El Instituto Canario de la Vivienda solo ejecutó el 12% de su presupuesto en la primera mitad del año

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) solo gastó el 12,8% de su presupuesto en la primera mitad del año, según el balance de ejecución publicado recientemente por la Intervención General del Gobierno de Canarias. Es el segundo porcentaje más bajo de todos los organismos autónomos y entes de derecho público del Ejecutivo regional, solo por detrás del Consorcio de El Rincón, que prácticamente no tiene actividad (5,01%). La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad también registró el segundo peor nivel de ejecución entre las consejerías, con apenas un 15,7% de sus fondos gastados.

Las cifras indican la lentitud de las políticas de vivienda en Canarias pese a que la emergencia habitacional es el segundo problema que requiere una solución más urgente en las Islas, según el último Sociobarómetro del Archipiélago, de noviembre de 2025.

De los 219,2 millones de euros presupuestados este año para el ICAVI, solo se han gastado 28,1 millones. De los 525,9 millones asignados a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, dirigida por Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), solo se han ejecutado 83 millones.

No es la primera vez que el ICAVI presenta un porcentaje tan bajo. El año pasado había gastado el 11,8% de sus fondos a mitad de año y, en 2024, el 15,3%. El Instituto consiguió remontar en ambos casos y cerrar los ejercicios con un 89% y un 90,3% de ejecución, respectivamente. Algo parecido ocurre en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. A mitad de 2025 solo había ejecutado el 21,4% de su presupuesto, pero terminó el año con el 82,9%. En 2024 pasó del 12,75% al 71,92%.

El ICAVI ha tenido un año convulso por la dimisión de Antonio Ortega, su director entre el verano de 2023 y febrero de este año, tras ser procesado por delito sexual, tal y como reveló en exclusiva Canarias Ahora. Pino de León, quien fuera responsable de ese mismo organismo entre 2017-2019, ha vuelto a ocupar el cargo.

El Instituto había previsto a principios de año sacar a licitación cuatro promociones de vivienda pública. Pero, de momento, no ha adjudicado la construcción de ninguna: la promoción de 133 viviendas públicas en Tenerife quedó desierta al no presentarse ninguna oferta.

Sí ha formalizado, en cambio, un contrato con la empresa Fachadas Dimurol para la rehabilitación energética de 88 viviendas en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, por 1,67 millones de euros. También ha contratado a Factoría, Gestión y Consultoría por algo más de medio millón de euros para ayudar al organismo público a gestionar el registro de demandantes de vivienda protegida en Canarias.

El ICAVI ha reconocido en la memoria justificativa de la licitación que sufre una “evidente y acreditada” carencia de personal para acometer las tareas relacionadas con el registro de demandantes de vivienda, que cuenta con más de 34.000 personas inscritas.

Factoría, Gestión y Consultoría prestaba hasta ahora este mismo servicio de apoyo con 22 trabajadores, pero su contrato concluyó el 7 de agosto de 2026. En 2025 llegó a realizar un total de 17.863 atenciones de información y orientación a la ciudadanía y apoyó de manera directa en la tramitación de 13.263 expedientes de inscripción en el registro.

El Gobierno regional tuvo que licitar de nuevo la asistencia y ahora sostiene que serán necesarios 13 trabajadores, frente a los 22 anteriores, debido a la nueva regulación del registro público de demandantes de vivienda protegida en Canarias, que, según el Ejecutivo, “simplifica el procedimiento”.

Este nuevo registro elimina el sorteo para adjudicar vivienda pública y exige doce años de arraigo para solicitar una VPO, una medida que colectivos sociales calificaron de “discriminatoria e ineficaz”. El Gobierno prevé, además, un “importante incremento” de las inscripciones, tanto por la simplificación administrativa que defiende como por la ampliación de los niveles máximos de ingresos para poder optar a las viviendas.

Entre las funciones encomendadas a estos nuevos trabajadores están la atención e información a la ciudadanía, el apoyo directo en la tramitación de expedientes, la asistencia en la adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción, el apoyo a las entidades locales en la gestión del registro en sus propios municipios y la culminación de todos los expedientes pendientes de tramitación acumulados con anterioridad al nuevo decreto.

Todo ello en un Instituto Canario de la Vivienda en el que, de 221 plazas, 54 están vacantes, según la última actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo público.