Medio campo de fútbol. Es la superficie que ocupan centenares de sacas de ceniza de carbón instaladas desde hace año en el puerto de Carboneras (Almería). Se encuentran a la intemperie, contienen metales pesados y su manipulación genera nubes tóxicas. Así, al menos, lo han denunciado los vecinos de esta localidad del litoral almeriense ante la Guardia Civil y la Fiscalía.

En su denuncia ante la Guardia Civil. plataforma 'Muévete por Carboneras' alega que el pasado 12 de junio llamaron a la policía municipal porque “se estaban moviendo unos sacos llenos de ceniza procedentes de la quema de carbón en la Central Térmica Litoral de Almería, que llevan años depositados en la terminal del puerto de graneles”.

Gestión de residuos

La asociación, compuesta por organización vecinales, ecologistas y empresariales de la localidad, critica la negligencia con la que se gestionan estos residuos en el puerto de Carboneras. “Debido al abandono, estos sacos se han deteriorado hasta tal punto que ya no pueden contener esas cenizas”, apunta.

Denuncian que la carga en camiones de las sacas, al carecer de asideros, se realizó mediante un buldócer que vertía “en cada movimiento inmensas cantidades de pulverulento generando en el medio y en la atmósfera una nube tóxica de grandes dimensiones”. Las cenizas procedentes de la quema de carbón concentra metales pesados (arsénico, cadmio, plomo, cromo...) y residuos radioactivos, como radón o uranio.

No es la única emisión tóxica que denuncian. El 17 de junio, en la terminal del puerto de graneles se manipularon yesos con una grúa de cuchara “dando lugar a grandes emisiones de polvo en la atmósfera”. Días antes, se cargaron yesos en un buque, “volcando el material desde una altura de unos seis metros, generando también unas emisiones a la atmósfera muy graves”.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía este viernes 21 de junio apuntan que las operaciones de carga y descarga de yeso se realizan “sin existir medidas preventivas efectivas de las emisiones de polvo que se producen con la manipulación, carga y descarga, realizadas abiertas al entorno, sin ningún tipo de sistema que las cierre, como sí ocurre con la descarga del carbón en el mismo puerto y terminal (sistema cerrado), el cual debería ser el mismo para el yeso”.

Cenizas de carbón al aire libre

Según los denunciantes, estas actividades de carga y descarga no tienen autorización de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible y no se toman las medidas correctoras obligatorias para evitar las emisiones a la atmósfera.

Además, la carga y descarga de estos residuos se produce “a menos de 500 metros del campo de fútbol municipal (donde entrenan todos los equipos infantiles y alevines de Carboneras) y del tanatorio”, así como la desaladora de agua potable, la playa del Corral y una reserva marina del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Alegan que desconocen que “exista ningún sistema de control que determine la concentración de estas partículas en el «Muelle de la Ribera I» durante el tiempo que se han estado realizando las emisiones a la atmósfera en la zona, sin saber cuál es la calidad del aire que inhalan los residentes de Carboneras”.

Según Juan José Alférez, portavoz de la plataforma y presidente de la Asociación de Empresarios de Carboneras, se trata de “miles de toneladas acumuladas desde hace más de tres años al aire libre y las sacas se han deteriorado. Las están moviendo, porque necesitan el espacio para el acopio del mineral procedente de la mina de Alquife (Granada)”.

Según la Fundación Bahía Almeriport, entidad de interés público que engloba la Autoridad Portuaria de Almería y a las empresas que operan en el Puerto de Carboneras, “las actividades que se desarrollan en el Puerto de Carboneras cumplen con la normativa, y se está en un proceso permanente de actualización ante las nuevas normativas que se van produciendo, y que en ningún caso en el Puerto de Carboneras se produce tránsito de ningún residuo peligroso”.

Por su parte, la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería (Junta de Andalucía) asegura que “no nos consta que se esté incumpliendo la normativa sectorial. En concreto, un decreto del año 2012 de actividades contaminantes al aire”, pero que “se va a volver a hacer una comprobación por parte del técnico de la situación de la actividad que se está desarrollando en la actualidad”. La Junta de Andalucía añade que se está adaptando la normativa actual, pero que eso no significa que se esté incumpliendo la normativa por la que se regía“.

Aunque señalan que “las cenizas de carbón no tienen condición de residuo peligroso”, un estudio científico apunta que “las cenizas de estos procesos no deben ser dejadas en espacios abiertos sino depositarse adecuadamente para evitar tanto su volatilización como su dispersión por el viento y de este modo disminuir los riesgos a la salud de los seres vivos”.

José Luis Amerigo, alcalde de Carboneras, asegura que están “preocupados” con el movimiento de graneles en el puerto y que están investigando “qué está pasando, si se cumple la normativa y que no afecte a la salud de los ciudadanos”.

¿El futuro puerto de la mina de Alquife?

Según informa Europa Press, en mayo, la Junta de Andalucía inició la tramitación del expediente para autorizar la salida del mineral de hierro procedente de la explotación de las minas de Alquife, en la comarca granadina del Marquesado, desde el puerto de Carboneras. La empresa J. Ronco solicitó permiso “para la manipulación de 100.000 toneladas de mineral de hierro”. Se trata de una prueba que permitiría producir y distribuir cuatro millones de toneladas de mineral al año.

Minerva Aragón, miembro de la plataforma y de Ecologistas en Acción, denuncia que los ciudadanos de Carboneras están “hartos. En el polígono industrial de Carboneras tenemos de todo y no queremos más. Se está incumpliendo la normativa para manipular yeso, hierro y ceniza. No tienen autorización desde 2015 y, por tanto, la actividad en el puerto es ilegal”. Sobre la mina, critica que “el beneficio sea para Granada y el perjuicio, aquí”.

Consultada por este diario, la empresa J. Ronco & CIA S.L, que opera en el puerto de Carboneras, ha declinado hacer ningún tipo de comentarios sobre la denuncia y la carencia de autorización ambiental para esta actividad.

Antes de las elecciones, el pleno municipal apoyó una moción de 'Muévete por Carboneras' en contra de una actividad industrial que consideran que podría perjudicar la actividad turística de este pueblo del litoral almeriense. Según la plataforma, tras la última denuncia, el alcalde de Carboneras, Jose Luis Amerigo (PSOE), “nos ha manifestado su total apoyo a la plataforma y a sus reivindicaciones”.

La madrugada del domingo, los almonteños, fieles guardianes de la tradición, saltarán la reja de la ermita de El Rocío para portar en procesión la imagen de su virgen. Hasta entonces, decenas de miles de personas habrán hecho su peregrinación por las arenas de Doñana que desemboca en la aldea onubense. De esos miles de peregrinos dependerá que se cumpla otra tradición que, aunque no tan centenaria, ha arraigado con el tiempo y que se resume en una máxima rociera: “Es tu camino. Mantenlo limpio”.

Hasta un millón de personas se llegan a concentrar en la aldea de El Rocío (Huelva). En 2018, solo por el camino que atraviesa el río Guadalquivir y el corazón del parque nacional, peregrinaron a la aldea no solo miles de personas, sino 1.200 caballos, 88 carretas, 190 vehículos pesados y casi medio centenar de vehículos ligeros. Los números se elevan cada año, pero la capacidad de carga del ecosistema por el que transitan todas personas, animales y vehículos es siempre la misma.

¿Es la peregrinación de El Rocío un enemigo mortal del parque natural de Doñana? Según Juan José Carmona, portavoz de la organización ecologista WWF en el espacio protegido y rociero de Hinojos (Huelva), “el problema es cómo el ser humano del siglo XXI afronta su relación con el medio, tanto en cantidad como en actitud. En cómo se enfrenta la sociedad actual a El Rocío actual, en la que sobrepasamos los límites y la capacidad de carga de cualquier lugar. No hay que entender El Rocío como un enemigo de Doñana. Si era un enemigo de Doñana, ha tenido 400 años para eliminarlo”. Carmona pone de ejemplo la generación de su abuelo, que peregrinaba “con una bota, un chorizo y un trozo de pan”.

Acumulación de residuos

Así, año tras año, los grandes enemigos del espacio protegido son los residuos, la depuración de las aguas, la superpoblación y el riesgo de incendio. Ecologistas en Acción denuncia que “tras el paso de más de 40.000 personas, los caminos y algunas zonas de acampada quedan en un lamentable estado de suciedad, con basuras de todo tipo, y ello a pesar de la colocación de contenedores”.

Y enumeran los residuos más frecuentes: desde plásticos hasta papeles, pasando por cristales, que pueden provocar un incendio, a plásticos y toallitas que “no se degradan y se acumulan en zonas sensibles o son llevados por el aire a la playa y al mar o son ingeridos por la avifauna con su consiguiente malnutrición y muerte”.

Hace tres años, las fuertes lluvias de la primavera, que anegaron el parque, obligaron a las hermandades procedentes de Bajo Guía a cruzar la Estación Biológica, con un resultado desastroso. En el camino conocido como el de El Lince, el paso de la comitiva acabó con el 65% de una colonia de abejarucos.

“Los técnicos de la Estación Biológica de Doñana estiman, en un primer cálculo provisional, que se han perdido el 65 por ciento de los nidos de la actual temporada de cría y han pedido precaución a estas hermandades rocieras, que en las próximas horas deben de volver por este mismo camino, evitando siempre el uso de los arcenes y laterales, ya que es ahí donde están criando estas aves”, recomendaban los científicos.

Según la organización verde SEO/Birdlife, que trabaja en el espacio protegido, para evitar estos daños “debería hacerse un estudio real del impacto que produce una romería que ha pasado de usar caballos y bestias de tiro a vehículos a motor. No hay un estudio del impacto que se produce ni de la capacidad de carga. El impacto que sufre el espacio de Doñana es altísimo”.

Para proteger tanto a las personas, como al entorno, las administraciones establecen cada año el llamado Plan Romero. Así, la Dirección General de Tráfico pone a disposición del dispositivo 275 cámaras en circuito cerrado de televisión, 245 estaciones de toma de datos, 290 paneles de mensaje variable o 15 estaciones meteorológicas. por su parte, el Gobierno de España aporta 664 vehículos, 283 motocicletas de carretera y 164 todoterrenos, 230 caballos, 29 camiones, 7 autobuses, 4 embarcaciones y un camión especial de comunicaciones.

En temas medioambientales, la Consejería de Desarrollo Sostenible apunta que se activan los servicios del Infoca en las zonas de tránsito de las hermandades y las zonas de acampada. Además, “se establecen servicios especiales para la rápida extinción de conatos e incendios. Los servicios de prevención y extinción vigilan las zonas de acampadas, itinerarios, así como los puntos de mayor riesgo de la Aldea de El Rocío”. Los itinerarios y las zonas de acampada están señalizadas y hay “sistemas especiales de recogida de residuos sólidos”.

Maltrato animal

Según WWF, permitir que se siga “metiendo más gente por los caminos, puede provocar una tragedia. Se está jugando con la probabilidad. Hay que eliminar vehículos, para eliminar personal. Hay que priorizar a los vecinos de cada municipio”.

Todos los años, un tema especialmente sensible es el del maltrato animal. Por esa razón, la Guardia Civil no solo va a estar pendiente del maltrato animal, sino que va a monitorizar las redes sociales “para que este tipo de comportamientos no se produzcan sino para que tampoco se alardeé de ellos”, según el delegado del Gobierno, Lucrecio Fernández.

Según un estudio de Pacma, en los últimos once años, han muerto 200 caballos. “Cuando tienes 30.000 animales, hay personas que si les ocurre algo los lloran como un hijo y otros que lo alquilan y les da igual. Existen casos de maltrato, pero El Rocío no es un lugar donde se maltrata a los animales de forma generalizada o habitual. A los maltratadores debe caerles el peso de la ley, pero no se puede culpabilizar a todo el rociero de lo que hacen unos cuantos energúmenos”, apunta el ecologista Juan José Carmona.

Un pequeño oasis verde a escasos metros del Atlántico. Un diminuto mar verde situado entre las marinas calles Estribor y Babor, Hércules y Arrecife. “Quedan muy pocas parcelas en el litoral español con estos atributos”, reconocía el propio arquitecto de un proyecto que talará la tercera parte de este pinar de 60.000 metros cuadrados, situado entre la playa de la Barrosa y Sancti Petri (Cádiz).

A dos meses de las elecciones municipales, el alcalde de Chiclana, el socialista José María Román, anunciaba que más de 200 viviendas de lujo, 300 aparcamientos, 180 trasteros subterráneos y 25.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas ocuparían el lugar de este pinar con 706 árboles, de los que se talarán 219. Un total de 23 millones de inversión y 500 empleos directos son las cifras que promete el regidor chiclanero, que continuará en el poder tras las elecciones del 26 de mayo. “Cuando se mueve el cemento, se mueve todo lo demás”, señalaba Román.

Toniza, el grupo local de Ecologistas en Acción, ha puesto el grito denunciando que “uno de los escasos pinares de nuestro litoral está a punto de ser destruido, tras el reciente anuncio del alcalde de su urbanización, lo que ha provocado una gran indignación en buena parte de la ciudadanía. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y su consiguiente crisis, nada se ha aprendido, pretendiendo urbanizar lo poco que quedó pendiente”.

