Javier Ruibal no tiene manías ni supersticiones, pero cada noche, justo antes de salir al escenario, acostumbra a contar hacia atrás desde 20, muy despacio: veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete… Un rito que volverá a repetir este viernes en el Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz), con motivo de una ocasión muy especial: la grabación de un nuevo disco en directo, el quinto de su carrera tras Pensión Triana, Lo que me dice tu boca, Sueño y 35 aniversario.

Un reto “tan excitante como comprometido”, según este cantautor portuense de 70 años, ya que la experiencia acumulada no es ninguna garantía ante el vértigo del directo. “A mí me gusta mucho hacer directos, creo que es la verdad de la música, ¿no? Es más excitante que una grabación de estudio. La grabación del concierto ya se oirá después, pero la presencia del público es fundamental”.

En la receta de Ruibal, lo primero que hay que tener es “motivación y ganas y también un repertorio que permita la sorpresa”, comenta. “En este caso es todo inédito, a diferencia de los anteriores. En Lo que me dice tu boca había algunas canciones conocidas y muchas otras que no, en Sueño eran mis canciones acompañadas por la Orquesta de Córdoba… Aquí es todo nuevo, con arreglos nuevos de Javier López de Guereña y una banda preciosa”.

Compañerismos y complicidad

Ese factor, la banda, es otro de los ingredientes fundamentales en la cocina de su disco. En esta ocasión, Ruibal se rodea de un verdadero grupo de solistas, con Alberto Bocanegra al piano y teclados; Diego Villegas en los vientos; José Recacha en guitarras y bajos; y Joaquín Calderón, que aportará instrumentos de cuerda y violín, sin olvidar a su hijo, Javi Ruibal, a la batería, percusiones y producción.

“Javi, aparte de que tiene mucho criterio, me conoce lo suficiente y tiene la posibilidad de decirme: aquí creo que te estás pasando, o aquí te estás quedando corto. Y eso es estupendo”, comenta el artista. “Claro, él se ha criado escuchando mi música y me ha visto componerla incluso, entonces a él no le puedo yo engañar, es el único al que no puedo engañar de entre todo el planeta [risas]. Él sabe cuáles son mis cadencias y en todo caso, si las hay, mis virtudes”.

“Siempre he estado con músicos que tienen su propia expresividad y su trayectoria y sus propias carreras”, prosigue Ruibal. “Gente que también se la juega personalmente, fuera de mis grabaciones y de mis conciertos. Y eso a mí me provoca una idea de compañerismo muy interesante, porque nadie es más que nadie. Eso sí, cada uno toca y lo que se dedica a hacer, lo hace con la mayor excelencia posible. También me gustan los músicos que me dan la impresión de que, como solistas, son mejores que yo. Por eso es muy interesante la idea de no competencia en el escenario, pero sí hacer una puesta en común en la que todo el mundo pueda expresarse y estar a favor de obra”.

Por otra parte, el gaditano subraya que la preparación de un disco como este “exige más ensayos y más precisión que un disco convencional. El repertorio lo trabajo en solitario, indudablemente, dándole muchas vueltas a las cuestiones de melodía y de armonía y muchas más vueltas a la palabra y al verso, que para mí es tan importante como lo musical”.

De los arreglos a los ensayos

“Entonces, una vez que yo ya me he partido el coco y he llegado al convencimiento de que no doy más, entonces interviene la labor del arreglista”, agrega. Con Javier López de Guereña, con el que Ruibal ya ha trabajado en otras ocasiones, “hablo en unos términos que son muy curiosos porque de pronto, para referirme a qué arreglo veo yo para tal canción, por ejemplo, digo, aquí épico, aquí sensual, aquí jocoso. Ese tipo de expresiones que no tienen nada que ver con la idea que la flauta vaya en tal o cual tonalidad, o haciendo tal cosa. Es más bien una cuestión de sensaciones, algo que atañe a ciertas sutilezas que van más relacionadas con la emoción que yo quiero que conserve la canción arreglada, que ya estaba en la canción desnuda. Para que no se pierda eso que yo he sentido cuando lo he compuesto”.

Las nuevas tecnologías acuden aquí en auxilio de compositor y arreglista, pues hay emuladores muy aceptables que permiten hacerse una idea de cómo puede quedar el resultado final. “Yo no leo música más que lo imprescindible”, admire Ruibal, “a mí ya me puedes dar un kilo de papeles que me quedó indiferente. Pero si me das la sonoridad y el resultado, pues eso me anima mucho”.

Luego viene la labor de organizar todo ese material, repartir el trabajo entre los músicos y, naturalmente, hacerlo sonar. En este caso, Ruibal distingue entre ensayos “musicales” y “técnicos”, estos últimos en el propio teatro. Los ensayos domésticos, en cambio, se han repartido entre la casa de José Recacha, en Coria del Río, en los Tempo Estudio, en Sevilla, en Mairena. “Luego vamos al teatro y tendremos dos días para poder ensayar ya in situ. Al ser la grabación en directo, hay que ir ya al escenario con el máximo de trabajo técnico hecho, solventando los posibles problemas de amplificación que pueda estropear el sonido, y que en un estudio no existen”.

Un teatro con historia

La elección del Teatro de las Cortes viene de un ofrecimiento expreso de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y de la delegada de Cultura, Pepa Pacheco. “Me dijeron que les hacía una ilusión tremenda que eso se hiciera allí, y a nosotros nos gustaba el teatro por su sonoridad. Es un teatro entero de madera, lo cual quita un montón de asperezas a la hora de sonar y de grabar. Y luego es un teatro lleno de historia, un sitio donde se ha proclamado la primera constitución progresista de la historia europea, la de 1812. Una constitución tan bien hecha que fue odiada inmediatamente por los poderes absolutos y se la cargaron. Mira si estaría bien hecha, fue un peligro a la sostenibilidad del absolutismo. Cantar allí me parece un privilegio”.

Por la parte de sonorización y grabación, Ruibal cuenta con otro viejo cómplice como Javier Rondán, su técnico de sonido desde hace años. Entre unos y otros, reconoce el cantante, no tiene más remedio que rejuvenecer, “porque ellos están en esa cosa tan galana que tiene la primera madurez, mientras que yo ya estoy en la tercera. De alguna manera, yo me nutro de esa energía, pero ellos también me dan latiguito para que espabile. ¿Me explico? Quieren que tú estés lo más relajado posible, pero que también des lo mejor, y que si en alguna parte el fraseo que hace la voz puedes arriesgarte más, te lo dicen. Es muy bonito y es muy generoso por su parte, porque podrían limitarse a tocar tan bien como tocan y punto, y en cambio se involucran a fondo en el proyecto”.

Finalmente, tan importante resulta conocer los pasos de la receta como eludir los errores que eventualmente se hayan podido cometer en grabaciones anteriores. ¿Cuáles serían estos escollos a evitar, en el caso de Ruibal? “En Pensión Triana, por ejemplo, había un pulso muy fuerte, porque era un repertorio de mucha euforia. Es un disco muy optimista y muy eufórico y todos los músicos tocaron con una fuerza que luego, a la hora de mezclar, me las vi y me las deseé, porque de las dos tomas que se habían hecho, de los dos conciertos que hicimos, no sabía uno con cuál quedarse. Y no es como ahora que tú puedes tomar una parte de una y juntarla a otra toma anterior, como cortar y pegar, aunque para mí la gracia está en la naturalidad”.

Un viaje sonoro

“En Lo que me dice tu boca todo es mucho más relajado, y ahí sí tomé cartas en el asunto y pensé que, en lugar de estar todo el tiempo tocando con todos, iba a hacer una canción con Andreas Prittwitz, otra con Víctor Merlo… Traté de que eso fuera un poquito menos impetuoso que en la experiencia anterior. Luego Sueño era con la Orquesta de Córdoba, con lo cual yo ahí era quien menos mandaba. Me limité a cantar lo más bonito que pude. Y luego el 35 aniversario lo planteamos como una fiesta de duetos. Cantar con Martirio, con Miguel Ríos, con Drexler, con Pasión Vega, incluso con cada uno de los músicos que había tocado conmigo a lo largo de los años, dándole su sitio a cada uno”.

De contenido del álbum, Ruibal solo puede adelantar que “todo gira alrededor de un mismo asunto, es un objeto y un viaje, un largo viaje que ocurre durante un largo tiempo: una historia contada en doce capítulos, en doce canciones, donde hay guiños musicales a una serie de lugares diferentes y de épocas diferentes. Y luego el lenguaje es, en cierta medida, clásico, un lenguaje de época. Bueno, no voy a decir de Siglo de Oro, pero casi, casi. Con ese tipo de expresividad que hubo en la época en la que transcurre la historia”.

La cabeza del portuense ya está en el próximo viernes, y casi se ve entre las bambalinas del teatro de las Cortes. “Yo he sido siempre muy salvaje, salgo al escenario sin calentar la voz ni nada, ¿no? No me pongo a canturrear en el camerino ni nada de eso. Es una cosa un poco bruta por mi parte, pero como me ha ido muy bien, no quiero romper esa costumbre”, asegura. “Sigo saliendo con la misma chispa, y los mismos nervios, aunque ya un poco más controlados. Cuando solamente está la luz de escena esperándome, me doy el gusto de estar veinte segundos larguísimos ahí: veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete…”.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha revocado dos multas que le fueron impuestas a un conductor en los radares de tramo que se han instalado en la autovía A-7, en su tramo entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz, tras recibir una denuncia del afectado en el que exponía que la señalización marcaba un límite de 100 km/h mientras que el radar lo fijaba en 80 km/h.

En la resolución, que fue adelantada por Europa Sur y a la que ha tenido acceso Europa Press, la DGT deja sin efecto las sanciones impuestas, de 300 euros en un caso y de 100 euros en el segundo, al mismo conductor.

“A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente, se llega a la conclusión de que en el caso que se examina, no es procedente la imposición de la sanción a que se refiere el mismo, por lo que se acuerda su revocación de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, señala la DGT en ambas resoluciones, fechadas a 5 de marzo de 2026.

“Sanciones ilegales”

Los hechos tuvieron lugar después de que un trabajador de la empresa Arreza Seguros recibiera dos multas tras pasar el 22 de septiembre y el 15 de octubre del pasado año por el citado tramo regulado por radares, que detectó que se habían superado en ambos casos los 80 km/h fijados por estos elementos.

Ante esto, el afectado reclamó las multas alegando que “el control radar de tramos está limitado a 80 km/h pero el conductor tiene una señal en el tramo de 100 km/h”, considerando dichas sanciones “ilegales”. Desde Arreza Seguros han advertido que puede haber “muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales” al ser también multadas por este radar de tramo.

Según datos de la DGT, en la provincia de Cádiz hay instalados hasta siete radares de tramo en distintas carreteras gaditanas, como la propia A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384, y la A-2001.

Los radares de tramo son un sistema de cámaras que graban de forma continua e identifica la matrícula de cada vehículo a la entrada y a la salida del tramo. Un ordenador relaciona las matrículas iguales, comprueba las tiempos de paso y calcula la velocidad media del vehículo. Cuando la velocidad media del recorrido está por debajo del límite, no hay infracción, pero si la velocidad media del trayecto supera el límite, se tramita la denuncia de la infracción, como define la DGT estos sistemas.

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.

Las graves inundaciones registradas en febrero en la Sierra de Cádiz han vuelto a poner en primer plano una realidad que los municipios de la comarca llevan años denunciando: la fragilidad de sus infraestructuras y una sensación persistente de abandono institucional. Los daños provocados por el tren de borrascas —carreteras cortadas, caminos rurales intransitables y problemas en suministros básicos— no solo han generado una situación de emergencia, sino que han evidenciado carencias estructurales previas.

“Es raro el municipio que no tiene un problema en alguna de sus carreteras comarcales”, advierte la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma. Su diagnóstico apunta directamente al estado de la red secundaria: “Hay un deterioro permanente por el escaso mantenimiento. Eso significa que las carreteras sufren el doble cuando viene una inclemencia de estas características”. Las consecuencias son inmediatas y tangibles para la población. “Un trayecto que se hace en diez minutos, pues ahora se hace en unos cuarenta o cuarenta y cinco”, explica, en referencia a conexiones habituales que han quedado inutilizadas o gravemente afectadas.

La situación no es puntual ni aislada. La red de carreteras comarcales —competencia en muchos casos de la Diputación, que ha destinado 20 millones en contratos de emergencia para las vías afectadas— constituye la principal vía de conexión entre municipios en la sierra, un territorio donde las distancias, la orografía y la dispersión poblacional hacen que cualquier incidencia tenga un impacto directo en la vida cotidiana. A ello se suma la falta de desarrollo de infraestructuras estratégicas. La Junta ejecuta en la provincia de Cádiz 11 actuaciones de emergencia con una inversión de 107 millones de euros a través del Plan Andalucía Actúa.

