Emergencia habitacional en Canarias: datos, nuevas movilizaciones y principales reivindicaciones

Las islas padecen una crisis habitacional sin precedentes. Por ello, colectivos sociales convocan tres movilizaciones en el archipiélago que se enmarcan en la campaña estatal por el derecho a la vivienda, bajo el lema: “la vivienda nos cueste la vida”. Los convocantes aspiran a que sean “un punto de inflexión” en la lucha contra la crisis de vivienda que sufre Canarias.

La plataforma Derecho al Techo ha convocado en las Palmas de Gran Canaria el sábado 20 de junio a las 11:00 una manifestación que irá desde el Parque del Canódromo, en el barrio de Schamann hasta el Parque de Don Benito. En La Palma será el día 26 de junio, a las 18:00, en la Plaza España de los Llanos de Aridane. Y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife convoca a otra movilización para el día 27 de junio a las 11:30, en el parque estudiante Javier Fernández Quesada, en San Cristóbal de La Laguna. 

El aumento de la población, la presión turística con sus viviendas vacacionales y una gestión política que los colectivos sociales califican de “absoluto fracaso” han generado una situación de colapso que dibuja una radiografía alarmante en la que se expulsa a los vecinos de sus barrios y deja a familias en la calle.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Canarias hubo 1.426 desahucios el año pasado. Casi el 80% de ellos fué por impago del alquiler. La crisis de la vivienda es uno de los factores principales por los que cada vez es más difícil salir de la pobreza. Hay casi 700.000 personas que están en riesgo de exclusión social en el archipiélago, es decir, sus ingresos son inferiores a 965 euros al mes, lo que supone más del 30% de la población, según la Red Europea de Lucha contra la pobreza.  

Mientras, los precios de la vivienda no dejan de subir. En febrero de 2024 entró en vigor el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias, por el que se declaraba la emergencia habitacional del archipiélago. Desde entonces, el precio de la vivienda en las islas no ha dejado de aumentar. Actualmente, se sitúa en los 2.234 euros/metro cuadrado, volviendo a batir su récord histórico. Supone una subida del 13,6% respecto al año pasado. 

Según los convocantes de las movilizaciones por el derecho a la vivienda “esta realidad no es fruto de una evolución natural del mercado, sino la consecuencia directa de políticas que han favorecido la especulación y la mercantilización de un derecho básico”.

En Canarias hay un total de unas 18.000 viviendas públicas lo que supone menos del 2% de todo el parque residencial del archipiélago, según Provivienda. Sin embargo, actualmente hay 34.000 los demandantes de vivienda pública. Y en los últimos tres años sólo se entregaron 24, según el propio Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI). 

Casas vacías hay muchas más. Se estima que son unas 211.000 las casas que están deshabitadas en las islas. Suponen aproximadamente una de cada cinco. El dato surge del Censo de Población y Viviendas 2021 del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mayoría de estas viviendas vacías están concentradas en municipios turísticos y en las capitales, siendo Las Palmas de Gran Canaria el municipio con más viviendas vacías de todo el archipiélago. 

Pero el Gobierno canario sólo ha movilizado una vivienda vacía en los últimos diez años. El ICAVI confirmaba vía Transparencia que solo ha conseguido incorporar al mercado una casa deshabitada desde 2015. Fue en 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Pero el Gobierno canario promete movilizar cien viviendas en los próximos dos años con sólo un millón de euros.  

Hasta la patronal de las empresas inmobiliarias está de acuerdo con poner en venta o alquiler las viviendas vacías. La Asociación de Consultoras Inmobiliarias asegura que Canarias necesita como mínimo 44.000 viviendas para cubrir la demanda actual. Bastaría con movilizar una quinta parte de las viviendas que están cerradas. 

Con esta situación de crisis habitacional la ocupación ha descendido en el archipiélago más de un 10% en 2025, según el Ministerio del Interior. El año pasado se registraron 596 delitos de usurpación y allanamiento de morada en Canarias, siendo la principal causa el impago del alquiler. 

Y a la vez, Canarias es de las comunidades donde los rentistas tienen más propiedades. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, tienen la mayor concentración de multiarrendadores, donde cerca del 65% de los caseros posee dos o más viviendas en alquiler, un porcentaje superior a los de Madrid o Barcelona. En el archipiélago hay más de 50.500 propietarios con más de 4 inmuebles. Otros casi 14.000 propietarios tienen entre 11 y 25 viviendas, y hay casi 3.000 con más de 25 propiedades. 

