El acuciante problema de la vivienda, de los incontrolados precios de venta, las zonas tensionadas con prohibitivos alquileres, parece ser ajeno a algunos municipios canarios. En ese contexto de emergencia habitacional, hay viviendas sociales que no se han usado hace 21 años, en una mezcla de desidia y descoordinación institucional de desaprovechamiento de los recursos públicos. Es el caso de ocho viviendas de protección oficial (VPO) creadas en 2005 en el populoso barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos, en el Norte de Tenerife.    

En realidad, hace ya más de dos decenios se crearon en la calle Tindaya de este núcleo, lindante con La Orotava, un total de once VPO. Las construyó la entonces empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos (Vivire) y no estaban nada mal para ese 2005: algunas con tres habitaciones, garaje, placas solares para agua caliente sanitaria y, luego, fotovoltaicas… No obstante, nadie vivió nunca en ellas, aunque cada vez que se acercaron elecciones locales desde entonces (2007, 2011, 2015, 2019 y 2023, desde 2011 con mayoría absoluta del PP), las pintaban y adecentaban unos meses antes, para luego acabar de nuevo en el agujero de la desidia.

Pese a la denuncia reiterada en prensa durante años por partidos como Izquierda Unida (IU), esa situación se mantuvo hasta que, en 2022, el gobierno local decidió ceder estas once casas a la consejería regional de Obras Públicas y Vivienda. Sin embargo, y según le consta a Canarias Ahora, desde entonces sólo se han utilizado un máximo de tres de estas casas para casos de desalojos forzosos de familias, violencia de género y otras situaciones sociales de esta índole, pero las otras ocho han seguido vacías y sin uso desde 2005: un total, pues, de 21 años de cierre y desaprovechamiento de casas pagadas por todos los contribuyentes en una ascendente crisis habitacional en España y, en particular, en muchas zonas de Canarias.

Canarias Ahora intentó desde este martes conocer la versión de la consejería regional, que dirige Pablo Rodríguez, pero sin resultado. Desde el gobierno realejero, por el contrario, se apunta que estas casas “han estado ocupadas por usuarios de Servicios Sociales en todos o casi todos los casos de manera temporal por situaciones de especial necesidad”. Eso sí, no se alude a usos por parte de familias durante etapas largas, que es lo que suele ocurrir con las VPO, aparte de que el ayuntamiento desconoce qué ha ocurrido con las viviendas desde que se las cedió al Gobierno de Canarias.

El Gobierno regional, tras ser consultado por este periódico, asegura que en la actualidad las once viviendas se están utilizando para personas víctimas.

El fuerte oleaje de este invierno y primavera en el norte de Tenerife, casi sin precedentes con tanta constancia, ha dejado al descubierto una segunda tubería de gran calibre en la principal cala del Puerto de la Cruz, la histórica ciudad turística de esta comarca de la Isla: Playa Jardín. Canarias Ahora pudo fotografiar la boca de este segundo tubo que el Atlántico ha dejado a la vista de todos (al menos hace unos días), tras el que quedó en las mismas circunstancias el pasado febrero.

Se trata de un extremo en forma de boca o enlace con rosca, de las mismas dimensiones y prácticamente inmovible, que tenía continuación hacia la profundidad y que, si cualquier bañista o paseante por la orilla (algo muy habitual en esta playa) no lo apreciaba, suponía incluso un peligro de tropiezo o daño en los pies descalzos.

En febrero, y como muestra la foto y el vídeo que acompañan a estas líneas (que se difundieron mucho en redes), la tubería que dejó descubierta el mar en un invierno en el que se ha perdido o retirado muchas más arena de lo habitual era mucho más larga y con varias ramificaciones elevadas. En ese momento, el gobierno local indicó que desconocían la función de ese tubo y que lo retiraron, aunque no se aclaró su largo y si constaba en el ayuntamiento algún expediente sobre esta instalación.

Por lo indagado por Canarias Ahora entre exalcaldes y exconcejales con responsabilidad en Medio Ambiente, todo apunta a que se trata de hasta cuatro tuberías que se colocaron hace unos 30 años, a lo sumo. En principio, y según algunas de las personas consultadas, su función consistía en sacar la salmuera de la instalación del Loro Parque, que había incorporado o tenía previsto añadir las orcas a sus espectáculos con animales, pero sin total seguridad o evidencias.

Tampoco la dirección general de Costas o el Gobierno regional tienen constancia de expedientes sobre estas tuberías, lo que acrecienta el misterio en una playa que estuvo cerrada un año precisamente por vertidos fecales, lo que causó una gran polémica, desató protestas vecinales y de usuarios, dañó la imagen turística y ambiental del Puerto de la Cruz, Tenerife y, por ende, Canarias y hasta se utilizó para justificar, en parte, la moción de censura contra Marco González (PSOE) del 16 de agosto de 2024.        