El Ayuntamiento de Chiclana argumenta que se trata de una parcela privada en suelo urbanizable, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad gaditana. El consistorio defiende que el propietario ha solicitado “una licencia que no se le puede negar si cumple con todos los condicionantes”. “No darla sería prevaricar”, añade.

35.000 firmas contra el proyecto

Según el grupo ecologista Toniza, que ha recogido más de 35.000 firmas contra la urbanización del pinar, el gobierno local podría “haber negociado con el propietario una permuta del terreno como se hizo con el Pinar de Hierro, otro caso muy conocido en Chiclana. O haberlo comprado. Se escudan en que sería prevaricar porque no se atreven a decir que están de acuerdo”.

La polémica ha trascendido el ámbito local y líderes de la izquierda como Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en Andalucía, o Juan López de Uralde, diputado nacional de Equo, han denunciado el proyecto. Rodríguez criticaba en un tuit que “un fondo buitre va a arrasar con un pinar enorme en Chiclana para construir 206 casas de lujo. Estamos con los ecologistas que quieren impedirlo. Intolerable que destruyan la naturaleza para volver al ladrillo con el permiso de políticos irresponsables”.

Por su parte, Uralde ha presentado una pregunta al Gobierno en el Congreso de los Diputados. En declaraciones a eldiario.es Andalucía cree que, por su cercanía al mar, el Ministerio de Transición Ecológica podría intervenir y analizar “la posibilidad de emplear la Ley de Costas. En un escenario de cambio climático y de aumento del nivel del mar, es necesario promover espacios que puedan ser protectores. La obligación de la Administración es evitar que estos proyectos sigan adelante”.

Las masas de árboles no solo suponen un dique frente a la subida del nivel del mar, sino frente a otras catástrofes, como quedó demostrado tras el huracán Katrina en Nueva Orleans (Estados Unidos). “Los efectos negativos de la destrucción de estos ecosistemas boscosos fueron evidentes durante el tsunami del Océano Índico en diciembre de 2004 y los huracanes Katrina y Wilma en 2005. En los tres casos, los daños fueron mitigados en las zonas en las que había manglares y humedales, y se agudizaron en las áreas en los que éstos habían sido eliminados”, indicaba en su momento la organización ecologista WWF.

El Ayuntamiento de Chiclana ha prometido plantar cuatro árboles por cada árbol que se tale. Los ecologistas denuncian que los plantones no tienen la misma entidad que un árbol con décadas de antigüedad.

EQUO: “Es un pinar consolidado”

El diputado verde defiende que la parcela, vallada desde que se anunció el proyecto, es “un pinar consolidado, un bosque. El Ayuntamiento puede hacer mucho más que dar licencias, buscando alternativas con los propietarios. No creo que deba ni pueda aceptarse sin más una agresión a un espacio valioso”.

Los ecologistas de Chiclana denuncian que se trata de “una burda operación especulativa promovida por Aedas Homes, una promotora ligada a un fondo buitre estadounidense (Castle Lake), que se llevará casi todas las plusvalías a cambio de destruir uno de los parajes más singulares y bellos de nuestro municipio”.

El arquitecto de Operación Canalejas

El proyecto está diseñado por el estudio de Carlos Lamela. El arquitecto es famoso por haber diseñado la ampliación del estadio Santiago Bernabéu en los 80, la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez o el Centro Canalejas. Proyectos que, al contrario que el de Sancti Petri, luce con orgullo en su página web.

La Operación Canalejas ha supuesto numerosos quebraderos de cabeza para la ciudad de Madrid. Se trata de un complejo que incluye un centro comercial de 16.000 metros cuadrados, un hotel de cinco estrellas de la cadena Four Seasons, 22 viviendas de lujo a 13.000 euros el metro cuadrado y un parking de tres plantas. La inversión total alcanza los 500 millones de euros.

Según destacaba eldiario.es en una información de febrero, el proyecto “ha dejado muchos rotos a su alrededor: ha creado grietas en esculturas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, desplazó la pared de un túnel del Metro y obligó a su cierre, perforó una tubería de gas causando un escape y hasta ha eliminado una de las salidas de la estación de Sevilla”.

La justicia absolvió a finales del año pasado al arquitecto Carlos Lamela de un posible delito contra el Patrimonio Histórico al diseñar el proyecto. La Fiscalía de Madrid pedía dos años y tres meses de cárcel.

La vida brotó con fuerza en Doñana. La temida sequía se detuvo en seco ante las abundantes lluvias primaverales. El lince ibérico sigue caminando paso a paso hacia su salvación (han fallecido 27 linces atropellados en 2018, han nacido 125 y se calcula que hay ya 650 ejemplares): por primera vez en un siglo, el felino más amenazado del mundo, fue visto en Cataluña. Y, por fin, la ley de cambio climático vio la luz en el Parlamento de Andalucía. Por unanimidad.

El medio ambiente en Andalucía se ha tomado un pequeño respiro este 2018. Tras un 2017 negro, en el que el gran incendio de Doñana y las sequías presagiaban lo peor, la abundancia de lluvias durante la primavera han amortiguado algunos de los grandes males de nuestros ecosistemas.

Así, y aunque de una manera “desigual”, la vegetación se ha recuperado y ha rebrotado en las 8.500 hectáreas arrasadas por el fuego en el fatídico verano de 2017. Las tareas de reforestación en otoño han reforzado dicha recuperación con especies mediterráneas y más resistentes al fuego.

1.000 pozos ilegales secan Doñana

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias desde uno de los espacios protegidos más importantes del país. La espectacularidad de las llamas tapó, en cierta medida, el que sigue siendo el talón de Aquiles del espacio protegido: la sobreexplotación de sus aguas subterráneas. Esas que alimentan los ecosistemas donde habita la rica fauna y flora de Doñana.

Un informe del Ministerio de Medio Ambiente alertaba, una vez más, “el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en el acuífero detrítico, de mantenerse comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen”. Cinco antes advirtió exactamente lo mismo. Más de 1.000 pozos ilegales de regadíos repartidos por 1.500 hectáreas esquilman el agua que sostiene la vida en Doñana.

La sobreexplotación de los acuíferos, el polémico gasoducto o el dragado del Guadalquivir o la falta de conejo, la base alimenticia de especies protegidas como el águila imperial o el lince ibérico, siguen siendo las grandes amenazas que cercan Doñana.

Parlamento Europeo y Unesco vigilan Doñana

Tanto la Unión Europea, como la Unesco vigilan de cerca lo que ocurre en el espacio protegido. En el mes de septiembre, el Parlamento Europeo envió una misión de diputados para revisar la “seria” situación que atraviesa el parque. Está previsto que en febrero, el hemiciclo comunitario emita una serie de recomendaciones al Gobierno de España.

El gabinete de Pedro Sánchez le entregó a principios de mes un informe a la Unesco, que llegó a dar un ultimátum a España para que tomara medidas, bajo la amenaza de incluir Doñana en su lista negra de patrimonio en peligro. Meses después, tras maniobras diplomáticas españolas, suavizó su amenaza.

Mientras tanto, otro espacio protegido, la Sierra de las Nieves, está a punto de convertirse en el cuarto parque nacional de Andalucía, convirtiéndose así en la comunidad autónoma (sin contar Canarias) con más espacios de este tipo.

2018 fue el año de una triste efemérides: el 25 de abril de 1998 reventó la balsa de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), regando más de 60 kilometros de naturaleza con sus aguas contaminadas con ácidos, metales y otros residuos peligrosos.

Las minas andaluzas preocupan a los ecologistas

Los principales grupos ecologistas, que cifran el desastre en 200 millones de euros, recordaban en las vísperas que la rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas de Aznalcóllar liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Envenenó la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó al espacio natural de Doñana“.

A las organizaciones ecologistas les sigue preocupando la actividad minera que la Junta de Andalucía ha vendido como la minería sostenible del siglo XXI. Desde WWF creen que “Aznalcóllar se podría repetir. Si se reabre la mina en las condiciones que se habla, Doñana vuelve a tener una espada de Damocles inaceptable”. Y es que, según los científicos, el 9% de aquellos residuos sigue contaminado.

Sin embargo, la mina que más preocupa a los grupos verdes la de Riotinto, “porque hay diez veces más lodo que en Aznalcóllar”. El Tribunal Superior de Justicia anuló la autorización ambiental de las minas de Riotinto en el mes de septiembre por haber obviado la “exposición pública”. La Junta recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo.

Precisamente desde el Tribunal Supremo se obliga a otra mina, la de Cobre Las Cruces, a pagar 1.2 millones de euros por detraer agua para el consumo humano del área metropolitana de Sevilla y Aljarafe para épocas de sequía. Ratifica así la multa que le impuso el Consejo de Ministros y que la mina había recurrido.

También en los tribunales prosigue el caso del Cártel del Fuego, la supuesta asociación mafiosa de varias empresas aeronáuticas, que se ponían de acuerdo para manipular los concursos públicos de lucha aérea contra el fuego. La trama, con ramificaciones en Andalucía, ha salpicado también a los servicios sanitarios de urgencias y, según una investigación de este diario, la lucha aérea contra incendios forestales de este grupo de empresas se ha cobrado la vida de 18 pilotos y otras nueve personas desde el año 2000.

Los vertidos de los fosfoyesos de Huelva

Las balsas de fosfoyesos de Huelva, que acumulan residuos peligrosos y radioactivos, siguen contaminando el entorno natural y urbano de la capital onubense. Greenpeace y la Mesa de la Ría denunciaron que el temporal Enma había puesto al descubierto “los graves fallos” de seguridad de unas balsas que acumulan al aire 120 millones de toneladas. El patronato químico negaba la mayor, a pesar de las imágenes.

Se trata de unos de los grandes problemas ambientales de Andalucía que llevan enquistados desde hace años. Como el Hotel Algarrobico. El 2018 tampoco fue el año en el que vimos cómo se derriba el gran símbolo de la destrucción del litoral español. Según las previsiones de Greenpeace, con todas las administraciones remando ya en la misma dirección, el complejo hotelero ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata (Almería), debería caer en menos de cuatro años.

Millones de aves están muriendo como consecuencias de cosechar de noche en el olivar superintensivo andaluz. Esa es la voz de alarma que da un informe de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que señala que se trata de “un problema real, actual y de graves repercusiones ambientales, que trascienden los límites geográficos andaluces y nacionales, afectando a valores ambientales de diversos países del ámbito de la Unión Europea”.

El informe, al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia y ha sido avanzado por el periódico digital Cordópolis, aborda el impacto generado por la explotación del olivar superintensivo sobre las especies protegidas en Andalucía, después de recibir distintas alertas de grupos ecologistas, del Seprona de la Guardia Civil y de las propias delegaciones territoriales de la Junta en varias provincias, constatando la existencia e identificación de la muerte de las aves.

Las aves que llegan desde Europa a Andalucía a pasar los meses más fríos, “todas ellas especies migratorias protegidas por el ordenamiento jurídico vigente e incluso algunas incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas”, se refugian durante la noche en los olivares y ahí es cuando se produce la muerte de las aves con las labores nocturnas de cosecha del olivar superintensivo. “Estos importantes contingentes de aves se encuentran dormidas y vulnerables en los setos de olivar que son cosechados, sin margen alguno para poder escapar. Tal es así al estar además ayudados de focos y faros de luz, lo que ciega a las aves impidiendo su escape”.

“Las aves que llegan de la migración se refugian a dormir en los setos de olivar superintensivo y es entonces cuando las cosechadoras, equipadas con potentes focos de luz, se colocan por encima de los setos para cosecharlos, depositando los materiales colectados sobre el remolque que llevan adosado. Es ahí donde se pueden encontrar los cadáveres de aves amontonados entre la aceituna y hojarasca engullidos por la maquinaria”, describe el informe.

Magnitud del problema: 2,6 millones de aves muertas

La magnitud de estas consecuencias medioambientales de la cosecha nocturna del olivar superintensivo se cuenta por millones de aves muertas. “Las cosechadoras de superintensivo que operan desde noviembre en horas nocturnas llegan a producir unas tasas de mortalidad insostenible en términos ambientales, que alcanzan las 100 aves por remolque cosechado, lo que ofrece unas tasas de mortalidad de media aproximada de 100 aves por hectárea cosechada durante la noche”.

“Teniendo en consideración la extensión en hectáreas que Andalucía dedica a este tipo de olivar y considerando la distribución de rutas de aves migratorias, todo apunta a que cada campaña olivarera de superintensivo, en la que se cosecha durante la noche, las estimas más conservadoras apuntan a que esta práctica está afectando a 2.600.000 de aves cada año en Andalucía, especialmente en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén”.