La población canaria sitúa la vivienda como principal problema y un 90% cree necesario cambiar el modelo turístico. Convirtiendo a las islas en la tercera comunidad en la que más se busca vivienda sin éxito, según el INE, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. 

La Ley canaria de alquiler vacacional tampoco ha rebajado la precio de la crisis de vivienda. Los pisos turísticos disponibles han pasado de 47.100 a 42.300. El Ministerio de Vivienda instaba el mes pasado al Gobierno de Canarias a inspeccionar y cerrar “las más de 14.200 viviendas turísticas ilegales que ha detectado el Registro de la Propiedad en este año”, lo que convierten a las islas en la cuarta comunidad con más incidencia de este problema. “Podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible en Canarias, en lugar de expulsar a miles de canarios y canarias de sus barrios, de sus ciudades y, en definitiva, de sus islas”, aseguraba desde el Ministerio. 

Medidas urgentes de aplicación inmediata

Frente a esta situación, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife y Derecho al Techo en Gran Canaria defienden un Plan de Emergencia Habitacional, en el que se incluyen de 13 medidas urgentes que pueden ser de aplicación inmediata, “dirigidas a intervenir directamente sobre el mercado de la vivienda y acabar con la gentrificación de nuestros barrios”, aseguran. 

La primera medida es la declaración inmediata de zonas tensionadas y aplicación efectiva de topes al alquiler, a lo que el Gobierno de Fernando Clavijo se ha negado insistentemente, llegando a desechar la idea de declarar Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada, afirmando que en Canarias “no hay grandes tenedores de vivienda”. 

Los colectivos convocantes también proponen alquileres indefinidos para garantizar estabilidad habitacional, y la recuperación de viviendas vacías mediante políticas fiscales “contundentes” a grandes tenedores, como las de bancos o fondos buitre para destinarla a vivienda protegida y/o alquiler asequible. Proponen que se les incremente el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y se les penalice fiscalmente por tener vacías las viviendas, en lugar de los actuales incentivos voluntarios.  

También plantean el fin de la compra especulativa de vivienda, con prohibición de adquisición por parte de fondos de inversión, empresas, grandes capitales y personas físicas, sin importar origen.

Exigen la eliminación de campañas institucionales para atraer nómadas digitales, “que tensionan el mercado residencial y reducen la oferta de vivienda habitual”. También reclaman el control del suelo público para poner “fin de su cesión a intereses privados o turísticos, adecuación de la planificación urbanística a la capacidad de carga del territorio insular y regulación de la implantación de franquicias mediante instrumentos urbanísticos”, que protejan el comercio de proximidad y la diversidad económica de los barrios.

Ambos colectivos rechazan contundentemente los criterios excluyentes en el acceso a vivienda pública, y piden que se eliminen los requisitos económicos o administrativos que expulsan a los sectores más precarizados del acceso a la vivienda social. 

Las organizaciones reclaman la recuperación de pisos turísticos y alquileres temporales para su incorporación al uso residencial, incluyendo la paralización de nuevas licencias de vivienda vacacional. Requieren que se amplíe y blinde el parque público de vivienda mediante la incorporación de vivienda de la SAREB y otros activos públicos, evitando su privatización futura.

Otras de sus propuestas son: el Derecho de tanteo y retracto para las administraciones públicas en la compra de edificios, la obligación de destinar el 50% de toda nueva construcción o gran rehabilitación a vivienda pública o alquiler asequible.

Y por último piden la suspensión total de los desahucios sin alternativa habitacional garantizada por las administraciones públicas, y que se ilegalice a las empresas de desocupación para poner fin a los desalojos extrajudiciales.

Abrir un nuevo ciclo de movilización social

Las organizaciones critican que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del archipiélago” y denuncian que el actual modelo económico “ha transformado la vivienda en un activo financiero” al servicio de la especulación inmobiliaria, los fondos de inversión y los grandes propietarios. “La vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía sometida a la lógica del beneficio privado”, aseguran.  

Desde Derecho al Techo y el Sindicato de Inquilinas de Tenerife hacen un llamamiento para participar en las manifestaciones del próximo 20, 26 y 27 de junio, para convertirlas en una demostración de fuerza capaz de abrir un nuevo ciclo de lucha por el derecho a la vivienda en Canarias.

Cuándo y dónde serán las manifestaciones: