Hasta hace poco, las gasolineras de Repsol –empresa petrolera con mayor número de estaciones de servicio en España– ofrecían tres tipos de combustibles: gasolina, diésel y GLP. En 2023, sumó una cuarta variedad: los carburantes ‘100% renovable’, disponible en 2026 en 1.500 puntos de venta en todo el país. En su página web, la compañía explica que se trata de un combustible que se fabrica sin usar una sola gota de petróleo. Está hecho a base de “aceites vegetales usados y otras materias primas como son los restos agrícolas o forestales”, lo que permite “cero emisiones netas en uso”.

Para sorpresa de muchos conductores, este combustible que Repsol desliga de su producción fósil se ha encarecido también con la guerra que Estados Unidos e Israel han desatado en Oriente Medio. Los precios han subido igual o más que la gasolina y el diésel tradicional, dependientes de un petróleo que, por la parálisis del estrecho de Ormuz –por donde circula el 20% del crudo consumido en todo el mundo– ha superado los 100 dólares el barril, un precio crítico para la economía global, según economistas e internacionalistas.

Es decir, lejos de desacoplarse del mercado fósil, la evolución de este combustible “renovable” ha sido prácticamente paralela en los carteles de precios de todas las gasolineras. Según datos difundidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en los primeros 15 días de marzo, antes de la rebaja del IVA por parte del Gobierno, la gasolina 95 subió de 1,498 a 1,769 euros por litro (+27 céntimos), mientras que la gasolina ‘renovable’ pasó de 1,702 a 1,938 euros (+23,6 céntimos). En el caso del diésel, la opción en teoría renovable trepó más de 40 céntimos: de 1,642 a 2,049 euros.

Como era de esperar, esta incongruencia generó malestar en muchos conductores, entre ellos Adolfo Díaz Bautista, profesor de Derecho Romano de la Universidad de Murcia. En sus redes sociales, preguntó por qué “si el diésel renovable es de origen vegetal y no procede del petróleo ha subido a casi 2 euros por litro a partir de la guerra de Irán”. Cuando la consulta se viralizó –tuvo más de 400.000 visualizaciones en la red social X–, Repsol contestó a través de su cuenta oficial: “A pesar de que el Diesel Nexa origen 100% renovable se produce a partir de materias primas orgánicas, su precio, como el del resto de combustibles, está ligado a los mercados energéticos internacionales”.

Greenwashing industrial

Otra gasolinera que en España ofrece estos combustibles es Moeve (exCepsa). La empresa explica que lo obtiene mediante procesos de hidrotratamiento de aceites y grasas, que se trata “de la solución energética inmediata para la descarbonización” y que está ayudando a reducir las emisiones en “sectores difíciles de electrificar”, como el transporte terrestre, marítimo y la maquinaria agrícola.

Para Ismael Morales, responsable de Política Climática en Fundación Renovables, “el diésel 100% renovable no existe, es realismo mágico que solo ellos creen para marcar un relato en la población que no es real”. Su análisis es que la problemática va mucho más allá de esta paradoja, de precios acoplados sin ninguna justificación.

La lupa, dice, hay que ponerla en el “retardismo climático” y en el “greenwashing industrial”, un posicionamiento que le está sirviendo al sistema automovilístico “para no reconvertir su cartera a vehículos eléctricos, principalmente porque se han quedado fuera de la carrera respecto a las nuevas marcas procedentes de China”.

Por un lado, tener un diésel ‘100% renovable’ implica mantener los vehículos con motor de combustión, por lo que la contaminación y la emisión de partículas no se elimina. “Es decir, la calidad del aire sería igual de mala que actualmente, algo que mejora ampliamente con los motores eléctricos”, explica este experto. El segundo punto sí es el precio, “que siempre va a ser más elevado que la electricidad, porque la cadena de valor del subproducto para generar ese biodiésel va a ser muy dependiente de los combustibles fósiles para su transporte, procesado y distribución”.

“De fondo, no tenemos veracidad de que se trata de un combustible 100% renovable al no haber auditorías constantes y externas. Estamos ante una tapadera para continuar extrayendo y quemando gas o petróleo. A día de hoy, apostar por esos combustibles en el transporte por carretera y no por la electricidad, es un error gravísimo a nivel climático que no podemos permitirnos”.

Emisiones, dependencia externa y fraudes

Francisco del Pozo Campos, ingeniero industrial especializado en mecánica y responsable de gas fósil en Greenpeace, aclara que los biocombustibles emiten una cantidad similar de CO₂ al de los carburantes fósiles en el momento de la combustión. Se suelen considerar “erróneamente neutros en carbono” ya que estas sustancias liberan el CO₂ que ya habían absorbido en el ciclo de vida de la planta de la que proceden.

“Realmente no son neutros en carbono, dado que tiene emisiones ligadas al cultivo o residuos del que proceden, incluido emisiones ligadas a los fertilizantes y tractores necesarios para el cultivo, los medios de selección y cribado de los residuos, el transporte hasta la planta de refinado, el proceso de refinado y distribución posterior hasta las gasolineras. Para algunos cultivos, estudios científicos han señalado que en realidad los agrocombustibles emiten más CO₂ si se tiene en cuenta la cadena completa de producción y la deforestación”, explica.

Coincide Marcos Raufast, responsable de Aviación en la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). Señala que en “condiciones óptimas”, con materia prima local, estos biocombustibles pueden llegar a reducir hasta el 70% de su huella de carbono en su ciclo de vida.

Bosco Serrano Valverde, responsable de combustibles sostenibles para aviación y sector marítimo de la organización Transport & Environment (T&E), detalla que el 80% del biocombustible que consume España, a base de palma y soja, se importa. Brasil e Indonesia son los principales mercados. “Es muy importante diferenciar el origen de la materia prima que se utiliza para producirlos. Actualmente, la producción de combustible de origen biológico está en auge. Pero estos biocombustibles, producidos a partir de residuos o cultivos, cuentan con un preocupante potencial de fraude, escasez de materia prima y dependencia del exterior”, aclara Ecodes en su informe El futuro verde de la aviación en España.

Lo que ocurre, explica Raufast, es que ante “la alta demanda de estas materias primas”, se han empezado a detectar falsificaciones en los envíos –aceite de palma virgen como usado– y cambios en los usos de las tierras de los países productores, deforestando bosques antiguos y liberando grandes sumideros de carbono, “incrementando el cambio climático y reduciendo la biodiversidad”.

Competencia por el territorio, el agua y los alimentos

Los biocombustibles de primera generación proceden de cultivos alimentarios como el maíz y la caña de azúcar, mientras que los de segunda generación –los que se venden en las gasolineras españolas– se obtienen de vegetación no comestible y residuos agrícolas.

Greenpeace considera que ambos carburantes son una “solución dañina para el clima” por materias primas que casi siempre proceden de la agricultura intensiva, con un impacto perjudicial en los territorios. “Restan espacio y agua para el cultivo de comida, lo que encarece los alimentos”, subraya Del Pozo. Esta competencia representa un riesgo extra para una seguridad alimentaria que, producto de la guerra, empieza a estar en jaque por la escasez de fertilizantes y el aumento de todos los costes asociados a las cosechas.

Según un estudio de 2023 encargado por T&E, Europa destina a cultivos para biocombustibles una superficie de tierra equivalente al tamaño de Irlanda. Esa tierra podría servir para alimentar a 120 millones de personas o podría absorber el doble de CO₂ si se devolviera a la naturaleza. Los autores de esta investigación concluyen que se necesitaría solo el 2,5% de estas tierras para generar la misma cantidad de energía con paneles solares.

El Congo es un ejemplo del impacto de los biocombustibles en el territorio. En los últimos años, varias petroleras europeas se instalaron para cultivar ricino, una planta no alimentaria (crece en tierras degradadas) que sirve como materia prima para estos carburantes. Sin embargo, ante la necesidad de escalar la producción, estas empresas están invirtiendo en cultivos comestibles, como girasol y soja, perjudicando la seguridad alimentaria local.

“Actualmente, destinamos vastas extensiones de tierra a cultivos que luego quemamos con nuestros coches. Es un despilfarro escandaloso. Estas tierras podrían alimentar a millones de personas o, si se devolvieran a la naturaleza, constituirían sumideros de carbono ricos en biodiversidad. Los biocombustibles derivados de cultivos son probablemente la mayor tontería que se haya promovido jamás en nombre del clima”, resume, Maik Marahrens, director de biocombustibles de T&E.

El dominio norteamericano de la colonización y la exploración lunar ha sido durante mucho tiempo un monopolio. La gloriosa carrera por la Luna del siglo XX entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue descrita como “un accidente histórico”, en palabras del profesor Gerard J Degroot, del departamento de Historia Moderna de la Universidad de St. Andrews en Escocia, en su obra Dark Side of the Moon. Fue un campo de batalla político. El objetivo de los americanos era llegar a la Luna antes que los soviéticos y por un “breve momento, el dinero no importaba”. Una vez logrado el objetivo, no había respuesta para una pregunta tan simple como ¿y ahora qué? Bien, hemos llegado a la Luna, ¿cuál es nuestra siguiente misión?

En los últimos 12 años, este monopolio se ha visto amenazado. Lo que en principio empezó como un juego de dos superpotencias en el tablero de un ajedrez espacial se ha convertido ahora en una nueva batalla a cuatro manos por parte de los países más poderosos de la Tierra. A Estados Unidos, que trata de revivir y dar continuidad a la gloria de las conquistas de las misiones Apolo, y a la actual Rusia, disminuida al estar envuelta en una guerra que la ha aislado internacionalmente, se han unido los dos gigantes que quedaban: China e India.

Este último país hizo historia en agosto de 2023, cuando la sonda Chandrayaan-3 alunizó en el polo sur lunar, todavía inexplorado. El módulo contiene un rover, un robot con ruedas repleto de instrumentos científicos de observación. Allí, a la sombra de sus enormes cráteres, se almacena agua congelada, desmontando la creencia de que la Luna es un planeta seco y completamente deshidratado. Esta hazaña ha colocado a India en el cuarto puesto, con probada capacidad tecnológica para posar un artefacto en el satélite.

China, por su parte, cuenta con un programa lunar sólido desde que se aprobó en 2004. La velocidad con la que los chinos siguen cosechando éxitos es un asunto discreto que no tiene la potencia publicitaria de los logros americanos. Al mismo tiempo, el tradicional hermetismo de las autoridades chinas aporta un grado de discreción conveniente en un océano de informaciones cambiantes dentro del mundo de las redes sociales. Pese a ello, muchos medios norteamericanos miran de reojo y con preocupación el avance regular y la firme determinación de China de colocar allí a sus héroes nacionales, así como de los planes que hablan de una base lunar permanente. En las tripas de la NASA, estos logros tecnológicos no causan preocupación, confirman algunas fuentes, pero se admite que Estados Unidos están de facto embarcados en una nueva carrera espacial con China.

De la exploración a la explotación lunar

La nueva carrera espacial va mucho más allá de las motivaciones políticas o la rivalidad internacional. En el siglo XXI, la Luna se ha convertido en un objetivo más razonable ante el ambicioso plan de llegar a Marte en algún momento. ¿Por qué? El Laboratorio de Propulsión a Chorro (Jet Propulsion Laboratory o JPL, en inglés) en Pasadena (California) asegura que nuestro satélite contiene tres elementos fundamentales que lo hacen extremadamente útil de cara a la exploración espacial y quizá a la de otros mundos.

El primer tesoro es el agua. La Luna no contiene agua líquida, pero sí agua congelada suficiente para llenar 240.000 piscinas olímpicas, de acuerdo con las estimaciones– a la baja– que ha realizado la Sociedad Planetaria. El agua es esencial para mantener los cultivos agrícolas y de alimentos fuera de la Tierra y para fabricar combustible. Y es muy probable que estas cantidades supuestas sean bastante superiores, ya que podría existir hielo subterráneo no detectado aún fuera del alcance de los radares de las sondas actuales.

El segundo tesoro dentro de esta peculiar lista es el helio 3, un viejo conocido que genera discusiones. El helio 3 es un isótopo del helio, muy raro en la Tierra, pero abundante en el suelo lunar. Debido a que la Luna no tiene campo magnético, la acción del viento solar –inmensas corrientes de partículas de muy alta energía emitidas por el Sol– ha pelado la primitiva atmósfera y depositado abundantes cantidades de este isótopo en el regolito lunar. Se ha argumentado que el helio 3 es el combustible ideal y limpio para lograr la fusión nuclear. Si se fusiona con deuterio, un isótopo estable del hidrógeno, se lograría una fusión limpia, sin residuos radiactivos, y una fabulosa cantidad de energía.

El tercer tesoro que tiene son los metales raros. En la Luna hay 15 de ellos, junto con el escandio y el itrio, que se usan comúnmente en la fabricación de los componentes electrónicos de los teléfonos móviles, las tabletas y los ordenadores. El 90% del suministro de estos metales raros viene de China. Y en un contexto internacional convulso, el gigante asiático asegura que solo tiene reservas para 15 ó 20 años.

En la década de la Luna, ¿qué significa una bandera norteamericana, rusa, china o japonesa clavada en el suelo lunar? ¿A quién pertenece el satélite de la Tierra? Responde Frans G. von der Dunk, profesor de Leyes Espaciales, que forma parte del programa Cyber de Telecomunicaciones del Colegio de Leyes de la Universidad de Nebraska-Lincoln en Estados Unidos. “A toda la humanidad entera. Y si quiere más precisión, a todos los países juntos. Está muy claro en los artículos I y II del Tratado del Espacio Exterior de 1967. Ese tratado proporcionó todo el entramado legal de todas las actividades espaciales, que incluían la Luna, y que afecta a todos los países que viajen al espacio”.

¿Es posible que alguien reclame con éxito una parte del territorio de la Luna? “No. Ningún estado puede poseer un lugar concreto en la Luna. Y por añadidura, ninguna persona ni compañía puede reclamar esa posesión, incluso si incluimos algunas de esas falsas informaciones que hablan de ventas de parcelas en la Luna. Tampoco serviría haber llegado el primero a un determinado lugar”. No obstante, estaría por determinar el tamaño de la zona de explotación y el tiempo de la validez de esa licencia.

Sobre si las agencias espaciales que hablan de la explotación de los recursos minerales de la Luna están preocupadas por una posible contaminación, este especialista responde: “Me consta que sí, tanto la explotación de recursos en la Luna como la contaminación no tienen una regulación específica en el Tratado de Espacio Exterior. Si retrocedemos en el tiempo, es algo que nadie previó, no estaba en ninguna agenda política ni económica”.

Josep Piñol, artista de 31 años de las Tierras del Ebro, era consciente de que no pintaba nada en aquel lugar: una convención de gente poderosa, adinerada, reunida en un hotel de lujo. En ese encuentro estaba, en sus palabras, “el establishment económico del país”. Le había invitado una conocida. Tuvo curiosidad. Primero fue a un encuentro similar en una casa, y después, le invitaron a una segunda reunión, en un hotel. Piñol pide no dar detalles del lugar ni de las personas que estaban presentes. En el momento del cóctel, un hombre de unos 80 años se dirigió a un grupo reducido de personas y, copa de champán en mano, empezó a hablar. Había dedicado su vida entera a asesorar a gobiernos e instituciones, dijo, y había sentido “mucha vergüenza” al leer en la prensa sobre una operación financiera que se acababa de tejer entre dos compañías. Los representantes de ambas empresas estaban allí presentes, de pie, justo delante de Piñol. “El tipo les empezó a vacilar y dijo: 'Bueno, no hay mucho que hacer aquí porque lo que he visto después de toda mi trayectoria es que nadie está dispuesto a renunciar a sus propios intereses'”. Y prosiguió: “Miraos, todos aquí con trajes carísimos, que no bajan de los mil euros. ¿Quién está dispuesto a renunciar a su privilegio? Nadie. Así que brindemos por el clima, por la hipocresía, por la sostenibilidad y por las evitadas”.

¿Qué son las evitadas?, se preguntó el artista. La operación a la que se refería el hombre era la siguiente: una compañía había financiado a otra para que dejara de extraer gas. La “no extracción”, cuenta ahora el artista, que no quiere desvelar de qué empresas se trata, se había computado en el mercado voluntario de emisiones evitadas. Esas personas, las que habían cerrado la transacción, también brindaron. “Por las evitadas”.

Solo anunciar en un compromiso firmado la reducción de emisiones frente a una alternativa hipotética puede transformarse, mediante este mercado, en créditos de carbono reales, que se ponen en venta y que otras empresas compran para 'compensar' sus emisiones. Esa compensación sirve, por ejemplo, para que las aerolíneas puedan anunciar vuelos en teoría neutros en carbono, aunque sus aviones sigan quemando queroseno

En el complejo universo de los mercados de emisiones de carbono, tanto en el obligatorio como en los voluntarios, existen los créditos por emisiones ‘evitadas’: aquellas toneladas de CO2 que una empresa o entidad habría logrado no enviar a la atmósfera tras adoptar una medida concreta. Puede ser una instalación de energías renovables que se construye en lugar de una central de combustibles fósiles, o un plan de una empresa que contempla usar una flota eléctrica frente a la que ya tiene, de diésel, entre otros muchos proyectos posibles. Solo anunciar en un compromiso firmado la reducción de emisiones frente a una alternativa hipotética puede transformarse, mediante este mercado, en créditos de carbono reales, que se ponen en venta y que otras empresas compran para 'compensar' sus emisiones. Esa compensación sirve, por ejemplo, para que las aerolíneas puedan anunciar vuelos en teoría neutros en carbono, aunque sus aviones sigan quemando queroseno, o para que el informe financiero de una empresa destaque esta aparente reducción de emisiones con la que seducir a nuevos inversores o satisfacer a los actuales.

En sí, son operaciones completamente legales, y más o menos reguladas (mucho más en sistemas obligatorios como el esquema de comercio europeo). Por supuesto, existen trampas. Una investigación liderada por The Guardian, el periódico alemán Die Zeit y la ONG periodística SourceMaterial reveló en 2023 que más del 90% de los créditos de compensación emitidos por la principal certificadora a nivel mundial, Verra, y que habían usado grandes empresas como Disney, Shell o Gucci, eran créditos fantasma y no representaban una reducción real de las emisiones. Los periodistas pudieron comprobar que buena parte de los proyectos para mantener bosques y evitar la deforestación, que habían generado esos créditos, eran meras alegaciones y conjeturas. Se basaban en amenazas de tala sobreinfladas en más del 400%.

Para Carbon Brief, un medio dedicado en exclusiva a la política climática, que ha investigado y seguido de cerca las trampas en la financiación climática y los mercados de carbono, ese es el problema. “Estos mercados se basan en una hipótesis contraria a los hechos, en un escenario que nunca ocurrió y no se puede demostrar que hubiera ocurrido”, explica Josh Gabbastiss, especialista en financiación climática y periodista en este medio. Gabbastiss arguye que, si un agente (una empresa, un país) alega que, de no haber construido un parque eólico o una planta solar determinada, habría impulsado una infraestructura de combustibles fósiles en su lugar, no es muy fiable. “La realidad es que hoy en día sale muy barato instalar tecnología renovable, así que en muchos de los casos simplemente tiene sentido económico apostar por renovables antes que infraestructura fósil”, dice. “O, en el caso de los créditos forestales, ¿cómo se puede probar que en realidad ese bosque hubiera sido talado?”, plantea.

A diferencia de los créditos por evitación, la compensación por retirar CO2 de la atmósfera, bien plantando árboles, bien –algo bastante menos frecuente– construyendo infraestructura de captura y almacenamiento de carbono, es mucho más fácil de medir. “Pero la mayor parte de la compensación en mercados de carbono no proviene de la retirada de CO2, sino de la reducción o evitación”, incide este especialista.

Por ejemplo, buena parte de la compensación bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el programa de Naciones Unidas que impulsó el Protocolo de Kioto (1997), provino de proyectos hidroeléctricos en Brasil, China o India, así como de otras instalaciones renovables. “Se entiende de manera generalizada que esos desarrollos se habrían llevado a cabo de todos modos. Por tanto, no hubo ninguna acción climática adicional como resultado de esos proyectos de compensación”, argumenta Gabbastiss, que concluye: “Significa que las compensaciones en sí mismas no tienen ningún valor”.

“Qué fúnebre… ¿Hasta dónde hemos llegado?”, pensó Piñol cuando le explicaron en qué consistía la categoría de emisiones evitadas. “Me pareció increíble que especulemos con cualquier cosa y que construyamos narrativas que permitan lavarnos la cara así de fácil”, señala. Para este exmonaguillo, que con su anterior obra –una virgen rodeada de morcillas– se ganó una demanda de Abogados Cristianos, los derechos de emisión (los créditos de carbono) serían algo así como bulas papales contemporáneas: en el mercado de indulgencias papales de la Edad Media, se vendían perdones para quien hubiera cometido o fuera a cometer un pecado. Era, esencialmente, comprar el derecho a pecar. Y lo mismo, arguye, sucede con los derechos de emisión.

Un artista conceptual en la actualidad vive, en buena medida, de su agenda. Y a Piñol no le faltan contactos. Llamó a juristas de diferentes bufetes, a expertos en mercados de carbono que, uno tras otro, le ayudaron a comprender el mecanismo del que se benefician tantas empresas hoy, un esquema creado con el Protocolo de Kioto de 1997 y por el que ya fluyen cientos de miles de millones de dólares. Solo los mercados voluntarios movieron en 2024 cerca de 1.700 millones de dólares, según Global Market Insights.