El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, recuerda un proyecto largamente esperado que nunca llegó a materializarse: “Cuando se planteó la autovía Jerez-Antequera se quedó paralizada en Arcos y lo que se ha ido haciendo es parcheo sobre parcheo”. Ese “parcheo”, como lo define, afecta especialmente a la carretera A-384, uno de los ejes fundamentales para la movilidad en la comarca y su conexión con Málaga. “Tiene un tráfico impresionante y cuando lo que se hace es parcheo sobre parcheo, pues pronto se le ven las costuras, sobre todo cuando las circunstancias son tan complicadas como estas últimas”, señala. Las lluvias han agravado una situación ya delicada, provocando cortes totales y desvíos provisionales que generan incertidumbre. “Estamos siempre con las carnes abiertas de que se vuelva a ir el desvío provisional”, añade.

La imagen turística

Las consecuencias trascienden el ámbito de la movilidad y afectan a servicios esenciales. “Nuestro hospital de referencia es el de Ronda y hay pacientes que tienen que ir tres días a la semana a diálisis”, explica Acuña, quien también menciona el impacto en estudiantes y trabajadores que se desplazan diariamente fuera del municipio. En una comarca donde muchos vecinos trabajan en la Costa del Sol, la conectividad no es solo una cuestión de comodidad, sino de acceso al empleo.

A esta situación se suma el deterioro de los caminos rurales, fundamentales para el sector primario, que sigue siendo el principal sustento económico en buena parte de la sierra. “El que no está cortado le falta un telediario”, resume el alcalde de Algodonales. Los desprendimientos y movimientos de tierra, favorecidos por la naturaleza arcillosa del terreno, han dejado aisladas explotaciones agrícolas y ganaderas, dificultando el acceso a fincas y poniendo en riesgo la actividad diaria de muchos profesionales.

“Esto es una postal, pero no es un decorado”, insiste la alcaldesa de Olvera, en referencia a la imagen turística de la sierra. “Aquí vive gente, que tiene que ir a hospitales, a trabajar, a estudiar”. La reivindicación no es nueva: distintos análisis sobre el medio rural andaluz llevan años señalando déficits en transporte público, infraestructuras viarias y conectividad, factores que contribuyen a la desigualdad territorial y a la pérdida de población.

El alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez, sitúa el foco en esa dimensión estructural del problema. “Ha quedado patente la necesidad de un plan de inversiones real, cierto, y acompasado con las necesidades reales que tiene la sierra”, afirma. A su juicio, los daños provocados por el temporal no pueden desvincularse de la falta de mantenimiento e inversión acumulada durante años. “Algunos de estos daños probablemente eran evitables si hubiera habido una mayor intervención presupuestaria en un entorno históricamente abandonado desde el punto de vista de las inversiones”, sostiene.

Aunque reconoce la respuesta de emergencia por parte de las administraciones, García Ramírez insiste en la necesidad de ir más allá: “Entendemos la situación de urgencia, pero también hacen falta compromisos a futuro”. La reclamación, compartida por otros alcaldes de la comarca, apunta a un modelo de financiación que, según denuncian, prioriza los grandes núcleos urbanos frente a los territorios interiores. “Al final estaremos como siempre castigando a esos entornos rurales”, advierte.

Cortes eléctricos “reiterados”

Las carencias no se limitan a las carreteras. Los problemas en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones forman parte también de la realidad cotidiana de la sierra. “La semana pasada tuvimos un corte a las once de la mañana. No es algo puntual, es algo reiterativo”, explica Palma. Incidencias de este tipo afectan directamente a empresas, servicios y vecinos, en una comarca donde la calidad de las infraestructuras básicas sigue siendo una asignatura pendiente.

En Grazalema, aunque la situación ha mejorado en los últimos años, el alcalde reconoce que los problemas persisten en otros municipios de mayor tamaño. “Hay entornos urbanos que no tienen dimensionada la necesidad en comunicaciones y son muy habituales este tipo de situaciones de cortes”, señala García Ramírez, quien resume la percepción generalizada con una frase contundente: “Parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Tras el impacto de las inundaciones, las administraciones trabajan en la reparación de daños y en la habilitación de pasos provisionales. Sin embargo, los alcaldes coinciden en que la solución no puede limitarse a la emergencia. “Tenemos que reponer, pero también tiene que haber un plan de mantenimiento permanente”, reclama Palma. En un contexto de creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, la resiliencia del territorio dependerá, en gran medida, de que esas reivindicaciones históricas dejen de serlo y se traduzcan en inversiones sostenidas en el tiempo.

Francisco Holgado, conocido como el Padre Coraje por su incansable lucha para esclarecer el asesinato de su hijo, ha fallecido este miércoles en Jerez de la Frontera a los 82 años, sin haber logrado que se hiciera justicia en un caso que marcó su vida durante más de dos décadas. Fuentes del Ayuntamiento de Jerez han confirmado a EFE el fallecimiento de Holgado, figura muy conocida en la ciudad por su perseverancia y por haberse convertido en símbolo de la lucha de las víctimas que reclaman justicia.

El caso se remonta a la madrugada del 20 de noviembre de 1995, cuando su hijo, Juan Holgado, de 22 años, fue asesinado a puñaladas mientras trabajaba en el turno de noche en una gasolinera de Jerez, un crimen que conmocionó a la sociedad local.

Años después, en 2000, cuatro personas fueron detenidas como presuntos autores, pero el proceso judicial estuvo marcado por la falta de pruebas concluyentes y diversas irregularidades. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó en 2006 la absolución de los acusados, dejando el caso sin culpables condenados.

Batalla contra el olvido

Lejos de resignarse, Francisco Holgado inició entonces una prolongada batalla para evitar que el crimen quedara en el olvido. Durante años encabezó movilizaciones, acudió a medios de comunicación y reclamó a las instituciones que se reabriera la investigación, insistiendo en que los responsables debían ser identificados y juzgados.

Su constancia y exposición pública le valieron el apodo de Padre Coraje convirtiéndose en un referente en España de la lucha de las familias de víctimas frente a casos sin resolver. Su ejemplo de vida dio pie incluso a una serie, Padre Coraje, en la que el actor Juan Diego le daba vida. Estrenada en 2002, fue dirigida por Benito Zambrano.

Holgado mantuvo hasta el final su reivindicación de justicia para su hijo, en un caso que sigue sin esclarecerse. Su fallecimiento pone fin a una vida marcada por la defensa de la memoria de Juan Holgado y la exigencia de que su asesinato no quedara impune.

Los Veintisiete han respaldado este miércoles por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la verja, lo que allana el camino para que esa entrada en vigor pueda producirse el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres.

El aval político de los países de la Unión se ha producido este miércoles en una reunión de embajadores en Bruselas, tal y como ha confirmado en un comunicado el Consejo (gobiernos). Fuentes europeas confirman a Europa Press que ningún país se ha opuesto al acuerdo.

Sin embargo, se trata de un acuerdo de principio que necesita aún de la adopción formal por parte de la misma institución para que se concrete la firma y su aplicación provisional, lo que requiere de más tiempo, al menos dos meses para que se lleven a cabo las revisiones legal y lingüística de los textos del tratado, que deben ser traducidos a todas las lenguas de la UE.

El Acuerdo UE-Reino Unido relativo a Gibraltar completará el marco jurídico de las relaciones entre la UE y Reino Unido establecido por el Tratado de Comercio y Cooperación que normalizó las relaciones entre europeos y británicos tras la consolidación del Brexit y en cuyo ámbito de aplicación, en vigor desde 2021, no está incluido el Peñón.

Nuevo sistema de control de la UE

Según recuerda en un comunicado el Consejo, con este nuevo acuerdo la UE busca eliminar “todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar, al tiempo que se salvaguardan plenamente el espacio Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera”.

Con la señal de este miércoles, los Veintisiete buscan responder a la urgencia de avanzar en la tramitación de un tratado cuyo acuerdo se anunció en diciembre de 2024, pero cuya falta de adopción formal puede complicar la situación en la verja ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la UE el próximo 10 de abril, que obligará a un control reforzado en los pasos fronterizos con terceros países.

El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) empezó a aplicarse gradualmente en los países de la Unión el pasado otoño, pero su entrada en vigor plena está prevista para dentro de diez días, cuando deberá estar operativo en todas las entradas a la Unión Europea el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.

Fuentes del Ministerio de Interior consultadas por Europa Press afirman que las instalaciones y equipamiento técnico necesario para el control en el paso de Gibraltar a suelo comunitario están “operativos y disponibles”, aunque no aclaran el calendario de aplicación.

España, en consulta con la Comisión

En todo caso, y al margen de la preparación técnica, lo cierto es que la falta de aplicación del tratado que enmarca la relación de Gibraltar con respecto a la Unión Europea cuando entre en vigor el sistema EES supone, en la práctica, que este territorio siga siendo considerado a efectos de control fronterizo como país tercero y que los viajeros que quisieran cruzar desde o hacia el Peñón desde suelo español debieran someterse al registro en el nuevo sistema europeo.

Para evitar este vacío, el Gobierno ha presentado una propuesta a la Comisión Europea para flexibilizar la aplicación del sistema EES en ese punto, aunque no han trascendido detalles de la misma ni si Bruselas –que rechaza de manera general revisar el calendario para el sistema fronterizo– ve factible la iniciativa española. “La Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo”, se ha limitado a responder un portavoz del Ejecutivo comunitario.

La mayoría de los países de la UE ya registran “más del 75% de los cruces fronterizos”, pero algunos de ellos siguen experimentando “dificultades técnicas” a pesar de que el calendario fue acordado y validado por los 27, recuerda el portavoz, que añade que la Comisión mantiene “contacto estrecho” con ellos para asegurar que el sistema funciona correctamente.

Quejas desde Algeciras

Ante esta situación, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha vuelto a criticar que la comarca del Campo de Gibraltar tenga información sobre el tratado y el fin de la verja a través de los medios de comunicación y no por el Gobierno de España, resaltando “las dudas” que se siguen planteando en esta zona de la provincia de Cádiz.

En declaraciones a Europa Press, Landaluce ha lamentado que como uno de los alcaldes de la comarca campogibraltareña, no se le haya informado sobre cuándo y cómo entrará en vigor el sistema de entrada y salida en la frontera, que debería empezar a funcionar provisionalmente el 10 de abril, una fecha que “llegado este mes, parece imposible”.

“Ya se habla de prórroga pero como es habitual nos hemos enterado por un medio de comunicación”, ha advertido el alcalde de Algeciras, quien ha señalado que “cada vez que un colectivo expone sus dudas o sus preocupaciones, el Gobierno nacional emite información o convoca un seminario”.

“Nos merecemos un trato más digno”

En su opinión, esas “no son las formas adecuadas”, teniendo en cuenta que “las semanas van pasando y seguimos teniendo muchas dudas”, unos interrogantes que no sólo se plantean los políticos sino también “colectivos, transportistas, empresas de aduanas o Policía de frontera”, como ha enumerado.

Con respecto al sistema de entradas y salidas, ha pedido que los agentes conozcan los detalles de cómo van a tener que desarrollar su trabajo y en qué condiciones, recordando que “nos dijeron a bombo y platillo que en abril íbamos a ver la caída de esa histórica frontera”, encadenando eso con “la prosperidad compartida”.

“Pues abril ha llegado y ni una cosa ni la otra”, ha lamentado Landaluce, quien ha hecho hincapié en que el Gobierno de España “no aparece” por la comarca para informar de “los supuestos benéficos de este acuerdo” y que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos merecemos un trato más digno”.

La empresa de telemarketing Majorel, integrada en el grupo Teleperformance, ha ejecutado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 279 trabajadores en España, entre ellos decenas en su centro de Jerez de la Frontera. El proceso, que se ha cerrado sin acuerdo con la representación sindical, se salda con 88 despidos forzosos y condiciones económicas más duras que las planteadas durante la negociación.

La decisión fue comunicada a la plantilla por correo electrónico tras concluir sin consenso el periodo de consultas, un trámite obligatorio en este tipo de procedimientos. Al no alcanzarse acuerdo, la empresa ha optado por aplicar las condiciones mínimas previstas en la legislación para los despidos colectivos: 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para las salidas forzosas.

El ajuste, el tercero en apenas dos años en la compañía, supone además un empeoramiento respecto a la última oferta que la dirección había puesto sobre la mesa, que incluía menos despidos obligatorios y mayores indemnizaciones. Finalmente, el ERE afecta a 279 personas, con 88 despidos forzosos, 191 salidas voluntarias y solo 50 trabajadores que quedan fuera del proceso.

Tanto CCOO como UGT han rechazado el resultado y han anunciado su impugnación en los tribunales. Los sindicatos consideran que no concurren las causas alegadas por la empresa y denuncian que no ha existido una negociación real. Desde UGT, además, apuntan a la falta de transparencia en la documentación facilitada, especialmente en lo relativo a la contratación a través de empresas de trabajo temporal, y sostienen que la compañía ha priorizado un criterio estrictamente económico, concentrando los despidos en los trabajadores con menor coste.

