La celebración de las elecciones catalanas en día laborable implica fijar más condiciones para que los trabajadores puedan ejercer su derecho al voto. La patronal de la pequeña y mediana empresa Pimec cifra en 230 millones de euros coste de las horas de trabajo que se destinarán a facilitar el voto el 21D de los trabajadores. Los miembros de mesas y los 120.000 docentes que no trabajarán también se verán afectados por unas elecciones en jueves, algo casi inédito en la historia electoral española.

El permiso vinculado al voto se considera retribuido y no recuperable, según la información de CCOO de Catalunya para atender posibles consultas de los trabajadores. Es decir, que si un trabajador tiene una hora para votar el 21D, la empresa no puede descontar esta hora de su sueldo, ni tampoco obligarle a recuperarla en días posteriores.

En todo caso, la normativa emplaza a valorar las diversas situaciones posibles. En primer lugar, si la jornada laboral de un trabajador no coincide con el horario de votación –de 9 a 20 horas–, el afectado no tiene permiso retribuido. Si la jornada laboral es inferior a las dos horas, el trabajador tampoco podrá gozar de permiso retribuido.

En tercer lugar, si la jornada laboral coincide con el tiempo de votación en más de dos horas y el afectado trabaja menos de cuatro horas en la jornada, el permiso pagado será de un máximo de dos horas. Y si el tiempo de trabajo coincide en 4 horas con el tiempo de votación, el trabajador podrá faltar cuatro horas para ejercer su derecho al voto.

Un caso especial es el de los trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial, cuyos permisos serán igual que en los casos anteriores, pero de forma proporcional a su tiempo de trabajo. La empresa es quien puede fijar los horarios en los que sus trabajadores pueden ir a votar. En el caso que un trabajador que viva en un lugar alejado del local de votación y quiera ejercer el voto por correo, el permiso puede ser de hasta cuatro horas.

Mesas de votación

Para las personas que son llamadas formar parte de las mesas de votación como presidente, vocal o interventor, el permiso abarcará todo el día 21 de diciembre más 5 horas del día siguiente. En el caso que el afectado trabaje en turno de noche se tiene que pedir el cambio de la noche anterior por otro turno.

Finalmente, para ejercer de apoderado de un partido político el permiso fijado por la ley afecta todo el día 21. En todos los casos, patronales y sindicatos recuerdan que los trabajadores deberán pedir justificantes a la mesa electoral para entregarlos a la empresa.

Jornada no lectiva e inhábil

Un caso especial es el que afecta a los trabajadores de enseñanza pública y también de la concertada. En casos parecidos la Generalitat publicaba un documento pormenorizando la situación respecto a estos colectivos. Como el Gobierno catalán está intervenido por el artículo 155 de la Constitución, lo único que ha llegado a los sindicatos de docentes es el texto de un comunicado del ministerio Educación que afirma que la jornada será no lectiva e inhábil. Esta nota ha sido replicada por la Generalitat.

David Córdoba, responsable de acción sindical de USTEC, el sindicato mayoritario de la enseñanza pública, considera que “los trabajadores de la enseñanza, que normalmente irían a los colegios, no tendrán que presentarse y sus salarios y cotizaciones deberían devengarse con normalidad, pero aún no estamos seguros de ello al 100%”.

En el sector de la enseñanza pública hay en Catalunya unas 80.000 personas empleadas. Pero no todas quedaran afectadas por la jornada electoral. Los servicios centrales y aquellos territoriales cuyas funciones no se realizan en colegios funcionarán con normalidad y sus empleados tendrán los permisos de voto igual como cualquier otro trabajador.

Lo mismo pasará en los centros escolares concertados. Aunque se utilizan relativamente pocos colegios concertados como centros de votación, la jornada inhábil afecta a todos los profesores que, según fuentes del sector podrían ser unos 40.000 en Catalunya.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido en una sentencia que el cáncer de esófago que sufrió un trabajador fue causado por la repetida exposición e inhalación de polvo de amianto de la fábrica de Castelldefels (Barcelona) donde trabajaba. En consecuencia, los magistrados han declarado el cáncer provocado por el amianto como una enfermedad profesional.

En una sentencia, el TSJC ratifica el fallo pionero del juzgado de lo social 3 de Barcelona  y desestima el recurso presentado por la empresa Rocalla, después absorbida por Uralita, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su marido trabajó durante veinte años en la planta de Rocalla de Castelldefels, dedicada a la fabricación de productos con fibrocemento derivados del amianto. El proceso judicial todavía tiene una instancia a la que apelar, el Tribunal Supremo.

El alto tribunal catalán confirma así la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional a la esposa del trabajador que murió a causa del cáncer de esófago, y obliga la Seguridad Social a incrementarle la pensión de viduedad hasta el 52% de la base reguladora de 16.245 euros anuales.

Según el Col·lectiu Ronda, que representa a la viuda del trabajador fallecido, la resolución del TSJC es importante porque el cáncer de esófago hasta ahora no estaba incluido en el baremo de clasificación de las enfermedades profesionales provocadas por el amianto. Sí lo estaban otros tipos de cáncer, como el de laringe o el de pulmón.

Recientemente otro colectivo de trabajadores ha iniciado una batalla legal para que la ansiedad provocada por la exposición al amianto también se considere enfermedad profesional. En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.

La calificación de enfermedad profesional implica una responsabilidad económica por parte de la empresa, tanto para el trabajador como para su familia en caso que el empleado fallezca, como este caso. Para la viuda del trabajador de la Rocalla, supondrá conseguir más del doble de indemnizaciones de la Seguridad Social y de la empresa por no haber protegido suficientemente los derechos laborales y la salud del fallecido.

El amianto es un producto que durante décadas se usó para fabricar elementos para la construcción como el fibrocemento. El problema es que sus efectos no aparecen en las personas hasta, a veces, décadas después de haberse contagiado. Esto provoca que tanto los tratamientos como las indemnizaciones muchas veces no lleguen a tiempo para subsanar los efectos del producto en la salud de los trabajadores de las centenares de industrias en España expuestos al amianto.

Los 200.000 funcionarios, interinos y empleados públicos de la Generalitat podrán participar en las protestas vinculadas al llamado “paro de país” convocado para este martes 3 de octubre por las entidades indepedentistas y las patronales Pimec y Cecot, sin que el Govern les descuente el sueldo por faltar a su trabajo. El paro, que no se ha planteado como una huelga general, pretende generar una protesta transversal contra la actuación policial de este domingo para cerrar colegios electorales.

De esta forma, los empleados públicos que quieran participar en las actividades que se organizarán en todo el territorio catalán podrán hacerlo sin efecto sobre sus sueldos. No obstante, se deberán cubrir los servicios mínimos en todos aquellos puestos de trabajo que afecten a la atención al público, han explicado fuentes laborales. En las urgencias y los quirófanos de los hospitales públicos no habrá paro, pues se han decretado servicios mínimos del 100%.

Josep Maria Sentís, responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadania (FSC) de CCOO de Catalunya, ha explicado que en el marco de la Taula per la Democràcia, que reúne a ANC, Òmnium, sindicatos y patronales de la pequeña y mediana empresa y una cuarentena de entidades, se ha pedido al sector público y a las empresas que faciliten la participación de los trabajadores y los directivos en las movilizaciones de este martes.

Además, la Taula per la Democràcia ha llamado a una gran manifestación en la plaza Universitat Barcelona a las 18h. de la tarde y a concentraciones frente a los ayuntamientos de todos los municipios a la misma hora. Además, a las 11.00 se ha convocado a dejar claveles rojos en los colegios “asaltados” por la policía este domingo.

La web de personal de la Generalitat ha publicado que a los empleados que quieran adherirse a las protestas no se les contará como “ausencia” de sus ocupaciones el tiempo que falten a su trabajo, es decir, que no sufrirán descuento económico. A la práctica, en la mayoría de los casos el permiso durará todo el día.

“En estos momentos todo es muy fluido y se mantienen negociaciones en muchos ámbitos y centros de trabajo” explican fuentes sindicales que entienden que la situación es insólita. No hay antecedentes en Catalunya de movimientos como el paro cívico o “de país”. Lo más parecido son las huelgas de sector o generales. Esos paros los pueden seguir todos los trabajadores excepto los afectados por los servicios mínimos, pero los que se apuntan a la huelga sufren los descuentos correspondientes. No será así este martes.

No es una huelga general

El paro no tiene motivos laborales. Sus convocantes lo vinculan a la protesta por la represión policial sufrida el 1 de octubre por muchos ciudadanos y en defensa de los derechos democráticos, incluido el derecho a decidir. Por lo tanto, se parecería a una huelga con contenido político que la legislación laboral no contempla.

Con todo, a nadie se le escapa que en Catalunya los partidos que mandan en instituciones públicas importantes como la Generalitat, Diputaciones y centenares de ayuntamientos coinciden con los objetivos con los que la Taula per la Democràcia ha convocado la protesta, por lo que la participación de sus empleados se prevé importante.

Sin embargo, cabe recordar que, pese a que los sindicatos mayoritarios no entienden el paro como una huelga general, centrales minoritarias sí han convocado para el 3-O una huelga general. Así lo entienden CGT, IAC, COS y la Intersindical–CSC, junto a otras asociaciones y partidos como la CUP. De hecho, en algunas empresas públicas como TV3 y Catalunya Ràdio los comités de empresa han anunciado que los trabajadores se sumarán a ambas protestas: el “paro de país” y la huelga general.

Barcelona se suma

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Barcelona se sumará al paro de este martes, suspendiendo los actos institucionales y cerrando equipamientos y servicios no esenciales para el funcionamiento de la ciudad, como bibliotecas, ludotecas, equipamientos deportivos, centros cívicos y de ancianos, y espacios familiares.

Por su lado, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badalona, el tercero en habitantes de Catalunya, busca el mecanismo legal que permita sumar la institución al cierre cívico sin que ello repercuta en la nómina de sus trabajadores, según ha explicado a este diario su teniente de alcaldía Jose Téllez.

Mayor incidencia en sector educativo

El paro tendrá una gran incidencia en el sector educativo. Todas las universidades catalanas han anunciado la suspensión de su actividad académica este martes para protestar contra la violencia policial el 1-O. El rectorado de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha enviado un correo electrónico a sus trabajadores en el que informa que “en la UPC creemos que el uso de la fuerza contra los ciudadanos es intolerable en democracia y que la violencia –por definición–, no puede ser nunca proporcionada”.

Según fuentes educativas, el paro tendrá un seguimiento en los institutos, donde tanto los sindicatos de estudiantes como la central de profesores Ustec ya habían llamado a la huelga general. En el caso de las escuelas de primaria, la Conselleria de Enseñanza ha dado libertad a los centros para que decidan si se suman a la huelga general o bien al paro, estando garantizados en ambos casos los servicios mínimos.

