Dura carta de la ministra de Vivienda al Gobierno canario por los pisos turísticos: “Ha demostrado que su labor es insuficiente, cuando no inexistente”
El Ministerio de Vivienda ha instado formalmente al Gobierno de Canarias a inspeccionar y cerrar “las más de 14.200 viviendas turísticas ilegales que ha detectado el Registro de la Propiedad en este año en su territorio”, que convierten a las islas en la cuarta comunidad con más incidencia de este problema. En una carta, la ministra, Isabel Rodríguez, advierte al consejero canario Pablo Rodríguez de que, si toma aquellas medidas para las que es competente, esas 14.200 viviendas “podrían estar sirviendo para incrementar la oferta de vivienda asequible en Canarias, en lugar de expulsar a miles de canarios y canarias de sus barrios, de sus ciudades y, en definitiva, de sus islas”.
El pasado 21 de mayo, el Tribunal Supremo acordó la nulidad del procedimiento de registro único de arrendamientos de corta duración (turístico, de temporada o de habitaciones) que quieran publicitarse en plataformas digitales impuesto por el Gobierno de España, al entender que el Estado carece de competencia para establecer esa “exhaustiva” regulación y que, al hacerlo, invade facultades autonómicas.
La ministra le da la vuelta al fallo y le advierte al consejero canario de que su apenas un año de aplicación “ha demostrado por la vía de los hechos que la labor realizada desde su gobierno en esta materia que es de su competencia es insuficiente, cuando no inexistente”.
“No podemos ir al Parlamento Nacional o a Europa a reivindicar unas medidas muy necesarias y contundentes, si por otro lado tenemos una vía de escape que limita en gran medida su efecto”, añade Isabel Rodríguez, que alude así a la demanda del Gobierno de Canarias que Bruselas limite la compra de vivienda en las islas por parte de extranjeros no residentes si no se va a destinar a vivir en ella.
La carta al Gobierno de Canarias no es la única cursada en esta línea por Isabel Rodríguez. Su ministerio se ha dirigido por la misma vía a las demás comunidades autónomas para requerirles que tomen medidas contra el fraude de las viviendas turísticas ilegales y que asuman sus responsabilidades una vez que el Tribunal Supremo ha anulado el Registro Único de arrendamientos de corta duración.
En las cartas remitidas a Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Baleares, Canarias, Navarra, Extremadura y País Vasco, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, les ha trasladado que acata la sentencia, “como no podría ser de otra forma”.
“La única razón que explica que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se implicara desde un inicio en esta materia era cumplir con el Reglamento de la Unión Europea que daba a entender que el Estado tenía que actuar de forma rápida ante la emergencia habitacional y la fuga masiva de viviendas del ámbito residencial al turístico”, ha subrayado en los respectivos escritos.
Pide a las comunidades gobernadas por el PP tomar “el camino correcto”
En el caso de las comunidades gobernadas por el PP -en solitario, en coalición con otras formaciones o gracias a su apoyo-, les ha informado de que a partir de ahora corresponde a los gobiernos autonómicos llevar a cabo la inspección, sanción y clausura de las viviendas turísticas ilegales detectadas por el Registro de la Propiedad en este año en sus territorios.
La ministra ha indicado que cuando los derechos de la ciudadanía están “en juego”, no se puede eludir la responsabilidad, hay que trabajar para garantizarlos y confía en que ahora tomen el camino correcto ya que las labor que han realizado ha sido “insuficiente, cuando no inexistente.
Advierte de que van a estar “muy vigilantes”
La ministra les ha comunicado que van a estar “muy vigilantes” de que se lleven a cabo las acciones oportunas para evitar que se siga produciendo este fraude y garantizar que no se vulnere el derecho a la vivienda de la ciudadanía.
En el caso de Madrid, insiste en que la ausencia de regulación “eficaz” para alquileres turísticos y de temporada y la ausencia y omisión “deliberada” de la función inspectora y sancionadora permite a pisos turísticos operar como alquileres de temporada cuando carecen de licencia turística, especialmente en la capital.
Sin embargo, ha apuntado que otras CCAA, gobernadas por el PSOE o con el apoyo del mismo, han demostrado “estar a la altura” para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y son un “faro de inspiración”.
Les agradece su “extraordinaria valentía” por haber primado el interés de la ciudadanía a intereses privados y/o económicos “en un momento en el que se pone en tela de juicio el papel de las instituciones por parte de la extrema derecha”.
Según se desprende de las cartas, se han detectado 27.000 viviendas turísticas ilegales en Andalucía; 25.000 en Madrid (turísticas y de temporada); 15.000 en la Comunidad Valenciana (9.000 en la provincia de Alicante); 14.200 en Canarias; 4.500 en Galicia; 2.400 en Murcia; 1.750 en Castilla y León; 1.700 en Cantabria; 1.180 en Aragón; 380 en Extremadura o 367 en La Rioja.
La vivienda en Canarias
En las islas el precio de la vivienda se ha disparado y hace ya meses que superó los máximos marcados durante la burbuja inmobiliaria, eso, en una región con los segundos sueldos más bajos del país. Las capitales canarias, además, registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades, frente al 35,1% que dispone de un único inmueble en alquiler en el caso de Las Palmas de Gran Canaria; y el 64,6% frente a un 35,4% en Santa Cruz de Tenerife.
Según datos del Catastro en Canarias, el grupo de propietarios que más ha crecido en las Islas es el que tiene entre seis y diez bienes urbanos. En 2010 había 23.000; ahora hay 43.000, o sea, un 86,4% más. Le sigue el que tiene exactamente cinco, que ha pasado de 15.000 a 26.000, un 79,3% más. Y en tercer lugar se encuentra el que posee cuatro. Este conjunto ha sumado 21.000 titulares, pasando de casi 29.000 a 50.000, un incremento del 75,4%.
Por otro lado, las viviendas vacacionales también se ha disparado en los últimos años, especialmente después de la COVID, saliendo del mercado inmobiliario para destinarse a fines turísticos.
Cabe señalar que el Gobierno de Canarias no aplica la Ley Estatal de Vivienda, que permite declarar zonas tensionadas y, con ello, limitar el precio de los alquileres, entre otras cosas.
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