Las especies afectadas que se ha constatado que componen la mayor parte de las bajas producidas por esta causa de mortalidad son currucas cabecinegra (Sylvia melanocephala), mosquitera (Sylvia borin) y capirotada (Sylvia atricapilla), zorzal charlo (Turdus viscivorus), común (Turdus philomelos) y alirrojo (Turdus iliacus), petirrojo (Erithacus rubecula), verderón (Carduelis chloris), mosquiteros ibérico (Phylloscopus ibericus), común (Phylloscopus collybita), musical (Phylloscopus trochillus) y papialbo (Phylloscopus bonelli), jilguero (Carduelis carduelis), pardillo (Carduelis cannabina), lavandera blanca (Motacilla alba), cascadeña (Motacilla cinerea) y boyera (Motacilla flava).

Los datos aportados por los programas nacionales de la Unión Europea de anillamiento científico de aves, indican que la mayor parte de estas aves proceden de Francia, Holanda, Bélgica, Alemania y Escandinavia y, en menor medida, del Reino Unido y de los países del Báltico.

Prácticas ilegales

Además del daño evidente producido por la muerte directa de un número de aves protegidas tan abrumador, debe destacarse que la extensión del problema trasciende la vertiente ambiental. Y es que la Consejería señala que la muerte de las aves en la cosecha nocturna del olivar supondría “infracciones administrativas claramente tipificadas –como graves- en el ordenamiento jurídico estatal y autonómico que da protección legal a la fauna silvestre (…) donde se prohíbe la captura de aves, explícitamente las migratorias, así como las molestias durante la migración y en sus lugares de reposo o descanso. Igualmente prohíben de manera explícita el uso de faros y luces para la captura de aves”.

No obstante, la norma legal de mayor peso vulnerada mediante la autorización administrativa de esta práctica agrícola es “sin duda la Directiva de Aves 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. Los incumplimientos a esta norma, ya traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, no solo conllevan infracciones de índole administrativo, sino que pueden tienen peso específico en la afección a pagos de la PAC”, advierte el propio informe.

Asimismo, queda constatado por la Guardia Civil y la propia Consejería de Medio Ambiente, que “una buena parte de estas aves son vendidas por los operarios de las cosechadoras y cooperativas al mundo de la hostelería rural, para consumo como ‘pajarito frito’. Esta práctica es ilícita y altamente perseguida por la Consejería competente en materia de Salud por carecer de las suficientes garantías sanitarias para la salud pública”.

“En opinión de la Guardia Civil, existen fuertes presunciones de que la práctica nocturna de cosecha superintensiva puede incurrir en ilícitos penales, especialmente con concurso de delitos de varios tipos penales, contra la fauna y contra la salud pública”.

Por todo ello, el informe de la propia Junta señala como solución a este importante asunto que “la mejor opción para poner fin al problema es que desde esa Consejería se prohíba la cosecha de olivar en superintensivo durante horas nocturnas, lo cual impediría que las aves migratorias sean capturadas bajo la acción de los focos”.

El 14 de febrero de 2009, el Gobierno central comunicaba a Fertiberia, empresa propiedad del Grupo Villar Mir, que tendría que dejar de verter sus residuos (fosfoyesos) junto a la ciudad de Huelva, terminando de apilar los residuos químicos de más de 40 años de actividad de las fábricas del Polo Químico.

Se iniciaba entonces lo que parecía que iba a ser un proceso de meses para comenzar a retirar de las marismas una cantidad de residuos que, desde el aire, componen un mapa que supera en extensión a la propia ciudad de Huelva. Casi diez años después, nada se ha avanzado. Los fososyesos siguen ahí, y parece que, de momento, intocables.

Este martes se escribió un nuevo capítulo en esa historia, después de que Fertiberia comunicase que ha elevado de 65,9 a 70 millones de euros el coste del proyecto de restauración de las balsas son se acumulan los fosfoyesos. Hace más de cuatro años que se completó el estudio para la retirada. Ahora, este se amplía. La empresa sostiene que así se ha tenido que hacer tras analizar las alegaciones, incluyendo, entre otras cuestiones, el sellado de los canales mareales perimetrales. Y es que la empresa se sigue aferrando, y nadie parece llevarle la contraria, a enterrar los residuos, no a llevárselos de Huelva.

Lo explicaba el responsable de la dirección técnica del proyecto y del proceso administrativo-judicial en relación al mismo en Fertiberia, Juan Ramón Miró, en una sesión informativa organizada por AIQBE, la asociación que une a todas las empresas químicas de Huelva,

Miró añade que el plan presentado incluye trabajos intensivos sobre una superficie de 450 hectáreas, como resultado de los vertidos realizados de forma continuada desde los años 60. De todas formas, añade que no sólo de residuos de las fábricas onubenses se nutren las balsas, ya que aunque también hay material como cesio-137, depositado en la zona tras el accidente de Acerinox en Cádiz. Niega, además, la mayor, al asegurar que el volumen de fosfoyeso apilado es de “80 millones de toneladas y no de 150 como apuntan desde algunos colectivos”. No obstante, ni una tonelada se ha retirado desde que hace diez años llegase la primera orden.

Intrahistoria desde el antiguo régimen

La historia de este asunto se pierde en la intrahistoria del antiguo régimen. El Gobierno español concedió en 1967 y 1968 sendos permisos a Fertiberia para ocupar 720 hectáreas en la margen derecha del río Tinto, a escasos metros de viviendas como las de la barriada Pérez Cubillas de Huelva.

Aunque en noviembre de 2003 Medio Ambiente declaró que la concesión había caducado por incumplir las condiciones, ya que en vez de apilar los tres metros de altura de residuos que le permitía la concesión, la empresa acumulaba más de 20, siguió adelante con los vertidos. Desde entonces, el Gobierno reclama a la empresa un plan para reducir progresivamente el vertido y de regeneración de la zona, que ahora se ha ampliado con respecto al de 2014.

Y eso que, en cifras, parece que la empresa está preparada para asumir el coste. Adquirió en 2005 el 66 % del capital social de Fertial, la División Química y de Fertilizantes de Grupo Villar Mir, compuesta por Fertiberia en España y Fertial en Argelia, y se consolidó como el primer productor de la Unión Europea y de todo el arco mediterráneo del sector de fertilizantes, con una capacidad de producción entonces de 8.625.000 toneladas anuales.

Su capacidad de producción se situaba con la fusión cerca de los cinco millones de toneladas, entre productos intermedios y finales, lo que representaba, aproximadamente, el 75 % del sector de fertilizantes español.

Tras varios toques de atención, la empresa cesó en la actividad en Huelva el 31 de diciembre de 2010 en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que consideraba caducada la concesión para depositar fosfoyesos en la marisma onubense. Entonces, -en mes y medio hará ocho años-, las administraciones se marcaron el objetivo de ponerse “manos a la obra” con la restauración, según apuntó el otrora consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, que decía días después que “con el cese de los depósitos se abrió una nueva etapa, un espacio de oportunidades y desde la Junta y el MARM -Ministerior- se va a hacer el trabajo desde el máximo rigor, desde la protección del medio ambiente y el cuidado absoluto a la salud de la población, aspectos que están garantizados”.

Nivel de radioactividad

Sin embargo, las balsas siguen como si nada hubiera pasado, pegadas a la ciudad y sin plan en marcha para retirarlas. Fertiberia sostiene que en 2015 concluyeron las labores de drenaje y desecación, y, hasta el inicio del proyecto lo que están haciendo es gestionar el agua de lluvia. Contra la opinión de colectivos como Mesa de la Ría o Ecologistas en Acción, la empresa asegura que “el riesgo radiológico de la balsa es nulo para la población de Huelva, por tanto, no hay afección para la salud”, aunque enseguida se habla de “niveles de radiactividad muy bajos que quedarán anulados con la ejecución del plan”.

Lo que no ha variado, aunque sí lo ha hecho el presupuesto, son los plazos. La empresa se agarra a que va a tardar 40 años en limpiar el paisaje. Argumenta que serán diez años de trabajos, a los que hay que sumar treinta más de seguimiento y control. Pero no parece tener prisa. Actualmente el proyecto está en período de evaluación ambiental por parte del Ministerio de Transición Ecológica que debe emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable o desfavorable; todo ello después de que en el 2015 el proyecto se declarara idóneo por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y se sometiera a exposición pública.

Miró dice que confían en que la DIA a este proyecto sea favorable, y ha dejado claro que “siempre se han venido rigiendo y se regirán por lo que determine la Audiencia Nacional, ya que el plan se realiza en ejecución de una sentencia”, sentencia que, si todo va bien, se puede tardar más de diez años en empezar a ejecutar, y otros 40 en ejecutarla por completo.

6.500 kilos de explosivos fueron el pistoletazo de salida para reabrir la milenaria mina de Riotinto (Huelva) en 2015 y extraer así las 153 toneladas de cobre que se estima que quedan en sus entrañas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de anular la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que la Consejería de Medio Ambiente le concedió en 2014.

¿El motivo? Se otorgó el permiso ambiental a Emed Tartessus (hoy, Atalaya Mining) sin su correspondiente periodo de exposición pública, para que cualquier ciudadano pudiera recurrirlo. En concreto, la empresa “presentó numerosa documentación que se consideraba indispensable para la tramitación del expediente” después de un primer y único periodo de exposición pública y, por tanto, se impidió la participación pública en una de las fases del procedimiento.

Dicha documentación “indispensable” incluía información sobre “suelos contaminados, ampliación del estudio acústico, aclaración sobre escombreras activas y pasivas, autorización de aprovechamientos forestales, estudio específico de afecciones a la Red Natura 2.000, adenda al estudio de impacto ambiental así como la matriz actualizada de valoración de impactos, aplicación de mejoras técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y análisis de alternativas a este proceso”.

Según los denunciantes, la organización Ecologistas en Acción, “la explotación minera no contaría con el permiso ambiental necesario para seguir operando. Además la anulación de la AAU va a conllevar de forma inmediata la nulidad de la Resolución de 23 de enero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que autorizó el reinicio de la explotación minera de Riotinto, que está igualmente pendiente de próxima sentencia en la misma Sala del TSJA”.

La Junta de Andalucía, que ha recibido este martes la sentencia, asegura que interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ya que sus servicios jurídicos “ven razones suficientes” para interponerlo y aseguran que el fallo se debe a una mera “cuestión de forma en el procedimiento del otorgamiento de la autorización ambiental”.

¿Puede seguir funcionando la mina de Riotinto?

¿Puede seguir funcionando la mina? Desde el momento en el que el Tribunal Supremo acepte el recurso de la Junta de Andalucía y/o de la empresa minera, el procedimiento queda suspendido hasta que el alto tribunal se pronuncie. Es decir, pueden seguir adelante con la explotación de los metales.

Con una salvedad: que los denunciantes soliciten la ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El TSJA tendrá que decidir si la ejecuta y si lo hace con una fianza de mayor o menor cuantía. Atalaya Mining, según recoge Europa Press, asegura que la sentencia “no tiene ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía”.

Desde Ecologistas en Acción subrayan que “sin ningún tipo de duda es la mina que más nos preocupa de Andalucía. Hay diez veces más lodo que en Aznalcóllar y contienen los mismos metales (arsénico, cadmio, plomo...)”.

Subrayan que, desde que la mina comenzó a funcionar a mediados de 2015, “ha incumplido radicalmente las condiciones de espesamiento de los lodos vertidos a las grandes presas del recinto minero. Tenían que verter los lodos con un 50% de densidad de agua y lo están haciendo al 70%. Eso significa que la primavera pasada que fue muy lluviosa, las balsas rebosaron y el agua se empezó a filtrar por la base de los muros”.

Paralización cautelar de la actividad minera

La organización ecologista ha mostrado su preocupación con esta mina en numerosas ocasiones. En verano, aseguraban que “la situación de riesgo de rotura en las balsas de Riotinto ha llegado a tal punto de inseguridad que desde Ecologistas en Acción hemos solicitado al TSJA, en base al principio de precaución, la paralización cautelar de los vertidos de lodos en esas balsas, para evitar precisamente que se pueda producir esa rotura antes de que el Tribunal dicte sus sentencias. La situación actual es similar a la que finalmente condujo a la catástrofe anunciada de 1998”.

Según un estudio de la empresa Ayesa, si las balsas que contienen los lodos de la mina se rompieran, como ocurrió en Aznalcóllar, podría afectar a zonas pobladas de los municipios de Gibraleón y Huelva, “que podrían ser inundadas por una onda de vertido tóxico de hasta 5 metros, no descartándose la pérdida de vidas humanas”.

Según el estudio recogido por Ecologistas en Acción, “se podrían derramar 66,28 millones de m3 de lodos tóxicos (en Aznalcóllar se derramaron 6 millones). Los lodos caerían desde alturas de entre 46 y 64 m (según el punto de rotura), al arroyo Rejoncillo y/o al barranco de la Aguzadera, y en poco más de 30 minutos llegarían al río Odiel, llegando al mar y pudiendo afectar a las costas de Doñana”.

Es como la comida de tu hámster. Pero sólo en apariencia. Los 'comprimidos' de pellet no alimentan a tu mascota favorita sino tu chimenea de biomasa y en su interior no hay proteínas sino ramas retiradas de nuestros bosques y serrín de aserradero prensados. Tan sólo en Andalucía ya hay 64.306 hogares que utilizan estas estufas y calderas preparadas para esta tecnología, según datos de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom).