Cuando por fin lo comprendió todo, el artista tarraconense decidió hacer una denuncia artística de todo el engranaje, haciendo exactamente lo mismo que las empresas que participan del mercado. Inventaría un proyecto, mediría la huella de carbono de esa obra hipotética, la avalaría y presupuestaría, luego decidiría no hacerla, certificaría las emisiones de la obra no realizada y obtendría los créditos de carbono por las toneladas evitadas.

Solo tenía que seguir el proceso completo, empezando por el paso inicial de pensar una “no obra”. En Belém, ciudad de la Amazonía brasileña donde estaba prevista la cumbre del clima COP30 a finales de 2025, Piñol construiría una macroestructura de cemento de casi 30 metros de altura. En el último piso colocaría ataúdes y, sobre estos, cien esculturas de bronce que representarían a hombres trajeados, similares a los ejecutivos que conoció en la convención del hotel de lujo. El bloque sería además una planta de captura de CO2, pero llevarlo a cabo implicaría deforestar y ocupar un terreno de mil metros cuadrados. Un delirio que, aunque él sabía que nunca ejecutaría, logró levantar en total 18,4 millones de euros en rondas de inversión, algo que acreditó con cartas de interés firmadas por unas entidades –una británica y otra canadiense–, cuyos nombres Piñol no quiere hacer públicos.

Segundo acto: el artista debía medir la huella de carbono de su “no obra”. Con los planos sobre la mesa, una consultora especializada debía hacer un análisis de ciclo de vida del impacto ambiental del proyecto, siguiendo las normas ISO 14040 y 14044. Piñol levantó de nuevo el teléfono. Casi todos los consultores que contactó le rechazaron. No sabían bien a qué se refería, no contaban con suficiente experiencia en ese ámbito o, directamente, les parecía una locura. ¿Acreditar las emisiones evitadas de una obra de arte no producida? No se había hecho nunca. Pero uno dijo que sí: Juan Vicente Fernández, fundador y director de Greenme.

Este madrileño fundó su empresa en 2018. Ahora, su equipo de ocho personas ofrece asesoría técnica a empresas que quieren cumplir sus compromisos ambientales, conocidos en el mundo corporativo como ESG. La propuesta alocada de Piñol le cautivó. “Gracias a que somos muy técnicos tenemos una visión muy sistémica de la vida”, dice Fernández, crítico con la eficacia de los mercados de carbono para frenar el calentamiento global: “Son un parche. Empezaron con un objetivo bastante bueno, pero al final la idea es la simplificación de una realidad que es muy compleja. Si emites CO2 a través de un tubo de escape o de una chimenea no quiere decir que un árbol que plantes lo vaya a absorber. No es así de lineal”, comenta. Pero él ya trabajaba con empresas que querían generar créditos de carbono mediante emisiones evitadas y también mediante la absorción y almacenamiento de CO2.

Tercer acto: como no existía todavía una forma de certificar obras de arte no ejecutadas, tuvieron que desarrollar un estándar de cero. Lo validó Art Carbon Avoided (ACA) S.L., cuyo administrador único es nada menos que el propio Josep Piñol. Así que una empresa puede crear su propia certificadora para verificar el proceso con el que conseguir créditos de carbono partiendo de una mera promesa. En adelante, ACA sería la base legal de lo que el artista denominó cultural degrowth credits (créditos de decrecimiento cultural).

Cuarto acto: una auditoría independiente debía revisar la documentación y comprobar que, en efecto, Piñol contaba con el aval y el presupuesto para construir su obra delirante (cartas de interés de los inversores potenciales). En otras palabras, que el proyecto era viable y no solo humo. Piñol logró luz verde de la auditoría. Eso generó unos créditos de carbono que correspondían a las 57.765 toneladas de CO2 evitadas, porque el autor decidía, después de todo, no desplegar su macroinstalación en la selva amazónica. El valor de los créditos de carbono ascendía a 1,6 millones de euros. En el mercado voluntario de carbono, el precio de la tonelada no está tasado, sino que lo fija la ley de la oferta y la demanda. Una certificadora como Verra puede establecer precios mucho más altos que una como Art Carbon Avoided S.L., que acaba de nacer y no conoce nadie.

En ningún momento el artista quiso vender sus créditos de carbono. Y en todo caso, planea la pregunta de si alguien los hubiera comprado. Juan Vicente Fernández cree que no. “El tema de la sostenibilidad es muy reputacional, y muchas empresas quieren evitar caer en greenwashing o en escándalos”, explica. El de Piñol, dice, “no es un estándar reconocido internacionalmente”. “Hace 15 años había mucho más pirateo, mucho más desconocimiento por parte de las empresas. Hay menos greenwashing porque tienen más miedo de caer en ello” , agrega. Pero el artista no lo tiene tan claro: muchas empresas, dice, pueden declarar en sus informes o campañas publicitarias que han compensado sus emisiones sin desglosar de dónde proceden esos créditos.

Acto final: Piñol debía comprometerse a no materializar su obra ante un notario, compromiso que selló frente a un grupo de periodistas convocados para observar la performance en el Museu Tàpies de Barcelona, que dirigió Manuel Borja-Villel, exdirector del Museo Reina Sofía y del MACBA de Barcelona. También canceló los créditos de carbono generados para sacarlos del mercado voluntario. Solamente vendió una tonelada acreditada –a un coleccionista libanés– y declaró su renuncia a cualquier derecho de uso, transmisión o explotación sobre el resto “para que no pudieran convertirse en objeto de especulación ni ser utilizadas en reportes de sostenibilidad corporativa”.

La obra, ahora, es un simple papel: el certificado de evitación. Un folio enmarcado que muestra el sinsentido de que incluso aquello que no existe, lo que no se llega a producir, pueda generar más valor económico precisamente por no ser. Y, algo peor, que pueda convertirse en una carta blanca para calentar el planeta.

En octubre de 2011, durante una entrevista en televisión con la cadena Bloomberg, al entonces joven ejecutivo de Tesla, Elon Musk, le preguntaron si veía a BYD, un fabricante chino de vehículos eléctricos que empezaba a despegar en el mercado de la movilidad limpia, como un competidor serio para su compañía. Musk se rio varias veces antes de responder la pregunta. “¿Habéis visto sus coches?”, lanzó en tono burlón. “No parecen ser muy atractivos”, agregó con una sonrisa despectiva. Catorce años después, la mueca de Musk es otra cuando escucha hablar de BYD, el nuevo rey planetario del vehículo eléctrico. A finales de diciembre se ha confirmado: la firma asiática ha superado por primera vez a Tesla en ventas de autos eléctricos en 2025.

A nivel global, BYD vendió en diciembre 414.784 automóviles, prácticamente la misma cifra que Tesla entregó en el último trimestre del año. En el recuento anual, las entregas ascendieron a 2,25 millones de automóviles, un 28% más que el año anterior. Tesla confirmó su declive este viernes al informar de que el año pasado vendió 1.636.129 vehículos, un 8,5% menos que en 2024. Es el segundo año consecutivo que la estadounidense Tesla reduce sus ventas.

En España, el crecimiento de la marca china ha sido exponencial: 343% respecto a 2024. Así se desprende del registro de matriculaciones de automóviles eléctricos nuevos que lleva la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (GANVAM). La marca asiática, una empresa que nació como una fábrica de baterías a finales del siglo XX, fabricó su primer vehículo en 2005 y ha cerrado su último balance anual con 4.550.036 entregas, cifra récord. “En 2026, BYD se convertirá en la primera marca de coches eléctricos en España”, aventura Xavier Cugat, jefe de proyectos de plantas fotovoltaicas y experto en movilidad sostenible. “El ratio calidad-precio es muy bueno. Mucha gente que hasta hace poco no podía acceder al coche eléctrico con BYD lo está haciendo. Tiene que servir de lección a Europa”, reflexiona.

A mediados de diciembre, la Comisión Europea dio un giro significativo en una de sus políticas climáticas más emblemáticas, al suavizar el veto a la venta de coches de combustión a partir de 2035, un cambio que modifica la norma original, que exigía una reducción del 100% de las emisiones y suponía el fin total del motor de combustión. Es decir, al mismo tiempo que Europa claudica ante el lobby de los fabricantes de coches, con las marcas alemanas a la cabeza (Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz), y se aferra a los motores contaminantes, China pisa el acelerador a fondo y empieza a comerse los mercados de Occidente.

“La mayor parte de las empresas automovilísticas europeas ha decidido primar el corto plazo. En lugar de apostar por ser líderes en la tecnología del futuro, una revolución ya imparable, han apostado por seguir siendo líderes de la tecnología del pasado. Es un error estratégico muy gordo que se pagará caro”, afirma Cugat. Coincide Pedro Fresco, exdirector general de Transición Ecológica del Gobierno valenciano. “El crecimiento de BYD refleja cómo la política industrial, un anatema en Occidente hasta hace algunos años, puede desarrollar realmente una revolución tecnológica”, agrega.

Según los datos difundidos el 1 de enero por BYD, la empresa china ha firmado un “año histórico en España”, liderando las ventas de vehículos híbridos enchufables, con un 11,4% de cuota de mercado, y con entregas récord en los modelos 100% eléctricos. En diciembre, una de cada cinco unidades vendidas en España son de esta firma. “El crecimiento registrado en 2025 marca un antes y un después para BYD aquí. En apenas un año hemos multiplicado casi por cinco nuestras ventas, pasando de 5.393 a 25.552 unidades matriculadas, y cerrando el ejercicio como líderes del mercado de vehículos enchufables”, celebra Alberto de Aza, director general de BYD Iberia.

De “trasto” a líder global

Fresco recuerda que en 2012 condujo uno de los primeros coches BYD que llegaron a España. Lo había comprado la empresa en la que trabajaba. Era un modelo híbrido enchufable, una “carraca” que tenía una calidad muy baja respecto a los coches europeos de la época. “Era un trasto. Girabas el volante y prácticamente te salías por la ventana. La autonomía de la batería no duraba nada, hacías diez kilómetros y lo tenías a la mitad de carga. Era un vehículo muy retrasado respecto al típico coche que podías encontrar. Y en poco más de 10 años dieron vuelta el mercado. Hoy los coches BYD son mejores que sus equivalentes europeos”, asegura.

La historia de BYD (siglas en inglés de Build Your Dreams) comenzó en 1995, cuando Wang Chuanfu, un ingeniero químico, hijo de una familia de agricultores, fundó una pequeña empresa de baterías para móviles en la ciudad de Shenzhen, con apenas 20 empleados. Marcas como Nokia o Motorola, que compraban las baterías a proveedores japoneses, empezaron a abaratar costes con esta nueva producción nacional.

La empresa empezó a cotizar en bolsa en 2002. Al año siguiente, se diversificó con la compra de Qinchuan Automobile Company, un fabricante estatal de automóviles en números rojos. Esta compañía había estado fabricando coches desde 1987, lo que le dio a BYD acceso a su tecnología de fabricación y una licencia de producción de vehículos que marcó su inicio en esta industria.

Los coches eléctricos recién empezaban a despegar. El Gobierno chino empezó a dar prioridad a la producción de energía limpia e introdujo subvenciones y desgravaciones fiscales para las empresas que apostaban por la electrificación.

En 2005, la compañía sorprendió al presentar su primer automóvil totalmente eléctrico, el modelo BYD F3, en el Salón del Automóvil de Detroit. En 2008 lanzó el F3DM, uno de los primeros vehículos híbridos enchufables de producción en serie del mundo. Esa apuesta hizo que el multimillonario estadounidense Warren Buffett comprara una participación del 10%. “Estoy seguro de que algún día esta empresa se convertirá en el mayor actor de un mercado mundial, que inevitablemente se volverá eléctrico”, proyectó el inversor.

En 2010, tras lanzar BYD e6, un monovolumen totalmente eléctrico, la marca empezó a exportar sus vehículos a mercados internacionales, incluyendo Europa y América Latina. A partir de 2015, BYD aceleró su expansión global. Estableció plantas de ensamblaje en América del Sur, Europa y África y abrió centros de I+D en Estados Unidos, Japón y Alemania. En la planta de Camacari, en Brasil, la empresa fabricó en octubre su coche número 14 millones, que Chuanfu en persona regaló al presidente Lula da Silva en agradecimiento a su apuesta por la tecnología china.

Espectadores de una revolución

Para Fresco, Europa ha estado en estos años “mirando para otro lado” mientras se estaban produciendo “revoluciones tecnológicas” con la movilidad eléctrica, tanto en China como en Estados Unidos.

“Si en medio de una revolución tecnológica, con Tesla por un lado y BYD por el otro, te empeñas en seguir haciendo coches de combustión, te vas a ir al hoyo. Europa se está quedando fuera de la nueva ola tecnológica”, analiza. La decisión de estirar los modelos contaminantes más allá de 2035 es un “ejercicio de miopía del que Europa se arrepentirá”.

La gran incógnita en Europa no es que vaya a inundarse de coches eléctricos, sino, según la reflexión de estos dos especialistas, la pregunta es “si los van a fabricar las marcas europeas o las marcas chinas, que ya han sacado una ventaja enorme”.

No hay arancel que frene la movilidad eléctrica

En diciembre de 2024, la Comisión Europea intentó frenar la llegada cada vez mayor de vehículos eléctricos desde China con aranceles proteccionistas de hasta el 35%. La medida no ha funcionado. Un año después, la cuota de mercado de las marcas chinas es cada vez más grande en casi todos los países europeos.

“Poner aranceles a alguien que nos vende coches competitivos es un problema. Se hizo con las placas solares chinas y no pasó nada. Los fabricantes chinos lograron ir a precios competitivos aún con aranceles”, razona Cugat. “La única función de los aranceles es subir los precios en el momento en el que la demanda empieza a dispararse. En España hemos superado la barrera de las 100.000 ventas. ¿Cómo la UE va a explicar y a defender una política que va contra el bolsillo de los ciudadanos?”, se pregunta este experto.

Pedro González es un ingeniero de telecomunicaciones de 43 años y se considera un privilegiado por sus condiciones laborales. Desde que hace cuatro años la empresa de marketing digital de la que es socio y director de negocio, Good Rebels, adoptó la jornada de cuatro días semanales, tiene esa agradable sensación de contar con un largo fin de semana por delante. Se va los viernes por la mañana a La Rioja para pasar más tiempo con su padre y combina el teletrabajo con los viajes familiares. En su empresa, instaurar las 37,5 horas semanales de lunes a jueves fue el último paso de un proceso que prima los objetivos –más que las horas trabajadas– y la transparencia. Las cuentas son públicas para toda la organización –igual que los salarios– los comités de dirección son abiertos y la flexibilidad para organizar el horario, total.

Ismael Morales tiene 33 años, es biólogo y trabaja ocho horas diarias de lunes a jueves en la Fundación Renovables, que participa desde junio de 2023 en un programa piloto sobre la semana laboral de cuatro días. “La verdad es que te cambia la vida, porque tener tres días libres te permite relajarte, reducir la 'ecoansiedad', alejarte un poco de la actualidad y reflexionar sobre nuevas líneas de investigación”, dice. En su caso, le ha permitido, además, terminar una novela e iniciar un doctorado que ni se hubiera planteado de no tener disponibles los viernes. La fundación ha mantenido e incluso aumentado el salario de sus 12 trabajadores, ha mejorado su capacidad para conseguir proyectos y para atraer personal.

Laurence Rozenberg es ingeniera en una empresa francesa. Tiene 47 años y estuvo once con una reducción de jornada que solicitó por motivos de conciliación familiar en 2009, cuando nació su segundo hijo. Libraba los miércoles, el día que en Francia los niños no van al colegio, y así podía estar con sus hijos, además de tener un tiempo de “respiro” semanal para retomar alguna actividad deportiva y cultural. Su sueldo se prorrateó en proporción al nuevo horario, pero su cotización a la seguridad social se mantuvo intacta. Ese tiempo le sirvió para restar importancia a las presiones profesionales y para protegerse del estrés laboral, habilidades que conservó cuando volvió a la jornada completa.

Marta Cantero es orientadora, tiene 47 años y trabaja martes, miércoles y jueves al tener un permiso especial que pidió cuando nació su hijo Carlos, que padece el Síndrome de Williams, una enfermedad rara. Al principio fue una reducción total de jornada que luego ajustó al 50% cuando el niño pudo escolarizarse. Ahora tiene las mañanas libres y eso le facilita acompañar a Carlos a sus citas médicas y a sus terapias diarias. “Sin esa flexibilidad hubiera sido difícil conciliar. Alguna vez la pediatra me animó a continuar con la reducción total de jornada, pero a mí me apetecía trabajar. Eso sí, tenía que ser un trabajo ajustado al equilibrio que yo necesitaba tener en mi vida”, explica.

Las situaciones laborales de Carlos, Ismael, Laurence y Marta son distintas, pero comparten un horario que facilita los cuidados, la conciliación, darse un respiro o protegerse del estrés, es decir, vivir mejor. De hecho, las pruebas empíricas disponibles demuestran que reducir el tiempo de trabajo puede tener consecuencias positivas para trabajadores, empresas y para la sociedad en su conjunto: menos problemas de salud laboral, menos costes sanitarios, conciliar mejor vida familiar y laboral e incluso menor impacto ecológico. “Volver a la senda histórica de la reducción del tiempo de trabajo, combinada con acuerdos equilibrados, puede ser el siguiente paso en el largo camino hacia una sociedad más feliz, más saludable y más sostenible”, señalaba en 2018 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe Working time and the future of work (Jornada laboral y el futuro del trabajo).

Sin embargo, como todo cambio, disminuir el tiempo de trabajo se enfrenta a muchas resistencias. La primera es la de los empresarios. “La mayoría no es nada favorable, al menos en Francia, donde la derecha y la patronal martillean el dogma de que hay que trabajar más. Pero tampoco conseguiremos la adhesión de los trabajadores que tienen dificultades para llegar a fin de mes diciéndoles que tendrán más tiempo libre, pero serán más pobres. Por eso es imprescindible compensar salarialmente la reducción de la jornada”, advierte François Xavier Devetter, profesor de Economía en la Universidad de Lille.

Francia redujo la semana laboral de 39 a 35 horas en el año 2000 bajo el Gobierno socialista de Lionel Jospin. No hubo cambios en el salario mensual neto de los trabajadores y como contrapartida las empresas podían deducirse parte de las cotizaciones a la seguridad social. La reforma, planteada para redistribuir el empleo, afectó al 80% de los asalariados. “Las políticas de reducción de jornada siempre son muy complicadas. La duración legal no significa automáticamente una disminución real, porque puede haber horas extras, horas complementarias o tiempo no contabilizado”, añade Devetter refiriéndose al caso francés.

En el caso de España, la intención del Gobierno de pasar en dos años de 40 horas semanales a 37,5 tropieza con una falta de consenso político y las reticencias patronales, que alegan una factura elevada. Según un estudio de 2024 de BBVA Research, el impacto de la medida implicaría un aumento de los costes laborales equivalente al 1,5% del PIB, restaría siete décimas al crecimiento medio anual del PIB durante dos años y ocho décimas al crecimiento del empleo. El centro de análisis del grupo financiero sostiene que la reforma no debería implementarse sin una mejora previa de la productividad. El mismo argumento esgrime la patronal de las pequeñas y medianas empresas (CEPYME), que calcula en 11.800 millones de euros el importe de reducir el tiempo de trabajo, al que habría que añadir los costes indirectos de nuevas contrataciones o el pago de las horas extra. Los sectores más afectados, según sus estudios, serían el inmobiliario, la hostelería y la agroganadería.

“Me ha cambiado la vida”

En el lado posibilista de la balanza se sitúan organizaciones como 4 Day Week Global, fundada en Nueva Zelanda 2019 con el objetivo de apoyar la transición de empresas hacia jornadas más cortas, o el centro británico Autonomy Institute, que coordinó junto a la Universidad de Manchester un estudio sobre la semana laboral de 32 horas en dos empresas públicas de Escocia cuyos resultados revelan un aumento de la productividad y un mayor bienestar: el estrés laboral se redujo un 18%. El personal que decía estar muy satisfecho con su equilibrio entre vida laboral y personal pasó del 4% al 84% nueve meses después de implantado el nuevo horario y casi todos los entrevistados esperaban que la política se mantuviera más allá del programa piloto. “Quienes tenían responsabilidades familiares usaban a menudo expresiones como: ”Me ha cambiado la vida“, señala el informe.

Juliet Schor, economista y profesora de Sociología del Boston College, es autora del libro Four days a week (Harper Business, 2025), un alegato a favor de la semana laboral de cuatro días basado en una detallada investigación sobre empresas que estaban poniendo a prueba esos horarios. “Estoy convencida de que la semana de cuatro días es una solución a la dimensión de la policrisis actual porque se trata de una reforma de 360 grados, es decir, que afecta a todo el mundo: los niños reciben más atención de sus padres, la gente puede estar con su familia y amigos, las personas están más sanas y son más felices y eso mejora sus interacciones con los demás”. Además, dice, la semana de cuatro días “va de la mano de un estilo de gestión más humano, menos jerárquico y rígido. Eso es mejor para todos”.