Entre la plantilla, el impacto del ERE se interpreta como parte de un proceso más amplio. Varios trabajadores del centro de Jerez, que prefieren mantener el anonimato, apuntan a una reducción progresiva de la actividad local en favor de plataformas en Latinoamérica. “Lo que están tratando por todos los medios es deslocalizar, mandar el trabajo fuera”, explica uno de ellos. “En poco tiempo han abierto varias plataformas en Colombia y cada vez se llevan más carga de trabajo”.

Ese traslado, aseguran, se percibe claramente en el día a día. “Puedes empezar con 1.800 gestiones y en cuestión de minutos ver cómo bajan a 300 mientras aumentan en otros países”, relata otro trabajador. “Esto no es solo un ERE, es un cierre progresivo”.

Este periódico ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con la empresa para conocer su posición. Desde UGT comentan que, hasta ahora, la empresa se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

“Una sensación muy dura después de tantos años”

El momento de las comunicaciones de despido ha dejado una huella especialmente dura en la plantilla. “Fue brutal. Veías cómo llamaban a compañeros, los llevaban a un despacho y ya no volvían”, cuenta una trabajadora. “Desviaron las llamadas y apenas trabajamos ese día. Fue una sensación muy dura después de tantos años”.

Más allá del ajuste, los testimonios coinciden en señalar un deterioro continuado de las condiciones laborales. “Por siete horas cobro unos 1.100 euros netos con las pagas prorrateadas. Allí, por ese dinero, tienen varios trabajadores”, explica un empleado. Otro añade: “La mayoría somos mujeres con hijos, con contratos parciales y sueldos muy bajos. No compensa para nada”.

La presión se articula, según describen, a través de objetivos de rendimiento que consideran inalcanzables. “Nos exigen niveles de satisfacción del 95% o incluso del 100%, algo que es totalmente irreal”, señala una trabajadora. “Todo lo que no sea un 9 o un 10 te penaliza, aunque hayas hecho bien tu trabajo”.

Ese sistema de evaluación tiene consecuencias directas en el ambiente laboral. “Con una sola mala valoración puedes perder todo lo anterior. Es una presión constante”, explican. A ello se suma la dureza de la atención telefónica: “Te pueden decir de todo y no puedes colgar. Tienes que tragártelo”.

El desgaste psicológico es una de las denuncias más repetidas. “La gestión del estrés la haces tú por tu cuenta. La empresa no te ayuda”, relata una empleada. “Para sobrellevarlo, muchas acabamos medicándonos. Es muy complicado salir de una llamada así y seguir como si nada”.

La incertidumbre sobre el futuro es ahora generalizada. “No sabemos qué será lo próximo. Nos tienen en esa inseguridad constante”, resume otra trabajadora. Muchos ya buscan alternativas fuera del sector: “La gente se está preparando oposiciones o buscando otra cosa porque no hay futuro aquí si siguen llevándose el trabajo fuera”.

Tras la ejecución del ERE, el conflicto se traslada ahora a los tribunales. Los sindicatos han iniciado la impugnación colectiva y animan a los trabajadores a recurrir también de forma individual. Entre la plantilla, las expectativas son contenidas. “Ojalá se pueda conseguir al menos que se declare improcedente y mejorar las condiciones”, señala un trabajador. “Pero la empresa ya avisó de que si no había acuerdo, las condiciones serían peores. Y así ha sido”.

Cádiz, marzo de 1976. España aún no era una democracia, los sindicatos seguían sin ser legales, y el sistema educativo continuaba anclado en los esquemas del franquismo. En ese contexto incierto, con el país apenas iniciando su transición política tras la muerte de Franco, unos 150 docentes se reunieron en el Colegio San Felipe Neri, en la capital gaditana, para debatir cómo debía ser la enseñanza en un futuro que todavía no estaba garantizado. Aquella cita, organizada por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más influyentes —y poco conocidos— en la construcción del modelo educativo de la España democrática.

El aniversario del congreso, que se conmemora este miércoles en Cádiz con un encuentro impulsado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) junto a UGT, sirve para recuperar aquella memoria y proyectarla hacia el presente. Se organiza en un colegio concertado y religioso, pero es un guiño para este centro cuya elección hace medio siglo no fue casual. La celebración del congreso en Cádiz fue posible gracias a la mediación de Javier Anso, entonces responsable del colegio mayor Chaminade, que facilitó aquel encuentro en un momento en el que cualquier reunión sindical se movía en los márgenes de la legalidad. Clave fue también un joven Manuel Chaves para elegir la capital gaditana como sede de este congreso estatal.

El encuentro se celebró entre el 19 y el 21 de marzo de 1976 en una suerte de limbo político. El franquismo había muerto con el dictador, pero seguía vivo en las estructuras del Estado. El Gobierno de Carlos Arias Navarro ensayaba una apertura limitada, sin romper con el régimen, y los sindicatos continuaban sin reconocimiento legal —UGT no sería legalizada hasta abril de 1977—. En ese escenario, la reunión de Cádiz fue posible porque el sistema empezaba a resquebrajarse, aunque el control y la incertidumbre seguían presentes.

“Lo hicimos ya tolerado. Ni autorizado, ni prohibido”, recordó años después el exdiputado Rafael Román en su libro Crónica de una generación, donde define aquel momento como una “democracia tutelada”. La expresión resume bien el equilibrio inestable en el que se movían quienes participaron en el congreso: podían reunirse, pero no sabían hasta dónde llegaban los límites.

El miedo formaba parte del ambiente. “Sensación de triunfo no había ninguno todavía. Al contrario, había miedo”, recuerda Carmen Romero, entonces joven docente y una de las participantes. La ausencia de libertades, la vigilancia política y la memoria reciente de la represión hacían que cualquier paso tuviera un componente de riesgo. Aun así, el congreso salió adelante y reunió a profesores de todos los niveles educativos —desde primaria hasta universidad— junto a representantes internacionales del ámbito educativo europeo.

Igualdad de oportunidades

Al ser clandestino, de aquel congreso no quedan fotografías, pero sí una pequeña nota en Diario de Cádiz, que refleja una asistencia de alrededor de 150 personas, organizadas en comisiones para debatir distintas ponencias: desde una “Alternativa socialista para la enseñanza” hasta un manifiesto pedagógico, pasando por cuestiones político-sociales, la formación profesional o la estructura organizativa del sindicato. Aquellos debates no eran meramente técnicos. En realidad, lo que se estaba discutiendo era el papel de la educación en la futura democracia.

Lo que salió de Cádiz fue una propuesta de transformación profunda. Los participantes defendieron una escuela pública, gratuita, laica y democrática, pero también introdujeron matices que marcarían el desarrollo posterior del sistema educativo. “No era una escuela estatal autoritaria, sino una escuela participativa y democrática”, explica Romero. “Meter ese funcionamiento democrático en la escuela era esencial”. La idea no era solo cambiar contenidos, sino transformar la propia cultura escolar, convertir los centros en espacios de participación y aprendizaje en libertad.

Otro de los ejes fue la coeducación, en ruptura con un sistema que había separado a niñas y niños durante décadas. También lo fue la voluntad de evitar la segregación social desde edades tempranas. Frente a modelos que diferenciaban itinerarios educativos según el origen o el rendimiento, los docentes apostaron por el llamado “ciclo único”, una enseñanza común que garantizara la igualdad de oportunidades.

“Había una educación para pobres y otra para ricos, y eso lo habíamos vivido”, recuerda Romero. “No queríamos que esa segregación empezara desde el principio”. La educación debía ser, en su planteamiento, un instrumento de cohesión social, no un mecanismo de reproducción de desigualdades.

El congreso también abordó uno de los debates que marcarían las décadas siguientes: el papel de la enseñanza privada. En aquel momento, la posición de los sectores más comprometidos con la escuela pública era clara, pero el desarrollo político posterior obligaría a matizarla. La Constitución de 1978, fruto del consenso, reconoció en su artículo 27 tanto el derecho a la educación como la libertad de creación de centros, dando lugar a un modelo mixto que sigue vigente. “Fue un pacto”, señala Romero. “Tuvimos que aceptar esa libertad, pero con la idea de que la educación pública debía ser el referente”.

“La clave no es hacer leyes, es financiarlas”

La influencia del congreso de Cádiz no se limitó al plano teórico. Muchos de sus participantes desempeñaron después un papel relevante en el desarrollo de la educación en democracia. El encuentro, presidido por un joven Manuel Chaves, fue un auténtico semillero de dirigentes políticos y sindicales. Estaban Romero, Román, Manuel Gracia, Javier Solana... Por sus filas pasaron nombres que más tarde ocuparían responsabilidades institucionales y contribuirían a diseñar el sistema educativo.

50 años después, buena parte de aquellas reivindicaciones forman parte del paisaje educativo español. Sin embargo, los debates de fondo siguen abiertos. La financiación de la educación pública, la situación del profesorado, el papel de la enseñanza privada o el desarrollo de la formación profesional vuelven a situarse en el centro de la discusión.

Romero insiste en que el principal problema no es normativo, sino material. “La clave no es hacer leyes, es financiarlas”, advierte. A su juicio, la falta de inversión y de planificación está generando nuevas desigualdades, especialmente en ámbitos como la formación profesional, donde el crecimiento de la oferta privada está marcando el acceso de muchos jóvenes.

A estos retos se suman otros completamente nuevos, como el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza o la transformación del papel del profesorado en un contexto de acceso masivo a la información. “Es un cambio brutal”, afirma. “El profesor tiene que orientar en un mundo en el que el alumno puede acceder a todo el conocimiento”.

La jornada reunirá a protagonistas de la época, responsables sindicales e historiadores, y actuales dirigentes y docentes, en un ejercicio que combina homenaje y reflexión, además de servir de encuentro intergeneracional. Una de sus mesas se llama ‘De la tiza a la IA’.

Ni Santiago Auserón ni sus seguidores olvidarán el concierto del pasado viernes en el Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz), y no precisamente para bien. Desde la salida a escena del artista, icono de la movida madrileña, era evidente que algo no funcionaba. El respetable esperaba que el recital remontara en algún momento, pero el reloj iba corriendo y la situación se volvía angustiosa. Una noche tan pésima que el artista ha acabado pidiendo disculpas en redes sociales, renunciando a su caché y prometiendo un concierto de resarcimiento cuando su salud mejore.

Antonio es uno de esos espectadores que vieron al ídolo en sus horas más bajas. “Empezó extrañándome la forma de tocar al principio, luego los continuos parones y el hecho de que prácticamente no terminara ni un tema. Santiago decía todo el tiempo, ”voy a hacer esta canción otra vez, quiero hacerla bien’, pero la gente le decía que siguiera, aplaudía y le daba ánimos. Pero la cosa no mejoró. Alguien se marchó al grito de ‘¡Santiago, que te den!’, pero la mayoría nos quedamos. Estábamos todos consternados, esa es la palabra“.  

Hubo algún momento extravagante, como cuando pasó cerca del teatro una banda de música de las que ensayan estos días para la Semana Santa, y el músico propuso salir afuera a escucharla. Sin embargo, el concierto se cubrió de tintes más bien dramáticos. “Santiago discutió con el tipo del sonido por alguna cuestión técnica, mientras intentaba en vano sacar el concierto adelante. Nos decía cosas como ‘me parece que no estoy conectando con vosotros. Yo estoy aquí para que lo paséis bien, pero no sé qué me pasa’. Estábamos viendo a un tipo brillante, pero que tocaba en la luna”. Quienes grabaron esa noche con sus teléfonos móviles han evitado hasta ahora difundir las imágenes, por temor a dañar la imagen del cantante.

Dos meses de baja

Al día siguiente de esta cita, el propio Santiago Auserón se dirigía a través de las redes sociales a sus “queridos amigos” de San Fernando, Cádiz. “Anoche en el Real Teatro de San Fernando me fallaron las fuerzas. Sabía que me arriesgaba a ello, porque me habían aconsejado la baja médica por hipertensión debida a agotamiento extremo y, pese a todo, quise intentarlo. No salió bien. Lo siento mucho. Algunos incidentes técnicos me complicaron aún más la cosa. Pero no valen excusas. En cuanto me recupere un poco, me gustaría corresponder de algún modo a quienes tuvisteis la amabilidad de comprar la entrada. Así lo voy a plantear a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Salud”.

Este lunes, Auserón anunciaba la cancelación de un concierto previsto en la Casa de la Cultura de Peralta (Navarra) para el 28 de marzo, con este mensaje: “Por indicación médica, y a raíz de los acontecimientos del pasado viernes, el artista deberá suspender su actividad profesional durante los dos próximos meses para atender su recuperación”.

Fuentes del Ayuntamiento de San Fernando comentaban a elDiario.es Andalucía que, a pesar de lamentar las condiciones en que transcurrió el recital, no procedía una reclamación por incumplimiento de contrato ni diligencias similares, pues el concierto se había realizado. Poco después, en las mismas redes, Auserón confirmaba que “hemos acordado con el Ayuntamiento la devolución íntegra del importe de las entradas. Asimismo, y pese al esfuerzo por cumplir con los compromisos adquiridos en una situación de evidente agotamiento, hemos decidido renunciar al cobro del caché, en coherencia con nuestro compromiso artístico y por respeto al público y a la institución. El espectáculo no pudo desarrollarse conforme a lo previsto, y entendemos que la confianza de quienes adquieren una entrada para asistir a nuestros proyectos debe ser siempre correspondida”.

