El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha prometido la puesta en marcha de mil viviendas públicas de alquiler la próxima legislatura si los socialistas gobiernan en la comunidad tras las elecciones autonómicas de 2027, un compromiso que ha contrapuesto con las 285 que aseguró el PP y de las que se han construido 30.

Además, para los jóvenes de menor renta, el Gobierno autonómico se hará cargo de “todos los gastos que supone alquilar una vivienda” (fianza, seguro de impago del alquiler...). Y también se ha comprometido a la implantación de una bonificación fiscal autonómica para los propietarios que se comprometan a mantener los precios del alquiler.

Casares ha lanzado estos compromisos en materia de vivienda durante la comida anual que su partido ha celebrado este domingo en el Hotel Chiqui de Santander y en la que, entre otros, ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno central y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha subrayado el “compromiso” del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria.

Acuerdo sobre vivienda con Buruaga

El líder de los socialistas cántabros ha subrayado en su intervención que “la falta de vivienda es urgente” y ha reivindicado como algo “prioritario”, y en lo que “no hay tiempo que perder”, la necesidad de un “acuerdo de región” en esta materia.

“No podemos esperar a 2027”, ha advertido Casares que, en este sentido, ha anunciado que esta misma semana escribirá a la presidenta de Cantabria y del PP a nivel regional, María José Sáenz de Buruaga, para alcanzar este “acuerdo de región” en este ámbito para lograr que la comunidad cuente con viviendas dignas a precios asequible.

Según ha detallado, le propondrá un “acuerdo de región que garantice que la vivienda pública sea pública para siempre frente al modelo de la especulación del Partido Popular”.

“Únicos capaces de parar a PP y Vox”

“Somos los únicos capaces de parar a PP y Vox y de ganarles y lo vamos a hacer con propuestas, ideas, proyectos e inversiones”, ha subrayado el líder socialista. Casares ha reivindicado durante su intervención en la comida que el PSOE es “la única esperanza” y la “única garantía del cambio” en Cantabria y de acabar con tres años de “desgobierno” del PP.

Además, ha vuelto a reivindicar que “todo lo que se mueve en Cantabria lleva el sello del Partido Socialista y la inversión del Gobierno de España” y ha acusado al PP de intentar “apropiarse de lo que ellos no están liderando”.

Casares ha pedido “un esfuerzo” a los suyos para explicar “todo lo que está haciendo” el PSOE para Cantabria desde el Gobierno de España mientras “el Partido Popular trata de desmantelarlo todo”. También les ha instado a “trabajar juntos en esa Cantabria que queremos y que los cántabros merecen”, planteando propuestas para lograr una comunidad en la que “la decencia se imponga a la demagogia” y a los “insultos”.

El PSOE de Reinosa ha ofrecido presentar una moción de censura contra el alcalde, José Luis López Vielba (PP), y el PRC ha anunciado su disposición a apoyar esa iniciativa para acabar con “la parálisis institucional y de gestión” en el Ayuntamiento como consecuencia de la “soledad y falta de apoyos” del equipo de Gobierno del PP, que el mes pasado rompió el pacto con los regionalistas y dirige el municipio en minoría (con cuatro de 13 concejales de la Corporación).

El portavoz del PRC en el Consistorio, Daniel Santos, ha informado de la disposición de su partido este viernes, a través de un comunicado y en respuesta a una propuesta socialista -confirmada a Europa Press por fuentes del partido- para “impulsar un cambio político que facilite la estabilidad y asegure la gestión municipal”.

El PRC ha indicado al respecto que no se integrará en el equipo de Gobierno y permanecerá en la oposición, pero está dispuesto a apoyar la iniciativa del PSOE y compromete “apoyos puntuales a todas aquellas propuestas que sean positivas para el municipio y sus vecinos”.

El PP justificó la ruptura con los regionalistas en la pérdida de confianza con quien hasta hace casi un mes había sido su socio de socio, la “falta de implicación” de Santos, que era teniente de Alcalde, y la “deslealtad reiterada” del grupo regionalista.

Tras esa quiebra, el PSOE de Cantabria se mostró “expectante” y recordó que ganó las elecciones pero el pacto PP-PRC impidió hacerse con la Alcaldía al socialista Sergio Balbontín, que ahora ha ofrecido “responsabilidad, estabilidad y un proyecto serio” para “sacar a la ciudad del bloqueo político, económico y social”.

Y mientras, Vox ha rechazado la propuesta del PP de entrar en el equipo de Gobierno, los regionalistas están dispuestos a apoyar una moción de censura de los socialistas contra el regidor 'popular' para acabar con “la parálisis institucional y de gestión” en Reinosa.

La clave del éxito de un ataque militar es la sorpresa. Pillar desprevenido el adversario y que no tenga margen de reacción. Para eso hay que ejecutar un golpe rápido y efectivo. En el terreno económico funciona exactamente igual. La ofensiva del BBVA para hacerse con la propiedad del Banco Sabadell ha hecho aguas después de 17 meses de pulso. Cuanto más tiempo tarda en resolverse una situación crítica, más resistencia se ofrece y más complicado resulta imponerse.

La política a menudo funciona de manera idéntica. El Gobierno en minoría del Partido Popular de Cantabria ha lanzado en las últimas semanas lo que podría calificarse como una OPA hostil contra su hasta ahora aliado, el PRC de Miguel Ángel Revilla, para quedarse con sus votos sembrando la discordia entre los alcaldes regionalistas. Todo ello después de que hayan trascendido algunos sondeos electorales que apuntan unos resultados electorales todavía más catastróficos para el PRC que los anteriores, en los que perdió el 43% de los votos y pasó de 14 a 8 diputados en el Parlamento de Cantabria. Ahora se augura que podrían quedarse incluso en cuatro.

En este contexto, el PP aprovecha el periodo de debilidad que atraviesan los regionalistas, que facilitaron la investidura de María José Sáenz de Buruaga y aprobaron sus dos primeros presupuestos, para frenar el reciente liderazgo de Paula Fernández -la futura candidata electoral elegida en primarias- a quien acusan de querer girar hacia la izquierda a su partido, que ha gobernando cuatro legislaturas coaligado con el PSOE. 

El equipo de Buruaga se ha dejado llevar por la marea y ha carecido de estrategia política durante dos largos años de Ejecutivo, un periodo en el que se han encadenado improvisaciones, ocurrencias y un eje sustancial de actividad que ha pasado por mantener el legado del Gobierno bipartito anterior en los grandes proyectos como como el Museo de Prehistoria de Cantabria (MUPAC) o el polígono logístico de La Pasiega, que han acumulado el grueso de la inversión autonómica.

Durante estos años ha sobrevivido a cubierto. La presidenta se erigió en portavoz de un Gobierno que rehuye la exposición pública en los medios de comunicación y que ha llegado a anunciar medidas y hacer discursos políticos a pie de romería o en el escaparate de actos lúdicos, cuando nadie podía replicar. De hecho, desde la llegada al poder de Buruaga se suspendieron las tradicionales ruedas de prensa del Consejo de Gobierno.

No obstante, en los últimos meses se ha visto una estrategia política muy definida. Por primera vez hay un plan: destruir al PRC desde el Gobierno y quedarse con sus votos.

Debacle regionalista y apoyo a Buruaga

El Gobierno del Partido Popular de Cantabria nació en una frágil minoría en las últimas elecciones de 2023. Con las urnas aún calientes, Revilla anunció por sorpresa que su partido, el PRC, hacía presidenta a Buruaga para evitar un pacto con la ultraderecha de Vox. Aquella noche el líder regionalista sufrió un batacazo electoral: perdió el 43% de los votos. La mayoría de sus votantes se desplazaron a la derecha, sus socios de gobierno del PSOE subieron tan solo un escaño pese al descalabro del PRC.

Durante estos dos años se ha debatido mucho sobre la debacle. Si fue consecuencia del desgaste de la figura de Revilla o si pudo ser una reacción puntual al escándalo de la trama corrupta del Servicio de Carreteras, en la que un funcionario amañaba contratos para favorecer a empresas a cambio de comisiones. Un caso que el Partido Popular espoleó durante toda la campaña -junto a los trenes que no cabían por los túneles- anunciando una investigación exhaustiva cuando tocasen poder, que luego quedó en una promesa incumplida.

El asunto se cerró hace unas semanas en los tribunales: no hubo implicaciones políticas. Pero la sospecha de la corrupción ya se había extendido sobre el PRC, que sacrificó al entonces consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, para frenar el escándalo.

A raíz de estos resultados -pérdida de poder autonómico y numerosas alcaldías- comenzaron a escucharse por primera vez en cuatro décadas las primeras voces críticas contra Revilla, antaño talismán electoral ahora puesto en cuestión. El veterano líder prolongó su sucesión. El partido acabó por optar por una bicefalia, al menos de transición, y se inició por primera vez un proceso de primarias para elegir candidato a las próximas elecciones de 2027: Paula Fernández le ganó a Pablo Diestro, alcalde de Reocín.

La consolidación de la figura de la candidata Paula Fernández no está siendo fácil. La también exconsejera de Presidencia y actual diputada autonómica acusa la incomodidad de no tener un equipo propio y de estar a la sombra de Revilla, que sigue al frente del partido como secretario general, aunque su apoyo público ha sido una constante. También queda pendiente otro asunto por resolver que agita la polémica interna: la próxima renovación de la Secretaría General del PRC, si es que el político de Polaciones se atreve finalmente a dar un paso atrás en la actual coyuntura crítica.

Los presupuestos: origen de la polémica

El origen de la polémica de la OPA hostil del PP está en la negativa del PRC a aprobar los Presupuestos de Cantabria para 2026, como había hecho con las cuentas del Gobierno del PP los dos años anteriores. Molesto con las exigencias que planteó el PRC no dio margen de negociación. El equipo de Buruaga optó por dar un golpe de efecto. Los registró por sorpresa en el Parlamento sin haberlos negociado previamente, en medio del estupor generalizado. “Desde hace 30 años no se traía al Parlamento unos presupuestos sabiendo que no se tiene el apoyo para que salgan adelante”, censuró Paula Fernández.

Era el principio de la estrategia. El consejero de Fomento, Roberto Media, y su equipo más cercano en la Consejería más inversora a nivel municipal empezaron a llamar por teléfono a los alcaldes del PRC agitando el avispero, advirtiéndoles de que no habría dinero para obras en sus ayuntamientos si su partido no aprobaba el presupuesto. Querían conseguir que los propios regidores metiesen presión a su Ejecutiva para que votasen a favor de las cuentas en el Parlamento.

Una agresiva estrategia que desató todas las alarmas en el PRC y que encendió los ánimos de sus dirigentes. Con algunos llegaron a reunirse. A Pablo Diestro, alcalde de Reocín y derrotado en las primarias por el liderazgo de la candidatura autonómica, le prometieron públicamente una piscina de cinco millones de euros.

Los dardos iban siempre en la misma dirección. Contra Paula Fernández. “Se cree Carles Puigdemont, pero la presidenta Buruaga no es Pedro Sánchez”, “desde su llegada el PRC ha girado a la izquierda” o “se ha echado a los brazos de Pedro Sánchez”, son frases que se han convertido en el discurso habitual de los diputados y dirigentes populares.