A su juicio, también fortalece la economía, porque las empresas son más sostenibles desde el punto de vista financiero. Apunta, igualmente, que se trata de una medida proactiva para hacer frente “al próximo tsunami de la inteligencia artificial” y su previsible efecto negativo sobre el empleo y, entre las razones que menciona para defender jornadas más cortas, figura una con implicaciones para la salud democrática: al tener más tiempo libre, los ciudadanos pueden participar en actividades comunitarias o políticas.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mundo más de un tercio de trabajadores trabaja más de 48 horas por semana, especialmente en Asia y en el Pacífico. En Europa y Asia Central el promedio es de 38 horas a la semana. “Sabemos que jornadas laborales por encima de 48 horas tienen impactos muy negativos en la salud física y mental de los trabajadores porque aumenta la fatiga, el estrés y se producen trastornos del sueño, además de disminuir la seguridad en el trabajo y dificultar la conciliación laboral y familiar. Un estudio que hicimos en 2021 con la Organización Mundial de la Salud concluye que trabajar más de 55 horas semanales aumenta significativamente el riesgo cardiovascular”, destaca Catarina Braga, especialista en jornada laboral de la OIT.

Una de las lecciones que extrae de sus investigaciones Juliet Schor es que “los estilos de vida acelerados y con largas jornadas laborales que impiden el bienestar humano también inciden en el deterioro del medio ambiente”. Aunque no cree que todas las organizaciones puedan implementar ahora mismo una semana de cuatro días sin aumentar los costes, está convencida de que su generalización es cuestión de tiempo. “Las que se queden atrás tendrán que adaptarse o correrán el riesgo de tener una posición desfavorable en el mercado laboral”, augura.

Los emblemáticos grandes almacenes BHV de París han hecho una apuesta comercial muy arriesgada: abrir la primera tienda física de la marca de moda ultrarrápida Shein en el mundo. Desde el pasado 5 de noviembre, la plataforma china tiene un escaparate de 1.200 metros cuadrados en la sexta planta del edificio situado frente al Ayuntamiento de la capital francesa gracias al empresario de 34 años Frédéric Merlin, que dirige desde 2023 la Société des Grands Magasins (SGM), dueña de BHV.

Obviando la competencia desleal, el desprecio a las normas ambientales o las condiciones laborales indignas de los trabajadores de Shein, el empresario Merlin argumenta que la presencia del gigante asiático atraerá a un público más joven y que eso podría beneficiar igualmente al resto de las marcas presentes en estos míticos grandes almacenes. Pero la realidad es que hay un goteo de deserciones de firmas francesas que se sienten incómodas conviviendo con Shein y al menos unas 40 ya han comunicado que dejan la calle Rivoli.

“Es un comienzo desastroso. Quisieron hacer creer que iban a crear una marca ‘premium’, que los productos iban a ser fabricados en Turquía y transportados en tren. Sin embargo, la calidad es muy decepcionante: sigue habiendo plástico por todas partes. Y los clientes se sienten decepcionados también porque el precio es mucho más alto que en la web”, explica el presidente de la federación francesa de pret à porter femenino, Yann Rivoallan, muy crítico con la decisión empresarial de Merlin.

A su juicio, no hay nada que justifique “asociarse a una marca que tiene tantos trapos sucios simplemente para ganar dinero o para intentar salvar lo que no se ha conseguido por otros medios”. Presente desde 1856 en el centro de París, los grandes almacenes BHV atraviesan dificultades financieras, según numerosos proveedores.

“Se trata de una profunda incompetencia o de una falta de moralidad absoluta”, agrega Rivoallan, recordando el reciente escándalo de la venta online de muñecas sexuales con aspecto de niñas y de armas de la categoría A, productos ilícitos que Shein retiró de la plataforma para librarse de ser suspendida en Francia.

El éxodo de grandes marcas francesas no ha sido el único efecto del desembarco de Shein en París. Otro mítico grupo comercial francés, Galeries Lafayette, rompió su acuerdo de colaboración con el dueño de BHV al considerar “incompatible con sus valores” la entrada de la plataforma china. La consecuencia es que, en siete ciudades francesas –Angers, Dijon, Grenoble, Limoges, Orléans, Le Mans y Reims– que también acogerán una tienda Shein, el nombre de Galeries Lafayette se sustituirá por el de BHV.

Más de 110.000 firmas piden la prohibición de tiendas Shein

Además de las críticas del Gobierno, del Ayuntamiento de París o de las federaciones profesionales del sector textil, una petición registrada en la Asamblea Nacional que lleva recogidas más de 110.000 firmas solicita la prohibición de tiendas físicas de Shein en territorio francés. “La implantación de Shein en Francia no es una simple decisión comercial. Es el intento de legitimar un sistema predador contrario a nuestras leyes, a nuestros compromisos climáticos y a la dignidad laboral”, sostiene el texto.

Para evitar que el modelo productivo de Shein prolifere y reducir el gran impacto ambiental de la industria textil, Francia quiere sacar adelante una ley que contempla un sistema de penalizaciones para los productos muy contaminantes y una bonificación para los que respetan los retos ecológicos. El texto ha tropezado con las objeciones de la Comisión Europea, que, aunque aplaude su ambición, advierte de que algunas resoluciones contravienen el derecho europeo, entre ellas la prohibición total de la publicidad de este tipo de empresas. Una comisión mixta de diputados y senadores deberá revisar el texto para lograr la conformidad de Bruselas.

¿Realmente necesito comprar cinco camisetas en Shein? ¿No sería mejor comprar una fabricada en Europa conforme a las normas?

Anne-Cécile Violland — Diputada de Horizons en la Asamblea Nacional

“No desesperamos, porque defendemos que el medio ambiente es una razón de peso para establecer excepciones a la libertad de emprender”, subraya Anne-Cécile Violland, diputada de Horizons en la Asamblea Nacional y promotora del proyecto legislativo, que también pretende apoyar a las compañías europeas. Violland pone el ejemplo de pequeñas empresas francesas que no pueden asumir el coste de producir en Francia y lo hacen en Portugal respetando una carta ambiental.

Sintiéndose aludida por la futura ley francesa, Shein publicitó el eslogan ‘La moda es un derecho, no un privilegio’. Una campaña que Violland juzga “vergonzosa”.  “Efectivamente, la moda no debe ser un privilegio y entiendo que quien llega mal a fin de mes no tenga mucho dinero para ropa, pero Shein no es ni mucho menos la respuesta, porque no es sostenible y porque sabemos que hay personas que gastan cientos de euros cada semana en su web. Y hay empresas que respetan el medio ambiente y ofrecen productos a precios razonables. Además, ¿realmente necesito comprar cinco camisetas en Shein? ¿No sería mejor comprar una fabricada en Europa conforme a las normas?”, se pregunta.

Un modelo de producción hecho por algoritmos

Para el sociólogo Gilles Guiheux, coautor de Quand la Chine parle, (Les Belles Lettres, 2025), Shein es la última encarnación de una transformación del capitalismo en virtud de la cual las personas que crean valor no son las que producen sino las empresas que controlan la cadena logística. “Shein no es una empresa de ropa, es una empresa cuyos algoritmos son capaces de diseñar ropa. Su fuerza está en el control de la cadena entre el cliente y el productor y en el dominio de la logística, que hace que el producto se fabrique en muy poco tiempo”.

También tiene un modelo de producción diferente al de otras grandes empresas con miles de asalariados. “Trabaja con estructuras muy pequeñas de entre 10 y 20 empleados en jerarquías de subcontratación, lo que significa que, si una no puede realizar el pedido, hay otro subcontratista que lo hará con extrema rapidez”, explica.

Como los trabajadores cobran por pieza fabricada, las jornadas laborales son extremadamente largas, no suelen tener contrato laboral formal y las condiciones de seguridad son deficientes, poniendo en riesgo su salud.

“Este modelo de pequeños talleres ya existía en China para el mercado local de bajo coste y para la exportación a países en desarrollo, pero Shein lo ha llevado al extremo gracias a la eficiencia de la digitalización”, agrega Guiheux.

El experto subraya que las empresas chinas que son subcontratistas de Zara, H&M o de otras marcas están sujetas a inspecciones para garantizar las condiciones de producción, la seguridad en el trabajo o el nivel salarial. Pero este no es el caso de Shein.

Tras 30 años de tiras y aflojas, Madrid Nuevo Norte, el proyecto conocido como Operación Chamartín, vendido como uno de los más grandes del país y de Europa, pondrá sus primeros ladrillos en 2026, según los últimos cálculos de la empresa promotora. Se construirán 700 viviendas y 120.000 m² de oficinas en Las Tablas Oeste, un área residencial del distrito de Fuencarral-El Pardo de la ciudad de Madrid, el primer ámbito de desarrollo de los cuatro que conforman este gigantesco plan urbanístico.

Sobre el papel, la obra contará con las técnicas más avanzadas en sostenibilidad del mercado: eficiencia energética, ahorro de agua, reutilización de materiales, confort térmico y corredores verdes, entre otras apuestas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Sin embargo, son muchos los arquitectos y urbanistas que aclaran que, en este caso, lo ‘verde’ del proyecto está muy alejado de la flexibilidad y resiliencia que necesitan las grandes ciudades para enfrentar los retos ambientales y sociales de las próximas décadas. “El proyecto más moderno nace viejo”, resume Miriam García, arquitecta paisajista y fundadora de un laboratorio de diseño urbano sostenible de Barcelona.

El primer tramo de la gigantesca y polémica obra –que ha pasado de distintas empresas públicas a una sociedad privada conformada por BBVA, Merlin Properties y la constructora Grupo Sanjosé– obtuvo en marzo la aprobación del Ayuntamiento de Madrid. Las cifras del proyecto son de una escala sin antecedentes en el país: más de 3,4 millones de metros cuadrados, cinco kilómetros de longitud, 10.500 viviendas y 10 torres de oficinas, incluido un rascacielos de 300 metros de altura -que será el más alto de España-, además de zonas verdes y equipamientos públicos.

El centro de negocio, un eje principal del proyecto, ocupará 800.000 metros cuadrados en pleno distrito de Chamartín, principal polo empresarial de la ciudad. El modelo de concentración de oficinas es la primera gran crítica de los expertos consultados para este reportaje. “Es un modelo que ya no es viable. Hay un rechazo a volver de forma masiva a estos centros, que en muchas ciudades están vacíos. Urge romper con la lógica del distrito financiero y apostar por otro tipo de urbanismo”, cuestiona Carmen Santana, arquitecta y premio de urbanismo español en 2021.

Para Miriam García, directora del departamento de planificación, paisaje y cambio climático de Landlab, el urbanismo contemporáneo está, justamente, cuestionando la viabilidad de distritos financieros “autistas, sin ecobeneficios y plagados de externalidades”, como el aumento del tráfico, la expulsión de vecinos y el encarecimiento de todas las zonas aledañas.

La tendencia de estos tiempos, explica, es de oficinas con espacios reducidos y flexibles en donde las sillas y los ordenadores van rotando, “con escritorios que no le pertenecen a nadie”. “Es decir, es un proyecto que no responde a lo que está pasando ahora mismo en las ciudades. Es un gran activo de venta, pero no un elemento de urbanidad”, critica.

Coincide Aurora Justo, socióloga urbanística y participante de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, una de las autoras del libro Operación Chamartín: una losa para Madrid, publicado en 2023. “¿Cómo puede ser un proyecto sostenible cuando se planifica una ciudad a 25 años sabiendo que las demandas urbanísticas son absolutamente cambiantes?”, se pregunta.

A su juicio, “Madrid no necesita un nuevo centro de negocios, ya sobran oficinas”. Tampoco concentrar “más coches y más trabajadores” en un distrito, la zona norte, ya saturada. “Con este proyecto, Madrid confirma que está fuera de todo lo que pueden ser las tendencias urbanísticas ligadas al medio ambiente, al urbanismo de los cuidados a la ciudadanía, al urbanismo de cercanía y a ciudades realmente verdes y habitables”, plantea.

Santana, arquitecta nacida en Chile que trabajó en muchos proyectos urbanos de París, agrega el “problema de obsolescencia” de estas enormes moles de cemento, que por la manera en la que se construyen no permiten “retrabajar otro tipo de usos” y son imposibles de “reconvertir”. “Muy pocas corporaciones compran hoy una torre para meter a sus empleados. Y cuando lo hacen, muchas oficinas no se ocupan. Por eso es tan necesario repensar las tipologías en proyectos de esta envergadura y tener siempre en cuenta que cada metro cuadrado que se construye tiene que poder ser reutilizado”, dice.

Félix Arias, arquitecto y urbanista, portavoz de la Plataforma Zona Norte, sostiene que los promotores son muy conscientes “de que no hay una demanda efectiva de concentración de oficinas de lujo en Madrid”, una foto panorámica que alcanza a muchas grandes ciudades, como París, Londres o Nueva York. No es descabellado –analiza– que este proyecto, más allá de sus avances, muera en su fase especulativa, en la venta de participaciones y en el reparto de los terrenos.

En lo que respecta a la escala, diseño y concepto de la obra, la arquitecta García plantea dos preguntas como punto de partida: ¿Es un proyecto necesario? ¿Es lo que Madrid necesita en estos momentos? “Si ambas respuestas son negativas, da igual que sea muy verde y sostenible. Es innecesario y punto, no hay más que hablar”.

Qué pasa en otras ciudades con las torres de oficinas

Si bien España y Europa experimentaron en 2024 un repunte en el mercado de oficinas -en Madrid el incremento anual fue del 23%-, las cifras todavía están lejos del mundo prepandémico, cuando el teletrabajo era bastante minoritario. Según las últimas cifras publicadas por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), en España el 15,4% de la población trabajadora lo hace desde su casa. El porcentaje se traduce en 3,2 millones de personas trabajando en remoto, según el sindicato UGT.

El promedio de la UE es del 23%. En Países Bajos, por ejemplo, hay un 52% de empleados que desarrollan parte de su jornada laboral desde sus hogares. Esta nueva forma de trabajar está dejando postales urbanas que parecían impensables, como la del distrito de negocios de La Défense, en el oeste de París, con torres de oficinas desocupadas y proyectos paralizados.

En Estados Unidos, la desocupación de las oficinas alcanza el 19,6%, según el informe de Moody ‘s Investor Services de 2024. La tendencia apunta a que en 2026 una cuarta parte de las oficinas estarán vacías. Ante este panorama, el Ayuntamiento de Nueva York aprobó el año pasado un plan para transformar los edificios de oficinas vacíos en 20.000 viviendas. “Estamos reinventando los distritos como comunidades vibrantes de uso mixto que fomentan tanto la vida residencial como las oportunidades económicas”, dijo el vicealcalde para vivienda y desarrollo económico, Adolfo Carrión, al anunciar el plan.

En Londres, el porcentaje de oficinas vacías de su city –icono mundial de negocios y finanzas– superó el 10% en 2024, el doble que antes de la pandemia. “París, por ejemplo, responde a esta nueva realidad con un modelo de ciudad bien claro, más verde y biodiverso, y todas las decisiones urbanísticas son consistentes con ese modelo. Pero Madrid no tiene un modelo de ciudad, son todos fuegos artificiales que encandilan, pero no resuelven problemas, todo lo contrario, los agrava”, insiste García.

Cuando la apuesta de sostenibilidad no es suficiente

La sostenibilidad del proyecto tiene un espacio muy relevante en la página web de Madrid Nuevo Norte. La empresa promotora destaca que el plan pivota sobre cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: la gestión del agua y del saneamiento, el uso de energías no contaminantes, la creación de un entorno urbano sostenible y acciones por el clima.

Al combinar estos cuatro ejes, la obra posicionará a Madrid “como referente en la descarbonización urbana”. Se explica que el centro de negocios tendrá una Área Demostradora de Acción Climática (ADAC), un espacio que pondrá en práctica “las técnicas y estrategias urbanas más avanzadas en sostenibilidad, gestión energética e hídrica y movilidad, superando importantes retos técnicos y normativos y sirviendo como modelo para otras ciudades europeas”.

También se especifica que con Madrid Nuevo Norte, Chamartín será un distrito libre de gases de efecto invernadero, gracias a “las más avanzadas medidas energéticas, de ahorro de agua, a las formas de desplazarse por los barrios y los materiales empleados en el proceso de construcción”, con la economía circular como bandera de la obra.

El proyecto apostará por “la naturalización del espacio público para crear sumideros naturales de carbono, creando una red interconectada de zonas verdes e incorporando vegetación en superficies como fachadas y cubiertas de los edificios, o incluso en los puentes”. En cuanto a la movilidad, todo el entorno de la obra está diseñado para “ser caminado y recorrido en bici”. “Daremos respuestas a los retos sociales, económicos y ambientales de Madrid de las próximas décadas”, se alardea en el bosquejo de la obra.

Sobre este listado, García señala que la cuestión no es el “cuánto”, sino el “cómo” y el “para qué”. “¿Es sostenible porque los edificios van a estar aislados térmicamente? ¿Es sostenible porque tendrá áreas verdes? ¿Esas infraestructuras verdes van a estar puestas al servicio de ejes cívicos? ¿Los trabajadores llegarán caminando al poder vivir cerca o llegarán en sus coches por estar obligados a vivir en zonas más baratas? Más preguntas que no se responden”, plantea la arquitecta.

“La sensación es que se pensó un gran distrito financiero, con su edificabilidad y sus metros cuadrados, y que al final alguien dijo ahora vamos a hacer el proyecto más sostenible. Así no funciona el urbanismo”, subraya.

Santana, especializada en ecología urbana, reafirma que proyectos de este calibre, con concentración de torres financieras, por más verdes que se presenten, van en contra de “las bases del urbanismo del siglo XXI pospandemia, humanista, inclusivo y construido entre administraciones, empresarios, vecinos y trabajadores. De poco sirven, explica, ”corredores ecológicos“ con poca sombra o edificios muy intensivos que en un apagón, como el que ocurrió en abril, pasan a ser ”inútiles“. ”Tenemos que pensar en edificios que puedan, de alguna manera, funcionar sin tanta energía. No podemos apostar todo a la tecnología. El urbanismo necesita más sentido común y más componentes humanos y analógicos, no más distritos financieros“, apunta.

La abogada Leonie Timmers (Bennekom, Países Bajos, 37 años) trabaja desde 2019 en un despacho de abogados de tres apellidos británicos a los que, en una fusión reciente, se ha añadido un cuarto estadounidense: Herbert Smith Freehills Kramer.

Residente en Madrid desde hace nueve años, Timmers habla un castellano fluido y sin titubear, al menos cuando el tema de conversación es el greenwashing (ecoblanqueo, ecopostureo), un asunto que conoce bien y al que dedica buena parte de su jornada laboral.

Su trabajo consiste en asesorar a las empresas sobre cómo no caer en el lavado verde de imagen. Es algo así como una fact-checker del greenwashing para ahorrar a las compañías problemas legales, ahora que las normativas europeas tratan de acabar con la publicidad engañosa sobre medio ambiente y otras prácticas consideradas desleales hacia los consumidores y la competencia.

¿Por qué un despacho de abogados ofrece un servicio a las empresas de revisar sus publicaciones y detectar riesgos de greenwashing?

En primer lugar, porque todo el proceso se desarrolla bajo secreto profesional, lo que brinda a las empresas un entorno seguro y confidencial para abordar cuestiones sensibles con total libertad. Por otro lado, en HSF Kramer contamos con una sólida práctica contenciosa. Asesoramos a clientes en investigaciones regulatorias y procedimientos judiciales relacionados con greenwashing en distintas jurisdicciones del mundo.

¿En qué consiste el lavado verde de imagen?

Es hacer una declaración sobre un impacto ambiental positivo de algo sin basarse en nada particular. Es decir: “Mi producto es ecofriendly” sin explicar por qué o sin tener hechos verificados para decirlo. O afirmar que un producto es más sostenible que otro sin tener una clara base para comparar los dos. No es necesariamente mentir, sino no demostrarlo.

Lo ambiental vende. Pero si una empresa dice "mi producto es sostenible", pero no tienes pruebas, y un competidor dice "yo no voy a decir que mi producto es sostenible sin poder probarlo", la primera empresa se puede llevar consumidores que de lo contrario podrían ir a la otra compañía. Es competencia desleal

El marketing consiste en pintar una imagen bonita, y está bien, pero debería no ser tan extravagante como se ha hecho. Estamos en un momento en el que lo ambiental vende. Una vez las empresas lo ven, todas se pintan de verde. Luego está lo que cae más en la competencia desleal. Si una empresa dice “mi producto es sostenible”, pero no hay pruebas para verificarlo, y un competidor dice “yo no voy a decir que mi producto es sostenible sin poder probar que lo es”, la empresa que lo hace sin verificación se puede llevar consumidores que de lo contrario podrían ir a la otra empresa. Es competencia desleal y es engañoso para el consumidor, que quiere ser sostenible y no tiene información para saber cómo puede serlo, porque le están mintiendo.

En España tenemos el precedente de Iberdrola y Repsol. ¿Cuántos casos hay en Europa?

Bastantes, no te sabría decir un número, pero la mayor parte es sobre cuestiones ambientales engañosas. Ese ha sido el enfoque principal de los casos, el greenwashing, pero también hay algunos de lavado social. Empezamos a ver un mayor foco en las alegaciones ambientales de las empresas, por ello la normativa se ha centrado en regular esta práctica. En los países del norte de Europa, las asociaciones de consumidores y ONG son muy activas, son ellas las que denuncian.

¿Cómo de frecuente es dar la razón a la empresa demandante?

Muy frecuente. Tenemos una base de datos de casos de greenwashing con, al menos, unos 100 casos en total. En muchos se da la razón a la parte demandante. En el sector financiero, por ejemplo, un fondo dice: “Yo soy sostenible, y me comprometo a que el 50% de mis inversiones sea en proyectos con una nota de compromisos ambientales de, digamos, 8 de 10. En muchos casos se ha investigado si eso efectivamente es así y, si no lo es, ha habido multas. Esos ejemplos en el sector financiero se dan siempre a través del supervisor regulador, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aquí.

