El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) está muy cerca de permitir que los promotores construyan viviendas al margen del planeamiento a cambio de limitar el precio del alquiler durante solo siete años, apenas dos más que el periodo mínimo durante el que un propietario particular ya debe mantener un contrato de alquiler y el mismo plazo que cuando el arrendador es una empresa.

La futura ley de privatización de las licencias urbanísticas, que acaba de superar el proceso de enmiendas, incluye la figura de la vivienda asequible incentivada, una modalidad de titularidad privada que permitirá a las constructoras levantar edificios de hasta dos plantas más de las previstas por el planeamiento municipal en suelo público y sustituir las cesiones obligatorias de aprovechamientos urbanísticos para dotaciones públicas (como colegios, parques o centros sanitarios) por compensaciones económicas.

A cambio, estas promociones deberán destinarse al alquiler residencial durante un mínimo de siete años y respetar un precio máximo equivalente (o un 20% más) al de las viviendas protegidas de promoción privada de la misma superficie.

El texto inicial del proyecto de ley establecía que este régimen de protección tendría una duración de diez años. Sin embargo, una enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (Coalición Canaria, Partido Popular, ASG y AHÍ) rebajó ese plazo a siete durante la tramitación parlamentaria.

La diputada socialista Patricia Hernández ha denunciado que conceder estas ventajas urbanísticas a cambio de un periodo de alquiler asequible tan corto abrirá todavía más la puerta a la especulación y al “negocio” con la vivienda en Canarias.

“Están aprovechando la vulnerabilidad y la necesidad de la gente para hacer negocio”, afirmó durante la sesión parlamentaria en la que se debatieron las enmiendas al articulado del proyecto de ley.

Son numerosas las excepciones al régimen urbanístico que incorporará la vivienda asequible incentivada en el Archipiélago. Buena parte de ellas han sido incluidas a última hora a través de enmiendas firmadas por los partidos que sustentan al Ejecutivo regional.

La normativa posibilitará que “alojamientos con espacios comunes complementarios” (también conocidos como ‘coliving’ o ‘cohousing’) puedan ser calificados como vivienda protegida o asequible incentivada siempre y cuando se adecúen a las “normas de superficie, diseño y calidad propia de estos alojamientos”. Hernández ha cargado duramente contra esta disposición.

“Vamos a permitir o quitar los requisitos para que una vivienda protegida o asequible incentivada tenga todos los servicios. Porque a partir de ahora podrán ser servicios compartidos”, ha dicho. “Una vivienda protegida podrá ser construida por el promotor sin cocina. Y hasta ahora no se podía”, ha remachado.

Otra de las modificaciones incorporadas permite a los promotores de vivienda asequible incentivada levantar sobre suelos públicos (mediante derechos de superficie o concesiones administrativas) edificios de hasta dos plantas más de las previstas por el planeamiento urbanístico, sin necesidad de modificarlo.

A los ayuntamientos también se les admitirá, mediante una simple ordenanza y sin alterar el plan general, “el incremento de una altura más” en edificios residenciales existentes o en parcelas sin edificar si se destinan a este tipo de viviendas.

La ley flexibiliza las obligaciones urbanísticas de forma distinta según el tipo de suelo. En suelo urbano, el promotor podrá construir “tantas viviendas como sea admisible”, aunque el planeamiento municipal fije un número máximo inferior, siempre que no aumente la edificabilidad, es decir, el volumen total de metros cuadrados que pueden levantarse en la parcela.

En suelo urbano no consolidado, el cambio va un paso más allá. Los promotores podrán sustituir la cesión obligatoria de suelo para parques, colegios, centros sanitarios u otras dotaciones públicas por una compensación económica. Es decir, podrán destinar toda la parcela a construir viviendas en lugar de reservar parte del terreno para esos equipamientos, a cambio de abonar el “valor correspondiente a las dotaciones y cesiones obligatorias que correspondan”, según recoge el proyecto de ley.

La vivienda asequible incentivada también podrá construirse en asentamientos rurales y acogerse a beneficios fiscales, entre ellos la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Además, la futura ley le otorga prioridad frente a la vivienda protegida de promoción privada en algunos supuestos de recalificación de suelo. Cuando una parcela no edificada con uso comercial o industrial pase a tener uso residencial, el 60% de la edificabilidad podrá destinarse a vivienda asequible incentivada y el 40% restante a vivienda protegida de promoción privada, pese a que la primera solo deberá mantener su régimen de protección durante siete años, frente a los treinta de la segunda.

“Les vamos a dejar construir sin dar el aprovechamiento a los ayuntamientos, sin las plazas, sin los parques, sin las dotaciones. Alquiler asequible incentivado y siete años después, libres”, señaló Hernández, del PSOE. “Seguro que hay alguno que utiliza la RIC para esto”, ironizó la diputada.

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha presentado este lunes ante el Consejo Político Insular del partido en Gran Canaria su propuesta de candidatura a la Presidencia de Canarias para las elecciones autonómicas de 2027, recibiendo un apoyo unánime.

Así lo ha anunciado la formación en un comunicado, donde detalla que, el encuentro, celebrado en la sede de la organización en Las Palmas de Gran Canaria, ha estado presidido por el secretario general de CC Gran Canaria, Pablo Rodríguez, y ha reunido a representantes orgánicos, cargos públicos y responsables municipales del partido en la isla.

Durante su intervención, Clavijo ha explicado al Consejo Político Insular que su intención ha sido “hacer balance de estos tres años, mirar para el futuro y analizar la situación de la isla y del Gobierno”.

Sobre una posible alianza con Primero Canarias, ha indicado que Coalición Canaria “siempre ha apostado por la unidad del nacionalismo” y ha añadido que “vienen tiempos complicados y la unidad es fundamental”.

“Somos chiquititos, estamos alejados, somos islas ultraperiféricas, todo nos cuesta mucho más que a cualquier ciudadano de territorio continental, con lo cual la unidad es una buena noticia”, ha agregado.

Preguntado por las prioridades políticas de cara a los próximos años, el secretario general de CC ha señalado como principales retos la vivienda, el fenómeno migratorio y la necesidad de reforzar Sanidad, Educación y Servicios Sociales ante el incremento poblacional del archipiélago.

También ha señalado como propósito revertir los indicadores de pobreza y marginalidad en Canarias al señalar que, “si bien estos tres años han estado mejorando continuamente y estamos en los mejores datos que tenemos desde la serie histórica, no son datos para estar orgullosos y satisfechos”.

Clavijo ha explicado además que ya presentó su candidatura en Lanzarote y que continuará una ronda por las siete islas y la organización juvenil antes de la votación prevista para octubre.

Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha trasladado el respaldo de la organización insular a la candidatura y ha destacado que Clavijo representa “el liderazgo que Canarias necesita para afrontar los retos de los próximos años”.

“Fernando Clavijo ha demostrado que sabe gobernar, que conoce esta tierra y que antepone siempre los intereses de Canarias. Desde Gran Canaria respaldamos su candidatura con la convicción de que es la mejor garantía para seguir consolidando un proyecto nacionalista fuerte, útil y cercano a la ciudadanía”, ha asegurado Rodríguez.

El PSOE de Mogán considera que la sentencia que anula la tasa turística, conocida este lunes, confirma “lo que la oposición denunció desde el primer momento”, que la iniciativa impulsada por la alcaldesa, Onalia Bueno (Juntos por Mogán), “nunca fue una medida seria de gestión, sino una propuesta improvisada, populista y concebida para generar impacto político antes que para resolver los desafíos del municipio”.