En paralelo, la presión a los alcaldes regionalistas ahondaba, además, en el descontento previo de un grupo de regidores que ven con preocupación y contrariedad la gestión de la sucesora electoral de Revilla. Pero que, no obstante, no han planteado ninguna batalla ni interna ni pública, y tampoco están valorando presentarse a las elecciones sin el PRC o con una una marca independiente propia, como apuntaron algunos rumores hace ya unos meses. De hecho, la decisión de votar en contra de los presupuestos se tomó en una Ejecutiva regionalista con solo 6 votos en contra y dos en blanco.

Por el momento, solo hay un veterano alcalde regionalista que ha entrado al trapo del PP: Francisco Asón, que lleva 46 años al frente del Ayuntamiento de Ribamontán al Mar. Dice que capitanea un movimiento de diez alcaldes y números uno locales que amenazan con irse del partido sino se aprueban los presupuestos, que el Parlamento ya devolvió con sonoro rechazo al Gobierno aprobando una enmienda a la totalidad que puso de acuerdo a toda la oposición, desde el PSOE a Vox. “Cantabria pierde mucho dinero y los ayuntamientos también”, argumenta el regidor del PRC.

Pero lo cierto es que han pasado varios días y ningún otro alcalde ha dado un paso al frente públicamente para retratarse con Asón. La OPA hostil tropieza con más resistencia de la prevista.

“Quienes practican estas artes innobles no tienen un recorrido largo en la política, al menos yo no se lo deseo”, avisa el diputado Francisco Javier López Marcano desde sus redes sociales a quienes tienen un instinto carroñero en la política. También argumenta que la pertenencia a un partido “supone una renuncia a las apetencias y vanidades personales” y que jamás toman una decisión que perjudique al colectivo al que pertenecen. “Antes, bien, abandonan y se marchan silenciosamente”, defiende.

No obstante, Buruaga aprovechó inmediatamente la muleta del alcalde díscolo y amenazó por segunda vez con adelantar las elecciones “si hay un gobierno en la sombra” de la oposición. Habida cuenta de que ni siquiera Vox votó a favor de los presupuestos y que la posibilidad de articular una moción de censura es nula por razones obvias.

Toda esta polémica estalló dos días antes de la comida de Navidad del PRC, donde Revilla retó a Buruaga a atreverse a convocar los comicios: “¡Atrévase! ¡Hágalo! ¡Échele valor! ¡Échele coraje! Como dicen los mexicanos, 'no se me arrugue'. Tire para adelante. Faroles, no”, advirtió a los postres.

La estrategia del PP resucita en Revilla los fantasmas de la convulsa época del polémico expresidente Juan Hormaechea que, muchos años antes de ser apartado de la primera línea política por una condena por corrupción que lo inhabilitó del cargo, compró dos diputados regionalistas en los ochenta: los tránsfugas Esteban Solana y Ricardo Conde Yagüe, a quien llegó a hacer consejero de Sanida, y dejó temblando el banquillo del PRC.

En los últimos días, el líder regionalista ha acusado al PP de Buruaga de estar “jugando sucio” y de usar unos “procedimientos” que le “recuerdan a la etapa de Hormaechea”. “¿Qué es eso de ir amenazando a alcaldes con dejarles sin dinero si no hay Presupuestos?”, espetó Revilla este fin de semana ante los militantes del PRC. El veterano líder regionalista fue comprensivo con la “discrepancia” de Paco Asón, que calificó como algo “saludable”. Pero, al tiempo, advirtió que “democracia también es acatar la decisión de la mayoría”.

OPA hostil en el aire

La operación de la OPA hostil lleva flotando varias semanas en un plano interno sin ningún resultado. Ahora ha salido a la luz pública pero, de momento, todavía no ha ofrecido ningún trofeo de guerra a quienes enarbolan el hacha de la batalla electoral, que se ha desatado antes de tiempo de forma virulenta y agria cuando quedan menos de dos años para las próximas elecciones autonómicas.

Los diez alcaldes del PRC que presuntamente quieren irse del partido aún no han dado un paso al frente. No han ido más allá de celebrar algunos cónclaves gastronómicos críticos. Mientras la presidenta Buruaga insiste en la debilidad del PRC y en el riesgo de escisión. El Partido Popular está centrado en detonar el PRC y utiliza los presupuestos como cortina de humo para ejecutar una operación con evidente interés político particular, mientras apela públicamente a todo lo contrario. “Es lo mejor para los cántabros”, defiende.

Los lunes por la tarde es estadísticamente el peor momento de la semana, cuando más personas acuden a Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Desde la pandemia ha ido creciendo la demanda y actualmente llegan cien pacientes más al día. Lo que antes era un pico extraordinario hoy se ha convertido en una cifra cotidiana: todos los días hay más de 400 y en las jornadas más complicadas se han sobrepasado los 500.

A pesar de ello, sigue habiendo el mismo número de sanitarios y el mismo espacio físico, lo que inevitablemente deriva en una sobrecarga de trabajo, saturación de las instalaciones y demoras en la atención. “Estamos acostumbrados a trabajar en el caos”, lamenta el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en Cantabria Luis Prieto, en conversación con elDiario.es.

Pese a estas circunstancias, Cantabria es la única comunidad autónoma que ha rechazado las dos plazas de formación en el nuevo MIR de Medicina de Urgencias asignadas por el Ministerio de Sanidad sin que haya quedado claro el motivo. Máxime cuando habían sido reclamadas por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), que había insistido, sin ningún éxito y sin ninguna respuesta, en mantener una reunión con la Consejería de Salud a través de escritos y mails para explicar la situación.

En el servicio de Urgencias de Valdecilla trabajan actualmente menos de 40 médicos procedentes de otras especialidades que se han especializado por su cuenta, pagando formación de su bolsillo. A partir de 2024 se ha creado la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. El Ministerio de Sanidad ha repartido las primeras plazas de formación MIR en este campo -a las que se han sumado todas las autonomías excepto Cantabria- para reforzar la atención de Urgencias en hospitales y servicios de emergencia. La especialidad ya cuenta con respaldo normativo por lo que el rechazo de las plazas no responde a una falta de necesidad, sino a una decisión política.

El asunto llegó a debatirse en el Parlamento de Cantabria por iniciativa del diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, quien denunció que Cantabria “se queda sola” porque es “la única comunidad que no va a formar médicos de esta especialidad”. En respuesta a sus críticas, el consejero de Salud, César Pascual (PP), justificó el rechazo de Cantabria a las plazas de Médico Interno Residente (MIR) de Urgencias y Emergencias porque hay “un excedente de 11 especialistas acreditados” y “no hay urgencia”, ya que “sacar esas plazas hubiera supuesto renunciar a otras”. Pascual justifica el rechazo a las dos plazas MIR de Urgencias porque hay “excedente” y “no hay urgencia”.

A preguntas de elDiario.es, la Consejería de Salud dice que Cantabria “no ha rechazado nada” porque no tenía ninguna plaza MIR de Urgencias. “Ante la falta de rigor y seriedad del Ministerio de Sanidad, y dado que no existía ni programa de la especialidad, ni decreto de acreditación de unidades docentes, el pasado año, decidió no ofertar dos plazas de MIR de Urgencias”, precisa. A día de hoy -añade la versión del Gobierno de Cantabria- el Ministerio aún no ha resuelto las cuestiones planteadas. Por último, consideran que “con las homologaciones de títulos, Cantabria tampoco tiene una necesidad de especialistas en los próximos años y que este año se han creado plazas para la oferta del próximo”.

“Mi lista de espera se mide en horas”

El presidente de SEMES Cantabria, considera que el hecho de que Cantabria sea la única comunidad en rechazar las plazas supone “un retroceso” en la mejora del sistema de atención urgente cuando los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios “se han convertido en un pilar fundamental del sistema sanitario”.

“Mi lista de espera se mide en horas”, dice Luis Prieto. En Urgencias no vale dar cita para ocho o quince días como en un centro de salud de atención primaria. Allí hay que consultar a todo el que entra por la puerta, y cada vez lo hacen más. “Es un trabajo intenso y de mucha presión”, subraya.

El número de pacientes se incrementa como consecuencia del envejecimiento de la población: a diario se atienden pacientes mayores de 90 años e incluso centenarios. Pero no es la única causa. Los centros de salud sin médico, las demoras en las citas de atención primaria, las listas de espera en las consultas especializadas y cierta cultura -especialmente entre los más jóvenes- de recurrir directamente a Urgencias, contribuyen a derivar al hospital cuestiones que a menudo podría resolver el médico de cabecera.

“Esta fuera de control: todo lo que no pueden asumir recae en el hospital” -señala el doctor Prieto- “el servicio de Urgencia es la válvula de escape del sistema de salud nacional”.

En cualquier caso, el sistema de cribado de acceso a Urgencias proporciona a los pacientes graves atención “en minutos”, explica el médico adjunto Fran Mateos a este periódico. Todo ello con una plantilla precaria claramente insuficiente que provoca algunas renuncias de facultativos que ante el volumen de trabajo y las jornadas laborales aleatorias -turnos de mañana y tarde, guardias y sustituciones por bajas de compañeros que se cubren sobre la marcha- buscan una plaza con mejores condiciones en otros destinos.

Una de las debilidades es precisamente esa: que no hay plantilla extra, cuando falta algún médico se quita de otro turno o directamente se hace con uno menos. A ello se añade que los médicos de este servicio no cobran esta 'autocobertura', como otros profesionales sanitarios. Otra reivindicación pendiente. A ello se suma que en cada turno hay diez residentes de guardia, pero si uno causa baja no existe la obligación de sustituirle porque se trata de personal en formación. Así que ese día, se abre con un médico menos.

Al tiempo, los responsables de SEMES llaman la atención sobre otra cuestión. Si ahora ya solo hay un par de personas disponibles en la lista, la escasez de especialistas se agudizará a medio plazo porque entre el 40 y el 50% de la plantilla de médicos de urgencia tiene más de 55 años y los futuros residentes tardan cuatro en formarse.

Presión sanitaria turística

Los flujos de pacientes en Urgencias responden a algunos patrones. Mientras se juega un partido de fútbol importante, durante las competiciones olímpicas más relevantes o mientras se retransmitía el funeral de la reina de Inglaterra las salas de espera están vacías. En esas circunstancias solo llegan unos pocos casos graves.

En verano sube el volumen de gente y baja la gravedad. Aunque la afluencia de turistas se deja sentir de manera intensa -puede haber entre 80 y 100 pacientes más de los habituales- hay más patologías menores por golpes o contusiones. No obstante, también acuden pacientes de otras comunidades con enfermedades oncológicas y otras patologías crónicas a quien es muy difícil atender por los problemas para consultar su historial o acceder a la receta electrónica.

Así con todo, los médicos de urgencias “ni siquiera podemos meter presión”, lamenta Luis Prieto. La huelga, en su caso, implica unos servicios mínimos del 100% lo que en la práctica neutraliza el efecto de la convocatoria. Es más, a ellos les repercuten otras protestas laborales sanitarias. Dentro de unas semanas hay convocado un paro de cuatro días después del puente de la Constitución que cerrará los centros de salud, quirófanos y consultas durante nueve días. Ya saben que eso supone más afluencias de pacientes a Urgencias.

Falta de espacio

A raíz del derrumbe del edificio donde se alojaba anteriormente el servicio de Urgencias, estrenó instalaciones tras la construcción del nuevo hospital. El día que se inauguraron, los gestores presumían de que ya no iba a haber pacientes por los pasillos. La realidad ha sido distinta. El espacio se ha quedado pequeño.

