Una historia de actualidad que tiene casi 100 años: la crisis de vivienda y la huelga de alquileres en Tenerife de 1933

Durante la primavera y el verano de 1933, Santa Cruz de Tenerife fue escenario de una de las luchas sociales más relevantes de la historia de Canarias: una huelga de alquileres. Duró desde el 4 de abril hasta el 7 de julio y culminó en una huelga general de dos días, que acabó desembocando en una espiral de violencia callejera y represión institucional.

La capital tinerfeña llevaba años sufriendo una crisis habitacional sin precedentes. El puerto había atraído a multitud de trabajadores que migraron de zonas rurales y de otras islas, provocando que la ciudad creciera en treinta años, de 38.000 a 62.000 habitantes, según el historiador Carlos David Aguiar.

Era común que las familias de clases medias vivieran hacinadas en las “ciudadelas”, un tipo de vivienda colectiva barata que el profesor Ramón Pérez González describe como: “construcciones de habitaciones independientes entre sí, desarrolladas por lo general en planta baja y de dimensiones siempre reducidas, dispuestas a ambos lados de un callejón ciego o en torno a un patio y que comparten el acceso común y con frecuencia los retretes y la cocina”.

La situación empeoró cuando los precios del alquiler llegaron a suponer el 80% del sueldo medio. Los arrendadores y administradores exigían alquileres de entre 75 y 125 pesetas mensuales, mientras que el sueldo medio oscilaba entre las 120 y 130 pesetas.

En el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, del historiador Alexis Rodríguez Mendoza, se describe una situación cuyo eco resuena en la actualidad: “Nos encontramos, por un lado, con un amplio número de trabajadores/as ahogados/as para poder subsistir y, por otro, a un grupo, más o menos reducido, de propietarios/as y realquiladores de ciudadelas que sacaban cuantiosos beneficios de este negocio”.

Los historiadores Yanira Hermida y Carlos David Aguiar, cuentan en su trabajo Techo y Dignidad: La lucha del Sindicato de Inquilinos de Tenerife durante la segunda República que, “mientras los inquilinos entregaban prácticamente todo su sueldo para no quedarse en la calle, los caseros obtenían grandes beneficios, incluso defraudaban a la Hacienda Pública al declarar cobros inferiores a los reales”.

El primer Sindicato de Inquilinos de Tenerife

En 1928 se creó en Santa Cruz de Tenerife el Sindicato de Inquilinos. Desde julio de 1923 ya existía la Liga de Inquilinos, pero no sería hasta agosto de 1932 cuando la Federación Obrera, en una asamblea realizada en el cine La Paz, reorganiza el sindicato y sitúa su sede en la calle Miraflores, en las mismas dependencias de la CNT, donde tenían su imprenta.

A finales de 1932, el Sindicato de Inquilinos contaba con unos 200 afiliados. Durante el verano de 1933, en el momento más álgido de la huelga de alquileres, superan los 3.500 afiliados. Meses antes habían creado una publicación llamada La voz del inquilino, lo que les ayuda a crecer rápidamente.

El 26 de marzo de 1933, el Sindicato de Inquilinos celebró una asamblea donde se convocó oficialmente la huelga de alquileres que comenzaría el 4 de abril. No estaba solo. Tres organizaciones pactaron tres acuerdos fundamentales. El Sindicato de Inquilinos, la Federación Obrera y la Confederación Regional del Trabajo estipularon que no se pagarían los alquileres hasta que no se redujeran en un 40%; que si había desahucios, las familias desalojadas serían restituidas en su antigua casa, y que los obreros harían huelga general en Santa Cruz de Tenerife.

“Esos son los mismos acuerdos, casi copiados, que había tenido la Federación Obrera de la CNT de Tenerife el año anterior. En abril de 1932 se había hecho una asamblea para crear la Federación Obrera, la organización de todos los sindicatos, y en esa asamblea participaron representantes de lo que sería el Sindicato de Inquilinos. Las cosas venían de lejos, no fue instantáneo”, señala Alexis Rodríguez.