En un comunicado, los socialistas recuerdan que el gobierno municipal optó por presentar “como una solución estructural” una medida que “carecía de la necesaria solidez jurídica y que no explicaba con claridad qué servicio concreto se pretendía financiar, quién debía prestarlo ni bajo qué competencias municipales se sustentaba”.

“Se priorizó el titular frente al rigor, la planificación y la seguridad jurídica que exige cualquier decisión en materia fiscal”, señalan.

El PSOE de Mogán recuerda que “siempre ha estado de acuerdo con que el turista pague para compensar el efecto sobre el entorno, pero eso se debe canalizar a través de un impuesto y quien tiene la competencia para hacerlo es el Gobierno de Canarias, no el Ayuntamiento a través de una tasa”.

Desde el inicio de la tramitación, el PSOE de Mogán advirtió de que no era posible utilizar “una cuestión tan sensible como la fiscalidad local como herramienta de propaganda”.

“Cuando se gobierna desde la improvisación, el resultado es el que hoy conocemos:

recursos judiciales, inseguridad jurídica y un importante deterioro de la credibilidad institucional“, destacan.

Para los socialistas, la alcaldesa quiso presentar la iniciativa como un ejercicio de valentía política “cuando, en realidad, el tiempo ha demostrado que se trataba de una medida mal planteada, generadora de conflicto y expuesta desde el principio a ser cuestionada por los tribunales”.

El PSOE de Mogán lamenta que las consecuencias de esta estrategia las termine pagando el conjunto de la ciudadanía. “Mogán necesitaba una propuesta seria, construida con consenso, respaldo jurídico y capacidad para afrontar los retos derivados de la actividad turística. En lugar de eso, se optó por una ocurrencia que ha acabado poniendo en cuestión la imagen institucional del Ayuntamiento”.

“Hoy sabemos que no se trataba sólo de una discrepancia política. La propia sentencia evidencia que la medida carecía de una justificación suficiente para sostenerse jurídicamente. Cuando un gobierno antepone el impacto mediático al rigor técnico, el resultado es el que hoy conoce todo el municipio: una ordenanza desacreditada por los tribunales, inseguridad jurídica y un nuevo revés para la credibilidad de la alcaldesa”, señala.

El PSOE de Mogán concluye que esta sentencia debe servir como lección de que gobernar exige responsabilidad, planificación y respeto por la legalidad. “Las campañas permanentes pueden generar titulares durante unos días, pero no solucionan los problemas de las vecinas y vecinos. La buena gestión se construye con rigor, no con improvisación”.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc) ha calificado la anulación de la tasa turística de Mogán como el “mayor fracaso político” de la alcaldesa, Onalia Bueno (Juntos por Mogán).

Este lunes se ha hecho pública la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declara nula de pleno derecho la ordenanza reguladora que imponía el pago de 0,15 euros al día a cada persona que se alojara en un establecimiento turístico del municipio.

A juicio de Juan Manuel Gabella, portavoz de NC-Bc en Mogán, esta resolución judicial “confirma las advertencias” realizadas por la formación canarista desde el inicio de la tramitación de la ordenanza municipal.

En una rueda de prensa ofrecida a principios de febrero, antes de que se aprobara definitivamente la ordenanza, el concejal canarista ya advirtió de que era contraria a derecho por vulnerar la Ley General Tributaria al intentar crear bajo la apariencia de una tasa “un auténtico impuesto sobre las pernoctaciones”.

Las alegaciones de NC contra la ordenanza, al igual que las otras seis presentadas, fueron desestimadas por el Ayuntamiento. “Vamos a esperar a que la justicia se pronuncie”, dijo la alcaldesa durante un pleno municipal.

“Un varapalo sin precedentes”

Gabella considera que la sentencia conocida este lunes supone “un varapalo sin precedentes para la alcaldesa y la constatación del mayor fracaso político y jurídico de su mandato”.

“Advertimos desde el primer minuto que esta tasa era una chapuza jurídica. Nos dijeron que estábamos equivocados, que nos oponíamos por sistema y que Mogán iba a ser un ejemplo para toda España. Hoy la Justicia deja claro quién tenía razón”, señala el concejal.

Gabella considera que la resolución judicial demuestra que “Onalia Bueno ha hecho el ridículo intentando vender como un éxito una ordenanza que nunca debió aprobarse”. “Quiso ser la primera alcaldesa de España en implantar una supuesta tasa turística y ha terminado siendo la primera en ver cómo los tribunales la anulan por ser contraria a derecho. Ese es el único liderazgo que ha demostrado”, añade.

“Pagar dos veces por los mismos servicios”

Nueva Canarias recuerda que su oposición nunca fue a debatir la necesidad de mejorar la financiación de los municipios turísticos, sino a “una ordenanza mal concebida, jurídicamente insostenible e injusta con los propios vecinos de Mogán”.

La formación recuerda que una de sus principales críticas era que la ordenanza obligaba a los moganeros a “pagar dos veces por los mismos servicios”, ya que los vecinos ya contribuyen mediante las tasas e impuestos municipales al abastecimiento de agua, la recogida de residuos, el alcantarillado o la depuración, “y aun así la nueva tasa volvía a repercutir sobre esos mismos servicios”.

Además, la ordenanza obligaba también a los propios empadronados en Mogán a pagar la tasa si decidían alojarse en un establecimiento turístico del municipio.

“Hoy los moganeros, como cualquier canario, quedan liberados de una carga absolutamente injusta. Esta tasa pretendía que nuestros vecinos pagaran dos veces por lo mismo y, además, que tuvieran que abonar un nuevo recargo si pernoctaban en un hotel o apartamento turístico de su propio municipio. Era un auténtico despropósito”, señala NC, que sostiene que el fallo judicial también evidencia la forma de gobernar de la alcaldesa.

Una iniciativa para buscar “notoriedad nacional”

“Esto le ocurre a Onalia Bueno por su prepotencia política. Gobernar desde la soberbia, creyendo que uno siempre tiene razón y despreciando cualquier aportación de quienes pensamos diferente, termina teniendo consecuencias. Se negó a escuchar las alegaciones de la oposición, ignoró los argumentos jurídicos que le presentamos y prefirió seguir adelante para alimentar un relato político. Hoy la Justicia le demuestra que estaba equivocada. La ideología y la prepotencia de Onalia Bueno la han dejado sorda ante el sentido común”, ha afirmado Gabella.

“Cuando un gobernante deja de escuchar porque piensa que quien discrepa es un enemigo y no alguien que puede aportar, acaba tomando malas decisiones. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con esta tasa. La sentencia confirma que el problema nunca fue la oposición, sino la incompetencia de un gobierno que confundió propaganda con gestión”, agrega el portavoz nacionalista, que lamenta que la alcaldesa utilizara durante meses esta iniciativa para “proyectarse políticamente fuera de Mogán” y buscar “notoriedad nacional”.

Un debate vigente

Para NC, el debate sobre la financiación de los municipios turísticos sigue vigente. La formación recomienda a Bueno que deje de buscar “atajos jurídicos” y que exija al Gobierno de Canarias la aprobación de una tasa turística autonómica, “con todas las garantías legales”.