Que un regulador haya emitido sanciones a una entidad financiera por estos casos de greenwashing ha ocurrido en Francia, Luxemburgo y Alemania, que yo sepa. En el caso de Alemania fueron millones, una sanción muy alta a DWS, la gestora de activos de Deutsche Bank. En el sector de los productos de consumo son más las agencias de consumidores las que impulsan los casos, o la competencia.

¿Hay una repercusión legal si una empresa miente en su recuento de emisiones asociadas a su actividad económica?

Publicar información incorrecta en las cuentas anuales es un delito, incumple la ley porque las cuentas deben mostrar el valor real del negocio. Ahora, además de publicar los resultados financieros, hay que incluir la información no financiera de sostenibilidad en las cuentas anuales. Si hay información engañosa puede pasar que, por ejemplo, los auditores no quieran firmarlas porque ven cosas que no cuadran. Otro riesgo son las sanciones registrales. Por ejemplo, el cierre de la hoja registral de una sociedad que ha tenido irregularidades en sus cuentas anuales, incluida la información sobre su impacto ambiental. Esto genera problemas en ámbitos como el acceso a financiación, la obtención de subvenciones, la participación en licitaciones y la comercialización de productos y servicios.

El paquete legislativo Ómnibus ha retrasado dos años, hasta 2028, las obligaciones de informar para para el segundo grupo de empresas a las que afectará la directiva; también se han cambiado los umbrales a las empresas a las que se les aplica primero: antes afectaba a las de más de 250 empleados, ahora lo quieren subir a los 1.000

¿En qué punto está la regulación sobre la obligación de informar de los impactos ambientales ahora mismo?

El paquete legislativo Ómnibus ha retrasado las obligaciones de informar: en lugar de 2026 para el segundo grupo de empresas a las que afectará la directiva, ahora va a ser 2028. También se han cambiado los umbrales a las empresas a las que se les aplica primero: antes afectaba a las de 250 o más empleados y ahora lo quieren subir a los 1.000. Así, hay muchas menos empresas afectadas por la directiva: el 80% de las empresas a las que en principio se iba a aplicar se deja fuera. Esto se sigue negociando a nivel europeo.

Más allá de lo que se está regulando en Bruselas, ¿con qué mecanismos legales contra el greenwashing contamos ya?

Lo que se ha aprobado ya es la Directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica. Esta directiva modifica la legislación existente que dota de protección al consumidor, y también la directiva sobre prácticas comerciales desleales, que incluye un listado de prácticas que son desleales per se.

Antes de aprobarse esta nueva directiva no se incluía nada sobre alegaciones ambientales. Con la aprobación de esta directiva hay diez o 12 cosas que tienen que ver con declaraciones ambientales que se consideran desleales. Por ejemplo, el uso de etiquetas no verificadas o poner “sostenible” cuando no lo respalda ningún organismo oficial. También afirmaciones genéricas sin base científica, sin información sobre la durabilidad o la reparabilidad de los productos, prácticas engañosas relacionadas con la sostenibilidad… Se amplía la lista de prácticas comerciales que se consideran engañosas. En el momento en que se apruebe esa directiva tendremos la foto completa: la prohibición de dar una declaración genérica sin verificación y la respuesta a cómo verifico esa información. Va a estar mucho más claro para una empresa lo que puede hacer y lo que no. A mí me parece que son cosas bastante obvias. Lo de las etiquetas no verificadas se hace mucho. Agua que dice cosas como '100% sostenible', y es algo que puso el equipo de marketing y parece como un sello, pero no existe.

No es fácil ser una empresa en este ambiente porque es verdad que hay compañías que tienen muy mala fama, como las petroleras o las de moda ultra rápida, y pueden hacer muchas cosas, pero la gente siempre va a rechazarlos por su propio modelo de negocio

¿Hay una preocupación en las empresas con las que trabajan en el despacho de que las puedan demandar más con las directivas en vigor?

Las empresas ya saben que la sostenibilidad no es un tema que pueden dejar a su equipo de comunicación o de marketing sin revisarlo. Es un tema en el que tienen que trabajar juntos para dar un mensaje adecuado y saber que lo que dicen es verdad.

Antes se podía poner un caso de estudio bonito en un informe de sostenibilidad y ahora, antes de hacer eso, hay que pensar muy bien en si alguien –un regulador, una ONG, los consumidores– puede señalarte por ello.

¿Cómo ve que haya empresas que quieran esforzarse por mejorar su impacto, pero una parte de la sociedad no se lo permita, pues siempre dudará de todo lo que hagan y lo calificará automáticamente como 'greenwashing'?

Todavía hay mucho por hacer. No es fácil ser una empresa en este ambiente porque es verdad que hay compañías que tienen muy mala fama, como las petroleras o las de moda ultra rápida, y pueden hacer muchas cosas, pero la gente siempre va a rechazarlos por su propio modelo de negocio.

Por otro lado, me parece muy bien que haya más claridad sobre lo que debes y no debes hacer. No deberías decir que tu ropa es la más sostenible si no tienes pruebas para demostrarlo o si no estás mirando todo el ciclo de vida de tu producto.

Combatir el greenwashing es tratar el tema con seriedad. El cambio climático, los problemas de sostenibilidad, no son inventados, son problemas reales. Si queremos seguir viviendo en este mundo tenemos que tomarlo en serio y no solamente pensar en el corto plazo y en hacer dinero. Tenemos que pensar que hay alguna forma de cambiar nuestra manera de pensar sobre qué es ser una persona y una empresa responsables en este mundo. Y a lo mejor eso pasa por ganar menos beneficios, porque tienes que invertir más en la sociedad. Veo necesario que haya ese escrutinio porque si no, nunca cambia nada. Y ya cambia muy poco, y ya estamos fatal.

José Pedregal dejará su piso de 60 metros cuadrados, la plaza de garaje y el dinero que quede de su pensión a dos organizaciones sin ánimo de lucro para perpetuar su apoyo a las causas que más le representan. Jubilado de su puesto de celador sanitario, casado y sin hijos, hace dos años decidió hacer el testamento solidario para donar su patrimonio a Greenpeace España y a Médicos del Mundo. Las imágenes de los buques de la organización ecologista impidiendo a los arponeros japoneses capturar ballenas le empujaron a hacerse socio cuando la organización empezaba en España. “Me sentía un poco identificado con ellos, pero no tenía el valor para meterme en eso. Así que, por lo menos, iba a dar dinero para ayudarles. Y hasta la fecha”, explica por teléfono desde su casa en Valencia.

Tenía preparado un testamento ordinario a favor de su esposa cuando conoció esta opción a través de la revista para socios. Tras pensarlo durante un año, decidió modificarlo para que, en ausencia de su mujer, su herencia se repartiera a partes iguales entre las dos ONG. “Estoy en deuda con el planeta que me ha ofrecido tanto y yo a cambio no doy nada más que esto, dinero, para que otros hagan mi trabajo. No es mucho, pero me siento mejor que si no hiciera nada”, comenta José. Su mujer Ángeles, también socia de Greenpeace España desde sus inicios, no solo estaba de acuerdo, también fue al notario con su marido para modificar su testamento.

Las cifras más recientes indican que en 2024 se registraron en España 691.224 testamentos unipersonales abiertos, el tipo más habitual. En los últimos diez años, el número de registros ha aumentado un 13,4%. “Hay una mayor conciencia de los ciudadanos de que no solo facilita las cosas a nuestros familiares cuando llega el momento, además es un documento que nos permite hacer uso de nuestra libertad, aunque tengamos límites, para decidir qué hacer con nuestro patrimonio en el futuro. También tengo la sensación de que la gente que hace testamento es cada vez más joven”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Se desconoce cuántos de estos testamentos son solidarios, pero la plataforma Haz Testamento Solidario, que reúne a 26 entidades no lucrativas humanitarias, médicas, infantiles y ambientales, sitúa en 54,4 millones de euros la recaudación de las organizaciones por esta vía en 2023, la última cifra disponible, lo que supone un incremento del 33% con respecto a 2022. A Leyre Ayastuy, portavoz de la plataforma, le gusta decir que “el testamento es un punto final y el solidario es un punto y seguido. O sea, que nada termina, todo continúa o incluso empieza. Cuando ya no estés, tu solidaridad puede seguir actuando”.

Frédérique R. también es testadora solidaria. Terapeuta canina, esta francesa de 62 años no tiene descendientes y ha nombrado como heredera universal de su “sencillo” piso en Castelldefels (Barcelona) a WWF España, la organización con la que colabora desde hace 40 años, primero en su país de origen y después aquí. “Para mí siempre ha sido fundamental la naturaleza. Si tienes familiares cercanos es lógico que quieras ayudarles. Yo no tengo esa conexión con los míos, pero he pensado que indirectamente, al cuidar del planeta, la biodiversidad… les estoy haciendo un regalo enorme. Porque si no hay un planeta saludable, da igual el dinero que tengamos en la cuenta”, confiesa por videollamada.

Los testamentos son revocables y sustituibles tantas veces como el testador necesite para adaptarlos a las circunstancias vitales que se vayan presentando. Frédérique lo modificó un año después de firmarlo para dejarle a su pareja, mayor que ella, el uso y disfrute vitalicio de la vivienda en caso de fallecer ella primero. Su pareja le dijo que no hacía falta, pero ella, “por amor” y por los 20 años que llevan compartiendo ese hogar, lo quiso cambiar.

Es un compromiso a largo plazo. Desde que la persona se informa de las distintas causas, hasta que pone por escrito su voluntad y ésta se transforma en ayuda directa para las entidades, pueden pasar muchos años. Por ley, y exceptuando las diferencias en las comunidades autónomas que se rigen por derechos forales, si el testador no tiene herederos puede donar la totalidad del patrimonio a las causas que desee y, si hay herederos forzosos, es decir, hijos y descendientes, padres y ascendientes, y viudo/a, es el tercio de libre disposición el que se suele donar a las ONG en su totalidad o asignando un legado: un bien concreto, una cuantía o un porcentaje.

María Teresa Barea, del Consejo General del Notariado, recomienda que la persona acuda a la notaría “con las intenciones claras y dispuesta a sentarse con el notario para acomodar esa voluntad a la ley”. El trámite cuesta unos 50 euros y “es el más barato, con una diferencia abismal en todo el entorno europeo y fuera de Europa, precisamente para que nadie se vea excluido de hacerlo por motivos económicos”, explica.

Buena parte de la labor de visibilizar y sensibilizar sobre esta forma de colaboración consiste “en romper tabúes”, como dice la responsable de Legados y Donaciones Medias en Greenpeace España, Justine Huppert. Por ejemplo, no hay que tener un gran patrimonio. Los testamentos solidarios están exentos de impuestos, de manera que la cantidad donada se recibe íntegra. “Por poco que sea, ya tiene un impacto”, señala Huppert. Tampoco es cierto que perjudique a los herederos, continúa. “Es compatible cuidar a los seres queridos –su parte legítima está respetada– y hacer una contribución, que, por otro lado, muchas veces es motivo de orgullo para ellos”. Por último, hay un tabú cultural en torno al tema de la muerte todavía presente.

Hace 20 años, cuando Leyre Ayastuy empezaba a plantear esta forma de financiación a las entidades sin ánimo de lucro, identificaba ese tabú en las propias organizaciones. Pero asegura que hablar del testamento solidario es reflexionar sobre “los valores que nos importan, decidir cómo quieres que se te recuerde”. Y añade: “Muchas veces es una forma de educar a los que nos siguen, no solo a los hijos sino incluso a los nietos, sobre la importancia de ese valor de solidaridad y esas causas”.

El efecto Félix Rodríguez de la Fuente

WWF y Greenpeace empezaron recibiendo testamentos de forma reactiva y hace casi diez años comenzaron a comunicarlo. La otra gran organización veterana, SEO/BirdLife, ofrece esta posibilidad a través de un colectivo de abogados con el que colabora, pero no cuenta con un departamento propio dedicado a ello.

Bárbara Crespí, gestora de Legados y Grandes Donaciones en WWF España, confirma que se va notando una tendencia al alza de este tipo de donaciones que atribuye a diferentes factores: “Hay una mayor concienciación ambiental y más indignación por el uso de la naturaleza como una despensa de recursos. Por otro lado, cada vez hay más personas que han disfrutado de la naturaleza cuando eran pequeñas a las que les preocupa el futuro que van a tener sus hijos. Cada vez hay más gente mayor que vive sola con animales y estos les hacen preocuparse por la naturaleza. Y otro factor es Félix Rodríguez de la Fuente, que metió la vida natural en las casas de los españoles. Muchos niños de entonces están haciendo ahora su testamento”.

El perfil mayoritario del testador de causas ambientales es mujer y soltera de entre 46 y 60 años implicada como donante o voluntaria en alguna causa. Sin embargo, Ayastuy lleva midiendo datos desde 2008 y reconoce que la representación por género “cada vez se va equilibrando más”. La diferencia entre los solteros sin hijos, que representaban el 80%, y las personas que sí los tienen también se acorta. El hecho de que la mayor parte de los testadores no tenga descendencia explica por qué la vivienda es la donación más frecuente junto con dinero, aunque también hay quien dona joyas u otros bienes. Las comunidades autónomas más solidarias en este sentido son Catalunya, Madrid, Andalucía y País Vasco.

Hay una mayor concienciación ambiental y más indignación por el uso de la naturaleza como una despensa de recursos. Por otro lado, cada vez hay más personas que han disfrutado de la naturaleza cuando eran pequeñas a las que les preocupa el futuro que van a tener sus hijos.

Bárbara Crespí — Gestora de Legados y Grandes Donaciones en WWF España

Crespí añade la particularidad de que el 20% de sus testadores son extranjeros. “Gran parte vive en Madrid o Barcelona y, en general, las personas del norte de Europa que vienen a vivir a España cuentan con una conciencia ambiental más arraigada y se enamoran tanto de la naturaleza sin fronteras como del entorno más próximo”.

En este momento, cuentan con 147 testamentos sin abrir y los 27 que sí se han abierto y que suponen un porcentaje muy modesto del presupuesto total de WWF España, en torno al 2%. En Greenpeace, Justine Huppert esboza una situación similar. La contribución al presupuesto de los ecologistas es muy variable, desde el millón de euros que recibieron en 2018 hasta cuantías inferiores a los 10.000 euros otros años. Asegura que toda forma de aportación –tanto las cuotas de los socios como los donativos puntuales o los testamentos solidarios– es muy importante porque “nos permite hacer campañas de manera totalmente independiente, eso nos da mucho poder”. Para Huppert, lo que diferencia a los testamentos solidarios es “el compromiso máximo con la causa de Greenpeace. Para nosotros, cada herencia y cada legado es un motivo de orgullo, gratitud y gran responsabilidad porque detrás hay una voluntad de hacer cumplir y estar a la altura de sus deseos”.

Desgravaciones

Aquí aún se trata de una tendencia incipiente, pero en otros países europeos, como Países Bajos, está experimentando un importante crecimiento. Reino Unido es donde este canal de financiación alcanza las cuotas más altas. En 2024, las ONG recibieron la cifra récord de 4.500 millones de libras (5.300 millones de euros) en testamentos solidarios. El 21% de los donantes a causas mayores de 40 años son además testadores solidarios.

Lucinda Frostick, directora de la plataforma Remember a Charity, que engloba a 200 entidades para ayudarlas a promocionar el mercado de los legados, explica que “el 80% de las donaciones son cuantías de unas 4.500 libras, el resto son porcentajes del patrimonio, con una media de 65.000 libras por donación”. Dos diferencias importantes con respecto al sistema español y que incentivan a los testadores británicos son la desgravación en el Impuesto de Sucesiones al donar al menos el 10% del patrimonio y el hecho de que los propios abogados informan sobre la existencia del testamento solidario cuando se va a tramitar la escritura. En España, puntualiza la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, “la misión del notario no es sugerir a quién dejar las cosas. La voluntad de la persona es sacrosanta”.

Las organizaciones médicas lideran el mercado británico de legados solidarios (38,6%) y la protección de animales es el segundo sector más apoyado (15,8%). “Lo que resulta muy interesante es que la conservación es una de las principales áreas de crecimiento de los últimos cinco años, en particular la protección ambiental. Aunque siempre haya un retraso entre decisión y formalización de esa ayuda, es fabuloso ver la variedad de causas reconocidas en organizaciones de distintos tamaños”, concluye Frostick.

Dar es tan antiguo como pedir. Leyre Ayastuy reflexiona sobre esto: “En España se llevan haciendo testamentos solidarios a la Iglesia toda la vida, lo que pasa es que no se llamaba así. La Iglesia tiene un captador en cada pueblo. ¿Por qué nos choca a las organizaciones que pidamos a nuestros fieles, que son la gente solidaria?”.

En el verano de 2020, los termómetros en California, el estado más poblado de EEUU, superaron los 45 ºC durante seis días consecutivos. La asfixiante ola de calor generó picos de demanda de electricidad que la red no pudo soportar, provocando varios apagones masivos y dejando a decenas de miles de hogares sin electricidad.

Ante el malestar social, Anne Gonzales, portavoz del Operador del Sistema Independiente de California (CAISO), reconoció en los medios de comunicación un problema energético estructural, responsable de los históricos cortes de electricidad durante las épocas de sequía y calor. “No tenemos mecanismos para asegurar la energía. La capacidad disponible es fija, no tenemos respaldo”, lamentó.

En el verano de 2024, California volvió a sufrir varios días con temperaturas extremas. La demanda energética rozó niveles récord. Pero ningún comercio, industria ni hogar se quedaron sin luz. ¿La razón? La silenciosa apuesta por el almacenamiento de energía solar con baterías, una estrategia que ha estabilizado y fortalecido su frágil red.

En el verano de 2024, California volvió a sufrir varios días con temperaturas extremas. La demanda energética rozó niveles récord. Pero ningún comercio, industria ni hogar se quedaron sin luz. ¿La razón? La silenciosa apuesta por el almacenamiento de energía solar con baterías, una estrategia que ha estabilizado y fortalecido su frágil red.

En cinco años, California ha aumentado su capacidad de almacenamiento con baterías de iones de litio más de 15 veces. Ha pasado de 770 MW en 2019 a 13.391 MW a finales de 2024, “una verdadera revolución y un ejemplo a imitar”, explica Mar Reguant, economista especializada en energía y cambio climático, que por sus lazos con la Universidad de California en Santa Bárbara ha sido testigo de esta “profunda transformación energética”.

En la actualidad, esta enorme cantidad de almacenaje fotovoltaico es suficiente para abastecer el 27% de toda la demanda eléctrica, casi diez puntos porcentuales más que en 2021 (13%). “La implementación de sistemas de almacenamiento con baterías es un componente crucial en nuestros objetivos estatales en materia de clima y energía limpia”, ha repetido Gavin Newsom, gobernador de California y padre político de esta estrategia energética.

Según la última actualización, este estado cuenta con 187 plantas de almacenamiento y baterías instaladas en 3.211 comercios y 193.000 hogares. Esto permite a la red eléctrica de California almacenar energía solar durante el día y utilizarla durante los picos de demanda nocturnos.

Reguant lo explica de esta manera: cuando los ciudadanos llegan a sus casas del trabajo y conectan sus coches eléctricos, encienden el lavavajillas y los aires acondicionados, se produce una gran demanda de energía cuando la oferta solar es escasa. “Contar con un sistema que ahorra una energía y que luego traslada a periodos de mayor demanda contribuye a una red más resiliente”, afirma.

Según el Ejecutivo de California, “el reciente aumento en el almacenamiento con baterías ha mejorado significativamente la capacidad para mantener la estabilidad de la red durante condiciones climáticas extremas”. Además, la Comisión de Energía tiene activo desde 2022 un programa que sirve de “póliza de seguro” cuando la red eléctrica se ve afectada durante eventos extremos con alta demanda.

Con sus baterías domésticas, los ciudadanos transfieren energía a la red eléctrica, recibiendo una compensación económica a cambio. Estas “donaciones” van a parar a una central eléctrica virtual de almacenamiento -con una capacidad superior a los 200 MW-, que se activa como respaldo cuando la red entra en crisis. En 2024, el protocolo se activó en 16 ocasiones. La energía nunca se cortó.

Con sus baterías domésticas, los ciudadanos transfieren energía a la red eléctrica, recibiendo una compensación económica a cambio. Estas “donaciones” van a parar a una central eléctrica virtual de almacenamiento -con una capacidad superior a los 200 MW-, que se activa como respaldo cuando la red entra en crisis. En 2024, el protocolo se activó en 16 ocasiones. La energía nunca se cortó.

Más almacenamiento, menos combustibles fósiles

El gas representa todavía el 40% de la red de California. El porcentaje disminuye año a año gracias al almacenamiento solar con baterías. En 2024, esta energía fósil registró su número más bajo en siete años. Lo mismo con el carbón. La electricidad generada con esta fuente contaminante pasó de 303 gigavatios-hora (GWh) en 2021 a 220 GWh en 2024.

“El almacenamiento con baterías es imparable. Además, es una tecnología que se ha abaratado con los años, que ya es bastante accesible”, insiste Reguant. En las casas, ayudan a la red de bajo voltaje, “a evitar problemas locales”. En las grandes plantas, fortalecen la red de transporte. “Su flexibilidad es enorme”, sintetiza.

Sobre el impacto ambiental de aumentar el número de baterías, una crítica que hace un sector del ecologismo, la experta sostiene que hoy se utilizan menos minerales críticos que años atrás, que “los progresos son innegables”, aunque reconoce que es importante “no pensar únicamente en la solución tecnológica, sino también en cómo demandamos la energía y en su circularidad”.