Servicios mínimos en transporte

Al ser mayoría en el transporte el sindicato CGT, una de las centrales minoritarias que sí ha llamado a la huelga general, se prevé también un importante seguimiento en este sector de los paros.

En el transporte de personas, los servicios mínimos establecidos para Cercanías y los trenes de Regionales de Cataluña, operados por Renfe, serán del 33%. En TMB, la empresa del autobús y el metro de Barcelona, y Ferrocarrils de la Generalitat, los servicios funcionarán un 25% en hora punta (de 06:30 a 09:30 y de 17:00 a 20:00 horas), mientras que el resto de transporte de viajeros operará el 50% del servicio habitual.

Renfe ha cancelado 151 trenes AVE-larga distancia este martes y el lunes 9, debido a la huelga general y a los paros parciales convocados en Catalunya. Según los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Fomento, de los 637 trenes de larga distancia que podrían estar afectados por la huelga, circularán 486, el 76% del total, hasta el próximo día 9.

¿Y el sector privado y el cooperativo?

En el sector privado y el comercio, tal y como han pedido los agentes sociales, la idea es que cada empresa pacte cómo protestar este martes, bien sea repitiendo las concentraciones al mediodía frente a los puestos de trabajo que se han sucedido este lunes en toda la geografía catalana o de la manera que cada centro crea más conveniente. Algunas tiendas de pequeño comercio de Barcelona consultadas han indicado a este diario que cerrarán todo el día.

Sin embargo, algunas empresas que simpatizan con los objetivos de la Taula per la Democracia han anunciado cierres patronales para este martes. Es el caso de la cadena de supermercados Bon Preu Esclat, que ha comunicado que el 3 de octubre cerrará al público todos sus establecimientos porque sus trabajadores se han unido al paro cívico, que no a la huelga general.

También han comunicado cierres patronales tras acuerdos con los trabajadores la cadena Plusfresc, con incidencia especial en Lleida. Las redes de tiendas de platos preparados Nostrum, así como las franquicias de productos frescos Ametller Origen, también se sumarán al paro de país. Asimismo, también ha comunicado un cierre patronal –en este caso, cooperativo–, la Red de Economía Social y Solidaria de Catalunya, que agrupa a unas 300 cooperativas.

Solo la patronal de la gran empresa catalana, Foment del Treball, se ha desmarcado del paro y ha advertido que la convocatoria de la Taula per la Democràcia “no tiene cobertura legal, se trata de una figura jurídica inexistente, no dispone de una convocatoria formal de huelga y, por tanto, priva a los trabajadores de la posibilidad de exigir sus derechos”.

Protestar sin llamar a la huelga general. Los líderes sindicales y las patronales de la pequeña y mediana empresa catalana han llamado este lunes a que trabajadores y direcciones secunden el “paro de país” convocado para este martes pactando las protestas en cada uno de los centros de trabajo. Sin embargo, todos ellos han remarcado que no se hace un llamamiento a la huelga general, como sí hacen los sindicatos minoritarios y partidos de izquierda como la CUP.

Así lo han explicado en la plaza Sant Jaume de Barcelona los secretarios generales de CCOO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros, y los responsables de la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana (Pimec) y la confederación empresarial de Terrassa (CECOT), Antoni Cañete y David Garrofé, que han llamado a la protesta contra las acciones policiales de este domingo en Catalunya.

Sindicatos mayoritarios y patronales, así como el líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, han remarcado que las protestas deben tener un cariz ciudadano y no de enfrentamiento entre capital y trabajadores. Foment del Treball, la patronal de la gran empresa catalana, no se ha pronunciado sobre el paro.

“Nosotros no planteamos la acción del 3 de octubre como el clásico enfrentamiento entre capital y trabajo”, ha explicado Pacheco justo después de participar en la concentración de repulsa a la violencia policial de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. En ese lugar se han podido ver juntos a líderes políticos, como el president Puigdemont y la alcaldesa Ada Colau, y a representantes de patronales y sindicatos.

Pacheco ha dicho que la propuesta de realizar un “paro de país” se planta “como una respuesta proporcional a la agresión que se produjo el domingo en la votación”. La respuesta a las “agresiones policiales”, ha explicado Pacheco, la tiene que asumir la sociedad “en su conjunto”, es decir, empresarios y trabajadores. “No todo debe recaer exclusivamente sobre los hombros de los trabajadores”, ha recalcado.

Por lo tanto, los agentes sociales optan porque el 3 de octubre sea una jornada de actuaciones transversales. La recomendación es que en cada empresa dirección y trabajadores pacten las acciones a realizar. “Se trata de dar una respuesta ciudadana a la brutalidad policial del domingo, que ha afectado a ciudadanos que querían ejercer sus derechos cívicos. Esto no va de huelga general, sino que va de democracia y de denunciar las agresiones policiales”, ha aseverado Camil Ros, de UGT.

No es una huelga general

Tanto Pacheo como Ros han diferenciado muy claramente el 3-O de lo que es una huelga general: un instrumento legítimo de la clase obrera para intentar cambiar aspectos en la relaciones laborales. Por contra, los agentes definen el 3-O como una acción colectiva contra la represión y en defensa de los derechos cívicos de la población catalana.

Esta consideración del 3-O por parte de CCOO y UGT difiere de la que plantean los sindicatos minoritarios, que sí creen en la jornada de este martes como una huelga general. La CGT, IAC, COS y la Intersindical–CSC, junto a otras asociaciones y partidos como la CUP, han convocado huelga general en Catalunya.

Las patronales también quieren pactar acciones

Por su parte, Antoni Cañete, cuya organización patronal, (Pimec) tiene clara su apuesta por el derecho a decidir, ha sido explícito y ha considerado que “las acciones a realizar se deben acordar conjuntamente” con los sindicatos. En este sentido, ha apuntado que una posibilidad bien vista por Pimec seria realizar paros de 1 hora en los centros de trabajo, aunque cada actuación concreta se debería acordar empresa por empresa“.

A su vez, Garrofé, de CECOT, ha afirmado: “Creemos que hay un gran malestar en una parte importante de la sociedad que se ha de canalizar”. CECOT coincide que no es correcto hacer una huelga general, porque no se trata de un conflicto laboral, “pero entendemos que puede haber paros y comunicaremos a nuestros asociados que si los quieren hacer, que los consensúen”. CECOT asegura que acompañará a los empresarios “especialmente con información, porqué la situación varia muy rápidamente”.

La Taula per la Democràcia, organismo creado antes de la celebración del referéndum convocado por la Generalitat, ha hecho un llamamiento a un paro nacional en Catalunya para el martes, 3 de octubre. Antes, el 2 de octubre, a las 12 del mediodía se ha planteado una acción simbólica consistente en concentraciones de 10 minutos frente a las empresas o entidades públicas y privadas, según fuentes de la dirección de CCOO de Catalunya. Esta convocatoria ha sido explicitada por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 

La Taula per la Democràcia es un organismo creado por un grupo de entidades y asociaciones de la sociedad catalana nacida para dar respuesta a la conculcación de los derechos de la ciudadanía. Estas convocatorias son la primera reacción a los incidentes que han causado 761 heridos fruto de la actuación de la policía española durante las votaciones del domingo, 1 de octubre.

Además de la concentración de 10 minutos de repulsa a la represión planteada para el 2 de octubre a partir de las 10 de la mañana, la Taula prepara lo que las fuentes denominan “Paro de País”, que se realizaría durante toda una jornada el día 3 de octubre.

Según los organizadores el paro tendría un carácter especialmente ciudadano. De manera que intentaría conseguir que Catalunya se paralizase de manera diversa, así los sindicatos convocarían a los trabajadores, pero también las entidades culturales o ciudadanas intentarían mostrar su repulsa a la represión que, afirman, se ha producido este domingo, 1 de octubre.

En la Taula per la Democràcia están los principales sindicatos de Catalunya, CCOO, UGT y USOC, también están representadas algunas patronales, como CECOT, integrada en Foment del Treball, la versión catalana de la CEOE, y el Cercle Català de Negocis (CCN), que agrupa a los empresarios declaradamente independentistas. También están las dos organizaciones cívicas más implicadas en la lucha independentista: la ANC y Omnium, junto a más de 40 organizaciones que van desde asociaciones culturales a la federación de asociaciones de vecinos de Catalunya.

Existe entre los impulsores un gran interés en diferenciar el paro cívico de una huelga general, porque el mismo día 3 de octubre también está convocada una huelga general en Catalunya por parte de cuatro sindicatos, CGT; Intersindical Alternativa de Catalunya (AIC), con fuerte implantación en el sector público y los sindicatos independentistas: COS e Intersindical-CSC. Para este segundo paro ya se han decretado los servicios mínimos que, en el Metro de Barcelona asegurarían un 50% de los trenes que habitualmente circulan en hora punta y un 25% en hora valle.

Un grupo de repartidores de comida a domicilio de Barcelona, vinculados al colectivo sindical Ridersxderechos, prepara desde hace meses la constitución de una cooperativa. La idea es tenerla en marcha a principios de 2018. Inicialmente trabajará en Barcelona, aunque no descartan ampliar su radio de acción a otras grandes ciudades como Valencia o Madrid, según ha podido saber Diari del Treball.

La iniciativa de crear una empresa de economía social surge entre los repartidores de productos de la multinacional Deliveroo, como resultado de la movilización que el pasado verano desembocó en la primera huelga en una empresa de las conocidas como de nueva economía.

“Por el momento estamos haciendo los trámites previos para la legalización de la sociedad, que queremos que sea una cooperativa”, explica Jaume (nombre figurado) uno de los impulsores de la iniciativa. Este repartidor trabaja para Deliveroo y teme que si se da a conocer su nombre sea inmediatamente despedido, o desconectado, según la jerga que utiliza la multinacional de suministro de comida a domicilio.

El equipo impulsor de la cooperativa incluye trabajadores que están en activo en Deliveroo, pero también otros que operan para Glovo, una competidora en la cual el grupo Ridersxderechos tiene incidencia sindical.

Un tercer ámbito de donde surgen los futuros cooperativistas corresponde a los antiguos repartidores despedidos por convocar y seguir la huelga en Barcelona. Uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato, explica: “Después de los paros desconectaron a unos 30 compañeros. De ellos, la mitad han presentado demanda a Magistratura de Trabajo para que se reconozca que existe una relación laboral con la multinacional”.