“Esperamos que esta sentencia sirva de lección. Mogán necesita un gobierno que escuche, que dialogue y que rectifique cuando se equivoca, no un gobierno que convierta cada ocurrencia en una batalla personal. Hoy no solo se ha anulado una ordenanza; hoy ha quedado desmontada una forma de gobernar basada en la propaganda, la improvisación y la soberbia. Hoy gana el Estado de Derecho y, sobre todo, ganan los vecinos de Mogán”, ha concluido.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha certificado este lunes que hay avances y “buena sintonía” con los ministerios para que se empiecen a abonar los 300 millones que quedan pendientes en diferentes transferencias.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha indicado que en el seno del Ejecutivo están “optimistas pero no confiados” aunque se avanza a “buen ritmo” en torno a, por ejemplo, los 100 millones de euros para la reconstrucción de la isla de La Palma, 30 millones para el plan de la lucha contra la pobreza, y fondos específicos para obras hidráulicas e infraestructuras turísticas.

Por ello, ha dicho que cada semana van a estar pendientes de la reunión del Consejo de Ministros con el fin de que los acuerdos se sellen “lo antes posible” y no haya que esperar a final de año, como ya ocurrió en 2025, cuando se pasó de una ejecución del 23 o 24 por ciento en el mes de septiembre “a llegar casi al 100%”.

“Ahora está la pelota en el tejado del Gobierno de España, del Consejo de Ministros, nosotros de lo que nos hemos encargado es de que cada una de las consejerías, con su homólogo ministerial, haga un punteo de cuál es la situación y, por decirlo en términos futbolísticos, que estamos en pleno mundial, que la pelota nunca esté en nuestro tejado”, ha señalado.

El portavoz ha apuntado que el Ejecutivo canario “ha tratado de ser justo en su relación con el Estado” aunque “a veces es complicado”, hasta el punto de que se ha tenido que llegar a los tribunales en materia migratoria.

No obstante, ha reconocido que se avanza en la relación con los ministerios de Hacienda o Transición Ecológica, subrayando que “esto no va de dos bandos” sino de la “colaboración interadministrativa obligatoria y necesaria” para hacer avanza a Canarias.

En ese sentido ha valorado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, es “conocedor” de la realidad de las islas a lo que se suma la “sensibilidad” del expresidente canario Ángel Víctor Torres y se ha podido “avanzar con ellos más rápidamente”.

“Aquí hay una estrategia clara, nosotros vamos en defensa de la comunidad autónoma canaria, nos está dando rendimiento”, ha agregado.

El Gobierno de Canarias se reunirá este martes en Tenerife con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para abordar las líneas del marco presupuestario del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el decenio 2027-2037 y fijar las nuevas prioridades de las inversiones, tal y como pidieron las corporaciones locales en mayo.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno, informando también de que el próximo jueves, 23 de julio, habrá una conferencia de presidentes insulares que servirá para “validar” esas nuevas prioridades del FDCAN.

Dichas prioridades son, como ya se anunció en su momento, la construcción de vivienda pública y crear nuevas infraestructuras sociosanitarias en el archipiélago.

Cabello ha querido poner el foco sobre el hecho de que este nuevo marco de financiación busca estar consensuado, y en que también se ha actuado con “lealtad institucional”, y en ese sentido ha defendido que Canarias “marca un poco la diferencia de la bronca que hay en la política del resto del Estado”.

Sobre el FDCAN que está por concluir, el del decenio 2016-2026, Cabello ha explicado que ha generado un impacto económico de 4.504 millones de euros, y que ha supuesto la contratación de miles de personas en el archipiélago.

Finalmente, en este decenio se han invertido 2.619 millones de euros, según los datos que ha dado a conocer este lunes, por lo que para el próximo se espera llegar, al menos, a esa misma cuantía.

El Parlamento de Canarias ha dado este lunes luz verde en comisión a la nueva ley que regulará la Radiotelevisión Canaria (RTVC) antes de su aprobación definitiva en el próximo pleno, un debate que avanza con acuerdos parciales, pero sin consenso. Los grupos del Gobierno (CC, PP, AHI y ASG) consideran positivo que con la nueva norma ya no se pueda bloquear la designación de los órganos de dirección, pero la oposición (PSOE, NC y Vox) coincide en que se mantiene un modelo excesivamente concentrado en la figura del administrador único, se reduce el control parlamentario, se crean nuevos órganos que podrían favorecer la designación de personas afines a los partidos y e smantiene la falta de pluralidad informativa en los medios públicos.

La diputada de CC Vidina Espino ha afirmado que la reforma nace para impedir que Radiotelevisión Canaria vuelva a quedar paralizada por bloqueos institucionales y para prestar un servicio público de mayor calidad, aunque Nira Fierro, del PSOE, ha denunciado que se mantiene un modelo excesivamente concentrado en la figura del director general y con un menor control parlamentario.

No obstante, los grupos, excepto Vox, han coincidido en que a lo largo del trámite parlamentario se han mejorado algunos aspectos del proyecto de ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la denominación oficial del texto remitido por el Gobierno.

En concreto, la socialista Nira Fierro, del PSOE, y la diputada de NC-BC Carmen Hernández reconocieron mejoras en la prohibición de la externalización de los servicios informativos, que tendrán un mínimo de 1.600 horas anuales, la mejora de la situación laboral de la plantilla y en la mayor protección de la Radio Pública Canaria.

Pero a la vez denunciaron que se mantiene la excesiva concentración de poder en el director general, propuesto directamente por el Gobierno y ratificado por mayoría absoluta en el Parlamento.

También se reducen los mecanismos de control parlamentario y las competencias del Consejo Rector, mientras que desaparecen los consejos de informativos y la obligatoriedad del mandato marco.

La diputada de Coalición Canaria Vidina Espino sostuvo que se mantiene la elección parlamentaria de la Junta de Control, pero si no hay acuerdo entre los grupos podrá nombrarse con mayoría absoluta, es decir, que ya no será imperativo el consenso.

Espino destacó el blindaje de los servicios informativos, la garantía de un mínimo de 1.600 horas anuales de producción propia, la consolidación laboral de los trabajadores, el fortalecimiento de la radio pública, la creación de un Comité Profesional y la incorporación de un código deontológico.

Todo ello, según ella, garantiza que la ley no solo no reduce la independencia del ente, sino que elimina los obstáculos que habían impedido su funcionamiento durante más de una década, ha subrayado.

El diputado del PP Carlos Ester coincidió con Espino en que la ley pone fin al bloqueo institucional de la etapa anterior y refuerza la independencia de los servicios informativos, y destacó que durante la ponencia se han incorporaron numerosas enmiendas de la oposición y aportaciones realizadas por los trabajadores y sus representantes.

Se concentra el poder en un cargo puesto por el Gobierno

La diputada de Nueva canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández señaló que Coalición Canaria quiere una Radio Televisión Canaria controlada y sin contrapesos democráticos, con una concentración de poder “omnipresente y omnipotente” en el administrador general, y denunció la institucionalización del bloqueo y que se vacíe de competencias al Parlamento.

Recordó que NC-BC presentó una enmienda a la totalidad porque el proyecto de ley incumplía los dos grandes objetivos que debía perseguir, como es la adaptación de la legislación canaria al nuevo marco estatal y europeo y desbloquear la situación institucional de RTVC.

“A día de hoy no se cumple ninguno de esos objetivos. No solo no se resuelve el bloqueo, sino que esta ley lo perpetúa e institucionaliza, y además mantiene incumplimientos respecto a la normativa estatal y europea que incluso fueron advertidos por el Consejo Consultivo”, denunció.

Reconoció que el trabajo parlamentario permitió mejorar algunos aspectos del proyecto inicial. Valoró las relativas a la protección de los derechos del personal de RTVC y el establecimiento de un mínimo de horas para los informativos canarios. Sin embargo, subrayó que los avances son insuficientes porque la norma “afecta a un derecho fundamental como es el derecho de la ciudadanía a recibir una información objetiva, veraz e imparcial”.