“La Concejala de Cultura María José Pacheco Guerrero, a quien agradecemos personalmente, la comprensión y el cariño recibido, nos ha informado que hoy mismo se ha enviado un correo a los compradores informándoles de esta decisión. El reembolso del importe de las entradas se efectuará automáticamente a través del mismo método de pago utilizado en la compra. Gracias por vuestra comprensión y por el cariño recibido. Esperamos reencontrarnos con todos vosotros cuando Santiago esté plenamente recuperado”.

Personas frágiles

El incidente pone de relieve la presión a la que está sometida esta profesión, y que se manifiesta en sonados hitos como el desmayo que sufrió la cantante Pastora Soler, el trastorno de ansiedad reconocido por Beret o las más recientes cancelaciones de Morrisey. Circunstancias que incluso han apartado de los escenarios para siempre a intérpretes talentosos y de éxito.

El sevillano David Linde ha sido tour manager de numerosas bandas, así como responsable de festivales como Nocturama o Microclima. La noticia de San Fernando le sorprende y no. “He trabajado con Santiago y sé que es un profesional super serio, que se cuida mucho. Pero también he aprendido en estos años que un artista es una persona muy frágil, que carga sobre sus hombros un peso muy grande. Lo raro es que estas cosas no pasen más a menudo”.

Linde ha vivido todo tipo de peripecias con los músicos a los que ha acompañado, desde ataques de agorafobia a pánico a que falle la memoria. “Muchos, si pudieran, actuarían para un solo espectador, y de espaldas”, asevera. El manager se sorprende de no haber tenido que cancelar nunca por estos motivos, “aunque luego he tenido que ir con muchos al hospital”, y desde luego asegura que la leyenda de la fiesta eterna durante una gira es precisamente eso, leyenda: “A partir de un nivel, un camerino es un lugar sagrado en el que no entra ni el tato. Después del concierto, sí, puedes tener alguna fiesta, pero si al día siguiente viajas y tienes bolo, te aseguro que te lo piensas. Lo del alcohol y las drogas está sobredimensionado: ahora lo que más consume un músico es omeprazol, porque el estómago es el que más sufre estas presiones”.  

“Tenemos que pensar que un futbolista, si tiene una molestia, no sale a jugar”, concluye Linde. “Pero yo he visto salir a tocar a gente horas después de un accidente de tráfico, o a la que se le ha comunicado un rato antes que se ha muerto su madre. Y tienes que salir a convencer a cinco o diez mil personas de que no te cansan los kilómetros ni te duele la rodilla. Eso no hay cerebro que lo aguante”.

Los síntomas del 'burnout'

Del cerebro de los artistas sabe, y mucho, Rosana Corbacho, psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia especializada en la industria musical. Tal vez por eso, lo sucedido con Santiago Auserón no le sorprende. “En la consulta los casos de burnout es lo que más frecuentemente atiendo”, comenta. “El estrés crónico tiene consecuencias físicas en el cuerpo. A cada persona le afecta de una manera. Los síntomas más comunes de burnout son: irritabilidad, problemas de sueño, de estómago, tensionales, ansiedad, disminución de la productividad y la motivación, dolores de cabeza e intensificación de los síntomas de otras enfermedades que la persona pueda padecer (i.e. tinnitus en los músicos)”. 

Para esta especialista, “uno de los problemas del estrés es que no nos damos cuenta de cuando va aumentando porque se produce una exposición muy gradual o lo sentimos prácticamente como 'parte del trabajo'. Y si nos damos cuenta, lo que hacemos para aliviar las sensaciones desagradables de tensión suele empeorar la situación a medio plazo. En psicología lo llamamos mecanismos de afrontamiento. Uno de los más llamativos es cancelar encuentros con amistades o actividades de ocio para seguir trabajando. Ésto alivia el malestar inicial, pero hace que el nivel de estrés se vaya acumulando. En el caso de los músicos, el trabajo es lo primero. La obra, el concierto, la grabación.. Ocupa la vida entera de los artistas que se identifican con su rol laboral. Esto deja poco espacio para recuperarse y aún menos cuando se pasa por una mala época”. 

“El estrés es tensión”, añade Corbacho. “Sólo es dañina cuando se acumula o es crónica. Si un artista está notando fallos o que no llega a donde antes llegaba, seguramente experimentará señales de alerta intensas. Si además tiene un concierto y percibe las expectativas del público y de su equipo, más tensión sufrirá. Enfrentarse a cancelar es una de las peores pesadillas de cualquier artista. Yo diría que habría que hacer un trabajo de reestructuración y recuperación. Cuando ya tenemos signos de burnout el simple descanso no lo cura”. 

Eso y, por supuesto, aprender a reconocer límites. “Cuanto antes se aprende a gestionar el estrés y los límites del cuerpo, más se recupera la autonomía. Elegir las estrategias de afrontamiento más saludables y lidiar con qué se mueve dentro de uno mismo ante decepcionar al público o al equipo. A veces se tiene que llegar a situaciones extremas para evaluar y priorizar el cuidado. Y no hacerlo a tiempo siempre acaba pasando factura: al artista, a su equipo y también al público”. 

Dos altos cargos de la sanidad andaluza han declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz como investigados en una pieza separada sobre los contratos de emergencia. Es de recordar que este juzgado, cuya investigación que se centraba en el presunto abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley, abrió a comienzos de año nuevas diligencias a partir de la ampliación de la querella presentada por el PSOE, que se unificó con la investigación ya en curso a raíz de una denuncia de Podemos.

El exgerente del hospital Puerta del Mar en Cádiz, Sebastián Quintero, y al jefe de compras de la Junta del SAS en esta provincia, Demetrio González (que ya declaró en abril del año pasado), han rehusado responder a preguntas de los abogados de ambas formaciones políticas, según comentan fuentes cercanas al caso, que añaden que la Fiscalía no ha comparecido a las citaciones judiciales.

Apenas tres días después de que un juzgado de Sevilla archivase la causa contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas, otro juzgado en Cádiz ha abierto una “pieza separada” para investigar la misma querella del PSOE -personado como acusación popular- y ha citado a declarar como imputados a:

La causa original en el juzgado de Cádiz se centraba en el abuso de contratos menores del SAS como un “fraccionamiento masivo” para burlar la ley. La nueva línea de investigación apuntaba a otro tipo de adjudicaciones directas: los contratos de emergencia con clínicas privadas, es decir, la misma causa que fue archivada por un juez de Sevilla.

Ambas causas parten de las mismas denuncias de los interventores del SAS en las ocho provincias, que alertaron en sus informes desfavorables de las irregularidades en la contratación directa, sin publicidad ni concurrencia, con un puñado de clínicas privadas.

La querella que se archivó en Sevilla era la más trabajada -15 meses de instrucción- y documentada de las tres causas judiciales contra el SAS, aunque la Junta no estaba personada. Sí lo está -como responsable civil subsidiaria- en esta causa que instruye el juzgado de Cádiz por malversación en el fraccionamiento masivo de contratos menores.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y en otro tribunal de Córdoba, los socialistas presentaron cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

Las adjudicaciones a dedo del SAS a la sanidad privada están siendo investigadas por estos dos juzgados andaluces, aunadas ya la denuncia del PSOE y la de Podemos: los contratos de emergencia sin aparente cobertura legal tras la pandemia; y el “abuso” de contratos menores encadenados, a través del fraccionamiento irregular de contratos por valor de 235,4 millones para “vulnerar” la ley, que es lo que investiga el tribunal de Cádiz.

El Gobierno de Moreno sólo está personado en el causa de los contratos troceados, primero se presentó como parte perjudicada y al poco modificó su personación a “responsable civil subsidiario”, admitiendo por primera vez que pudo haber algún desfalco en las cuentas públicas.

Al mediodía, cuando el casco blanco del Viking Saturn se recortaba contra el cielo limpio de Cádiz, algo no sonaba. O, mejor dicho, dejaba de sonar. El zumbido constante de los motores auxiliares, ese murmullo grave que durante años ha acompañado la presencia de cruceros en el muelle Alfonso XIII, desaparecía por primera vez. En su lugar, un gesto casi invisible: un brazo articulado, como una grúa discreta, se alzaba junto al barco y lo conectaba a tierra. Electricidad en vez de combustible. Silencio en vez de ruido. Aire más limpio en vez de humo. Ese gesto, aparentemente técnico, marca un antes y un después en la relación entre la ciudad y su puerto.

Cádiz ha inaugurado este miércoles el primer sistema de suministro eléctrico a cruceros de España, el conocido como OPS (On-shore Power Supply), una infraestructura que permite a los buques apagar sus motores mientras están atracados y conectarse a la red eléctrica terrestre. La escena tiene algo de simbólico. Durante décadas, los puertos han sido espacios de progreso y, al mismo tiempo, focos de contaminación. Lugares donde la actividad económica convivía con emisiones, partículas y ruido, especialmente en ciudades como Cádiz, donde el muelle forma parte del paisaje cotidiano. Hoy, esa tensión empieza a resolverse con tecnología.

El sistema, desarrollado por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y Endesa, ha supuesto una inversión conjunta de más de ocho millones de euros, con apoyo de los fondos europeos NextGeneration. Pero más allá de la cifra, lo relevante está en sus efectos: se estima que en su primer año evitará la emisión de unas 5.000 toneladas de CO₂, el equivalente a retirar 2.800 coches de la circulación durante doce meses.

La reducción no se limita al dióxido de carbono. Según los cálculos de Puertos del Estado, el OPS permite recortar hasta un 96% de los óxidos de nitrógeno (NOx), un 94% de las partículas y un 8% de los óxidos de azufre (SOx). Traducido a la vida cotidiana: menos aire irrespirable, menos olor a combustible, menos impacto sobre la salud de quienes viven o pasean junto al puerto. Y para los responsables de estos muelles se reducen también los motivos de quienes se quejan de tantos cruceros en la ciudad.

“Se trata de que los ciudadanos no vean la actividad portuaria como algo agresivo a su vida cotidiana”, ha defendido la presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, durante la inauguración. Y en una ciudad donde el puerto está literalmente al lado de las casas, esa idea adquiere una dimensión casi doméstica. Durante años los colectivos ecologistas, vecinos y algunos partidos políticos han cuestionado la apuesta que Cádiz ha hecho por este turismo. Lo han denunciado por el humo que sale de los barcos, por los ruidos y la vibración que se cuela en las ventanas, que recuerda de forma persistente que el turismo también tiene un coste invisible. Con el OPS, según sus responsables, ese coste se atenúa. Los motores auxiliares, necesarios hasta ahora para mantener en funcionamiento sistemas como la refrigeración, la iluminación o los equipos de emergencia, pueden apagarse.

La electricidad que los sustituye, además, tiene certificado de origen renovable. Es decir, no solo se traslada la producción energética fuera del barco, sino que se hace reduciendo aún más su impacto ambiental. El resultado es un modelo que encaja con las exigencias europeas de descarbonización y con una creciente sensibilidad social hacia la sostenibilidad.

El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha insistido en esa idea durante su intervención: los puertos no son solo infraestructuras logísticas, sino “motores de impulso de la transición energética”. En su visión, la electrificación de los muelles es una pieza más de un cambio de modelo que afecta a toda la cadena de transporte, desde el barco hasta el tren que distribuye las mercancías tierra adentro.

Riesgos técnicos, económicos y regulatorios

Santana ha recordado que esta transformación no surge de la nada. Está respaldada por la Ley de Cambio Climático, por directivas europeas y por un plan de inversiones que prevé destinar alrededor de 1.000 millones de euros a proyectos similares en el conjunto del sistema portuario español hasta 2030. Cádiz, en ese contexto, ha llegado antes que otros puertos.

No es un detalle menor. Ser el primero implica asumir riesgos técnicos, económicos y regulatorios. La electrificación de un muelle no funciona como la de una vivienda: requiere adaptar tensiones, frecuencias, potencias y sistemas de conexión a las necesidades de cada buque. También exige un marco normativo que garantice que el modelo es viable para las empresas.

Por eso, tanto desde Puertos del Estado como desde la Autoridad Portuaria se ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada. “Sin la participación de Endesa, que gestionará el servicio durante 35 años, el proyecto difícilmente habría salido adelante”, han dicho los representantes de las administraciones en sus discursos.

El sistema instalado en Cádiz tiene una potencia de 16 MVA y está diseñado con un enfoque modular que permitirá ampliarlo en el futuro hasta 24 MVA y dar servicio a varios barcos simultáneamente. De momento, en esta primera fase, puede atender a un único crucero, suficiente para empezar a cambiar la dinámica del puerto.