El pabellón 13 que ocupa está completo, no se puede ampliar, y está compartido con el servicio de urgencias pediátricas que originalmente se iba a instalar en la Torre D. Una decisión de última hora robó espacio a la urgencia general, por lo que no hay posibilidad de acometer la necesaria ampliación. La propia saturación del hospital provoca que a su vez se sature Urgencias. “Si hay 26 boxes y 23 están ocupados por ingresos que no tienen cama por mucho que quieras correr atendiendo pacientes no puedes” -explica el doctor Mateos- “si tuviésemos el doble de espacio no habría nadie en los pasillos”.

El Partido Popular de Cantabria ha pedido al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que no convierta La Magdalena de Santander en Lugar de Memoria Democrática, como propone el PSOE. Y es que la dictadura convirtió la sede de la Universidad de Verano de la República en un campo de concentración, en una cárcel para casi dos mil presos políticos en Santander.

Para los populares cántabros, que desde el Gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga han derogado la Ley de Memoria autonómica con el apoyo de la extrema derecha de Vox, convertir La Magdalena en un Lugar de Memoria supone “dividir, enfrentar y reabrir heridas”, mismos argumentos empleados para derogar la normativa. “Parece que los socialistas le están cogiendo gusto a utilizar el dolor de la gente para hacer política”, ha llegado a asegurar el diputado regional del PP y senador autonómico, Íñigo Fernández, para quien esta medida va en contra de “la convivencia y la concordia”.

Frente a ello, los socialistas han denunciado la “falta de humanidad, indecencia y sectarismo del PP” con las víctimas de la represión, la guerra civil y la dictadura. “Defender La Magdalena como un Lugar de Memoria Democrática es defender los valores universales, los derechos humanos y es trabajar por una sociedad que dignifica a las víctimas, repara a las familias y hace justicia”, ha subrayado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones.

“Somos los primeros en reconocer que La Magdalena es un lugar único de Santander y de Cantabria, recordado por ser residencia de verano real de Alfonso XIII, escenario de las obras teatrales de La Barraca de Lorca o durante más de 90 años sede de los cursos de verano de la UIMP, pero también fue un lugar de represión y tortura”, ha enfatizado la portavoz socialista.

Quiñones ha sostenido que “todo lo que el PP inventa para justificar estar en contra de estas referencias históricas que nos permiten recordar lo que no tiene que volver a suceder jamás demuestra que son unos irresponsables con el pasado, con el presente y con el futuro”. La socialista ha subrayado que “la memoria no va contra nadie” y que en el PSOE “solo queremos que se recuerde que La Magdalena, un lugar único de Santander, también fue un lugar de represión y tortura para que no vuelva a repetirse”.

“Lo que demuestra el PP 50 años después de la llegada de la democracia es que siguen teniendo una asignatura pendiente con su pasado porque son indelebles al dolor de tantas victimas y sus familias que siguen sin saber donde están sus seres queridos, enterrados en miles de fosas”, ha señalado.

Por último, Quiñones ha opinado que “aquí el único que quiere dividir a los cántabros es el PP, que es incapaz de respetar los derechos humanos de las víctimas y la reparación de sus familias”. “El mejor ejemplo de que algunos sobreviven en política gracias a incitar al odio, la división y el enfrentamiento es el diputado que propone esta iniciativa, para el que el insulto es una forma de vida”, ha concluido en referencia al diputado del PP.

Y es que Fernández, tras asegurar que esta medida es una estrategia del PSOE “para intentar tapar los numerosos casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez, a su familia y a su Gobierno”, ha afirmado que el Palacio de La Magdalena “no se debe definir por su papel en la guerra civil”. “Es absolutamente descabellado y, sobre todo, un insulto a la memoria de los cántabros y una estrategia burda que demuestra que la Ley de Memoria Histórica de los socialistas, que solo pretende ensalzar a unas víctimas y humillar a otras, como es el hecho de no se haga lo mismo con el muelle en el que fondeó el barco-prisión Alfonso Pérez”, ha asegurado el parlamentario del PP, equiparando, una vez más, a las víctimas de la guerra civil y del franquismo con sus verdugos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar cerca de 2,8 millones de euros a la regeneración ambiental de los terrenos que ocupaban las antiguas minas de Reocín en Torres (Torrelavega) y Cartes. En concreto, el Ejecutivo invertirá 1,63 millones en la restauración del dique 27 en Torres y 1,13 en la recuperación en el lago de La Peña y los diques de la Barquera en Cartes.

Ambos proyectos contarán con la financiación de los fondos europeos Next Generation y prevén actuaciones de eliminación de especies invasoras (plumero y bambú japonés); la extensión de una capa de tierra de unos 40 centímetros para cubrir los suelos; actuaciones de revegetación y mejora silvícola y la plantación de especies que favorezcan el incremento de la absorción de CO2 y permitan reducir los niveles de contaminación de la zona, entre otras.

Además, en el proyecto que actuará sobre el dique 27 en Torres se mejorará la vía verde existente, se ejecutarán caminos de servicio para el mantenimiento y la prevención de incendios forestales, y se realizará el cierre perimetral.

En la regeneración en el lago La Peña y el dique de San Vicente en Cartes también se ejecutará un camino para el mantenimiento y prevención de incendios, y se mejorará la zona de descanso existente mediante la revegetación de la zona.

El plazo previsto para la ejecución de la regeneración de los terrenos de Torres es de 10 meses y en el caso de Cartes se limita a ocho.

Además, se está ultimando la aprobación del proyecto de casi 6 millones de euros de inversión para la recuperación de los diques de Mijarojos, también en Cartes.

Además de la recuperación de los terrenos de la antigua mina de Reocin, el Gobierno cuenta con cuatro proyectos de recuperación ambiental en terrenos degradados, con la financiación de los fondos europeos, tres de ellos ya concluidos (La Picota, el monte de la Sierra en Ruesga y Ramales, y la ladera de Suances) y el que se está ejecutando para la recuperación de la cantera de Cuchía.

Por otra parte, en el áera de Educación, Formación Profesional y Universidades, el Gobierno ha aprobado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castañeda para la financiación de las obras de mejora del IES Santa Cruz con una inversión de 30.000 euros para asfaltar una parcela destinada a aparcamiento; y ha autorizado celebrar el convenio con la Asociación de Voluntarios de Caixabank para el desarrollo del programa de educación financiera 'Finanzas para jóvenes' en centros educativos de Cantabria.

En Cultura, Turismo y Deporte se ha aprobado la adenda de prórroga por tres años más (hasta el 14 de septiembre de 2028) y la modificación al convenio que suscrito el 13 de diciembre de 2021 entre la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Turismo y la Mancomunidad de municipios del Alto Asón para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en el Alto Asón.

También ha acordado atribuir a la Fundación Camino Lebaniego el ejercicio de las facultades para la ejecución material de los planes y programas relacionados con el Año Santo Jacobeo 2027.

Dentro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha aprobado celebrar el protocolo general de actuación entre la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto Mixto de Investigación en la Biodiversidad (IMIB), para el desarrollo de líneas de investigación y proyectos conjuntos, especialmente en lo referente a la mejora del conocimiento sobre la ecología de la fauna silvestre presente en Cantabria.

A partir de este protocolo general, se colaborará en el desarrollo de métodos de estudio de fauna silvestre y se cooperará en la organización de programas de formación de personal investigador y en la organización de jornadas sobre los temas de interés común relacionados con la biodiversidad, entre otros asuntos.

Consejo de comercio

Dentro de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, el Consejo ha aprobado el decreto por el que se regula el Consejo Cántabro de Comerciom asesor y consultivo, y que pretende promover actuaciones e iniciativas que reactiven el comercio minorista en la región.

Tendrá como función principal estudiar y analizar el comportamiento y las necesidades del sector comercial para obtener una planificación regional que permita la dinamización de la actividad económico comercial de la comunidad, fomentando la participación de las entidades, organizaciones empresariales, sindicales y asociaciones relacionadas.

El nuevo decreto regula la composición, designación, funciones, régimen de funcionamiento y régimen jurídico del nuevo órgano, que estará presidido por la persona competente en materia de comercio del Gobierno de Cantabria. El Consejo Cántabro de Comercio se reunirá con carácter ordinario una vez al año, pero también podrá celebrar sesiones extraordinarias a petición de la presidencia o de la mayoría absoluta de sus miembros.

El Gobierno de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico interponer dos recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, en las que se traslada y se reubica en la comunidad a dos menores extranjeros acogidos en la ciudad autónoma.

El Ejecutivo de Buruaga defiende su actuación, aprobada este jueves en su reunión semanal, porque “reafirma su compromiso con la defensa de sus competencias en materia de protección de menores y con la correcta aplicación del marco legal vigente”, ha indicado en nota de prensa.

Estos dos recursos se suman a los otros cuatro que el Gobierno cántabro interpuso con anterioridad, igualmente contencioso-administrativos, contra sendas resoluciones, dos de la delegada del Gobierno en Ceuta y otras dos del Gobierno de Canarias.

Las primeras, fechadas el 1 y 2 de octubre, ordenaban el traslado y reubicación en Cantabria de dos menores acogidos en la ciudad autónoma; y las segundas, del 13 y el 21 de octubre, daban la misma orden para otros dos menores extranjeros acogidos en Canarias.

De esta forma, Cantabria ha recurrido seis resoluciones de traslados, si bien hay otros siete expedientes de menores comunicados --de los que hasta el momento no se ha enviado resolución--, que se suman, además, a otros que se archivaron por ser mayores de edad, así como un menor extranjero no acompañado que llegó en octubre a la comunidad autónoma.

La Administración autonómica recurrió ante el Tribunal Supremo el decreto que establece la distribución de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades, de los que 156 se asignaron a Cantabria.

Y es que el Ejecutivo ve en él una “posible extralimitación competencial del Estado”, ya que se apoya en el Real Decreto Ley 2/2025 --de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias--, que también está recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas, incluida Cantabria.

El informe jurídico del Gobierno autonómico señalaba que el Real Decreto “podría vulnerar diversos artículos de la Constitución Española” --entre ellos el 86.1, 103, 137, 138, 143 y 156, en relación con los artículos 149.1.2 y 148.1.20--. Además, apuntó “defectos en la tramitación” que podrían viciar de nulidad la norma.

El Gobierno de Cantabria (PP) trabaja en la prórroga del presupuesto de 2025 después de que las cuentas que había elaborado para 2026 hayan sido devueltas por el Parlamento al prosperar, gracias a la unión de PRC, PSOE y Vox, la enmienda a la totalidad presentada contra el mismo.

Sobre la posibilidad de que se presenten unas nuevas cuentas, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que “uno no cambia de opinión y de presupuesto de ayer a mañana” y ha indicado que habrá otro “si alguien hace propuestas” para que lo haya.

“Si algo ha cambiado en ese frente o en esa coalición del ruido y del bloqueo que hemos visto el otro día y alguien ha abierto una reflexión, tiene voluntad de aprobar y de negociar un presupuesto, tiene propuestas, estoy a su disposición. Ayer, hoy, mañana y siempre, pero mientras tanto no nos paramos y seguimos trabajando y ya estamos trabajando en un escenario de prórroga presupuestaria. ¿Que algo cambie al otro lado? Mañana mismo”, ha afirmado.

