El trilerismo de CC en pleno año preelectoral para alejar una posible moratoria turística en las Islas

Esta legislatura, con Fernando Clavijo (Coalición Canaria) al frente (aupado por el PP y los partidos minoritarios ASG y AHI, pese a que el PSOE logró la victoria mejorando sus resultados de 2019) ha estado marcada por el malestar creciente en las islas por el aumento poblacional y las elevadas cifras de turistas que están llevando a las islas hacia un colapso estructural, por mucho que desde el Gobierno canario se haya insistido en poner como principal problema del archipiélago la inmigración irregular. En solo unos meses, las Islas tendrán que regresar a las urnas y votar de nuevo, por lo que la mayoría de los partidos políticos y sus líderes se encuentran ya en una suerte de precampaña electoral.

A sabiendas de que la población canaria ha manifestado masivamente su rechazo al modelo de desarrollo actual y de que el Gobierno de CC y el PP no ha impulsado ninguna medida para ponerle límites (principal reivindicación de las protestas), desde Coalición Canaria se ha vuelto a insistir, tal y como hizo hace algo más de un año, en que una moratoria turística supone cientos de millones en indemnizaciones a los empresarios hoteleros. Es decir, y en resumen, que esta petición ciudadana, que defienden otros partidos políticos, no es viable y generaría enormes costes de dinero público, según los argumentos de CC.

En otras palabras, que lo que prometen otros partidos nacionalistas, en concreto Nueva Canarias, sería un golpe a las arcas públicas y algo irrealizable.

Sin embargo, la realidad es bien distinta.

Fue a finales de este mes de agosto, en el primer Consejo de Gobierno del nuevo curso tras las vacaciones, cuando el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, anunció que el coste para Canarias de la moratoria de 2001 y de las directrices de 2003 (cuando el presidente de NC, Román Rodríguez, lideraba el Gobierno canario bajo las siglas de CC) sería de unos 400 millones, y no los 1.000 que pedían los empresarios turísticos, apuntándose el tanto de haber logrado reducir la cantidad a pagar.

Cabello defendió que el Ejecutivo autonómico optó por cumplir las resoluciones judiciales, pero negociando sus efectos para reducir al máximo el impacto económico, insistiendo en que “hay unas sentencias que nos obligan”. Y lamentó que el actual Gobierno tenga que asumir las consecuencias de decisiones adoptadas en legislaturas anteriores. “Hoy nos toca gestionar las consecuencias de aquellas moratorias turísticas”, dijo.

Pero ahí está la clave: esas sentencias condenatorias no corresponden a la moratoria aprobada durante la etapa de Román Rodríguez y, de hecho, así lo atestiguó el propio Gobierno de Clavijo en abril de 2025, aunque el presidente insistiera entonces en lo contrario.

Así, en mayo del pasado año, cuando el Gobierno canario culpó a Román Rodríguez y a NC de dichas sentencias, el partido señalado formuló una pregunta al Ejecutivo para aclarar la situación y, en su defensa, citó un documento del propio Gobierno canario que, precisamente, exoneraba a NC.

El documento de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas aclaraba que “las sentencias” por normas de 2001 y 2003 “fueron todas desestimatorias, por lo que no hubo indemnizaciones por responsabilidad patrimonial”. Es decir, la moratoria de Rodríguez no generó ningún perjuicio económico y, por ende, una moratoria bien realizada es viable.

Ese mismo documento sí mencionó otra ley, pero de 2009, cuando gobernaba Paulino Rivero, de Coalición Canaria, que “se está actualmente trabajando en la ejecución de las sentencias, no habiéndose realizado, hasta la fecha, pago alguno en concepto de indemnizaciones”.

Por tanto, las indemnizaciones no provienen de la moratoria turística de Rodríguez, sino de decisiones y directrices del Gobierno de Rivero. Sin embargo, para defender su acusación, Clavijo argumentó que las leyes aprobadas en 2001 y 2003 eran el germen de las medidas que se tomaron en materia de moratoria turística después, las que sí conllevaron indemnizaciones, adoptadas por el Gobierno de Rivero, y, por ello, eran el origen de las sentencias condenatorias.

Al conocerse este documento del propio Gobierno canario que exculpaba a NC, en mayo de 2025, Nueva Canarias acusó al Gobierno de Clavijo de convertir “el bulo en una práctica política”, y exigió a Clavijo una rectificación inmediata “por mentir en sede parlamentaria para difamar al presidente de NC-BC, Román Rodríguez”. Dicha rectificación no llegó y 15 meses después vuelve a repetirse la historia.

De nuevo CC culpa al presidente de NC y, de paso, demoniza la idea de una nueva moratoria en las Islas, meses antes de que haya que regresar a las urnas.

Tras la nueva acusación de CC, este mes de agosto, Román Rodríguez respondió y señaló que otra vez el Gobierno canario “de las derechas” pretende trasladar a la sociedad “que no se puede hacer nada para frenar el desarrollismo turístico”, como han demandado las masivas movilizaciones en los últimos años. Pero para el líder de NC, esto “no es cierto” y pone de ejemplo el caso de Veneguera, en Gran Canaria, donde gracias a la moratoria de 2001 se consiguió frenar un proyecto turístico y, posteriormente, proteger este enclave natural.

Y mientras, en las islas siguen aprobándose proyectos para la construcción de nuevos hoteles y cientos de camas turísticas, pese a que son ya más de 18 millones de visitantes y se superan los 2,2 millones de habitantes registrados, lo que conlleva problemas como un déficit estructural en las carreteras, los servicios públicos (transportes, limpieza, etc.), la depuración de aguas, la generación de aguas y de energía, la gestión de los residuos, la protección de los parajes naturales y la escasez de vivienda, entre otros.

Al mismo tiempo, los sueldos en Canarias siguen siendo los segundos más bajos del país, con los costes laborales más bajos, mientras la cesta de la compra sigue estando entre las más caras del país y con precios en el mercado inmobiliario más propios de la península y solo al alcance, en muchas ocasiones, de inversores extranjeros.

Quiénes recibirán los 400 millones

Aunque ha sido preguntado por ello, el Gobierno de Canarias no ha facilitado un listado de los grupos empresariales beneficiarios del acuerdo alcanzado tras las sentencias condenatorias por la ley de 2009, la de Paulino Rivero, pero sí aclaró que ya ha efectuado su primer pago y que cuenta con hasta 36 expedientes independientes en su haber. Además, confirmó que hay un beneficiario que recibirá la mayor parte de la cuantía total, al menos del 60% de los 400 millones.

Según la agencia Europa Press, que cita a “medios”, ese beneficiario podría ser el grupo Lopesan -que recibiría en torno a 260 millones con intereses-, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el Ejecutivo regional, así como tampoco por el propio grupo empresarial, que no ha querido pronunciarse al respecto.

El Ejecutivo canario calcula que si se agota el plazo estimado de pago -el primero de ellos se efectuó en julio-, el importe a abonar podría ascender a cerca de los 460 millones de euros con intereses. La previsión de pago depende, asimismo, de un procedimiento ahora en manos de la Consejería de Hacienda, encargada de desarrollar el expediente, liberar los créditos, hacer la transferencia a la Consejería de Política Territorial y esta efectuar finalmente el pago.