De momento, y ya con pruebas de hasta dos tuberías de grandes dimensiones, se acrecienta el misterio de estos tubos en plena arena de una cala más que relevante en el Norte tinerfeño.  

Vuelven los vertidos fecales a uno de los parajes naturales y protegidos más bellos e importantes del Norte de Tenerife, el de Rambla de Castro, en Los Realejos. Así lo denuncia, en declaraciones a Canarias Ahora, Izquierda Realejera (IzR), formación que lleva años criticando estos hechos y que achaca a la “desidia y la dejadez del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el ayuntamiento”.

Según esta formación, estos vertidos de aguas fecales llevan “días, quizás semanas, produciéndose en esta parte de la costa local, debido a la obstrucción de los colectores en el sendero que viene de la urbanización La Romántica I. ”Podría tratarse de un hecho puntual, pero supone un ejemplo más de la desidia y la dejadez de las administraciones públicas. Muchos anuncios -censuran-, mucha publicidad, pero en esencia no les importa. Sólo se mueven si salen retratados en las redes sociales“, afirman.

Izquierda Realejera recuerda que lleva tiempo “avisando y poniendo en cuestión la construcción de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) en los límites del paraje protegido de Rambla de Castro, concretamente en San Vicente”. Según explican, “a esta zona se va a enviar un caudal enorme de aguas negras, incluyendo las provenientes de nuevas urbanizaciones del Realejo Bajo. Los aliviaderos de la EBAR están directamente enfocados al barranquillo del paraje natural, que a su vez desemboca en la playa de Castro. Cualquier avería, fuga o incidencia –advierten- va a contaminar irremediablemente el entorno”. 

Asimismo, critican que, “para evitar que los vertidos sean vistos por la población, se pretende realizar un pozo absorbente para que sean indetectables, incluso para el personal de mantenimiento, con lo que, cuando haya nata, algo de grasa o malos olores en la playa, habría que acordarse de estos avisos”. Además, “para empeorar la situación y después de treinta años, aún sigue en vigor la posibilidad de construir un hotel pegado a Rambla de Castro, por más que se hayan hecho alegaciones al Plan General de Ordenación (PGO) por partidos políticos, colectivos y asociaciones de dentro y de fuera del municipio, a las que no se les ha escuchado”, se quejan.

Rambla de Castro supone uno de los reductos verdes, con numerosas palmeras y otras especies, del Norte de Tenerife. Se sitúa entre el barrio de San Vicente y la célebre playa del Socorro, meca del surf en la comarca, aunque cerrada bastantes días en este invierno por las fuertes mareas y las alertas. El paraje se ubica justo debajo del famoso mirador de San Pedro y resulta muy visitado por su riqueza floral, de fauna (sobre todo de aves, pues suele anidar la paloma rabiche y turqué. Además, cuenta con las impresionantes playas (arenadas en verano o bajamar) de Castro y La Fajana, marcadas por las vistas al verde y la sensación de paraíso aislado pese al urbanizado Valle de La Orotava, con tantas tropelías de cemento.

La gestión de las aguas fecales en Tenerife ha sido un problema estructural que ya le ha costado a la Isla, y consecuentemente a Canarias, sanciones de la Unión Europea, constantes reprimendas y problemas que no sólo se han traducido en playas cerradas, sino en colapso de depuradoras y apremio con los proyectos previstos desde hacía decenios o nuevos. El problema se agravó entre 2018 y 2020 y, luego, no sin constantes complicaciones, retrasos o sucesos como el de la portuense Playa Jardín, con una depuradora comarcal del Valle de la Orotava (norte de la Isla) colmatada, ha ido afrontándose con nuevos colectores, obras en este equipamiento y en depuradoras de otras zonas.

Sin embargo, y aunque ya se advirtió en 2024, el año pasado hubo nuevos avisos de sanción de la UE al Cabildo, ayuntamientos y comunidades de vecinos y estas últimas han tenido que ponerse las pilas. El problema, según trasladan a Canarias Ahora algunos propietarios de viviendas afectados por la ausencia de conexión a la red principal, porque los pozos existentes se tapiaron o porque las depuradoras de sus edificios no funcionan o lo hacen de forma irregular, es que se han topado en los últimos meses con un cuello de botella para que el Consejo Insular de Aguas les apruebe los proyectos, dada la acumulación de expedientes presentados y tramitados casi a la vez, al tiempo que las pocas empresas especializadas en esta materia, debido a esta explosión de la demanda, se han visto también desbordadas y han subido los precios de forma más que considerable y, para algunos afectados, de manera casi inviable económicamente.

