El Gobierno de Canarias fracasa en su intento de ampliar la justificación de fondos europeos por la COVID

El Gobierno de Canarias tiene un serio problema: se enfrenta al duro inconveniente que está relacionado con la gestión pública que ha hecho y viene haciendo de los recursos europeos destinados a las islas (en su mayoría para potenciar la transición ecológica y la energía limpia) con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), periodo 2021-26, un instrumento de apoyo financiero de la Unión Europea (UE) integrado en los fondos Next Generation, nacidos de forma excepcional por la crisis sanitaria de la covid y sus amplias consecuencias sectoriales, entre ellas la económica.

El problema se puede resumir en cifras de dinero público que puede ser devuelto a la UE o en el plazo límite inamovible para la justificación de las inversiones subsidiadas. Sobre lo primero, hay que decir que a los 55 millones de euros ya reintegrados hasta 2025 el propio Gobierno autonómico prevé unir 150 millones más, cantidad que indica que no se podrá gastar ni justificar a tiempo, antes del 31 de agosto de este año, esto según las proyecciones de los distintos departamentos informadas por la propia Consejería de Hacienda del Ejecutivo regional, con Matilde Asián, del PP, al frente de este departamento.

La suma de esas dos cantidades alcanza los 205 millones de euros, casi el 12% de la cifra total disponible para Canarias (1.727 millones). Esta probable pérdida de recursos, la por ahora medida por el Gobierno de Fernando Clavijo, la formación política Nueva Canarias (NC), en la oposición en el Parlamento de Canarias, la eleva hasta los 500 millones; esto es, cerca del 30% de los 1.727 millones disponibles para las islas. Sea un balance u otro, es innegable que el resultado deberá ser calificado de muy negativo.

El Gobierno de Canarias (CC y PP) confió, quizá más de la cuenta, en sus opciones de ampliar aquel plazo límite de justificación, el 31 de agosto de 2026, y lo cierto es que se ha dado de bruces contra la realidad impuesta por Bruselas, algo que se consideraba como muy probable.

Pese a los intentos del Ejecutivo autonómico (Fernando Clavijo y su vicepresidente, Manuel Domínguez, lo negociaron en Bruselas) de lograr con el apoyo del Gobierno español y sobre todo en el seno de la Comisión Europea la ampliación del plazo de justificación de las inversiones con cargo al MRR, al menos para los proyectos de transición energética y ecológica (donde se concentra el destino de esos fondos europeos aprobados para Canarias, con 531 millones del total de 1.727), nada se ha podido hacer y no hay ni un día más de gracia: el límite es inamovible y se mantiene en el 31 de agosto de 2026.

Así mismo lo subraya la Comisión Europea en su última comunicación oficial al respecto, publicada en el DOUE el 4 de mayo pasado (C/2026/2614) y también servida por el BOE. En esta comunicación, denominada Orientaciones para los Estados miembros sobre los aspectos operativos relacionados con la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), quedan claras varias cuestiones de interés: primera, que la Comisión ya en una comunicación previa, esta publicada el 4 de junio de 2025 [hace un año] y titulada Next Generation EU-Camino a 2026, recordaba el marco jurídico aplicable y los plazos de interés para la fase final de ejecución del MRR.

Entonces, decía: “El reglamento del MRR establece que todos los hitos y objetivos para la aplicación de las reformas e inversiones deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026”. A esta afirmación, desde ese momento inalterada, recientemente se ha unido la ratificación del mismo plazo límite para tener justificado el uso de todos los fondos del MRR en la UE, también en las islas.

Sobre esto, la más reciente comunicación de la Comisión respecto al MRR, señala: “Dado que los hitos y objetivos deben haberse completado a más tardar el 31 de agosto de 2026, no cabe que el Consejo adopte modificaciones de los planes de recuperación y resiliencia después de dicha fecha. Además, solo si la adopción se produjera antes del 31 de agosto de 2026, podría la Comisión evaluar las solicitudes de pago presentadas sobre la base de las decisiones de ejecución del Consejo revisadas y adoptar la decisión de pago correspondiente a tiempo para que el desembolso se efectuase a más tardar el 31 de diciembre de 2026, tal como se establece en el artículo 24, apartado 1, del Reglamento del MRR”.

Y prosigue, sin margen a las excepciones, como quería Canarias por su condición de región RUP, entre otros argumentos: “De conformidad con el artículo 20, apartado 5, letra d), del Reglamento del MRR, todos los hitos y objetivos deben haberse alcanzado a más tardar el 31 de agosto de 2026. Las medidas para garantizar el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos adoptadas por los Estados miembros después de esa fecha no pueden tenerse en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de pago”.

A su vez, recuerda que “todas las solicitudes de pago, incluidas las declaraciones de gestión, los resúmenes de las auditorías realizadas y todas las pruebas justificativas necesarias para su evaluación, deberán presentarse a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre de 2026”.

Proyecciones de reintegros a la vista

La Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido una asignación total de fondos del MRR de 1.727 millones de euros para el periodo 2021-26. De este caudal financiero, al cierre del ejercicio presupuestario de 2025, consumidos cinco años de los seis de ejecución, solo se había justificado el gasto del 55% de esos fondos europeos nacidos con la covid; esto es, 944 millones de euros.

El 42% restante, 728 millones, son los pendientes de consumir. Si a estos dos valores absolutos, el de 944 y 728 millones, se suma la cantidad de 55 millones, que es el dinero de la UE ya devuelto al Estado en 2025, se alcanza aquella primera cifra global: 1.727 millones de euros, solo para el archipiélago.

Pese a que el Ejecutivo autonómico ha reconocido que ya se ha reintegrado el 3% de los 1.727 millones de euros (55 millones) y que la previsión de sus consejerías es que sobrarán o no podrán ser ejecutados 150 millones más de los 728 disponibles este 2026, hasta el 31 de agosto próximo, lo cierto es que, si se tiene en cuenta el nivel medio de ejecución de esos fondos del MRR hasta el cierre de 2025 (del 55%), Canarias es posible que deje de gastar del MRR nada menos que 328 millones de euros, bastante más que los 205 millones por ahora previstos o posibles, según la Consejería de Hacienda.

Aquella otra proyección, la que se apoya en el nivel de ejecución del MRR al cierre de 2025 (55%), es bastante más alta que la cifra que resulta de sumar los 150 millones de euros de este 2026, los previstos, y los 55 ya reintegrados hasta 2025.

Pero aún hay valoraciones más negativas, como la que realiza NC, que coloca ese umbral final de devolución en torno a los 500 millones de euros, el 30% de la partida global aprobada para las islas (la de 1.727 millones de euros).