Y esa dinámica importa. En 2025, Cádiz recibió más de 624.000 cruceristas, que generaron un impacto económico superior a los 25 millones de euros solo en gasto directo en la ciudad, según los datos aportados por Teófila Martínez. A eso habría que sumar el consumo de las tripulaciones y la actividad vinculada a la reparación de buques en los astilleros. El puerto gaditano está aguardando los resultados de un estudio encargado a la Universidad de Cádiz para actualizar los ingresos que conlleva este tipo de turismo.

La idea es contraponer esos datos a las críticas que en muchas ciudades, también en Cádiz, generan los cruceros por su impacto ambiental y su repercusión en la vida cotidiana. La electrificación de los muelles se ofrece como una manera de justificar la actividad económica reduciendo sus efectos negativos. No es una solución mágica. No elimina todos los problemas asociados al tráfico marítimo. Pero sí introduce un cambio tangible, visible. Un crucero conectado a la red es un crucero que no se oye, que no huele, que contamina menos.

La escalada militar en Oriente Próximo tras los ataques de Israel y EEUU contra Irán ha vuelto a situar a las bases militares andaluzas de uso conjunto hispano-estadounidense en el centro del debate internacional. Las instalaciones de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) han sido señaladas en distintos análisis estratégicos como posibles puntos de apoyo logístico para la operación militar, una circunstancia que ha provocado tensiones diplomáticas después de que el Gobierno español haya vetado que se utilicen para ese fin, amparándose en el tratado bilateral de defensa con Washington.

La decisión ha abierto un pulso político con la administración de Donald Trump, que ha anunciado posibles represalias contra España aún sin concretar. Sin embargo, a muchos kilómetros de los despachos donde se toman esas decisiones, la vida cotidiana en torno a las bases sigue su curso con relativa normalidad.

En Rota, donde la presencia militar estadounidense forma parte del paisaje desde hace décadas, la sensación predominante entre los trabajadores es de calma vigilante. María José Milán, representante de CCOO en el comité de trabajadores del personal laboral de la base naval, asegura que la actividad diaria no ha cambiado.

“Estamos trabajando con normalidad. Las circunstancias ahora mismo no han cambiado en nada. Seguimos cada uno en nuestro sitio, sin restricciones ni cambios en el trabajo”, explica. Según relata, dentro de las instalaciones no se perciben alteraciones en los turnos ni en la organización habitual.

Acostumbrados a la tensión internacional

La sindicalista reconoce que las noticias sobre el conflicto internacional generan conversaciones y cierta inquietud, pero insiste en que, al menos por ahora, esa preocupación no se ha trasladado al funcionamiento cotidiano de la base. “Lo que comenta la gente es lo que puede pasar, porque cada día salen declaraciones o noticias sobre Trump o sobre la guerra, pero la realidad es que seguimos trabajando con total normalidad”, señala.

La experiencia acumulada por décadas de presencia militar también contribuye a rebajar la sensación de alarma. Milán recuerda que no es la primera vez que la base vive momentos de tensión internacional.

“Llevo treinta años trabajando aquí y estos episodios se repiten cada cierto tiempo”, afirma. A su juicio, lo que sí introduce un elemento nuevo es la figura del actual presidente estadounidense. “La incertidumbre viene más por tener a un presidente tan impulsivo. Eso sí es diferente a lo que recordamos en otras etapas”, comenta.

En Morón de la Frontera, donde se ubica la base aérea que también comparten España y EEUU, el diagnóstico es similar. José Armando Rodríguez Ardila, presidente del comité de empresa de KBR y representante de UGT, explica que el contexto internacional no ha generado, de momento, una preocupación directa en el ámbito laboral.

“No es la primera vez que hay incertidumbre”, apunta. La plantilla, dice, ha atravesado en el pasado otras etapas de dudas relacionadas con la actividad militar o con cuestiones laborales. Desde su punto de vista, la gravedad del escenario internacional no se ha traducido en una alteración de la rutina dentro de las instalaciones. “Si hablamos de actividad laboral, preocupación o inquietud ninguna”, resume.

Una economía ligada a las bases

Mientras tanto, en el municipio gaditano de Rota, la actividad económica ligada a la base tampoco ha sufrido cambios significativos. Comercios, bares y pequeños negocios mantienen el ritmo habitual, aunque algunos comerciantes reconocen que en determinados momentos se producen descensos puntuales de actividad cuando parte del contingente militar abandona temporalmente la zona. Son situaciones que los vecinos consideran habituales en una localidad donde la economía está estrechamente ligada a los movimientos de personal militar.

La propia Milán subraya hasta qué punto la presencia de la base está integrada en la vida económica de la ciudad. “Rota y muchos municipios de alrededor vivimos directa o indirectamente de la base”, explica. Según detalla, no solo los trabajadores del recinto militar dependen de su actividad, sino también empresas auxiliares y grandes compañías industriales vinculadas al mantenimiento de buques o a servicios logísticos.

La sindicalista advierte de que el debate político sobre la presencia militar suele ignorar esa realidad económica. “Es muy fácil decir desde una gran ciudad que se vayan las bases, pero aquí no hay industria y la provincia de Cádiz sigue teniendo una de las tasas de paro más altas”, señala. Para muchas familias, añade, la base representa una garantía de estabilidad laboral difícil de sustituir. “¿Cuál sería el plan B? Porque decir que se vayan está muy bien, pero después hay que explicar de qué vamos a vivir”, plantea.

En Morón, las preocupaciones laborales se orientan en otra dirección. Rodríguez Ardila explica que el comité de empresa lleva años reclamando mejoras en las condiciones de los trabajadores españoles que prestan servicio en la base aérea.

Un tratado que se revisa en mayo

“Desde 2013 hemos presentado diversos informes reclamando la equiparación laboral con la base de Rota”, explica. Según detalla, la petición se ha trasladado a distintos gobiernos sin que hasta ahora haya habido avances significativos.

A su juicio, España debería aprovechar las renovaciones del acuerdo bilateral con EEUU para introducir mejoras laborales para la plantilla. “El Gobierno español, gobierne quien gobierne, debería velar por los intereses de los trabajadores españoles”, sostiene.

El sindicalista considera que la próxima revisión del tratado puede ser una oportunidad para abordar esa cuestión. “Ahora que el tratado bilateral se revisa en mayo, hay tiempo para introducir una enmienda al convenio”, propone.

Rodríguez Ardila critica que las modificaciones realizadas en el acuerdo desde finales de los años ochenta hayan respondido fundamentalmente a las necesidades estratégicas de EEUU. “Las únicas enmiendas que ha habido desde 1988 han sido a propuesta de EEUU y siempre para recoger necesidades de EEUU”, afirma. Incide en que “es el momento de que España recoja a toda la plantilla de ambas bases de manera que estemos equiparados en derechos ya que, actualmente, estamos en un limbo jurídico que nos deja indefensos”.

Tranquilidad y prudencia

Más allá de los trabajadores de las bases, entre los vecinos de Rota se percibe una mezcla de tranquilidad y prudencia. José Antonio Lucero, docente y escritor roteño, explica que en las conversaciones cotidianas del municipio no se detecta una sensación de alarma generalizada.

“En las charlas del parque o al recoger a los niños del colegio se percibe bastante tranquilidad”, comenta. A su juicio, el municipio está acostumbrado a convivir con el foco mediático cada vez que se produce un conflicto internacional en el que interviene EEUU.

Sin embargo, Lucero sí detecta un matiz diferente en esta ocasión. “Quizá lo que genera cierta incertidumbre es la discrepancia política entre el Gobierno español y el estadounidense”, explica. Según apunta, ese choque institucional introduce una variable nueva en un contexto que la población local conoce bien.

También menciona la figura del presidente estadounidense como elemento que alimenta las dudas. “Nunca una situación así había estado en manos de alguien como Donald Trump, que es impredecible”, reflexiona.

Pese a ello, insiste en que la percepción general en la localidad es de estabilidad. “La base se percibe como algo muy consolidado, con inversiones millonarias en marcha, como la ampliación de los muelles”, señala.

Menos actividad en Morón

En Morón, Jacobo Vázquez, vecino del municipio e integrante también del comité de empresa, describe un ambiente igualmente tranquilo en el día a día.

“A nivel de ciudadano de Morón la situación es normal. La base ahora mismo tiene incluso menos actividad que en otras épocas”, afirma. Según explica, no se han detectado movimientos extraordinarios ni incrementos significativos de vuelos militares.

El propio Vázquez señala que algunas alarmas que circulan en redes sociales responden más a confusiones que a hechos reales. “A veces se oye un avión y la gente piensa que es de la base, pero muchas veces son Eurofighters españoles”, aclara.

Donde sí existe preocupación, admite, es en el terreno laboral. “La incertidumbre que tenemos es por los puestos de trabajo”, explica. Según relata, la plantilla española ha ido disminuyendo en los últimos años sin que se haya producido un relevo con nuevas contrataciones.

La situación se agrava, añade, por la falta de tejido industrial en la comarca. “Aquí en la campiña sevillana prácticamente solo tenemos campo: olivo, aceituna… y poco más”, señala. En ese contexto, muchas familias dependen directa o indirectamente de la base.

Familias que comen de la base

“Hay muchas familias que comen de la base y tenemos miedo de que peligran nuestros puestos de trabajo”, explica. Vázquez también critica que las reivindicaciones laborales de la plantilla no hayan sido atendidas por los distintos gobiernos.

“Estamos cediendo terreno para el uso de estas bases y lo mínimo es que se garantice trabajo y condiciones dignas para la gente de aquí”, concluye.

Entre la normalidad cotidiana de sus calles y la incertidumbre que llega desde el tablero geopolítico internacional, Rota y Morón continúan con su ritmo habitual. En ambos municipios, acostumbrados a convivir con las bases desde hace décadas, la sensación dominante es que la vida sigue igual… al menos por ahora.

Esperanza Fernández tiene dos mellizos. La niña se llama como ella. El niño se llama Francisco. Los dos nacieron con una discapacidad y son atendidos cada día en el centro de educación especial Infanta Doña Cristina, perteneciente a la asociación UPACE de San Fernando. De 13:30 a 15:00 almuerzan dentro de estas instalaciones. No es solo una comida. Forma parte del aprendizaje de ambos. La Junta ha mantenido este año la misma subvención a comedores escolares, pero, al presentarse más centros, ha excluido a este y otros centros similares de Andalucía. El criterio técnico barema el número de estudiantes, pero no atiende sus necesidades especiales. Es lo que ha llevado a Esperanza, a todas las familias del colegio de sus hijos y a otros centros de la provincia a elevar su voz indignada contra la Junta de Andalucía.

“Sin comedor no hay inclusión”, comenzó a leer Esperanza. Ella ha sido la encargada de poner voz a la concentración con la que las familias se han manifestado ante la puerta de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. Asistían familias, asociaciones y profesionales del ámbito de la discapacidad para denunciar la falta de financiación para los comedores en centros de educación especial tras la última resolución de ayudas de la Junta de Andalucía. Para Esperanza Fernández, el problema no es abstracto ni administrativo: tiene nombres propios y forma parte de la rutina diaria de sus hijos.

En centros como UPACE San Fernando, el comedor no es un simple lugar donde los alumnos almuerzan antes de volver a casa. Forma parte de la atención especializada y del aprendizaje diario de niños con grandes necesidades de apoyo. Algunos requieren ayuda para mantener la postura al comer, supervisión para masticar o tragar, o asistencia completa en la alimentación, que en determinados casos se realiza mediante sonda y personal cualificado. La ausencia de financiación convierte un servicio educativo en un obstáculo diario.

“La dotación tiene que crecer”

El problema se refleja en una cifra que las familias repiten con indignación: de los 19 centros de educación especial que solicitaron la subvención en Andalucía, solo seis han recibido ayuda. 11 quedaron en lista de espera y dos fueron excluidos por completo. Para muchos, la sensación es que el sistema les está dando la espalda. “El presupuesto lleva años prácticamente congelado, mientras que el número de centros y de alumnado ha aumentado”, explica Ana Lorenzo, gerente de UPACE San Fernando. “Si cada vez hay más centros y más niños que necesitan estos servicios, la dotación tiene que crecer. Si no, inevitablemente muchos se quedan fuera”. En este caso, es la primera vez que UPACE San Fernando queda sin apoyo económico para el comedor, un golpe que las familias sienten con fuerza. Si no hay remedio, calculan que tendrán pagar más de mil euros. Son familias que ya tienen que abonar a diario las costosas terapias que reciben sus hijos.

En los centros de educación especial, el comedor no puede ser un servicio opcional o complementario: forma parte del proyecto educativo y del horario lectivo. Los alumnos necesitan apoyo profesional para adquirir y mantener habilidades básicas relacionadas con la alimentación, como controlar la postura, masticar o tragar, o seguir rutinas que fomenten su autonomía. Por eso, el manifiesto insistía en que el comedor debe considerarse un derecho educativo y no una actividad suplementaria. Las familias también denuncian que los criterios de las convocatorias no contemplan las necesidades específicas de este alumnado, que en muchos casos tiene grados de discapacidad superiores al 50%.