Así ha respondido este jueves la presidenta al ser cuestionada por los periodistas si el Ejecutivo ya estaba “cambiando” el proyecto de Presupuestos que había sido devuelto, si estaba elaborando uno nuevo o su había ya fechas para sentarse a negociar con los grupos de la oposición.

Buruaga ha explicado que, el mismo día en que se aprobó la enmienda a la totalidad a los presupuestos y también la planteada a la ley de acompañamiento, ella afirmó que “seguía creyendo en el diálogo” y “seguía tendiendo la mano, buscando el acuerdo y estaba dispuesta a volver a empezar con el presupuesto de Cantabria de 2026”. “Yo no he hablado de otro presupuesto”, ha aclarado.

En este sentido, cree que los grupos de la oposición “tienen que hacer una seria reflexión y sosegarse” porque, a su juicio, el “espectáculo” que han dado y “están dando” ante los ciudadanos es “bochornoso”. “Los cántabros quieren soluciones, respuestas y políticas útiles para resolver sus problemas, no tacticismo electoral, que es en lo que llevamos sumido un mes y medio bajo mi punto de vista”, ha aseverado.

Y, según Buruaga, en esas “soluciones, respuestas y políticas útiles” es en las que está trabajando el Gobierno desde el momento en el que “ese frente” y “coalición del ruido y del bloqueo” que, a su juicio, conforman PRC, PSOE y Vox, “ha dejado a Cantabria sin presupuesto”.

“Estamos trabajando en la prórroga del presupuesto de 2025 porque mi prioridad es que Cantabria no se pare”. “Cantabria no se va a parar, con prórroga presupuestaria o con nuevo presupuesto, pero no se va a parar”, ha reiterado. Ha insistido en que, si alguno de los grupos de la oposición “reflexiona” y tiene “ahora” la voluntad de llegar a un acuerdo que, a su juicio, no ha tenido hasta ahora, y pone “propuestas presupuestarias” encima de la mesa, está “a su disposición 24 horas al día”.

Sí ha aclarado que “no cuenten” con el Gobierno para continuar con “circos, espectáculos de políticos y juegos electorales”. “Cantabria no está, nunca ha estado y ahora menos, para perder el tiempo”, ha zanjado. La presidenta ha realizado estas declaraciones tras asistir a la inauguración del cine infantil de la Unidad de Pediatria de Valdecilla.

El Gobierno de Cantabria (PP) ha reconocido que el primer proyecto que se quiere instalar en el futuro centro logístico de La Pasiega requiere solo para su primera fase seis veces más potencia que la prevista inicialmente. Por ello, el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga buscará el apoyo del Parlamento autonómico para pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) que incluya en la fase de alegaciones de la Planificación de la Red de Transporte de Energía la repotenciación de la subestación eléctrica de Penagos, para que La Pasiega cuente con “la energía eléctrica que necesitan los proyectos empresariales que allí se quieren instalar”.

Y es que, según ha señalado, ya existe un promotor que ha reservado suelo para desarrollar un proyecto industrial, cuya primera fase supone una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos de trabajo, si bien “necesita, solo para su primera fase, seis veces más potencia de energía eléctrica que la planificada inicialmente”.

Por ello, el Gobierno de Cantabria, a través de las alegaciones que va a presentar al documento inicial de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica del Ministerio, solicitará la ampliación de la subestación eléctrica de Piélagos - La Pasiega, de 220 kilovatios, en dos posiciones adicionales de consumo conectadas a la red de transporte con el objetivo de alcanzar los 300 megavatios de potencia.

“El objetivo es habilitar la potencia mínima necesaria para que la primera fase del proyecto industrial que prevé una inversión de 750 millones de euros y la creación de 450 puestos de trabajo se pueda llevar a cabo en La Pasiega”, ha manifestado el consejero, que ha precisado que estas dos nuevas posiciones no implican “ningún gasto de ejecución” para el sistema eléctrico español, ya que serán sufragadas por el promotor del proyecto.

Arasti ha explicado que en la anterior planificación para esa subestación, cuya puesta en operación se prevé en 2027, “es insuficiente”, al prever tres posiciones de la red de transporte asociadas al funcionamiento de la subestación y una posición de apoyo a la distribución, estimadas en 50,2 megavatios.

Cantabria “discriminada”

El consejero ha vuelto a lamentar que Cantabria haya sido “discriminada” en la propuesta inicial de la planificación eléctrica del Ministerio, contemplando una inversión “muy por debajo de sus necesidades y del peso de nuestra industria en el conjunto de España”.

En concreto, la inversión de 54,5 millones de euros que la planificación inicial destina a Cantabria representa el 1,17% de la inversión total del Plan (4.841 millones de euros sin contar las inversiones en integración de renovables, interconexiones internacionales y con las islas) y “está muy por debajo” del peso del Producto Interior Bruto (PIB) industrial de Cantabria en el conjunto nacional, que es del 1,50%.

“La inversión prevista es 16 millones de euros inferior al peso de nuestra industria en el conjunto nacional, un 22 por ciento menos”, ha censurado el titular de Industria, para quien se trata de un documento que “no da solución” a las necesidades del tejido empresarial de la región “no ya a medio plazo, sino, ni siquiera, en el corto plazo”.

Además, ha añadido que “tampoco da solución a las necesidades de proyectos que son estratégicos para Cantabria”, en referencia al Campus Tecnológico Altamira, que supondrá una inversión de 3.600 millones y la creación de “miles de puestos de trabajo bien remunerados”, o al centro logístico de La Pasiega.

Por todo ello, ha recordado que su departamento va a presentar alegaciones a la nueva planificación del Ministerio para “corregir” una situación que ha calificado de “muy preocupante”, para lo cual quiere obtener el respaldo del Parlamento de Cantabria, de los agentes sociales y de la sociedad de Cantabria en su conjunto porque “en esta planificación nos jugamos gran parte de nuestro futuro”.

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo autonómico ha obtenido el apoyo mayoritario del Parlamento de Cantabria para el proyecto Campus Tecnológico Altamira y ha confiado en que los partidos políticos con representación parlamentaria apoyen en el pleno del próximo lunes la proposición no de ley que va a presentar el Partido Popular para que el Centro Logístico de La Pasiega cuente con los 300 megavatios necesarios, en lugar de los 50 actuales.

“Estamos hablando de un centro logístico de dos millones de metros cuadrados que contará con una estación intermodal a 12 kilómetros de distancia del Puerto de Santander”, ha destacado Arasti, quien ha insistido en que esta petición es “imprescindible” para el desarrollo de proyectos industriales ya que “sin dicha potencia se instalarán en otros sitios, perdiéndose una de las mayores inversiones privadas de la historia de Cantabria”.

A la espera del Ministerio

El consejero ha subrayado que el Gobierno de Cantabria sigue esperando una respuesta a los compromisos que el Ministerio ha trasladado a la Consejería en varias reuniones, respecto a dar la “cobertura necesaria a los proyectos industriales de Cantabria en la planificación eléctrica 2025-2030”.

Según ha apuntado, el Gobierno de España se comprometió con Cantabria a que, tras el periodo de alegaciones, “la repotenciación de la subestación eléctrica de La Pasiega será incluida en el documento definitivo de la planificación”, así como a “crear un grupo de trabajo conjunto, que a día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta al respecto”.

En este sentido, ha destacado la necesidad de crear ese grupo de trabajo para poder analizar de manera conjunta las “mejores soluciones” para hacer posibles “inversiones superiores a 4.300 millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo”. En su opinión, “razones lo suficientemente importantes como para que la reunión comprometida se lleve a cabo lo antes posible”.

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha sometido a información pública, durante 30 días hábiles, el estudio de viabilidad económico-financiera y anteproyecto de la carretera Requejada-Suances, según recoge el anuncio publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria.

Sacar a información pública este estudio es una obligación legal y es un paso previo a poder sacar a licitación esta obra, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. El anteproyecto puede ser consultado físicamente en la Dirección General de Obras Públicas y en el siguiente enlace: https://intercambio.cantabria.es/index.php/s/5ykQaVi2rgy7rdV

Se trata de una actuación que ha generado algunas críticas por parte de la oposición, no por el objeto en sí, sino debido a la fórmula que va a emplear el Gobierno para su ejecución (el modelo concesional del pago máximo por disponibilidad) y por el importe de la actuación, que asciende a 187,8 millones, una cantidad en la que no solo se incluyen los costes aparejados a la redacción y ejecución del proyecto, sino también 26 años de mantenimiento y conservación, según anunció el pasado 14 de noviembre el consejero del ramo, Roberto Media (PP), en una comisión parlamentaria.

En base a la fórmula por la que se ha optado, el pago se empezará a realizar cuando se ponga en servicio la infraestructura y está previsto que ascienda a 7,2 millones de euros cada año. En el estudio que se somete a información pública, el Gobierno explica que se ha optado por el modelo concesional del pago máximo por disponibilidad “en base a una serie de ventajas objetivas que presenta respecto a otro tipo de contratación”.

Entre éstas se cita la “reducción del riesgo fiscal y financiero para la Administración” ya que la financiación del proyecto “no recae enteramente sobre el presupuesto público, lo que permite a la Administración liberar recursos para otros proyectos o necesidades”, y el “riesgo económico de la ejecución del proyecto se transfiere en gran medida al sector privado”.

También considera que esta fórmula aporta “mayor eficiencia en la gestión” ya que las empresas concesionarias, “al ser responsables de la gestión a largo plazo del proyecto, tienen un incentivo para optimizar los costes, mejorar la eficiencia operativa y mantener la infraestructura en buen estado para maximizar sus ingresos durante el periodo de concesión”.

Otra ventaja es, según señala el Gobierno en el informe, el “traspaso de riesgos” asociados con la construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras ya que éstos se asumen por las empresas privadas, algo que “evita que la administración pública se vea afectada por imprevistos o problemas durante la vida útil del proyecto”.

También, se considera que las concesionarias, al ser responsables a largo plazo de la infraestructura, “pueden estar más motivadas para incorporar nuevas tecnologías y métodos innovadores para hacer el proyecto más rentable y sostenible”.

Además, se defiende que la fórmula que se va a emplear supondrá una “aceleración de los plazos de ejecución”. “Al iniciarse el pago en el momento de puesta en servicio de la infraestructura, el concesionario tiene especial interés en acelerar los plazos de ejecución pero manteniendo la calidad del proyecto al asumir además el mantenimiento durante la vida útil del proyecto, lo que ocasiona que la infraestructura se ponga antes a disposición del ciudadano”, ha indicado.

“Apostar por un modelo concesional permite aprovechar las ventajas del sector privado en términos de eficiencia, innovación y capacidad financiera, al mismo tiempo que se minimiza el riesgo para las finanzas públicas”, subraya el estudio, consultado por Europa Press.

Se señala que afrontar la ejecución de esta obra en 3 años, que es el tiempo previsto para su ejecución, por parte de la administración con presupuesto ordinario “resulta imposible sin desatender absolutamente el resto de actuaciones”. “Por ello recurrir al modelo concesional resulta conveniente y necesario”.

Sin comparecencia y sin acuerdo. El acto de conciliación entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y el secretario de Organización del PSOE cántabro, Agustín Molleda, ha fracasado este jueves. Ni una ni otro han acudido a la sala de vistas número 11 de la sede judicial de Las Salesas para el encuentro previo al juicio por la querella del también exalcalde de Cartes contra la jefa del Ejecutivo y del PP por injurias y calumnias.