El crecimiento ha sido exponencial: un 22,5% más que el año anterior. Este crecimiento ha situado a la comunidad andaluza a la cabeza en uso de biomasa como combustible de calefacción. Según el presidente de la asociación de este energía renovable, Javier Díaz, “las estufas de pellet han subido tanto en Andalucía, porque en otros sitios más fríos de España necesitan sistemas de calefacción para toda la casa”, mientras que en nuestra comunidad puede bastar con una chimenea de biomasa estratégicamente colocada en el salón.

Según los datos de esta asociación, el sector ha generado un negoció de casi 146 millones de euros y 1.677 empleos directos, además de un millar más que se dedicación al aprovechamiento de leña y a la generación eléctrica con biomasa de origen forestal o agroalimentario.

El negocio generado se redujo, eso sí, un 13,8% respecto al año anterior. Avebiom lo achaca a la suavidad de las temperaturas del último invierno y la bajada de los precios del petróleo. “Es decir, causas de carácter coyuntural, que han cambiado por completo en los últimos meses, marcando una tendencia muy positiva para el sector durante el primer semestre de 2018”, señala la asociación. Las provincias andaluzas que cuentan con más equipos de calefacción renovable de este tipo son, por este orden, Granada, Sevilla, Córdoba y Jaén.

Un 6% del mix energético

En cualquier caso, estas cifras sirven para valorar la relevancia de la biomasa dentro de las energías renovables, una industria que factura 2.200 millones de euros solo en España y 11.335 empleos directos. En apenas 15 años, la energía que consumen los españoles ha pasado de proceder de biomasa en tan solo un 3,2% a duplicarse hasta el 6%. Todo ello, a pesar del duro revés sufrido por las renovables con el 'decretazo' del anterior gobierno. Javier Díaz asegura que dicha medida dejó “muchos proyectos en el aire y se tuvieron que paralizar. No entendemos la limitación que nos pusieron de 6.500 horas de funcionamiento diario, cuando podemos alcanzar hasta los 8.000”.

Consultado por eldiario.es Andalucía, el presidente de Avebiom se muestra esperanzado con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, con una sensibilidad mayor hacia los temas ambientales y las energías renovables. “Nos encantan las cosas que dice este gobierno, pero si las ponen en el BOE, mejor. Estamos esperando que tomen iniciativas, los mensajes que transmiten de momento son positivos, confiamos en que puedan tomar decisiones. No tenemos expectativas muy grandes, porque sabemos la inestabilidad que tienen, pero al menos el mensaje ha cambiado y los compromisos en Europa han sido mayores de lo previsto”.

Lucha contra el cambio climático

Cuatro son los principales beneficios de la energía obtenida con biomasa: reducir las emisiones de dióxido de carbono y luchar así contra el cambio climático, reducir el riesgo de incendios forestales gracias a la retirada de combustible (ramas, troncos, leña...), independencia de energías procedentes de otros países y generación de empleo local en zonas rurales y más deprimidas.

En el consumo de energía eléctrica, las empresas de biomasas aportan ahora mismo el 7% de la energía que consumimos y que prevén que el mercado les permite doblar dicha cifra hasta el 15%. Al gobierno le piden tres cosas: que borre los límites del decretazo; les reduzca el IVA, que ahora mismo es de un 21%; y que utilicen la biomasa, ya que son “dueños del recurso” (la madera de los bosques públicos), para aclimatar instalaciones públicas como piscinas, colegias o residencias de ancianos.

“En la desembocadura de la Rambla Belén, se produce un constante vertido de aguas residuales urbanas en la zona de la Ballena, lo que produce fuertes malos olores y una mala imagen para la ciudad de Almería. Estos hechos han sido denunciados en diversas ocasiones por diversos colectivos ciudadanos, teniendo pleno conocimiento esa Fiscalía de que, a pesar de los requerimientos oportunos realizados, el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía no han hecho nada”. Así consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario.

También se ha remitido un muestreo de las aguas fecales con fecha de 3 de marzo de 2018 al laboratorio Enac Ensayos, donde queda constancia de la existencia de aguas residuales no tratadas, con la consideración de aguas fecales, con presencia de la bacteria ‘Escherichia coli’, si bien en bajos niveles no preocupantes para el ser humano, según los argumentos de la Junta de Andalucía.

¿Hay proyecto o no?

En este sentido, fuentes del Ayuntamiento de Almería afirman que están a la espera de que la Junta les dé el visto bueno al proyecto que presentaron a la Delegación de Medio Ambiente para construir un emisario que solucione el problema de estos vertidos, provocados por conexiones de vecinos que se depositan allí ilegalmente. Sin embargo, este departamento autonómico mantiene que ya comunicó a la administración local que debía presentar un nuevo proyecto de construcción por lo está a la espera de que lo haga.

Por lo tanto, mientras no se resuelva este problema burocrático y de comunicación entre Junta y Ayuntamiento, no se resolverá el incidente de las aguas fecales, que repercute en una zona turística de la ciudad, situada a la entrada del Puerto, a la vista de los cruceros que atracan en aguas almerienses, junto a la conocida como Fuente de los 103 Pueblos, y a la vista de la escultura de la Ballena, que ha sido designada para honrar la memoria del pequeño Gabriel Cruz.

Los denunciantes consideran que “estos hechos pueden ser constitutivos del tipo penal de delitos contra la ordenación de los recursos naturales y el medio ambiente. Estos vertidos de aguas fecales son responsabilidad directa de las administraciones competentes, en este caso el Ayuntamiento de Almería (competente en tratamiento primario y secundario de aguas residuales) y subsidiariamente la Junta de Andalucía, ya que su inactividad administrativa está permitiendo este vertido de aguas residuales en la zona urbana de la Rambla Belén en Almería”.

La situación es contraria a los objetivos medioambientales establecidos en la ley de Aguas de Andalucía  de reducir progresivamente la contaminación procedente de vertidos o usos que perjudiquen la calidad de las aguas en la fase superficial, conseguir el uso racional y respetuoso con el medio ambiente y asegurar el ciclo integral del agua. En la ley Andaluza de Aguas se establece que los ayuntamientos garantizarán la prestación de los servicios de adicción y depuración de aguas.

Según la legislación, cuando se incumpla de forma reiterada la normativa ambiental con grave riesgo para la salud de las personas y riesgo grave para el medio ambiente, la Agencia Andaluza de Agua tendrá la obligación de asumir la ordenación y gestión de los servicios de adicción y depuración y realizar los requerimientos oportunos para garantizar la vigilancia sanitaria y calidad de las aguas.

Mismas causas, mismas cifras. Según el nuevo informe del Ministerio de Medio Ambiente, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el acuífero de Doñana se va a pique. Las aguas subterráneas son las que nutren de vida los ecosistemas de la superficie y las lluvias, como alerta desde hace años la propia administración pública, no consiguen llenar los acuíferos a la misma velocidad que lo vacían los seres humanos.

Los grupos ecologistas denuncian que no se están tomando las medidas necesarias para evitarlo. Y ponen un ejemplo muy claro: en el informe de hace cinco años se hacía exactamente el mismo análisis y se daban las mismas recomendaciones que en el documento que ha presentado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en el Consejo de Participación de Doñana.

El acuífero está sometido a “una intensa presión”, que “podría comprometer el buen estado de la masa de agua subterránea y de los ecosistemas terrestres que dependen de ella”, señalaba la CHG en su informe de 2013. Cinco años después, el informe reza: “el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en el acuífero detrítico, de mantenerse comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen”.

Para la organización ecologista WWF hablar de “comprometería” o “podría comprometer” es un eufemismo y habría que hablar de que la sobreexplotación de las aguas subterráneas ya “nos tiene comprometidos”. En SEO/Birdlife advierten: “La gestión hídrica en el entorno de Doñana es actualmente la mayor amenaza a la que se enfrenta, a corto, medio y largo plazo” y creen que habría que “declarar globalmente sobreexplotado el acuífero de Doñana”.

1.000 pozos ilegales

1.000 pozos a lo largo y ancho de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales le roban el agua a Doñana. Lo hacen al norte del espacio protegido, entregándole el agua que sostiene la vida a los cultivos de cítricos, fresas y otros frutos rojos. Para luchar contra los agricultores ilegales, el informe de 2013 contemplaba el “incremento del personal de guardería para control de extracciones” y la “revisión de los títulos de derecho del uso de agua de los aprovechamientos en aguas existentes”.

Juan José Carmona, portavoz de WWF en Doñana, apunta que “lo que anda todo el mundo esperando es que llegue el agua del trasvase, pero es un error esperar que el trasvase lo va a solucionar todo. Hay que aplicar las medidas oportunas: cierre de pozos, eliminación de fincas que rieguen ilegalmente y potenciar el ahorro. En 2013 anunciaron que iban a aumentar las guarderías. La guardería fluvial ha aumentado de una a dos personas. Las medidas no están sirviendo y el acuífero sigue igual un año tras otro”.

Los ecologistas de SEO/Birdlife tachan de “parche” el trasvase. “La reciente tramitación en el Congreso de los Diputados del trasvase de 15 hm3 anuales desde la demarcación Tinto, Odiel, Piedras hasta Doñana (demarcación del Guadalquivir) es un parche imprudente y otra muestra más de la desgobernanza total en política de aguas. Es una política basada en la oferta del agua y que no atiende a la gestión y control de la demanda de agua tal y como obliga la normativa europea”, sostienen.

16 sectores en riesgo

El acuífero tiene menos agua de la que cabría esperar por las lluvias y en estado de riesgo o prealerta, según la terminología utilizada por la administración. El acuífero se divide en 16 sectores: sólo uno se encuentra en un estado normal y el resto se hayan en riesgo: cinco en alarma, tres en alerta y siete en prealerta.

“Asimismo, 11 de estos 16 sectores del acuífero muestran una situación peor a la que le correspondería según la lluvia caída en el último año. Un hecho realmente preocupante si se tiene en cuenta que los dos últimos año hidrológicos han estado pluviométricamente dentro de la normalidad, con 526 mm en el año 2016/17. Además, de las cinco masas de agua subterráneas en las que se ha dividido el acuífero, tres están en mal estado ecológico”, denuncia SEO.

Las críticas no proceden solo del movimiento ecologista. También del sector científico. Carmen Díaz Paniagua es investigadora de la Estación Biológica de Doñana, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Según las investigaciones de Díaz Paniagua, la bajada del nivel freático se debe al crecimiento urbanístico de Matalascañas, sus campos de golf y el crecimiento del sector de la fresa, que esquilma la zona norte, la más afectada. Todo esto tiene un efecto sobre las lagunas: algunas se han secado y otras, que eran permanentes, ahora son temporales.

“Antes, con un buen año de lluvia, se recuperaba el sistema. Ahora si tras un año de lluvias, llega uno normal, no se recupera. Como no hagamos una política de gestión del agua, nos quedamos sin Doñana”, le afirmaba a este diario.

Plan de la Fresa

El cierre de los pozos ilegales y el ahorro de agua por parte de los agricultores son dos de las soluciones principales para frenar la desecación de Doñana. Por un lado, el Plan de Ordenación de Regadíos en la Corona Norte Forestal de Doñana se puso en marcha para poner orden en los regadíos que esquilman ilegalmente el acuífero. El consejero de Medio Ambiente andaluz, José Fiscal, anunció en abril de 2017 que, desde que se puso en marcha el Plan de Ordenación de Regadíos de Doñana (más conocido como Plan de la Fresa) se han cerrado 300 pozos. Fiscal, al igual que los agricultores, apuesta por el trasvase del Gobierno como solución “absolutamente imprescindible”, en declaraciones a Europa Press.

Por parte de los agricultores, se han tomado también algunas medidas como el proyecto Ferdoñana, impulsado por SAI (Iniciativa para una Agricultura Sostenible), una plataforma que reúne a 90 grandes empresas del sector agroalimenticio, el objetivo del proyecto es “reducir entre un 20% y un 40% el uso del agua en el cultivo de frutos rojos, es decir, fresas, frambuesas, arándanos y moras” aplicando tecnología puntera.

Según SAI, las empresas que han participado en el programa cuentan con una superficie superior a las 7.000 hectáreas. Los agricultores se ahorran costes de agua, incrementan el rendimiento de sus explotaciones y contribuyen así a mantener vivo el parque natural y, por tanto, el ecosistema que sustenta su negocio... sin agua no hay Doñana.

19 de enero de 1996. Un funcionario habla de manera anónima para los informativos de Canal Sur sobre la balsa de Aznalcóllar: “El peligro es enorme, puede reventar cualquier día. Si esto revienta, todo se acaba: el nivel freático, Doñana, todo…”.

Dos años después, el 25 de abril de 1998, la predicción de aquel funcionario se cumplió al pie de la letra: la balsa de la mina de Aznalcóllar no fue capaz de soportar por más tiempo la presión de aquellas aguas contaminadas con ácidos, metales pesados y otros residuos peligrosos.

Los testigos lo recuerdan como un terremoto. Un informativo de Canal Sur relataba que “en las provincias de Sevilla y Huelva están encendidas todas las alarmas (…). El vertido, que contiene metales pesado, ha afectado a casas y cultivos. Se teme que afecte a Doñana”. Y así fue. Horas después de que los muros reventaran, el agua contaminada seguía saliendo del dique y el torrente llegó al cauce del Río Guadiamar, dejando a su paso una riada de metales pesados como arsénico, cadmio, plomo y zinc, y enfilando hacia el corazón de Doñana.

Según datos recabados por las principales organizaciones ecologistas españolas, “la rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en la minas de Aznalcóllar liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Envenenó la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó al espacio natural de Doñana”.

Las organizaciones verdes cifran en más de 200 millones de euros el coste de un desastre ambiental comparable al del accidente del Prestige en el litoral gallego. Según Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF, que se han reunido este martes en Sevilla para conmemorar el 20º aniversario del desastre ambiental, el peligro no ha pasado. Nuevas amenazas mineras se ciernen sobre Doñana, como la posible rotura de las presas de Riotinto o la reapertura de Aznalcóllar (Mina de los Frailes) que podría verter “al Corredor Ecológico del Guadiamar de 14 hm3 de aguas ácidas”.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF en España, explica que “Aznalcóllar se podría repetir. Si se reabre la mina en las condiciones que se habla, Doñana vuelve a tener una espada de Damocles inaceptable, un monstruo en su cabecera. No lo podemos aceptar”. Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, subraya que hoy en día existen “dos dinámicas muy peligrosas: la relajación de la normativa y la relajación de los controles de la administración para controlar estas explotaciones”.

Denuncian que la Junta de Andalucía ha otorgado la concesión minera a una empresa, Minera Los Frailes, una filial de la multinacional Grupo México, que no participó bajo este nombre en el concurso minero. Los grupos verdes exigen a la Junta de Andalucía que se le retire la concesión de explotación de la mina, ya que “se ha otorgado sin realizar la Evaluación de Impacto Ambiental ni la Autorización Ambiental Unificada”. 

Desde el gobierno andaluz señalan que la empresa a la que se concedió la explotacion de la mina “está clara”, ya que la principal sociedad propietaria de Minera Los Frailes es el Grupo México, y que “las actuaciones van teniendo los permisos correspondientes a cada momento.

Ahora están en fase de investigación y los permisos que mencionan los ecologistas los van a necesitar para la fase de explotación“. En un principio se  generaron dudas sobre la adjudicación sobre la explotación de la mina, pero se terminó archivando la causa.

Los muros se pueden fracturar

Sin embargo, lo que ahora mismo preocupa más a las organizaciones ecologistas es el posible colapso de lodos de la Mina de Riotinto. Los grupos verdes denuncian que la Junta de Andalucía “está permitiendo la actividad minera de la empresa Atalaya Riotinto Minera, a pesar de que esta compañía incumple de manera continuada desde hace más de tres años las condiciones de procesado de los lodos, contribuyendo aceleradamente al deterioro y la inseguridad de las presas que los retienen”. 

La compañía minera está obligada a construir una planta de espesado y está vertiendo, según denuncian los ecologistas, lodos a las balsas “con un contenido líquido del 70% mientras que las autorizaciones ambientales y mineras obligan a espesarlos por debajo del 50%. Esto acelera la posibilidad de que los muros de las presas se fracturen”.

Fuentes de la Junta de Andalucía señalan que, tras paralizarse por orden de la administración andaluza, la mina continúa actualmente con su actividad, ya que la empresa presentó un informe del Colegio Oficial de Minas “en el que se ponía de manifiesto que no se incumplían las condiciones de seguridad”. Técnicos de la Junta de Andalucía están inspeccionando el “recrecimiento de los muros” denunciado por las organizaciones ecologistas.

Los grupos verdes no son los únicos que han mostrado su preocupación por los riesgos de la actividad minera. Naciones Unidas le pidió al Gobierno de España el año pasado que les informaran sobre cualquier tipo de proyecto agrícola, industrial o comercial que pueda afectar en el futuro a Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Exigen que se evalúen globalmente los “impactos acumulados del uso del agua y de desarrollo agrario, industrial y comercial”.

 La restauración de la zona contaminada

¿En qué estado se encuentran hoy las tierras regadas con metales pesados por el vertido de la mina? Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la organización SEO/Birdlife, critica que “20 años después del mayor desastre ambiental, todavía no se han terminado los proyectos de recuperación de la zona afectada, como pueden ser el brazo mareal o el caño del Guadiamar”.

Su restauración comenzó en 1998, retirándose los lodos y los primeros diez centímetros de suelo, ya que la contaminación había penetrado hasta capas más profundas. Para contrarrestar la acidez del arsénico y los carbonatos, se empleó óxido de hierro y se añadió tierra compostada rica en materia orgánica. Buena parte de la inversión pública se fue en comprar las tierras agrícolas afectadas, que se reforestaron con árboles y arbustos mediterráneos, convirtiéndose en el Corredor Verde del Guadiamar, un espacio protegido fundamental para que Doñana no quede desconectada.

Paula Madejón, investigadora del CSIC que trabaja en la zona, explica que “sigue habiendo metales pesados en el suelo, hay contaminación residual en el suelo. La vegetación ha proliferado muy bien y hay mucha fauna. El ecosistema se ha recuperado bastante bien, aunque hay que tener precaución. Queda contaminación residual, porque era muy complicado retirarlo todo. Nuestro hándicap principal es la falta de financiación, que la seguimos buscando a través de fondos europeos y nacionales”.

Esa financiación es necesaria para controlar el nivel de contaminación. Según Madejón, la contaminación se ha estabilizado, pero hay que estar vigilantes, en caso de que cambien las circunstancias. “Hay elementos como el cadmio, que son más móviles y problemáticos, porque es capaz de pasar a la cadena trófica. Es importante que se prohíba cazar y pescar en la zona, como ya ocurre”, explica.

No se pueden recolectar caracoles ni setas y el ganado no puede alimentarse de las plantas de la zona, que tienen altos niveles de metales pesados. “Es importante que la gente no recolecte setas en la zona, pero es una zona maravillosa para montar en bicicletas y hacer actividades recreativas”, explica la investigadora.

La labor de los voluntarios

Asunción Ruiz, de SEO/Birdlife, recuerda que la recuperación de las tierras contaminadas fue posible gracias al trabajo de muchos voluntarios, demostrado que “la sociedad española es una sociedad ejemplar”. Subraya Ruiz que “las organizaciones ecologistas no somos catastrofistas. Se pueden prevenir estas catástrofes y Andalucía no está lejos de posibles catástrofe…, otro Aznalcóllar puede ocurrir. Queremos alertar de un claro y preocupante incremento del extractivismo minero que se está produciendo en todo el país”.

Las alternativas económicas, como el Polígono de Actuación Medioambiental en Aznalcóllar, no han terminado de fructificar y Juan José Fernández, el alcalde de una de las localidades con más paro de la provincia de Sevilla no ha dejado de reclamar que se reabra la mina. 

En este sentido, Juan Carlos del Olmo, director de WWF, ha rechazado el proyecto de ‘minería verde’ impulsado por la Junta de Andalucía en los últimos años. “No existe la minería ecológica. Durante años nos han tratado de marear con estas ideas. La Junta de Andalucía tiene que buscar alternativas y hacer una transición ecológica”, ha concluido.

En 2017 murieron atropellados 28 ejemplares de lince ibérico mientras el Gobierno central estaba a medio camino entre un protocolo entre ministerios firmado en junio de 2015 y un convenio, entre los mismos ministerios, que desarrollara el protocolo. El Gobierno, a tenor de una respuesta oficial, no parece tener mucha urgencia en ejecutar las medidas previstas y aprobadas en aquel primer documento, suscrito hace casi tres años, para reducir la mortandad por atropello de esta especie en peligro de extinción: licitarán las obras “lo antes posible” y “de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria”.

Tanto en junio de 2015 como en noviembre de 2017, el Ejecutivo anunció una inversión de 2,5 millones de euros, si bien las actuaciones para la protección apenas suman 500.000 euros desde el año 2014, como informó recientemente este periódico. Poco parece haber avanzado en este sentido el Gobierno ya que, a través del Ministerio de Fomento, anuncia ahora que “tiene previsto licitar la ejecución de obras de adecuación de carreteras de competencia estatal para reducir el riesgo de atropello de lince ibérico”.

Así consta en una respuesta oficial a la senadora andaluza Maribel Mora de Podemos fechada este pasado 2 de marzo. En concreto, se anuncia que el mencionado protocolo entre los ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, firmado el 8 de junio de 2015, “está siendo desarrollado actualmente a través de acuerdos bilaterales para cada uno de los tramos de carreteras de competencia estatal identificados como peligrosos y que incluyen partidas presupuestarias específicas”.

Actuaciones en la N-420 hasta 2020

Argumenta el Ejecutivo que el acuerdo de colaboración suscrito posteriormente, el 27 de noviembre de 2017 entre los mismos ministerios, incluye la ejecución entre 2018 y 2020 de obras por importe de 2,5 millones en concreto en la carretera N-420. Las actuaciones en esta vía se corresponderían con una primera fase del conjunto previsto a desarrollar en el marco del convenio, estando “previsto aprobar nuevos acuerdos de colaboración para la ejecución de obras en la A-4, basándose en las necesidades detectadas por el Ministerio de Medio Ambiente entre los puntos kilométricos 296 a 315 (provincia de Jaén), así como en la N-442 entre los puntos kilométricos 11 a 17'7 (provincia de Huelva)”, anuncia el Gobierno.

“En la actualidad, se están iniciando dichos trámites de suscripción de los nuevos acuerdos de manera que las obras se liciten y comiencen lo antes posible, especialmente en la A-4, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria existente”, detalla el Ejecutivo acerca del plan de cofinanciación de medidas de adecuación viaria.

La senadora Maribel Mora preguntaba “¿por qué motivos no se está ejecutando el acuerdo suscrito entre Fomento y Medio Ambiente para atajar el grave problema de atropellos de lince ibérico que amenaza con dar al traste a los ingentes esfuerzos que en su conservación se invierten?”.

Mora recuerda que la muerte por atropello es la primera causa de mortalidad de esta especie, cuya conservación se considera prioritaria, y que buena parte de los cuales eran animales liberados del plan de cría en cautividad del programa de conservación de la especie.

Greenpeace y la Asociación Mesa de la Ría de Huelva han emitido este lunes unas imágenes que “documentan” cómo tras el paso del temporal “Enma” se han producido vertidos tóxicos sólidos y líquidos al río Tinto desde las balsas de fosfoyesos situadas a 500 metros de algunos barrios de la ciudad.

Estas balsas, según han recordado ambas organizaciones en un comunicado, contienen al menos 120 millones de toneladas de residuos industriales tóxicos, peligrosos y radiactivos, como ya denunció la Unión Europea en 2010.

A pesar de que la actividad se paralizó en 2011 gracias a la protesta de organizaciones ecologistas y vecinales, lo sucedido tras el temporal pone de manifiesto “la existencia de vertidos” y demuestra “graves fallos en la seguridad y el control de las balsas, de las que se encarga la empresa responsable de los vertidos, Fertiberia, que vuelve a incumplir sus obligaciones y sigue permitiendo que sus residuos afecten al medio ambiente”.

“De nuevo la realidad nos sitúa ante lo que podría ser una catástrofe anunciada, un gran vertido tóxico a la ría de Huelva podría producirse en cualquier momento”, ha indicado Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace, quien se ha preguntado “hasta cuándo y quién más debe dictaminar que nos encontramos ante el mayor caso de contaminación industrial de Europa para tomar medidas”.

Consideran que esta situación “pone en entredicho, así, el proyecto de restauración presentado por Fertiberia y cuya autorización aún está en manos del Gobierno central”.

El objetivo de dicho proyecto es cubrir con una capa de tierra sus residuos tóxicos, peligrosos y radiactivos para salir del paso y no hacer frente así a una descontaminación integral de la zona.

Greenpeace y la Asociación Mesa de la Ría han criticado el proyecto en numerosas ocasiones, precisamente por las evidencias que existen de que, “ante cualquier temporal y/o subida del nivel del mar producido por el cambio climático, este no garantiza en absoluto la estabilidad y confinamiento de los millones de toneladas de tóxico depositadas en las marismas del río Tinto”.

Además, entienden, que “vulnera flagrantemente el artículo 76 de la Ley de Costas, que obliga a adoptar las medidas requeridas por la administración de adaptación a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático”.

“El proyecto de Fertiberia no aporta el preceptivo estudio, sobre adaptación a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático, por lo que incumple y vulnera la Ley de Costas del propio Ministerio, motivo por el cual la ministra Tejerina debía haber denegado la DIA hace un año cuando”, ha declarado Aurelio González Peris, presidente de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva.

Las causas y las consecuencias del cambio climático, el papel de la clase política, las acciones cotidianas y los hechos que pueden acelerar la lucha contra este problema global que ya es presente han sido las principales cuestiones tratados en el debate organizado por eldario.es Andalucía y Cajasol con la presencia de expertos en la materia, en “el último problema de la humanidad” como se ha llegado a definir durante la jornada.

José Esquinas, que ha trabajado 30 años en la organización de Naciones Unidas que lucha contra el hambre, ha dicho que el cambio climático es “el problema esencial de la humanidad”. “Nos vamos a pique si la barquita de la tierra se va a pique y estamos a punto de conocer un suicidio colectivo”, ha dicho “sin pelos en la lengua” ateniéndose al peligro que se cierne sobre el planeta por los efectos de la denominada “ETC (erosión, tecnología y concentración del poder económico)”.

Esquinas ha desgranado los “intereses” de los políticos y ha remarcado que “las generaciones futuras ni votan ni consumen”. “Nuestro comportamiento absolutamente irresponsable va a afectar casualmente sobre ellos. Hay un problema de sensibilización de la opinión pública”, ha explicado. “No podemos atacar a los efectos y mantener las causas. Y eso se hace con políticos y con leyes. Voluntad política es lo que falta”, si bien ha aludido a “las responsabilidades personales ineludibles a la hora de consumir unos productos u otros”.

“Somos ciudadanos del mundo, actuemos como ciudadanos del mundo. Trump no tiene muchas luces pero tiene mucha avaricia”, ha dicho en referencia al presiente de los EEUU. “¿Por qué no hacemos un boicot a sus productos mientras esté ahí?, ha llegado a plantear. ”¡Claro que podemos hacer cosas! Nuestra generación tiene el volante de la evolución. Aquí lo que hay es una crisis de ética y de prioridades“, ha dicho al recordar que ”la miopía política es la peor de los miopías. Los problemas están ahí, la solución es imprescindible. La gente puede visualizar que esto es un problema real“.

Reyes Tirado, investigadora de Greenpeace en la Universidad de Exeter (Reino Unido), también ha querido exponer cómo está la situación mirando hacia el futuro y qué cosas deben hacer los políticos y los ciudadanos de manera particular. “El cambio climático ya está aquí, va a tener consecuencias devastadoras para las zonas más desfavorecidas y los que estamos mejor tenemos que actuar”, ha considerado. “Si seguimos así, tenemos una proyección de la temperatura global de cinco grados más, lo que podría hacer que ciudades como Sevilla no se pueda vivir. Todo es muy grave”, ha señalado.

Tirado ha presentado una “escala de la solución” que es “una transformación en todos los sectores de la sociedad”. “Hay que decirle a los políticos que esto nos importa y que vamos a hacer algo”, ha dicho, ejemplificando con que “hay que comer menos carne”, además de desarrollar “políticas a nivel regional o local como la Red Sevilla por el Clima para adaptarse al cambio climático”. “Podemos hacer muchas cosas”, ha querido concluir.

“Se puede hacer mucho más y legislar en muy corto plazo. El problema no es el dique que pongamos en la costa sino que el nivel del mar va a seguir subiendo”, ha añadido Tirado, quien ha pedido“valentía” a la clase política en este sentido.

“La gente se preocupa de lo inmediato”

Antonio Gallardo, catedrático de Ecología de la Universidad Pablo de Olavide, ha querido repasar por qué se ha llegado a la situación actual, rememorando “la esperanza” que supusieron los Acuerdos de París de abril de 2015. “La retirada de EEUU nos ha llenado de preocupación porque nos hace perder tiempo” pero “me preocupa que nos acostumbremos, por ejemplo, a que un tornado destroce la costa. Cuando yo era pequeño no había tornados, o al menos no tan frecuentemente”, ha ejemplificado.

“¡Qué poco se ha hecho!”, ha lamentado pese a que la cuestión “se preveía desde hace muchos años”. “Los lobbies energéticos empezaron a negar el cambio climático por ideología, porque consideran nefasta la intervención de los estados en la economía”, ha rememorado. “Debemos llegar a emisiones netas cero de CO2 pero no hemos conseguido reducirlas en tres años”, ha lamentado, aunque ha querido dejar alguna “nota optimista” como que “China ha dejado de aumentar su producción y Europa ha disminuido un poco”.

“La gente se preocupa de lo inmediato y todo lo demás va perdiendo interés”, ha lamentado. “Andalucía, al menos en gestos, va un paso por delante que las demás comunidades”, considera Gallardo.

Pilar Navarro, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta, ha destacado que “el cambio climático nos preocupa y nos ocupa en la Junta de Andalucía”, agradeciendo al resto de la mesa “que se ponga el foco en los políticos, porque para ello los eligen los ciudadanos”, recordando la tramitación del proyecto de la ley de cambio climático.

En esa línea ha animado a que los ayuntamientos lideren también políticas en esa línea y resaltando que la futura norma obliga a que hagan planes municipales para los de más de 50.000 habitantes, que engloba a una mayoría de ciudadanos andaluces.

“En Andalucía estamos haciendo nuestras tareas, pero pedimos al resto de gobiernos que pongan también su granito de arena. Somos ambiciosos y no somos conformistas”, ha defendido.

Cuenta el propio José Esquinas, que nació en 1945 en el seno de una familia de agricultores manchegos, que en los años 70 ya andaba “preocupado por la perdida irreversible de biodiversidad agrícola” y recolectó más  de 300 variedades tradicionales de melón. Poco después se doctoró en genética en la Universidad de California y terminó trabajando durante 30 años en la FAO, la organización de Naciones Unidas que lucha contra el hambre. Gracias a su impulso del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, firmado por 140 países, existe un banco de conservación de semillas de especies agrícolas. Son una pieza fundamental en la lucha contra el hambre y el cambio climático.

¿A qué peligros nos enfrentamos habiendo perdido el 80% de las variedades de semillas?

Cualquier pérdida de diversidad es negativa, sobre todo ante unos cambios impredecibles. Mientras más diversidad tengamos, con más capacidad de adaptación a las nuevas condiciones contaremos. Cuando yo era niño, veías variedades de tomates, melón y sandía en cada localidad. La pérdida de diversidad para los cultivos más importantes, supone una vulnerabilidad mucho mayor ante cualquier cambio ambiental. Las variedades que estaban adaptadas a un lugar, pasan a estar obsoletas. Las variedades comerciales son uniformes y estables por ley, de manera que ante cualquier cambio, tienes que volver a cambiarlas.

Afirma que “la biodiversidad agrícola es la despensa de la Humanidad”. ¿Qué quiere decir?

Sin la biodiversidad, no puede haber ni agricultura sostenible ni alimentación sana. A esa diversidad biológica se le ha llamado oro verde. A nivel de especies, según datos de la FAO, el ser humano ha utilizado entre 7.000 y 10.000 especies para la agricultura. Hoy en día, sólo cultivamos 135 a nivel mundial. Hay miles de especies infrautilizadas, porque el proceso de mercantilización de las semillas ha llevado a abandonarlas. En los Andes, la cañihua, el cajú o la arracacha fueron la base de un imperio de 5.000 km de longitud, pero en Occidente ni siquiera sabemos de su existencia. El teff, esencial en Etiopía, también lo desconocemos. Esas especies no se han perdido, pero sí son desconocidas para el resto del mundo.

¿Como ocurría con la quinoa hace unos años?

La quinoa se ha convertido en un tesoro para Occidente cuando la descubrimos a raíz de que la FAO la convirtiera en 2013 en cultivo del año. En la época de los incas, era un cultivo sagrado, pero con la conquista pasó a ser un cultivo maldito. La FAO cogió este cultivo, simbólicamente, en 2013 y divulgó sus cualidades, convirtiéndose de nuevo en un cultivo milagroso. Es un ejemplo de infrautilización de especies. Si dentro de unos decenios, no se va a poder seguir cultivando ni la vid ni el olivo en nuestro país y va a pasar a cultivarse en Centroeuropea, hay que sustituirlos por otros cultivos. Necesitamos ese acervo de cultivos, ya que con el cambio climático adquieren una nueva dimensión. Son necesarios, porque van a estar adaptados a las nuevas condiciones climáticas. Hay otro tipo de biodiversidad de la que no se habla, de la diversidad dentro de cada variedad, la diversidad de genes le permite que unos genes sean seleccionados frente a otros. Es la base de la adaptación.

¿Qué aprendió sobre la alimentación, tras visitar la biodiversidad agrícola de más de 120 países?

He conocido una enorme diversidad cultural y eso significa conocer una enorme diversidad agrícola. Hay muchos sistemas agrícolas adaptados a las condiciones agrícolas, a sus necesidades y sus gustos locales. Lo que aprendí es que están adaptados a las necesidades, el clima, el suelo y el grado de desarrollo de cada sitio. El tipo de alimentación está unido a las necesidades del ser humano. En cada una de estas culturas, ves una serie de asociación de cultivos. Siempre hay un equilibrio entre cultivos que te proporcionan proteínas, hidratos y grasas. Son milenios de adaptación. Cuando hay una proceso de uniformización por la mercantilización, s pierde toda esa inmensa riqueza acumulada durante milenios.

¿Podemos cultivar de una manera más sostenible garantizando la seguridad alimentaria?

Sin lugar a dudas. La situación hoy en día es insostenible, no nos queda más remedio. El sistema agrícola predominante produce mucho más de lo que necesitamos para alimentar a la humanidad y sin embargo hay más de 800 millones de hambrientos y mueren entre 35.000 y 40.000 personas a diario como consecuencia del hambre y la malnutrición. Es evidente que algo falla en un sistema que produce más de lo que necesita, mientras hay gente que muere de hambre. El cambio climático es solo uno de los efectos del comportamiento irresponsable del ser humano con la naturaleza. Al año, se pierden o desperdician 1.300 millones de toneladas métricas en todo el mundo, terminando gran parte de ella en la basura. 

¿Y en España?

En el caso de España, son 7.7 toneladas métricas: 169 kilos por habitante y año. El 30% de esos alimentos va en envases sin abrir. Para producir esos alimentos que no se va a comer nadie, hemos utilizado 28 veces la superficie de Españ. Hemos utilizado 250 kilómetros cúbicos, la cuarta parte del agua dulce utilizada en el planeta para alimentación y agricultura. Es decir, 300 millones de barriles de petróleo, con los que estamos contribuyendo al cambio climático, con entre un 15% y un 18% de los gases de efecto invernadero. Es insostenible. Si fuésemos más racionales al comprar, probablemente estaríamos contribuyendo a reducir el cambio climático.

Usted cuenta que en su niñez, los alimentos eran sagrados: “el pan que caía al suelo se recogía, se besaba y se comía”. ¿Qué ha cambiado?

Los alimentos antes eran sagrados y ahora se producen solo para su mercantilización. El alimento se produce para venderse, para enriquecerse y pasa a ser una mercancía más. No importa que sea sano o llegue a la boca del consumidor, sino venderlo. Eso se ve muy bien con los oligopolios, como la reciente fusión de Bayer y Monsanto, que conlleva un control del 70% de las semillas comerciales por un pequeñísimo grupo de apenas tres empresas.

¿Necesitamos un cambio de paradigma ético para enfrentarnos al cambio climático?

La solución a todo esto es que no perdamos el control de nuestra agricultura y nuestra alimentación. Hace falta la soberanía alimentaria, para que se produzca lo más cerca posible de casa, la localización de la producción, la diversificación. No podemos seguir dependiendo de pocas especies y pocas variedades de semillas. Mientras más diversifiquemos, mejor para nuestra salud y para nuestro medio ambiente. Necesitamos una humanización de la agricultura: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Hace falta un sistema agrícola diversificado, donde conviva la agricultura ecológica, urbana, periurbana e industrial.

¿La clave de la supervivencia de la humanidad está en que la ciencia nos ayude a pensar a largo plazo?

La ciencia nos da información y nos proporciona instrumentos, como la tecnología, para actuar. El objetivo es fundamental: aplicar la sostenibilidad. Y ahí es donde entra la ética, ya que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. La ciencia nos da conocimiento para saber qué pasa y qué va a pasar, pero también para acelerar el proceso de destrucción, ya que yo puedo aplicar esa ciencia en un sentido u otro. La agricultura es la transformación de los recursos naturales en alimentos. Aplico la tecnología para transformar los recursos en alimentos, pero la ética es la que nos permite alimentar a la humanidad respetando el planeta. Sin embargo, si el control de la ciencia y la tecnología están solo para enriquecernos, entonces estamos perdidos, porque tenemos una capacidad enorme para destruir el planeta.

¿Traerá el cambio climático más hambre?

Depende de cómo lo manejemos. El cambio climático conlleva unas condiciones más difíciles. Necesitamos frenar las causas que provocan el cambio climático, la agresión al planeta y el menosprecio de los recursos. Si reducimos el consumo y apostamos por el decrecimiento, entonces podemos frenar los cambios climáticos en la medida de los posible. El cambio climático tiene efectos sobre la alimentación humana, sin lugar a dudas. Las cosechas se reducen constantemente, los cultivos van a ser distintos y la volatibilidad de las situaciones provoca un daño irreparable, que causa éxodos de población.

¿En qué consiste su propuesta de la Defensoría de las Generaciones Futuras?