La situación no es nueva, según Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión Andalucía, quien recuerda que la falta de financiación para los comedores escolares en centros de educación especial lleva repitiéndose en los últimos diez años. Parte del problema reside en la falta de coordinación entre las ayudas del Ministerio y las de la administración autonómica. “Hay becas que son compatibles, pero los datos no se cruzan. Al final, incluso hay centros que deben devolver dinero cuando se detecta duplicidad”, explica Fernández. La burocracia, advierte, termina penalizando a quienes más dependen de la administración para garantizar servicios esenciales.

Mayor competencia

La Junta de Andalucía, que ya se ha reunido con la Federación Feproami, que representa a las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral de Cádiz, ha defendido que las ayudas para comedores en centros privados que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales o que se encuentran en zonas de transformación social no habían tenido problema hasta este curso. Según ha explicado, la convocatoria ha dispuesto de dos millones de euros y ha funcionado mediante concurrencia competitiva, con un baremo público para determinar qué centros han recibido la subvención.

Educación ha señalado que este año se han presentado más centros que cumplen los requisitos, y que el listado provisional, publicado en noviembre, ha dejado al centro UPACE San Fernando entre los suplentes, con la misma puntuación que el año pasado. La diferencia, ha indicado, es que el último centro que ha entrado en la subvención este año ha obtenido 13 puntos, mientras que UPACE ha tenido 12. La resolución definitiva se ha publicado en diciembre y ha sido incluida en el BOJA en enero.

La consejera, Carmen Castillo, ha anunciado mejoras para el curso que viene. Entre las medidas que ha contemplado están aumentar ligeramente el presupuesto, para atender la creciente demanda, y revisar el baremo, que no ha cambiado en los últimos años, para garantizar que los criterios se han actualizado. Castillo ha reconocido que, aunque UPACE había recibido la subvención con la misma puntuación en cursos anteriores, este año no ha podido ser incluido por las limitaciones presupuestarias y la mayor competencia.

Luchar por la ayuda

Pero estas explicaciones no atienden lo que piden las familias. Creen que sus centros no deberían ser sometidos a una baremación ni tener que luchar entre ellos para obtener una ayuda. Porque, como han insistido en sus cánticos, sin comedor no es posible la inclusión plena. Muchas de las entidades que gestionan estos centros nacieron de la iniciativa de padres y madres. “No somos empresas privadas; los dueños somos los padres”, recuerda Javier Díaz, presidente de AFANAS Cádiz. Mantener estos centros implica un esfuerzo económico constante: pagar trabajadores, mantener instalaciones y cubrir servicios que en ocasiones no reciben financiación oficial.

La demanda de las familias es clara: ampliar la partida presupuestaria o cambiar el sistema de financiación para que el comedor deje de depender de convocatorias competitivas. Y, sobre todo, una solución urgente para este mismo año. Mientras tanto, la protesta dejó un mensaje contundente: para niños como Esperanza y Francisco, y para muchos otros, comer también forma parte de aprender.

Juan Clavero recuerda la noche que pasó en el calabozo de Ubrique. Recuerda que las luces no se apagaban, que no sabía si era de día o de noche, y que temía de verdad no poder demostrar que esa droga que le habían encontrado en su coche no era suya. Cuando la detención de este reconocido ecologista, con décadas de lucha y compromiso, se difundió fueron muchos los que entendieron que le habían tendido una trampa. Así lo consideró el juez que archivó una causa contra él y que abrió otra para intentar encontrar a los culpables de “intentar arruinarle la vida”. La sección octava de la Audiencia Provincial condenó a dos personas, Manuel Alcaide y José Miguel Herrera, pero a una pena mínima por denuncia falsa, y evitó penas para otros dos investigados y la Sociedad Breña del Agua Investment S.L., a la que Clavero acusaba de usurpar caminos públicos de la sierra gaditana. Protesta que se intentó silenciar colocándole una bolsa con cocaína dentro de su vehículo. El ecologista recurrió esa pena y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de ordenar repetir el juicio. Ocho años y medio después todo vuelve a empezar. 

¿Qué supone para usted la repetición de este juicio?

Es un sentimiento ambivalente. Por un lado me alegro, porque el juicio fue impresentable. El tribunal impidió que se les juzgara por los delitos que se habían planteado desde el principio, como detención ilegal o conspiración, y las penas fueron muy suaves en relación con la gravedad de los hechos. A mí me intentaron meter cuatro años en la cárcel por tráfico de drogas. Si me hubieran procesado por eso, habría entrado. Y, sin embargo, a ellos les cayó lo mínimo. Por ese lado es positivo que se repita. Pero llevo ocho años y medio con esto. En agosto serán nueve. Y la lentitud de la justicia genera sensación de impunidad.

¿Dónde cree que estuvo el error del anterior juicio?

No se puede iniciar un juicio desestimando parte de las acusaciones cuando había indicios suficientes en el auto de procesamiento. Eso lo dice ahora el TSJA. La decisión es fuerte porque supone desautorizar absolutamente al tribunal. La presidenta tuvo una actitud bastante hostil contra mí y bastante risueña a los abogados de los acusados. Además, la dilación indebida rebaja penas. Todo acaba beneficiando a los condenados. Ahora vuelven a ser presuntos porque hay que juzgar otra vez a los cuatro implicados y también a la empresa.

En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche

¿Qué espera del nuevo juicio?

Que cambie el tribunal, por apariencia de imparcialidad. Un tribunal que ni siquiera quiso juzgar determinados delitos difícilmente va a apreciarlos ahora. Y espero condenas proporcionales. Esto puede tener consecuencias muy importantes. O hay una sentencia ejemplar o se estará legitimando la impunidad de prácticas mafiosas. Si las penas son pequeñas y las empresas salen de rositas, el mensaje es peligrosísimo: que con conflictos sociales puedes intentar hundir a alguien y no pasa nada. Pero si hay una sentencia ejemplar, dentro de la ley, puede disuadir a otros. En una democracia no se puede intentar silenciar a quien defiende caminos públicos metiéndole droga en el coche.

¿Llegó a temer que pudieran llegar tan lejos?

Jamás se me habría ocurrido. Llevo décadas luchando por caminos públicos y espacios naturales y he tenido conflictos duros, pero esto no. Cuando la Guardia Civil me registró la furgoneta y me mandó a 100 metros mientras encontraban la bolsa, pensé que era una pesadilla. Luego vino el calabozo. Una noche entera con dos focos encendidos, sin reloj, sin gafas, sin saber qué hora era. Dándole vueltas a cómo podían haberme metido aquello.

¿Tuvo miedo?

Claro. Por mi familia, por mi reputación. El primer día aparecí en medios nacionales como detenido por tráfico de drogas. Eso fue durísimo. Recuerdo los grilletes, te inmovilizan. Mi mujer y mi hija me vieron llegar esposado con ocho guardias civiles sin saber nada. Es una imagen que no se borra.

¿Quién le ayudó?

Ahora lo puedo contar. A mí ayudaron dos cartas anónimas que me llegaron con datos internos para que pudiera defenderme. Ahora sé que eran de un guardia civil. Y me ayudaron vecinos, testigos... Y hubo pruebas claves, como las cámaras de un bar donde se reunió el cabo con uno de los implicados horas antes del dispositivo. Sin esa colaboración habría sido muy difícil demostrar nada. Porque, ¿cómo pruebas quién y cómo te meten una bolsa debajo del asiento? También recibí muchos apoyos. Menos algún medio nacional y algún político como Germán Beardo (alcalde de El Puerto), me sentí muy respaldado.

¿Cree que hubo algo más que una actuación individual?

Yo no tengo pruebas de que la empresa organizara todo, pero la responsabilidad civil subsidiaria es evidente. Directivos de la empresa participaron usando recursos de la empresa. Y la empresa fue absuelta. Eso debe revisarse. Además, hablamos de una finca de miles de hectáreas, con conflictos por la usurpación de caminos públicos, con un modelo de gestión muy vinculado al viejo caciquismo. Aquí no estamos hablando de un malentendido.

Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público

A pesar de todo lo que le ha pasado, sigue en la misma reivindicación: recuperar los caminos públicos de los montes de la provincia de Cádiz.

Al revés, lo que me ha pasado me ha hecho llevarlo con más fuerza. Si me hubiera encerrado o retirado, habrían ganado. Esto puede sentar un precedente. O se consolida la idea de que al que levanta la cabeza se le pega un porrazo, o demostramos que por la vía legal se puede defender el patrimonio público.

El conflicto de fondo sigue siendo la defensa de los caminos públicos.

Exacto. Los caminos son calles del campo. Son de titularidad municipal. Y muchos ayuntamientos los han dejado perder física y jurídicamente. No estaban inventariados ni inscritos en el registro. Ahora hemos conseguido que algunos municipios avancen. Ubrique lo tiene aprobado, Zahara está a punto. Grazalema hizo el inventario en 2019 y lo tiene en un cajón. El camino sigue cerrado. Eso es lo que no puede ser.

¿Y cómo va esta lucha?

Vamos a iniciar una vía nueva que permite la ley: que vecinos del municipio pidan amparo judicial para obligar al Ayuntamiento a abrir el camino. No es una denuncia, es un requerimiento. Si el juez nos da la razón, ordenará la apertura. Es un paso importante. Ya he conseguido el sí de algunos vecinos de Grazalema.

Estos días ha vivido en persona también las lluvias extremas en la Sierra de Grazalema porque usted tiene casa en Benamahoma. ¿Cómo lo ha llevado?

También de forma ambivalente. El espectáculo natural ha sido impresionante. El agua en Grazalema es algo grandioso. Pero hemos estado aislados en Benamahoma varios días, sin poder entrar ni salir, sin poder ir a comprar el pan, con horarios restringidos. Ha habido ansiedad. Y daños económicos importantes en restaurantes y negocios.

¿Ve en estos episodios una confirmación del cambio climático?

Sin duda. Los científicos llevan décadas advirtiendo de un aumento de fenómenos extremos en el Mediterráneo: sequías más fuertes y temporales más intensos. El Mediterráneo se está calentando a niveles del Caribe. Lo que estamos viendo son sistemas casi huracanados entrando por el este. Y, sin embargo, crecen los discursos negacionistas. Es muy preocupante.

¿Cree que no estamos aprendiendo?

No estamos tomando conciencia suficiente. Igual que con la pandemia: si hubieran ganado los negacionistas, el desastre habría sido mayor. Aquí pasa lo mismo. O tomamos medidas urgentes o nuestros pueblos no van a aguantar lo que viene. No es un problema de nuestros nietos. Es de nosotros.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Juan Clavero y Ecologistas en Acción, y que fue apoyado por la Fiscalía, contra la sentencia dictada el día 14 de octubre de 2024 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Jerez, según informa en una nota de prensa Ecologistas en Acción.

La sentencia condenó a Manuel Alcaide Parra y a José Miguel Herrera Díaz como autores criminalmente responsables de un delito de denuncia falsa, a las penas de un año de prisión y multa de 15 meses, a razón de 6 euros de cuota diaria. Asimismo se les condenó a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Juan Clavero en la suma de 20.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. La sentencia absolvió a los otros dos procesados, Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, y a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L.

La sentencia incluía como hechos probados que José Miguel Herrera Díaz, gerente en 2017 de las fincas propiedad de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., acordó con Manuel Alcaide que “participase en dicha ruta haciéndose pasar por simpatizante del grupo ecologista y que, disimuladamente, introdujera cierta cantidad de drogas en el vehículo de alguno de dichos miembros para, a continuación, avisar a la Guardia Civil y propiciar la apertura de las correspondientes diligencias penales”. Estos hechos son constitutivos de un delito de denuncia falsa, con penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, que terminaron siendo reducidas por dilación indebida, recuerda la asociación.

El tribunal “impidió que se abordaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal”, que plantearon tanto la acusación particular ejercida por Juan Clavero, como la popular ejercida por Ecologistas en Acción, destaca la nota. Ambas acusaciones solicitaban penas más elevadas e indemnizaciones más cuantiosas, dada la gravedad del daño que se pretendió causar a Juan Clavero, que podría haber terminado en prisión como traficante de drogas.

Ecologistas en Acción consideró “muy sorprendente” la absolución como responsable civil subsidiaria de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., pues quedó demostrado que su administrador, José Miguel Herrera, fue quien organizó la trampa para imputar a Juan Clavero como narcotraficante, y que admitió en el juicio que contrató a Manuel Alcaide como espía y, según reconoce la sentencia, para introducir cocaína en el vehículo de Juan Clavero.

Tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción anunciaron que recurrirían la sentencia ante el TSJA, como así hicieron, y ahora dicho tribunal les ha dado la razón, anulando la sentencia y obligando a repetir el juicio.

Juan Clavero y Ecologistas en Acción muestran públicamente su satisfacción por esta resolución, que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama, no solo por el delito de denuncia ilegal sino también por los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal. Los acusados se podrían enfrentar a una pena de siete años de cárcel y multa de 21.600 euros, además de a una cuantiosa indemnización. Asimismo, se volverá a plantear que se condene a la Sociedad Breña del Agua Investments S.L. como responsable civil subsidiaria.