Según explica el historiador, al principio se intenta cambiar la situación de la vivienda “utilizando la ley”. Intentaron que Hacienda cobrara a los propietarios los tributos correspondientes, “ya que no declaraban realmente los precios que cobraban”. Intentaron que los inspectores revisaran las condiciones de higiene de las casas, incluso pidieron amparo en los juzgados, “porque había una ley que permitía una rebaja de los alquileres, y la empezaron a reclamar”, apunta Rodríguez.

“Era normal que los inquilinos no estuvieran al día, tardaban uno o dos meses y pagaban casi siempre con retraso, con lo cual en abril no pasó nada. En mayo, instigados por la Cámara de Propiedad, la entidad que agrupaba a los propietarios, empezaron a presentar denuncias de desahucio en los juzgados. Pero el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, los paralizó hasta el 5 de julio de 1933, en búsqueda de una solución pactada entre las partes. Obviamente, los propietarios se negaron a cualquier acuerdo”, afirma Rodríguez.

5 de julio: huelga general

El momento clave de la huelga de alquileres llega el 5 de julio de 1933, cuando las autoridades intentan ejecutar los primeros desahucios. En el primero se desaloja a una familia del número 62 de la calle Santiago. Las pertenencias de la familia son arrojadas a la calle. La gente se junta alrededor de la vivienda y cuando se marcha la policía y el secretario judicial, vuelven a restituir a la familia y devuelven sus pertenencias a la casa. Cuando se iba a ejecutar el segundo desahucio, “el propietario llega a un acuerdo de rebaja del alquiler con el inquilino. Pero ya el tercer desahucio no se produce”, explica Rodríguez.

Aquel día se habían fijado varios desalojos: en el número 63 de la calle San Miguel, en el 23 de la calle Emilio Calzadilla y en el 18 de la calle del Pasaje Ojeda. “El tercer desahucio no se produce por la cantidad de gente que se había aglomerado alrededor, y la policía y el secretario del juzgado y los funcionarios se retiran. ¿Qué había ocurrido? Pues que se había convocado la huelga general”, relata Alexis Rodríguez, que añade: “Tres cohetes sonaron en Santa Cruz de Tenerife, e inmediatamente se paralizó toda la ciudad. Así comienza la huelga”.

“Inmediatamente se convierte en una huelga, podríamos decir, revolucionaria. Empiezan a atacar las casas de los propietarios y, sobre todo, de los administradores. Se les queman sus muebles, en algunos casos se derruye toda la casa, y también se empiezan a producir hechos más violentos como quemarle la fábrica a Francisco Navieira, dirigente del Partido Republicano Radical y propietario de una fábrica de Salazón, que había despedido hacía unos días a varios trabajadores de la CNT”, señala Rodríguez.

Según la historiadora Yanira Hermida, “lo fascinante de ese momento es que las trabajadoras y trabajadores son conscientes plenamente de que la cuestión de la vivienda es una consecuencia de una violencia estructural que sufren y padecen dentro de una sociedad injusta y desigual, ante la cual es fundamental el apoyo mutuo. Ya no es sólo señalar a propietarios usureros, sino un enfrentamiento con la clase explotadora: el problema de la vivienda queda en conexión clara con la explotación laboral”, asegura.

Esa misma tarde, se convocó una reunión en la plaza de toros para valorar el alcance de la huelga. Se acuerda mantener el paro y buscar la mediación entre propietarios e inquilinos del Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, afiliado al Partido Republicano Radical Socialista.

6 de julio: la represión

El Gobernador Civil, asustado por la gran cantidad de personas que habían secundado la huelga general, y el giro violento que habían tomado los acontecimientos, deja de intentar mediar. Prohíbe todas las manifestaciones, decreta el cierre de las sedes de los sindicatos, y ordena a la Guardia Civil disolver la reunión de inquilinas en la que se habían congregado más de 2.000 personas.

“Se empieza a detener a todas las personas más significativas del movimiento obrero de Santa Cruz. Se detiene a la directiva del Sindicato de Inquilinos y de la Federación Obrera, un montón de gente, llegando más de 60 personas encerradas en Paso Alto. Eso hace que la huelga termine, pero siguen con las reivindicaciones”, asegura Rodríguez

Hay constancia de que se empiezan a reducir algunos alquileres. La Cámara de Propietarios emite distintos comunicados pidiendo que no se negocie con los inquilinos, pero muchos propietarios negocian y aceptan rebajas porque temen problemas mayores. “Esta situación se mantiene hasta 1936”, asegura Rodríguez.