Para Hernández, el aspecto más grave de la ley es que elimina los mecanismos de equilibrio institucional que garantizan la independencia de los medios de comunicación públicos canarios. Criticó que deje de ser obligatorio aprobar el mandato marco, el documento que fija los objetivos y principios de actuación de RTVC, y denunció que tampoco se garantice la constitución de la junta de control, al no establecer ningún plazo para su creación.

“Han cambiado las mayorías reforzadas por mayorías absolutas diciendo que así resolvían el bloqueo, pero ni siquiera quieren fijar un plazo para constituir la junta de control”. Mientras tanto, “todas esas competencias pasan al director general”, denunció.

A su juicio, la ley concentra en una sola persona, las decisiones sobre contratación, recursos humanos, gestión y línea editorial, eliminando los controles internos y externos que deben existir en cualquier medio público. “Coalición Canaria pretende una Radiotelevisión Canaria controlada y sin contrapesos” porque, como puntualizó Hernández, es “más fácil controlar a una persona que a un órgano colegiado”.

Esta televisión, recalcó la diputada de NC-BC, “no debe estar al servicio del Gobierno ni, mucho menos, de un partido político; debe estar al servicio de toda la sociedad canaria”, afirmó.

Defendió que la misión de una radiotelevisión pública es garantizar el pluralismo político y la independencia editorial, principios protegidos por el artículo 20 de la Constitución. Recriminó la desaparición de los consejos informativos, órganos integrados por profesionales cuya función es velar por la objetividad y la independencia de los contenidos.

“El Gobierno elimina una garantía democrática consolidada y la sustituye por un supuesto comité profesional del que la ley no dice quién lo compondrá, cómo será elegido ni cuáles serán sus funciones”, reprochó. Para NC-BC, esta indefinición abre la puerta a una mayor injerencia política en los contenidos informativos de RTVC.

Carmen Hernández defendió también una enmienda in voce, finalmente aceptada por acuerdo de los grupos, para incorporar entre los principios inspiradores del servicio público audiovisual el respeto a la dignidad humana, la promoción de la salud mental, el fortalecimiento de la cohesión territorial y el fomento de la identidad canaria.

Intervenciones de Vox, AHI y ASG

Paula Jover, de Vox consideró que la norma aumenta el control político sobre Radiotelevisión Canaria, incorpora postulados ideológicos como la perspectiva de género o el nacionalismo, reduce el control parlamentario, crea nuevos órganos que podrían favorecer la designación de personas afines a los partidos y mantiene la falta de pluralidad informativa en los medios públicos.

Para la diputada de ASG Melodie Mendoza, la nueva ley fortalece la estabilidad institucional de Radiotelevisión Canaria, evita bloqueos y permite unos servicios informativos sólidos, rigurosos e independientes.

Raúl Acosta, de AHI, defendió que la tramitación parlamentaria permitió incorporar muchas de las reivindicaciones de los trabajadores, así como el blindaje de los informativos y garantías para la radio pública.

Cabe recordar que desde la llegada del nuevo director general de RTVC, César Toledo, se ha producido un goteo incesante de dimisiones en el ente público, desde el director de informativos, hasta parte del departamento de administración e incluso la administradora general del ente, María Méndez, que había sido colocada por Fernando Clavijo para dirigir el medio público, y lo hizo, hasta que fue puenteada con la designación de Toledo como director de Medios y Contenidos.

La plantilla de RTVC se encuentra, además, en pie de guerra, con un huelga anunciada por la deriva que lleva la televisión pública tras la llegada de su nuevo administrador general, a la que siguieron de inmediato ceses y dimisiones en cascada, además de continuos incumplimientos de convenio.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha reprochado este lunes al Partido Popular de las islas que siga “dedicando más tiempo a atacar a Ángel Víctor Torres que a resolver los problemas reales de Canarias”, después de la rueda de prensa ofrecida este mismo lunes por los populares para valorar, de nuevo, el dictamen de la comisión de investigación sobre el denominado caso Mascarillas, que la pasada semana ya fue objeto de debate parlamentario.

Fierro calificó la comparecencia como “una rueda de prensa trasnochada” y sostuvo que constituye “el mayor ejemplo de utilización política y partidista” de una comisión de investigación. “Han vuelto a valorar lo ya valorado. No tienen nada nuevo que aportar y solo pretenden estirar el chicle de una comisión cuyo recorrido político terminó la pasada semana en el Parlamento”.

La dirigente socialista cuestionó además la utilidad de la comparecencia de los populares. “¿Alguien me puede decir qué ha aportado hoy el Partido Popular? Nada. Exactamente lo mismo que está aportando a la política canaria: nada. Canarias necesita propuestas y soluciones, no ruedas de prensa para repetir lo que ya se debatió y quedó suficientemente aclarado”, señaló.

Fierro lamentó que los populares mantengan una estrategia basada en la confrontación en lugar de centrarse en los principales desafíos del Archipiélago. “Ojalá dedicaran la mitad del tiempo que dedican a hablar de Ángel Víctor Torres a gestionar la vivienda, la sanidad pública o la sostenibilidad. Canarias necesita soluciones, no una oposición instalada permanentemente en el ruido”, añadió.

Asimismo, rechazó las peticiones de dimisión formuladas por el PP y preguntó: “¿Dimitir por qué? ¿Por haber conseguido el Gobierno de Canarias cinco millones de mascarillas en el peor momento de la pandemia, cuando escaseaban en todo el mundo, y que contribuyeron a salvar vidas? ¿O por haber tomado decisiones políticas en el Servicio Canario de la Salud tras conocerse lo ocurrido con RR7?”.

En su opinión, ambos hechos demuestran precisamente el ejercicio de la responsabilidad política. “Ángel Víctor Torres defendió el interés general cuando Canarias más lo necesitaba. Garantizó la llegada de material sanitario imprescindible en plena emergencia y, cuando fue necesario, tomó decisiones políticas en el Servicio Canario de la Salud. Eso es actuar con responsabilidad”, afirmó.

Fierro consideró que la actitud del Partido Popular responde a la frustración por no haber logrado el objetivo político que perseguía con la comisión de investigación. “El Partido Popular está actuando como un crío al que se le acabó el juego y ahora tiene una perreta. Con el tiempo se le pasará. Tiene cura: asumir la realidad electoral y aceptar que no todo vale para intentar desgastar al adversario político”, manifestó.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias añadió que el PP de Canarias está “más preocupado por hacer méritos ante Alberto Núñez Feijóo”, que decidirá sus próximos candidatos en el Archipiélago, que “por defender los intereses de esta tierra”.

Fierro aseguró que, “si alguien debería plantearse una dimisión por dignidad política, es el líder del Partido Popular de Canarias, que ordenó a los diputados canarios de su partido votar en contra del reparto de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Eso sí fue actuar contra Canarias, dando la espalda a una tierra que necesita solidaridad y corresponsabilidad del conjunto del Estado”.

La dirigente socialista concluyó afirmando que el PSOE Canarias seguirá centrando su acción política en construir una alternativa de gobierno que dé respuesta a los problemas de la ciudadanía, frente a “un Partido Popular instalado en la confrontación permanente y alejado de las preocupaciones reales de los canarios y las canarias”.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este lunes que el Ejecutivo tiene “poca información” sobre la investigación judicial en torno a la urbanización turística de lujo Cuna del Alma, que se desarrolla en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, y ha reducido la participación del director general de Costas -que ha sido citado a declarar como investigado- a la “firma de un informe favorable”.

“Es la información que tenemos en este momento, por supuesto, máxima transparencia y colaboración con los organismos judiciales”, ha comentado a los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno y haber conversado con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez.

Antonio Acosta, nombrado por Coalición Canaria, ha sido citado para el próximo 14 de septiembre a las 10.00 horas. Se suma así al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental del Ejecutivo regional, Valeriano Díaz, también citado a declarar como investigado, y al representante legal y administradores de la promotora del proyecto, Segunda Casa Adeje SL. Todos ellos declararán el 13 de agosto.

La magistrada también ha citado, pero en calidad de testigos, al jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental del Gobierno canario, José David Marín, y al técnico autonómico Francisco Javier Carrancho, de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario. Ambos comparecerán el 16 de julio.

La causa investiga presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente por la autorización concedida a Cuna del Alma para ocupar la zona de servidumbre de protección de la costa, la franja de cien metros tierra adentro desde la orilla del mar. En ese espacio se estaban construyendo un restaurante, una piscina al aire libre y un aparcamiento para buggies, entre otras instalaciones.

La Dirección General de Costas del Ejecutivo autonómico dio el visto bueno al entender que esas instalaciones beneficiaban a la actividad turística, tal y como adelantó Canarias Ahora.

Esas obras forman parte de la urbanización de 420 villas de lujo proyectada en este paraje, rodeado de espacios naturales protegidos y lugares de interés geológico. Sin embargo, solo ocupan el 5,25% de la parcela T2, de unos 45.000 metros cuadrados. El proyecto completo abarca cerca de 430.000 metros cuadrados.

La jueza ordenó paralizar las obras en la zona de servidumbre tras estimar la solicitud de la Fiscalía, que concluyó que los usos previstos por la promotora en esa franja de protección del litoral son incompatibles con la Ley de Costas.

La magistrada ha rechazado, no obstante, extender la suspensión cautelar a todo el proyecto, como había solicitado la acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, a raíz de un informe pericial. Lo hace asumiendo el criterio de la Fiscalía, según el cual “el presente procedimiento penal se centra en las obras autorizadas en la zona de servidumbre, por lo que no procede adoptar medidas respecto del resto”.

La querella que dio origen a la causa sí se dirigía contra toda la urbanización de lujo por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación en la tramitación de la iniciativa.

La Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre (que incluye a la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje, la familia Galindo, La Gaveta20A, el Tagoror Permanente de El Puertito de Adeje y Rebelión Científica, además de particulares) llegó a aportar un informe pericial elaborado por nueve expertos que estima que dos tercios del Puertito de Adeje ya han sido dañados por las obras de Cuna del Alma.

Pero la jueza ha cerrado la puerta a paralizar todo el proyecto sin entrar en el fondo del asunto y limitándose a señalar que el procedimiento penal solo investiga las obras ejecutadas en la zona de servidumbre.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido este lunes la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la tasa de basura, por lo que evaluará sus consecuencias, así como la opción de presentar un recurso de casación.

Según han informado a EFE fuentes municipales, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, se reunirá este lunes con personal de tributos y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para analizar el contenido de la sentencia.

El TSJC declaró nula la nueva tasa de recogida de basura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al estimar un recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez contra la ordenanza que la regula, aprobada por el pleno en abril de 2024.

En una sentencia adelantada este viernes por la agencia EFE, el TSJC advierte “deficiencias” en los criterios empleados para cuantificar y distribuir la tasa y en la memoria económica-financiera en la que se apoya, por no cumplir “adecuadamente” con la función para justificar el coste real o previsible del servicio, y con los criterios empleados para su distribución entre los contribuyentes.

En su recurso, la Fundación sostenía que la ordenanza vulnera los principios de capacidad económica e igualdad, al no prever exenciones o bonificaciones para los centros docentes concertados sin ánimo de lucro, las entidades acogidas a la Ley 49/2002 y otros sujetos que disfrutan de beneficios fiscales en tributos locales como el IBI o el IAE.

Así mismo, señalaba que la nueva tasa detrae recursos destinados a la prestación del servicio educativo y resulta contraria al régimen fiscal favorable para este tipo de entidades, y cuestiona la “insuficiente motivación” del estudio técnico-económico que sirve de fundamento a la ordenanza.

Y ello porque se utilizó estudios sobre producción de residuos realizados en Cataluña para determinar la nueva cuota por generación sin haberlos publicados ni puestos a disposición de los interesados durante la tramitación del procedimiento, lo que impedía verificar su adecuación a la realidad de Las Palmas de Gran Canaria y formular alegaciones.

Sobre esta cuestión, la Sala ha apreciado que no se cumplió con las exigencias de “motivación, publicidad e información” durante la tramitación de la ordenanza, y que además tampoco se explicita en el informe técnico-económico la incidencia concreta de los datos en la determinación de las cuotas, ni la forma en que fueron contrastados con la información disponible sobre la prestación efectiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Por ello, el TSJC ha considerado que existe una “ausencia de una justificación suficiente” en el informe técnico-económico sobre “su idoneidad” como parámetro de referencia para sustentar el reparto de costes previsto en la ordenanza.

Además, ha argumentado que los estudios utilizados como soporte de la metodología aplicada no fueron incorporados al expediente sometido al trámite de información pública, pese a que la propia administración reconoce su utilización como elemento de referencia para determinar la cuota vinculada a la generación de residuos, lo que impidió formular alegaciones “suficientemente informadas” durante ese periodo.

Y es que “dichos documentos desempeñaron un papel significativo en la configuración de la cuota variable prevista en la ordenanza”, según la sentencia, que recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula la ordenanza de la tasa de basura de 2024 por no publicar íntegramente el informe técnico económico.

La Sala ha añadido que en el caso de la ordenanza de Las Palmas de Gran Canaria también resulta “insuficiente la justificación de los criterios empleados para la distribución de los costes fijos del servicio”.

El PP de Canarias ha insistido este lunes en señalar al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como responsable en la denominada trama Koldo por las compras de material sanitario durante la pandemia, y eso pese a que no está imputado ni se han hallado indicios de delito en su gestión. El PP, aferrándose al dictamen de la comisión de investigación del Parlamento de Canarias aprobado el pasado viernes, ha reclamado de nuevo de forma “rotunda” la dimisión “inmediata” del ministro. Sin embargo, ese dictamen, que obtuvo los votos favorables de CC, Vox y AHI (además del propio PP), fue rechazado por ASG, NC y PSOE, al considerar que no se basa en datos objetivos ni en hechos, sino en suposiciones y relatos, y en unas conclusiones construidas de antemano para convertir la tragedia de la pandemia en un ataque a Torres por su “fortaleza electoral”.

En una rueda de prensa conjunta este lunes, los diputados del PP Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo han criticado los “chanchullos” del ministro al “abrir la puerta” del Gobierno de Canarias a la trama Koldo, que recibió contratos valorado en algo más de 20 millones de euros -más el fallido de RR7 United por otros cuatro millones-, obviando que tanto resoluciones judiciales como pronunciamientos del Tribunal de Cuentas avalan la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Torres, y desmienten las acusaciones formuladas durante estos dos años.

Es más, tras la aprobación del dictamen, el PSOE critió lo que calificó como una estrategia basada en “mentiras, bulos, embustes, fango y basura lingüística” para erosionar la imagen pública del expresidente Ángel Víctor Torres.

Este lunes, el diputado del PP Enseñat ha insistido en que tanto Torres como el PSOE se “han limitado a hacerse la víctima, a tomarle el pelo a todos los canarios negándolo todo y sin contestar a nada y sin dar una sola explicación y a menospreciar y descalificar al Parlamento”, diciendo que “todo es un circo o un amaño”.

Cabe recordar que Torres desmontó las acusaciones vertidas por el comisionista Aldama (que no aportó ninguna prueba de lo que relataba) y que el informe final de la UCO concluyó la investigación sin hallar ningún indicio de delito en la gestión de Torres.

Los populares, sin embargo, han destacado que los hechos constatados en el dictamen son “muy graves” y entiende que Torres debe asumir sus “responsabilidades políticas” y “dar la cara” por todas las acciones que realizó en esa época.

“Como muestra y recoge el dictamen, sin Torres la trama no hubiera podido operar en Canarias”, ha señalado Enseñat.

De nuevo, hay que recordar que el dictamen ha sido elaborado por diputados del propio Parlamento canario, mientras que las investigaciones policiles no han encontrado ningún indicio de delito achacable al expresidente.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha asegurado este lunes que desde la corporación insular no permitirán “presiones de ningún lobby mediático, empresarial o de cualquier otra naturaleza” en relación con los pasos a seguir tras quedar desierta la licitación de las obras de ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030.

En declaraciones remitidas a los periodistas antes de que se produzca este lunes una reunión con el Instituto Insular de Deportes para abordar qué se hará a partir de ahora, Morales sí que ha dicho que escucharán a “todos los sectores implicados” porque lo consideran positivo, “pero las decisiones las tomará el Cabildo con plena autonomía, pensando exclusivamente en el interés general”.

La pasada semana se cumplía el plazo previsto para que las empresas interesadas presentaran ofertas para las obras del Estadio de Gran Canaria que buscan adaptarlo a las exigencias de una cita mundialista, sin que ninguna lo hiciera, por lo que el procedimiento quedó desierto.

Sobre ello, el presidente insular ha insistido en que la corporación analizará “con todo el rigor la situación creada” tras este hecho, y que lo hará “con serenidad, con responsabilidad y con el asesoramiento técnico y jurídico necesario”.

“Esto no significa que el proyecto haya fracasado, de ninguna manera, sino que significa que debemos analizar la situación, estudiar las alternativas que permiten la ley y tomar la mejor decisión posible”, ha indicado Morales.

El presidente insular ha recordado que este es un proyecto que el grupo de gobierno insular (PSOE y NC) considera “estratégico” y que, por lo tanto, trabajarán “con rigor, transparencia y determinación” para que pueda seguir avanzando, como han hecho hasta el momento con todo el proyecto para convertir a Gran Canaria en sede mundialista.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará de manera oficial la candidatura del actual secretario general de los populares canarios, Poli Suárez, a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en un acto este jueves, han señalado a EFE fuentes del partido.

El acto tendrá lugar en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria a las 19:30 horas de este jueves, 16 de julio, y en el mismo participarán, además de Feijóo y del propio Poli Suárez, el presidente de los populares canarios, Manuel Domínguez, también vicepresidente el Ejecutivo autonómico, han precisado las mismas fuentes.

Suárez es actualmente consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno canario, además de secretario general del PP de Canarias.

La presentación de Suárez de manera oficial y apadrinado por el líder nacional de su partido será dos días antes de que tanto su nombre como el de la concejala Carmen Pérez, de Santa Cruz de Tenerife, se presenten ante todo el partido en un encuentro que tendrá lugar en Santiago de Compostela para dar a conocer las propuestas que se llevarán a cada capital de provincia de España de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene.

El acto en el Hotel Santa Catalina está abierto a la ciudadanía, y servirá como pistoletazo de salida para lanzar la figura de Suárez, que ya se ha desempeñado como alcalde en el pequeño municipio de Moya, en el norte de Gran Canaria, como posible regidor de la capital grancanaria.

El PP busca con Suárez recuperar el gobierno de la ciudad más grande del archipiélago canario, que no ostenta desde el año 2015, cuando el exalcalde Juan José Cardona (2011-2015 y que ahora está en Coalición Canaria) cedió el bastón de mando al socialista Augusto Hidalgo.

El Gobierno de Canarias ha asegurado este viernes que el sistema informático Atlante no ha provocado una “parada total” de la Justicia en el archipiélago, después de un comunicado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha denunciado una “nueva oleada de incidencias” en la plataforma de gestión procesal.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado en su sesión de este viernes elevar una queja “formal y contundente” al Gobierno de Canarias para denunciar la situación de “parálisis material y absoluta” que padece el servicio de Justicia en las Islas.

Esta grave situación está provocada por una nueva oleada de incidencias en los sistemas informáticos consistentes en una “ralentización extrema y el bloqueo de funcionalidades esenciales” de la plataforma de gestión procesal “Atlante”.

Según ha informado en un comunicado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la incidencia comenzó el pasado miércoles 8 de julio sobre las 9:00 horas, cuando se detectó una ralentización generalizada en el funcionamiento del sistema informático.

No obstante, la consejería precisa que Atlante “ha permanecido operativo en todo momento”, aunque “con un rendimiento inferior al habitual”.

La consejería ha explicado que durante estos tres días se ha trabajado de forma coordinada con la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos y con las empresas responsables del desarrollo y mantenimiento de Atlante para identificar el origen del problema y resolverlo.

En este sentido, asegura que se ha prestado ayuda y soporte a las personas usuarias afectadas, con especial atención a los órganos y servicios de guardia, a fin de garantizar la continuidad de las actuaciones judiciales urgentes.

La consejería ha indicado que desde el inicio de la incidencia se informó de la situación mediante un comunicado difundido en la intranet y remitido al presidente del TSJC, a las Secretarías Coordinadoras Provinciales, a la Secretaría de Gobierno y a las organizaciones sindicales.

Asimismo, ha añadido que también se ha prestado asistencia técnica a las personas usuarias afectadas, especialmente a los órganos y servicios de guardia, con el fin de garantizar la continuidad de las actuaciones judiciales urgentes.

Por último, el departamento asegura que “se ha contactado directamente con los servicios de guardia para explicarles su funcionamiento y facilitarles la asistencia necesaria”, concluye el comunidado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado la nueva tasa de recogida de basura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras estimar el recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez contra la ordenanza que la regula, aprobada por el pleno en abril de 2024.

En una sentencia facilitada este viernes a la agencia EFE, se advierten “deficiencias” en los criterios empleados para cuantificar y distribuir la tasa y en la memoria económica-financiera en la que se apoya, por no cumplir “adecuadamente” con la función para justificar el coste real o previsible del servicio, y con los criterios empleados para su distribución entre los contribuyentes.

El recurso interpuesto ha sido defendido por despacho Acosta y Navarro, que también logró anular la ordenanza de basura del Ayuntamiento de Madrid.

En su recurso, la Fundación sostenía que la ordenanza vulnera los principios de capacidad económica e igualdad, al no prever exenciones o bonificaciones para los centros docentes concertados sin ánimo de lucro, las entidades acogidas a la Ley 49/2002 y otros sujetos que disfrutan de beneficios fiscales en tributos locales como el IBI o el IAE.

Así mismo, señalaba que la nueva tasa detrae recursos destinados a la prestación del servicio educativo y resulta contraria al régimen fiscal favorable para este tipo de entidades, y cuestiona la “insuficiente motivación” del estudio técnico-económico que sirve de fundamento a la ordenanza.

Y ello porque se utilizó estudios sobre producción de residuos realizados en Cataluña para determinar la nueva cuota por generación sin haberlos publicados ni puestos a disposición de los interesados durante la tramitación del procedimiento, lo que impedía verificar su adecuación a la realidad de Las Palmas de Gran Canaria y formular alegaciones.

