El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, recibieron en la mañana de este lunes en el salón de plenos del Gobierno de la isla, a autoridades gubernamentales y altos cargos participantes en la Cumbre Global de Islas Sostenibles (GSIS) 2026.

Organizada por Island Innovation en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, la cumbre se celebrará desde este lunes, día 20 de abril, hasta al próximo miércoles 22, en ExpoMeloneras y se consolida como el principal foro mundial dedicado a impulsar el desarrollo sostenible en los territorios insulares.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha alabado el hecho de que la isla lidere en estos momentos la penetración del coche eléctrico en Canarias, al copar el 51% de esos automóviles en el archipiélago, este sábado, al inaugurar la novena edición del Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias.

Morales ha valorado igualmente que la isla es la que acumula más instalaciones donde repostar con ese tipo de coches, avanzando además que su número seguirá creciendo, hasta el punto de que Gran Canaria a final de año contará con más de 100 puntos de recarga.

Desde el Cabildo, por ello, “estamos contribuyendo a hacer posible una isla más limpia, menos dependiente del exterior y de los combustibles fósiles, y generando nuevas oportunidades de empleo en un sector cada vez más atractivo”.

El presidente ha insistido en ese mensaje al abrir el noveno Movelec, instalado el fin de semana por iniciativa del Cabildo en el Recinto Ferial de Agüimes, afirmando que se trata de “una feria que no deja de generar oportunidades para un sector cada vez más atractivo y más demandado por la ciudadanía”.

En esa cita, empresas, profesionales e interesados en la movilidad eléctrica podrán descubrir el futuro del transporte sostenible a través de una veintena de empresas que ofrecen vehículos y servicios asociados a la movilidad cien por cien eléctrica; ponencias y mesas redondas sobre temas de actualidad, como las ayudas disponibles para adquirir vehículos eléctricos; y otras actividades que enriquecen la experiencia, explica la corporación en un comunicado.

Coches, motos, patinetes y bicicletas, todos 100 % eléctricos -detalla-, comparten espacio con talleres y empresas de servicios especializados en este sector, como las instaladoras de energías renovables, soluciones de recarga, asociaciones e instituciones.

Movelec aporta, por otra parte, enseñanzas prácticas al público, como dedica en el caso de quienes han participado en un taller de conducción eficiente impartido por el especialista en vehículos eléctricos y conducción eficiente Samuel Sánchez y el gerente de la Escuela Canaria de Conducción Eficiente, Carlos Larrodé, en el que dieron las claves para optimizar el uso de los vehículos eléctricos, subraya el Cabildo. 

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado, a través del Consejo Insular de la Energía, nuevas convocatorias de ayudas destinadas al autoconsumo energético en viviendas y empresas, así como a la movilidad sostenible para 2026, que cuenta con un presupuesto total de 700.000 euros. Con esta medida, el Gobierno insular refuerza su estrategia de transición energética.

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó que “estas ayudas permiten dar un salto cualitativo en el autoconsumo doméstico, facilitando que cada vez más hogares puedan producir su propia energía y reducir su dependencia del exterior”.

Además, subrayó que “la transición energética no se hace solo con grandes infraestructuras, sino desde cada vivienda. Cuando una familia instala placas solares, está contribuyendo directamente a un modelo energético más justo, más eficiente y más resiliente”.

La principal línea de subvenciones se dirige al ámbito residencial, con ayudas que permitirán a las familias instalar sistemas de energía solar y reducir su factura eléctrica.

En concreto, las ayudas para viviendas alcanzan los 500 euros por kilovatio instalado, con un máximo de 3.000 euros, a lo que se suma una ayuda adicional para sistemas de almacenamiento de 300 euros por kilovatio hora, con un máximo de 1.000 euros. De este modo, cada vivienda podrá recibir hasta 4.000 euros por instalación.

La convocatoria contempla también la participación de comunidades de propietarios, siempre que las instalaciones estén destinadas al suministro de las zonas comunes del edificio, lo que abre la puerta a extender el autoconsumo en entornos urbanos.

Empresas: reducción de costes y mejora de la competitividad

Junto a la línea de viviendas, el Cabildo ha habilitado una convocatoria específica para empresas y entidades sin ánimo de lucro, dotada con 125.000 euros.

Estas ayudas permitirán financiar instalaciones de autoconsumo fotovoltaico vinculadas a la actividad económica, así como sistemas de almacenamiento energético.

En este sentido, Raúl García Brink señaló que “el autoconsumo es hoy una herramienta estratégica para nuestras empresas, porque les permite reducir costes estructurales y ganar competitividad en un contexto energético complejo”.

Ayudas para vehículos eléctricos ligeros

Las convocatorias incluyen también una línea de ayudas a la movilidad sostenible, orientada a fomentar el uso de vehículos eléctricos ligeros.

Las subvenciones cubrirán hasta el 50% del coste de adquisición, con hasta 1.000 euros para ciclomotores eléctricos, 600 euros para bicicletas eléctricas, 150 euros para patinetes y 1.500 euros para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Las ayudas podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta el agotamiento del crédito disponible, mediante procedimiento telemático.

El consejero concluyó que “Gran Canaria está demostrando que la transición energética se construye desde lo local, con políticas útiles y cercanas a la ciudadanía, que tienen un impacto real en la vida diaria de las personas”.

El Cabildo de Gran Canaria consolida su liderazgo energético tras una década de transformación hacia la soberanía y la sostenibilidad alcanzando el 47% de la generación renovable del Archipiélago con solo el 38% de la demanda energética.

La Corporación insular conmemoró este jueves los diez años del Consejo Insular de la Energía (CIEGC), en un acto presidido por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, junto al consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, y el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano. 

Este proceso tiene sus raíces en 2015, cuando se planteó por primera vez el concepto de ecoísla como una estrategia integral para transformar el modelo de desarrollo de Gran Canaria hacia la soberanía energética, la economía circular, la movilidad sostenible y la resiliencia territorial. Lo que entonces parecía una propuesta ambiciosa es hoy una realidad respaldada por resultados concretos y medibles.

Antonio Morales, presidente de Gran Canaria

El presidente también destacó que “en estos diez años, Gran Canaria ha experimentado un crecimiento muy significativo en energías renovables, pasando de 120 megavatios instalados en 2015 a 440 en la actualidad.” 

En el conjunto del Archipiélago, la potencia renovable se sitúa ya cerca de los 1.000 megavatios, lo que posiciona a la isla como el principal motor energético de Canarias, al concentrar el 44% de la potencia instalada y el 47% de la generación renovable, con solo el 38% de la demanda.

García Brink apuntó que “este avance ha venido acompañado del desacoplamiento entre el crecimiento económico y el consumo energético, un hito especialmente relevante que ha mantenido estable la demanda eléctrica pese al aumento de la actividad económica y la población”.

En esta línea, destacó que esta evolución ha ido acompañada del desarrollo de proyectos estratégicos en materia de adaptación al cambio climático, economía circular e innovación, entre ellos la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Gran Canaria, impulsada con un enfoque participativo y coordinado entre áreas del Cabildo, así como la participación activa de la isla en programas europeos como LIFE, Horizonte Europa o INTERREG MAC, con iniciativas como COSTAdapta, NATALIE o GEOTERMAC. 

Por su parte, el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano, hizo hincapié en el papel del equipo técnico y en el modelo de trabajo desarrollado durante esta década, destacando la capacidad del CIEGC para coordinar proyectos complejos en un contexto administrativo exigente y con recursos limitados.

Mayor participación ciudadana

La transformación del modelo energético también se ha traducido en una mayor participación ciudadana. Gran Canaria concentra actualmente una de cada tres instalaciones de autoconsumo de Canarias y el 40% de la potencia doméstica instalada, en un contexto en el que las ayudas públicas han movilizado más de tres millones de euros y permitido la implantación de miles de instalaciones en viviendas y actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible.

En paralelo, la isla lidera la implantación del vehículo eléctrico en el archipiélago, concentrando más de la mitad de las ventas y avanzando en el despliegue de una red de recarga que alcanzará el centenar de puntos operativos en 2025.

Proyectos

El Cabildo ha reforzado además su estrategia con una decidida apuesta por el almacenamiento energético, clave para garantizar la estabilidad del sistema en un territorio insular.

En este ámbito destacan proyectos estratégicos como el Salto de Chira, con una capacidad de 200 megavatios, junto a iniciativas de almacenamiento en infraestructuras públicas y entornos industriales que permitirán optimizar el uso de la energía renovable y mejorar la resiliencia del sistema.

La hoja de ruta para los próximos años se articula a través de la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria, que fija objetivos ambiciosos como alcanzar entre un 60% y un 70% de generación renovable en 2030, reducir significativamente las emisiones y avanzar hacia un sistema prácticamente descarbonizado en 2040.

Junto a estos objetivos, la isla impulsa proyectos innovadores como el desarrollo de la geotermia profunda, la producción de hidrógeno verde vinculada al sector industrial y portuario, y el despliegue de comunidades energéticas que refuerzan el papel activo de la ciudadanía en el nuevo modelo energético.

El dato estadístico, como ha reconocido el propio consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), es “dramático”, o quizá algo más que eso, pues en el archipiélago, tal y como afirmó este jueves ese miembro del Ejecutivo autonómico, se “tira a la basura el 20% de la energía limpia generada”; o sea, de toda la producción eléctrica diaria vinculada a las fuentes renovables.

Pero ¿por qué? También lo explicó esta mañana el consejero Hernández Zapata en una entrevista concedida a Radio Club Tenerife-Cadena SER, en la que habló a fondo de esos asuntos y se refirió específicamente a que ese “vertido del 20%” o pérdida de energía verde (ni se consume porque no puede entrar en el sistema de distribución ni se almacena) se debe a que las islas, aunque se trabaja en ello, aún no tienen sus sistemas eléctricos convenientemente “adaptados” para aprovechar todo su potencial de producción eléctrica con renovables.

Este segmento limpio, por cierto, no llega a alcanzar el 22% de la generación total instalada en las islas, un valor relativo estancado en los últimos años. Por ello, casi el 80% de la producción aún depende de los combustibles fósiles (centrales térmicas), por solo el 40% que se registra en la Península.

El consejero de Transición Ecológica dijo que esa pérdida de energía limpia se produce por la imposibilidad de “parar los grupos, que son todavía muy grandes”. Con el fin de resolver ese inconveniente, planteó, ya se ha convocado un nuevo concurso estatal destinado a salvar tal escollo a través de la instalación de los equipos más adecuados. Este proceso, lamentó, deja “a algunas islas cojas”, sin la solución óptima, al menos por ahora. Canarias, indicó Hernández Zapata como algo muy positivo, “sí tiene ya planificado” cómo va a ser su sistema eléctrico para los 40 próximos años.

Para evitar la pérdida actual de ese 20% de energía limpia generada en las islas, Canarias debe hacer, eso sí, una importante tarea, en la que ahora está, afirmó el consejero de Transición Ecológica. Esa labor consiste en renovar o adaptar sus centrales térmicas, antiguas y obsoletas (lo que tiene que ver con aquel concurso estatal), para que dispongan de grupos electrógenos más pequeños que puedan ser parados sin problemas y así se facilite la entrada o mejor penetración de las energías renovables, de manera que esta producción limpia no se tenga que desaprovechar, lo que ahora ocurre en las islas.

A esos cambios estructurales se añaden otros relacionados con el almacenamiento de energía limpias, donde hay un claro déficit. Para salvar esta otra dificultad, ya se trabaja en las islas de mayor consumo eléctrico, Gran Canaria y Tenerife, en la implantación de grandes sistemas de hidrobombeo, como es el caso de Chira-Soria (instalación que se prevé terminar entre 2028 y 2029, avanzó el consejero), en marcha, y del sistema proyectado en el municipio tinerfeño de Güímar.

Atasco en la gestión de los ‘Next Generation’

Mariano Hernández Zapata explicó que, para Canarias ser menos dependiente en generación eléctrica de los combustibles fósiles (el modelo más contaminante), debe aprovechar al máximo los fondos públicos disponibles para las islas dentro del instrumento financiero especial de la Unión Europea (UE) conocido como Next Generation (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia -MRR-, activado por la pandemia de la covid), con cuya ejecución, reconoció el consejero, están “muy preocupados” debido principalmente a que el plazo máximo, hasta hace unos días, concedido para justificar esas inversiones (públicas y privadas) era el 31 de agosto de 2026.

La horquilla prevista, según varios cálculos, sobre devolución de esos fondos por parte del Gobierno de Canarias, si no hay ampliación suficiente del plazo de justificación, oscila entre los más de 200 millones y los 500.

Respecto a esta cuestión, Hernández Zapata enumeró las acciones desplegadas por el Gobierno de Canarias para conseguir un periodo más largo de ejecución de ese apoyo público comunitario, tanto con el Gobierno de la UE, la Comisión Europea, como con el Ejecutivo central.

Como consecuencia de ese esfuerzo negociador, ya se ha logrado, anunció el consejero, la ampliación de aquel plazo, el de agosto de 2026, en un mes, hasta el 30 de septiembre próximo, una decisión, dijo, que este jueves se ha publicado en el BOE, tras ser aprobada el día anterior en Consejo de Ministros.

Sobre la dificultad de llegar a tiempo y con el mejor nivel de ejecución de esos fondos públicos a las fechas previstas este año, ahora la de septiembre, el consejero advirtió que ese atasco en la gestión tiene mucho que ver con el volumen de recursos de la UE que manejan Canarias y Baleares, sobre todo dentro del programa Islas Sostenibles, una cantidad que triplica a la de otras regiones de España.

Tras ese primer logro temporal, con una por ahora escasa prolongación del tiempo restante para justificar todas las inversiones, la Consejería de Transición Ecológica sigue insistiendo en soluciones más ventajosas, como es, entiende la misma fuente, el intento activado con la Comisión Europea para cambiar “el esquema de esas ayudas”, esto en la línea de lo ya logrado por el Ministerio de Transición Ecológica para las gestiones de inversiones que realiza a través de la entidad adscrita IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía).

De conseguirse, ello posibilitaría llevar el plazo máximo de justificación de las inversiones al final del actual septenio presupuestario más un año; esto es, a diciembre de 2028, planteó Hernández Zapata.

Cabildo, empresas y sindicatos de Gran Canaria han solicitado este lunes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la convocatoria “urgente” de la primera subasta de energía eólica marina en España, y para ello, proponen que ese primer paso se materialice en un proyecto comercial piloto en la isla.

En un comunicado, la Corporación insular ha explicado que la eólica marina flotante se perfila como “una herramienta clave para avanzar simultáneamente en la reducción de la dependencia energética, la diversificación económica y la generación de empleo cualificado”.

Por ello, representantes de los distintos sectores han firmado una carta dirigida a la ministra del departamento encargado, Sara Aagesen, en la que reclaman avanzar en la convocatoria de la primera subasta, establecer un calendario claro y garantizar la participación del tejido empresarial local en la cadena de valor.

En este sentido, el Cabido asegura que Gran Canaria dispone de una hoja de ruta definida a través de su Agenda de Transición Energética, “que reconoce la necesidad de incorporar tecnologías capaces de aportar estabilidad a un sistema aislado”. Esto quiere decir que la eólica marina ofrece una generación “más constante y complementaria a otras renovables como la solar”.

La petición se ha formalizado en el marco de una comparecencia conjunta en la que han participado representantes del sector energético, marítimo-portuario, empresarial, científico-tecnológico, pesquero y de las administraciones públicas, así como un total de 20 entidades y empresas representativas, entre las que se encuentran la Confederación Canaria de Empresarios (CEOE), la Cámara de Comercio y las organizaciones sindicales UGT y CCOO, “evidenciando una posición compartida en torno a una oportunidad considerada clave para el futuro de la isla”, subraya.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, ha destacado que “Gran Canaria no puede permitirse quedar al margen de una transformación energética e industrial que ya está en marcha en Europa”, y ha advertido de que retrasar las decisiones “supondría renunciar a posicionarnos en una cadena de valor global en pleno crecimiento”.

Asimismo, Morales ha contextualizado esta apuesta en el escenario internacional actual, señalando que “la situación de inestabilidad global, con conflictos como la guerra de Irán, nos sitúa ante un escenario de inseguridad con posibles shocks energéticos que podrían tener un impacto directo en la economía mundial”. 

Así, el presidente insular ha defendido que “Canarias debe acelerar la construcción de un modelo energético propio, basado en un mix renovable que combine eólica, fotovoltaica, geotermia e hidrógeno verde, junto con sistemas de almacenamiento como el hidráulico y las baterías, y en el que la eólica marina desempeña un papel estratégico clave”.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, ha insistido en que “la isla reúne condiciones idóneas para liderar el despliegue inicial de la eólica marina flotante en España, tanto por su planificación energética como por sus capacidades industriales, logísticas y científicas”. Y ha destacado que “la clave no está solo en implantar esta tecnología, sino en asegurar que su desarrollo deje valor en la isla, integrando a nuestras empresas en toda la cadena industrial”.

Mientras que el presidente del Clúster Marítimo de Canarias y de Astican, Germán Suárez Calvo, ha asegurado que el tejido empresarial de Gran Canaria se encuentra plenamente preparado para afrontar este reto industrial. “Llevamos años trabajando y anticipándonos a esta oportunidad, y hoy podemos decir que nuestras empresas están en condiciones de asumir la ejecución de proyectos vinculados a la eólica marina flotante, especialmente en zonas como el sureste de la isla”, ha señalado.

Suárez Calvo ha subrayado además que “el sector está listo para dar el salto, con capacidades industriales, logísticas y técnicas consolidadas”, y ha apelado a la necesidad de avanzar en las decisiones regulatorias: “Estamos preparados para despegar; solo falta que se active la convocatoria de potencia por parte del Gobierno central para poner en marcha todo ese potencial que ya está listo en Canarias”.

Impacto económico y empleo

El Cabildo de Gran Canaria señala que los estudios disponibles apuntan a que un despliegue de referencia de alrededor de 500 megavatios “podría generar miles de millones de euros de impacto económico en Canarias, además de miles de empleos vinculados a una nueva industria”, asevera.

En este contexto, el Gobierno insular asegura que diversos análisis académicos refuerzan la viabilidad de esta apuesta en el archipiélago. Un estudio reciente de la Universidad Pontificia Comillas (2025) concluye que la eólica marina flotante podría ser más competitiva en Canarias que en la península, a pesar de su mayor coste tecnológico. Según este informe, el coste nivelado de la energía (LCOE) de esta tecnología se sitúa entre 80 y 120 €/MWh, por encima de otras renovables terrestres en el sistema peninsular, como la solar fotovoltaica o la eólica terrestre. 

Sin embargo, el Cabildo señala que en Canarias la comparación cambia sustancialmente, ya que los costes de generación convencional con combustibles fósiles, como el fuel o el diésel, oscilan habitualmente entre 120 y 200 €/MWh.

Esto permite que la eólica marina resulte competitiva al sustituir generación más cara y dependiente del exterior, especialmente en un sistema aislado como el insular, lo que posiciona a Canarias como un territorio donde esta tecnología puede ser viable económicamente a corto plazo.

Durante los últimos años, España ha avanzado en la definición del marco regulatorio y en la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo, en los que Gran Canaria ha participado activamente.

Estos planes han permitido adaptar las zonas de desarrollo a la realidad insular, incluyendo medidas como el alejamiento de las instalaciones a unos seis kilómetros de la costa para minimizar el impacto paisajístico.

No obstante, desde el Cabildo se considera que el proceso debe avanzar ahora hacia decisiones concretas, ya que la ausencia de subastas está retrasando el desarrollo efectivo del sector en España frente a otros países europeos.

El Cabildo ha enmarcado esta iniciativa dentro de un modelo energético más amplio que combina generación renovable, almacenamiento y gestión inteligente de la demanda.

Infraestructuras como el Salto de Chira, y su posible ampliación con la presa de Las Niñas, refuerzan la viabilidad de integrar nuevas fuentes de generación como la eólica marina.

Además, la institución insular ha defendido la necesidad de impulsar un nuevo concurso de concurrencia competitiva que incorpore criterios de flexibilidad del sistema y almacenamiento, así como el establecimiento de un marco retributivo específico para los territorios insulares.

Un llamamiento a decisiones “inmediatas”

El Cabildo ha reconocido como un avance la reciente consulta pública abierta por el Ministerio, pero ha insistido en que el desarrollo de la eólica marina requiere “decisiones concretas, un calendario definido y seguridad jurídica para el sector”.

En este sentido, el Gobierno de la isla ha advertido de que el tiempo es un factor determinante en la competencia internacional, y que retrasar el despliegue “puede suponer la pérdida de oportunidades industriales difíciles de recuperar”, concluye.

El Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias, Movelec, se prepara ya para acoger a empresas, profesionales e interesados en la movilidad eléctrica los próximos 18 y 19 de abril en el Recinto Ferial de Agüimes.

“Gran Canaria lidera hoy la movilidad eléctrica en Canarias; el 57% de las ventas de vehículos eléctricos del archipiélago se producen en nuestra isla y eso, desde luego no es casualidad”, aseguró el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, quien subrayó la “apuesta clara del Cabildo de Gran Canaria por la transición energética con el despliegue de una red insular de puntos de recarga y el impulso decidido a la electrificación del transporte”. “Gran Canaria no solo participa en la transición energética y en la transición hacia la movilidad eléctrica, sino que además la está liderando”, apostilló el consejero.

En ese contexto, Movelec se erige como el espacio idóneo para trasladar a la sociedad “las últimas novedades de movilidad eléctrica, las ventajas medioambientales y de ahorro de energía, así como las ayudas a la adquisición”, y para lanzar a la ciudadanía el mensaje de “defender una ecoisla libre de CO2”, afirmó la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso.

En su novena edición, el Salón del Vehículo Eléctrico estrena ubicación, pero mantiene su objetivo de posicionarse como punto de encuentro entre la industria y los asistentes no profesionales interesados en la movilidad sostenible. Tanto unos como otros tendrán la oportunidad de conocer durante dos días las novedades tecnológicas del sector, establecer contactos comerciales y acercarse a la oferta actual de empresas que operan en el mercado.

Empresas de vehículos 100% eléctricos, distribuidores, talleres y servicios especializados como las instaladoras de energías renovables y soluciones de recarga, asociaciones e instituciones acudirán un año más a este evento que continúa consolidándose como referente en la movilidad eléctrica de Canarias. El espacio ofrece a las empresas que representan toda la cadena de valor de la industria la oportunidad de dar a conocer sus productos y servicios relacionados con el transporte sostenible; mientras que, para los profesionales del sector e interesados en la conducción de cero emisiones, el Salón, supone el punto de encuentro idóneo para conocer las últimas novedades tecnológicas, la oferta actual de vehículos y los servicios complementarios que requiere la movilidad sostenible, así como la información sobre las diferentes ayudas disponibles para adquirir vehículos eléctricos.

Además, Movelec contará, un año más, con expertos en la materia que ofrecerán su visión sobre la conducción eléctrica en varias charlas y mesas redondas. Durante los dos días de encuentro, se abordarán temas como la evolución de la recarga en España, las comunidades energéticas como modelo integrado con movilidad eléctrica, la electrificación del taxi, el flash-charging y, en general, la situación actual y desafíos de la movilidad eléctrica en Canarias.

Como novedad, el Salón contará este año con seis simuladores de conducción con acceso libre y, como actividad estrella, los dos días se celebrarán cursos de conducción eficiente del vehículo eléctrico, donde los visitantes podrán aprender todo lo necesario sobre estos vehículos: optimización en las recargas de las baterías, frenada regenerativa, modos de conducción... Los cursos incluyen charlas informativas que se impartirán en varias ocasiones a lo largo del evento, y que se complementarán con prácticas de conducción con monitores especializados. La inscripción para estos cursos es gratuita y se realizará por orden de llegada.

La información relacionada con estos cursos de conducción, así como el programa de conferencias y el listado de empresas participantes, está disponible en la web oficial del evento, donde también puede realizarse la inscripción gratuita para asistir como público a esta cita con el vehículo eléctrico.

Promovido por el Cabildo de Gran Canaria, y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria, Movelec, cuenta con el patrocinio del Consejo Insular de la Energía, y la colaboración de Cajasiete, el Ayuntamiento de Agüimes y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE).

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía, ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, la modificación del Real Decreto 451/2022 sobre ayudas para energías renovables al considerar que su aplicación actual genera un “trato desigual” entre los beneficiarios en Canarias.

En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), distintas líneas de ayuda financiadas con cargo al mismo componente (C7.I2) están siendo sometidas a condiciones de ejecución diferentes. Mientras que las ayudas gestionadas directamente por el IDAE han sido flexibilizadas, permitiendo ampliar los plazos de ejecución y adaptar el cumplimiento de los hitos; las reguladas por el Real Decreto 451/2022, incluidas las vinculadas a la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas y gestionadas por el Gobierno de Canarias, mantienen un régimen más restrictivo, con plazos cerrados y sin posibilidad de modificación. 

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, ha señalado que “lo que estamos planteando es una cuestión de justicia y de coherencia en la gestión de los fondos europeos. No puede haber proyectos que, siendo iguales y financiados con los mismos recursos, tengan condiciones distintas en función de cómo se gestionan”, y ha advertido de que “no vamos a aceptar un trato desigual que perjudica a nuestra isla y pone en riesgo inversiones estratégicas para la transición energética”.

Desigualdad en la ejecución de fondos europeos

Morales ha señalado que la corporación acudirña “a los tribunales y a todas las instancias que sean necesarias para defender los intereses de Gran Canaria y pelear unos fondos europeos que son ahora más necesarios que nunca”, y ha añadido que “este trato desigual debió haberse corregido ya en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Gobierno y convalidado el pasado jueves en el Congreso, incorporando medidas que garantizaran la igualdad en la ejecución de estos fondos, especialmente en un territorio ultraperiférico como Canarias”.

Esta diferencia implica que proyectos con el mismo origen de financiación y los mismos objetivos están sujetos a reglas distintas, lo que, a juicio del Cabildo, constituye un trato desigual no justificado y puede comprometer tanto la ejecución de las inversiones como la correcta absorción de los fondos europeos en Canarias.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, ha destacado que “en el contexto internacional actual, marcado por la inestabilidad geopolítica y la subida de los precios de la energía, no se entiende que el Gobierno de Madrid no esté articulando medidas que favorezcan la soberanía energética en un territorio ultraperiférico y vulnerable como Canarias”, subrayando además el impacto de esta situación sobre “un amplio tejido de pequeñas y medianas empresas instaladoras que dependen de estos proyectos”.

El Cabildo de Gran Canaria ha exigido la homogeneización de las condiciones de ejecución entre todas las líneas de ayuda financiadas con cargo al PRTR y la incorporación de mecanismos de flexibilidad equivalentes.

A esta iniciativa ya se han sumado distintas entidades. En particular, la comunidad energética privada de El Goro ha manifestado que presentará también una instancia en el mismo sentido, así como la comunidad energética de Gáldar y el propio Ayuntamiento de Gáldar. Asimismo, se prevé que en los próximos días se adhieran nuevas entidades públicas y privadas, reforzando una posición común en defensa de un tratamiento justo y equitativo de los fondos europeos en Canarias.

Los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Oswaldo Betancort y Lola García, ambos de CC, han expresado este lunes su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) impulsadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.

En un comunicado conjunto, ambos cabildos destacan su “posicionamiento firme y compartido en defensa del territorio, del paisaje y de un modelo de transición energética adaptado a la singularidad de ambas islas” y piden al Ejecutivo canario “diálogo y reflexión” para que se tengan en cuenta las realidades de sus islas.

Asimismo, los dos cabildos expresan su profunda preocupación por la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias (de Coalición Canaria y el PP) mediante decreto aprobado en enero de 2026, por el que se eliminó la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en ZAR.

Por este motivo, tanto el Cabildo de Lanzarote como el de Fuerteventura solicitan al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos de energías renovables que se pretendan implantar en ZAR.

Del mismo modo, ambos cabildos consideran “imprescindible” que las instituciones insulares recuperen plenamente su capacidad de decisión en la planificación energética del territorio.

Para estos dos cabildos, la publicación de los mapas de delimitación de estas zonas ha generado una preocupación social en Lanzarote y Fuerteventura, al advertir que se podría favorecer una implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico, con afecciones directas sobre el paisaje, el territorio y el modelo de desarrollo insular.

Aseguran que la filosofía que inspira las ZAR, basada en la aceleración administrativa para la implantación de grandes proyectos energéticos, “resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura”.

Según exponen en el comunicado, el paisaje constituye no solo un valor ambiental, sino también cultural, económico y social que ha sido cuidadosamente preservado por generaciones, por lo que “la transición energética no puede realizarse a costa de la degradación del territorio ni del paisaje insular”.

Desde la presidencia de ambos cabildos se recuerda que el marco normativo autonómico vigente ya establece “de manera clara la priorización de la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes” y consideran imprescindible que, antes de plantear la ocupación de suelo para instalaciones energéticas, se deben efectuar estudios “objetivos y rigurosos” que determinen el potencial real de implantación de energías renovables. 

La caída de una palmera sobre una red de distribución, a raíz del fuerte viento que reinaba en La Gomera el 18 de enero, fue la causa del cero energético registrado en la isla durante poco más de 15 minutos, si bien la recuperación total del suministro fue de tres horas.

Así lo recoge el informe preliminar del incidente elaborado por Endesa y Red Eléctrica y que ha avanzado este jueves en comisión parlamentaria el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, a pregunta de NC-bc.

En ese sentido ha comentado que la caída de la palmera generó una “perturbación” en el sistema eléctrico insular que derivó en una “situación de inestabilidad de frecuencia” y en el “cero total” del sistema.

No obstante, ha agregado que se ha pedido información más “detallada” al operador del sistema, a la distribuidora y a la empresa generadora para “determinar con precisión” todas las circunstancias del siniestro.

Asimismo, ha apuntado que si encuentran alguna evidencia de “responsabilidad” de alguna de las empresas habrá sanciones, como ocurrió ya con el cero energético en la misma línea ocurrido en 2023 y que se saldó con una multa a Unelco Endesa por importe de 12,1 millones y que ya está “tramitada y notificada”.

Zapata ha dicho también que de cara al futuro, el suministro eléctrico de la isla colombina va a mejorar con la puesta en funcionamiento del cable submarino que la une con Tenerife el próximo 25 de marzo, una vez culminada la subestación de El Palmar (presentada oficialmente este mismo miércoles), mientras que sobre el cierre del anillo insular eléctrico, ha admitido la “dificultad” por el modelo “en forma de antena” que hay en la isla y que no interconecta la energía.

En el caso concreto de Valle Gran Rey, ha comentado que hay muchas propuestas sobre la mesa y se tomará la más adecuada tendiendo en cuenta los yacimientos arqueológicos que hay en la zona.

Yoné Caraballo (NC-bc) ha comentado que el apagón afectó especialmente al subsector de la restauración, ya que se produjo un domingo, pero dejó a casi 16.000 clientes en la isla sin luz.

Ha valorado la puesta en marcha del cable submarino pero entiende que no va a ser la “panacea” porque el anillo insular “es deficitario” y no está ejecutado del todo. “De nada nos vale estar interconectados si luego no va a soportar la energía para tenerla a todos los lados”, ha comentado.

El Gobierno de España ha puesto en marcha este jueves el procedimiento para construir la futura central hidroléctrica de bombeo reversible de Güímar, en Tenerife, con una inversión de más de 1.000 millones de euros.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anuncia que Transición Ecológica ha comunicado ya al Gobierno de Canarias “el pistoletazo de salida” del futuro salto hidrolétrico de Güímar.

“Se podrá recuperar un espacio degradado [unas antiguas canteras ilegales de áridos cuyos responsables están en prisión] y tener un salto de agua semejante al de Gorona del Viento (en servicio desde 2014) o Chira-Soria (en construcción en la actualidad) con más de 200 megavatios”, señala.

Torres recuerda que fue el Gobierno de Canarias que él presidió (2019-2023) el que apostó “claramente” por esa central.

“Ya es una realidad porque da sus primeros pasos, que no tendrá marcha atrás con el pistoletazo de salida de este proyecto. Esperemos que el Gobierno de Canarias haga pronto las declaraciones de impacto y que las obras puedan comenzar en el año 2027”, apunta.

Como en el caso del Salto de Chira en Gran Canaria, la central de Güímar está llamada a potenciar la extensión de las energías renovables en Tenerife, al ofrecer una forma de almacenar la electricidad que generan en momentos de baja demanda en forma de agua embalsada en altura, que luego se deja caer hacia unas turbinas.

Según detalla el Ministerio de Política Territorial, tendrá una vida útil superior a 75 años y proporcionará un ahorro de 200 millones de euros anuales frente al sistema actual de generación de electricidad de la isla, basado fundamentalmente en centrales térmicas que utilizan hidrocarburos importados.

Reparación ambiental histórica

El proyecto no solo responde a una necesidad energética, señala el PSOE, sino también a uno de los mayores impactos ambientales de la isla: las excavaciones y desmontes en las antiguas canteras de Güímar.

La propuesta permite transformar ese espacio degradado en una infraestructura de almacenamiento de agua reversible, combinando recuperación paisajística y creación de un nuevo recurso energético. Además, la zona se convertiría en el mayor humedal de Canarias, con un importante valor ecológico, resalta el partido.

Continuidad institucional

En mayo de 2023, el Gobierno de Canarias remitió formalmente al Ministerio la solicitud para el desarrollo de la central conforme a la Ley del Sector Eléctrico, iniciando el expediente administrativo.

Pedro Martín, senador y expresidente del Cabildo de Tenerife, señala que “desde el Cabildo defendimos que la restauración de las canteras debía abordarse con visión de isla. No bastaba con rellenar; había que transformar”.

Por su parte, José Antonio Valbuena, senador y exconsejero de Transición Ecológica del Gobierno regional, subraya que “en mayo de 2023 formalizamos ante el Ministerio el inicio del expediente. Que ahora el Gobierno de España anuncie su pronunciamiento oficial supone un paso decisivo para convertir este proyecto en realidad”.

Ambos destacan que este avance demuestra que la planificación rigurosa y la cooperación interadministrativa permiten desbloquear proyectos estratégicos para Tenerife.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha resuelto el primer concurso de potencia firme para los sistemas eléctricos no peninsulares, con la adjudicación de 78 grupos de generación que suman más de 1.450 megavatios (MW) y que irán asociados a una inversión superior a 500 millones de euros, según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El procedimiento de concurrencia competitiva sirve para otorgar la resolución favorable de compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional en los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla y en los subsistemas de Mallorca y Menorca, con el objetivo de garantizar el suministro y mantener un precio mayorista de la electricidad homogéneo en todo el país.

En total se han recibido 181 solicitudes, de las que han resultado seleccionadas las ofertas de 78 grupos de generación, que podrán acogerse a ese régimen retributivo adicional durante 25 años en el caso de nuevas centrales, entre cinco y diez años para inversiones en instalaciones existentes y cinco años para las extensiones de vida útil sin inversión.

La selección se ha realizado a partir de una prelación técnico-económica basada en el ahorro de costes totales, en la que competían extensiones de vida útil, inversiones en grupos ya en funcionamiento y nuevos grupos, y posteriormente se han incorporado criterios técnicos como el tamaño de las instalaciones, las emisiones de CO2, las horas de operación o el emplazamiento, incluyendo observaciones de los gobiernos autonómicos.

El régimen retributivo adicional permite a las centrales convencionales de los territorios no peninsulares obtener una rentabilidad regulada y que el precio mayorista sea el mismo en todo el país, con un coste que se reparte al 50% entre el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales del Estado y que en 2025 ascendió a unos 1.650 millones de euros.

El concurso ha permitido adjudicar potencia suficiente para cubrir las necesidades de todos los subsistemas eléctricos hasta 2029 y, en todos los casos, se ha superado la potencia adicional convocada para 2028, con 330,6 MW adjudicados en Mallorca frente a 270 MW convocados, 73,1 MW en Menorca (60 MW), 344,14 MW en Gran Canaria (330 MW) y 382,33 MW en Tenerife (370 MW), entre otros.

En conjunto, la potencia adjudicada supera los 1.450 MW de capacidad firme y se estima que movilizará en los próximos años una inversión de en torno a 500 millones de euros, incluyendo tanto nuevas instalaciones como desembolsos de capital en centrales ya existentes.

Adjudicación en Canarias

En Canarias se han adjudicado más de 1.000 MW repartidos entre 62 grupos de generación ganadores, de los que 34 corresponden a nuevas instalaciones (25 de ellos) o a inversiones adicionales en grupos existentes (nueve de ellos), lo que supone un aumento de la participación de distintos agentes en un mercado especialmente complejo.

En Tenerife se contrata el 50% de las necesidades de nueva potencia con 11 grupos de la empresa Sampol, mientras que en el sistema Lanzarote-Fuerteventura se cubre el 67% mediante nuevos grupos de Sampol (26%), DISA (33%) y Canary Carreteras (8%), quedando el resto de grupos adjudicados en manos de Endesa.

En La Gomera y El Hierro únicamente se extiende la vida útil de las instalaciones existentes, dado que El Hierro cuenta ya con una presencia destacada de generación renovable y La Gomera pondrá en servicio el próximo mes su interconexión con Tenerife, lo que mejora las necesidades de cobertura.

En Baleares han resultado adjudicatarios ocho grupos de generación con una potencia conjunta de 403 MW, mientras que en Ceuta se ha seleccionado un grupo de 5 MW y en Melilla siete grupos que suman 36 MW, en todos los casos pertenecientes a Endesa.

De forma paralela, el Ministerio que lidera Sara Aagesen ha actualizado los parámetros técnicos y económicos que se utilizarán para calcular la retribución de la actividad de producción eléctrica en los territorios no peninsulares durante el periodo regulatorio 2026-2031, con el objetivo de asegurar un estado adecuado de las instalaciones, y ha solicitado al operador del sistema un informe sobre las necesidades de potencia hasta 2031 para activar nuevas convocatorias en función de la evolución de la demanda y de la capacidad adjudicada en este primer concurso.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han acordado este jueves con el sector de las energías renovables pedir al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) que convoque un concurso piloto para instalar en esta isla el primer parque eólico marino de España, con una potencia de entre 220 y 250 megavatios.

Al término de la reunión que ha celebrado la Mesa de la Energía Eólica Marina en Canarias, la viceconsejera de Transición Ecológica, Julieta Shallenberg, ha informado a los periodistas de que el consenso ha sido “amplio” para trasladar esta petición al Miteco en el marco de la consulta pública abierta y previa a la orden por la que se aprobarán las bases del primer procedimiento de concurrencia competitiva de las instalaciones eólicas en el mar.

Shallenberg ha recalcado que Gran Canaria reúne todos los requisitos para ser la primera zona donde se instale en España energía eólica marina y además dispone de “la mejor” área para ello, en el sureste de la isla, entre Pozo Izquierdo y Castillo de Romeral, que reúne un potencial que alcanza casi los 1.000 megavatios.

Se trata de “la mejor zona de España”, con un equivalente de potencia “de 6.000 horas de electricidad”, ha subrayado la viceconsejera, quien ha señalado que, de no prosperar el concurso piloto que solicitan, al menos esperan “estar en el puerto de salida” si el Ministerio decide convocar varios concursos en distintas partes de España.

Ha defendido que en Gran Canaria “hay una industria fuerte”, que en esta isla se instaló el primer aerogenerador marino de España que se construyó en el puerto de Arinaga y se están construyendo otros prototipos en el puerto de Las Palmas, y “hay muchos actores interesados”, con un modelo que después podría extenderse al resto de islas y a otras zonas de España.

Gran Canaria dispone de “todo lo necesario para impulsar este tipo de proyectos”, ha abundado la viceconsejera, quien también ha hecho hincapié en la oportunidad que supone para diversificar la economía de la isla.

Shallenberg ha incidido en que en las islas resulta muy competitiva esta energía, por el alto coste de la producción de electricidad con combustibles fósiles.

También ha lamentado el retraso que arrastra España en la instalación de los parques eólicos marinos, pero se ha congratulado de la convocatoria de esta consulta y ha confiado en que el Miteco “coja ritmo” para que la orden para convocar el concurso pueda salir a final de año o principios del próximo.

La instalación de este primer parque precisaría de una inversión de entre 800 y 1.000 millones de euros y por ello también se precisa que el Ministerio fije una retribución económica “atractiva” y acorde con el desembolso que requiere la instalación de este tipo de parques que tienen una vida de unos 25 años, ha señalado.

Así mismo, ha estimado que se tardarán unos nueve años para la puesta en marcha de este parque en Gran Canaria y eso si los procedimientos que requiere para su desarrollo no sufren más demoras.

La Mesa de la Energía Eólica Marina en Canarias está formada por el Gobierno canario; empresas, consorcios y promotores; el Clúster Marítimo de Canarias, que representa a la industria local; centros de investigación y tecnología y administraciones públicas insulares y autoridades portuarias.

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, del PP, ha reiterado este miércoles al Estado la solicitud del archipiélago de ampliar hasta 2028 los plazos de ejecución de los Fondos Next Generation EU que contribuyen a la transición energética en las islas. El consejero ha reconocido que hay 260 millones de euros de estos fondos (de un total de 600) en “riesgo” al no haber sido aún adjudicados aún.

Cabe recordar que el porcentaje de ejecución en esta Consejería fue en 2024 de solo el 26%, el más bajo con diferencia entre todas las carteras de la administración canaria.

Zapata ha achacado esta inejecución presupuestaria a las dificultades que persisten en el archipiélago, como región ultraperiférica.

“De los casi 500 millones de euros que gestionamos, ya tenemos mas de 160 millones justificados y adjudicados, y concedidos más de 260, y se está en trámite de que estos últimos puedan ser adjudicados y pagados cuanto antes y son, por tanto, los que están en riesgo”, ha indicado Zapata en declaraciones con motivo de un encuentro informativo de balance sobre las Oficinas de Energía en Canartias.

Ha recordado el consejero que cuando se inició la legislatura una de las principales preocupaciones del Ejecutivo era la “situación crítica” en la que se encontraba la ejecución de estos fondos, que se situaban “en un 8%, con unos 15.000 expedientes sin tramitar”.

Asimismo, ha indicado, con el “esfuerzo” emprendido, las Oficinas de Energía en Canarias, con ubicación en las dos provincias, han gestionado un total de 75.351 consultas desde su creación, en 2024, hasta su desarrollo en 2025, peticiones vinculadas, sobre todo, a las ayudas relativas al Plan Moves III y las vinculadas al Autoconsumo y Almacenamiento, que, según ha detallado, han sido emprendidas tanto por particulares como por empresas y administraciones públicas.

“Las ayudas siguen tardando mucho en llegar. Es el principal problema. Por eso, hemos llevado a cabo un plan de choque, con incrementos en la plantilla, con más de 50.000 expdientes a tramitar, y más de 600 millones de euros a gestionar. Ahora, tenemos adjudicados más de 160 millones, más 150 millones conseguidos”.

Sin embargo, el consejero del área ha solicitado al Ministerio y a la Comisión Europea la ampliación de los plazos relativos a la ejecución de estas ayudas a la transición energética hasta 2028, de forma que Canarias consiga suplir sus diferencias, dada su condición de región ultraperiférica. “Si se ampliara el plazo, Canarias superaría la ejecución por encima del 80%. El archipiélago no está en iguales circunstancias que la Península en cuanto a proveedores y suministros suficientes. Vemos justificada esa ampliación”.

Solo uno de cada cuatro euros gastados

El pasado mes de septiembre el propio Gobierno canario reconoció que solo había gastado uno de cada cuatro euros destinados a la Consejería de Transición Ecológica en el ejercicio 2024.

Las cifras reflejan que el departamento liderado por Mariano Hernández Zapata, del PP, desembolsó 151 millones de euros en esta materia, un cuarto del total disponible cifrado en 578 millones. El porcentaje de ejecución, del 26% en 2024, es el más bajo con diferencia entre todas las carteras de la administración.

El Gobierno de Fernando Clavijo (CC) protagonizó ese año, el primero completo tras volver a la presidencia, uno de los peores cursos en ejecución presupuestaria que se recuerdan en las Islas, con un porcentaje de cumplimiento de las cuentas por debajo del 90%, según confirmó el Ministerio de Hacienda. Son las peores cifras en 12 años.

Por departamentos, los peores registros fueron (además de en Transición Ecológica) en Obras Públicas, Vivienda y Movilidad: 427 y 209 millones de euros sin invertir, respectivamente. El de Turismo y Empleo, con una ejecución del 72,85%, dejó casi 80 millones; Hacienda y Relaciones con la Unión Europea (77,39%), unos 47 millones; y Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (82,39%), casi 30 millones.

Las prospecciones geotérmicas de alta entalpía han comenzado, en primer lugar, en la isla de Tenerife, cuyas cuadrículas de sonderos abarcaban, previsiblemente, los municipios de San Miguel, Arona, Granadilla y Vilaflor, según ha avanzado el consejero de Transición Ecológica del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata (PP).

Zapata ha adelantado que Canarias ya ha comenzado con estos trabajos, previstos también en La Palma y Gran Canaria, después de que los estudios someros en las islas indicasen una probabilidad de “éxito” superior al 60%. Los trabajos, cuyo inicio exacto no ha sido precisado por la Consejería, se realizan fuera de entornos naturales protegidos, explica.

La Consejería ha celebrado este miércoles un desayuno informativo para hacer un balance de funcionamiento de las Oficinas de Energía de Canarias, con la asistencia del jefe del departamento, que ha acudido acompañado del consejero delegado de Gestur, Agoney Piñero.

La adjudicación de cuadrículas para las prospecciones se dieron a lugar en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, habiéndose ya iniciado en “algunas” de ellas -primero, Tenerife- después de que los resultados preliminares de los estudios someros indicasen un “optimismo” en cuando al “posible potencial” de la producción de energía geotérmica, según ha argumentado el consejero regional.

En su intervención, Zapata ha celebrado, además, el comienzo de unos trabajos que colaborarán a “aumentar el mix energético” en Canarias, colaborando a cubrir los megavatios necesarios para avanzar “en la descarbonización y transición energética” en las islas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que el concurso de generación eléctrica “no es perfecto” pero deja a las islas “mejor” preparadas para el futuro, al que suma el cable de interconexión que une Tenerife con La Gomera y garantiza el suministro en la isla colombina y la penetración de las renovables.

En respuesta a una pregunta de Vox en la sesión de control del pleno del Parlamento, Clavijo ha atribuído al consejero de Transición Energética, Mariano Hernández Zapata, en colaboración con el Ministerio, el que el concurso (tanto el ordinario como el extraordinario) haya salido adelante. Cabe recordar que se trata de un concurso que lleva en trámite 13 años y que ha sido formalizado finalmente por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Clavijo ha señalado que el concurso “se podía haber hecho mejor” pero el sistema es ahora “más estable y fiable” y se va a seguir mejorando con nuevas licitaciones para cubrir las partes que quedaron desiertas, por lo que ha pedido “respeto” para su Ejecutivo.

En esa línea ha insistido en que su Gobierno es “diligente y eficaz” para “suplir” las “ausencias” del concurso y frente a las críticas de “barra de bar de copas” de Vox, ha comentado que Ejecutivo se arremanga y trabaja “por los canarios”.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha apuntado que el concurso eléctrico ha sido “un fracaso”, extremo reconocido por los propios “ingenieros” ya que apenas 300 megavatios son nuevos y el resto parte de “reutilizar y estirar” equipos antiguos.

Además, ha preguntado al presidente si será el que “dejó a Canarias sin luz y sin agua” dado el consumo hídrico de las desaladoras y le ha instado a exigir ante el Estado un “cambio de regulación” y que se flexibilice la burocracia porque ahora mismo es un “desincentivo” para que las empresas quieran invertir en el archipiélago.

“Esto nos hunde, ninguna empresa va a instalarse si no hay un sistema eficiente, el fanatismo climático no es la solución”, ha comentado, subrayando que Clavijo será el “responsable” si hay otro cero energético en las islas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha presentado este lunes una propuesta para modificar el mercado retributivo eléctrico canario con el objetivo de “una descarbonización real, favorecer una mayor implantación de renovables, reducir costes e integrar de forma decidida el almacenamiento en el sistema, todo ello en base a un cambio normativo basado en las excepciones previstas para regiones ultraperiféricas de la UE y que ya se aplican en Azores y Madeira”, ha detallado la Corporación insular en un comunicado.

“Canarias no puede seguir atrapada en un modelo eléctrico diseñado para otro territorio y otro tiempo. Tenemos base jurídica, conocimiento técnico y recursos renovables. Lo que necesitamos ahora es voluntad política, diálogo institucional y valentía para cambiar las reglas”, ha manifestado Morales en rueda de prensa junto al consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink.

En la comparecencia se dieron a conocer las principales conclusiones del estudio elaborado por encargo del Cabildo de Gran Canaria a la consultora Samso, especializada en política y regulación energética y que, a tal efecto, ha trabajado estrechamente con organizaciones empresariales y ecologistas, así como con un amplio espectro de especialistas que conocen las limitaciones para la generación limpia y el almacenamiento en las Islas.

En su intervención, Morales recalcó que “Canarias tiene un sistema eléctrico singular y profundamente distinto al peninsular”, al tratarse de un territorio fragmentado en seis sistemas eléctricos aislados, sin interconexión entre islas y sin conexión con el continente. Y enfatizó que, por su condición ultraperiférica, el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce que territorios como Canarias “sufren desventajas estructurales permanentes”.

“Precisamente por eso”, explicó, “la normativa europea habilita excepciones específicas en la aplicación de las políticas comunes, incluida la energética. Esto no es una reclamación política ni una interpretación interesada. Es un marco jurídico existente, plenamente vigente, que ya se aplica en otros territorios ultraperiféricos europeos y que la propia Comisión Europea ha reconocido expresamente en el caso de Canarias”, resumió.  

“Nuestro sistema eléctrico sigue dependiendo mayoritariamente de combustibles fósiles importados y eso nos hace vulnerables desde el punto de vista económico, climático y geopolítico. En los últimos años, Canarias ha hecho un esfuerzo notable por incorporar energías renovables. Sin embargo, nos encontramos con una paradoja cada vez más evidente: cuanta más energía renovable instalamos, más se desperdicia”, lamentó.

En este punto, Antonio Morales hizo un dibujo claro de la situación: “Esto no ocurre porque falte recurso renovable ni demanda. Sucede porque el sistema está diseñado para otra época. Tenemos un parque térmico antiguo y rígido y un modelo de despacho que carece de herramientas modernas de flexibilidad, almacenamiento y señales económicas adecuadas. El resultado es un sistema que, incluso cuando hay sol y viento, no puede dejar de quemar combustible”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria indicó que la propuesta ha sido presentada y debatida con el Gobierno de Canarias, concretamente con el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, y con la viceconsejera Julieta Schallenberg, y que “fruto de ese diálogo, ha encargado una serie de estudios técnicos y económicos adicionales” para enriquecer un documento aún abierto.

“Una vez consolidado este trabajo conjunto, queremos presentar esta propuesta y su evolución a instancias superiores, como el IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para abrir un diálogo estructurado con el Estado sobre la necesaria adaptación del modelo eléctrico canario”, anticipó Morales. Precisó que, en el caso concreto de Gran Canaria, el reto es reforzar un modelo de soberanía energética al que contribuirán el proyecto de Salto de Chira, la eólica marina o la geotermia, entre otros elementos.

“Reglas adaptadas a nuestra realidad”

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, subrayó que “Canarias no puede seguir dependiendo energéticamente de decisiones pensadas para otros territorios. Somos una región ultraperiférica, aislada, con recursos renovables propios y con una realidad energética distinta”.

En este sentido, explicó que la propuesta presentada “defiende algo muy sencillo: avanzar hacia una mayor soberanía energética para el Archipiélago”.

García Brink insistió en la necesidad de “más renovables, más capacidad de almacenamiento y menos dependencia del fuel importado”, y recalcó que “no pedimos privilegios, sino reglas adaptadas a nuestra realidad”. “Cada megavatio renovable que se pierde hoy es soberanía y futuro que Canarias deja escapar”, advirtió.

Los consultores de Samso Joan Herrera y David Ribó contribuyeron también a desgranar los elementos prácticos y la filosofía de fondo de la propuesta. Así, Joan Herrera destacó que el cambio que se persigue “interesa fundamentalmente a la sociedad canaria, porque va a abaratar costes, pero sobre todo va a permitir el despliegue de más renovables, más generación de empleo, mayor electrificación y descarbonización”.

“Es una propuesta llena de sentido común y que la norma permite. Solo hay impedimentos normativos, porque las soluciones existen. Y va a permitir un marco para que las inversiones en renovables se mantengan, porque si las empresas tienen que interiorizar los vertidos de energía que no pueden vender, ahí reside el principal vector para que dejen de invertir”, señaló Herrera para apostar claramente por llamó la “excepción macaronésica”.

Para ilustrar mejor lo que sucede, los consultores subrayaron que con el sistema actual el archipiélago carece de una estructura que permita saber en qué momentos en más interesante producir y consumir, pues está regida por los mismos parámetros que el territorio peninsular.

Canarias enfrenta posibles problemas de suministro de gas butano y propano como consecuencia de los temporales que viene sufriendo el Atlántico norte en las últimas semanas.

Disa, la distribuidora dominante en el archipiélago, ha advertido a través de un comunicado a sus clientes de que, por ello, ha puesto en marcha un “plan de medidas temporales”.

Este dispositivo aboga por “priorizar el suministro a centros esenciales”, como hospitales, residencias y colegios, además de “ajustar parcialmente” los volúmenes de entrega al resto de clientes.

Disa relata que el reciente temporal causado por la borrasca Leonardo pero también la pasada Kristin han impedido que el suministro de gas licuado del petróleo (GLP) se realice con normalidad “durante las últimas semanas”.

Las interrupciones, remarcan, han sido “significativas” en los principales puertos y proveedores de GLP por motivos de causa de fuerza mayor, dado que los barcos en muchos casos no han podido entrar a puerto para cargar por el mal tiempo.

Disa ha explicado que está en contacto con varios operadores europeos para intentar paliar la situación. Asimismo, fuentes del sector han indicado a Europa Press que ya se ha realizado, al menos, el desvío de un barco de propano hacia Canarias y se intenta cargar otro de butano desde Huelva, con la intención de que la situación afecte lo menos posible al archipiélago.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha valorado este jueves el “esfuerzo relevante” que ha realizado el Estado con los territorios alejados y ultraperiféricos, como Canarias, después del paso “importante” que ha supuesto la adjudicación de 62 proyectos de generación eléctrica en el archipiélago, y que suman más de 1.000 megavatios (MW), según ha anunciado este mismo jueves el Ministerio de Transición Ecológica.

Torres ha acudido este jueves al lacto de presentación de las obras de interconexión eléctrica Tenerife-La Gomera, una iniciativa que busca reforzar el suministro eléctrico frente a los ceros energéticos, en la nueva Subestación de El Palmar, en la isla de La Gomera, a donde también ha asistido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

En este contexto, el ministro ha celebrado la salida adelante del concurso extraordinario anunciado durante la jornada por Transición Ecológica para garantizar la potencia necesaria en territorios extrapeninsulares, y que, ha asegurado Torres, ha sido fruto del trabajo “mano a mano” entre las administraciones y entidades implicadas, en tanto se continúan dando “esfuerzos” para sacar un concurso ordinario de suministro eléctrico que debió sacarse “hace muchísimo tiempo”.

Concurso ordinario

“Se han compartido los criterios, los principios, y se ha llevado una mesa de contratación por libre concurrencia. Y son más de mil megavatios”, ha destacado Torres, que ha reconocido la “lealtad” interinstitucional que ha habido en el procedimiento.

Además, ha precisado el ministro, el Ejecutivo estatal ya ha dado la orden para activar los mecanismos para que, en 2031, y con un nuevo concurso se cuente con la “potencia precisa” en territorios no peninsulares como Canarias, Baleares, así como Ceuta y Melilla.

“Estamos haciendo un esfuerzo relevante con estos territorios alejados, ultraperiféricos, con territorios lejanos a la península ibérica. Vamos a seguir trabajando para tener la potencia precisa, pero este es un paso importante”, ha añadido.

El Ministerio de Transición Ecológica ha adjudicado a cuatro empresas la puesta en marcha más de 1.000 megavatios (Mw) de generación eléctrica en Canarias distribuidos en 62 proyectos, de los que 25 son nuevas instalaciones, según ha informado este jueves el Gobierno.

En un comunicado, Transición Ecológica resalta que el resultado del procedimiento de concurrencia competitiva que había abierto para atender los déficit de generación detectados en las islas aporta “un notable incremento en la participación de distintos agentes en el ámbito de la generación en un mercado complejo”.

Fuentes del sector han detallado a EFE que los adjudicatarios de esa nueva generación eléctrica en Canarias son Unelco (filial de Endesa), Sampol, DISA y la sociedad Canary Carreteras.

El Ministerio precisa que, de los 62 grupos de generación que han adjudicado en Canarias, 25 son nuevas instalaciones y nueve suponen inversiones adicionales en grupos ya existentes.

“Se superan los 330 Mw necesarios para Gran Canaria, los 370 Mw de Tenerife, los 215 Mw de Lanzarote-Fuerteventura, los 44 Mw de La Palma, los 6,5 Mw de El Hierro y los 5,5 Mw de La Gomera”, apunta.

Transición Ecológica matiza que, en el caso de La Gomera y El Hierro, solo se extiende la vida útil de sus instalaciones.

Y ello, explica, porque El Hierro tiene una destacada presencia renovable (gracias a la central hidroeólica de Gorona del Viento) y porque La Gomera inaugura en marzo su interconexión con Tenerife, lo que repercute de forma favorable en sus necesidades de cobertura.

“En Tenerife se contrata el 50% de las necesidades con once nuevos grupos de un nuevo agente. En el sistema Lanzarote-Fuerteventura también se contratan el 67 % de las necesidades mediante nuevos grupos de nuevos entrantes en el mercado”, añade.

Durante el proceso de concurrencia, se registró la retirada de algunas de las ofertas provisionalmente adjudicatarias en Canarias, pero “han sido sustituidas por otras ofertas y soluciones presentadas al concurso que igualmente permitirán cubrir las necesidades de suministro identificadas a largo plazo”, indica el Ministerio.

Transición Ecológica asegura que ha tenido en cuenta “las consideraciones de los agentes y, en particular, del Ejecutivo canario, especialmente en lo relativo a normativa urbanística, viabilidad medioambiental y emplazamientos”.

“El Gobierno está comprometido con la descarbonización de Islas Canarias, que ha logrado duplicar su potencia instalada renovable desde 2018. Canarias ha recibido más de 750 millones de euros en ayudas en los últimos años para agilizar su transición energética”, añade.

Además, resalta que se está trabajando a nivel técnico en una nueva normativa para facilitar una mayor integración de renovables y almacenamiento en las islas.