El señalamiento, ante la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander, deriva de la denuncia del socialista tras las palabras de Buruaga sobre las plazas fijas de funcionario que él y su hermana consiguieron en el Ayuntamiento cuando era regidor, proceso que Buruaga tildó de “corrupción de libro”.

El actual número dos del PSOE cántabro anunció una querella contra Buruaga por supuestas injurias, calumnias y perjuicio al honor en relación a esos puestos de trabajo, obtenidos por la “vía exprés”, según la líder del PP y del Gobierno, que lo consideró “cuestionable en lo legal e infumable en lo ético y político”. Palabras en las que se ratificó después, al entender que no ha hecho “otra cosa que llamar a las cosas por su nombre”.

Así, el socialista presentó una demanda -de acto de conciliación- contra la dirigente popular y, con motivo de la misma, se ha celebrado este jueves, a las 10.30 horas, este trámite obligatorio para la interposición de una querella criminal por injurias o calumnias, en las que ambas partes han estado representadas por sus abogados.

Molleda pide 1.000 euros a la presidenta de Cantabria en la demanda de conciliación -una cantidad “anecdótica o testimonial” porque lo que quiere el exalcalde de Cartes es que Buruaga “rectifique”- y su intención es destinar esta cantidad una causa benéfica relacionada con el cáncer.

Buruaga se ratifica

Tras concluir sin avenencia el acto de conciliación, Buruaga se ha ratificado en sus palabras. Y es que Molleda ha entendido que ha habido una “rebaja de tono” y “recogida de cable” y ha dado así por hecho una “conciliación oficiosa”. No obstante, la jefa del Ejecutivo, cuestionada por ello -y teniendo en cuenta que el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno que la ha representado no se ha retractado como pedía la parte contraria-, ha considerado que esa manifestación “probablemente simbolice una necesidad de recoger cable o un brote de sentido común” por parte del número dos socialista, que “ha entendido, después de una reflexión jurídica y también política y personal, que es un error seguir persistiendo en algo que no existe”.

Lo que sí ha aclarado la presidenta autonómica, al igual que ha hecho su representante legal, es que se expresó sobre la obtención de las plazas del entonces alcalde de Cartes y su hermana como hace siempre, para dar su libre opinión, pero no para “calumniar o injuriar: No soy de ese tipo de personas”.

“No ha existido ese ánimo porque son hechos ciertos los que se han publicado y, por lo tanto, bajo mi punto de vista, no hay ni injuria ni calumnia”, ha precisado Buruaga a los medios, en línea con lo manifestado previamente por su letrado en el complejo judicial de Las Salesas, donde ha enmarcado las palabras objeto de este pleito en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión y dentro de la crítica política también.

Pero la presidenta ha puntualizado que “eso no significa recoger cable”, sino que supone “ratificarse en lo que dije, como lo dije, el día que lo dije, donde lo dije”, a mediados de octubre en el Foro Económico de El Diario Montañés, y reafirmado días después a preguntas de los medios además. “Cuando uno está haciendo unas afirmaciones que son ciertas y se basan en hechos publicados y probados, incluso en precedentes con sentencias que llaman a las cosas por su nombre, no hay ni injuria ni calumnia y no hay ningún ánimo ni de injuriar ni de calumniar”, ha zanjado.

De todos modos, la jefa del Ejecutivo espera que todo esto “termine aquí”, pues en su opinión “no hay injuria ni calumnia y, por lo tanto, no hay caso”. “Seguir adelante, profundizando en el espectáculo y pegarse un tiro en el pie, creo que no tiene ningún sentido. Dejemos las cosas aquí y sigamos trabajando con normalidad por Cantabria”, ha apelado. Ahora, el secretario de Organización del PSOE deberá decidir si continúa adelante e interpone la querella anunciada.

Antecedentes

Molleda se estabilizó su plaza de funcionario como encargado de Mantenimiento a través de un concurso de méritos, no por oposición libre, en el que obtuvo en 2023 la máxima puntuación posible -100 puntos de un máximo de 100- por parte de un tribunal designado desde Alcaldía. Posteriormente se conoció que en el mismo proceso su hermana logró una plaza fija como monitora de tiempo libre.

El PSOE cántabro ha respaldado a su número dos desde el momento en que salieron a la luz los detalles del proceso, tanto su portavoz, Ainoa Quiñones -que rechazó “dar pábulo a polémicas donde no las hay”-, como el propio secretario general, Pedro Casares, quien lo consideró “totalmente ético”.

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y la jefa del PP cántabro y del Gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga, se han enzarzado en la red social X con motivo de los presupuestos autonómicos proyectados por los populares para 2026 y tumbados este lunes por los tres grupos de la oposición en el Parlamento (PRC, PSOE y Vox).

Mientras que para Abascal lo ocurrido en Cantabria es “un buen ejemplo de la estafa del PP”, que “pacta el Gobierno con Revilla, hace políticas socialistas y luego vienen a exigir a Vox que le apruebe los presupuestos”, Buruaga ha advertido que “la pinza PSOE-Vox no perjudica al PP”, sino a los cántabros.

El líder del partido de extrema derecha ha censurado en su cuenta de la citada red social que los populares de Cantabria -que gobiernan en minoría- obtuvieran la Presidencia del Ejecutivo gracias a Miguel Ángel Revilla, expresidente y jefe del PRC, formación que también ha facilitado la aprobación de las cuentas de los dos últimos años, para luego -ha apuntado- hacer “políticas socialistas”.

Y después de no obtener un tercer respaldo para sacar adelante el documento económico, “vienen a exigir a Vox que le apruebe los presupuestos”, ha remachado Abascal, después de que el lunes salieran adelante las tres enmiendas a la totalidad presentadas a las cuentas del PP. “Váyanse a engañar a quien se deje engañar. Para hacer políticas socialistas y para tapar corrupciones, siempre tendrán al PSOE”, ha pedido el líder nacional de Vox a los de Buruaga. “No les hacemos falta”, ha zanjado.

Pero según la presidenta cántabra, “para Vox, ni el PRC es tan corrupto como dice, ni las políticas de extrema izquierda tan nocivas”, ya que -ha observado- “sus diferencias desaparecen cuando toca ir contra el PP”. Así, Buruaga ha aclarado que lo que su partido exige a Vox es “que no vote con el PSOE”, como sucedió esta semana en el Parlamento de Cantabria, en el que los tres grupos de la oposición unieron su votos para que el proyecto de presupuestos volviera a Peña Herbosa.

El PRC ha denunciado que la falta de cardiólogos y los problemas organizativos en el Hospital Comarcal de Sierrallana han duplicado el número de pacientes en lista de espera e incrementado un 157 por ciento los tiempos de demora, que han pasado de 80 a 180 días desde diciembre de 2024.

Ante estos datos, que evidencian el “colapso” y la “pérdida de calidad asistencial” que sufre el servicio, la diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández Viaña, ha presentado una batería de preguntas y una interpelación para que el Gobierno de Cantabria comparezca en el Parlamento y explique las razones de este “deterioro” y las medidas que prevé adoptar para corregirlo.

Tal como hizo el Sindicato Médico hace algunas semanas, Fernández Viaña ha apuntado a los problemas organizativos, “la despreocupación y el abandono” de la gerente y la pérdida de profesionales como causas del “retroceso” que está sufriendo este departamento de Sierrallana, pese a haber sido reconocido durante años con diversas acreditaciones de excelencia.

“Cardiología está sufriendo una sobrecarga de trabajo insostenible y demoras que no son admisibles en la atención sanitaria a los pacientes”, ha lamentado la regionalista, que espera que el Ejecutivo cántabro tome medidas para acabar con esta situación.

Según ha explicado, la plantilla de este servicio está cifrada 10 cardiólogos, pero lleva semanas con solo ocho profesionales como consecuencia de una baja sin cubrir y la marcha de un especialista joven que ha renunciado a su plaza para trasladarse a otra comunidad autónoma por “las malas condiciones laborales y los contratos precarios que ofrece el Servicio de Salud de Cantabria”.

Además de las carencias de personal, ha destacado los “problemas de descoordinación, falta de liderazgo y desorganización interna”, que están dejando el servicio “sin rumbo en un momento especialmente delicado, como consecuencia de la demanda creciente”.

Ante esta situación, Fernández Viaña considera “urgente” que el Ejecutivo cántabro “dé la cara y aporte soluciones”, como espera que haga en respuesta a las preguntas y la interpelación que ya ha registrado en la Cámara. “El Gobierno no puede seguir negando los problemas, ni mirando hacia otro lado mientras los profesionales alertan de la paralización y los pacientes sufren retrasos cada vez mayores”, ha apostillado.

Por todo ello, ha reclamado “responsabilidad y medidas urgentes” para recuperar la estabilidad de este departamento, cubrir las plazas vacantes y garantizar la agilidad asistencial que los pacientes “merecen”, ya que “el esfuerzo extraordinario que están haciendo los propios facultativos requiere medidas adicionales por parte de quienes tienen la responsabilidad de gestionar el Hospital”.

El PSOE ve “imposible” ahora un diálogo con el PP sobre unas nuevas cuentas para Cantabria después de que los calificados como “malos” presupuestos que presentó el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga hayan sido devueltos por el Parlamento al prosperar la enmienda a la totalidad de los grupos de la oposición. A juicio de los socialistas, lo ocurrido ha sido “un baño de humildad” y “de realidad” para el Gobierno de Cantabria.

“No se podían hacer peor las cosas desde el principio y lo que mal empieza, mal acaba”, ha opinado este miércoles en rueda de prensa la portavoz autonómica del partido, Ainoa Quiñones, que cree que a Buruaga “le ha faltado humildad” a la hora de abordar los presupuestos y ha criticado que ahora la presidenta quiera dialogar “cuando ya es tarde” y hable de acordar “cuando ya es imposible”.

Considera que ahora el PP, con esa disposición a iniciar un diálogo para negociar unas nuevas cuentas expresada por Buruaga, “ahora se hace una enmienda a la totalidad a lo que ha estado haciendo”. Y es que, según le ha replicado Quiñones, Buruaga tenía que haber buscado ese diálogo, y mas aún estando en minoría, antes de haber registrado los presupuestos.

Además, ha criticado que Buruaga plantee ahora que sean los grupos de la oposición los que muevan ficha para iniciar ese diálogo sobre unas nuevas cuentas.

“Es una cosa más de una presidenta que, como ya hemos comentado muchas veces, no gobierna”, ha afirmado Quiñones, que ha replicado a Buruaga que “los cargos tienen cargas” y cree que la presidenta tiene que “asumir” que ha presentado unos presupuestos contra los que todos los grupos de la oposición han votado a favor de una enmienda a la totalidad que ha salido adelante y que supone su devolución al Ejecutivo. “Creo que se tiene que replantear muchas cosas para el futuro”, ha añadido.

Además de considerar que ese diálogo debería haberse producido antes, y no ahora, Quiñones cree que “es muy difícil cambiar el rumbo de los presupuestos del Gobierno de Cantabria”. En este sentido, ha señalado que la línea que sigue el PP es “antagónica” a la del PSOE. Así, según la socialista, mientras en “el ADN” del PSOE está la “defensa de los servicios públicos por encima de cualquier cosa”, el PP los está “privatizando” y “desmantelando”.