“Hemos estado trabajando desde hace tiempo en la creación de la cooperativa gracias a la ayuda del Coopolis, el ateneo cooperativo creado conjuntamente entre el departamento de Treball y el Ayuntamiento de Barcelona”, afirma Jaume.

Un elemento clave del proyecto es tener a punto el aplicativo informático, que ha de servir para conectar a los usuarios y los repartidores. El programa está casi listo, aunque tampoco se ha publicado el nombre para evitar que haya problemas de registro.

Por el momento son nueve los repartidores comprometidos. De ellos y de sus círculos personales surgirá la inversión económica inicial. “Lo que pretendemos es generar soberanía económica”, afirma José. Por tanto, quieren evitar al máximo recurrir a los créditos.

La experiencia surgida de la huelga es valiosa para los repartidores. Durante el paro entraron en contacto con muchos responsables de restaurantes y establecimientos de comida rápida, que en ocasiones se solidarizaron con sus reivindicaciones.

Las relaciones conseguidas, consideran los repartidores, han de servir para que los propietarios de los establecimientos se vinculen a la nueva plataforma: “está muy claro que existen restaurantes y otros establecimientos de comida que cuando exista la cooperativa apostarán por el servicio de proximidad que queremos dar en vez de tratar con una multinacional que solo se comunica con ellos por correo electrónico. En este sentido, el saber que estamos en un proyecto sin ánimo de lucro puede ayudar”.

Las proyecciones económicas a partir de las cuales quieren lanzar la cooperativa son parecidas a lo que reclamaban los trabajadores antes de la huelga. “Nos proponemos de entrada cobrar 400 euros por 20 horas de trabajo”, aseguran. Actualmente, afirman, Deliveroo ha cambiado las normas a partir de las cuales paga a sus repartidores, que cobran por pedido entregado.

El modelo de negocio que pretenden aplicar en la cooperativa se basa en que los usuarios realicen pedidos de comida a una serie de restaurantes, inicialmente de Barcelona, usando una App que se descargará de Internet. Las comandas llegarán a los restaurantes y serán recogidas por los repartidores. La diferencia respecto a las empresas que actualmente ocupan este mercado es que se evitará pagar el porcentaje de beneficio que actualmente obtiene la multinacional. Con ese margen, opinan los impulsores de la cooperativa, se puede mejorar la estabilidad en el trabajo de los repartidores e incluso disminuir lo que pagan los restaurantes. Aunque los detalles del plan de empresa no se han ultimado.

Los repartidores tienen interés en ponerse en contacto con otra cooperativa con larga experiencia en el sector servicios, que usa la bicicleta como herramienta de trabajo. Se trata de la cooperativa Trèvol, especializada en el reparto de mensajería “a pedales”.

La petición de huelga general hecha por al menos cuatro sindicatos (CGT, IAC, Intersindical-CSC y COS) prevista para el 3 de octubre y que se alargaría hasta el 9 o el 13 del mismo mes ya tiene propuesta de servicios mínimos.

La consejera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, argumenta en la resolución de servicios mínimos, que se debe de prever un desarrollo o incidencia mayor al que corresponde la representatividad que tienen los sindicatos peticionarios, por lo que conviene dictar unos servicios mínimos “que garanticen la libre decisión de los trabajadores de sumarse a la huelga y también el derecho de la ciudadanía a disponer de los servicios esenciales”.

En concreto, respecto al transporte de viajeros, se ordena servicios mínimos del 33% durante todo el día para Cercanías y Regionales de Catalunya, mientras que en metro y autobuses de Barcelona y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), se dicta un servicio mínimo del 25% en horas punta -de 6.30 a 9.30 horas y de 17 a 20 horas-.

También en otros ámbitos esenciales, como atención telefónica de urgencias y emergencias, y suministro de energía, gas, agua potable, evacuación y tratamiento de aguas y alumbrado público. En ambos casos se debe garantizar el servicio en lo que afecte a las urgencias que no puedan demorarse más allá del período de huelga.

En cuanto a los servicios de seguridad y extinción de incendios, estos tendrán el mismo régimen que en una jornada festiva; el transporte de mercancías deberá garantizar los imprescindibles para abastecer los establecimientos sanitarios; en autopistas y servicio de grúas, se deberá asegurar un tercio del personal habitual; en radios y televisiones públicas, se deberá cubrir por lo menos un 50% de los contenidos habituales, y en servicios funerarios, un 85% del servicio en la recogida de difuntos y un 50% en servicios de administración.

En la orden de la Generalitat también establece los servicios mínimos para personal de empresas que realizan funciones de asistencia y servicios sociales; asistencia sanitaria; farmacias de guardia; centros docentes, y personal que presta servicios a la administración de Catalunya.

Fuentes del departament de Treball, Afers Socials i Famílies han manifestado que los servicios mínimos decididos se parecen mucho a los que se aplicaron en anteriores convocatorias de huelga general.

La huelga general convocada por cuatro sindicatos: CGT, IAC, Intersindical-CSC y COS, se plantea como una movilización no estrictamente sindical sino ciudadana. El paro se ha pedido para el día 3 de octubre y su duración varia según las organizaciones peticionarias: en algún caso terminaría el 9 de octubre pero hay permisos pedidos hasta el 13 del mismo mes. Los sindicatos se han reunido con el Departament de Treball, que hará una propuesta de servicios mínimos en relación con los paros.

A la salida de la reunión, Luís Blanco, de la dirección de la IAC, con fuerte implantación en el ámbito público de la Generalitat, caracterizaba el paro como “una huelga contra la represión y en favor de las libertades, que se están vulnerando”. En este sentido ha explicado que las organizaciones convocantes, unas cuarenta, según las últimas estimaciones, valoraran el 1 de octubre a partir de las 8 de la tarde si se mantiene la huelga o el cariz que tendrá la movilización. Por tanto, en función de como se hayan desarrollado las votaciones se graduará la respuesta de las entidades sindicales y cívicas.

Además de las organizaciones que han convocado la huelga, ya se cuenta con la adhesión de Unió de Pagesos, el sindicato Cobas, l’Assemblea Pagesa, la Marea de pensionistas, el sindicato de músicos entre muchos otros.

“Si me preguntan sobre los partidos políticos, tanto la CUP, como Procés Constituent, como ERC o Podem, podrían unirse a las movilizaciones. En todo caso, los partidos no piensan pronunciarse antes de las votaciones para no desviar la atención de la opinión pública”, ha dicho Blanco.

Un aspecto que han destacado los diferentes sindicatos presentes en la negociación de los servicios mínimos es que todos plantean la huelga desde un punto de vista que supera el ámbito meramente laboral y se vé como una respuesta ciudadana a la represión.

“Hemos recibido el apoyo, de entidades no estrictamente laborales, como la Xarxa d’Economia Solidària (XES), que forman especialmente cooperativistas, lo que implica que en la convocatoria harían lo que se llama un Lok-out, o cierre empresarial”, explica Blanco. En el mismo sentido seria la participación del Centre Català de Negocis, (CCN), que agrupa empresarios y que han enviado su adhesión a la huelga.

Blanco ha sido duro al afirmar que los convocantes de la huelga no confían que CCOO y UGT se sumen “porqué han demostrado que no apoyan el referéndum”. Pero, al mismo tiempo no ha descartado que sectores de los sindicatos mayoritarios se unan a las protestas en función de la represión que se desate el 1 de Octubre.

Por su parte, Ermen Gassiot, secretario general de la CGT, ha querido caracterizar la participación de las organizaciones de tradición anarquista en la huelga. “Nosotros hemos visto como se da la represión sobre la mayoría de la población, pero además vemos que se está dando un indiscutible recorte de derechos cívicos y laborales” ha dicho. En este sentido ha valorado que “para nosotros la represión viene de lejos”. Por otra parte ha indicado que como trabajadores “nuestros afiliados han visto como se vulneran sus derechos: tenemos compañeros que cada vez que entran a trabajar son registrados o que tienen Guardias Civiles que les controlan durante su jornada laboral”. Para Gassiot existe un el peligro que “la represión llegue para quedarse”.

Por su parte, Néstor Sastre, de la dirección de la Intersindical-CSC ha abundado en la percepción de que la huelga supera los límites estrictamente laborales para ser una acción ciudadana, con lo cual no ha descartado que a la huelga se sumen sectores como los comerciantes o las pequeñas y medianas empresas, los consumidores o los trabajadores autónomos y los pensionistas : “la huelga no solo es laboral, es cívica”, ha dicho.

Finalmente la representante del sindicato Coodinadora Obrera Sindical (COS), ha afirmado : “nos sumamos a huelga contra la represión y la vulneración de derechos ciudadanos”.

Superar los límites sindicales

Por su parte, el secretario general del Departament de Treball, Josep Ginesta, dicho que el Govern valorará las diferentes convocatorias de huelga, “que representan de entrada más de 2.300 delegados y delegadas”. En este sentido, Treball trasladará el viernes a los sindicatos una propuesta de servicios mínimos, teniendo en cuenta, según ha remarcado, que los paros pueden sobrepasar los límites de las organizaciones convocantes si durante el 1 de Octubre la represión es notoria.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha impuesto una multa de 129.000 euros a la empresa Giró GH, con sede en Badalona, por los daños y perjuicios ocasionados por lesiones sufridas por una trabajadora: Aurora, a causa de los perjuicios ocasionados a su salud la inadecuación de su puesto de trabajo. La trabajadora sufre epicondilitis, una enfermedad que afecta las muñecas y que en su versión más dura puede impedir agarrar objetos y realizar trabajos manuales.

Àlex Tisminesky, es abogado, miembro del Col·lectiu Ronda y responsable de salud laboral de la CGT de Catalunya: “El caso de esta trabajadora no es único, en esa empresa ha habido situaciones parecidas, que han supuesto también multas”.

Paco Giménez, miembro del comité de empresa confirma la información del abogado, pero matiza que “parece que la empresa prefiere pagar sanciones a invertir en mejorar la seguridad de las trabajadoras y trabajadores”.

La aparición de la epindolitis en la empresa Giró GH tiene que ver, según el responsable de salud laboral y el miembro del comité de empresa, con el trabajo repetitivo en una máquina llamada entrocadora manual.

Según la sentencia, el trabajo en la máquina citada implica subir y bajar pesos de manera continua durante todo el dia. Los movimientos repetitivos causan lesiones en las muñecas y brazos que, al cabo de un tiempo, implican incapacidades laborales temporales de los operarios. El desenlace no afecta sólo a la salud, sino que, cuando el diagnóstico es de incapacidad permanente, se posibilita legalmente el despido del afectado, cosa que pasó con Aurora.

Giró GH es una empresa que fabrica, entre otros productos, mallas de plástico para, por ejemplo, la venta de fruta. Tiene la patente de dicho producto y eso le da una alta rentabilidad.