Sobre esta cuestión, la Sala ha apreciado que no se cumplió con las exigencias de “motivación, publicidad e información” durante la tramitación de la ordenanza, y que además tampoco se explicita en el informe técnico-económico la incidencia concreta de los datos en la determinación de las cuotas, ni la forma en que fueron contrastados con la información disponible sobre la prestación efectiva en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Por ello, el TSJC ha considerado que existe una “ausencia de una justificación suficiente” en el informe técnico-económico sobre “su idoneidad” como parámetro de referencia para sustentar el reparto de costes previsto en la ordenanza.

Además, ha argumentado que los estudios utilizados como soporte de la metodología aplicada no fueron incorporados al expediente sometido al trámite de información pública, pese a que la propia administración reconoce su utilización como elemento de referencia para determinar la cuota vinculada a la generación de residuos, lo que impidió formular alegaciones “suficientemente informadas” durante ese periodo.

Y es que “dichos documentos desempeñaron un papel significativo en la configuración de la cuota variable prevista en la ordenanza”, según la sentencia, que recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula la ordenanza de la tasa de basura de 2024 por no publicar íntegramente el informe técnico económico.

“Insuficiente la justificación de los criterios empleados”

La Sala ha añadido que en el caso de la ordenanza de Las Palmas de Gran Canaria también resulta “insuficiente la justificación de los criterios empleados para la distribución de los costes fijos del servicio”.

En concreto, ha aludido a la falta de explicación de las razones por las que se considera adecuado atribuir una misma cuota fija a realidades tan distintas como viviendas, viviendas vacacionales, unidades alojativas hoteleras o establecimientos comerciales y la justificación del motivo por el que se prescinde de otros parámetros diferenciadores que la documentación técnica contempla como posibles criterios de distribución.

El TSJC ha hecho hincapié en que las deficiencias que ha advertido “no recaen sobre aspectos accesorios de la ordenanza, sino sobre los propios criterios empleados para cuantificar y distribuir la carga tributaria” y por ello la memoria económico-financiera no cumple con su función.

El gasto por habitante y año en políticas sociales en Canarias se acercó a la media estatal en 2024, con 407 euros en las Islas frente a los 431 del conjunto del Estado. Sin embargo, al año siguiente, 2025, sufrió un importante descenso hasta los 348 euros, y eso en un contexto de bonanza económica en las islas, con crecimiento del PIB y aumento de la recaudación vía impuestos.

Es uno de los datos aportados en el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, hecho público este viernes, y que detalla que el archipiélago gastó 7.803,4 millones de euros en políticas sociales el pasado año, lo que supone 1.747 millones más con respecto a lo gastado en 2020 -un 28,8% más-.

Tomando como referencia esa fecha, 2020, las Islas han pasado de 2.789,2 euros a 3.455,6 de 2025, lo que supone un incremento del 23,9% y 666,3 euros más, en una línea que han seguido todas las comunidades autónomas españolas salvo Cataluña.

Pese al aumento, según los presupuestos iniciales de 2026, la inversión por habitante y año en servicios sociales y promoción social en Canarias se mantiene todavía lejos de la media estatal, 457 euros, mientras que en las islas es de 376 euros-, sólo por delante de Baleares, con 288 euros.

Lejos queda la inversión canaria, por ejemplo, de los máximos que anota Navarra, que asciende hasta los 893 euros por habitante y año, más del doble de lo que invierte Canarias.

Desde la propia asociación que ha hecho este análisis, se alerta en cualquier caso de que los datos de presupuesto inicial del año 2026 deben considerarse “con toda cautela” ya que son iniciales y pueden sufrir importantes variaciones conforme avancen los meses.

El porcentaje de las políticas sociales sobre el presupuesto total de la comunidad autónoma fue, el año pasado, del 63,2%, que supone 15 puntos y medio más que lo que representaba en 2020.

Tanto los gastos en sanidad, como en educación y aquellos encuadrados como “resto de políticas” se han visto incrementados en los últimos años en volumen de inversión.

Pero no ha ocurrido igual con los servicios sociales, que, además de ir creciendo de una forma mucho más lenta, el presupuesto dedicado a ellos sufrió un descenso en 2025 respecto a las cuentas de 2024.

Así, si comparamos los gastos de 2020 con los de 2025, en Sanidad, Canarias incrementó sus partidas presupuestarias en un 24,75% -de 3.672 millones a 4.581 millones de euros-; en Educación lo hizo en un 28,28% -de 1.899 millones a los 2.436 millones de euros-. Sin embargo, hay que recordar que durante esta legislatura el presupuesto para educación se ha alejado del 5% del PIB, que es obligatorio según la Ley canaria de Educación.

Y pese al descenso experimentado en el último año, la subida en servicios sociales respecto al 2020 se situó en el 61,93% -de 486 millones de euros a los 787 millones-.

El pleno del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, ha rechazado este jueves por unanimidad de sus grupos el proyecto que prevé instalar macrogranjas marinas en el litoral del municipio, a través de una declaración institucional consensuada por PP, PSOE y NC, sobre la base de la moción del Grupo Socialista.

Así lo expresa la Corporación local en un comunicado, donde ha señalado que dicha declaración refleja la posición unánime de los grupos políticos con presencia en el pleno municipal “en defensa del territorio, el medio ambiente y los usos tradicionales vinculados al mar”.

El Ayuntamiento de La Aldea considera que este tipo de proyectos cuenta con una incidencia significativa sobre el territorio marino insular, y que por ello deben garantizar procesos reales de información, transparencia y participación ciudadana.

En este sentido, el texto aprobado destaca la necesidad de escuchar a los vecinos y vecinas de La Aldea de San Nicolás, así como al conjunto de la sociedad canaria y, especialmente, a los colectivos estrechamente vinculados al litoral, entre ellos el sector pesquero profesional, organizaciones ecologistas, asociaciones medioambientales, colectivos vecinales y el resto del tejido social.

Entre los acuerdos adoptados figura el rechazo del pleno a la instalación de jaulas marinas en las zonas de Interés Acuícola 8 y 9 del litoral aldeano contempladas en las áreas de planificación del Plan Regional de Ordenación para la Acuicultura (PROAC) para Gran Canaria.

Por este motivo, insta al Gobierno de Canarias a paralizar o dejar sin efecto cualquier autorización que tenga por objeto dicha instalación, así como a que se realicen los cambios normativos necesarios para que se excluya la planificación acuícola en ambas zonas.

Por último, se solicita al Gobierno de Canarias que paralice cualquier actuación destinada a implantar estas instalaciones; todo ello con el objetivo de garantizar la protección ambiental, paisajística y de la actividad pesquera artesanal.

Las 24 jaulas marinas proyectadas frente a las costas de La Aldea de San Nicolás y Artenara verterán cada año unas 740 toneladas de heces y residuos al fondo marino, con el riesgo de provocar “alteraciones ecológicas importantes”, según un informe de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) del Gobierno de Canarias.

La promotora es una filial de una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos, cuya instalación prevé producir 5.400 toneladas de lubina en una superficie de 47,2 hectáreas.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha rechazado este jueves, en comisión parlamentaria, el dictamen del proyecto de ley del Gobierno canario (CC y PP) para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas al considerar que “no aportará ni una sola medida eficaz para resolver el grave problema de acceso a la vivienda en Canarias”.

En este contexto, la diputada del grupo Carmen Hernández volvió a ofrecer las enmiendas de NC-BC para hacer frente a la emergencia habitacional con propuestas centradas en la vivienda pública, el alquiler, la movilización de los inmuebles vacíos y la lucha contra la especulación.

