (la gran ley estatal), que dibuja un marco de bastante libertad para que las universidades se organicen, contraten a su gente y gestionen su dinero. Por otro lado, acaba de aterrizar la nueva Ley de Universidades de Andalucía (LUPA). Aunque esta última mantiene el discurso de la autonomía, en la práctica introduce una batería de filtros y tutelas de la Junta de Andalucía que estrechan bastante el margen de maniobra de las instituciones públicas.

Veamos con lupa dónde están las fricciones.

De la teoría a la práctica: ¿quién manda en casa?

El punto de partida de nuestra autonomía universitaria está en la propia Constitución, que reconoce el derecho de cada universidad a aprobar sus estatutos, organizar sus estructuras y gestionar su presupuesto. La LOSU estatal se toma esto muy en serio y lo desarrolla con bastante generosidad. La idea básica es lógica: la comunidad autónoma pone las reglas del juego y el dinero (el marco general), pero las micro-decisiones del día a día se dejan dentro de la propia universidad.

Sin embargo, cuando entra en escena la LUPA, la música cambia. La Junta vende esta nueva norma como una inyección de “estabilidad” y “más autonomía”. Y oye, sobre el papel, suena bien. Pero rectores, sindicatos y parte de la oposición coinciden en que la ley despliega mecanismos de injerencia en terrenos que deberían ser de puro autogobierno. No es que la Junta marque grandes estrategias (lo cual sería lógico), es que baja al detalle más minucioso.

Un ejemplo claro lo vemos en los órganos de gobierno:

●      La LUPA reconfigura el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria metiendo en su pleno a las universidades privadas.

●      Esto significa que decisiones súper sensibles, como el mapa de qué carreras se imparten o la creación de nuevas universidades, se toman en una mesa donde las públicas ya no tienen una mayoría clara y compiten con intereses privados.

●      Además, se crea la figura de un “interventor interno” en cada universidad para controlar la economía, añadiendo una capa más de fiscalización a las auditorías que ya existían.

El dolor de cabeza de las contrataciones

Si miramos los recursos humanos, el giro es aún más contundente. Con la ley estatal, la Junta te dice “este es tu límite de gasto”, pero es el consejo de gobierno de la universidad el que aprueba su lista de puestos de trabajo y saca las plazas. Que un departamento necesite dos titulares o un ayudante es decisión de la universidad, formando parte del “núcleo duro” de su autonomía.

La LUPA andaluza da un paso más e impone un control “micro”:

●      Ahora la Consejería de Universidades tiene que aprobar las propias relaciones de puestos de trabajo y las ofertas de empleo público. La decisión viaja del campus al despacho de la Consejería.

●      Se establece un control muy estrecho sobre la temporalidad, limitando a dos años el máximo para profesores sustitutos interinos y exigiendo supervisiones semestrales.

●      Aunque esto se presenta como una garantía contra el abuso temporal, los sindicatos avisan de que ata las manos a las universidades para reaccionar rápido ante bajas o picos de trabajo.

●      Incluso se introducen autorizaciones previas de la Junta para ciertos contratos, reservándose el “bolígrafo” para decir qué contratos se firman y bajo qué condiciones.

Presupuestos: autonomía de boquilla

Llegamos al dinero. El modelo de la LOSU es claro: cada universidad elabora y ejecuta su propio presupuesto equilibrado, decidiendo cómo reparte su dinero entre docencia, investigación o infraestructuras. La comunidad autónoma no debería estar reescribiendo esas partidas.

La LUPA mantiene la palabra “autonomía financiera”, pero en la práctica introduce obligaciones muy concretas:

●      Obliga a destinar, por ley, un 3% de los ingresos a becas y un 5% a planes de investigación. Son objetivos loables, pero fijarlos como porcentajes rígidos quita agilidad para adaptarse a los imprevistos.

●      Se exige a las universidades que capten un 25% de su financiación de fuentes externas, sin que la Junta blinde a cambio una financiación pública suficiente.

●      Esto empuja a las instituciones a una carrera permanente (y agotadora) por captar recursos competitivos o patrocinios, dificultando la planificación a largo plazo.

●      Con la llegada del nuevo interventor, la sensación generalizada en los campus es de un fuerte tutelaje financiero.

En definitiva, la nueva legislación configura un escenario donde las universidades andaluzas conservan la palabra “autonomía” escrita en la ley, pero ven recortado su poder de decisión real en tres pilares básicos: gobierno, personal y presupuesto. Frente al abanico de libertad que abría la ley estatal (LOSU), la normativa andaluza ha optado por un enfoque marcadamente intervencionista. Y en el día a día de las aulas y los despachos, eso se nota.