La UME, 'muleta' del Gobierno valenciano: el Ejército actúa en 6 incendios en un mes entre denuncias por la falta de bomberos

La rápida movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para atajar el reciente incendio de la Devesa de El Saler —con un impacto de apenas 37 hectáreas— no supone un hecho aislado en la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana. Este episodio se ha convertido en una dinámica habitual de la Generalitat, en la que recurrir al Ejército ha pasado de ser el último escalón de auxilio ante catástrofes extremas a convertirse en un mecanismo habitual de contención del riesgo (tanto físico como político). La declaración del nivel 2 de preemergencia en las primeras horas de un fuego permite a las autoridades autonómicas solicitar la intervención militar, una estrategia que los sindicatos y la oposición interpretan como una cobertura preventiva ante la falta de recursos propios.

Este último caso, el del incendio declarado en la tarde del jueves en el paraje natural de la Devesa de El Saler -que las investigaciones apuntan a que pudo ser intencionado- ha provocado que se explicitara un malestar latente en la plantilla autonómica de los bomberos forestales. Mientras los partes oficiales destacaban el control del perímetro tras el despliegue nocturno, la sección sindical de CCOO en los Bomberos Forestales de la Generalitat censuró que el dispositivo valenciano “ha tocado fondo definitivamente” al requerir la presencia de la UME en un siniestro que ha afectado a una reducida extensión. Así, los representantes de los trabajadores llaman la atención sobre el hecho de que la llamada acelerada al Ejército revela la incapacidad de la administración autonómica para ofrecer una respuesta contundente con medios exclusivamente propios, por la dispersión de competencias entre consorcios provinciales, entidades locales y la propia Generalitat, además de por la falta de un mando único autonómico tras la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

Esta tendencia se observa también en los otros cinco incendios que han golpeado el territorio valenciano a lo largo del mes de agosto, con episodios de gran envergadura como el de La Vall d'Uixó, donde resultaron calcinadas más de 9.500 hectáreas. La portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, ya denunció entonces que el 75% de los efectivos que participaron en las tareas de extinción correspondían a la Unidad Militar de Emergencias y del Gobierno de España. Los socialistas insistían en que la Conselleria de Emergencias abusa de la elevación rápida de la alerta para solicitar la intervención del Ejército, con el propósito de camuflar la escasez de brigadas y evitar el desbordamiento de las llamas por la vía de los hechos.

Hasta la fecha, la inervención de las fuerzas armadas ha sido reclamada por las autoridades valencianas hasta en cinco ocasiones, aunque han actuado en seis incendios. Además de los ya comentados de la Vall d'Uixò y El Saler, la UME fue requerida para los incendios forestales Soneja, donde el fuego devastó 183 hectáreas; Segorbe, donde se quemaron 395 hectáreas; y Serra d'en Galcerà, que arrasó 45 hectáreas, y desde donde los militares se trasladaron hasta el fuego declarado en Tirig, donde se calcinaron 404 hectáreas.

El día a día de las brigadas de bomberos forestales confirma las dificultades de la Generalitat para mantener sus unidades terrestres en condiciones óptimas. La reiterada petición de asistencia voluntaria al personal en turno saliente o en días de descanso —un mecanismo aplicado en numersas ocasiones durante los meses de julio y agosto— constata la presencia de vacantes sin cubrir y brigadas inoperativas, especialmente en áreas de alto riesgo como la provincia de Castellón. “Esto no es planificación, es improvisación”, alertaba la oposición, para advertir de que la sobrecarga de los brigadistas en activo es “pan para hoy y hambre para mañana”, al minar la capacidad de respuesta frente a episodios simultáneos de fuego.

En definitiva, la propensión a solicitar la UME responde a una doble salvaguarda: por un lado, una vía rápida para derivar o compartir el peso operativo con la administración central, sin asumir el coste directo de un dimensionamiento adecuado de la plantilla autonómica de bomberos; por otro, una especie de salvavidas política para amortiguar el impacto reputacional en caso de un gran incendio descontrolado. No obstante, la acumulación de requerimientos a la UME en escenarios de reducida envergadura deja en evidencia las costuras de un modelo de emergencias que requiere reformas organizativas urgentes, suficiencia presupuestaria y una verdadera planificación de su personal.