El papel crucial de las mujeres en la lucha

La presencia y el papel de las mujeres fue masivo y muy destacado. Isabel González González, conocida como Azucena Roja y que llegó a ser la primera mujer en ocupar una concejalía en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció las estafas de los caseros y exigió desde las instituciones que no se cortara la luz o el agua a los desempleados. Sorprende también la figura de Isabel Cabrera, que a pesar de ser propietaria apoyó la causa del Sindicato de Inquilinos con tal fervor que fue nombrada tesorera del sindicato.

El diario La Tarde, un destacado periódico de información general de Santa Cruz de Tenerife, relata los acontecimientos del 5 de julio de la siguiente manera: “Contingentes enormes de obreros, entre los que destacan no pocas mujeres, recorrían la población formando distintas manifestaciones, vitoreando la huelga general y su inmediato triunfo”.

La represión policial que siguió a las protestas no hizo distinciones y el 6 de julio entre los encarcelados están los 12 dirigentes obreros más representativos de la protesta y 4 mujeres: Carmen Hernández Dorta, María Padilla Arteaga, y las hermanas Ginesa y Polonia Fernández García, como recoge el libro Huelga de inquilinos. Tenerife 1933, de la CNT.

“Sin embargo, está bastante silenciada la presencia femenina en esta huelga por la prensa y la documentación de la época”, señala Rodríguez, que explica que eran ellas las que llevaban el día a día de la casa, quienes sufrían el acoso por parte de los administradores y quienes llevaban la carga del cuidado de la familia.

7 de julio: “Casa desahuciada, casa que explota”

Tras dos días de huelga general, el 7 de julio se recupera la actividad habitual en Santa Cruz de Tenerife, pero la huelga de inquilinos continúa en marcha.

Presionado por la alta burguesía, el Gobernador Civil, Vidal Facundo Gil Tirado, endurece aún más la represión y ordena a la Guardia Civil disolver cualquier reunión de más de tres personas, ilegaliza a la Federación Obrera, clausura su imprenta y prohíbe sus publicaciones. Además, se decreta la ejecución inmediata y sin demora de todos los desahucios.

Esta medida genera una violenta dinámica de represalias: por cada desahucio que logran ejecutar las autoridades, los inquilinos hacen estallar un cartucho de dinamita en la casa desalojada o en las propiedades del casero. Ante esto, la Guardia Civil comienza a detener a todas las familias desalojadas como sospechosas.

“A partir del 7 de julio, cada vez que se produce un desahucio explota un cartucho de dinamita en la casa. Casa desahuciada, casa que explota. No es que tumben abajo la casa, pero se crea una especie de ansiedad y psicosis entre los propietarios y administradores, que ven que dejar a los inquilinos en la calle suponía un grave problema para ellos. Esto se produce de manera reiterada, y es muy común”, explica Rodríguez.

Los cartuchos de dinamita o los artefactos incendiarios de elaboración casera, eran habituales en la época, “no eran extraños en las protestas obreras”, afirma Yanira Hermida, y destaca que “las fuentes muestran que eran atentados contra la propiedad privada y no contra las personas”.

Fin y resurgimiento del Sindicato de Inquilinos

Tras varias semanas marcadas por la ejecución de desalojos y los estallidos de explosivos como respuesta, los últimos coletazos de la huelga de inquilinos se notarán hasta la última semana de agosto, momento en que puede considerarse concluida.

A finales de 1933 se deja en libertad a los últimos detenidos, y se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos. Sin embargo, hay una gran división interna. Los socialistas, la pequeña burguesía y los trabajadores liberales empiezan a abandonar el sindicato. Rechazan la violencia que se había desatado y consideran que ellos pueden negociar por su parte los alquileres. “Al mismo tiempo, los administradores crean su propia organización, que llaman Sindicato de Propietarios de Fincas Urbanas, para hacer un frente común y evitar la presión del sindicato”, explica Rodríguez.

Durante los años siguientes, el sindicato prácticamente desaparece. Entre noviembre de 1933 y febrero de 1936 se sucede el conocido bienio radica-cedista o bienio negro, en el que la República es gobernada por la derecha en alianza con la ultraderecha. “Se ilegalizan todos los sindicatos y en estos dos años la represión del movimiento obrero es muy fuerte, lo que impide que el Sindicato de Inquilinos pueda actuar”, señala Rodríguez.

