El Gobierno de Canarias ampara la privatización de la seguridad en los parques nacionales y protegidos con la nueva Ley de Biodiversidad

El Gobierno de Canarias prepara un anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de las Islas, que se ha topado con una fuerte oposición política y de los agentes forestales y de medio ambiente porque supondrá el aval legal a la privatización de la seguridad en parques nacionales y espacios protegidos de la relevancia de Las Cañadas del Teide, entre otros, lo que consideran un verdadero desatino.

Entre las alegaciones presentadas destacan las del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, que ha rechazado con contundencia una medida que el gobierno de Rosa Dávila (CC) y Lope Afonso (PP) ya han aplicado al Parque Nacional del Teide y que creen un enorme error porque personal de empresas privadas de seguridad asumirán funciones y efectos jurídicos reservados a los agentes públicos especializados en la vigilancia, inspección y control ambiental de estos espacios de gran relevancia natural, patrimonial y simbólica para las Islas.

En una misma línea se pronuncian las alegaciones de la asociación de agentes forestales y de medio ambiente de Canarias (Afmacan) y el sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), que ya han advertido en Canarias Ahora las consecuencias de un cambio de este calibre en Las Cañadas y otros espacios, sobre todo porque se otorga a personal sin la formación ni la acreditación adecuadas las funciones jurídicas de vigilancia y control en estos espacios naturales que sólo deberían corresponder a funcionarios públicos. Esto, según las alegaciones, se contempla en el artículo en el 117.2 y en la disposición adicional decimoprimera, que tanto los agentes de medio ambiente como el grupo que dirige Tamara Raya rechazan de plano.

Además, se llama la atención sobre que, en el artículo 116, se reserva esa función a los agentes expertos, pero inmediatamente después se le reconoce a los llamados guardas rurales (privados) presunción de veracidad en sus actuaciones, valor de documento público a sus actas y hasta la condición de autoridad en ciertos supuestos, lo que, según alertan los socialistas y Afmacan, les permite incoar expedientes sancionadores y, por tanto, consecuencias jurídicas en la ciudadanía en general, algo que sólo pueden hacer ahora funcionarios como las fuerzas de seguridad del Estado, autonomías o locales, que se rigen por los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, según remarca el PSOE.

La solución, más agentes públicos, medios y capacidad de actuación

En las citadas alegaciones de Afamacan, Sepca y PSOE, se remarca que ese punto vulnera el régimen legal de la función pública y generará “inseguridad jurídica” mediante una externalización de un servicio que debe seguir recayendo en funcionarios públicos debidamente formados y que han superado las debidas pruebas, y no en personal de empresas privadas. Para los socialistas en el Cabildo tinerfeño, se intenta amparar la polémica medida aplicada en Las Cañadas cuando, en realidad, la apuesta debería centrarse en la contratación de “más agentes públicos, más medios y más capacidad de actuación, no más privatización ni venta”.

En los tres casos, se teme que se quiera implantar un modelo que acabe desplazando a los funcionarios públicos como los agentes forestales, de medio ambiente, de inspección pesquera y otros cuerpos especializados por compañías privadas en competencias regionales, insulares y locales cuya labor dependería del contrato o encargo de servicios que se establezca y no de una legislación concreta, con guardas privados a los que se les ha otorgado potestad para intervenir como agentes de la autoridad.

Este también es el principal argumento de las alegaciones presentadas por Afmacan, que ocupan un total de 24 folios, que advierte de las leyes que se incumplirían en un supuesto así, al ejercer trabajadores privados funciones públicas, y de la indefensión ciudadana con sanciones que ya han originado problemas donde se ha aplicado este modelo de externalización. Asimismo, advierte de que se puede vulnerar la objetividad e imparcialidad que deben imperar en toda acción sancionadora y de vigilancia y control de los espacios protegidos.