El caso de Aurora es por lo menos el tercero con consecuencias económicas que se da en la empresa badalonesa. Antes, por los mismos motivos, la compañía tuvo que pagar por sentencia una multa de 90.000 euros a otro trabajador: Enrique, también a causa de los perjuicios causados a su salud.

El despido de Pilar

El despido de PilarPero el caso más conocido fue el que afectó a Pilar, una trabajadora que durante toda su vida prestó sus servicios en Giro GH. Sufrió, igual que sus compañeros, lesiones en las muñecas y brazos que terminaron por causarle una incapacidad laboral permanente. La dirección la despidió aplicando la reforma laboral, con una indemnización de 20 días por año trabajado. La plantilla se revolvió contra lo que consideró una gran injusticia y realizó una huelga en solidaridad con su compañera, hasta que la empresa pactó una indemnización que fue aceptada y que permitió a la trabajadora enlazar con la jubilación.

La denúncia de la situación tampoco se ve, por parte de los trabajadores, como un mecanismo eficaz para evitar los daños, porque entre que se inicia una acción judicial y se obtiene una sentencia definitiva pasan décadas. “La empresa recurre y recurre hasta el final”, dice Giménez.

Una solución al problema de la maquinas que afectan a la salud de los trabajadores sería instalar otras máquinas automáticas que evitan el trabajo repetitivo. Y efectivamente Giró ha comprado dos entrocadoras automáticas, pero no las ha instalado en Badalona sino que lo ha hecho en su planta de Teruel donde ha trasladado parte de su producción.

Los expertos en ergonomía destacan que la norma legal está desfasada respecto a la máquina objeto del problema, porque lo que afirma la ley es que se deben proteger los accesos al aparato para evitar atrapamientos, pero no dice nada respecto a los movimientos repetitivos que causan las lesiones.

La repetición de lesiones ha supuesto que muchos trabajadores de Badalona eviten ocupar los puestos de trabajo en la máquina que les puede perjudicar la salud. Ante ello, la empresa ha aplicado una cierta rotación, de manera que incluso operarios con categorías superiores han de realizar trabajos técnicamente inferiores y pesados, lo que a su vez causa tensiones.

El ambiente laboral en Giró, una empresa de declara beneficios cada año, es tenso porque los trabajadores, la edad de la mayoría de los cuales se sitúa entre 45 y 55 años, temen que si protestan, la empresa termine por deslocalizar la producción a Teruel y cierre la factoría catalana.

Las Kellys, el colectivo que defiende los derechos de las limpiadoras de habitaciones de hotel, han abierto un nuevo frente de reivindicación. Si hasta ahora habían puesto el foco en reclamar a la patronal unas condiciones de trabajo decentes ahora la crítica y la manifestación en la calle tiene como objetivo el sindicato UGT, que ha llegado a un preacuerdo con la patronal de hostelería que, en opinión de las trabajadoras de hotel, no defiende la posición de este grupo en el nuevo articulado del pacto.

El acuerdo, según Javier Lodeiro, negociador de UGT de Catalunya, intenta frenar la situación que se ha dado en la hostelería, donde muchas empresas, amparándose en la legislación fruto de las dos reformas laborales aprobadas por el PP y CiU, permite externalizar parte de su actividad y luego contratar las denominadas sociedades multiservicios, para que estas asuman las tareas que antes se realizaban directamente.

“Si, como nos reclaman, no firmáramos el preacuerdo, lo que pasaría es que las empresas continuarían haciendo lo que hacen: externalizando, porque así les sale más barata su operativa y la ley lo ampara”, explica Lodeiro. Ante esta situación, UGT se decidió por una medida alternativa: incluir una cláusula en el acuerdo donde se afirma que si una empresa externaliza alguna de sus actividades, la sociedad que asuma este encargo deberá respetar por lo menos las condiciones laborales y económicas del convenio de rama de referencia. Esto ocurrirá para las nuevas nuevas externalizaciones. En el caso de los contratos vigentes la consigna de UGT es no renovar los convenios de empresa de las sociedades multiservicio, para que al caducar el acuerdo se aplique el convenio de sector, en este caso hostelería. UGT es el sindicato mayoritario en el convenio que agrupa las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona, con más de 280.000 trabajadores afectados.

Por su parte, las Kellys han mantenido una dura oposición al principio de acuerdo desde que en julio se anunció.

Las limpiadoras de habitaciones de hotel, por boca de su asesor legal, querrían que el convenio catalán se inspirara en el acuerdo provincial de Santa Cruz de Tenerife. Concretamente, el artículo 18 de aquel pacto donde se afirma: “Las empresas incluidas en el presente convenio no contratarán o subcontratarán con otras empresas, personal para los servicios de restaurantes, bares, cocinas, recepción y pisos”. No obstante, “podrán ser objeto de contratación o subcontratación actividades profesionales, de carácter accesorio al sector, tales como seguridad, jardinería, animación, tareas específicas de mantenimiento técnico, servicios de socorrismo y especializadas de limpieza. Igualmente podrán serlo aquellos servicios especiales tales como bodas, conmemoraciones, banquetes o atenciones a congresos y reuniones”. En cuanto a las funciones de limpieza, el convenio canario afirma que no se puede subcontratar “la limpieza normal y habitual de las zonas comunes de trabajo y de las zonas de clientes que puedan realizarse por el mismo personal del departamento de pisos y / o limpieza del establecimiento”.

Frente de apoyo

Las Kellys han creado para defender su posición una alianza de organizaciones y colectivos que les apoyan. Sindicatos como CNT de Barcelona, la independentista Coordinadora Obrera Sindical (COS), el sindicatonacido a la sobra de Podemos: Somos Sindicalistas y también la Intersindical Alternativa de Catalunya (AIC), les apoyan. Además, la CGT hizo un manifiesto solidario con las Kellys. Todos estos sectores han convocado una manifestación de apoyo a las trabajadoras de hotel miércoles a las 3 de la tarde en la plaza Urquinaona de Barcelona, justo en el momento en que a unos metros se ha de firmar el nuevo convenio.

Para UGT, el convenio a firmar, además de aspectos vinculados con las subcontrataciones incluye otros puntos de interés para los trabajadores y trabajadoras del sector, que podrían no aplicarse si se condiciona todo a satisfacer las peticiones de las Kellys: Incrementos salariales del 1,9% para el 2017; del 1,9% para el 2018; y del 1,8% para el 2019.

Además, se establece la regulación de las subrogaciones, especialmente importantes en sectores como la restauración o los comedores escolares. Esto quiere decir que si se acaba el contrato con una empresa y se subrogan los trabajadores a la nueva, esta deberá preservar las condiciones laborales anteriores de la plantilla. También el cobro del 100% del salario durante las bajas por intervenciones quirúrgicas con reposo (no ingreso hospitalario) y la ampliación de 14 a 17 días de la acumulación del permiso de lactancia.

¿Quién y cómo debe negociar?

En el fondo hay otro debate: ¿quién y con qué criteriosse negocian los convenios de sector? UGT de Catalunya afirma que su representatividad, fruto de las elecciones sindicales, abarca todos los ámbitos de la hostelería. Tiene seis representantes en la mesa negociadora por cinco de CCOO. Este sindicato no se ha definido respecto al conjunto del pacto.

Las Kellys, más allá de su activísima presencia mediática, no se han presentado a las elecciones sindicales. Tampoco tienen representación en la mesa negociadora los sindicatos que les apoyan.

Los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de El Prat, que el lunes 4 de septiembre decidieron convocar huelga para el 6 de octubre, han acordado ahora no registrar la comunicación de paro, después de la reunión mantenida con la empresa celebrada a instancias del Departament de Treball de la Generalitat, según han manifestado, ante el buen entendimiento fruto del encuentro.

Juan Carlos Giménez, asesor del comité de empresa ha explicado que “vista la buena disposición de todas las partes, se puede seguir negociando y no es necesario hacer huelga”.

Según el portavoz, se ha entrado a negociar aspectos reclamados por los trabajadores, como que estos puedan ir al servicio o que puedan comer durante el horario laboral. Además, se negocian asuntos como las medidas a adoptar para evitar riesgos para la salud en el caso que una trabajadora quede embarazada.

La idea expresada por los sindicalistas al plantear la huelga para la primera semana de octubre era conseguir que Eulen abriese el diálogo sobre los aspectos más sentidos por la plantilla en lo referido a las condiciones laborales. Como en la reunión de este martes se ha constatado voluntad en entendimiento, los trabajadores no creen necesario usar el arma de la huelga.

No obstante el buen ambiente de la primera reunión, empresa y trabajadores continuaran hablando. La próxima reunión se ha convocado para el 8 de septiembre en los locales de Eulen. En dicho encuentro el comité de empresa sigue exigiendo que esté presente AENA. En este sentido el temor que tienen los trabajadores es que en la próxima licitación, si como temen, Eulen no se presenta a la renovación, todo lo pactado quede en papel mojado y se deba, de nuevo, abrir el melón del conflicto, según expresan en privado los trabajadores.

Los trabajadores de la empresa Eulen que realizan los controles de seguridad en el Aeropuerto de Barcelona han decidido, en asamblea, convocar una nueva huelga a partir del próximo 6 de octubre próximo.

Fuentes del comité de huelga han explicado que en la asamblea se han planteado dos votaciones. La primera sobre si se aceptaba o no el laudo arbitral. Dicho punto ha sido rechazado por 115 votos en contra y ninguno a favor. La huelga se haría durante una hora o dos por la mañana y también por la tarde, aunque la fórmula no se ha concretado.

El segundo punto a debate ha sido la propuesta de realizar huelga el mes próximo para “conseguir que lo que recoge el laudo, sobre lo que no estamos de acuerdo, se cumpla”, ha manifestado un portavoz. A este punto la respuesta de los trabajadores ha sido 114 votos a favor del paro y uno en contra.

Una portavoz de los empleados ha explicado que “es paradójico que ni lo que recoge el laudo lo cumpla la empresa”. En este sentido ha manifestado que en la decisión arbitral se indica que debe haber 5 personas por centro para substituir situaciones excepcionales, como indisposiciones, y no se da dicha condición. También se dijo que se incorporarían 25 personas globalmente, cosa que no se ha producido. Tampoco se dan los casos de paridad en los centros, afirman.

El malestar de los trabajadores en relación al laudo es grande. Explican que la decisión adoptada por Marcos Peña consiste en “un cortapega de la mediació de la Generalitat, pero empeorando su contenido”, explica una sindicalista. Así, en la mediación se habla de un incremento de 200 euros por persona y mes, más el IPC anual, y en el laudo se ha quitado el apartado del matenimiento del poder adquisitivo.

