Canarias reconoce que solo ha movilizado una vivienda vacía en más de diez años

Otro dato que explica la actual crisis de vivienda: el Gobierno de Canarias solo ha sido capaz de movilizar una vivienda vacía desde 2015, según una resolución del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), obtenida por Canarias Ahora a través del Portal de Transparencia.

Ya se sabía que el anterior programa del Ejecutivo regional destinado a incorporar al mercado casas deshabitadas apenas logró movilizar una. Fue en 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Ahora se confirma que ese ha sido el único inmueble movilizado en más de diez años.

El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria (CC), llegó a decir que esa iniciativa fue un fracaso porque el Gobierno autonómico, a través de su empresa pública de vivienda, Visocan, quiso ejercer de “casero” en un procedimiento “complejo” que terminó siendo prácticamente imposible de implementar, pese a sufrir varias modificaciones.

Visocan defendió que “surgieron diversas vicisitudes que obligaron a resolver cuestiones relativas a la interpretación de la resolución que regula el programa”, recoge un informe extraordinario sobre vivienda de la Diputación del Común en 2023. A la fecha de su publicación, solo se habían ofrecido 85 casas. Una se encontraba en arriendo, otra pendiente de incorporación, seis en trámite, y las otras 77 se habían archivado “por diversos motivos”.

“Lo digo no para señalar a nadie, sino para exponer la complejidad de este programa que, pese a un esfuerzo económico de ocho millones de euros, nunca funcionó”, señaló el consejero en una comisión parlamentaria en 2024.

El ICAVI recuerda en su resolución que, “a la vista del análisis de los resultados obtenidos”, el Gobierno canario acaba de anunciar un nuevo plan para movilizar vivienda vacía que costará un millón de euros a las arcas públicas y que prevé incorporar 100 casas en dos años. En caso de prorrogarse otros dos cursos, el gasto ascendería a 1,86 millones de euros.

El ICAVI cree que ese programa “permitirá el desarrollo de un servicio integral que comprende el diagnóstico territorial, la captación de viviendas, la identificación y preevaluación de personas demandantes, la intermediación entre propietarios e inquilinos, la formalización de contratos y el seguimiento de los arrendamientos”.

Movilizar cien viviendas vacías en dos años después de haber incorporado solo una en diez podría considerarse un éxito. Pero, incluso en ese caso, apenas se cubriría el 0,05% del parque de vivienda vacía del Archipiélago, cifrado en 211.000 inmuebles, según estimó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2021. El propio Rodríguez afirmó que “sería espectacular” sacar al mercado al menos el 20% de ese total.

La solicitud de información pública de este periódico también pidió al Ejecutivo canario una estimación propia del número de viviendas vacías existentes en el Archipiélago, dado que el consejero Rodríguez ha reiterado que el dato del INE sobredimensiona la realidad y que su metodología de cálculo presenta “limitaciones importantes”.

El Gobierno ha encargado por 90.000 euros un estudio para determinar cuántas de las 211.000 viviendas que proyecta el INE están realmente vacías. Pero el ICAVI, por su parte, ha recordado en su resolución que el Ejecutivo regional aún no ha creado el Registro de Viviendas Deshabitadas, tal y como establece la Ley 2/2003, de Vivienda de Canarias, concebido entonces como el “instrumento básico para el control y seguimiento” de este tipo de inmuebles.

“En este contexto”, añade el ICAVI, “no es posible facilitar un dato exacto del número de viviendas deshabitadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, al no existir un registro administrativo implantado que permita su cuantificación, conforme a los parámetros objetivos previstos en la normativa aplicable”.