Para las generaciones futuras, el daño puede ser tan grande que la vida sobre nuestro planeta no sea posible. Ni el mercado ni la democracia tienen interés en las generaciones futuras. Como no votan y no consumen, no están representados. Las generaciones futuras no han nacido, pero podemos crear la figura del defensor de las generaciones futuras.

Suena a ciencia ficción…

Lo ideal sería un cuerpo judicial intergeneracional, porque no tenemos derecho a privar de vivir o respirar a las generaciones futuras. El defensor de las generaciones futuras debería es similar a la del defensor del pueblo. Es una manera de complementar las democracias modernas, poniéndole cara al medio ambiente la cara de nuestros nietos o bisnietos.

Pilar Navarro tomó posesión de su cargo como secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático en noviembre del pasado año. Uno de los mayores reto a los que se enfrenta es la ley de cambio climático andaluza que, con la catalana recurrida ante el Tribunal Constitucional, se convertiría en la primera de su tipo en España. Este martes participará en la mesa redonda de cambio climático que eldiario.es Andalucía organiza con la Fundación Cajasol. 

Accedió al cargo de secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático en noviembre: ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?

Tenemos claro que hay una serie de cuestiones principales vinculadas al fomento y el desarrollo económico que debe ser respetuoso con nuestros ecosistemas y nuestro patrimonio medioambiental. Otra cuestión muy importante es la gestión del agua, sobre todo en esta época de sequía, en la que el recurso del agua es tan limitado y resulta tan importante para la agricultura y el turismo.

¿Cree que para 2030, Andalucía será capaz de reducir los gases de efecto invernadero un 18% respecto a 2005, como dicta la nueva ley de cambio climático?

Es el objetivo que planteamos en el proyecto de esta ley, que es pionera. Somos los primeros del país, solo por detrás de Cataluña, cuya ley está en suspenso por el Tribunal Constitucional. Así que seremos la primera comunidad, cuando se apruebe por el Parlamento de Andalucía. Nos marcamos objetivos ambiciosos, aunque somos conscientes de que Andalucía, siendo importante, no deja de ser una región que debe insertarse dentro de Europa. En nuestro ámbito territorial, esperamos cumplir con esos objetivos.

¿Resulta insuficiente ese 18%, por debajo del 26% de España y del 30% de la Unión Europea?

Con las estimaciones que tenemos, pensamos que es más que suficiente, ya que hay que tener en cuenta el nivel de emisiones, que está muy relacionado con la economía. Esas cifras no nos las hemos sacado de la manga, sino que vienen avaladas por expertos, que han tenido en cuenta el valor añadido bruto. Nuestra economía tira del sector turístico y la agricultura, que no contaminan tanto como otros sectores.

¿Cuáles son las herramientas que pone sobre la mesa la nueva ley para lograr ese objetivo?

Los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a elaborar y poner en marcha su propio plan contra el cambio climático. De ese modo, obligamos a más de 40 municipios, donde vive más del 54% de la población. El resto de ayuntamientos lo pueden hacer, pero no les obligamos. Además, contamos con instrumentos como el Observatorio de Cambio Climático, un plan estadístico o medidas muy concretas en siete áreas fundamentales, como industria, agricultura, ganadería, edificación, transporte movilidad… Son medidas muy concretas que implican el cumplimiento del 18%. 

Desde sectores ecologistas se ha criticado que la ley tiene “una escasa ambición en la reducción de emisiones en sectores difusos”: ¿Está de acuerdo?

Como cualquier actuación, la ley siempre es susceptible de querer mejorarse. Depende de quien lo mire verá el vaso medio lleno o medio vacío. Vamos a ser los primeros en aprobar una ley de este tipo, con objetivos obligatorios y planteamos una reducción obligatoria para los centros de consumo y de emisiones de la propia Junta de Andalucía. Es decir, empezamos predicando con el ejemplo. Como todo en la vida, es mejorable, pero como punto de partida está muy bien. 

Una tercera parte de la superficie de Andalucía son espacios protegidos: ¿Cómo tiene previsto el gobierno andaluz potenciar su capacidad en la lucha contra el cambio climático?

La ley, al ser transversal, parte de la base de proteger y fomentar la calificación de nuestros espacios protegidos. Es una parte que se prevé en el título de la cultura climática. Lo que se pretende sobre todo es cambiar la visión de protección de estos espacios, para que sea compatible con el desarrollo económico y la competitividad. Se pretende dar nuevas oportunidades a los mercados emergentes que sean respetuosos con nuestros espacios protegidos. 

El año pasado vivimos un verano extraordinariamente cálido y estamos inmersos en una sequía. Las previsiones de cambio climático en Andalucía son subidas de temperaturas de hasta 4 grados y reducción de las lluvias de un 25% para finales de siglo: ¿Estamos haciendo todo lo que podemos por las generaciones actuales y futuras?

Estamos poniendo sobre la mesa medidas potentes para paliar estos efectos. Tenemos una regulación específica en la propia ley para lidiar con las consecuencias de fenómenos extremos como la sequía, las inundaciones y las avenidas por exceso de precipitaciones. El cambio climático está disminuyendo la aportación hídrica y empeorando la calidad del agua. Por eso, el proyecto de ley cuenta con una estrategia prioritaria sobre recursos hídricos e inundaciones. Cuando se apruebe la ley, todos los planes hidrológicos van a tener la consideración de planes con incidencia en el cambio climático, de manera que se va a analizar de manera transversal la vulnerabilidad económica, ambiental y social, adoptándose medidas específicas para la adaptación y para evitar esos efectos perniciosos.

¿Puede recuperar Andalucía el tren de las energías renovables?

Por decisión del Gobierno de España, se aprobó un recorte al desarrollo de las energías renovables en toda España. Eso no sólo dio una imagen negativa, sino que creó una inseguridad jurídica, propició demandas multimillonarias y tuvo repercusiones en las inversiones en energías renovables. Es una incertidumbre que afecta a Andalucía y a todo el país. Nosotros tenemos clara nuestra apuesta por las energías renovables, y por eso tenemos ley y decreto de energías renovables que lo fomentan. Necesitamos que el Gobierno de España dé marcha atrás en el recorte a las renovables, porque entendemos que las renovables son el futuro de la energía.

¿Cuál debe ser el valor de Andalucía en la lucha contra el cambio climático?

Desde la presidenta de Andalucía hasta el resto de miembros del gobierno tenemos claro que la lucha contra el cambio climático es prioritaria y no puede esperar, porque nos está afectando ya y va a afectar a las generaciones futuras. No miramos hacia otro lado, sino que tomamos cartas en el asunto.

¿Considera urgente que se implemente el ahorro de agua en sectores como la agricultura o el turismo?

Todo lo que sea maximización de los recursos y ahorro, con medidas concretas, siempre es deseable y es lo que pretendemos desde la Junta. En Andalucía, nuestros agricultores son un claro ejemplo de cómo sacar el máximo rendimiento a una gota de agua, tanto en Almería como en Huelva, con los frutos rojos. No se trata de pedir a estos colectivos que hagan lo humanamente posible, pero sí reconocer su esfuerzo.

Lleva trabajando muchos años en los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas naturales y otras consecuencias del cambio global (invasión de especies exóticas, lluvia ácida, deposición atmosférica de nitrógeno, proceso de desertificación, etc.). Catedrático de Ecología de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Antonio Gallardo ha sido hasta hacd poco decano de la Facultad de Ciencias Experimentales. Después de doctorarse en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla con Premio Extraordinario, realizó una estancia postdoctoral de casi tres años en el Departamento de Botánica de la Universidad de Duke (Carolina del Norte, EE. UU.) junto a un equipo de profesionales que asesoró al luego aspirante a presidente, Al Gore.

¿Cómo fueron aquellos comienzos cuando se empezaba a hablar del cambio climático?

En 1991, cuando estaba en EEUU, ya había una gran preocupación dentro del mundo científico, aunque en la opinión pública apenas había trascendido. Entonces, estaba en plena actividad el movimiento negacionista, impulsado por la ExxonMobil y creadora de estructuras seudocientíficas. El George C. Marshall Institute se creó un tiempo antes, cuando Ronald Reagan intentó crear un escudo antimisiles y pidió ayuda a los científicos, muchos de los cuales se negaron. Después hubo otros físicos que lideraron la lucha contra el cambio climático.

La noticia climática de los últimos tiempos ha sido precisamente el abandono de EEUU del Acuerdo de París. ¿ Por qué cree que ha ocurrido esto ahora y qué consecuencias tendrá?

El movimiento negacionista, y eso lo hace muy bien, siembra la duda entre la población. Negaron durante muchos años que el tabaco provocara cáncer de pulmón. Con el cambio climático pasa algo parecido y eso provoca que, de alguna forma, el cambio climático no esté en el primer plano de la agenda política y mucho menos en las campañas electorales. En cierta forma es entendible porque lo que más le preocupa a la gente es el paro, su situación personal, llegar a final de mes, etc. y el cambio climático se toma como algo un poco más altruista. Los políticos tienen un comportamiento ciertamente hipócrita porquen dicen que hay que combatirlo, para convencer a los más sensibilizados, a sabiendas de que son pocos y que no pasa nada si después se les defrauda, pero después les cuesta mucho avanzar.

¿Por qué?

Porque combatir el cambio climático es regular la economía de prácticamente todos los sectores económicos. Todo el mundo emite, todo el mundo contamina. Y eso es un gran problema para la clase política, porque hay que enfrentarse con las eléctricas, con las compañías más poderosas que incluso les pueden financiar, o que les pueden contratar cuando se jubilen. Un político no va a dedicar un gran esfuerzo en eso a no ser que le suponga una gran rentabilidad electoral, y como esa rentabilidad es muy pequeña, en el fondo no se esfuerza.

Pero la concienciación social cada vez es mayor, ¿no cree?

La concienciación cada vez es mayor, eso es cierto, y los grupos negacionistas están en práctica retirada. ExxonMobil reconoció en 2015 lo que antes no reconocía: que el cambio climático existe y que es un problema. Al CEO de la compañía lo cesaron, Rex Tillerson, y ahora es secretario de Estado del Gobierno Trump. Eso ha provocado que EEUU se retire de los acuerdos de París. Y eso supone, como mínimo perder cuatro años.

¿Cree que a los norteamericanos le saldrán imitadores y otros países se bajarán del carro contra el cambio climático?

Cuando se retira EEUU, que es el segundo país emisor de gases de efecto invernadero, hay muchos pequeños países que empiezan a dudar de si esos acuerdos se van a llevar a cabo. Aunque en los acuerdos cada país dice voluntariamente a qué se compromete, y en eso se diferencian un poco de Kyoto, puede haber un cierto contagio. Además, EEUU no solo se retira sino que Trump amenaza con contaminar más. La comunidad científica está absolutamente indignada pero, como siempre, no tiene tanta voz como otros lobbies.

Pero, ¿la clase política no advierte ya las consecuencias?

Todos los políticos se han dado cuenta de que el problema existe. El cambio climático es demasiado obvio ya en muchísimos aspectos. Ya está aquí. Tenemos fenómenos atmosféricos violentos claramente relacionados con el cambio climático: inundaciones, sequías, tornados, huracanes de gran fuerza que hace 30-40 años no se daban tan frecuentemente. Todo el mundo sabe que el clima está cambiando, todo el mundo sabe que llueve menos o que las cigüeñas ya no emigran. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) tiene miles de ejemplos de que el cambio climático lo estamos padeciendo ya. Otra cuestión es que los países que más lo padecen son los más pobres y los que menos capacidad tienen de resistir. Con tantos pantanos en Sevilla, para que nos quedemos sin agua tendría que ser una auténtica catástrofe; pero habría que preguntar a quienes dependen de la nieve del Kilimanjaro.

¿Sólo los gobiernos tienen la solución en sus manos?

Está en manos de una acción conjunta de todos los gobiernos. Al ser un problema global, un gobierno solo no puede hacer nada. EEUU y China podrían hacer algo entre ambos porque acaparan más de la mitad de las emisones. El CO2 de la atmósfera sigue aumentando todos los años. Estamos en un ambiente que hace veinte años se preveía que iba a ocurrir.

Así las cosas, ¿cómo es el futuro a corto y medio plazo?

No quiero ser muy pesimista pero... El calentamiento es inevitable. Tenemos ya 1º centígrado más de media en comparación con la media del siglo pasado y vamos a llegar seguro a 1,5º. Se trata de no superar los 2º, como marca la base de los acuerdos de París. ¿Qué significa 1,5º o 2º? Pues un clima aún mucho más extremo del que tenemos ahora y menos precipitaciones aún en la cuenca mediterránea, así como grandes inundaciones. Un calentamiento de este tipo significa cambiar las reglas de juego de los seres vivos. 1º o 1,5º parece poco pero es bastante. Ahora mismo, vamos disparados a los 4º a final de siglo si no se hace nada o si todos creemos que este Trump es un buen chico. Así las cosas, si todos los modelos se cumplen, y se están cumpliendo y cada vez son mejores, eso sería una catástrofe.