La decisión de los trabajadores que han participado en la asamblea mantiene vivo el conflicto, aunque los paros podrían desconvocarse si se avanza en la línea de mejorar lo que figura en el laudo. En este sentido, la decisión de la asamblea ha sido intentar la mediación a partir de este miércoles con la idea de evitar el paro, que se realizaría si no hay mejora a partir del 6 de octubre.

La huelga se convoca a pesar de la existencia del laudo arbitral con el que se pretendía dar por zanjado el conflicto. Durante buena parte del mes de agosto los operarios de Eulen en el aeropuerto barcelonés de El Prat, realizaron una huelga que causó grandes colas en la instalación y que supuso que finalmente el Gobierno desplazase a la Guardia Civil, que desde entonces supervisa el trabajo de los operarios de Eulen.

La aplicación del laudo siempre contó con la oposición de los trabajadores. En este sentido el comité de huelga aprobó el pasado domingo presentar una denuncia ante la sala tercera del Tribunal Supremo por considerar la decisión judicial como anticonstitucional. Lo que si ha hecho la asamblea de este lunes ha sido desconvocar la huelga del 8 de septiembre.

La última reforma de la normativa de extranjería ha hecho que cualquier trabajador extranjero que quiera acceder a permisos de residencia necesite presentar por lo menos un contrato de trabajo de un año de duración. Esto ha propiciado la aparición de empresas que venden contratos a estos trabajadores a cambio de unas cifras que oscilan entre los 2.000 y los 3.000 euros, según ha declarado a este diario el director del Centro de Información para Trabajadores Extranjeros (CITE), de CCOO en Cataluña, Carles Bertran.

«A nosotros nos ha llegado información sobre estas irregularidades porque los mismos trabajadores nos lo explican» ha dicho Bertran. Este responsable sindical añade que cuando se enteran de estas propuestas irregulares aconsejan a los trabajadores no aceptar, porque detrás acostumbran ha haber empresas sin actividad real o en situaciones bastante irregulares. «Además, si se entra en esta dinámica la situación puede ser muy negativa para los trabajadores que intentan utilizar este atajo, porque desde el Gobierno central a la más pequeña sospecha en este sentido paran los expedientes».

Las tipologías de las empresas a las que se ha vinculado con la venta de contratos de trabajo son muy diferentes pero todas podrían situarse en los márgenes de la economía formal. Entre estas se han dado casos relacionados, por ejemplo, con la venta ambulante.

Crisis dura

Los trabajadores extranjeros han sido especialmente golpeados por la crisis económica. Primero debido a las reducciones de empleo y luego porque dicha recuperación se hace bajo un criterio de temporalidad que impide cumplir el requisito fijado en la reforma de la ley de extranjería. Desde el CITE se critica que la política española en relación con la emigración «es de vuelo gallináceo». En estos momentos se restringe la entrada de trabajadores extranjeros mientras que en unos años, cuando la economía vuelva a despegar, se requerirán en origen trabajadores formados. Al mismo tiempo, a los trabajadores que viven en Catalunya y España, formados y con suficiente arraigo en el país los empujan a marchar, «y ya se sabe que se van primero los mejores», asegura.

La entrevista a Camil Ros, secretario general de UGT de Catalunya, se ha hecho en dos etapas. La segunda para actualizar datos respecto al conflicto, aún vivo, los trabajadores de los filtros de seguridad del Aeropuerto del Prat, tarea que gestiona la empresa Eulen.

-¿Cuál es su posición y en relación con el conflicto de Eulen. ¿Qué piensa del laudo que está en marcha?

Yo creo que la intervención del PP llega tarde, mal y es autoritaria, porque lo primero que hacen con el secretario de Estado es reñir a los trabajadores, y después, cuando viene el ministro, es decir: esto se arregla con Guardia Civil y laudos. Queda claro que así no arreglarán el conflicto, además de que respecto a la Guardia Civil, y al laudo, yo creo que podemos estar ante dos ilegalidades. Una, la conculcación del derecho de huelga al imponer la Guardia Civil, y la otra con las dudas razonables de que el laudo o arbitraje sea legal. Lo que deberían hacer es mejorar los concursos públicos de servicios y relacionados con la seguridad de El Prat.

-¿Cree que peligra el derecho de huelga?

Si resulta que estos días cuando han llevado la Guardia Civil, no se han hecho colas, parece que lo que pasaba es que hacía falta más persona, ¡no más Guardia civil! Y en cuanto a los servicios mínimos, yo creo que un 90% significa que en la práctica no hay huelga. Y si embargo si hay colas, es que no hay suficientes efectivos. Por lo tanto, se debe valorar qué hay que hacer, y eso lo tiene que hacer el comité de huelga. Yo pienso que las medidas adoptadas por la administración lo que pueden hacer es cronificar el conflicto. Además, el problema de fondo no es solo el de la seguridad en El Prat, porque el último año no ha parado de haber huelgas en esas instalaciones. Por tanto, lo que se debería hacer es una reunión con AENA sobre el Prat para poder hablar de los concursos, que están muy marcados por la precariedad laboral.

-¿Qué balance hace del cambio de actitud desde el último congreso de la UGT de Catalunya, que instó estar más presentes en los conflictos que en los despachos?

Yo creo que tenemos que ser un reflejo de la sociedad, a pesar de que tenemos una función de estar un poco a la vanguardia, estirando. En este sentido, si situamos el nivel de movilización y sobre todo de denuncia, yo creo que sí, que hemos entrado de lleno en el proceso de ofensiva sindical, lo que hace que veamos en estos momentos muchas movilizaciones de sector y huelgas de empresa .

-Y eso a qué se debe?

Es la explosión de la gente trabajadora que ve como la salida de la crisis no está repercutiendo en mejorar las condiciones de trabajo. Y eso si las políticas continúan igual, irá a más. Creo que la gente más que conformarse lo que tiene es ganas de cambiar la situación.

-Parece que hay una negociación con la patronal para fijar salarios para el año próximo y parece también que el acuerdo es difícil.

No se sabe si finalmente habrá acuerdo. En la banda baja se habla de un incremento del 1,2% y en lo alto el 2,5% y cláusula de revisión salarial a partir de un 2%. En esto último ponemos énfasis, porque es evidente a pesar de lo que dice la patronal en sus actos públicos: que hay recuperación económica y que las empresas van mejor. Pero en las mesas de negociación la actitud empresarial es la contraria, incluso de bloqueo. Así pues, una vez se supere el primer escollo, que es que haya un incremento salarial digno, el segundo elemento supone que si estamos en una situación que puede ser inflacionista, lo que hay que hacer es evitar que si haces un acuerdo salarial y la inflación se desmadra, el incremento ya no sea efectivo. Por tanto, se trata de garantizar el incremento de los salarios. Nosotros consideramos que el binomio incremento salarial y cláusula de revisión salarial deben ir juntos para que den el resultado que han de tener: que la gente recupere sus salarios y con ellos consuma más y así se impulse la economia.

-¿Desde el punto de vista de la UGT estaría de acuerdo en hacer un segundo acuerdo, de mejora, que afectara al ámbito catalán?

El acuerdo estatal del que hablamos es globalmente genérico, da las pautas y luego se concretarán en cada mesa de negociación de los convenios colectivos. Por lo tanto, los convenios de Catalunya es donde deberían situarse las exigencias salariales, que deberían estar de acuerdo con el sector y también con la realidad catalana.

Aquí vamos a entrar en la renovación del Acuerdo Interprofesional de Catalunya (AIC) a partir del año próximo. Nunca hemos entrado en situar dígitos, pero hay que decir también que la prioridad desde el punto de vista sindical es llegar a situaciones de estabilidad de los puestos de trabajo y de crecimiento de los salarios. En este sentido en cualquier negociación de la AIC más allá de si se marcan dígitos o no, el elemento de recuperación de salarios debe ser imprescindible.

-No hace mucho, a consecuencia de un encuentro entre las direcciones de CCOO y USOC, Javier Pacheco hablaba de crear un frente sindical unitario, que superara el perímetro de la tradicional unidad de acción de CCOO y UGT, ¿como lo veis?

Esta es una propuesta del congreso de Comisiones que a nosotros no se nos ha planteado de manera formal y concreta. Creo que los dos sindicatos, UGT y CCOO, ya hemos hecho una función de liderazgo social en las diferentes plataformas contra los recortes o en las manifestaciones en favor de los presupuestos sociales. Por lo tanto, hemos ido situando elementos de movilización. En este sentido, en lo que sea ámbito de movilización, todo lo que se pueda sumar, tanto de organizaciones sindicales como sociales nosotros no lo vemos mal. Ahora, crear otras estructuras o volver a crear un marco de unidad de acción como tenemos los dos sindicatos yo creo que es bastante complejo dado que hay estrategias sindicales que pueden llegar a ser incluso contradictorias. Ahora bien, si encontramos puntos en común que puedan confluir en las movilizaciones, pues adelante. Lo que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas sociales para dar una respuesta social a la no distribución de los resultados de la recuperación.

-La reforma de la ley de las cooperativas ya es un hecho. ¿Tiene alguna información en relación con las inspecciones de trabajo que deberían haber hecho?

Hay que recordar que el cambio de la ley de cooperativas es fruto de una reivindicación sindical. A partir de la denuncia sindical de la situación que se da en falsas cooperativas del sector cárnico es cuando se crea la mesa. Hemos visto en algunas conversaciones que actores sociales y algunas empresas estaban de acuerdo con lo que ha significado el cambio de la ley, porque esta práctica de las falsas cooperativas supone un elemento de competencia ilegítima. Y ahora vemos con sorpresa la negativa por parte de algunas empresas a aplicar la ley de cooperativas. No tenemos conocimiento todavía de los efectos de la inspección de trabajo, que evidentemente debe actuar, y debe actuar de oficio, por ello, creo debería mirar la situación de los mataderos, que no son tantos, y actuar con contundencia.

Decir de manera clara y pública, como ha hecho la patronal, que no aplicará la ley de cooperativas, pone en cuestión al gobierno y creo que si esto ocurre, deberá actuar.

-En septiembre debe entrar en vigor la Renda Garantida de Ciutadania, ¿cree que esta será la principal aportación del sindicalismo a la recuperación del poder adquisitivo de la gente que menos tiene?

Por suerte, tenemos la ley ya aprobada. Procede de una movilización de muchos elementos, sociales y sindicales, llevada a cabo durante más de cuatro años. Esto hay que recordarlo y decir que los derechos no surgen de los parlamentos sino de la movilización. Ahora es necesario que el 15 de septiembre la renta se ponga en marcha y no haya problemas técnicos que lo retrasen.

