El CSIF pide una auditoría externa sobre Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y revisar las competencias de la presidenta
La Autoridad Portuaria de Las Palmas continúa inmersa en una vorágine por la salud de sus trabajadores. Si hace apenas un mes la Inspección de Trabajo obligaba al organismo a realizar una evaluación de riesgos psicosociales que destapó un clima laboral “preocupante” y “alarmante”, ahora la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha elevado la presión sobre la dirección al reclamar al Consejo de Administración que intervenga en la gestión de los Recursos Humanos y encargue una auditoría externa e independiente.
El sindicato denuncia que el deterioro del clima laboral no responde a episodios aislados, sino a problemas de organización y gestión que, según sostiene, se arrastran desde hace años. Por ello ha solicitado formalmente al Consejo que analice la política de personal de la Autoridad Portuaria y estudie la revocación de las competencias en esta materia que actualmente tiene delegadas la Presidencia, responsabilidad que ostenta Beatriz Calzada.
El origen del conflicto
En el escrito remitido al Consejo de Administración, CSIF sostiene que la gestión de los Recursos Humanos atraviesa una etapa marcada por la “improvisación permanente” y la falta de planificación. El sindicato habla de sucesivos cambios en los organigramas, dificultades para dimensionar la plantilla, conflictos derivados de la aplicación del convenio colectivo y una ausencia de negociación con los representantes de los trabajadores.
Asimismo, alerta de que esa forma de gestionar ha acabado fundando un clima laboral tóxico y ha tenido consecuencias directas tanto sobre la plantilla como sobre el funcionamiento de la propia Autoridad Portuaria.
Entre los ejemplos que cita figura el conflicto mantenido con la Policía Local de Arrecife, que derivó en un enfrentamiento institucional por las competencias de ambos cuerpos y por las sanciones impuestas a vehículos oficiales de la Policía Portuaria.
Una revisión en profundidad de la gestión de personal
La principal petición de CSIF es que el Consejo de Administración encargue una auditoría externa, independiente e integral sobre la política de Recursos Humanos.
El sindicato reclama que esa revisión examine los procesos de selección y promoción del personal, los nombramientos de responsables, la gestión de los expedientes, el cumplimiento del convenio colectivo y de los acuerdos suscritos con la representación de los trabajadores, así como la gestión de la prevención de riesgos laborales y psicosociales.
También solicita que se analice si las decisiones adoptadas durante los últimos años han respetado los principios de mérito, capacidad, igualdad, objetividad y transparencia que deben regir la gestión de una entidad pública.
En caso de detectarse irregularidades o deficiencias graves, CSIF pide que el Consejo impulse las medidas correctoras necesarias y exija las responsabilidades que pudieran derivarse.
Un paso más tras el informe de la Inspección de Trabajo
La iniciativa del sindicato llega dos meses después de que Canarias Ahora publicara el contenido del estudio de riesgos psicosociales elaborado por orden de la Inspección de Trabajo. Aquel informe, en el que participó el 65% de la plantilla, advertía de elevados niveles de conflictos interpersonales y violencia psicológica en el trabajo y atribuía el origen del problema, principalmente, a deficiencias organizativas.
Los autores recomendaban acometer cambios estructurales en la organización y en la gestión de los Recursos Humanos al considerar que el deterioro del clima laboral no podía resolverse únicamente con medidas dirigidas al bienestar individual de los trabajadores.
Con su escrito al Consejo de Administración, CSIF da ahora un paso más y traslada al máximo órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria la responsabilidad de decidir si mantiene el actual modelo de gestión de personal o interviene un área que se ha convertido en el principal foco de conflicto interno del organismo.
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