Y no me gusta ser catastrofista, pero es cierto. A partir de los 2º, el gas metano bajo los suelos congelados del hemisferio norte norte podría llegar a la atmósfera y el calentamiento se multiplicaría. También hay hidratos de metano en las placas continentales que podrían liberarse si la temperatura sigue aumentando. Y ese escenario, como mínimo, es distinto e imprevisible pero tendría enormes consecuencias sobre plantas, animales, cultivos, plagas.

¿Qué consecuencias tendría ese escenario?

Cambios muy bruscos en el clima, con periodos largos y desconocidos sin lluvia, grandes borrascas huracanadas... Es decir, se cambian las reglas del juego climático y todo empieza a estar fuera de control. Desde el punto de vista biológico podrían entrar especies tropicales, parásitos, plagas nuevas, etc. Sería un escenario muy preocupante, pero no tiene por qué pasar eso.

¿Hay lugar para el optimismo entonces?

Mucha gente es consciente de que este cambio existe. Tarde o temprano los gobiernos van a reaccionar y se van a cortar las emisiones. Si se cortan lo suficiente, aunque la temperatura siga aumentando y cause escenarios desconocidos, estamos a tiempo de estabilizar un poco el clima. No volveríamos a niveles preindustriales en varios centenares de años, pero al menos nos podríamos quedar como estábamos. Para eso, todos los gobiernos se tienen que poner de acuerdo y la respuesta tiene que ser global.

¿En qué cuestiones concretas se puede ir avanzando?

Con los coches estamos avanzando bastante. Entiendo que en un futuro serán eléctricos y habrá una mejora bastante importante. Y la electricidad tendrá que encontrar fuentes alternativas que no sean las de combustibles fósiles. Hay sitio para el optimismo, hay esperanza. Ha habido un pequeño revés con el Gobierno de Trump, pero es una persona y es temporal. Si EEUU se recupera y si todos los países se ponen las pilas, y se las tienen que poner, creo que podemos controlar un poco la temperatura del planeta.

España qué papel juega en todo este tema

Los deberes de Kyoto no los hizo España, quizás porque cogió una época de mayor crecimiento en la economía y fue complicado cortar las emisiones. Tanto Kyoto como París contemplan mecanismos de compraventa de emisiones. España debería cumplir con los acuerdos y no veo aquí gran resistencia pese a algunos sectores ligados a la escuela austriaca de economía, que niegan la intervención del Estado en ella. La lucha contra el cambio climático requiere la intervención de todos los sectores de la economía y, como decía antes, sembrar la duda entre la población provoca que los gobiernos no tengan demasiado interés en actuar sobre determinadas cuestiones. Pensar de una forma en economía o en política me parece bien, pero no se puede disfrazar con que la comunidad científica está dividida porque eso es falso.

La Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del Congreso ha aprobado una proposición no de Ley de Unidos Podemos por la que insta al Gobierno a identificar, en el plazo máximo de un año, los puntos negros de atropellos de fauna salvaje en las carreteras españolas, especialmente aquellos en los que persisten y aumentan los atropellos a linces ibéricos.

El texto, fruto de una transaccional entre Unidos Podemos y PSOE, ha sido apoyado por todos los grupos salvo el PP y pide también al Ejecutivo un proyecto para cada uno de los puntos negros identificados en los tramos de carretera, tanto estatales como regionales, encaminado al establecimiento de los pasos inferiores y superiores necesarios, con las características y dimensiones adecuadas, a la vez que se impermeabiliza el vial para los animales, de tal manera que se redirija a la fauna hacia esos pasos.

Asimismo, reclama que se destine una partida económica anual para ejecutar medidas que permitan evitar esos atropellos, y establecer planes de seguimiento anual para determinar si las medidas adoptadas están proporcionando los resultados esperados, esto es, reducir al mínimo el número de atropellos de mamíferos en esos tramos, y, en su caso, introducir en las mismas, modificaciones o llevar a cabo medidas adicionales.

En el caso específico del atropello de linces ibéricos, el documento pide ejecutar en el plazo máximo de tres meses, los convenios de actuación firmados hasta la fecha para la protección de la especie, así como las partidas anunciadas desde 2015 (un plan de 2,5 millones, del que sólo se ha invertido cinco veces menos de lo prometido).

SEIS LINCES MUERTOS EN LO QUE VA DE 2018

Según datos de la organización WWF, este lunes se encontró muerto por atropello otro lince, el sexto en lo que va de año. En 2017 se registró el mayor número de linces atropellados de la historia, con 31 animales muertos, 12 de ellos perdieron la vida en carreteras de competencia estatal.

WWF denuncia que esta situación se mantiene desde 2014, por lo que, en una carta remitida al Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del MAPAMA, ha reclamado que se pongan en marcha las obras prometidas a la mayor brevedad posible pero también que se desarrolle un Plan Nacional de Permeabilización de Infraestructuras, que permita abordar el problema a gran escala y a medio y largo plazo.

“Es necesario abordar el problema de los atropellos a una escala mayor y desarrollar una plan estatal que permita abordar el problema de las principales especies de fauna protegidas y, además, que garantice el cumplimento de la nuevas políticas europeas como la Estrategia Europea de Infraestructura Verde adoptada en 2013 por la Comisión Europea”, ha dicho en declaraciones a Europa Press el responsable de Especies de WWF, Luis Suárez.

Un informe elaborado por laboratorios privados, encargado por la plataforma ciudadana Ahora Almería, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, revela que en la desembocadura de la Rambla de Almería, en su conexión con las aguas del Puerto y junto al centenario cargadero de mineral, se han detectado vertidos de aguas fecales con la presencia de residuos de Escherichia Ecoli y Coliformes fecales. Las muestras de agua fueron recogidas el pasado 3 de enero y van a remitirse a la Fiscalía de Medio Ambiente de Almería y al Defensor del Pueblo Andaluz, así como al delegado de Medio Ambiente y al alcalde de la capital.

Según José González Marín, miembro de la plataforma Ahora Almería, la situación viene provocada por la falta de limpieza de la zona por parte del Ayuntamiento de Almería, administración responsable de la misma “al menos una vez al año”. Esto provoca además malos olores en uno de los parajes más visitados de la capital, la entrada a la ciudad a través de Málaga, en un lugar conocido popularmente como 'La ballena', al situarse allí esculpida en el suelo la figura de este animal marino, bajo la centenaria estructura de hierro del antiguo cargadero de mineral, inaugurado por Alfonso XIII en 1904 y construido siguiendo el modelo del estilo de la escuela de Gustave Eiffel, autor de la famosa torre parisina.

Denuncia González Marín que “esto son palabras mayores. Para que esta bacteria llegue hasta aquí significa que alguien cercano no está conectado a la red pública de Almería y directamente está evacuando a la Rambla. Y si no es así, que se desmienta. Tenemos cartas de petición de reunión con el delegado de Medio Ambiente y el alcalde para que se expliquen, enviadas el pasado mes de enero, y ni han contestado”. Ahora Almería llevará estos datos a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Defensor del Pueblo Andaluz.

El pasado mes de diciembre Ahora Almería ya realizó una protesta, y en enero las brigadas municipales efectuaron una limpieza de los fangos más visibles bajo la Rambla, pero la zona de la desembocadura en el mar sigue con falta de higiene y restos de basuras. Según esta fuente “la corporación municipal más cara de Andalucía no ha dicho nada sobre este asunto. Los grupos políticos lo saben y no han hablado. Y el alcalde aún no nos ha respondido a nuestra petición de reunión.”

La plataforma ciudadana Ahora Almería formaba parte en las pasadas elecciones municipales del proceso de intento de unión de una candidatura de izquierdas formada también por Ganemos, Equo, Izquierda Unida y Podemos, que finalmente no fructificó, presentando finalmente cada grupo una lista por separado.

Mañana mismo o dentro de 15 años. Aunque lo más lógico es que sea en unos cinco años. Son las previsiones de la organización ecologista Greenpeace para ver el Hotel El Algarrobico, símbolo de la destrucción de la costa española, reducido a escombros. Han pasado 15 años desde que se puso la última piedra en este paradisíaco rincón del litoral almeriense -Parque Natural Cabo de Gata-, pero no sería hasta 2006 cuando un Juzgado de Almería dejaba en los 'huesos' la construcción de Carboneras, con la paralización de las obras.

Durante más de una década, la madeja judicial ha ido enredándose y enredándose a base de denuncias, recursos y alegaciones no sólo de la propia constructora, Azata del Sur, sino del Ayuntamiento de Carboneras o de la propia Junta de Andalucía, que llegó a manipular a mano los planos de la zona según los tribunales.

Ahora, por fin, una sentencia del Tribunal Supremo ha acabado con los ambages de todas las administraciones: se acabó la vía contencioso-administrativa y la Junta de Andalucía está obligada a acudir a la civil para reclamar los terrenos sobre los que está construido el hotel.

Es decir, ejercer su derecho de retracto, para que la constructora tome los 2,3 millones de euros y aquel pedacito de costa vuelva a ser de titularidad pública.

La última vía es civil

En respuesta a eldiario.es Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente aclara que acudirá la vía civil impuesta por el Tribunal Supremo “antes de que finalice el mes de febrero” y una vez que tenga estudiados “todos los flecos jurídicos”. Greenpeace denuncia, por su parte, que el Gobierno andaluz podría haber acudido antes a dicha vía, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en sentencia firme, ya le había dado la razón a la Junta y podían hacerse con las fincas reclamadas en 2006 a la empresa constructora. “El Gobierno andaluz podía ya haber comenzado los trámites para obligar a Azata a entregarle la finca, pero no lo hizo hasta el año 2015. Si la Junta hubiese iniciado el pleito civil en 2013, ya tendría al menos sentencia en primera instancia”, señala la organización ecologista.

Según la Junta, “siempre hemos entendido desde la Junta de Andalucía que la vía civil era una vía más lenta que la administrativa, y dado que la Sentencia no era firme, entendíamos que lo más oportuno y conveniente para demoler el Algarrobico lo antes posible era ultimar la vía administrativa. Había que agotar todas las posibilidades para tirar cuanto antes el Hotel, ya que entendíamos que había fundamento jurídico importante para sostener esa pretensión”.

En cualquier caso, el paso que dará la Junta, debería agilizar los trámites. No es la única administración que rema ya sin ambages a favor del derribo del símbolo de la especulación en la costa. También lo hace, por fin, el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), en cuyo término municipal se encuentra el hotel. El Ayuntamiento, que tampoco ha atendido a las consultas de este diario, tomó el pasado mes de diciembre un importante paso: van a modificar su plan urbanístico para que los, hasta ahora, suelos urbanizables donde se asienta el hotel queden protegidos.

Tal y como había exigido el TSJA (2012) y el Supremo (2016), El Algarrobico estaría construido según la normativa local en suelo ilegal. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, manifestó que la decisión municipal vendrá “a facilitar las cosas”, según recogía Europa Press el pasado 11 de enero.

“Entendemos que si se ha dado este paso, en el ámbito de la revisión de oficio de la licencia municipal de obras se actuará de igual manera porque si no no tendría sentido”, apuntalaba.

Los otros flecos: derribo y empleo

Con el fin de El Algarrobico en el horizonte, quedan dos cuestiones por resolver: el empleo de la zona y el derribo del edificio, de 21 plantas y más de 400 habitaciones. Ambos asuntos están conectados. En 2011, el expresidente andaluz, José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar (hoy consejera andaluza de Justicia), acordaron que los gastos de la demolición correrían a cargo del Gobierno central y los del reciclaje de los escombros y la restauración del paraje, a cargo de la Junta.

Consultadas ambas administraciones por este diario, la Junta de Andalucía señala que el protocolo de colaboración “sigue vigente y en su cláusula segunda se indica que el Ministerio abordará la financiación de la demolición y que la Junta abordará el desescombro y la correcta gestión de los residuos que esta demolición genere”. Así lo corrobora el Gobierno de España, señalando que “el Ministerio firmó un Protocolo de colaboración con la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de El Algarrobico. El Ministerio ha manifestado su compromiso de colaborar en la cofinanciación de esta recuperación, que supone la demolición del hotel”.

Ambas administraciones mantienen la cautela y no ofrecen cifras sobre dicha operación. Greenpeace, por su parte, calcula que la demolición se situará en torno a los siete millones de euros. Es ahí, donde entra, el prometido plan de empleo para la zona que reclama ahora el Ayuntamiento de Carboneras. En 2014, la entonces consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, anunció que el Ejecutivo autonómico un “plan de empleo extraordinario”, algo que ya venía recogido en el protocolo de 2011, con un un plan de empleo juvenil , poniendo en marcha de una Escuela-Taller enfocada a la restauración de los ecosistemas del Cabo de Gata. El alcalde Carboneras reclama ahora dichos planes de empleo para la juventud y “la instalación de grandes empresas que crearán centenares de puestos de trabajo en el levante almeriense”.

Con todas las administraciones remando en la misma dirección, es cuestión ya de tiempo que el hotel doblemente ilegal (construido en espacio protegido y en la mismísima playa), según los tribunales, termine reducido a escombros. La única duda que queda ya es saber cuándo.