Yo creo que estamos ante el primer derecho social adaptado a la salida de la crisis, porque cuando se recogía en el Estatuto de Autonomía la renta garantizada, se hacía sin tener la experiencia de la crisis y con muchas reservas. En este sentido es positivo que haya ciertos ámbitos de complementariedad de la renta garantizada con las rentas del trabajo, y que a partir de la aplicación de la ley no haya ningún hogar en Catalunya sin ingresos. Yo creo que este es un gran derecho social adquirido, lo que nos debe hacer sentir en todo el mundo social satisfechos y vigilantes con que se ha conseguido.

Sobre esto lo que hay que remarcar es que la renta garantizada se aprobó en el Parlamento por unanimidad. Y eso quiere decir que hemos hecho posibles mayorías inéditas.

-¿La lucha contra la pobreza se pone en primer plano, a pesar de la recuperación que se predica?

La lucha contra la pobreza debe ser una de las prioridades importantes, porque el tema ahora no solo es: si encuentras trabajo, sales de la pobreza, sino que, por desgracia puedes encontrar trabajo y no salir de la pobreza. Por ello es imprescindible que la gente que encuentre trabajo y no pueda salir de la pobreza tenga la renta garantizada que le ayude en esta dirección.

La entrevista a Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Cataluña se inició a finales de julio y se actualiza a mediados de agosto, antes de los sangrantes atentados acaecidos en Barcelona y Cambrils. El líder sindical habla del conflicto del verano, que afecta a los trabajadores de Eulen y también de las negociaciones salariales en el ámbito estatal y de la estrategia de Comisiones después de su último congreso.

¿Qué le parece el conflicto que se ha dado en el conflicto de los trabajadores del Aeropuerto de Barcelona?

En primer lugar quiero valorar positivamente la decisión de los trabajadores de defender sus condiciones de trabajo llegando a la huelga, porque están en su derecho. Dicho esto, hay que enmarcar el conflicto en una política de privatizaciones de servicios públicos que afecta algo con tanta significación como la seguridad aeroportuaria. Creo que no valen tampoco excusas como la apelación a la seguridad para atacar el legítimo derecho de huelga de los trabajadores, utilizando la Guardia Civil para hacer una especie de esquirolaje, que atenta directamente contra el legítimo derecho de huelga.

En tercer lugar creo que imponer un laudo arbitral vulnera el derecho legítimo de negociación colectiva. Recurrir a esta posibilidad, con la excusa de la seguridad es desde mi visión totalmente ilegal, porque deberían haber agotado antes otros caminos, pero también porque no permite la posibilidad real de negociar, ya que se rompen los equilibrios que deben darse en todo conflicto laboral. Además, la decisión del gobierno de recurrir al laudo lo que hace es exonerar la empresa principal Aena y la subcontratada, Eulen, de su responsabilidad en la precarización que han hecho de la plantilla.

Después del congreso que le nombró, y pasados ya unos meses, ¿cree que se ha cumplido la consigna de estar más en la calle que en los despachos?

No. Yo creo que CCOO no ha dejado de estar en las empresas, en el conflicto, en la calle. Si vemos los casos con conflictividad, podemos observar que CCOO está en ellos de manera continuada. Lo que sí se está viendo es un incremento del carácter reivindicativo por parte de los trabajadores y trabajadoras organizados. Ahora lo que tenemos que hacer es ser capaces de organizar más gente del mundo del trabajo para que esto tome más extensión.

¿Y a ello ha contribuido el empuje del congreso?

Yo creo que hay un cambio de actitud fruto del desarrollo del congreso en una parte importante de los trabajadores.

¿En las negociaciones con la gran patronal se hablaba de unos incrementos salariales determinados, pero parece que el elemento clave es la cláusula de revisión salarial?

Hablar de negociación es decir mucho. Lo que está pasando es el intento de establecer sobre un marco informal de conversaciones una solución de compromiso en relación con un acuerdo que todavía está vigente, como es el pacto de negociación colectiva, que tenía vigencia hasta diciembre de 2017 en el que le faltaba la referencia salarial para este año.

Lo primero que queremos denunciar es el formato, que ha sido propiciado por una patronal que tiene probablemente poca voluntad de fijar un pacto de referencias y que está evitando cumplir con su función de agente social y tampoco quiere plantear un modelo de representación que certifique la realidad, es decir, lo que está pasando con la firma de los convenios colectivos.

Yo creo que es importante fijar una referencia salarial, y para nosotros es ineludible que esta referencia supere el simple mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. !La cláusula de revisión es una garantía! El suelo en una banda de incremento salarial también puede ser una garantía. Sea como sea, nosotros queremos cerrar una referencia en cuanto a salarios y queremos también que quede claro que la apuesta de los trabajadores y trabajadoras de este país es cambiar la tendencia de pérdida de retribución salarial y recuperar la capacidad de compra. Dicho esto, afirmamos que la referencia es importante, y decimos también que se agota el tiempo. Y lo decimos porque los convenios colectivos en septiembre están en su fase final de negociación y se pierde el sentido de referencia.

¿Qué hay que hacer entonces?

Lo que nos tocaría sería preparar la renovación de este acuerdo estatal de cara a 2018 y los años siguientes y empezar a cambiar la correlación de fuerzas, acumulando desde la movilización, para así hacer propuestas para este nuevo Acuerdo Nacional.

En Catalunya existe una versión más pequeña del acuerdo estatal, el Acord Interprofessional de Catalunya (AIC), ¿cree que dicho pacto debería entrar también en el apartado salarial, teniendo en cuenta que el coste de la vida aquí es diferente?

En Catalunya hemos respetado siempre los criterios salariales que se han establecido en el ámbito interconfederal. Aquí en lo que hemos avanzado, incluso en algunos momentos nos hemos adelantado a los acuerdos confederales es en las políticas retributivas y en los modelos de retribución, que también influyen al final en las retribuciones de los trabajadores, yo creo que en Catalunya tenemos avanzar en eso, en qué tipo de relación se establecerá en los ámbitos de negociación de los convenios colectivos, cuál es la política de las estructuras de negociación que se deben llevar a cabo, más allá de lo que apunta el legislador con las reformas laborales, por ejemplo, reforzando la negociación de los convenios sectoriales.

Hay que seguir avanzando en las políticas de igualdad que se han de plasmar en los convenios colectivos. La ley de igualdad es insuficiente para garantizar la participación paritaria de las mujeres en el en el mundo del trabajo, hay que resolver y reforzar las medidas de prevención de riesgos laborales y los instrumentos que tenemos en Catalunya para dotarnos de recursos suficientes para la lucha contra la siniestralidad. Debemos acabar mediante un acuerdo de estructura de negociación, con la precarización que los convenios de empresas multiservicio incorporan en un modelo de externalización y de subcontratación salvaje en el mundo del trabajo... Creo que tenemos muchos temas que pueden desarrollar aquí, que tienen quizás tanta importancia como la referencia salarial, que tenemos que acordar en el ámbito interconfederal.

La reforma de la ley de cooperativas en relación con dichas falsas cooperativas, ya se ha hecho, ¿tiene alguna información de los resultados de las inspecciones de trabajo instadas desde CCOO?

Aún no. No tenemos información sobre un plan específico de la inspección de trabajo. Debemos tener en cuenta que la inspección elabora sus planes de trabajo anualmente. A finales de año, cuando la gente vuelva de vacaciones, se deberán llevar adelante estas tareas, tal como acordamos en el espacio de concertación establecido al respecto. Yo creo que en los planes de trabajo de 2018 se incorporará hacer efectivos los cambios de la nueva ley de cooperativas estudiando sectores, como el de las industrias cárnicas, pero también en algunos otros donde se empiezan a apuntar intentos de crear estas falsas cooperativas. En algunos hoteles se ha empezado a plantear esta fórmula, al igual que en el de los cuidados de las personas. Hay una orientación hacia la falsa autoempleo que debemos cortar de manera radical

Después de la reunión con USOC hablaron del Frente Sindical Unitario, que habían planteado en su congreso, ¿se ha hablado de ello también con la UGT?

Con la UGT mantenemos reuniones bilaterales con asiduidad y las mantendremos también en el futuro, en nuestra apuesta histórica hacia la unidad de acción, para reforzar el protocolo de unidad de acción entre las dos organizaciones. En este sentido les pensamos plantear para trabajar conjuntamente esta propuesta de ampliar la unidad de acción sindical. Nosotros lo hacemos desde la perspectiva de refuerzo de la centralidad del trabajo y el carácter unitario de los trabajadores en un contexto en el que la precariedad se ha instalado en las relaciones laborales y también en las relaciones sociales. Por ello, creemos que hay que plantear la centralidad del trabajo para salir de las desigualdades, de la pobreza y la precariedad. Y poner en valor la centralidad del trabajo, por lo que hay que poner en primer plano la unidad.

Por lo tanto, creemos que el frente es importante y que habría que ponerlo en marcha este otoño. Las conversaciones con UGT tse mantienen, creo que coincidimos en el diagnóstico y que podremos sacar adelante el proyecto con el resto de sindicatos para crear esta alternativa para afrontar la hegemonía neoliberal que está acabando con un modelo de sociedad.

¿El frente sindical unitario que preconizan podría acercar los nuevos sectores como los repartidores de pizzas a una dinámica más unitaria?

Yo creo que no tiene nada que ver una cosa y la otra. La organización de los trabajadores en los nuevos espacios que se puedan generar: plataformas digitales o nuevos espacios de descentralización de la cadena de valor, es decir, toda esta realidad que se produce alrededor de algunos colectivos se basa en hechos que se reproducen a lo largo de toda la historia del movimiento obrero y que adoptan su expresión en relación con la actualidad real. Las primeras comisiones obreras se crearon para trabajadores que estaban al margen de la sindicalización y comenzaron a crear espacios comunes para resolver los intereses del trabajo. Nosotros ahora tenemos ventajas que antes no se tenían, como es que ahora las organizaciones están estructuradas y hay capacidad de establecer un espacio de interlocución directa. Lo que se debe hacer es canalizar sus luchas con la participación y la presencia directa en sus conflictos.

Pensamos que los trabajadores de los colectivos emergentes deben encontrar en el sindicato la referencia para poder resolver sus problemas. Tenemos también claro que los problemas que tienen estos grupos no tienen una solución individual, tienen una solución de clase, y para poder resolver el conflicto de una manera sólida es necesario afrontarlo con carácter reivindicativo y de clase.

¿Puede explicar esto?