La portavoz del PSOE ha lamentado que Cantabria tenga “el peor gobierno” en el mejor momento de la comunidad y del país, y cree que Buruaga y el PP son “un lastre” y “la piedra del zapato” para que Cantabria crezca, se desarrolle y tenga oportunidades.

Carretera Requejada-Suances

Por otro lado, Quiñones ha aprovechado la rueda de prensa para expresar la oposición de su partido a la fórmula de “pelotazo urbanístico” que promueve el Gobierno respecto a la carretera Requejada-Suances, que supondrá a los cántabros pagar más de siete millones de euros anuales hasta 2050. Y es que ha denunciado que una obra que “iba a costar 45 millones desde lo público” pasará a suponer 187 millones con la fórmula por la que ha optado el Gobierno regional para llevarla a cabo.

Según explicó el Gobierno, en esos 187 millones se incluyen no solo el coste de la obra sino 26 años de mantenimimiento de la vía, algo que para los socialistas solo es una “excusa barata”. “En una obra recién inaugurada poco mantenimiento y conservación se necesita”, ha apuntado la socialista.

Quiñones ha señalado que los socialistas ven necesario construir esa vía, pero no a través de esa fórmula que “hipoteca los presupuestos de los próximos años”. “Puente de Requejada-Suances sí, pelotazo urbanístico a razón de 7 millones al año a una empresa privada, no”, ha zanjado.

La Fiscalía de Cantabria ha archivado las denuncias por la gestión del cribado de cáncer de mama en la comunidad autónoma por considerar que son “meros retrasos” y al no haber denuncias de posibles afectadas. “Fueron admitidas a trámite, pero han sido archivadas por consistir en meros retrasos y no haber denuncias concretas de posibles afectadas”, ha informado el ministerio público este miércoles a Europa Press.

Izquierda Unida y la asociación El Defensor del Paciente denunciaron ante la Fiscalía los retrasos en el diagnóstico de las mamografías en la comunidad --hubo cerca de 4.000 mujeres pendientes de resultado-- para que investigara lo ocurrido en torno a la gestión y determinara si podía ser constitutivo de delitos.

Para IU, lo sucedido podría ser constitutivo de homicidio imprudente o lesiones, ambos delitos en comisión por omisión y de haber fallecido por cáncer de mama alguna mujer sometida al cribado y con resultado tardío o dudoso o de haberse retrasado la detección de posibles lesiones malignas.

A juicio de este partido, el “fallo sistémico en la gestión sanitaria con un perjuicio potencial a miles” de cántabras, también podría suponer un delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios e incluso de prevaricación administrativa si se acreditaran “decisiones injustas a sabiendas”, como no cubrir bajas, vacaciones o jubilaciones o activar mecanismos de refuerzo ante la acumulación de pruebas.

Este partido señaló como posibles implicados en lo sucedido al consejero de Salud, César Pascual; a la Dirección General de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, y a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

Y propuso como testigos a personal de Radiología del SCS; la Gerencia del Hospital Santa Clotilde --centro al que el Gobierno encargó la lectura de un millar de mamografías tras la acumulación de pruebas--, así como pacientes y asociaciones de personas potencialmente afectadas, entre otros.

“La denuncia no tenía ninguna viabilidad”

Preguntado por el archivo de las denuncias, el consejero de Salud, César Pascual (PP), ha dicho que “estaba seguro” del mismo porque “no tenía ninguna viabilidad”, ya que en el sistema sanitario “las cosas no son infalibles”. Además, ha destacado que se está “cumpliendo” el plan de cribado “perfectamente” y que cántabras están siendo atendidas “conforme” a lo que marca la estrategia de cáncer. Según ha insistido, la denuncia “no tenía base”, aunque ha admitido que ha habido “problemas puntuales” y ha destacado que se han tomado medidas.

En este sentido, el consejero ha apuntado a la “escasez de profesionales” y ha advertido que “cada día” va a haber “más dificultades”, aunque ha puesto en valor que haya dos residentes en la lectura de mamografías junto a los radiólogos expertos, trabajo al que se ha unido el Hospital de Sierrallana.

También ha reiterado que volverá a contratar las lecturas si es “necesario” y ha resaltado la puesta en marcha de una nueva unidad móvil ante el “reto” de ampliar el rango de edad para las mamografías, “dos o tres años”, que se hará “en la siguiente vuelta, antes del verano”, conforme al compromiso adquirido por el Ejecutivo autonómico con el Estado y el Parlamento cántabro, y con lo que marca “la hoja de ruta europea”.

En cuanto a las mujeres que esperan los resultados, el consejero ha dicho que la bolsa ya está “en menos de 2.000” y que en Navidad la situación estará “normalizada”, “si no pasa nada raro”, como que se produzcan bajas en el servicio. “Con lo que tenemos planificado llegaremos y comenzaremos el año con absoluta normalidad para terminar esta vuelta también con absoluta normalidad”, ha afirmado. El consejero ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en la presentación de la 'Estrategia de Atención Integral a las Enfermedades Raras' en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria ha eliminado ya 35 lobos del cupo de 41 establecido esta pasada primavera, cuando salió del LESPRE (listado de especies protegidas), y ha activado la caza de los seis restantes. De agotarse la cuota prevista hasta junio de 2026 -lo que ocurrirá si se materializan las órdenes activadas- y “continúan los daños al ganado”, el número de cánidos a sacrificar “podría ampliarse, siempre que haya justificación por parte de los técnicos, y en ese caso el incremento tendría que restarse del cupo del siguiente periodo”.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos (PP), este martes en declaraciones a los medios antes de presidir la Mesa del Lobo, con motivo de la cual ha actualizado los datos. Hasta la fecha se han abatido a 35 lobos del total de 41, de los que 29 son ejecuciones en sí, mientras que los otros seis ejemplares han fallecido bien de forma natural o por atropello o debido al furtivismo.

Y las seis nuevas autorizaciones se reparten entre las zonas de Nansa; Saja; Campoo-Los Valles; Besaya; Pas-Pisueña y Asón-Montaña Oriental. Susinos también ha informado de que la región ha registrado en los nueve primeros meses de año 2.425 ataques de lobo, con un total de 2.812 reses muertas y 328 animales heridos.

Así, por ahora, y aunque faltan por contabilizar tres meses para cerrar el ejercicio, no se han superado ni la cifra de ataques registrados en todo 2024 (2.681) ni el número de reses muertas ese año (3.223). Por tipo de animal, el 37 por ciento de los fallecidos a causa del cánido han sido potros, dato que desde el sector cifra en 1.046; seguidos de ejemplares de ganado ovino (923) y bovino (667).

La zona con más ataques ha sido Campoo (742); por delante de 477 en Pas-Pisueña; 302 en Saja; 267 en el Besaya; 245 en Nansa; 162 en la costa; 134 en Liebana, y 96 en Asón y la Montaña Oriental. La consejera también ha detallado que a largo de este 2025 se han tramitado 1.658 expedientes por ataques de lobo, 185 desestimados -lo que supone el 11%-, y las indemnizaciones ascienden a fecha de hoy a 894.000 euros.

En la Mesa del Lobo también ha informado de los avances en el nuevo plan, que se prevé que esté aprobado en el primer trimestre de 2026. Inicialmente, se había indicado que podría concluir antes de que acabara 2025, pero no ha sido posible al ampliarse el plazo de alegaciones.

Plan de gestión

En la Mesa del Lobo también ha informado de los avances en el nuevo plan de gestión, que se prevé que esté aprobado en el primer trimestre de 2026. Inicialmente, se había indicado que podría concluir antes de que acabara 2025, pero no ha sido posible al ampliarse el plazo de alegaciones. Concretamente, se han presentado 161 y parte de ellas serán incorporadas al texto al entender que lo mejoran.

El nuevo documento plantea una zonificación diferente, de modo que Cantabria se dividirá en dos áreas (y no en tres como ahora). La 1 abarcará a los municipios donde se considera que debe haber presencia del lobo y la especie ha de convivir con la ganadería. Forman parte de este grupo 38 ayuntamientos, tras incorporarse Ruesga y Arredondo. Y la otra zona incluye los 64 municipios cántabros donde no debe haber cánidos.

También, con el nuevo plan, se “oficializará” la Mesa del Lobo, que hasta ahora tiene carácter consultivo, y se va a reglar. Además, se ampliará a tres el número de representantes de las organizaciones ecologistas, uno más, además de un nuevo representante del Ministerio de Transición Ecológica, ha indicado Susinos.

“Se queda corto”

A la salida del encuentro, el representante de UGAM-COAG, Luis Pérez, ha pedido que el nuevo plan del lobo se apruebe “lo antes posible”, si se puede “a primeros de año”. Y es que, según ha reivindicado en declaraciones a los periodistas, el plan es algo “necesario” ya que se precisa del control poblacional de la especie.

Se ha mostrado “satisfecho” con la zonificación prevista, pero no lo está con el cupo máximo actual de extracciones porque “se queda corto”. “Hemos tenido tres años en los que ha estado inactivo el plan de gestión con lo cual necesitaríamos muchas más porque vemos que el problema de los ganaderos es latente y que los ataques, pese a las extracciones, siguen ahí”, ha indicado.

Por eso, cree que se precisan aumentar las extracciones y que entre en vigor el nuevo plan de gestión. A juicio del portavoz de UGAM-COAG también hay que actualizar los baremos de las indemnizaciones por daños del lobo. Y además, ha reclamado que el pago de las mismas se lleve a cabo “al día” y que se justifiquen los expedientes que han sido denegados.

Sin presencia de ecologistas

En la Mesa del Lobo están representadas las organizaciones profesionales agrarias (OPAS); las cooperativas, asociaciones de razas; la Federación de Municipios; la propia Consejería y también entidades ecologistas, animalistas y conservacionistas. Sin embargo, en la reunión de este martes no ha habido representación de ecologistas y animalistas.

ARCA, Ecologistas en Acción y la Federación DEAN ya anunciaron en una nota de prensa remitida antes de la reunión que no iban a participar en una mesa que, a su juicio, “sólo pretende tapar el verdadero objetivo” del Gobierno de Cantabria, “que no es otro que ganar un puñado de votos, aunque lleve al lobo al borde la extinción”.

Además, indicaban que en la reunión no se iba a abordar “ninguna cuestión relativa a la conservación del lobo”, algo que, a su juicio, “no interesa” al Cantabria “porque el objetivo no es conservar el lobo, ni facilitar la coexistencia con la ganadería extensiva”, sino “dar satisfacción al loby de la caza, y a unas organizaciones agrarias que, en lugar de velar por el futuro de la actividad ganadera, han comprado los argumentos de la extrema derecha y van a conducir al sector primario a un callejón sin salida al futuro”.

Estas tres organizaciones han denunciado que la política del Gobierno de Cantabria “continúa centrada exclusivamente en la eliminación de ejemplares, desatendiendo las obligaciones legales destinadas a garantizar la coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva”.

Y han remarcado que la legislación vigente exige la puesta en marcha de medidas preventivas, la publicación de un Catálogo de Buenas Prácticas, “que Cantabria sigue sin elaborar”, y el mantenimiento de un conocimiento científico actualizado para orientar la gestión hacia la conservación. Sin embargo, en su opinión, el Gobierno cántabro “continúa utilizando la información disponible únicamente para justificar la muerte de lobos”.