Ecologistas en Acción espera que en el nuevo juicio se haga justicia y no quede impune ninguno de los implicados en esta trama.

El mantra que ha rodeado la negociación sobre el Tratado de Gibraltar, desde 2020, ha sido el de la creación de un área de prosperidad compartida, entre los territorios todavía divididos por una Verja, levantada hace un siglo por Gran Bretaña y que desaparecerá si el contenido del acuerdo es finalmente ratificado por la Eurocámara, por el Parlamento de Gibraltar y por el de Reino Unido. Sin embargo, lo que hoy se comparte en el conjunto del área, entre el Peñón y la comarca circunvecina, es la incertidumbre sobre la puesta en práctica de los acuerdos, a partir de su previsible entrada en vigor, de manera provisional, el próximo 10 de abril, ya que presumiblemente habrá tiempo para sustanciarlo completamente antes de esa fecha.

A los empresarios de Gibraltar les preocupan las nuevas tasas impositivas equivalentes al IVA del 17 por ciento, el mínimo de la Unión, que rige en Luxemburgo y el régimen de importaciones de productos británicos que puede restarle competitividad al comercio y a la hostelería local. A los trabajadores transfronterizos, que la igualdad de derechos con los gibraltareños y británicos no acabe con los contratos a cero horas que rigen todavía en el Peñón y que vienen siendo denunciados por la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASTEG).

A los gibraltareños, les inquieta la seguridad ciudadana y ya reclaman cámaras de vigilancia para evitar un hipotético incremento de la delincuencia. Y a los ecologistas, que el Tratado no deje suficientemente clara la protección de la Zona de Especial Conservación (ZEC) del Estrecho Oriental, área protegida por la legislación europea, incluida en la Red Natura 2000, ante las maniobras de bunkering –suministro de combustible de barco a barco, en alta mar—o los rellenos sobre la superficie marina. Al menos, el Tratado deja claro que Gibraltar se sumará a la tasa del mercado de emisiones de Carbono, con el horizonte puesto en el año 2030, lo que aminorará la competencia desleal respecto al puerto de Algeciras.

“Traición”

El contencioso de soberanía sigue quedando fuera de la melé, pero la prensa y la ultraderecha británica de Reform UK ya hablan de “traición” del Gobierno laborista de Keir Starmer, aunque el grueso de la negociación corrió a cargo de varios gobiernos conservadores, antes de su caída. En España, desde el Partido Popular, también se ha reprochado que nuestro país no haya sacado más ventaja para recuperar parte del istmo que se anexionó Gran Bretaña para levantar el aeropuerto, que ahora gestionará una joint venture europea y gibraltareña, con los controles Schengen ejercidos por la Unión Europea –esto es, España--, pero con un filtro local que seguirá correspondiendo a las autoridades gibraltareñas y británicas. 

Juan Franco, alcalde de La Línea, sigue exigiendo un trato singular para su localidad, habida cuenta del impacto que tendrá el volumen de tráfico que supondría una Verja de puertas abiertas. El previsible incremento en el precio de la vivienda es otro de los motivos de preocupación en la localidad vecina a la Roca, así como la supervivencia económica de la ciudad. Sin embargo, de momento, el Ayuntamiento ha optado por el pragmatismo y ha cedido 1.800 metros cuadrados de terreno al Estado sobre los que se edificará un viario que conectará la aduana española con el aeropuerto de Gibraltar, para la futura gestión de la zona aeroportuaria de la Roca.

El alcalde Franco valorado esta iniciativa como “muy importante” en lo que representa la reordenación de este entorno, “además de consolidar la zona y dar viabilidad a proyectos en los que desde el equipo de gobierno viene trabajando desde hace tiempo, como el Centro Tecnológico en terrenos del recinto ferial”. Dicho esto, a caballo entre los acuerdos internacionales y las necesidades localistas, se ha apresurado a aclarar que el real donde se asienta actualmente la Velada y fiestas no sufrirá por todo ello merma alguna, como los agoreros vaticinaban.

A nivel de infraestructuras, el alcalde entiende que es muy positivo poder contar con dicha infraestructura, ya que el uso conjunto del aeropuerto supondrá beneficios para el municipio linense.

“Texto complejo”

Nada más conocerse oficialmente el contenido jurídico del Tratado, el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, el sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix, a la sazón presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara baja, ha valorado el texto definitivo del acuerdo sobre la relación futura con Gibraltar tras el Brexit, calificándolo como un hito diplomático que transformará la realidad socioeconómica de la comarca.

“Estamos ante un texto complejo en el que la diplomacia ha trabajado durante años, siempre bajo la tutela del comisario Maros Sefcovic y con el impulso decidido del presidente Pedro Sánchez”, ha asegurado el dirigente socialista, volviendo a entonar el mismo mantra, el de que este acuerdo es la respuesta a la apuesta por una “zona de prosperidad compartida” que beneficiará a más de 300.000 campogibraltareños y vecinos de la provincia de Cádiz.

El líder de los socialistas gaditanos ha subrayado la “transparencia y participación” que ha guiado todo el proceso, resaltando que el ministro Albares ha mantenido un contacto fluido y permanente con los ocho alcaldes de la comarca, la Junta de Andalucía, la Diputación y los agentes económicos y sociales. “Frente a quienes buscaban la opacidad, este Gobierno ha traído a la comarca al ministro en múltiples ocasiones y ha comparecido tanto en el Pleno como en la comisión de Exteriores para dar cuenta de cada paso”, ha defendido el también presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.

“Después de todo el ruido”

En el plano político, Ruiz Boix ha lanzado un mensaje directo a la oposición: “¿Qué van a hacer ahora el PP y sus socios de ultraderecha? Después de todo el ruido que han armado en torno a unas negociaciones tan vitales, el resultado es un texto que mejora la vida de la gente”. El secretario general ha exigido al Partido Popular que abandone su estrategia de confrontación en Europa y que sus representantes en la Eurocámara respalden un acuerdo que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía a ambos lados de la frontera.

Desde las filas conservadoras, no se tienen las mismas sensaciones. El alcalde de Algeciras y senador por la provincia de Cádiz, José Ignacio Landaluce, que fue presidente de la comisión de Exteriores del Senado hasta que se dio de baja del partido tras una denuncia por abusos que ha quedado archivada, sigue presidiendo la Corporación algecireña y mantiene un escaño, como “no adscrito”. Desde esa responsabilidad, ha vuelto a lamentar que la ciudadanía del Campo de Gibraltar “nos tengamos que seguir enterando del contenido del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, con cuentagotas y a través de terceros, mientras que los legítimos representantes de los campogibraltareños carecemos de cualquier tipo de información al respecto”, volvió a protestar poco antes de que se conociera el contenido del Tratado.

“Es absolutamente inconcebible que a menos de 24 horas de que la Comisión Europea dé a conocer el contenido íntegro, los alcaldes de la comarca, aún no hayamos recibido ninguna información oficial por parte del Gobierno de España, sabiendo que lo que está en juego es el presente y el futuro de 300.000 campogibraltareños. Hemos solicitado numerosas reuniones con el Ministerio de Exteriores y con el resto que se está encargando de los detalles del acuerdo, y ni siquiera hemos recibido respuesta, ni nuestro Parlamento va a poder debatir el texto, con lo cual nos vamos a ver inmersos en un proceso en el que todo nos va a venir impuesto y sin consultar”, aseguró este miércoles.

Frente a la labor de transparencia y pedagogía que ha venido llevando a efecto el Gobierno gibraltareño durante las últimas semanas, a través de un sinfín de reuniones sectoriales, Landaluce recalca que “desde que comenzó este largo proceso, que se ha ido demorando una vez tras otra, siempre se han registrado más sombras que luces en lo que a facilitar información sobre el acuerdo se refiere, y ahora, que estamos en la recta final, se mantiene la misma tesitura. Lo lógico es que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España hubiese convocado a los representantes de los ciudadanos del Campo de Gibraltar para informarles, entre otras cuestiones, de la tan deseada zona de prosperidad compartida, y de la que poco o nada se está hablando por el momento. Perdimos muchas oportunidades tras el Brexit y la postura de fortaleza española se convirtió en entreguismo y debilidad por intereses del PSOE”.

“Convidado de piedra”

“Ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que el Campo de Gibraltar va a ser poco menos que el convidado de piedra en este acuerdo, en el que todo parece indicar que en la colonia británica seguirán untando la tostada por los dos lados cuando a este lado de la frontera necesitamos que unos cuantos no se sigan aprovechando de las bondades de una comarca que requiere de una atención especial tanto por parte del Gobierno español como desde la Unión Europea. La vecindad es buena, pero no la ocupación. El buenismo se está demostrando que es perjudicial para nuestra comarca, para nuestra región y para el conjunto de España”.

Manuel Triano, secretario comarcal de CCOO y miembro del Grupo Transfronterizo, que reúne a sindicalistas y empresarios de ambos lados de la Verja, considera necesario que el Gobierno español adopte “medidas que permitan a personas trabajadoras y empresas afrontar la puesta en marcha del tratado sobre Gibraltar, sin contratiempos y con pleno conocimiento de la nueva realidad y de laa oportunidades que pueda representar”..

“Supone un cambio de suma envergadura para la realidad socio-económica del Campo de Gibraltar y consideramos que el Gobierno de España debe poner en marcha los mecanismos de acompañamiento necesarios para que la sociedad campogibraltareña transite sin mayores contratiempos a la nueva realidad”, sostiene Triano.

Para este sindicato, si bien los agentes económicos y sociales han podido tener varios encuentros con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, “son muchas las incógnitas que persisten respeto al contenido del texto acordado; sobre sus repercusiones en los derechos e intereses de las personas trabajadoras afectadas y sobre los sectores económicos que han venido teniendo relaciones comerciales con Gibraltar”.

En este sentido, desde CCOO consideran que las notas técnicas que ha venido emitiendo el gobierno de la Roca han sido el único foco de información que han tenido en los últimos tiempos, hecho este que, a su criterio, han contrastado con el silencio de las autoridades españolas.

“Todo parece indicar que el periodo de implementación el tratado va a ser muy breve y esto se une la complejidad de los cambios que van a operar, siendo por ello que nuestro sindicato considera imprescindible la puesta en marcha por el Gobierno de España de un dispositivo de asesoramiento y tutela durante el proceso de implementación del Tratado”, ha añadido Triano que, no obstante, ha saludado la bondad del Tratado, sobre todo, si se tiene en cuenta que de fracasar este proceso, un Brexit duro en la Verja sería catastrófico para la economía de la zona y especialmente para los trabajadores.

Carta abierta

En una carta abierta al Ministro Principal, Fabian Picardo, y a la Ministra de Negocios, Gemma Arias-Vásquez, los representantes empresariales del Peñón --entre quienes figuran su histórica Cámara y su Federación de Pequeñas Empresas—han reafirmado su firme apoyo al Tratado y su clara preferencia por un resultado negociado para el Brexit local. En ese contexto, las empresas firmantes del escrito celebran la certeza que ofrece el Tratado «tras una década de incertidumbre respecto a la futura relación de Gibraltar con Europa».

Sin embargo, la carta advierte que el margen de tiempo es reducido y corto el periodo de transición de tres meses, fijado de antemano. Al mismo tiempo, entienden que «la confirmación tardía de la fecha de implementación han incrementado significativamente los riesgos que enfrentan las empresas, especialmente en los sectores minorista, mayorista, logístico, de servicios y de mercancías». Entre los aspectos que más les preocupa, figura el hecho de que «las empresas se enfrentan a un aumento inmediato del arancel de importación debido al impuesto de transacción, que sube al 15% desde tipos anteriores tan bajos como el 0%, junto con impuestos especiales más altos».

Todo ello provocará, a su juicio, interrupciones en la cadena de suministro, existencias invendibles, presión de flujo de caja y pérdidas en contratos existentes. La comunidad empresarial también expresó su creciente frustración por la falta de una guía detallada para saber a lo que van a enfrentarse, a partir de ahora, en el día a día.

Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, en una reunión telemática con el comité constitucional de la Cámara de los Lores relativo a los territorios de Ultramar de Estados Unidos, puso en valor que el secreto del éxito del Tratado estribó en que no constituyó “una imposición para nosotros de ninguna manera”, sino que las autoridades gibraltareñas tuvieron un papel protagonista en todo el proceso: “Creo que el factor clave para tener éxito en las negociaciones con la Unión Europea ha sido que estas negociaciones se han llevado a cabo para Gibraltar por Gibraltar, junto y mano a mano con las sucesivas administraciones del Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido”, aseveró Picardo.

Aunque deja claro que la cuestión de la soberanía no forma parte del Tratado, el rotativo británico “The Telegraph” ha calificado el mismo como una “traición” del Gobierno laborista de Keir Starmer, al entregar el control de los accesos al Peñón a la Unión Europea.

A renglón seguido, Suella Braverman, parlamentaria del partido ultraderechista británico Reform UK, insistió, como ya hiciera con el compromiso adquirido en junio respecto a este acuerdo, que se trata de “otra traición total de este vergonzoso gobierno”, en referencia a los laboristas del Reino Unido.