Sí, el problema del transporte en una ciudad no se soluciona creando un convenio para los riders estrictamente, sino vincularlos a un convenio sectorial. La solución del problema de las Kellys está en el convenio de hostelería. Hay que buscar soluciones de clase, soluciones confederales, que deben dar una vía de salida a sus conflictos, lo que pasa es que como son nuevos espacios de trabajo no tienen referencia en la respuesta que deben asumir los convenios sectoriales en sus articulados , ya que son las nuevas realidades del mundo del trabajo. Si no estos sectores quedan al arbitrio de una legislación que no va en favor de los intereses de la gente.

En septiembre la Renda Garantida de Ciutadania será un hecho. ¿Cree que la Generalitat ha hecho todo lo posible para que los ciudadanos que lo necesiten se acojan?

Por lo que yo sé, podrán ir a las oficinas del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que está reforzando sus plantillas para garantizar que los trámites se puedan hacer con agilidad.

¿Cree que en este caso se va por buen camino?

Si, pero los sindicatos haremos una campaña de información propia que garantice que los ciudadanos saben qué es la Renda Garantida y qué implica. Esto lo deben conocer todos los beneficiarios y que estos, por desconocimiento, no dejen de ejercer su derecho. La Renda Garantida es un avance importante de nuestro modelo de cohesión social y nuestra organización lo que tiene que hacer es ayudar a hacerlo efectivo.

El juzgado de lo social 21 de Barcelona ha condenado a la empresa Privalia, dedicada a venta de productos por Internet, a readmitir y a indemnizar por daños morales al trabajador que despidió ante la posibilidad de que, debido el estado de salud de su mujer, enferma de cáncer, se ausentara con frecuencia del trabajo.

Según ha informado el Col·lectiu Ronda, que representaba al trabajador en el litigio, y ha podido consultar este diario, el fallo señala que la empresa formalizó el despido del trabajador alegando causas disciplinarias unos días después de que el empleado informara, en febrero de 2015, de que la enfermedad de su mujer se había agravado y que se le tenía que empezar a administrar un tratamiento paliativo ante la imposibilidad de curación, por lo que solicitaba un permiso de dos días para atenderla.

El juzgado social número 21 de Barcelona condena a Privalia a readmitir e indemnizar al trabajador con más de 15.000 euros en concepto de daños morales. El fallo señala que el trabajador fue despedido porque la empresa consideró que, al tener a la mujer enferma, faltaría más al trabajo y esto repercutiría negativamente en su rendimiento.

En concreto, el juez señala que la empresa “no consigue acreditar una justificación objetiva y razonable de la causa del despido”. El rendimiento profesional del trabajador nunca había sido puesto en cuestión por la empresa, recuerda la sentencia. En este sentido, considera que la motivación de Privalia para proceder a la extinción de la relación laboral tiene su origen en el hecho de que su esposa fue diagnosticada de un cáncer de mama en 2013.

La sentencia considera que el supuesto bajo rendimiento atribuido al trabajador no es la verdadera causa del despido pues los hechos probados, incluyendo el testimonio de sus superiores, derivan en que “el rendimiento del demandante era el correcto”.

El juez argumenta que el hecho de que el extrabajador precisaba de frecuentes permisos o vacaciones para asistir a su esposa en una enfermedad grave “es una circunstancia personal que en ningún caso puede ser motivo ni causa de despido”, por lo que lo declara nulo con vulneración del derecho fundamental a la no discriminación.

A raíz de esta sentencia, que podría ser recurrida por parte de la empresa, Privalia deberá readmitir al trabajador en su puesto de trabajo e indemnizarlo por un importe de más de 15.000 euros en concepto de daños y perjuicios, a parte de abonar los salarios dejados de percibir desde el momento de su despido (89.157 euros) y las deudas salariales (3.083 euros).

El trayecto que va de una sociedad especialmente autoritaria a una democrática se puede hacer a pie o a bordo de un vehículo. En Catalunya y en España el paso se puede explicar a partir de la historia del Seat 600, un coche que marcó la transformación de un mundo autárquico a una sociedad moderna. Y en la vida de los trabajadores supuso el tránsito de una disciplina militar a una estructura con derechos y capacidad de negociación.

La sede de CCOO en Barcelona acoge la exposición que explica la evolución de la sociedad en los últimos 60 años: el primer Seat 600 salió de la fábrica de la Zona Franca en 1957, e incluso antes, cuando se fundó la empresa automovilística que marcaría el futuro industrial en Catalunya.

La diferencia entre dicha exposición y la que podría encontrarse en cualquier otro lugar es precisamente que en la primera se encuentran también la opinión, documentos e imágenes de la lucha por la libertad sindical y democrática que protagonizaron durante la dictadura miles y miles de trabajadores procedentes de diversos lugares de España. Esa es la intención de sus impulsores, el Memorial Democrático de los trabajadores de Seat. Esta es una organización creada en 2004 para preservar y difundir y transmitir a las jóvenes generaciones los valores que impulsaron el compromiso personal y colectivo de aquellos luchadores.

Seat se construyó el 9 de mayo de 1950. El capital social inicial fueron 600 millones de pesetas, que en un 51% fueron aportados por el Instituto Nacional de Industria, (INI); un 42% lo aportaron siete bancos españoles y un 7% lo invirtió FIAT, aunque la industria italiana no aportó dinero si no su conocimiento industrial.

La plantilla inicial de la compañía fueron 925 personas, que fabricaban 5 coches al día. El primer vehículo salió de las cadenas de montaje el 13 de noviembre de 1953, su matrícula fue la B-87223. Era un coche derivado del modelo 1.400 de FIAT. Por su aspecto lujoso, se consideró que podía ser el taxi perfecto o el vehículo oficial adecuado. Su precio oficial eran 14.000 pesetas, más el 20% añadido como impuesto de lujo. Pero, la exposición destaca que en el mercado se podía pagar hasta un 50% más porque había una gran demanda y la oferta era muy limitada.

En 1955 se amplió capital hasta 900 millones de pesetas y se decidió que se fabricaría un pequeño utilitario, el Seat 600. El 27 de junio de 1957 salía de fábrica el primer 600.

Pensado para la emergente clase media del país, el coche rápidamente se convirtió en un éxito. El primer modelo costaba 65.000 pesetas, que al cambio son 390 euros, que ahora serían más de 18.000 euros, 3,5 años del salario medio de la época. Aquel primer Seat 600 era muy pequeño, tenía una longitud de 3.295mm y 1.380mm de ancho. El ingeniero Dante Giacosa, diseñador de Fiat, no solo fue el padre del 600, sino que también diseñó el 500, que nunca fue fabricado por Seat, y los 124 y 127 posteriores.

La exposición aporta un dato poco conocido, Giacosa, fue despedido de FIAT precisamente por su vinculación y relación con los sindicatos italianos, que le habían sugerido fabricar un coche para la clase trabajadora.

La irrupción del Seat 600 en las carreteras españolas facilitó la movilidad de las clases populares. Supuso el inicio de un incipiente turismo interior. Y muy de acuerdo con la situación de la época, un cambio de costumbres. Así, la exposición de CCOO muestra cómo el diseño del pequeño coche no previó que habría mujeres conductoras con falda, y la forma inversa de apertura de las puertas implicó que para salir del puesto de conducción muchas veces la prenda de vestir se debía acortar más de lo previsto para facilitar así la movilidad de las conductoras.

Disciplina militar

Pero no todo son anécdotas simpáticas. La exposición explica que los inicios de la producción de coches implicaron la adopción masiva del taylorismo, producción en cadena a la que no estaban acostumbrados los trabajadores. Esto empeoraba debido a que la disciplina en las cadenas de montaje era casi militar. Para evitar que los trabajadores se mezclaran y hablaran entre ellos se ordenó que los trabajadores de las  diferentes secciones y puestos se vistiesen con uniformes e insignias diferentes, lo que permitía identificar en cualquier momento quien estaba fuera de su lugar habitual.

Pronto se produjeron los primeros conflictos laborales. Se daban en el interior de la fábrica y para detenerlos, en algún momento los encargados, muchos de ellos militares retirados, patrullaron por la fábrica a caballo.

Junto con los cambios sociológicos que aportó el Seat 600 a Catalunya y España, la empresa dio paso a la existencia de una potente industria automovilística, con una gran concentración de trabajadores. Seat llegó a superar los 25.000 empleados, cosa que hizo que en la factoría las luchas para conseguir mejorar los convenios o para obtener primas fueran habituales mucho antes de llegar la democracia.

En la empresa se constituyeron las CCOO y también, más tarde, los núcleos de lo que serían otros sindicatos.

El 6 de octubre de 1971 es una fecha que los trabajadores de Seat nunca olvidan. Aquella jornada unos 6.000 obreros ocuparon pacíficamente la factoría para reclamar la readmisión de los compañeros despedidos meses antes, los habían convocado las Comisiones Obreras de la fábrica.

Asesinato de Antonio Ruiz Villaba

Antonio Ruiz Villalba tenía 33 años, era soldador en el taller 33 de la planta desde hacía seis años. Participó con sus compañeros la lucha. Murió el 10 de octubre a causa de ocho balas que disparó la policía franquista. Los testigos hablan de una verdadera batalla campal de los grises contra los trabajadores, que causó muchos heridos de bala. A estas agresiones respondieron con barricadas en los talleres y tirando tornillos y tuercas a los caballos para que resbalaran. Aquel fue el inicio de una conflictividad creciente. La exposición recoge las hojas ciclostiladas con las que los trabajadores informaban sus compañeros de las movilizaciones y las negociaciones con la dirección.

A partir de aquel momento el régimen franquista no tuvo tregua por parte de los obreros de Seat. De aquella época es el dicho: “Cuando Seat estornuda, Catalunya se constipa”. La solidaridad de la sociedad permitió, a su vez, que los trabajadores y dirigentes despedidos o detenidos fueran sustituidos inmediatamente, sin que la lucha se resintiera.

El 31 de julio de 1983 se dejaba de producir el Seat 600 en las plantas de Catalunya, sin embargo, en otros países como Argentina se fabricó hasta 1985.

La huelga de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha despertado un movimiento reivindicativo entre las autoescuelas, que este miércoles concentraron más de un millar de coches en la Avenida María Cristina de Barcelona e hicieron movilizaciones similares en Girona, Lleida y Tarragona. Han creado la plataforma 'Autoescuelas dicen basta'. Se quejan de que la huelga y sus efectos ponen en crisis a sus empresas y el empleo. Ya se han presentado algunos Expedientes de Regulación y si no hay cambios, la protesta podría extenderse a otros territorios.

