El Tribunal de Cuentas investiga a la empresa pública Balsas de Tenerife por presuntos sobrecostes y “puertas giratorias”
El Tribunal de Cuentas del Estado tiene abiertas diligencias desde el pasado 16 de junio para investigar un presunto “menoscabo de fondos públicos” tras la denuncia de la asociación Corrupción Cero, quien apunta presuntas irregularidades en la empresa pública Balsas de Tenerife (BALTEN). El Tribunal de Cuentas ha dado traslado inmediato de las actuaciones al Ministerio Fiscal.
La denuncia también ha sido enviada a la Fiscalía Anticorrupción de la delegación de Tenerife, y señala un reguero de presuntas irregularidades: desde el mantenimiento del precio del agua de riego respecto al que se pagaba durante la emergencia hídrica de 2024, aunque ya no haya sequía, hasta una cadena de contrataciones presuntamente llenas de puertas giratorias y conflictos de intereses.
En 1983 se empezaron a construir 10 embalses para 17 municipios del norte de Tenerife con una capacidad total de 3,25 hectómetros cúbicos, fue el Plan de Balsas del Norte de Tenerife. El Cabildo Insular, con la participación del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y el Gobierno de Canarias, construyó una infraestructura que aprovecha el agua de las galerías que los agricultores desperdician en invierno, para disponer en verano de 300 litros por segundo en el norte de la isla.
Esta es la historia de cómo se creó la empresa pública Balsas de Tenerife. En la actualidad, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción tienen sobre la mesa una denuncia firmada por Juan Manuel Pérez, presidente de la Asociación Corrupción 0, que pone el foco en Ana María Sánchez, quien ejerció como gerente de BALTEN entre el 9 de septiembre de 2021, hasta su cese el 28 de febrero de 2025, según el informe Jurídico interno de BALTEN.
“Puertas Giratorias”
Según expone el documento de denuncia, tras su cese de la empresa insular BALTEN, Ana Sánchez pasó a desempeñar funciones directivas como directora adjunta en Servicios de Aguas del Valle, S.A. (SAVASA). Esta incorporación resulta especialmente controvertida porque SAVASA fue una de las entidades directamente beneficiadas por las modificaciones económicas al alza aprobadas por BALTEN durante su mandato y con su participación directa como gerente.
Según la denuncia, a este hecho se suma el nombramiento de su marido, Braulio Domínguez, como gerente de TEIDAGUA en diciembre de 2024. Y hay que tener en cuenta que esta empresa está participada al 50% por CANARAGUA. Porque fue precisamente bajo la gerencia de su mujer Ana Sánchez, cuando BALTEN adjudicó a CANARAGUA un contrato de operación y mantenimiento de redes por un valor estimado de más de 5,8 millones de euros. No era la oferta más económica de las tres que se presentaban. En la denuncia se solicita que se investigue si estos hechos constituyen un “conflicto de interés estructural” y una situación de “puerta giratoria”.
Las acusaciones de favoritismo en las licitaciones se sustentan en los propios registros oficiales. Según la resolución de la Plataforma de Contratación del Sector Público aportada a la causa, el contrato de mantenimiento otorgado a CANARAGUA se cerró por un importe fijo de 695.500 euros y se formalizó el 30 de octubre de 2024. El propio documento oficial confirma que la entidad pública desechó otras ofertas más económicas a favor de la empresa con la que la gerencia tenía aparentes vínculos.
Precios de sequía en tiempo de lluvias
Al igual que la gasolina cuando hay escasez de petróleo, con el agua ocurre lo mismo. Durante la emergencia hídrica de 2023 y 2024, con los embalses casi vacíos, en niveles críticos del 12,8%, BALTEN justificó modificar excepcionalmente y de manera urgente el precio del agua de riego, encareciendo el suministro a proveedores como SAVASA. La empresa Balsas de Tenerife argumentaba que había “riesgo de desabastecimiento agrícola” y que esta empresa suministradora amenazaba con cortar el suministro del agua si no se cubrían sus costes.
Según el denunciante, todo esto provocaría un grave perjuicio económico a las arcas insulares. La documentación aportada en las denuncias detalla que el agua extraída del Pozo Patronato (gestionado por SAVASA) pasó de costar un 46,43% más caro, de un 0,420 €/m³, a 0,615 €/m³, el Pozo La Calderona se encareció un 66,75%, ya que pasó de 0,412 €/m³ a 0,687 €/m³, y el Pozo Chivana se encareció un 60,19%, de 0,520 €/m³ a 0,833 €/m³.
Sin embargo, el escenario meteorológico cambió radicalmente a principios de 2026. Las intensas lluvias de la borrasca Therese dejaron los embalses prácticamente llenos, alcanzando casi un 90% de su capacidad. Esto motivó que el Cabildo de Tenerife levantara oficialmente la declaración de emergencia hídrica el 1 de marzo de 2026. Pero aunque desapareció totalmente esta situación excepcional de sequía, la denuncia señala que BALTEN no ha revertido estos precios. Según la asociación denunciante Corrupción Cero, pagar el agua a precio de sequía extrema en época de abundancia podría constituir el “menoscabo a los fondos públicos”, que ahora deben dirimir el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía.
El caso no solo salpica presuntamente a la anterior gerencia de la empresa pública, sino que apunta directamente a la actual cúpula política de la isla. El escrito, dirigido expresamente a la atención de la Presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acusa a la corporación insular de una flagrante “inactividad”.
El denunciante advierte de que el gobierno insular podría estar “consintiendo” estas presuntas irregularidades al no ordenar la reversión de los precios del agua pese a tener los embalses al máximo de su capacidad, lo que supondría un quebranto patrimonial continuado.
Este periódico ha contactado con Ana María Sánchez, exgerente de BLATEN y actual directora adjunta de la gerencia de SAVASA, que asegura que no ha sido notificada por ninguna instancia judicial. Niega las acusaciones de puertas giratorias, y sin querer hacer más declaraciones, recuerda que dejó la gerencia de Balsas de Tenerife en enero de 2025.
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