En este sentido, pone la lupa en las baterías de los coches, “baterías con ruedas que podemos usar en momentos críticos como soporte de la red”, una solución que permitiría fabricar muchísimas menos unidades. “Ya hay muchas investigaciones al respecto. La idea es que cuando un coche esté conectado a la red pueda tanto consumir energía para cargarse como dar energía al sistema”, explica.

“¿Por qué no pensar que los coches eléctricos municipales pueden estar conectados a un centro de excedencia, aportar energía y transformarse en una súper batería en caso de emergencia?”, se pregunta. En Texas, cuenta, los granjeros compran cada vez más camionetas eléctricas para tener una batería de respaldo. “Cuando se quedan sin luz, conectan esta batería a sus casas. Este modelo privado se puede pensar a nivel público. No hay ningún impedimento”, aclara.

¿Puede replicarse en España?

En España, explica José Luis Domínguez, responsable del departamento de Sistemas Eléctricos de Potencia en el Instituto de Investigación en Energía de Catalunya (IREC), experto en la integración de la energía verde en la red eléctrica, la apuesta por el almacenamiento con baterías ha sido puntual y escasa.

La red peninsular, a diferencia de la californiana, es “más mallada”, ofrece más rutas alternativas para repartir los flujos y evitar sobrecargas. El “respaldo” del mix energético (gas, carbón, hidráulica y nuclear), los altos costes hasta hace algunos años, los pocos incentivos empresariales y “las dudas sobre su propiedad y gestión” (como si apostar más por la inversión pública o privada) ha impedido que esta tecnología escale.

En materia de almacenamiento, la apuesta española pasa por la hidráulica de bombeo, otra solución a mano para equilibrar la producción de energía solar y eólica. Las centrales de bombeo almacenan energía al elevar agua de un embalse inferior a uno superior durante la baja demanda, y la liberan para generar electricidad durante la alta demanda.

Sin embargo, para Reguant, esta estrategia no es suficiente. “Está demostrado que muchas veces nos sobra sol y no podemos almacenarlo, por lo que terminamos tirando energía”, advierte. En su opinión, de haber tenido un alto almacenamiento en baterías, el apagón del lunes se podría haber evitado y, en el peor de los casos, la recuperación hubiese sido mucho más rápida. 

Domínguez coincide en que las baterías podrían darle mayor seguridad a la red, pero, a su entender, es vital reforzar la regulación y exigir a las plantas renovables ofrecer diversos servicios de red, mayores controles para ser “más inertes”.

Explica que en el mercado ya existe “la inercia sintética”, que permite a los convertidores electrónicos imitar el comportamiento de una máquina giratoria. Mediante algoritmos, esta tecnología permite detectar caídas de frecuencia y responder inyectando potencia casi instantáneamente, como lo haría una turbina pesada. En la fotovoltaica, por ejemplo, se puede obligar a operar a menor potencia para dejar un margen con el que corregir posibles oscilaciones. Para Reguant, el barco de almacenamiento con baterías “ya ha zarpado” y no hay forma de detenerlo.

Cuando en 2009, Seann Dory, gerente de una ONG de empleo, y Michael Ableman, un agricultor urbano, plantaron las primeras hortalizas en unos maceteros que colocaron en un parking abandonado de Downtown Eastside, un barrio empobrecido de Vancouver (Canadá), no imaginaron que el proyecto iba a transformarse en una referencia mundial de agricultura urbana. Este año, 4.000 contenedores portátiles colocados sobre el pavimento en grandes baldíos producen más de 30 toneladas de frutas y verduras.

Sole Food Street Farms, recuerda Heather Farmer, su directora ejecutiva, nació con un fin social: convertir a las personas desempleadas del barrio, muchas de ellos sin hogar, con problemas de adicciones y de salud mental, en pequeños agricultores. La idea era sencilla, y revolucionaria: transformar terrenos urbanos baldíos en paisajes agrícolas productivos. Reverdecer el asfalto con tomates cherry, calabacines, remolachas, judías, pepinos y acelgas. Los vecinos, escépticos en un principio, aprendieron el oficio de trabajar la tierra. Los cultivos empezaron a brotar. Y el proyecto, con el respaldo del Ayuntamiento y la autorización de los dueños de los terrenos en desuso, creció.

“Nos hemos convertido en una de las empresas sociales agrícolas urbanas más grandes de Norteamérica, con una producción local que se vende al público, a comercios y se donan a socios comunitarios”, cuenta Heather. Entre los clientes figuran algunos de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. “La calidad de nuestras verduras, frutas y hortalizas ecológicas es difícil de conseguir en el mercado mayorista”, saca pecho su directora.

El “secreto del éxito”, agrega, fue el diseño de un “sistema agrícola urbano”, innovadoras cajas de plástico apilables con desagües interconectados que se pueden mover fácilmente con una carretilla elevadora y que aíslan el suelo de las sustancias contaminantes. “Estos contenedores nos permiten cultivar en terrenos que de otro modo no serían aptos para la agricultura y sustentan nuestros huertos e invernaderos, creando un sistema de cultivo diverso y muy resiliente”, explica.

260 vecinos para cultivar en medio de la ciudad

Sorteado el problema del know how, el proyecto se enfrentó a un segundo escollo: una regulación muy restrictiva sobre el uso del suelo. No fue nada fácil, recuerda Heather, conseguir las autorizaciones administrativas necesarias para cultivar en el medio de la ciudad: “Pero con mucha tenacidad, lo logramos”.

La empresa social funciona hoy en cuatro baldíos del barrio. El más grande está ubicado donde funcionó la Villa Olímpica, construida para los Juegos de Invierno de 2010, a la sombra de un estadio de fútbol y muy cerca del Hinge Park, un icono verde de la ciudad. En total, hay 4.000 contenedores desplegados por tres hectáreas de pavimento. En primavera se cultivan acelgas, coles, hinojo, nabos, lechugas, rábanos, cardos y cebollas moradas. En otoño, repollo, patatas, zanahorias, puerros, calabaza de invierno, rábano y pimientos. Hay un huerto con unos 500 árboles frutales como caquis, higos, membrillos, manzanas, peras, ciruelas y cerezas. “Todos alimentos frescos y locales con precios accesibles”, remarca Heather.

El proyecto emplea cada año a 30 personas del barrio. La mayoría permanece en plantilla durante un período de tres cursos. Entran a trabajar sin haber cogido nunca una azada y se despiden, agradecidos por la formación y contención, como “expertos agricultores”. En estos 16 años, la empresa ha contratado a 260 trabajadores y pagado casi 2 millones de dólares en salarios.

“Todo –señala la gerenta– cultivando y cosechando productos frescos en terrenos baldíos, abasteciendo a los mejores restaurantes y a los mercados de la ciudad. A su juicio, Sole Food Street Farms confirma que la agricultura urbana a gran escala es ”totalmente viable y posible“ en las grandes ciudades.

En la empresa ponen los ejemplos de Keny y Carmen. Ambos empezaron a trabajar después de atravesar momentos difíciles en sus vidas, enfrentando desafíos personales como el desempleo y el consumo problemático de estupefacientes. En la granja urbana, no solo encontraron un empleo y un salario, “también una comunidad de apoyo que les brindó nuevas habilidades y confianza”. “Sole Food va más allá de cultivar verduras y de transformar los baldíos: se trata de fortalecer la comunidad. Trabajar con plantas, estar al aire libre y participar en un trabajo tan gratificante fomenta la resiliencia. Cuidar una planta fortalece la conexión y el bienestar”, reflexiona.

Heather y su equipo han calculado el Retorno Social de la Inversión (SROI), una herramienta que mide el valor de los resultados sociales, ambientales y económicos de una organización. Por cada dólar que se paga al personal, se retribuyen 5,77 a nivel comunitario por la reducción de costes en atención médica y servicios sociales.

Sobre el impacto ambiental, todavía no hay cifras que lo cuantifiquen. Pero es “otro pilar” del proyecto. “Estamos hablando de una herramienta poderosa para construir sistemas alimentarios resilientes ante la crisis climática. Al cultivar alimentos cerca de casa, reducimos la dependencia de las frágiles cadenas de suministro globales, reducimos las emisiones y creamos espacios verdes que contribuyen a la refrigeración de las ciudades. Las granjas deben integrarse en todas las planificaciones urbanas que se redacten a partir de ahora. Los recursos para que prosperen ya existen. Falta que muchos tomadores de decisiones hagan el click”, expone.

La lección que deja Sole Food Street Farms es que, con el apoyo político, las ciudades pueden integrar la agricultura y generar un “triple beneficio”: humano, social y planetario: “Lamentablemente, proyectos como el nuestro siguen siendo poco frecuentes debido a regulaciones restrictivas, altos costos de la tierra, la especulación inmobiliaria y un apoyo gubernamental limitado”.

¿Se puede replicar en España?

El sociólogo y experto internacional en soberanía alimentaria, José Luis Casadevante ‘Kois’, lleva años trabajando en distintas iniciativas comunitarias ligadas a la agricultura urbana. Acaba de publicar Huertopías (Capitán Swing), un libro que invita a reflexionar sobre las ciudades del futuro, más ancladas al ecourbanismo –clave en la adaptación a la crisis climática– que a la revolución de la Inteligencia Artificial y los centros de datos. 

Casadevante habla de Sole Food Street Farms como un caso de éxito en el plano internacional. A nivel técnico, de conocimientos y habilidades, se trata de un proyecto “muy replicable” en España. El problema, explica, radica en el diseño de nuestras ciudades, “mucho más compactas” que las americanas y con menos “vacíos urbanos”.

Esta matriz hace que el suelo sea un elemento de fuerte disputa por su alto valor económico. Pone de ejemplo el caso de Valencia, con un cinturón agrícola metropolitano protegido por ley desde 2018, que ahora la Generalitat quiere entregar al capital inmobiliario.

Un proyecto político “que apunta en la buena dirección” es Barrios Productores, del Ayuntamiento de Madrid, vigente desde 2021, que tiene un objetivo similar al de Vancouver: transformar los espacios libres de la urbe en terrenos cultivables. Hay cinco parcelas adjudicadas, pero todo el proceso administrativo está paralizado por el incumplimiento de las obras de adecuación de los terrenos. “Es una apuesta muy innovadora, pero corre el riesgo de caerse”, lamenta Kois.

El experto menciona iniciativas sociales, como el proyecto Huerto Hermana Tierra del Servicio Capuchino de Desarrollo, en El Pardo (Madrid), donde las personas de origen migrante logran regularizar su residencia a través del trabajo en una finca de productos agroecológicos, un terreno de 12.000 metros cuadrados.

Según Kois, otra iniciativa inspiradora está en Vitoria, Koopera, impulsada por Cáritas. Se trata de huertas solidarias utilizadas para incluir a personas en riesgo de exclusión–migrantes, en su mayoría– a través de la plantación, recolección y venta de productos hortofrutícolas. Las frutas, hortalizas y verduras se cultivan en el antiguo huerto de un convento. Lo producido se pone al alcance de los ciudadanos en el puesto del Mercado de Abastos de Vitoria-Gasteiz. 

“El poder de la agricultura urbana –resume este sociólogo– no hay que medirlo por la cantidad de gente que da de comer, sino por la cantidad de gente que permite conectar con una sensibilidad diferente en materia alimentaria. La alfabetización agroecológica tiene mucho poder transformador”.

“Recuerdo perfectamente el primer recorte, lo publicaron en el BOE poco antes de Navidad. Me había tomado unos días de vacaciones y de repente empezaron todos a llamarme; la gente venía a la oficina de la cooperativa llorando, estaba asfixiada económicamente y venía a desahogarse. Fue muy duro, yo les había invitado a montarse al barco y ese barco se hundía. Pero es que estábamos todos en el mismo barco”. En esa misma oficina de la planta solar La Jeresa, en Lorca (Murcia), Dioni Ruiz –52 años, auxiliar administrativa– rememora el tijeretazo a las ayudas económicas a la producción de energía solar fotovoltaica que ella y otros 417 socios de la cooperativa recibieron hasta 2010 por su inversión en una planta de cuatro megavatios de potencia instalada.

Como Dioni hay muchos más. Son los pioneros abandonados de la fotovoltaica. Más de 62.000 familias invirtieron sus ahorros, entre 2007 y 2008, para impulsar la incipiente producción solar del país, alentados por una campaña gubernamental que garantizaba un retorno de la inversión a los diez años. Pero llegó la crisis económica y una batería de medidas que culminó con la reforma eléctrica de 2013 y supuso un recorte retroactivo del 30% de sus ingresos, ahogando a estos pequeños inversores, en su mayoría agricultores y ganaderos. La justicia española consideró legales aquellos recortes, pero los tribunales internacionales, a los que acudieron los fondos de inversión extranjeros, hoy están dando la razón a los demandantes. Los pequeños productores españoles reclaman igualdad de trato.

En total, la asociación Anpier, que pelea por los derechos de los afectados y denuncia “una estafa de Estado”, calcula que la inversión media por persona rondó los 300.000 euros. Muchas familias tuvieron que refinanciar avalando los nuevos préstamos con sus bienes personales, principalmente sus casas, con créditos de hasta 20 años. En torno al 20% se vio obligado a malvender su instalación fotovoltaica al no poder asumir los gastos. En Lorca, el sindicato de agricultores COAG lideró el proyecto Huerta Solar de La Jeresa, una cooperativa social de 418 socios en la que cada uno es propietario de una instalación de 10kW. El parque, con una potencia total de 4MW, echó a andar en 2008. Funciona con una cuota que cubre el mantenimiento de las instalaciones. Cuando uno de los seguidores se estropea, la cooperativa asume el coste de la reparación e ingresa al propietario el importe que deja de percibir mientras no está en funcionamiento.

Dioni Ruiz, administrativa de 52 años, optó por refinanciar el préstamo. Todavía le quedan un par de años para devolver el crédito y tres más para recuperar los 15.000 euros que tuvo que ir aportando de su bolsillo para completar los pagos durante la temporada más crítica. "Accedieron porque vieron si no tendrían que embargarnos a todos

Dioni Ruiz trabajaba en COAG cuando se lanzó el proyecto y fue la encargada de explicárselo a los socios y animarles a apuntarse. Cuando vinieron los recortes, fue también la primera a la que se dirigieron en busca de una explicación. Al igual que la mayoría de los socios, Ruiz invirtió los 79.000 euros más IVA que costaba cada instalación gracias a un préstamo financiado al 100%. El cálculo era pagar los 840 euros mensuales de la letra del préstamo con los ingresos de la planta y amortizar la inversión a los diez años. Cuando llegaron los primeros recortes se acababa de meter en una hipoteca.

Su marido, pintor en el sector de la construcción, se había quedado en paro por la crisis. Tuvieron que mudarse una temporada a casa de la madre de ella para recortar todo lo que fuera posible. Al final, optaron por refinanciar el préstamo. Todavía le quedan un par de años para devolver el crédito y tres más para recuperar los 15.000 euros que tuvo que ir aportando de su bolsillo para completar los pagos durante la temporada más crítica. “Estuvimos negociando con el banco mucho tiempo, primero a nivel personal y luego de forma colectiva con la cooperativa. Fueron años muy difíciles. Finalmente, accedieron porque vieron si no, tendrían que embargarnos a todos”, resume.

“Fue una época criminal”, confirma Juan Francisco Torroglosa, ingeniero de 45 años y encargado del mantenimiento de La Jeresa. Él tenía 27 años y estaba a punto de casarse cuando entró en el proyecto alentado por su conciencia ambiental y el respaldo legal de la inversión. “Me veía al poco tiempo con una hipoteca. Trabajaba entonces en la obra, hubo la crisis inmobiliaria y se me juntó todo. Fue un drama. De todo se sale, pero hay que pasarlo”, dice ahora Torroglosa. No olvida aquellos años de hacer malabarismo con las tarjetas de crédito y de cubrir un préstamo con otro. “Estábamos en modo economía de guerra, no gastar nada de nada que no fuera pagar esto”, resume por su parte Jaume Pedrós, agricultor de 63 años. Él y su mujer invirtieron casi 500.000 euros en un parque solar en Lérida, que agrupa las instalaciones de 12 familias de la zona. Aportaron el 20% y el banco el 80%. Hicieron lo imposible por evitar refinanciar porque suponía disparar los intereses del préstamo. “Aguantamos como pudimos”, recuerda.

Mi marido trabajaba hasta 20 horas diarias para lograr más ingresos, mis hijas sabían que no podíamos permitirnos ningún extra. Lo pasamos muy mal. Yo sé lo que es ir al supermercado con la calculadora

Ángel Lario, de 68 años, agricultor jubilado de Murcia, invirtió con la intención de completar su jubilación. “El primer recorte equivalía a estar tres meses sin cobrar. Y pensamos, bueno, hay que apechugar con la crisis, es temporal. Pero siguieron más y más recortes… hasta que no podíamos aguantar la situación”, relata. Lario tuvo que vender un terreno para poder refinanciar el préstamo.

Joaquín García Belmonte, técnico de riego agrícola, 36 años, entró en el proyecto en familia, junto a sus padres, su hermano y su hermana. “Mi padre nos trajo la idea y a todos nos pareció bien. Pensamos: es una inversión de futuro, vamos allá”, recuerda García Belmonte, que entonces tenía 20 años. Cuando llegaron los tiempos malos, su padre, ahora fallecido a consecuencia de un cáncer, fue de los primeros que se movilizaron en defensa de los intereses de los productores, acudiendo a todas las reuniones de la cooperativa y participando en las manifestaciones organizadas por Anpier por todo el país. “Ahora nos encontramos en una situación en la que el promotor del proyecto falleció y no llegará a ver rentabilizada su inversión”, lamenta.

En el caso de Huertas Teruel, se embarcaron en la aventura siete miembros de su familia: sus padres, su hermana, su hermano y su cuñada y su marido y ella. “Mis padres eran agricultores, mi hermano tenía una inmobiliaria, mi cuñada era esteticista. Teníamos situaciones muy diferentes, pero todos lo pasamos mal. Y no nos podíamos ayudar los unos a los otros porque estábamos todos igual”, recuerda esta autónoma de 49 años.

Cuando empezamos, nosotros pagamos la instalación tres o más veces el precio que pagaríamos hoy. Éramos los pioneros, los incomprendidos, molestos para las grandes compañías porque nos habíamos metido en un terreno que era suyo. Éramos las moscas cojoneras", recuerda Francisco Fernández Lindón

Cuando invirtió, ella tenía una niña de dos años y estaba embarazada de la segunda. Trabajaba con su marido en un comercio de cerrajería. Como muchas parejas jóvenes, pensaron que les ayudaría a pagar la universidad de sus hijas.

Teruel y su marido lograron esquivar la refinanciación a base de muchas horas extras de trabajo y de privaciones. “En el banco nos conocían y también nos permitieron mantenernos a descubierto un tiempo, y poco a poco íbamos metiendo dinero cuando lo conseguíamos. Mi marido trabajaba hasta 20 horas diarias para lograr más ingresos, mis hijas sabían que no podíamos permitirnos ningún extra”, relata. “Lo pasamos muy mal. Yo sé lo que es ir al supermercado con la calculadora”.

Cargar con la culpa

A la pesadilla económica se sumó la campaña de culpabilización a la que les sometieron los poderes públicos. “Lo primero que hicieron y que nos dolió mucho fue criminalizarnos; dijeron que teníamos la culpa del precio de la luz. Cuando le contabas a la gente que no llegabas a fin de mes, te decían que tenías la culpa por haber querido enriquecerte a su costa”, asegura. “Cuando veo a mis padres, que eran agricultores y además regentaban un bar, que no han hecho más que trabajar en su vida para que nosotros pudiéramos estudiar, me da mucha rabia”, dice.

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, explica que se culpó a las primas a las renovables de contribuir al déficit tarifario eléctrico, cuando este fue consecuencia de la limitación de la subida de la luz aprobada en 2002. En el año 2008 arrastraba ya una deuda acumulada de 17.157 millones de euros, sin intereses. El principal problema, asegura, fue la falta de previsión del Gobierno ante la drástica caída en el mercado mundial de los precios de los paneles solares a finales de 2007, que alentó la entrada de grandes empresas y fondos de inversión en muy poco tiempo. Para finales de 2008, se habían construido ya 3.200 MW, más de ocho veces el objetivo inicial fijado para 2010.

“Cuando empezamos, nosotros pagamos la instalación tres o más veces el precio que pagaríamos hoy. Éramos los pioneros, los incomprendidos, molestos para las grandes compañías porque nos habíamos metido en un terreno que era suyo. Éramos las moscas cojoneras”, recuerda Francisco Fernández Lidón, profesor de secundaria ahora jubilado, de 72 años. “Lo indignante es que después de nosotros se metieron de lleno los fondos de inversión. Hemos ido reclamando lo nuestro hasta el Supremo y no nos han dado la razón. Los fondos han reclamado y el Gobierno sí tiene que pagarles”, se indigna Torroglosa.

En 2016, el Tribunal Supremo español dictaminó que aquellos recortes retroactivos eran legales y consideró que los demandantes, en su mayoría pequeños inversores, debían haber previsto el riesgo de cambio normativo.

Los fondos internacionales, por su parte, han recurrido a la justicia internacional, en su mayoría a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, al que estaba adherido España. En total, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se han abierto 51 arbitrajes: 39 se han resuelto ya –diez de ellos a favor de España y tres condenas anuladas–, diez quedan pendientes de sentencia–una de las demandas anuladas ha vuelto a presentarse– y tres demandantes han desistido.

El Gobierno apuesta por agotar todas las vías legales y asegura que ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar. De momento, ha logrado reducir en un 85% la cuantía de las indemnizaciones, de los 10.635 millones de euros reclamados a los 1.476 millones actualmente reconocidos. Otros 1.447 millones están pendientes de resolución.

En 2016, el Tribunal Supremo dictaminó que aquellos recortes retroactivos eran legales y consideró que los demandantes, en su mayoría pequeños inversores, debían haber previsto el riesgo de cambio normativo.

Transición Ecológica recuerda también que “para incentivar la confianza de todos los inversores, nacionales o extranjeros” adoptó en 2019 el Real Decreto-ley 17/2019 que garantiza a las plantas afectadas una rentabilidad razonable del 7,39% hasta el año 2031. Con ello evitó una nueva reducción de la tasa prevista a partir de 2020, que hubiera supuesto una caída al 4,5%. Para acogerse a esta medida, los inversores extranjeros con demandas en cortes de arbitraje debían renunciar a ellas. El Ministerio considera que para 2032 las instalaciones afectadas por los recortes, en su inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán “sobradamente amortizadas”.

Para los afectados, aquella medida fue un alivio que evitó un recorte adicional, pero en ningún caso repara el daño ocasionado. El presidente de la asociación Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, espera que el cambio de la titular de Transición Ecológica permita reanudar las conversaciones con el Gobierno para encontrar “una solución pactada y consensuada que ponga fin a este drama”. De momento, una primera medida que propone es ampliar unos cinco años la vida útil retribuida de las instalaciones.

A pesar de las desilusiones, casi dos décadas después, Jaume Pedrós piensa que la inversión en sí fue buena porque era de futuro. “Sigo creyendo en las renovables. El problema es que no creo en los políticos”, asegura. “Cuando empezamos teníamos en mente ampliar con el tiempo las instalaciones, pero claro, se te quitan las ganas de invertir en este país. Es una pena”, concluye.

“Yo, con recuperar la inversión me conformo. Me consuelo pensando en que al menos algo he participado en la reducción de las emisiones de CO₂ ”, dice resignada Dioni Ruiz, esbozando una sonrisa. “Pero lo que más pena me da es toda la gente que se ha quedado por el camino, los que han tenido que vender porque no podían asumir los gastos y también los que han luchado por este proyecto y han fallecido antes de verlo rentable”.

La periodista Agnès Sinaï (Marsella, 1966) no es optimista respecto al futuro, por una contradicción esencial que vivimos los humanos y que la empuja a escribir libros y enseñar en la prestigiosa Universidad Sciences Po de París sobre decrecimiento. Su reflexión es que vivimos el final de un periodo marcado por una abundancia material jamás conocida en la historia de la humanidad; y cuando los recursos necesarios para lograr esa abundancia entran en un declive irreversible, se produce una contradicción económica generalizada.

El lugar desde el que desarrolla su pensamiento hacia otro modelo de sociedad que afronte esta gigantesca paradoja es el Instituto Momentum, del que ella es fundadora, un laboratorio de ideas en el que participan científicos, periodistas e ingenieros en busca de ideas para salir de la civilización industrial.

En un sistema de decrecimiento, ¿a qué deberíamos renunciar?

A todo lo que nos hace dependientes de materias primas lejanas. Y, si no renunciar, sí fijar umbrales más razonables en el uso de las energías no renovables como el petróleo, por ejemplo. Deberían ser objeto de una deliberación internacional, pero lamentablemente estamos ante un fenómeno de competición y de competencia por los recursos. Todo desarrollo tiene consecuencias y si no las podemos evitar al menos debemos proponer cuotas.

¿Quién debería fijar esos umbrales?

Habría que inventar una institución internacional que ahora no existe. En el año 2000, cuando se habló del primer pico del petróleo, ya se propuso instaurar un organismo supranacional para fijar cuotas previa deliberación y según las desigualdades, pero es una utopía. No ocurrirá jamás. Y como no pasará, seguramente la tendencia será continuar nuestra trayectoria actual y seguir sufriendo las turbulencias que ya empezamos a notar.

¿Es usted pesimista?

Sí, por supuesto. El realismo tiene algo de pesimismo. Si vemos la evolución de las emisiones de CO₂, las curvas son las que ya anunciaba el Informe Meadows en 1972 sobre los límites del crecimiento. La actualización de los modelos propuestos por Meadows en esa fecha muestra que esa tendencia continúa.

Supongamos que todo el mundo está de acuerdo en que no podemos seguir creciendo de manera ilimitada, ¿por dónde empezamos?

En los países ricos debería ser prioritario reducir la movilidad en coche, y para los mercados agrícolas se tendría que compatibilizar mejor el cultivo con el mantenimiento del suelo, reducir el uso de agua y recuperar una agricultura extensiva y una ganadería más diversificada. La agricultura basada en un esquema de exportación internacional plantea problemas en Europa y la Política Agrícola Común (PAC) no ofrece una respuesta. Habría que revisar el tamaño de las explotaciones, apoyar el regreso al campo de jóvenes agricultores, valorar ese oficio facilitando el acceso a la propiedad para modelos de policultivo o de horticultura. Sería lo más urgente, porque la agricultura está ligada a la salud del clima.

¿Cuáles son las principales resistencias para un cambio de modelo?

Están ligadas a la herencia del modelo de libre intercambio internacional de los Acuerdos de Bretton Woods (1944) que dividieron el mundo en regiones de producción especializada. África planta y exporta café y cacao, mientras Francia proporciona servicios de descontaminación del agua gracias a empresas como Veolia o la antigua Suez. Debemos crear otra globalización basada en la ralentización de los intercambios y financiar economías locales más resilientes que no se basen únicamente en la exportación. Por supuesto, seguiría existiendo una parte de libre cambio, pero en menor medida. No se trata de volver al pasado, sino de tener en cuenta los límites ecológicos.

Y si no se produce café cerca de donde vivimos, ¿dejamos de tomarlo?

Si usáramos menos energías fósiles para transportar mercancías sí, traeríamos menos café. Tal vez podríamos reemplazar el café por la cebada y desespecializar la agricultura en África, por ejemplo, reintroduciendo los cultivos de ribera. África debería poder alimentarse sin temer la quiebra potencial de sectores dependientes del precio de las materias primas y de las políticas de importación de los países del Norte. En todo caso habría que replantear el aspecto masivo del circuito de exportación e importación.

¿Una disminución del consumo de energía iría de la mano de un modo de vida más lento?

Sin lugar a dudas. Habría que ralentizar tanto la producción como el consumo, la movilidad y el flujo de materias primas. Hay que pensar en sociedades más lentas, liberarse de la satisfacción inmediata, un deseo mantenido de manera artificial por el ambiente hiperconsumista en el que estamos inmersos.

Con Yves Cochet y Benoit Thévard plantean un escenario 'biorregional'. ¿En qué consiste?

Sí, se trata de una investigación sobre la vulnerabilidad y las posibilidades alimentarias de una región muy agrícola como es la capital francesa. Se partió de sus especificidades para plantear un modelo de evolución en ocho 'biorregiones' organizadas a partir de la coherencia geográfica de los paisajes agrícolas.

¿Ese modelo es exportable a cualquier gran ciudad como Madrid o Barcelona?

Nosotros nos basamos en la biografía de la región parisiense y eso no es exportable, pero el método sí. Consiste en hacer un inventario de las potencialidades agrícolas, de la zona rural de la metrópoli a partir de sus cuencas hidrográficas, del modo en que llega el agua potable a los habitantes y de los recursos vitales que permiten a una capital como París funcionar las 24 horas.

El crecimiento verde es lo que se llama un oxímoron, es decir, dos términos completamente paradójicos. La idea no es seguir creciendo, sino usar la energía de manera sobria y compartida

Ese es el punto de partida de la investigación y eso permite, en primer lugar, un diagnóstico de la resiliencia territorial, estableciendo como prioridad la autonomía alimentaria potencial, las capacidades energéticas ligadas a la geografía del territorio y por último la movilidad, que podría rediseñarse con una red ferroviaria revalorizada y orientada al transporte de mercancías agrícolas del campo a la ciudad. Estos aspectos serían aplicables a otras ciudades.

La biorregión no es un concepto nuevo.

Es una bella visión nacida en California en los años 70 gracias a un grupo formado por el activista Peter Berg, el poeta Gary S. Snyder y el ecólogo Raymond Dassmann, que está en el origen de la noción de biodiversidad y que en 1965 había publicado un ensayo titulado La destrucción de California. La biorregión es a la vez una noción geográfica y una utopía que busca la coherencia en términos ecológicos.

¿Pueden las ciudades volver a establecer ese vínculo con la naturaleza?

Hay que pasar más tiempo en la naturaleza, desarrollar una educación ecológica, saber en qué cuenca hidrográfica vive uno, saber de dónde viene el agua del grifo. Esa es una base biorregional. Evidentemente, los políticos locales pueden ayudar, pero antes deben tener esa sensibilidad y no es el caso, porque estamos en un modelo productivista.

Si todo esto lo sabemos desde los años 70, ¿cómo hemos llegado hasta aquí sin hacer nada?

Porque este modelo no le interesa a nadie y lo que funciona es el consumo. Nuestras propuestas son muy marginales. La ecología se desprecia y se trata de ecoterroristas a quienes se manifiestan en contra de las autopistas o de la agricultura intensiva.

¿Qué habría que cambiar en los sistemas económicos de las sociedades postindustriales para que la biorregión fuera una realidad?

Habría que tener en cuenta el aspecto global y local, y reintroducir la diversidad productiva, además de desarrollar una economía de los cuidados, de los recursos y del paisaje para permitir la sostenibilidad del ciclo del agua y de microclimas que ralentizarían el shock climático. La escala biorregional ofrece una respuesta interesante a problemas que nos superan. Permite recuperar la cuestión de los recursos, de los límites, del arraigo a los lugares que construyen nuestras vidas, la cercanía a especies que están a nuestro lado y que desconocemos. Está igualmente el tema de la democracia a escala comunitaria o de biorregiones, que podrían ser entidades de debate y encuentro para conocer mejor a todos aquellos que permiten que ese territorio sea habitable ahora y a lo largo del tiempo. Es un proyecto muy ambicioso que propone una forma de pedagogía ciudadana.

¿Habría que modificar la organización territorial del Estado?

El Estado debería interesarse en la biorregión y desempeñar su papel de protector del interés general. No hay que desechar el Estado, en absoluto. No es incompatible que haya biorregiones y al mismo tiempo una realidad más global, un estado diferente al actual, con otros valores. En Francia tenemos un modelo muy centralizado que hace que nuestros conciudadanos sean unos quejicas porque esperan mucho del Estado al tiempo que lo desprecian.

En su libro Réhabiter le monde. Pour une politique des biorégions habla del peso ecológico de la demografía en los países occidentales. ¿Qué deberíamos hacer?

No es tanto un problema de natalidad como del nivel de vida al que aspiramos. Me refiero al de los países ricos, claro, que es escandalosamente elevado respecto al resto de los habitantes del planeta. ¿Será sostenible? ¿A partir de qué umbral podrá un país como Francia crecer en un espacio donde hay cada vez más problemas de alojamiento? ¿Es una cuestión de demografía o de reorganización de un hábitat con pueblos completamente abandonados y ciudades inaccesibles por el precio inmobiliario?

Algunas propuestas son consideradas como una forma de 'eco-fascismo' o de tiranía, pero si no somos coherentes en las políticas, entonces sí vamos a lograr el fascismo de verdad porque seguimos favoreciendo un individualismo amargo que lleva a votar a la extrema derecha

Además, somos cada vez más viejos y ese es otro problema, porque el nivel de vida de las personas mayores es alto, por tanto, ¿cómo fijamos un nivel de “decencia común”, como decía Orwell, sin frustrarnos porque el vecino tiene una casa más grande que la tuya? Me preocupa la presión del consumo, por un lado, y la escasez de espacio, por otro. El coste aumenta y la gente se encuentra atrapada en una paradoja de frustración. Esa cuestión afecta también a nuestra democracia.

Frente a las demandas del mundo académico y científico muchas instituciones, entre ellas las europeas, plantean un crecimiento verde. ¿No es contradictorio?

Sí, lo es. El crecimiento verde es lo que se llama un oxímoron, es decir, dos términos completamente paradójicos. Es algo obsoleto, una visión de la transición que perpetúa un modelo simplemente reemplazando unas energías por otras y basado en la electrificación. No se trata de construir más centrales nucleares, porque no estarían listas a tiempo y nos encontraríamos con un 'gap' energético, con una brecha entre los objetivos del crecimiento verde y la oferta real de electricidad, que es cada vez más cara y debería reservarse para usos fundamentales y no para que todos tengamos un coche eléctrico en la ciudad. La idea no es seguir creciendo, sino usar la energía de manera sobria y compartida.

¿Hay algo que los consumidores podamos hacer para contribuir al decrecimiento?

Diría que no podemos hacer nada porque eso no tiene ningún impacto, y porque nos sentimos solos y culpables cuando se dirigen a nosotros como consumidores. Es injusto dar a los individuos una responsabilidad que les supera completamente cuando de lo que se trata es de tomar decisiones políticas y de ser coherentes a nivel global. Enviar mensajes contradictorios a los consumidores contribuye a crear un clima tóxico. Se deberían implantar algunas medidas y explicarlas.

¿Por ejemplo?

Normas fáciles que podrían aplicarse de inmediato, como el tamaño de las casas individuales, un coeficiente de ocupación del suelo, facilitar las viviendas compartidas, –las cooperativas de viviendas para compartir la propiedad y los servicios– e instaurar normas sobre el tamaño de los coches, sobre el consumo anual de energías fósiles por persona mediante una 'tarjeta carbono' y prohibir determinada publicidad. Algunas propuestas son consideradas como una forma de 'eco-fascismo' o de tiranía, pero si no somos coherentes en las políticas, entonces sí vamos a lograr el fascismo de verdad porque seguimos favoreciendo un individualismo amargo que lleva a votar a la extrema derecha.

“El desafío global de los desechos plásticos requiere soluciones que van más allá de las capacidades de cualquier organización por sí sola. Impulsamos una economía circular aprovechando el poder de la acción colectiva”. La frase se lee al hacer click en la página web de la Alianza para Acabar con los Residuos Plásticos (AEPW, por sus siglas en inglés), una organización creada en 2019 por más de 30 empresas multinacionales para fortalecer la recogida y el reciclaje.

Casi todos sus miembros forman parte de la cadena de suministro de plásticos, entre ellos gigantes petroleros como ExxonMobil, Shell y TotalEnergies, que fabrican los productos químicos básicos utilizados en envases y otros bienes de consumo.

En cinco años, esta iniciativa internacional ha limpiado 119.000 toneladas de residuos plásticos. Sin embargo, en ese mismo tiempo, las cinco principales compañías que integran su comité ejecutivo produjeron 132 millones de toneladas de ese material, una cantidad 1.000 veces mayor.

Las cifras fueron publicadas por Unearthed, un proyecto de investigación de Greenpeace, en la víspera de la Cumbre de Busan (Corea del Sur) y en medio de las arduas negociaciones por alcanzar un tratado global que limite la contaminación plástica.

La postura de esta alianza, con mucho poder de lobby, según la investigación de Unearthed, es que los gobiernos no deben promover leyes para frenar la producción de plástico, sino invertir en la gestión de los residuos, en fortalecer “la transición hacia una economía circular”.

Todo lo que recogen es la producción de dos días

El plástico se fabrica a partir de combustibles fósiles, principalmente del petróleo crudo. Desde 1950 se han producido aproximadamente 9.200 millones de toneladas, que han generado más de 6.900 millones de toneladas de residuos plásticos primarios, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tres cuartas partes acabaron en vertederos, basureros, corrientes de residuos no controlados o en el medio ambiente natural, incluidos los océanos.

La alianza informa de una recogida de 119.000 toneladas de residuos plásticos en sus primeros cinco años de vida, lo que equivale a menos del 1% de lo proyectado

Ante estas cifras, esta alianza se autoproclamó en 2019 como “el mayor esfuerzo hasta la fecha para acabar con los residuos plásticos en el medio ambiente”. En el evento de lanzamiento, sus directivos prometieron retirar un total de 15 millones de toneladas de residuos plásticos en los primeros cinco años –hasta finales de 2023– con una inversión de 1.500 millones de dólares.

Sin embargo, en su último informe de progreso, que resume las actividades del grupo hasta 2023, la alianza informa de una recogida de 119.000 toneladas de residuos plásticos en sus primeros cinco años de vida, lo que equivale a menos del 1% de lo proyectado. La inversión también ha sido muy inferior a la prometida: 375 millones de dólares, el 25% de lo anunciado.

Para poner esta cifra en un contexto más amplio, la consultora energética Wood Mackenzie examinó la producción de plásticos de cinco de las principales empresas de la alianza: la química Dow, que tiene la presidencia, las petroleras ExxonMobil, Shell y TotalEnergies, y ChevronPhillips, que forman parte del comité ejecutivo.

El análisis determinó que entre 2019 y 2023 estas cinco compañías produjeron 132 millones de toneladas de dos tipos de plástico: polietileno (PE) y polipropileno (PP), más de 1.000 veces de la cantidad limpiada. Es decir, lo retirado en 1.825 días equivale a dos días de producción conjunta de estas multinacionales.

Es difícil imaginar un ejemplo más claro de lavado de imagen verde en este mundo

Bill McKibben — codirector ejecutivo de Greenpeace en Reino Unido

En su investigación, Unearthed aclara que el resultado obtenido, los 132 millones de toneladas, está “probablemente subestimado”. El examen de la consultora se centra en dos polímeros, el polietileno, que se utiliza para las botellas y bolsas de plástico, y el polipropileno, que se utiliza para el envasado de alimentos. No incluye materiales como el poliestireno, muy utilizado en la industria automotriz.

Para Will McCallum, codirector ejecutivo de Greenpeace en Reino Unido, “es difícil imaginar un ejemplo más claro de lavado de imagen verde en este mundo”. Julio Barea, responsable de la campaña contra el plástico de esta organización en España, afirma que además del “burdo ecopostureo”, las cifras de esta investigación ponen en evidencia que “reciclar ya no es suficiente”.

“Solo hemos logrado reciclar el 9% de todos los plásticos generados en los últimos 70 años. No podemos seguir apostando a solucionar la contaminación del plástico desde la gestión de los residuos, es imprescindible tomar medidas políticas para avanzar en una reducción de la producción. Con la evidencia científica que tenemos, cualquier decisión que ponga todo el foco en el reciclaje no nos lleva a ninguna parte”, subraya.

El plástico, un salvavidas para la industria fósil

Barea advierte que los plásticos son el “salvavidas” de la rentabilidad futura de esta industria. “Las petroleras ven que los combustibles cada vez se venden menos y que la transición energética es inevitable. Por eso apuestan e invierten con mucha fuerza en el negocio del plástico”, explica.

Según la investigación de Unearthed, Exxon, Shell y TotalEnergies han añadido en conjunto 5,6 millones de toneladas de capacidad de producción de plástico desde 2019

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) predice que los productos petroquímicos impulsarán casi la mitad del crecimiento de la demanda de petróleo de aquí a 2050. Y, según algunas estimaciones, la producción de plástico podría casi cuadruplicarse para entonces.

Según la investigación de Unearthed, los miembros de la alianza tienen en marcha importantes proyectos de expansión de plásticos para los próximos años. Exxon, Shell y TotalEnergies han añadido en conjunto 5,6 millones de toneladas de capacidad de producción de plástico desde 2019.

Shell, por ejemplo, ha duplicado su potencial de producción de plástico desde que se unió a la alianza. En 2022 abrió una planta de polietileno de 14.000 millones de dólares en Pensilvania, Estados Unidos. “Ese proyecto por sí solo costó casi diez veces la cantidad que el grupo de empresas prometió gastar en su campaña de limpieza y ha agregado 1,6 millones de toneladas al año a la capacidad de esta compañía”, revela el estudio.

La expansión continuará en 2025 con la inauguración de un nuevo complejo petroquímico de Exxon en China, que pondrá en funcionamiento al menos 2,5 millones de toneladas de capacidad de polietileno y polipropileno. En paralelo, TotalEnergies negocia con Aramco, la empresa energética saudí, para construir un complejo petroquímico de 11.000 millones de dólares en Arabia Saudí, mientras que Dow avanza en la construcción de su proyecto de 6.500 millones de dólares en Canadá.

Más plásticos, más tóxicos

Si en lugar de limitar su producción, los grandes de la industria del plástico se siguen expandiendo, los tóxicos a los que ya estamos expuestos por convivir con productos derivados del petróleo también irá en aumento, advierte la ONG Rezero, que lucha desde hace años por poner el impacto de los plásticos en la salud en la agenda política.

El diagnóstico de esta organización y de los más de 100 profesionales que han firmado la declaración “Futuro Sin Tóxicos” es que diariamente estamos en contacto con productos que, aunque estén en el mercado, no son seguros.

Los aditivos pueden constituir hasta el 80% del producto final para algunos productos plásticos. No se adhieren al plástico y se filtran fácilmente en el entorno, también en los alimentos dentro del envase

Rosa García — bióloga

Se trata, en su mayoría, de artículos de uso cotidiano y de una toxicidad lenta, pero persistente. “Envases de alimentos, juguetes, pañales, utensilios de cocina, productos de limpieza, de cosmética”, ha enumerado Elena Codina, responsable de la Unidad de Salud Medioambiental del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y representante de la Sociedad Catalana de Pediatría.

Su directora, la bióloga Rosa García, explica que en los envases de plástico se utilizan una amplia gama de productos químicos como aditivos con el objetivo de proporcionar una serie de características a los envases como flexibilidad, durabilidad frente al calor o la luz solar o colorantes, entre otras.

“Estos aditivos pueden constituir hasta el 80% del producto final para algunos productos plásticos. Los aditivos no se adhieren al plástico y se filtran fácilmente en el entorno, también en los alimentos dentro del envase. Además, a medida que las partículas de plástico se degradan se exponen nuevas capas y es probable que se filtren más aditivos desde el núcleo del envase a la superficie, y luego, a los alimentos”, detalla.

En una investigación en conjunto con Zero Waste Europe, esta ONG detectó la presencia de sustancias químicas comúnmente utilizadas en envases de plástico en muestras de orinas realizadas a 52 personalidades públicas (políticos, científicas, artistas, chefs, periodistas) de Bélgica, Bulgaria, Letonia, Portugal, Eslovenia y España.

De las 28 sustancias químicas analizadas, se encontró un promedio de 20,5 sustancias químicas en las muestras, entre ellas ftalatos y fenoles, que se asocian al cáncer y enfermedades cardiovasculares, además de afectar el sistema inmunológico y reproductivo.

La semana pasada, Rezero difundió los resultados de su última investigación: el análisis de productos menstruales desechables. La lupa sobre diez muestras de compresas y tampones detectó 19 sustancias asociadas al plástico (ftalatos, ésteres organofosforados y plastificantes alternativos a los ftalatos) que pueden comprometer la salud de las mujeres y las generaciones futuras.

En Sedaví, Utiel, Paiporta, Catarroja y Aldaia, los municipios más afectados por la DANA, la prioridad es drenar el lodo que todavía hay en algunas calles y limpiar las casas arrasadas por el agua. “Todos los esfuerzos están puestos para que los vecinos recuperen la normalidad”, repite Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, sobre la reconstrucción de su pueblo. Las tareas incluyen retirar toneladas de residuos –muebles, enseres, electrodomésticos, ropa– acumuladas en casi todas las esquinas. Y también los miles de coches siniestrados en la catástrofe.

El Consorcio de Compensación de Seguros, la empresa pública que abona los deterioros producidos a causa de fenómenos naturales extremos, recibió en solo ocho días 66.000 solicitudes de vehículos que han sufrido daños, según ha informado este jueves su director, José Antonio Fernández.

La entidad calcula que todavía faltan muchos expedientes por abrirse. La cifra podría rondar las 100.000 unidades, según la proyección oficial. De la evaluación preliminar de los peritos en el terreno se desprende que la mayoría de los casos se tramitará como siniestro total–cuando el coste de reparación excede entre un 75% y 100% el valor de mercado–, por lo que un porcentaje muy alto del número final terminará en desguaces para chatarra.

Un desafío logístico

Por lo pronto, la Generalitat ha habilitado algunas instalaciones para hacer acopio de esta enorme cantidad de automóviles, como la Zona de Actividad Logística (ZAL) del Puerto de Valencia o el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Los primeros en llegar a estos dos recintos han sido los que se han recuperado de las carreteras, según el primer parte del Ejecutivo autonómico.

Pero los autos que las grúas cargan a diario en las ciudades afectadas se acumulan, por el momento, en solares y descampados habilitados por los ayuntamientos de forma temporal a la espera de que se confeccione un calendario de traslados. “Estos miles de coches deberían ir a los centros autorizados de tratamiento, los desguaces habilitados por la DGT. El problema es que es imposible que el tejido de gestión actual pueda asumir esta súbita cantidad”, explica Fernando Follos, consultor de empresas gestoras de residuos, sobre el destino final de los automóviles.

En 2023, estos centros gestionaron un total de 533.597 vehículos. “Estamos hablando de, aproximadamente, una quinta parte de la gestión anual. El desafío logístico es enorme”, agrega este especialista.

Para Carlos Arribas, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción, los coches siniestrados representan “el mayor riesgo ambiental” de los miles de toneladas de desechos que dejarán las inundaciones.

En los Centros Autorizados de Tratamiento, explica, la primera operación que se hace es la descontaminación, la extracción y almacenamiento de todos los fluidos y elementos peligrosos de los vehículos: combustible, aceite del motor, líquido anticongelante, refrigerante del radiador, líquidos de freno y de embrague, entre otras sustancias.

Las naves disponen de un pavimento impermeable y de un sistema de recogida de derrames. Finalizada la tarea, los líquidos se introducen en contenedores y se entregan a los gestores de residuos peligrosos para su correcta gestión ambiental.

Es muy importante que todos los coches se lleven a los centros autorizados. De no ser así, terminan en vertederos o chatarrerías no autorizadas, o quedan durante mucho tiempo abandonados en descampados o solares y el impacto ambiental puede ser importante

Carlos Arribas — Responsable de Residuos en Ecologistas en Acción

“Es muy importante que todos los coches se lleven a los centros autorizados de tratamiento para que se recojan todos estos restos peligrosos y que se recuperen sus materiales. De no ser así y terminan en vertederos o chatarrerías no autorizadas, o quedan durante mucho tiempo abandonados en descampados o solares, el impacto ambiental puede ser importante”, advierte Arribas.

La contaminación de las aguas subterráneas es uno de los mayores peligros en un escenario de “saturación del sistema”, incide Arribas. “Son muchísimos coches. De ahí la magnitud del problema. El riesgo es que toda esta enorme cantidad de fluidos peligrosos, aceites y combustibles, filtre por los suelos y termine contaminando las aguas subterráneas”, detalla el portavoz de Ecologistas en Acción.

Un ejemplo: los motores a combustión llevan entre cuatro y seis litros de aceite. Los 100.000 coches siniestrados equivaldrían a la gestión de entre 400.000 y 600.000 litros de este líquido contaminante. “Por eso es tan importante que las administraciones vigilen que la eliminación no se haga de forma ilegal”, insiste.

Su organización constató manchas de aceite y de combustibles en la Albufera por los coches que fueron arrastrados al humedal: “Este vertido ha sido imposible de evitar. Por eso, repito, es necesario que los residuos peligrosos de los coches siniestrados se separen y se traten en los centros autorizados”.

Trazabilidad rota

Esta semana, la Generalitat ha autorizado el traslado de lodos y residuos voluminosos a varias canteras de la provincia de Valencia. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha reconocido que los vertederos y depósitos autorizados no tienen capacidad para absorber todos los materiales que se acumulan en las calles de los municipios afectados por las inundaciones.

Además, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha autorizado a los vertederos de residuos no peligrosos de toda la comunidad recibir camiones sin necesidad de tratamiento previo, sin restricciones de capacidad y con la exención de impuestos.

lleva siempre asociado un desastre ecológico de gigantes proporciones”. “La generación de escombros, vehículos y restos voluminosos es brutal. Y la realidad es que no tenemos medios para gestionarlo”

Fernando Follos — Consultor de empresas gestoras de residuos

Sobre estas medidas, Follos aclara, en primer lugar, que una catástrofe como la que ha sufrido Valencia “lleva siempre asociado un desastre ecológico de gigantes proporciones”. “La generación de escombros, vehículos y restos voluminosos es brutal. Y la realidad es que no tenemos medios para gestionarlo”.

La DANA ya no será tema de la agenda política cuando salga a la luz “el problema ambiental oculto de este tipo de gestión”. “Tendremos un problema serio cuando las canteras y vertederos creados para enterrar todo este residuo, que no estarán debidamente habilitados ni aislados, comiencen a generar lixiviados, se infiltren en los suelos y afecten a las aguas subterráneas y superficiales. Será tarde para actuar”, concluye.

Hasta mayo de 2024, el Gobierno ha destinado más de mil millones de euros de los fondos del Plan de Recuperación Next Generation de la Unión Europea –en concreto 1.065.297.382– a modernizar regadíos, la principal estrategia para afrontar uno de los grandes problemas estructurales del país: la escasez de agua.

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), va a movilizar una inversión público-privada de 2.416 millones de euros, con 97 actuaciones en más de 700.000 hectáreas. Esta inversión cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De la herramienta de datos ELISA, habilitada en abril por el Ministerio de Economía para conocer los microdatos de todos los proyectos que ya han recibido fondos europeos, se desprende que más de 1.000 millones de euros (35.191 millones adjudicados en total) han sido destinados, por el momento, a esta política.

La segunda partida más grande de estos fondos hasta la fecha es la que se refiera a “mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de regadíos”. Solo le superan las “ayudas a los vehículos eléctrico” que, entre las tres convocatorias de subvenciones de 2022 y 2023, suman 1.403 millones.

La sequía de los últimos años ha mostrado la peor cara de la escasez de agua que, agravada por el cambio climático, pone en duda que se pueda satisfacer la demanda intensiva sobre todo en la agricultura. Los campos productivos se beben el 79,1% de toda el agua disponible. Entre 2018 y 2021, de cada 100 litros, 80 se destinaron a la agricultura a través del regadío, según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Del resto, un 15,03% corresponde al abastecimiento urbano (incluido el de los turistas) y un 5,8% a la industria.

Sin embargo, la modernización del regadío –que consiste en pasar de sistemas de gravedad (inundación y surcos) a otros de goteo o aspersión– tiene un problema principal: “La modernización puede reducir el uso de agua, pero casi siempre aumenta el consumo”, según el profesor de Ingeniería Hidráulica y del Riego en la Escuela de Agrónomos de Huesca y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua Ricardo Aliod.

Esta “falsa sensación de ahorro”, argumenta, se da al confundir uso y consumo de agua. El primer término hace referencia al volumen de agua recibida a través de una toma que es extraída de una masa de agua –un río, un acuífero–, parte del cual puede volver a la cuenca. Por su parte, el consumo de agua es la parte usada que no retorna a la cuenca.

“En el regadío este no retorno se da porque una gran parte de esta agua se evapora. El agua ya no retorna a la cuenca, ya no la puedes volver a reutilizar, está perdida, consumida para siempre”, clarifica Aliod. Y agrega: “Ahí está la clave de esta paradoja: podemos usar menos agua, pero consumir más. Por esta razón es un fraude, no consume menos agua”.

Paradoja hidrológica

Los especialistas llaman “paradoja hidrológica” al incremento del consumo de agua debido a la mayor eficiencia del riego modernizado. En el riego tradicional, una parte del agua usada no se consume en el cultivo y retorna a la cuenca a través de filtraciones. El riego modernizado, en cambio, reduce los retornos y elimina cualquier estrés hídrico a la planta.

En el regadío el agua ya no retorna a la cuenca, no la puedes volver a reutilizar, está perdida. Ahí está la clave de esta paradoja: podemos usar menos agua, pero consumir más. Por esta razón es un fraude, no consume menos agua

Ricardo Aliod, profesor de Ingeniería Hidráulica y del Riego en la Escuela de Agrónomos de Huesca

“A esta paradoja hay que agregarle que la reducción en el uso de agua ha generado la ampliación de nuevos regadíos. Es decir, el panorama se agrava con un segundo impacto, que denominamos efecto rebote”. Al existir una sensación de que hay más disponibilidad de agua, se incita a aumentar el regadío. “Esto ha pasado en las cuencas que se han modernizado”, explica el profesor aragonés.

En el informe Retos de la planificación y gestión del agua en España (2023), Francesc La Roca y Julia Martínez denuncian que “las modernizaciones de regadíos están agravando, no aliviando, la creciente inadaptación de los regadíos al cambio climático, así como el mal estado de muchas masas de agua superficiales y subterráneas, al suponer una justificación (sobre asunciones falsas) para mantener la superficie de regadío actual, ya insostenible e incluso para aumentarla en ciertos casos”.

A juicio de estos científicos, la modernización de regadíos “se ha convertido en una pantalla de desinformación de la sociedad”, presentada como “la solución técnica” al déficit hídrico. “Se considera como una medida de corrección de impactos del regadío, cuando es una política que se adopta persiguiendo el aumento de la productividad. Debería, por tanto, figurar como medida de satisfacción de la demanda y no como una medida ambiental”, critican.

De los nuevos Planes Hidrológicos (2022-2027) se desprende que, por el momento, el Gobierno no tiene sobre la mesa una política de reducción de hectáreas de regadío, una medida que, por “el grave problema de la sobreexplotación del agua en España”, ya debería estar contemplada, explican La Roca y Martínez.

En algunos casos, manteniendo inercias de planes anteriores, esta hoja de ruta hídrica recoge ampliaciones de regadíos, “incluso en cuencas con elevada presión extractiva”, lamentan los expertos. Es el caso del Ebro, donde están previstas al menos 59.000 hectáreas de nuevos regadíos, de los cuales la mayoría se destinará a cultivos que más agua consumen, como maíz o alfalfa, utilizados para consumo de pienso animal.

La advertencia del Tribunal Europeo

La crítica a la vía de la modernización de los regadíos no es exclusiva de científicos y ecologistas. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en su “Informe Especial. Uso sostenible del agua en la agricultura: probablemente, los fondos de la PAC favorecen un consumo de agua mayor”, da el mismo diagnóstico: la tecnología está aumentando el consumo de agua.

En materia de regadíos, el TCE denuncia que los incrementos de eficiencia en el uso de agua “no suponen generalmente mejora del estado de las masas de agua”.

Los datos recabados confirman, según este organismo, que, además, “las ayudas asociadas a esta medida favorecen la perpetuación de cultivos intensivos en agua de baja rentabilidad en zonas con estrés hídrico”.

Cuando se publicó este informe (2021), ninguno de los Estados miembros había introducido “salvaguardias sobre el uso del agua” en sus planes hidrológicos, “tales como restricciones al apoyo en zonas con estrés hídrico”.

Según los datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la superficie de regadío alcanza 3,8 millones de hectáreas, lo que supone alrededor del 23% de la superficie total cultivada. Entre 2010 y 2019, esta área se ha incrementado un 14%, mientras que la superficie cultivada total se redujo un 1,3%.

Andalucía es la comunidad con una mayor superficie regada con 1.117.900 hectáreas (29,2% del total). Le siguen Castilla-La Mancha (572.300), Castilla y León (463.100) y Aragón (413.500). Entre estas cuatro regiones suman el 67% de la superficie regada del país. Al poner lupa sobre Castilla-La Mancha, se dimensiona la expansión de los cultivos que necesitan riego. En 1996, según datos oficiales de esta comunidad, había 353.801 hectáreas de regadío. En 2021 (último dato), la cifra ascendió a 582.767 hectáreas, un 65% más.

Sin embargo, en la Declaración Ambiental Estratégica de los nuevos planes hidrológicos, los técnicos del Miteco reconocen los riesgos que la modernización de regadíos supone en relación con las presiones hídricas y el estado de las masas de agua: “En los casos en que no se asegure una reducción neta de la presión por extracciones o no se disponga de información fiable sobre la medida en que la modernización afectará a las extracciones y a los retornos, la actuación se incluirá en el programa de medidas entre las orientadas a la satisfacción de las demandas o incremento de recursos hídricos en lugar de entre las orientadas al logro de los objetivos medioambientales”.

Posibles soluciones

Ante la pregunta de cómo disminuir el consumo de agua en la agricultura, Aliod propone varias medidas. En primer lugar, las “soluciones técnicas, las más fáciles de aplicar”. Pone dos ejemplos: lo que se conoce como “técnica de riego deficitario controlado” en cultivos leñosos, que reduce el consumo de agua sin mermar la producción. El problema de esta alternativa es que no todos los árboles admiten esta técnica y no todos los cultivos son árboles. “La medida, por tanto, no es suficiente. La tecnología, sabemos, tiene una solución parcial y limitada”, subraya.  

En un “segundo nivel de soluciones” entraría el cambio de cultivos, es decir, adaptar los suelos más áridos a cultivos que requieran poca agua. “En algunas zonas se está haciendo, pero también es insuficiente. Lo que queda, entonces, es el tercer nivel, el más duro y desagradable: la reducción de la superficie de regadío”.

La clave, aclara este ingeniero, es planificar y ejecutar una reducción con “criterio social”, porque “no es lo mismo reducirle un 15% de superficie cultivable a un fondo de inversión que reducirle un 15% de forma lineal a un pequeño agricultor”, analiza este especialista.

“Fabricar agua a través de pantanos es imposible”, explica Aliod. “Ahora tenemos pantanos vacíos, si hacemos más pantanos tendremos todavía más pantanos vacíos”. También se muestra crítico con los trasvases: “Las sequías son generales, cuando Andalucía no tiene agua, Aragón tampoco. Además, el coste energético es enorme”.

Sobre la desalación analiza que “si está cerca del mar, se puede aplicar. Pero tiene también un coste energético y no todos los cultivos aguantan la desalación”. Por último, continúa, “la medida mágica de la reutilización de agua de depuradoras es una falacia ya que si el agua no va al río y se utiliza en la agricultura, se evapora y no llega a los acuíferos”. En definitiva, “más agua no hay, no se puede fabricar. La única posibilidad es reducir el consumo”, sintetiza.

José Miguel Senso alza la vista desde el cerro del castillo almohade de Montánchez. La mirada se pierde en la panorámica de 360 grados de la campiña extremeña en la que destaca el perfil, a lo lejos, de Cáceres y Trujillo. Este paisaje, recuerda, iba a estar repleto de aerogeneradores. Pero este municipio de casi 1.500 habitantes consiguió tumbar el megaproyecto eólico por la vía judicial. Y sus vecinos le han dado la vuelta al conflicto sin renunciar al modelo energético renovable: han creado una comunidad para instalar fotovoltaica sobre los tejados de los edificios públicos.

En Montánchez, más o menos, todos se conocen. Pero el de Senso es uno de los rostros más famosos del pueblo y se nota: se pasa la mañana repartiendo saludos. Él es uno de los que encabezó la lucha contra los aerogeneradores y también de la nueva comunidad de energía. Ahora es vocal del consejo rector de la cooperativa, la fórmula elegida por las familias.

“Queremos producir y consumir energía renovable para recobrar el control sobre este bien básico y ser una alternativa a las grandes eléctricas”, subrayan Lorena Torres y Publio Galán, vicepresidenta y el asesor jurídico voluntario de En Verde, el colectivo que acompaña el proceso emprendido por las vecinas y los vecinos de Montánchez.

Elegir una de esas comunidades energéticas en un territorio como este significa, además, dar un revolcón al destino que les tenía reservado un modelo que genera mucha resistencia en la España menos poblada, por su impacto en el territorio y las pocas ventajas que genera para sus habitantes.

Según los últimos datos de Red Eléctrica, la producción de electricidad de Extremadura (26.251 GWh) supera en más del 560% su demanda, es decir, esta comunidad autónoma solo consume el 19% de la energía que produce. “Si hay un sector en el que se manifiesta de forma más palmaria la condición de Extremadura como colonia interior es el de la energía. Los recursos propios de la comunidad son explotados, pero no repercuten en la comunidad”, escribe Manuel Cañada en El libro del agua. Así secan Extremadura.

La contestación social, vehiculada a través de la plataforma cívica Sierra de Montánchez Natura, resultó clave para el desenlace final del megaproyecto energético. El 86% de los habitantes del municipio rechazó en 2019 los aerogeneradores en una consulta popular que al final definió la postura del consistorio. Tres años después, la Junta de Extremadura tumbó los cinco primeros postes, al considerar que causaban daños “permanentes e irreversibles”. Las fichas fueron cayendo una tras otra, dando al traste con un gran proyecto comarcal que desde Montánchez iba hasta la vecina localidad de Ibahernando, en forma de pequeños parques eólicos para aparentar un menor impacto.

“Era el mismo proyecto, pero fracturado en varios”, resume Senso, quien desvela cómo las diferentes empresas han intentado ganarse la confianza de la gente: “Nos ofrecieron una granja de cocodrilos y empleo para todos, después nos regalaban una comunidad energética. ¡Para eso la hacemos nosotros!”.

Su comunidad energética arrancará con una potencia total instalada de algo menos de 300 kilovatios. Se trata de placas solares repartidas en tres cubiertas públicas que el Ayuntamiento sacará a concurso en los próximos días. “Tenemos los estudios económicos y toda la información suficiente para aprovechar las cubiertas municipales en favor de esa comunidad energética”, confirma Joaquim Plana, el alcalde.

Las dos superficies mayores son el polideportivo y un teatro, con cerca de 100 kilovatios cada una, la máxima potencia permitida por instalación para las comunidades energéticas. La tercera es el centro médico. Más adelante podrán sumarse nuevas localizaciones, en función del interés.

De momento, las instalaciones abastecerán a unos 70 vecinos, la mayoría hogares familiares, además de algún pequeño negocio. El presupuesto asciende a 200.000 euros, una cantidad que, sin subvención alguna de momento, cubrirán los miembros en función de su consumo.

Hace apenas unos días tuvo lugar el reparto de la potencia y de los costes entre los socios y las socias. “Para después de verano estaremos funcionando”, prevé el presidente de la comunidad de energía, Miguel Ángel Caballero. Falta, eso sí, que Iberdrola –la empresa distribuidora de la zona– conceda la conexión.

Este reportaje forma parte de una investigación desarrollada con el apoyo de JournalismFund Europe

De no haber incurrido en un “burdo y grotesco” caso de greenwashing, como lo define el ambientólogo y divulgador Andreu Escrivà, la petrolera Exxon Mobil estaría a pocos meses de producir 10.000 barriles diarios de biocombustible de algas.