Jaume Valls es propietario de una autoescuela en Sabadell. En esta población impulsó el año pasado un movimiento reivindicativo en el mismo sentido, y ahora forma parte de la nueva plataforma. “En este conflicto tenemos claro que los trabajadores de la DGT están defendiendo sus intereses. No vemos mal que las personas que están en un coche durante ocho horas examinando quieran cobrar lo mismo que las que están todo el día en el despacho”, afirma respecto a los motivos de la huelga. Sin embargo, para él, “la libertad de estos trabajadores termina donde empieza nuestra”.

Las autoescuelas, la mayoría de las cuales son pequeñas empresas con una media de tres trabajadores, tienen una posición comprometida en este conflicto. “Los alumnos, para asistir a los exámenes deben organizarse muy bien, a veces tienen que pedir permiso en el trabajo. Ahora, el día que tienen señalado para hacer la prueba pueden llegar y ver que no hay examinador, en aquel momento la frustración es grande”, explica Valls.

Si a esto se suma que, según la normativa, al pasar cierto tiempo después del examen teórico deben realizar el práctico y si no, deben hacer más clases prácticas, el perjuicio para los que se quieren sacar el carné es aún mayor.

Pagar tasas sin saber si se examinarán

Los alumnos tienen otro perjuicio y no es menor. Antes de ir a examen deben pagar las tasas correspondientes. Pero, si finalmente no pueden hacer la prueba, entran en un laberinto administrativo para recuperar el dinero que han adelantado. “La huelga está convocada los lunes, martes y miércoles. Si te toca examinarte estos días, puede que haya prueba o que tengas que volver sin haber hecho el examen. Todo esto tiene unos costes que las empresas no podemos recuperar, porque los salarios se deben pagar de una manera u otra”, dice Valls.

Ahora bien, si el examen se convoca un jueves o viernes la gestión puede llegar a hacerse con normalidad si hay suerte y los convocados no superan la cifra absorbible.

Las empresas pequeñas han asumido la situación como han podido, porque sus costos no son muy altos, pero las autoescuelas grandes comienzan a tener problemas. Así, Hoy Voy, una de las grandes del sector, ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que implica una reducción del 30% del salario de sus empleados, cifra que podría duplicarse si la protesta los examinadores se mantiene, según ha podido saber el Diari del Treball. Valls afirma que hay otras empresas en una situación similar, pero no quiere ser él quien “rebele estas cuestiones”.

La huelga de los examinadores se ha radicalizado este año. En Catalunya, el verano pasado ya afectó y mucho. Por ello, las autoescuelas de este territorio se han organizado antes. “Nos reunimos con los representantes en Catalunya de la DGT. Nos dijeron buenas palabras pero no presentaron ninguna solución”, dice Valls.

Las autoescuelas mantienen, pues, alta su actividad reivindicativa. “Hemos presentado más de 800 reclamaciones a la DGT y también hemos tramitado quejas al Defensor del Pueblo”, afirman.

La protesta iniciada en Catalunya se extiende ahora a otros territorios. La plataforma 'Autoescuelas dicen basta' ya se ha organizado en Galicia, en Cádiz y Huelva, de momento.

Si inicialmente los propietarios de las Autoescuelas a la DGT reclaman soluciones. Y no descartan alternativas como que “se privatice el servicio, como se hizo con las ITV o con Renfe”. Tampoco verían mal que el Gobierno ampliara las plantillas de los examinadores “incorporando militares”.

Por su parte, la portavoz de UGT de Catalunya del colectivo de examinadores, Sílvia Faja, reconoce que tienen contacto con las autoescuelas. “Claro que tenemos contacto, con las autoescuelas; trabajamos con ellas, pero no hemos hablado de este conflicto”. La próxima semana la huelga volverá, porque la DGT no acepta pagar un complemento que había prometido hace diez años a los examinadores, según Faja.

Horas después de una jornada de huelga en el Metro de Barcelona seguida, según los sindicatos, por el 95% de los trabajadores, Mercedes Vidal, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, movía ficha. En una rueda de prensa inesperada afirmaba que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), empresa pública propietaria del Metro, accedía a someterse al resultado de un arbitraje para solucionar la negociación del convenio. El anuncio se hacía justo después de conocerse la propuesta hecha por el Departament de Treball. Poco más tarde, CGT, el sindicato mayoritario en el comité de empresa, rechazaba la idea de someter «a un tercero» la solución al conflicto. Las espadas siguen, pues, desenvainadas.

La acción de Vidal se puede interpretar como un movimiento más en el tablero de ajedrez en que se ha convertido la negociación del convenio colectivo del Metro. Visto desde un punto de vista estratégico parece más un desafío que quisiera desacreditar al contrincante, que un intento serio de cerrar con un acuerdo las conversaciones y evitar una radicalización de las huelgas. Unos paro que podrían pasar de afectar cada lunes no festivo a afectar en fechas tan señaladas como La Mercè, patrona de Barcelona, o la Fiesta Nacional de Catalunya, el 11 de septiembre.

La oferta de dejar en manos de los árbitros un acuerdo en Metro se produce cuando las dos partes estaban citadas por los responsables de mediaciónde Treball para avanzar en un pacto, ya que el pasado jueves el consejero delegado de Metro, Enric Cañas, hizo una propuesta verbal que una parte de los negociadores consideró suficientemente interesante para pedir que la hiciera por escrito y así poder someterla a la asamblea de trabajadores de Metro. Pero para que un arbitraje funcione debe ser aceptado por las dos partes.

El sindicato con más representación en el comité de empresa de Metro: CGT, ya ha respondido. Rechazó someter la solución al conflicto al veredicto de un tercero: el equipo de arbitraje de la Generalitat, y se ha mantenido en la línea de buscar un acuerdo en una negociación entre las partes interesadas.

Presión política

Hay otro elemento que puede explicar la apuesta de la concejala: la presión política desatada en los últimos días para reclamar un pacto que desactive la huelga. Además del comité de empresa, donde hay sindicatos que no son precisamente enemigos del sector político que representa Vidal, han pedido su dimisión la CUP, y el pasado lunes las juventudes del PDCAT exigieron también el cese de la regidora. Además ERC, exigió en el marco de su posición en el Ayuntamiento de Barcelona, «responsabilidades» ante el hecho de que no se logra una salida al conflicto. Y por último, el PP ha pedido transparencia en TMB.

Ante todas estas reivindicaciones Vidal ha manifestado en varias entrevistas que la falta de acuerdo se debe a que la llamada ley Montoro imposibilita subir salarios en la línea que piden los trabajadores de Metro. Pero los sindicatos afirman a su vez, que los salarios, a pesar de ser importantes, no forman parte de su reclamación más sentida. Esta es poner freno a la precariedad en el trabajo y la contratación de empresas externas para hacer trabajos que podría asumir la plantilla. Recuerdan, además, que Barcelona en Comú, la candidatura municipal con la que consiguieron la alcaldía Ada Colau, y su cargo Mercedes Vidal, incluía en su programa luchar contra la precariedad y las externalizaciones.

También Vidal se ha escudado en la ley de transparencia para no facilitar ni la identidad ni los salarios que se pagan a algunos de los empleados de TMB que se contrataron fuera del convenio. Esta es una reclamación que los trabajadores hacen siempre que pueden, porque consideran que hay un gran desequilibrio entre el hecho de que los empleados regulares tengan el salario congelado desde hace años y que no se conozca cuánto se paga a esta parte de la plantilla.

Un directivo «apolítico»

Unos y otros parecen haber abandonado la idea de hacer un acuerdo transaccionado, donde se produzcan cesiones por ambas partes, y haber optado por aplastar al adversario. Así, de forma paralela a las movilizaciones se producen todo tipo de incidentes que parecen destinados a desprestigiar la contraparte ante los usuarios, desde filtrar salarios, a recordar los incumplimientos de programa electoral y la situación de falta de personal que afecta a muchas estaciones de Metro.

Un hecho que destacan muchos observadores del conflicto es que mientras el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona está formado por personas con una limpia trayectoria izquierdista: Vidal recibió el carnet del partido comunista de manos del secretario general, Joan Josep Nuet, y Ada Colau tiene antecedentes de un gran activismo en la calle, las negociaciones para la renovación del convenio las comanda Marc Grau, director de Metro de Barcelona. Esta persona tiene una biografía muy diferente: ingeniero por la UPC, con un posgrado de la escuela de negocios IESE. Fue directivo de la empresa metalúrgica Celsa, consejero delegado de Farobel y durante más de 10 años presidente de Quelcom +, una asociación de empresarios y profesionales que se definen como «apolíticos».

La huelga de los trabajadores de Deliveroo se complica. Al anuncio de paro en todo el ámbito español se han sucedido las respuestas de la empresa dirigidas algunos trabajadores anunciándoles que prescinde de sus servicios. Lo que ha sido interpretado por los repartidores como un despido en represalia por haberse significado en el movimiento reivindicativo. En algunos casos ya se ha decidido que se presentarán recursos a la decisión de la compañía.

En la comunicación de los despidos han contestado los trabajadores convocando dos nuevas jornadas de huelga que se realizarían en Barcelona los días 6 y 9 de julio, jueves y domingo de la próxima semana, entre las 6 de la mañana y las 24 horas los dos días. También en Valencia, ciudad donde reparten comida preparada para Deliveroo, los trabajadores anuncian movilizaciones para la reincorporación de los despedidos.

El paro se hará también por la misma causa que la primera jornada. Los trabajadores reclaman que se mantenga el pago de al menos dos pedidos a la hora aunque efectivamente no se hayan entregado y que al menos la empresa les asegure 20 horas de trabajo.

Una de las características diferenciales de la relación que mantiene Deliveroo con sus repartidores es que la comunicación es impersonal. La empresa envía correos electrónicos a sus trabajadores. Ha sido a través de los mensajes por internet que algunos de los que se han destacado como líderes del movimiento reivindicativo han recibido la noticia de que se prescindía de sus servicios. Así, uno de los que ha recibido el correo antes mencionado ha sido el Eve Llagostera, miembro de Ridersxderechos y una de las personas que figuraban como representantesde los trabajadores en la convocatoria de huelga que se hizo por burofax. Esto hace pensar que la desconexión del sistema no es casual “sino una represalia”, según Oriol Alfambra, miembro de la sección sindical que el sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya IAC ha creado en Deliveroo.

Lo que más ha indignado a los Riders es que alguna de las comunicaciones de la empresa argumentaban razones de tipo personal para prescindir de los trabajadores más reivindicativos.

la primera de las huelgas se hará el domingo 2 de julio entre las 20 y las 23 horas en todas las poblaciones donde Deliveroo reparte comida. Por este mismo motivo los repartidores han hecho una campaña en las redes avisando a los clientes para que no pidan comida, porque arriesgarían a no recibirlo debido a la huelga pero ya habrían pagado el servicio.