Ante las elecciones de 1936, “ya desde enero se empieza a reconstituir el Sindicato de Inquilinos y se expande por la isla, creando sedes en la Laguna, en Güímar y en la Orotava”, asegura Rodríguez. Se nombra presidente a Francisco Sosa, vinculado a la CNT, y se fija la sede en la calle Méndez Núñez, donde estaba la sede de los tabaqueros, que era el gremio más potente de la CNT.

Vuelven las rebajas de los alquileres

En 1936, el Sindicato de inquilinos crea una comisión de revisión de los alquileres. De las 114 viviendas que revisaron entre febrero y mayo del 36, dictaminaron un descuento del 25% de media, “pero hubo casos del 50% y 70%, así que el sindicato funcionaba y obligaba a propietarios y administradores a aceptar esas rebajas”, apunta Rodríguez.

No hay datos precisos de los acuerdos alcanzados, ni un número exacto de personas que secundaron la huelga o consiguieron rebajas. Pero hay un hecho que Alexis Rodríguez destaca y resulta muy significativo. El Sindicato de Inquilinos crea una cuenta en Caja Postal para que los inquilinos ingresen todo el dinero del alquiler en esa cuenta, y así el Sindicato es quien negocia con los administradores y propietarios. “En los primeros pagos del alquiler, la rebaja se la quedaba el Sindicato de Inquilinos como caja de resistencia y para crear una cooperativa de vivienda y construir casas”, relata Rodríguez.

Lo más destacado es la cantidad de dinero que consigue el Sindicato de este modo: 106.516, 65 pesetas. “Una cantidad brutal de dinero. Eso habla de que es muchísima gente que utiliza el Sindicato de Inquilinas y se acoge a la rebaja. Al mismo tiempo se les había pagado a los propietarios 12.612 pesetas. Teniendo en cuenta el precio de los alquileres, estamos hablando de que la inmensa mayoría de las viviendas de Santa Cruz se pagaron a través del sindicato de Inquilinas”, asegura Alexis Rodríguez. Según el historiador, este dato se hace público el 17 de julio de 1936, horas antes de comenzar el golpe de estado.

El trágico epílogo

Años después, con el estallido de la sublevación militar y el inicio de la dictadura franquista, la burguesía y los grandes propietarios aprovechan la nueva situación de poder para vengarse de los líderes obreros de 1933 y decenas de dirigentes y personas implicadas en la defensa de los inquilinos fueron asesinadas.

Líderes como Francisco Sosa Castilla (Presidente del Sindicato de Inquilinos en 1936), Jorge Hernández Mora, Francisco Infante Díaz, o Francisco Reyes Martín (quien escribió diversos artículos en defensa de los inquilinos) fueron sometidos a consejos de guerra y fusilados, mientras que otros, como Amadeo Hernández, fueron arrojados vivos al océano envueltos en sacos.

Consecuencias de la huelga de alquileres

Historiadores como Miguel Ángel Cabrera destacan que su mayor logro fue forjar una “alianza interclasista sin precedentes”. Esto sentó las bases para que en las elecciones de febrero de 1936 fueran juntas en la coalición de izquierdas del Frente Popular.

“¿La huelga de inquilinos funciona? Pues claro que funciona. Sobre todo cuando hay solidaridad de clase. Cuando hay grupos sociales que sólo velan por su interés, entonces no. Pero si paran de pagar todos los alquileres durante dos o tres meses, eso obliga a los propietarios a negociar”, reflexiona Alexis Rodríguez.

Para Yanira Hermina, “sobran” motivos para una huelga de alquileres “en el contexto actual”. Y concluye: “La huelga de inquilinos tuvo un claro éxito, mostró las dimensiones de una lucha solidaria y colectiva en la capital de la isla”.

“¿Es necesaria la acción para rebajar los alquileres?”, se pregunta Rodríguez, que responde: “Claro que sí. No es de recibo que buena parte del parque de viviendas se dedique a vacaciones y no a la vivienda residencial. Por eso es necesaria una huelga de inquilinas”, concluye el historiador.