Hernández puso sobre la mesa estas propuestas como alternativa a la política del Gobierno presidido por Fernando Clavijo, que según la diputada, “protege a los intereses especuladores y la minoría privilegiada de los ricos mientras margina a la mayoría social”, subraya en un comunicado.

Carmen Hernández lamentó que los grupos que sostienen al Ejecutivo de las dos derechas volvieran a rechazar un amplio paquete de medidas planteadas por NC-BC para afrontar uno de los principales problemas de la mayoría de la ciudadanía canaria. Entre ellas, la reforma de la “obsoleta” Ley Canaria de Vivienda de 2003, el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda para reclamar una solución habitacional o una ayuda pública cuando la administración no pueda ofrecer una casa y un compromiso real con la promoción de más vivienda pública.

Mantuvo además la puesta en marcha de un plan de movilización de vivienda vacía con financiación y aval del Gobierno para ofrecer seguridad a los propietarios, así como la posibilidad de aplicar expropiaciones temporales a grandes tenedores con inmuebles cerrados sin justificación. A estas medidas sumó una política fiscal contundente para favorecer a jóvenes y familias trabajadoras y penalizar la compra especulativa de vivienda.

La diputada de NC-BC insistió especialmente en la necesidad de actuar frente a la especulación inmobiliaria y la adquisición masiva de viviendas por parte de fondos e inversores extranjeros. A su juicio, el gabinete de Clavijo ha orientado su política de vivienda “a favor de una minoría privilegiada y de los intereses especulativos, en lugar de proteger a la mayoría social canaria”, critica.

“Han hecho más que nadie a favor de la vivienda, pero de unos pocos. De quienes pueden especular, acumular y rentabilizar el suelo y las casas, no de la gente corriente de esta tierra, de los trabajadores y trabajadoras y de nuestros jóvenes”, criticó.

Culpó al Ejecutivo de CC y el PP de señalar de forma injusta a los ayuntamientos como responsables de la demora en la concesión de licencias urbanísticas. Según Hernández, el proyecto de ley no resuelve los verdaderos “cuellos de botella” de la tramitación urbanística y, sin embargo, pone todo el foco sobre las oficinas técnicas municipales para “justificar una salida privatizadora” y generar una importante inseguridad jurídica.

La parlamentaria advirtió de que la norma, procedente del Decreto Ley 3/2025, es uno de los textos más importantes de la legislatura por su impacto tanto en el acceso a la vivienda como en la ordenación y protección del territorio, “un bien escaso, frágil y especialmente valioso en un archipiélago como el nuestro”.

Lamentó que nazca “sin participación real, sin diálogo sincero y sin consenso” y recordó que su tramitación como proyecto de ley vino determinada por el Consejo Consultivo.

Nueva Canarias presentó 28 enmiendas al texto, de las que solo una fue aceptada. La propuesta incorporada contempla la posibilidad de habilitar alojamientos dotacionales para situaciones de emergencia habitacional, una herramienta pensada para dar respuesta inmediata a personas y familias que se quedan sin alternativa residencial de un día para otro.

Pese al rechazo de la mayoría de sus iniciativas, Nueva Canarias aseguró que seguirá defendiendo en el Parlamento medidas “valientes, útiles y socialmente justas, para garantizar el acceso a una vivienda digna y proteger el territorio de Canarias”, concluye el comunicado.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha confirmado este jueves que su departamento estudia la creación de una mesa de trabajo con la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, CEOE Tenerife, para abordar el absentismo laboral en las islas, con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

Cabe destacar que los sindicatos UGT, USO y CCOO en Canarias han contrarrestado en reiteradas ocasiones las críticas al mal llamado absentismo con el que la patronal incluye las bajas por enfermedad, los permisos y las vacaciones, pues a su juicio sólo un 1% de las faltas al trabajo están injustificadas.

Canarias tiene los segundos sueldos más bajos del país y los costes laborales más bajos de todo el territorio nacional. Además, el 40% del empleo en las islas es generado por el sector servicios, un sector que, según un reciente informe de CCOO, está altamente precarizado, particularmente en la hostelería, donde ha ido restando atractivo hasta pasar a definirse “como low cost, mal pagado, inestable y poco profesionalizado”.

Preguntada por la solicitud de la CEOE de Tenerife a tratar el absentismo de manera coordinada entre administraciones, sistema sanitario y tejido productivo, Monzón ha explicado que la Consejería ya cuenta con un observatorio centrado en las incapacidades temporales (IT) por causas relacionadas con la salud mental y ha considerado “muy interesante” incorporar también a la patronal a este espacio.

La consejera ha indicado que ya ha mantenido conversaciones con el presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, y ha defendido que esta iniciativa pueda extenderse también a la provincia de Las Palmas para abordar el problema desde una perspectiva regional.

“Estamos en conversaciones para podernos sentar y hablar de esta comisión para ponerla en marcha lo antes posible”, ha señalado Monzón.

La responsable de Sanidad ha reconocido que el absentismo laboral es “muy alto” tanto en Canarias como en el conjunto de España y ha subrayado que la Consejería de Sanidad “es una parte importante de la solución de ese problema” y puede contribuir a reducir las bajas prolongadas mediante circuitos específicos que agilicen pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

Según ha explicado, el objetivo es evitar demoras en la atención sanitaria que prolonguen las incapacidades temporales de los trabajadores.

Monzón ha afirmado que el Gobierno canario afronta esta posible mesa de trabajo con “ilusión” y con la voluntad de reunir a todas las partes implicadas para compartir propuestas que ayuden a reducir el “daño” que el absentismo hace a la productividad del archipiélago.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el contrato para el suministro de vehículos policiales en modalidad de renting, un acuerdo marco que permitirá continuar la renovación y modernización del parque móvil de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad.

La Junta de Gobierno ha aprobado este jueves este contrato, que cuenta con un valor estimado de 6,8 millones de euros y un plazo inicial de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

El contrato se estructura en diez lotes y ha sido tramitado mediante procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

La adjudicación se ha distribuido entre las empresas ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U. y AT CAPITAL, S.L., de acuerdo con la valoración técnica y económica de las ofertas presentadas.

ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U. suministrará los vehículos correspondientes a los lotes 1, 2, 5 y 10, destinados a furgones superligeros uniformados para Educación Vial y la UFIPOL, furgones superligeros camuflados para la unidad UE-GOIA y el transporte de canes, vehículos tipo pick-up 4x4 para la UMEC y labores de apoyo en los distritos, así como un monovolumen especializado para la Unidad de Tráfico.

Asimismo, esta empresa suministrará parte de los vehículos incluidos en los lotes 3, 6, 7, 8 y 9, conforme a la distribución establecida en el procedimiento de contratación.

Por su parte, AT CAPITAL, S.L. ha resultado adjudicataria del lote 4, correspondiente a vehículos SUV híbridos sin mampara destinados a labores de patrulla. Además, también suministrará parte de los vehículos de los lotes 3, 6, 7, 8 y 9, que comprenden SUV híbridos con mampara para patrulla ordinaria, todoterrenos 4x4 para intervenciones en zonas de difícil acceso, SUV con y sin mampara para la Unidad de Intervención y SUV híbridos destinados a los Agentes de Movilidad.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, señala que esta actuación “forma parte de la estrategia del grupo de gobierno para seguir modernizando los recursos materiales de la Policía Local y los Agentes de Movilidad, dotando al cuerpo de vehículos más eficientes, seguros y adaptados a las necesidades de cada unidad, con el objetivo de reforzar su capacidad operativa y mejorar la seguridad de la ciudadanía”.