Canarias habrá perdido en 2030 casi la mitad de las viviendas protegidas que ha construido desde 1991

A la crisis de vivienda protegida en Canarias hay que sumarle un problema más, por si no fuera suficiente. Una investigación de la Fundación CIVIO ha revelado que al menos 14.200 de las 36.650 viviendas de protección oficial (VPO) construidas en el Archipiélago desde 1991 habrán perdido su régimen de protección antes de 2030.

Casi todas son VPO de promoción privada cuya protección expira de manera automática a los 30 años, de acuerdo con la Ley de Vivienda de Canarias de 2003, momento en el que pasan al mercado libre.

A esa cifra podrían sumarse otras 5.700 viviendas, también promovidas por entidades privadas, que pueden perder su régimen de protección de forma anticipada mediante un proceso de descalificación voluntaria antes de alcanzar el plazo máximo.

Esta suerte de cláusula de escape permite descalificar una VPO transcurridos los primeros 15 años desde su adjudicación a cambio de devolver las ayudas públicas recibidas. Solo puede aplicarse a inmuebles anteriores a 2005, cuando la legislación aún contemplaba esa posibilidad, y siempre que concurran determinadas circunstancias, como un traslado por motivos laborales, una separación o la necesidad de acceder a una vivienda de mayor tamaño en el caso de las familias numerosas. Pasados 20 años, ya no sería necesario acreditar ninguno de estos supuestos.

En cualquier caso, todas estas viviendas habrán pasado al mercado libre antes de 2036, si no lo han hecho ya.

Es imposible determinar cuántas viviendas han perdido su régimen de protección porque el Gobierno de Canarias carece de esa información, según reconoció el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en una respuesta a una solicitud de información pública presentada por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia.

Por ello no es posible saber con exactitud cuántas VPO habrá perdido Canarias para 2030. En el escenario más conservador, que solo tiene en cuenta las viviendas cuya protección expirará de forma automática, la cifra ascendería a 14.216, el 38,7% de las 36.649 construidas desde 1991. Si se incluyen además aquellas que pueden ser descalificadas voluntariamente antes de esa fecha, podría elevarse a 19.952, el 54,4% del total.

Para más inri, la Fundación Civio recuerda que el Gobierno de Canarias aprobó en 2023 un decreto que permite la venta de 10.500 viviendas protegidas anteriores a 1996. Pero, por ahora, ese decreto es papel mojado. La empresa canaria de vivienda social, Visocan, no tiene ninguna intención de aplicarlo por miedo, ha dicho, a perder los ingresos que obtiene de las rentas de las 6.000 VPO que gestiona y entrar en bancarrota. Y otras fuentes consultadas sostienen que el ICAVI ha mostrado la misma oposición.

Civio ha radiografiado el estado del parque de vivienda protegida en Canarias construido desde 1991, el primer año desde que hay cifras públicas, ante la histórica falta de datos oficiales. La Fundación ha calculado las viviendas existentes a partir de las estadísticas de calificaciones definitivas de VPO del Ministerio de Vivienda, los datos aportados por la Comunidad Autónoma a raíz de una solicitud de información en base a la Ley de Transparencia y otras cifras oficiales.

Además de las 36.649 levantadas desde 1991, hay que sumar otras 6.200 construidas entre los años 60 y 1990. Eso hace un total de 42.849 viviendas protegidas en las Islas.

De ellas, 2.780 VPO ya han perdido su régimen de protección: son las de promoción privada construidas antes de 1995. A estas se sumarán otras 17.172 viviendas, también de régimen privado, edificadas entre 1996 y 2005, que agotarán sus 30 años de calificación definitiva en 2035 (o incluso antes si sus adjudicatarios optaron por la descalificación voluntaria). Otras 4.311 de la misma tipología lo harán a partir de esa fecha.

En cuanto a las públicas, hay 18.413. Las anteriores a 1996, es decir, un total de 10.500, “se ofrecerán en venta” a sus inquilinos, según establece el Decreto 1/2023. Las posteriores a ese año, 7.913, seguirán siendo públicas “mientras no se proceda a su enajenación”, de acuerdo con otro decreto aprobado por el Gobierno de Canarias en 2024. Además, 173 viviendas públicas ya fueron entregadas en propiedad y han perdido, por tanto, su carácter permanente.

No fue hasta 2024 cuando el Ejecutivo regional blindó por ley la protección permanente de las viviendas públicas, impidiendo que puedan perder esa condición las construidas a partir de esa fecha. Las de promoción privada, sin embargo, seguirán teniendo una duración “general” de treinta años.

La pérdida progresiva de VPO construidas con dinero público es una de las principales causas de la crisis de vivienda actual. La Fundación Civio ha constatado en su investigación que España habrá perdido la mitad del millón y medio de VPO construidas desde 1991 como consecuencia de las políticas autonómicas, que han establecido distintos periodos de protección en función del territorio. La excepción la ha marcado el País Vasco, que en 2002 declaró la protección permanente de todas sus viviendas protegidas. Luego se han sumado otras comunidades.

La desprotección de una VPO tiene como principal resultado su incorporación al mercado libre. Eso significa que decaen las restricciones sobre quién puede acceder a ella según su nivel de ingresos y respecto a su precio, tanto de venta como de alquiler.

Es habitual que fondos compren esos pisos y luego los revendan mucho más caros, obteniendo una plusvalía. O que sus dueños eleven el precio del alquiler de manera desorbitada a las primeras de cambio. La falta de información sobre su situación también dificulta el control público y favorece prácticas irregulares, como la ocupación irregular de VPO vacías, el subarriendo no autorizado o la venta de inmuebles que todavía mantienen algún tipo de protección.

Es un proceso de “gentrificación por descalificación”, dijo a Canarias Ahora el catedrático en Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Juan Manuel Parreño.

“De alguna manera hay una transferencia de ayuda pública a patrimonios privados, pero lo peor es que esto puede suponer un incremento de precios al mismo tiempo que reduce el parque protegido disponible. Incluso en algunos casos, la descalificación puede suponer la sustitución poblacional por hogares con más ingresos”, señaló.

El parque de vivienda pública en Canarias ronda los 19.000 hogares en estos momentos. Hay, no obstante, más de 34.000 demandantes de VPO. Algunos llevan inscritos en el registro desde 2010. Otros forman parte de familias numerosas de hasta diez miembros. Y también los hay con grados de discapacidad superiores al 95%, según ha podido saber este periódico.

El Gobierno de Canarias ha publicado recientemente un visor interactivo de vivienda protegida que permite seguir el estado de las promociones en el Archipiélago. Según esta herramienta, hay 1.817 viviendas planificadas, otras 1.966 en construcción y solo 248 finalizadas desde 2024. El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), cree que el visor evidencia “el esfuerzo inversor y la acción pública que se está desarrollando” en las Islas.