Tiene movilidad reducida y la crisis de vivienda la empuja a residir en un trastero prestado en un quinto sin ascensor

Vivian de La Caridad Suárez es uno de los rostros de la crisis de vivienda que se ha acrecentado en los últimos años y que golpea en especial a las personas más vulnerables. Pese a que no puede caminar sin la ayuda de su andador se ve obligada a residir en un trastero que le ha prestado un buen amigo en un quinto piso sin ascensor de un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, pero en el que no puede quedarse mucho más tiempo, ya que las condiciones no son las más adecuadas para ella. Cuenta que tarda hasta dos horas en bajar esas infinitas escaleras empinadas que la conducen a la calle para comprar comida, ir al médico o a por sus medicinas a la farmacia porque se cansa y porque es muy complicado bajar y subir con el andador. “Aquí paso hasta hambre”, asegura Vivian, que muchas veces no puede salir a comprar comida.

Esta mujer, que llegó de Cuba en el año 2019 solicitando su baja consular, asegura que decidió venir a Canarias porque sus padres y abuelos eran de aquí. En Cuba era ingeniera civil. En Gran Canaria trabajó un tiempo hasta que empezó a sentirse mal de una pierna. Le diagnosticaron fibromialgia y después enfermó de cáncer de mama “de alta agresividad” que requiere de seguimiento en la actualidad. Todo ello la ha llevado a su condición actual de persona con discapacidad que depende de muchos fármacos y tiene muchas dificultades para caminar, además de problemas gástricos, incontinencia urinaria y otros problemas de salud que le impiden trabajar a sus 61 años.

Vivian es perceptora de la renta canaria de ciudadanía (733 euros al mes), tiene reconocida una discapacidad del 49% y ha solicitado la ayuda a la dependencia, la cual está esperando. Distintos avatares de la vida la llevaron a que con esta prestación no pudiera pagarse un alquiler, ya que es lo que cuesta un pequeño estudio en la isla y que es lo que asegura que ella necesita. Su buen amigo le prestó este cuarto de manera desinteresada (sin cobrarle nada) en la azotea temporalmente hasta que ella pudiera tramitar una prestación o acceder a una vivienda adecuada con ayuda de una institución pública.

Empezó a residir en este lugar en diciembre de 2024, pero su amigo y su esposa le habían avisado hace tiempo de que a finales de este mes de agosto necesitan ese cuarto trastero para uso de su familia, ya que habían acordado que sería prestado sin contraprestación económica de forma temporal. Además, las condiciones de salud de Vivian se han agravado y el trastero no reúne las condiciones necesarias para que ella viva. El matrimonio además lo componen personas mayores que tampoco pueden ayudarla subiendo y bajando esas escaleras. “Yo les estoy muy agradecida con lo que han hecho hasta ahora”, asegura Vivian. “Yo lo que quiero no es que me den una casa. Quiero que las instituciones me ayuden con un techo en el que vivir”, insiste. Pero lamenta que aunque siente que el pueblo canario “ayuda” los gobernantes no siempre “sienten el dolor ajeno” en especial con la situación de la vivienda.

La lucha por una vivienda adaptada

“Lo que hago no es un reproche al pueblo canario que me ha tratado muy bien siempre, es a los gobernantes, que me ayuden para poder pagar un estudio en condiciones en una primera planta o en un piso con ascensor porque gano 700 euros y así no me hacen un contrato de alquiler”, explica Vivian.

La mujer se ha movido en los últimos meses tocando las puertas de varias instituciones. Muestra con documentos cómo ha solicitado entrar en el programa Canarias Prohogar del Gobierno de Canarias, pero a mediados de agosto se le respondió que le faltaba documentación. Asegura que le insisten en que es un programa para personas en situación de desahucio judicial y que en su caso ha aportado que tiene que dejar ese trastero prestado a finales de agosto y que se trata de una persona con discapacidad, por tanto, vulnerable.

Vivian recuerda que en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma se recoge que “Canarias Prohogar dota de una bolsa de viviendas destinadas a aquellos casos de especial urgencia y necesidad, con atención singular a quienes presenten circunstancias o situaciones especialmente sensibles como discapacidad, violencia de género, etc”. Por lo tanto, la discapacidad, como es su caso, está recogida.

Asimismo, muestra que es demandante de vivienda protegida en Canarias. Una solicitud que realizó en mayo de este año haciendo hincapié en su condición de discapacidad. En las Islas hay más de 34.000 demandantes de vivienda protegida y este año han cambiado los requisitos y en lo que va de año no ha adjudicado la construcción de ninguna vivienda protegida de promoción pública.

En su pequeño cuarto adaptado indica las evidencias de toda la información que ha recopilado y los informes y las solicitudes que ha enviado. También al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a quien ha solicitado el informe de vulnerabilidad social, del que asegura que no le han facilitado aún una copia.

“La diputada del común sí se ha interesado por mi caso y han abierto expediente y han hecho seguimiento”, asegura. “También he acudido al Defensor del Pueblo”, afirma.

Vivian asegura que seguirá luchando hasta conseguir mejorar sus condiciones. En Gran Canaria no tiene familia y su amigo en la isla ya le ha ayudado bastante todo este tiempo. Asegura que se ha caído ya varias veces y que este trastero no reúne las condiciones idóneas dadas sus circunstancias.

Esta redacción ha contactado con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias para valorar el caso de Vivian y solo comentaron que se está evaluado por el ICAVI sin que hayan dado detalles al periódico hasta el momento sobre el caso. Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tampoco se ha obtenido respuesta por el momento sobre si se conocía el caso.