Además, han indicado que si se lleva a cabo la eliminación anunciada por el Gobierno, “la mitad de la población de lobos de Cantabria podría desaparecer”, “un daño ecológico irreversible para una especie ya catalogada en estado de conservación desfavorable”.

Así, han exigido al Gobierno de Cantabria que abandone su estrategia basada en la eliminación de ejemplares y adopte “de inmediato una gestión responsable, preventiva y acorde a la normativa europea, centrada en la protección de la especie y en la reducción real de los conflictos en la ganadería extensiva”.

Según estas tres organizaciones, la estimación de la Consejería de que en Cantabria viven más de 200 lobos está “inflada” y carece de base científica. Explican que esta cifra se obtiene al multiplicar las 23 manadas detectadas por una supuesta media de 9 ejemplares, “un cálculo sin respaldo técnico que pretende justificar la eliminación del 20% de la población: 41 lobos muertos en un solo año”.

“La ciencia demuestra que los grupos familiares del lobo ibérico están compuestos, de media, por entre 3,4 y 4,2 individuos en invierno. Aplicando estos valores -reconocidos por la comunidad científica-, los 23 grupos presentes en Cantabria equivaldrían a aproximadamente 100 lobos, no 200”, han replicado.

La tensión en el Pleno para votar el rechazo del Presupuesto de Cantabria para 2026, solicitado por los tres grupos de la oposición, ha tenido un protagonismo inesperado. Si el Gobierno de Buruaga ha buscado sin éxito en las últimas semanas un voto tránsfuga de algún alcalde del PRC que les favoreciese, la sorpresa la ha dado el banquillo socialista.

Cuando tocaba votar la enmienda a la totalidad presentada por su propio partido, una de sus diputadas, Eva Salmón, se ha ausentado inesperadamente del hemiciclo víctima de un desconocido conflicto de intereses. Resulta que es la directora de Recursos Humanos del Hospital Santa Clotilde y ha evitado votar en contra de un documento que avala el convenio singular de privatización de servicios sanitarios, por importe de 256 millones de euros con el centro sanitario religioso, en el que ejerce como directiva. Su propio portavoz, Mario Iglesias, había criticado minutos antes el convenio privatizador con el hospital religioso.

Hasta ahora la postura contraria de su propio grupo socialista al contrato sin concurso de larga duración -podría extenderse hasta los 20 años- no habría repercutido, al menos externamente, en el comportamiento de la diputada que tampoco participa con asiduidad, en su segunda legislatura en la Cámara, en la actividad parlamentaria y ha faltado a varios plenos.

La diputada socialista, que también ejerce como directora de personal en el Hospital San Juan De Dios de Vizcaya, no ha llegado a romper la disciplina de voto porque de manera muy sutil -sin consecuencias para el resultado final- ha salido del hemiciclo antes de iniciarse la votación nominal, a petición de siete diputados populares. Cuando ha aparecido en escena 'el hombre del saco' -el letrado del Parlamento- que ha desplegado una bolsa de tela azul donde ha metido los números de los 35 parlamentarios para sortear quién de ellos vota en primer lugar. Al llegar su turno, el secretario de la Mesa, Armando Blanco, llamó al voto por su nombre a la diputada Eva Salmón. “No está”, constató.

A la casilla de salida

El Gobierno de Buruaga, aunque sobrevive en minoría, está poco acostumbrado a que le lleven la contraria en el Parlamento. Así que ante la negativa, esta vez, de los tres partidos de la oposición a aprobar el Presupuesto de Cantabria para 2026, ha puesto a la presidenta de la institución a imponer las reglas de juego del Pleno celebrado este lunes para tratar sin éxito de impedir la evidencia: el rechazo a las cuentas públicas que se registraron sin haber llegado a un consenso.

Vuelven a la casilla de salida, lo que les coloca en una posición incómoda frente a su propio espejo: cómo justificar que Sánchez no puede gobernar sin presupuestos y Buruaga sí.

La presidenta del Parlamento se negó a que las tres enmiendas a la totalidad se votasen conjuntamente, tal vez con la ingenua esperanza de que alguno no votase la enmienda del otro. Se negó incluso a resolver el recurso de Vox que pedía paralizar el Pleno. La petición se analizará después de que se haya celebrado la sesión en un ejercicio del absurdo.

Los populares habían iniciado una estrategia para forzar el apoyo a las cuentas públicas de los alcaldes regionalistas. Algún consejero y su asesor llevaban semanas levantando el teléfono para presionar a los regidores, de la misma manera que ha hecho el consejero de Economía en la tribuna: si vuestro partido no vota a favor de los presupuestos os quedáis sin inversiones. Una OPA hostil tan fracasada como la del Sabadell.

En cualquier caso, la estrategia trataba de aprovechar la presunta falta de sintonía de algunos alcaldes del PRC con la sustituta electoral de Revilla. Hasta tal punto de que se rumoreó que el PP no tiraba la toalla y aspiraba a que algún regidor, como el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que intentó competir con Paula Fernández en las elecciones internas del PRC, rompiese la disciplina de voto.

También se miraba con curiosidad hacia lo que queda del grupo Vox, al voto del diputado Armando Blanco. Mientras su excompañero Cristóbal Palacio pedía desde el Grupo Mixto que habita en solitario el apoyo al presupuesto del PP. Aunque al final nadie rompió la disciplina de voto sí que faltó uno inesperado: el de la diputada socialista ausente.

El diputado Íñigo Fernández fue el elegido para defender el Presupuesto. Un parlamentario de alto voltaje político, lo que evidencia que los populares buscaban el tono bronco y la polémica manteniendo al margen a Buruaga. No defraudó en sus excesos dialécticos, centrados en desacreditar a la sucesora de Revilla, Paula Fernández, a quien -según él- se podría haber confundido con Irene Montero porque el PRC ha dado un giro a la izquierda.

Desenlace por escribir

El Gobierno en minoría de Buruaga ha resultado hasta ahora un inexplicable remanso de placidez, un balneario legislativo, en contraste con la falta de acción e iniciativa de sus políticas prácticamente inexistentes. La debilidad del equipo del Partido Popular no se ha percibido hasta ahora porque Revilla se encargó de poner una mullida alfombra que amortiguaba los efectos de un consejo de gobierno que ya tuvo que forzar una crisis en el primer aniversario de legislatura.

La legislatura ha ido transcurriendo conforme al guion clásico. Planteamiento: cómodo gobierno en minoría gracias al rescate del PRC con la bendición de dos presupuestos. Nudo: estalla el conflicto avanzado el ecuador del mandato para tomar posiciones de cara a la carrera electoral. Y desenlace: que está por escribir.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha dicho que está “dispuesta a volver a empezar” la negociación de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 y “disponible 24 horas desde mañana mismo” para los grupos después de que este lunes la oposición haya unido sus votos para sacar adelante la enmienda a la totalidad que devuelve el proyecto de las cuentas al Gobierno.

Esto hace que Cantabria no vaya a tener los PGC listos para entrar en vigor el 1 de enero, por lo que el Gobierno empieza ya a preparar el escenario de prórroga de los de 2025. A pesar de ello, la presidenta ha querido lanzar el mensaje de que “Cantabria no se para”, porque “tiene un Gobierno con capacidad de gestión”, aunque reconoce que será un escenario “muy complicado”.

Y es que supone “doble prórroga”, la de los Presupuestos Generales de Estado y la de los autonómicos, y habrá que “hacer frente a los gastos de 2026 con los ingresos de 2023”, además de que se contará con 220 millones de euros menos, los que se incrementaban las cuentas respecto a este ejercicio. Por ello, ha reconocido, habrá que “priorizar”, “reprogramar actuaciones e inversiones”, y la región tendrá “muchas más dificultades” que pueden “ralentizar el ritmo de la acción de Gobierno”.

Así lo ha dicho la presidenta en una comparecencia ante los medios en el Parlamento al término del Pleno en el que la oposición (PRC, PSOE y Vox) ha sacado adelante la enmienda a la totalidad que devuelve el proyecto de Ley de Presupuestos y el de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas al Ejecutivo.

“La coalición del bloqueo”

Así, tras señalar que “hoy no es un mal día para el Gobierno, sino un mal día para Cantabria”, ha acusado a estos grupos de formar una “coalición de bloqueo” por “puro interés partidista y estrategia electoral” para tumbar un presupuesto que “no merece una enmienda a la totalidad”, porque así “lo han dicho alto y claro todos los que se han pronunciado sobre él”.

Buruaga ha hecho hincapié en que se ha configurado “una mayoría parlamentaria en contra de la mayoría social” para “vetar” el proyecto presupuestario “incluso antes de conocerlo”, porque insiste en que “todo estaba premeditado”.

Es por ello que ha señalado que el Gobierno ha “perdido una votación, o la oposición la ha ganado”, pero “lo ha hecho en contra de la mayoría social de Cantabria y no se me ocurre nada más lejos de una victoria que eso”.

Además, cree que “no tiene nada de extraordinario” que salga adelante la enmienda a la totalidad cuando hay un Gobierno en minoría. “Es lícito y democrático, pero no es ético y no es justo con Cantabria”.

“No han estado a la altura de lo que los ciudadanos merecen”. “Han fallado estrepitosamente a los cántabros”, ha sentenciado la jefa del Ejecutivo sobre los grupos de la oposición, a los que ha advertido que “pierdan toda esperanza” de “frenar” la acción del Gobierno porque “Cantabria no se para. No habrá lugar para el desconcierto y la parálisis”.

Del PRC ha dicho que ha estado “absolutamente rendido, entregado y a la sombra del PSOE”. Un partido “en declive”, ha añadido, que “ha dejado de ser útil a Cantabria y ha dado un salto al vacío” ya que en sus anteriores acuerdos con el PP defendía su intención de que Vox no gobernara y “hoy los dos se alían en contra de los intereses de los cántabros”.

Respecto al PSOE, Buruaga ha añadido que “sí hay que reconocerlo, ha sido absolutamente coherente con la postura de siempre: decir 'no' a Cantabria para decir 'sí' a Pedro Sánchez”; y respecto a Vox, que “por fin se ha quitado la careta” y demostrado que “prefiere votar junto al PSOE de Pedro Sánchez” frente a un proyecto al que se opone “únicamente porque lo presenta un Gobierno del PP”.

“Abierta al diálogo sin condiciones previas”

En todo caso, la presidenta ha dicho que recibió “un mandato claro” de los cántabros “de cambio, de diálogo”, y “ni desiste ni va a abandonar ese objetivo”. “Seguiré abierta al diálogo y al acuerdo con quienes quieran dialogar”, eso sí “con lealtad, sin condiciones previas y con condiciones reales, concretas, posibles”.

Así, ha insistido en que “no ha cambiado de opinión” y mantiene que Cantabria “necesita y merece el mejor presupuesto”, pero ha subrayado que para lograr sacarlo adelante --aunque entre en vigor más allá del 1 de enero-- es necesario que “algo del bloque que hoy hemos visto, cambie”.

“Alguien tiene que estar dispuesto a cambiar” y a “abrir una negociación”, ha insistido, tras reiterar que desde el Gobierno ya han “cumplido todas sus obligaciones” --presentar el presupuesto en tiempo y forma y buscar acuerdos-- aunque “no ha conseguido disposición para sentarse a hablar”.