“Equivocada”

“Decía entonces, como lo digo ahora –le replicó Picardo--, que estás tan equivocada ahora como lo estabas en junio. El acuerdo que hemos alcanzado con la UE fue negociado por el Gobierno de Gibraltar junto con los ministros conservadores y laboristas del Reino Unido. Es un acuerdo excelente para los gibraltareños de todas las nacionalidades. Agradezco especialmente a James Cleverly y a Wendy Morton su apoyo durante este período, ya que Wendy visitó Gibraltar para una sesión informativa a principios de esta semana. Informé a la líder conservadora, Kemi Badenoch, durante mi última visita a Londres y espero contar con el apoyo de todos los partidos para este excelente acuerdo, que nos ayuda a evitar los numerosos y graves obstáculos que el Brexit creó para Gibraltar”.

Cabe recordar que cuando David Cameron convocó el referéndum sobre el Brexit, el 93 por ciento de los gibraltareños votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. Ahora, saben que si el Tratado se ratifica, seguirán siendo orgullosamente británicos, pero un poco más europeos.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', y varias personas de su equipo por su posible participación en un delito de prevaricación administrativa y revelación de secretos en relación con el desempeño que tuvo un asesor de su partido en el consistorio.

El auto de procedimiento abreviado pone fin a la instrucción que se inició por una denuncia de CCOO que acusó a un asesor de Por Cádiz sí se Puede de hacer tareas en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 hasta abril de 2019, fecha en la que obtuvo una plaza como técnico de la administración general y se integró en la plantilla municipal del Ayuntamiento. Y abre la posibilidad de enjuiciar los hechos.

Según el auto, “puede sostenerse en términos de provisionalidad” que Kichi; David Navarro González Santos (entonces concejal del Área de Personal), José Vicente Barcia Magaz (jefe de Gabinete de Alcaldía), José Ramón Páez Pareja (asesor de Alcaldía) y Laura Jiménez Ortega (concejala Delegada del Servicio de Turismo) “habrían impuesto” mediante órdenes verbales, “y en base a una decisión política”, que el asesor del partido Fernando García Acuña, participara en procesos de contratación municipal sin tener cobertura legal para ello y “condicionando la actuación de los funcionarios legalmente habilitados”.

“Se le permitió que ocupara un despacho municipal, se le insertó en el tráfico de comunicaciones del Ayuntamiento con funcionarios, asistió a reuniones, impuso criterios en expedientes de contratación y se comportó como un funcionario cuando no lo era”, indica el juez.

García Acuña “no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual, sino asesor del Grupo Municipal Por Cádiz sí que se puede” y actuó en el área de contratación del Ayuntamiento “con la ficción de tratarse de personal eventual designado por el gobierno municipal”.

“Bajo la cobertura que le daban los investigados, tenía acceso a los expedientes de contratación y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera del citado Ayuntamiento, los que tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes de contratación en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados”, relata.

En el auto el juez acuerda seguir las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado y pide al fiscal y a las acusaciones personadas, CC. OO. y PP, que en el plazo de cinco días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa.

Kichi y su formación han enmarcado siempre este caso en el “'lawfare' a la gaditana”, por el que el exalcalde sumó durante sus ocho años de mandato 17 denuncias que fueron archivadas.

Según ha sostenido, el asesor implicado en este caso ayudaba al alcalde y sus concejales, con un contrato externo a través del partido, trabajaba en las dependencias del grupo municipal y con medios que facilitaba el partido.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, ha indicado que va a mantener una reunión con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para abordar con él la situación del sinhogarismo en la capital gaditana, después de que se hayan producido en los últimos dos meses la muerte de cinco personas que vivían en la calle.

En declaraciones a los medios durante una visita al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), Maetzu ha detallado que esta problemática ya ha la había comentado con el alcalde gaditano (PP) en su oficina de Sevilla, pero que ahora va a volver a la ciudad para tratar de nuevo el asunto.

Según sus datos, en Cádiz hay “110 personas” sin hogar, lo que en población como esta es, en su opinión, “dominable”, aunque la intención es tratar también cuántas de esas personas necesitan atención en otras materias como salud o cuántos “deberían no estar en la calle durmiendo” y si presentan alguna patología que requiera otro tipo de atención, así como la situación de los albergues.

“Solamente con llevarles calor y comida no suficiente”, ha aseverado el Defensor del Pueblo, quien ha reconocido que “muchas veces” estas personas “no quieren ir al albergue porque no quieren estar controlados”.

No obstante, ha reiterado en posibles patologías psicológicas “que deberían ser tratadas”, estar solos por haber sido “abandonados por sus familias” o haber acabado en situación de pobreza. Esto, ha reconocido Maetzu, ya lo trató con el alcalde de Cádiz cuando acudió a Sevilla, y la intención ahora es volver a hacer una “radiografía” de la ciudad y ver qué medidas se pueden aplicar para reducir esta cifra de personas que vivan en la calle.

En numerosas ocasiones el Ayuntamiento de Cádiz ha recordado que el centro de acogida municipal para personas que están sin hogar ofrece atención residencial de manera temporal y servicios dirigidos a normalizar la convivencia de este colectivo, procurando la necesaria intervención para su inserción social.

Recientemente, el alcalde aseguraba que el Ayuntamiento va a ampliar los recursos disponibles con más plazas, nuevas instalaciones y la incorporación de apoyo sanitario y de salud mental, resaltando que “no habrá límite de medios” para atender a este colectivo.

Además, anunciaba que votaría a favor de la comisión de investigación que Adelante Izquierda Gaditana va a proponer en el próximo pleno ordinario ante “las denuncias conocidas en las últimas semanas sobre la existencia de un protocolo dirigido a desalojar a personas sin hogar de distintos espacios públicos de la ciudad”, un protocolo que desde el Gobierno local quieren esclarecer su origen y aplicación.

Agentes de la Policía Local de Algeciras (Cádiz) han interceptado al conductor de un autobús que casi sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para estos profesionales y que circulaba con 25 pasajeros en el interior del vehículo.

Los hechos se produjeron después de que la pasajera de un autobús que se dirigía desde Algeciras hasta el puerto de Tarifa realizase una llamada a la Sala del 092 alertando de que el conductor del vehículo en el que viajaba presentaba “claros síntomas” de encontrarse bajo los efectos de haber consumido alcohol, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Efectivos del Grupo de Atestados y agentes de la Unidad de Seguridad y Convivencia (USEC) comenzaron la búsqueda del autocar de inmediato, logrando localizarlo en la vía de servicio de la carretera a Málaga, ya que la demandante había facilitado todos los datos del vehículo, incluyendo la matrícula y la dirección en la que circulaba.

Tras interceptar el autobús e identificar al conductor, los policías lo sometieron al test de alcoholemia, una prueba que arrojó un resultado inicial de 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el máximo permitido para este colectivo profesional es de 0,15. Al ser sometido a una segunda y tercera prueba, el resultado final fue de 0,74 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

El Ayuntamiento ha explicado que al tratarse de una vía interurbana, cuya competencia corresponde a la Guardia Civil, los policías locales comparecieron en la Comandancia del Instituto Armado para realizar las diligencias correspondientes.

Cinco personas sin hogar han muerto en Cádiz en lo que va de año. Manuel, Miguel, Juan Manuel y Jorge fallecieron a lo largo del mes de enero. Esta semana ha muerto Juan, de 68 años, mientras pernoctaba en la puerta de un garaje del casco antiguo. La sucesión de estas pérdidas en apenas dos meses, concentrados además en el periodo más frío del año, ha provocado una fuerte conmoción social y ha forzado al PP, que gobierna en la ciudad, a aceptar una comisión de investigación para aclarar qué está sucediendo y buscar soluciones urgentes.

La última muerte fue la de Juan. Según informó el Ayuntamiento, entre la 01.10 y la 01.45 horas agentes de la Policía Local que realizaban labores de vigilancia preventiva fueron requeridos por un ciudadano que alertó de que un hombre no respondía a estímulos en el interior de un garaje situado entre la Alameda y la calle Zorrilla. Se activó el Centro de Coordinación Operativa (Cecopal) y se desplazó una ambulancia con médico. Tras la valoración, la forense certificó el fallecimiento y el Cuerpo Nacional de Policía activó el protocolo de levantamiento del cadáver.

Juan, de origen sevillano, llevaba seis meses viviendo en la calle, según había contado él mismo. Era una de las 120 personas sin hogar que, según los recuentos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), sobreviven en la ciudad sin un techo seguro en el que guarecerse. Su muerte eleva a cinco las registradas desde el inicio del invierno, una cifra inusualmente alta para un municipio del tamaño de Cádiz (110.000 habitantes) y que ha disparado las preguntas sobre si los recursos disponibles son suficientes y si los protocolos de actuación se están aplicando de forma adecuada.

La APDHA ha calificado la situación de “emergencia humanitaria” y sostiene que no se trata de episodios aislados sino de un fallo estructural en la protección de las personas más vulnerables. La organización insiste en que la calle no es solo un espacio de exclusión social sino un entorno de riesgo permanente para la salud física y mental. El frío, la humedad, la falta de descanso adecuado y la dificultad para acceder a atención médica agravan patologías previas y generan nuevas complicaciones. En ese contexto, advierte, cada invierno multiplica la exposición al peligro.

Entre sus reivindicaciones figura la apertura inmediata de alojamientos de baja exigencia que garanticen un techo digno las 24 horas del día durante todo el año, sin condiciones que dejen fuera a parte de este colectivo. También reclama la creación de un equipo de calle específico de salud mental, capaz de intervenir directamente en los lugares donde pernoctan las personas sin hogar, y el refuerzo de los dispositivos para cubrir toda la ciudad, incluidas las zonas de extramuros. La entidad pide además un impulso decidido al modelo Housing First —que prioriza el acceso estable a la vivienda como punto de partida para la intervención social— y la garantía de comedores públicos abiertos sin interrupciones los 365 días del año.

Para la organización, el problema no es coyuntural ni exclusivamente meteorológico. Insiste en que la prevención es clave: intervenir con rapidez cuando una persona empieza a perder apoyos y recursos evita que la exclusión se cronifique y reduce el riesgo de desenlaces trágicos. En su diagnóstico, la falta de coordinación y de inversión sostenida termina trasladando a la vía pública situaciones que podrían haberse abordado antes.

Al alcalde de Cádiz, Bruno García, la continua muerte de personas sin hogar se le atraganta en cada comparecencia pública. “No es que cinco muertes sean demasiadas, una ya lo es”, le respondió a un periodista esta semana cuando se confirmó el quinto fallecimiento. A García le duele especialmente que PSOE y Adelante Izquierda Gaditana usen este asunto como arma política. Por eso sus mensajes se centran siempre en que el Ayuntamiento no ha aplicado ningún nuevo protocolo para atender a las personas sin hogar, y que fue su antecesor, José María González, el que promovió un documento para vigilar y desalojar parques y jardines. Se sirve de un informe que exhibe cada vez que puede, y que será su principal arma en la comisión de investigación que ha aceptado crear, convencido de que nadie podrá demostrar que su gobierno ha dejado sisn asistencia a estas personas.

García detalló que se están ampliando plazas y dispositivos y que continúan las obras para rehabilitar el futuro albergue de la calle Soledad, que permitirá incrementar el número de camas disponibles. También señaló que el nuevo pliego del servicio, previsto para noviembre, incorporará un refuerzo específico en el ámbito sanitario y de salud mental, con el objetivo de ofrecer una intervención más integral, especialmente en casos de patologías graves o trastornos mentales. El alcalde reconoce que “siguen siendo insuficientes ante la complejidad del fenómeno” y, por eso, ha dicho esta semana que ha dado orden “de no poner ningún límite económico” y ha defendido una estrategia “expansiva total” para ampliar cobertura social y equipos técnicos.

Al alcalde le desmienten los partidos de la oposición y también colectivos como los trabajadores de parques y jardines, que denuncian que desde el 10 de julio del año pasado, y no antes, se aplica un protocolo que hostiga a las personas sin hogar al forzarles a marcharse sin sus pertenencias. Un trabajador fue sancionado hace poco por la empresa, según el comité, por negarse a cumplir con esas medidas.

El actual Gobierno local mantiene que el documento en cuestión fue elaborado a petición del anterior alcalde, José María González, y que el procedimiento vigente es el mismo que ya existía, aunque con mecanismos de control añadidos. La comisión, según ha explicado el alcalde, servirá para esclarecer públicamente el origen, la elaboración y la aplicación práctica del protocolo, incluidas actuaciones como el desmantelamiento de acampadas en etapas anteriores.

Más allá de la controversia política, el foco vuelve a los fallecidos. Las entidades sociales subrayan que la cifra no puede analizarse solo como una estadística, sino como un indicador de que los dispositivos de prevención, detección temprana y atención continuada no están logrando evitar situaciones límite. Y, por tanto, hay riesgo de que la lista de nombres, la de Manuel, Miguel, Juan Manuel, Jorge y Juan, sume otro más en cualquier momento.