Esa fue la cifra que la petrolera estadounidense se comprometió a sacar al mercado para 2025, tras haber cerrado la puerta a invertir en energía eólica y fotovoltaica, lo que por entonces empezaban a hacer sus competidores. La empresa anunció una millonaria inversión para avanzar en una “solución energética” innovadora y revolucionaria: combustible “limpio” para el transporte a base de algas fotosintéticas.

Pero el proyecto, que por aquel entonces tuvo una amplia cobertura mediática en Estados Unidos, “publicidad verde gratuita”, como recuerda el periodista Andrew Schwartz, uno de los reporteros que más ha indagado en las oscuras entrañas de esta multinacional, naufragó durante cuatro años sin avances ni resultados. Todo, concluye Schwartz, fue un farol, una estrategia de lavado verde para, en paralelo, continuar con la especialidad de la casa: hallar, extraer y procesar combustibles fósiles a gran escala.

La mayor petrolera norteamericana, fruto de la fusión en 1999 de Exxon y Mobil, compañía heredera de la Standard Oil del legendario John Rockefeller, no producirá en 2025 ni un solo barril de biocombustible de alga. Sí, en cambio, rellenará más de tres millones de barriles diarios de petróleo, una producción que en 2022 le permitió obtener el mayor beneficio de su historia: 55.740 millones de dólares.  

El evidente ecopostureo de esta multinacional quedó al desnudo el año pasado cuando la división Low Carbon Solutions decidió retirar toda la financiación al proyecto de algas y redirigir esos recursos a “otras tecnologías limpias”. El hidrógeno verde, principalmente.

“En este momento tenemos otros programas que están listos para su implementación. Necesitamos subirnos a la curva de despliegue de la captura de carbono, del hidrógeno y de los biocombustibles. Las algas todavía necesitan más trabajo”, reconoció a Bloomberg Vijay Swarup, director senior del área tecnológica, uno de los directores de la investigación de algas.

Pero la historia, ya cerrada, tiene muchísima actualidad. Confirma, por ejemplo, los hallazgos del informe Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa, elaborado por las organizaciones NewClimate Institute y Carbon Market Watch, que ha puesto la lupa sobre los planes climáticos de las grandes multinacionales del planeta.

La mayoría de estas grandes empresas, según concluye el trabajo, tiene proyectos de descarbonización “ambiguos, engañosos e insuficientes”. “Las prácticas de compensación, bajo diversas terminologías, están socavando los objetivos y engañando a los consumidores”, señala el informe.

El caso también revela la importancia de los avances legislativos para evitar este tipo de prácticas. En enero, la Eurocámara dio el visto bueno a una directiva destinada a proteger a los consumidores de estrategias de marketing engañosas y mejorar el etiquetado de los productos.

En esta misma línea, en España, el Gobierno prepara una Ley de Consumo Sostenible para luchar contra el greenwashing. Según el borrador presentado, la futura norma identificará como “práctica comercial desleal” la inclusión de alegaciones ambientales genéricas –como ‘sostenible’, ‘verde’, ‘respetuoso con el planeta’– o que no tengan respaldo científico.

Para Escrivà, experto en análisis del lavado verde y autor del libro Contra la sostenibilidad, los frutos de todas estas normativas se verán dentro de dos o tres años. Todavía hoy, en abril de 2024, aclara, las empresas pueden seguir haciendo greenwashing “con la misma impunidad que hace diez años”.

La “base social”, agrega este doctor en biodiversidad, es mucho mejor hoy que hace cinco años. Los consumidores son “más conscientes” del engaño verde. “Pero urge un respaldo legislativo y de inspecciones para que, igual que hoy se miden las emisiones, se pueda medir el greenwashing”, exige. Como esto no está aún sobre la mesa, una multinacional como Exxon puede mostrarse verde en su “escaparate publicitario” con un proyecto “tan inverosímil” como el biocombustible de algas a gran escala, “sin mover ninguna ficha real” en el cambio de modelo de negocio.

Crónica de un engaño

Exxon Mobil empezó ya en la primera década del siglo XXI a publicitar el supuesto “potencial energético” de las algas, tal como cuentan las investigadoras Emily Plec y María Pettenger en el artículo Greenwashing Consumption: The Didactic Framing of ExxonMobil's Energy Solutions (Environmental Communication, 2012).

Mientras la mayoría de las empresas del sector empezaba a invertir en proyectos de renovables, Exxon “inundaba de publicidad el mercado televisivo de Estados Unidos pregonando sus esfuerzos por investigar y promover fuentes alternativas de energía”, detalla esta investigación.

En 2009, la empresa anunció una alianza con la firma biotecnológica Synthetic Genomics y una inversión de 600 millones de euros para “transformar las algas y los desechos vegetales en biocombustibles”.

“Aunque todavía quedan años de esfuerzo en investigación y desarrollo, los combustibles procedentes de algas podrían contribuir a dar respuesta a las necesidades de combustible a la vez que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero”, celebraba entonces el vicepresidente senior de Exxon Mobil, Michael Dolan.

En aquellos años, Shell, BP y Chevron también invirtieron en la reserva de algas. Las dos primeras compañías abandonaron sus esfuerzos en 2012. La tercera desestimó en 2018 con un comunicado en su sitio web: “La producción de biocombustibles de segunda generación que sean económicos a escala sin subsidios no ha tenido éxito”.

Pero Exxon Mobil siguió adelante. Ese año, inició las pruebas de campo con cepas de algas en el Centro Avanzado del Alga de California, un establecimiento que la empresa retrató a través de una campaña de redes sociales.

La empresa estiró la financiación hasta 2023, cuando interrumpió su relación comercial con Viridos Inc, otro socio dedicado al campo de la biología sintética, y cerró su Centro Avanzado del Alga de California.

La decisión coincidió con la publicación en la revista Science de investigadores de la Universidad de Harvard sobre la precisión de los modelos internos de Exxon Mobile respecto al impacto de los combustibles fósiles en el calentamiento global, una relación que públicamente la empresa siempre relativizó. 

Los países que se han enriquecido a costa del medio ambiente desde la revolución industrial deben convertirse en emisores netos negativos de dióxido de carbono (CO₂) para “permitir a los países en desarrollo utilizar los recursos naturales disponibles para su crecimiento”, resumieron dos funcionarios indios antes de la Cumbre del Clima celebrada en Dubái a finales de 2023. Y este derecho legítimo al progreso económico abre la pregunta: ¿Cuál es el modelo de desarrollo que quiere seguir India, el país más poblado del mundo?

Tras ponerle el anillo en el dedo a la mujer elegida por su familia para convertirse en su esposa en un matrimonio de conveniencia, Umar Mukhthar Odungatt, que trabaja en Riad, tiene claras sus ambiciones: “Mi futuro hogar tendrá aire acondicionado y estará equipado con todas las comodidades necesarias. Me he acostumbrado a las ventajas del aire acondicionado en Arabia Saudí y quiero disfrutarlo aquí también cuando vaya de visita al pueblo”. Como él, los nueve millones de indios que trabajan en los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) son testigos de un modelo de sociedad que quieren reproducir en casa y donde el consumo de energía per cápita es uno de los más altos del mundo.

“El mes pasado con una promoción vendimos 100 aparatos de aire acondicionado en cinco días”, comenta entusiasmado Asif Moolayil, vendedor de electrónica en Kerala, estado tropical pionero en la migración al Golfo Pérsico. “Los equipos de aire acondicionado se han convertido en un elemento de prestigio social. Las esposas de los trabajadores del golfo presumen de tener grandes casas con aire acondicionado y se burlan de las nuestras, que no lo tienen, diciendo que parecemos pobres. Este tipo de prejuicios me hacen sentir incómoda, aunque me niego a usar aire acondicionado”, se lamenta Khadeeja Manithodika, cuyo hijo trabaja en Arabia Saudí.

Ravi Raman, responsable de Migración y Energía en la Junta de Planificación del Estado de Kerala, un órgano asesor del Gobierno, está de acuerdo. “Queda muy anticuado decir que no tenemos aire acondicionado en casa”, resume, y añade que la influencia social de la emigración ha desempeñado un papel clave en que el consumo de electricidad per cápita se haya multiplicado por 3,7 desde 1990. Según la Agencia Internacional de la Energía, el número de aparatos de aire acondicionado en la India podría multiplicarse por 38 hasta alcanzar los 1.100 millones en 2050, devorando el 44% de la electricidad durante los periodos de mayor consumo. El problema es que el carbón y el gas representan el 75% de la producción de electricidad. Ismail Koradan, vendedor de perfumes en Dubái, añade: “Nuestras casas tradicionales de ladrillo mantenían frescas las habitaciones, pero están pasadas de moda, así que optamos por la casa de hormigón, que es chic. Pero retiene el calor”.

Copiar y pegar un modelo de ocio de alto consumo energético

La preocupación por la apariencia no se limita a la vivienda. “Sustituyo mis camisas cada tres meses para mostrar a mi comunidad mi nivel de vida. Me da cierto prestigio social”, dice Ashiq Kinattingarath, empleado en la provincia saudí de Tabuk, donde el Reino planea construir megaproyectos como la primera estación de esquí al aire libre de la región. “Me he convertido en un 'hombre de Dubái', así que tengo que actualizar mi vestuario con regularidad”, añade Jubair Muhammad Haneefa. Afincado en la ciudad con el rascacielos más alto del planeta, gasta el 20% de sus ingresos en ropa. Según un estudio, cada 1.000 euros adicionales que gasta un hogar indio añade 0,8 toneladas a su huella de carbono anual, estimada en 6,5 toneladas. En España, la cifra es de 5,2 toneladas por persona. Pero la diferencia se reduce a medida que aumenta la clase media.

En Kerala, las familias de quienes trabajan en el extranjero gastan un tercio más que la media, incluso en actividades de ocio, donde el golfo vuelve a ser la referencia. “En Qatar tenemos un parque de atracciones de nieve, así que cuando mi mujer y yo nos enteramos de que este concepto había llegado a Kerala, decidimos venir a divertirnos”, dice Said Valiyamadayi, un keralita empleado en la industria qatarí del gas. Su mujer, Shifana, añade: “¡También es una oportunidad para entender cómo es el cambio climático! En la azotea de este centro comercial, la nieve artificial deja paso al rugido de los karts. ”Este tipo de ocio es nuevo aquí. Estamos copiando y pegando el tipo de entretenimiento que vemos en el golfo“, dice Muhannas Kunnikkandi, de 23 años, antes de tirarse por la pista de esquí. A esto se añade un apetito por coches y casas cada vez más grandes, y un mayor consumo de carne.

El estilo de consumo desmesurado se extiende

Tras conquistar Kerala, el estilo de vida del golfo Pérsico se está extendiendo por las rutas migratorias dentro de la India. Replicando el modus operandi de los países de esta región petrolera, que delegan todas las tareas manuales en mano de obra extranjera, Kerala emplea a unos 3,5 millones de trabajadores de los estados más pobres del país en sectores considerados ingratos. Kerala es “uno de los estados más atractivos” para la migración interna, resume Benoy Peter, fundador de la ONG Centre for Migration and Inclusive Development (CMID). Con un salario medio diario de 9,50 euros en el sector de la construcción, el de Kerala es el más alto de la India rural, y casi 2,5 veces superior al del estado de Bihar, donde la pobreza afecta a una de cada tres personas.

“Kerala tiene casas estupendas y un nivel de vida más alto. Es como un mini-golfo; todos soñamos con construir en Bihar lo que vemos aquí”, dice Mohammad Tausif, un imán biharí que vive en Kerala desde hace 10 años. “Algún día, Bihar será como Kerala”, espera Mohammad Reyaj, peluquero biharí de la ciudad portuaria de Beypore. A 2.000 kilómetros de Kerala, donde trabaja su hijo, Irshad Malik recibe a los invitados en la casa familiar. “Kerala tiene una gran influencia aquí. Cuando mi hijo viene de visita, hablamos a menudo del modo de vida de allí”, dice este padre de Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India. Lo que todos ellos cuentan es música para los oídos de los Estados del golfo Pérsico, que apuestan por la creciente demanda india de combustibles fósiles. Entre 2021 y 2022, la India ya representaba un mercado de 69.000 millones de dólares para sus exportaciones de petróleo y gas. 

En los últimos años, bancos de todo el mundo han empezado a analizar los costes económicos de adaptarse al cambio climático. En Países Bajos, con el 26% del territorio por debajo del nivel del mar –lo que supone el 60% de la población, gran parte de la economía y sus principales ciudades: Ámsterdam, Rotterdam y La Haya– el calentamiento global es un tema especialmente sensible. Preocupados por la falta de planificación de riesgos climáticos asociados al mercado de la vivienda, los mayores bancos del país, ING, Rabobank y ABN AMRO se han puesto con ello.

Sorprende que las entidades financieras, acostumbradas a tratar la vivienda como un bien de consumo mas que como un derecho, se interesen por este asunto, pero Sandra Philippen, economista jefa de ABN AMRO y una de las principales autoras de un reciente informe sobre el tema, lo explica así: “Un banco solo puede tener beneficios si las personas y empresas que componen su cartera de clientes son resilientes”. Aunque el estudio plantea más preguntas que respuestas, abre el debate sobre la necesaria adaptación de este mercado al cambio climático con una propuesta polémica: crear una etiqueta de riesgos climáticos. Y aporta un dato revelador, Países Bajos gastará más este siglo en conseguir que las viviendas sean energéticamente neutras que en prevenir inundaciones.

¿Por qué los bancos están interesados en ofrecer asesoramiento sobre adaptación al cambio climático de los hogares y por qué debería la gente confiar en sus recomendaciones?

Esto va a sonar a frase promocional, pero pienso que un banco solo puede tener beneficios si las personas y empresas que componen su cartera de clientes son resilientes. Siempre ha habido riesgos, de recesión, geopolíticos, ahora de guerras. El cambio climático es uno nuevo, las empresas y los hogares corren el riesgo de no mantenerse estables y resilientes. Y si ellos no lo son, el banco tampoco puede serlo. Pero también hay una parte financiera, si una vivienda se declara en bancarrota es una pérdida para el banco, por lo que está en el interés del banco que haya estabilidad.

¿Cuáles son los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta el mercado inmobiliario en su país?

Hemos analizado los riesgos derivados del cambio climático y de la subida del nivel del mar, pero también aquellos como las mejoras en eficiencia energética para adaptar la vivienda al calentamiento global. Lo más caro, con diferencia, es conseguir ser energéticamente neutro (consumir y producir la misma cantidad de energía). Esto supone el 2% del PIB del país. Cuando hablamos de cambio climático, la gente siempre piensa en inundaciones porque Holanda está muy por debajo del nivel del mar. En realidad, prevenir esas inundaciones es lo más barato, un 0,1% del PIB. De hecho, los expertos nos dicen que las probabilidades de inundaciones para este siglo están disminuyendo, no aumentando. Por último, los problemas con los cimientos en mal estado se sitúan entre los dos anteriores, en el 0,2% del PIB. Es importante tener esta visión global y ser conscientes de que un país rico como Países Bajos puede afrontar estos costes. 

Una de las recomendaciones más llamativas del estudio es la de crear una etiqueta de riesgos climáticos para cada propiedad del país que, según ustedes, incentivaría al propietario a prevenir riesgos potenciales y además reflejaría de forma más justa el precio de la vivienda. ¿Qué información incluiría esta etiqueta?

Eso es todavía una incógnita. Sería perfecto tener un sello que especificara la situación climática, los riesgos futuros para daños específicos, en euros y para cada vivienda, pero es utópico porque hay que tener en cuenta muchos aspectos. Por ejemplo, aquí los veranos cada vez son más secos, con más olas de calor y lluvias torrenciales. El nivel de las aguas subterráneas fluctúa mucho más y eso no es bueno para las casas construidas antes de 1970, que tienen los cimientos de madera y empiezan a pudrirse cuando no están bajo el agua. Pero hay otros factores que también afectan a los cimientos de una casa. Así que va a ser muy difícil que una única etiqueta englobe todos los riesgos que puede haber en toda la geografía y para todas las viviendas.

¿Debería haber entonces distintas etiquetas para distintas zonas y riesgos?

La cuestión es: ¿cuándo tienes suficiente información específica como para crear una etiqueta climática que le dé a la gente una idea más precisa de los riesgos que afronta y lo que le pueden costar? Necesitamos información de cada edificio, no de cada barrio.

Asociaciones de propietarios como Vereniging Eigen Huis ya han dicho que esto va a ser muy costoso y lento.

No estoy de acuerdo. Debemos reunir todas las piezas del puzle, manteniendo la privacidad. Le doy un ejemplo: en el pequeño municipio de Zaandam el gobierno local ha introducido un mapa de riesgos y estimaciones de daños de cimientos para distintas calles y barrios. Es una conversación que el vendedor, comprador e inmobiliaria están obligados a tener. La calidad de los cimientos se menciona en los impuestos de la venta y hace que el precio de una vivienda varíe, según nuestros cálculos, un 15%, unos 60.000 euros de media, dependiendo de si esos cimientos tienen problemas o están restaurados. Esos mismos 60.000 euros es el coste que el comprador tiene que pagar para renovar los cimientos. Esto es muy buena noticia, cuando informas del riesgo recibes una reducción en el precio y el comprador puede invertir esta reducción en la financiación de las reparaciones.

Pero el vendedor no estará muy contento con eso.

Bueno, por un lado, tenemos al vendedor, que quizá pensaba que estaba a salvo de problemas derivados del clima o nunca se lo había planteado. De pronto, descubre que existe riesgo en su área y su casa no tiene el valor que pensaba. Esto no es agradable, por supuesto. Pero ese propietario ha visto cómo el precio de su vivienda se ha incrementado enormemente en los últimos años. Solo en 2023 la gente que tenía una casa ganó de media 75.000 euros. Si introducimos una etiqueta climática esa ganancia se reduce, el propietario sufre un revés. Pero se trata de repartir el problema entre el propietario presente y futuro. Para ser justos hay que informar de los riesgos tan pronto como se conocen y dejar que el mercado corrija el precio.

En el futuro, el cambio climático va a causar más daños que hoy desconocemos, no menos. Si vendemos una casa con un problema oculto no es justo porque el comprador tendrá más problemas con los que lidiar en el futuro. Además, el mercado holandés de la vivienda está causando mucha desigualdad. Algo que corrija, o al menos no agrave la situación, es bueno.

La Agencia de Medio Ambiente e Infraestructura ha revelado que unos 800.000 edificios, casi el 10% del parque de viviendas del país, tiene o podría tener problemas de hundimiento “entre razonables y serios”. Teniendo en cuenta que el 60% de la cartera de su banco está dedicado al mercado inmobiliario, ¿cuántos de sus clientes están afectados y cómo van a ayudar a quienes no puedan pagar los hasta 100.000 euros que cuestan las reformas?

A mí también me sorprendió la cifra así que hablamos con muchos expertos. Es cierto que el problema afecta a casi una de cada nueve casas, pero en el 80% de los casos los daños suponen entre 2.000 euros y 5.000 euros. Solo el 5% o el 8% sufre daños valorados entre 60.000 euros y 100.000 euros. Los cimientos suelen durar unos 90 años y muchas casas son muy antiguas así que hay que ir renovándolas, si bien es cierto que el cambio climático está acelerando este proceso.

Entre nuestros clientes el porcentaje de propietarios que quizá no puedan afrontar estas reparaciones es menor del 5%. Esto ocurre, entre otras razones, porque el valor de las viviendas es mucho mayor que la hipoteca y por lo tanto la gente tiene margen para financiar las reparaciones. Hemos analizado en qué barrios se dan riesgos climáticos múltiples y al mismo tiempo los edificios tienen un valor relativamente bajo y los dueños unos salarios modestos; hemos encontrado 90 vecindarios (de un total de 3.000 en todo el país) que quizá carecerían de los recursos necesarios.

¿Y cómo ayudarían, como institución financiera, a los más desfavorecidos?

En principio, los propietarios tienen que ser responsables de financiar sus reparaciones. El papel del banco no es financiar más allá de lo que el cliente puede gestionar. Pero para aquellos que no pueden hacer frente a los múltiples riesgos y costes, la ayuda tiene que llegar del gobierno y con una visión holística, es decir, que no sean específicos, solo para los cimientos, sino que si la vivienda tiene además mala eficiencia energética se pueda instalar calor geotermal para ahorrar costes.

¿Pero las instituciones financieras están dispuestas a tomar medidas para ayudar en los casos más vulnerables? Hasta cierto punto, no es culpa del propietario.

Esto son dos preguntas distintas. De quién es la culpa por el daño causado es una cuestión importante y el problema es que hoy en día es muy difícil establecer la relación entre una decisión que se haya tomado sobre, pongamos, la gestión de aguas subterráneas y el daño causado. La otra cuestión es quién es responsable de minimizar el daño. Nosotros hemos hecho el estudio y entregado las conclusiones a la Asociación Nacional de Bancos, que se encarga de decidir la responsabilidad de las entidades financieras. Una de las consideraciones que podrían barajar es cómo los bancos velan por los intereses de los clientes. ¿Significa esto asegurarse de que los propietarios pueden lidiar con los riesgos que surjan? Cómo se haría esto, no lo sé. Afortunadamente no me encargo de eso.

¿Deberían los vecinos europeos aprender del debate que se está abriendo en Países Bajos y empezar a planificar de cara al futuro?

Sí, por supuesto. Mi hermana vive en España, en Ontinyent, cerca de Valencia. Gestiona un viñedo y estoy al tanto de lo que pasa con las sequías y las lluvias torrenciales. Será diferente en cada país, pero creo que la lección más importante es que todos los países tienen que empezar a analizar esto.