Los grupos de la oposición (PRC, PSOE y Vox) han sacado adelante en la sesión vespertina del pleno del Parlamento de Cantabria la enmienda a la totalidad también al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas elaborada por el Gobierno (PP), como lo hicieron por la mañana con el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, con lo que ambos documentos se devuelven al Ejecutivo.

En concreto, gracias a la unión de las tres formaciones ha salido adelante la enmienda presentada por el PSOE, que es la única que se ha llegado a votar por ser la primera --por orden de registro--, aunque los tres grupos habían presentado la suya. Los diputados de Vox han vuelto a abandonar el pleno por la tarde como protesta por el procedimiento seguido para ordenar el debate y para denunciar que se ha “vulnerado el Reglamento”, pero han acudido a la votación para sumarse al resto de la oposición y lograr que se aprobara la enmienda.

Y es que la dinámica ha sido la misma por la mañana y por la tarde: la votación de las enmiendas --en la sesión matinal las del Presupuesto y en la vespertina las de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como 'ley de acompañamiento'-- ha comenzado con la del PSOE y, al salir ésta adelante, las otras dos han decaído, puesto que todas ellas implican lo mismo: devolver los proyectos al Gobierno para que los reelabore.

Con este objetivo PRC, PSOE y Vox han unido sus votos para sacar adelante la enmienda ya que juntos suman mayoría absoluta --19 escaños--, frente al rechazo del PP --que gobierna en minoría con 15-- y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

La sesión de la tarde ha arrancado con la portavoz de Vox, Leticia Díaz, volviendo a pedir a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), pronunciarse sobre la medida cautelar de suspensión del pleno solicitada. Esta petición iba ligada al recurso presentado contra la resolución dictada por la presidenta --en base a un informe del letrado de la Cámara-- que determinó que la votación de las enmiendas sería individual, frente a la voluntad de la oposición de que fuese conjunta.

Díaz ha acusado a González Revuelta de “vulnerar derechos” y de haber mantenido “dos criterios dispares” en el pleno de la mañana: “a primera hora el de que se tenía que votar de manera individual cada una de las enmiendas presentadas y en el momento de la votación entendiendo que no procedía ya la votación de la segunda y de la tercera”.

La presidenta ha respondido que en ningún caso es contrario“ lo que dijo ”en un momento y en otro“. ”Lo entendió usted mal y ya lo siento“, ha sentenciado González Revuelta, que ha añadido que los órganos parlamentarios correspondientes se reunirán para abordar el recurso y ”mañana seguramente que tenemos tiempo de debatir todo esto“.

“Impedir que Cantabria avance”

Las intervenciones de la tarde han vuelto a comenzar con el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), quien ha defendido el fallido proyecto de presupuestos y ha insistido en que las enmiendas a la totalidad son “un intento de impedir que Cantabria avance, que mejore su competitividad y que consolide la senda de crecimiento que nuestro Gobierno impulsa desde hace años”.

Ha desgranado las medidas de la 'ley de acompañamiento' que se devuelve al Gobierno para destacar que volvían a bajar los impuestos para “favorecer” el acceso a la vivienda, a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, y apostaban por la sanidad y la educación.

En materia fiscal incluía la rebaja para la compraventa de vivienda con tipo reducido del 7% hasta los 300.000 euros y a partir esa cuantía al tipo general del 9%; deducciones para los pacientes de enfermedades raras y ELA; incorporaba nuevas deducciones en el IRPF para familias con hijos con discapacidad y se ampliaba de 36 a los 40 años los beneficiarios del tipo reducido del 4% para la adquisición de vivienda.

Y en cuanto a las medidas administrativas, ha dicho que, en “una comunidad pequeña como la nuestra”, la agilidad administrativa es “fundamental para no perder oportunidades de inversión”. Para ello, el proyecto “simplifica procedimientos, reduce plazos en autorizaciones y licencias”.

Entre las leyes que contemplaba modificar, un total de once, están la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de Cantabria de cara a adaptar los términos y ampliar el lugar de comisión de infracción en el comercio electrónico; la Ley de creación del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud para reforzar la seguridad de datos, y la Ley de creación del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en direcciones de área y homogenización de denominación con otros servicios públicos de salud. También incluía la previsión de que el complemento de incapacidad transitoria sea extensivo a todo el personal del servicio.

Recaudación “récord”

Frente a estas medidas, tanto PRC como PSOE han criticado que las bajadas de impuestos que se impulsan son para “grandes patrimonios, empresas o los compradores de las viviendas más caras”; mientras Vox ha acusado al Gobierno de “falta de valentía” para dejar de recaudar, “a costa del sufrimiento de las familias”.

Desde el Grupo Regionalista, Pedro Hernando ha lamentado que pese a la “recaudación récord que se está logrando, no se están gestionando bien los servicios públicos”. Eso sí, ha dicho al Ejecutivo que pese a su “actitud” y las “pocas ganas” de negociar, “están a tiempo” de aprobar el presupuesto aunque no entre en vigor el 1 de enero. “A trabajar”.

Aunque ha recalcado que este lunes ha pasado “algo histórico” aún “más grave” que la enmienda a la totalidad, en alusión al polémico ordenamiento del debate: “No es que las minorías hayan visto pisoteados sus derechos, es que las mayorías han visto pisoteados sus derechos. La señora Armengol, presidenta del Congreso, comparada con la presidenta del Parlamento es el ángel San Miguel de la democracia”, ha ironizado.

Por su parte, los socialistas han señalado que la política fiscal del PP “favorece siempre a quien más tiene” con “exclusiones, regresiones e injusticias”, y pese a que “haya más recaudación en el hoy, no se está hablando de lo que es lo estructural para el mañana”.

Así lo ha dicho la diputada Ana Belén Álvarez tras opinar que los 'populares' apuestan por un “modelo regresivo” frente a un PSOE que quiere uno “progresista”, y defiende una ley de acompañamiento “que entienda que una región solo progresa cuando progresa su gente”, y en esta línea proteja a los vulnerables, refuerce los servicios públicos y “mire al futuro con igualdad y esperanza”.

Y desde Vox, Leticia Díaz ha dicho que la ley de acompañamiento “está basada en los incrementos de la recaudación, independientemente de la tasa de crecimiento, y sin ninguna intención de reducir el gasto mediante la optimización de los servicios públicos”.

Tras lamentar que el PP haya acusado a su grupo de “no haber querido negociar” cuando ha sido “el único que ha puesto sus propuestas encima de la mesa”, Díaz ha denunciado que la recaudación “se dispara y no porque seamos más ricos, sino por el efecto perverso de la inflación”, de “no deflactar y no cumplir su palabra”.

En respuesta a la oposición, los 'populares' han criticado el “tripartito de la vergüenza” que han formado PRC, PSOE y Vox para frenar la tramitación del Presupuesto y dar “tres tortazos en uno al PP en la mejilla de los cántabros”.

“Menudo día de circo llevamos”, ha enfatizado el diputado Carlos Caramés, que ha dicho que los ciudadanos necesitan “políticos responsables, serios, con la altura de mira suficiente para saber diferenciar en lo que se puede dejar al albur de los cálculos estadísticos y necesidades de un partido y lo que, sí o sí y por responsabilidad, se debe sacar adelante”.

Los grupos de la oposición en Cantabria han tumbado este lunes el Presupuesto para 2026 del Gobierno del Partido Popular presidido por María José Sáenz de Buruaga. Y lo han hecho en un pleno tenso desde el principio y marcado por la polémica en torno a la fórmula del debate y la votación de las tres enmiendas a la totalidad presentadas por parte de PRC, PSOE y Vox. Se han votado por separado, en contra de la voluntad de estos partidos que suman mayoría, y sin la suspensión cautelar que habían reclamado.

Por ese motivo, la formación de extrema derecha ha abandonado el hemiciclo y, posteriormente, su portavoz, Leticia Díaz, ha regresado para defender su enmienda a la totalidad en un turno de intervención en el que ha acusado a la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), de cometer “un ilícito penal” y de “vulnerar los derechos constitucionales de los parlamentarios” por no atender la medida cautelar del recurso presentado por su formación, al que se adhirieron regionalistas y socialistas, contra la resolución que determinaba la votación por separado de cada una de las enmiendas.

Y es que los tres partidos de la oposición querían una votación conjunta, porque reclamaban lo mismo: la devolución de las cuentas al Ejecutivo del PP. No obstante, los populares jugaron el viernes una última baza para salvar sus cuentas forzando que cada grupo tuviera que apoyar las enmiendas de sus rivales políticos -con notables diferencias ideológicas entre sí- para que salieran adelante, dada la “potestad para ordenar cualquier debate y votación” que le otorga el Reglamento de la Cámara a la presidenta de la misma, según el informe sobre esta cuestión elaborado por los letrados y dado a conocer este domingo.

Y así ha sido, pero no con el resultado esperado por un PP en minoría que esta vez no ha contado con el respaldo del habitual socio regionalista para sacar adelante los presupuestos. El Gobierno de Buruaga deberá rehacer las cuentas -o prorrogar las actuales-, por lo que Cantabria no tendrá Presupuestos nuevos al inicio de año, un escenario inusual en esta comunidad.

Y es que el Parlamento ha aprobado la enmienda a la totalidad del PSOE -la primera que fue registrada y, por tanto, la primera en votarse- con 18 votos a favor, 16 en contra y una abstención (la diputada socialista Eva Salmón se ha ausentado durante la votación). Una vez que ha salido adelante la primera enmienda a la totalidad no se ha procedido a votar las otras dos, puesto que los Presupuestos ya se devuelven al Gobierno.

La enmienda a la totalidad que ha salido adelante sólo ha contado con el rechazo de los 15 diputados del PP y del parlamentario tránsfuga de Vox, Cristóbal Palacio. El debate ha durado aproximadamente tres horas. Mientras el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros (PP), ha basado principalmente su intervención en las consecuencias que tendrá el 'no' a las cuentas autonómicas para los alcaldes -presumiendo de haber mantenido encuentros “cordiales y satisfactorios para ambas partes con más de 80”- la oposición le ha recriminado “el chantaje y la compra de voluntades”.

Los regionalistas han defendido su rechazo a estas cuentas, a diferencia de los dos años anteriores cuando sirvieron de muleta al PP para sacarlas adelante, asegurando que en esta ocasión no tienen “las propuestas y el sello regionalista”, al tiempo que han criticado nuevamente la “falta de gestión y de ejecución” de las de 2024 y 2025. “Quizá entonces pecamos de ingenuos o de ilusos”, ha asegurado su candidata autonómica, Paula Fernández: “Creíamos posible que la presidenta y sus consejeros gestionaran en minoría unos presupuestos buenos”.

Desde el PSOE han criticado la “falta de ambición” de los presupuestos, que tienen “unas cifras bonitas que luego no se cumplen”. “No dan respuesta a los problemas reales de la sanidad, de la educación o de la vivienda”, ha subrayado su portavoz, Mario Iglesias, quien ha hecho hincapié en el modelo privatizador del PP y en la “credibilidad en números rojos” del Gobierno de Buruaga.

Finalmente, Vox ha elevado el tono acusando a los populares de “fraude” y de haber hecho un “trabajo muy sucio y barriobajero al pretender engañar” con sus advertencias sobre lo que se perderá si no salen adelante estos presupuestos.