Aunque prefieren el anonimato para no verse aún más perjudicados, vecinos que de la comarca de Acentejo, en el norte de la Isla, que están pasando por este trance detallan a este periódico las dificultades de sus comunidades para afrontar la situación, el cuello de botella que han comprobado en el Cabildo de Tenerife con los proyectos técnicos y que dichas compañías “están haciendo literalmente el agosto con lo que están pidiendo por las obras”. Asimismo, se quejan del desinterés o la poca ayuda por parte de las corporaciones locales y que se ven prácticamente solos para intentar resolver sus problemas de conexión y depuración. En algunos casos, los presupuestos se han elevado en poco tiempo hasta un 40% y han superado, por ejemplo para comunidades de adosados, los 15.000 euros, cantidad más que considerable para pocos dueños y ante un apremio de este calibre, con el riesgo de sanción de la UE latente. 

Según señalan, no se trata solo de una situación en su comarca, sino que, tal y como le trasladan las empresas o han comprobado en el Consejo Insular, estos cuellos de botella y súper inflación de precios y presupuestos casi instantánea en las empresas de este ámbito se da en toda la Isla y afecta a numerosas comunidades de vecinos.

La versión del Consejo Insular de Aguas

Desde el Cabildo se admite que el número de expedientes ha aumentado, aunque se subraya que no “hay saturación” y que el proceso “está funcionando bien”. El Consejo Insular de Aguas sostiene que esto se está gestionando “relativamente bien, mientras que otras cuestiones las llevamos peor por bajas laborales temporales. Efectivamente –apuntan desde esta área insular-, hace unos 5 o 6 años, todo el mundo empezó a meter el acelerador con los vertidos al subsuelo y al mar, sobre todo Europa y la Fiscalía, que nos ha advertido que el Consejo es la autoridad competente y que tenemos que cumplir con esta responsabilidad y, desde hace cinco años, hemos dotado de mayores medios a este departamento y estamos haciendo nuestro trabajo, algo que nadie puede poner en duda”.  

El Consejo Insular de Aguas recalca también que ha cumplido hasta ahora con su responsabilidad “a dos niveles: a escala municipal, nos hemos reunido con los ayuntamientos y les hemos trasladado las consecuencias de la sentencia del 18 de diciembre pasado, cuando se condenó a la isla de Tenerife por trece aglomeraciones urbanas, y hace poco nos volvimos a reunir con todos por otro expediente del que seguramente habrá otra sentencia este año o el siguiente, para que los consistorios sean conscientes de que tienen que ejecutar obras y desarrollar lo que tienen en sus planes de saneamiento; tuvimos una reunión por separado con cada ayuntamiento y, luego, una conjunta con Cooperación, por los planes de cooperación. Por este lado, nadie puede decir nada porque coordinamos con ellas y la mayoría de depuradoras están terminadas y puestas en marcha, y ahora faltan los colectores municipales”.

Asimismo, y respecto a los usuarios o vecinos, se remarca que el Consejo tiene “la competencia de otorgar autorizaciones a aquellas viviendas que tengan un consumo superior a 250 metros cúbicos al año para que puedan tratar el agua y verterlo en sus suelos, siempre y cuando no tengan alcantarillado. Como es algo muy frecuente, y aunque esto no es de ahora, sino desde el año 1994, cualquier edificio de más de dos viviendas tiene que pedir autorización para aplicar un sistema de tratamiento de sus aguas residuales y el vertido al subsuelo y, desde que se le ponga el alcantarillado delante, tienen que conectarse. Desde 1994, tenemos miles de autorizaciones, con unos condicionantes: a cada una de las comunidades de vecinos, se le exige tener el sistema en condiciones para tratar bien el agua y verterla al suelo en las condiciones que pide la normativa. Cada cuatro o cinco años, nuestros inspectores visitan esas instalaciones para ver si funcionan bien y, si no, abrimos el correspondiente expediente para solucionarlo, pues no se puede permitir vertidos autorizados que no se cumplan con el condicionante, pero esto se lleva haciendo muchísimos años”.  

Además, y aunque el UE haya advertido a los ayuntamientos y las comunidades de vecinos de posibles sanciones, consideran que esos avisos no se traducirán nunca en expedientes de cobro real y que, en tal caso, existente unos márgenes de tiempo amplios para que haya finalmente vertidos fecales cero en la Isla, corrigiéndose así uno de los principales problemas ambientales de Tenerife desde hace mucho. Asimismo, destacan los avances con los colectores, depuradoras y resto de obras en las distintas comarcas y el hecho de que desde la UE ya no se ponga tanto el foco en la principal administración de la Isla.

Un drago de más de 200 años se desplomó en la noche de este miércoles junto al cementerio de San Francisco, en el municipio de Los Realejos, en medio de las fuertes lluvias y rachas de tiempo derivadas del paso de la borrasca Regina por Canarias.

Su caída afectó también a un muro, parte de una vivienda, el alumbrado público y seis coches que se encontraban aparcados en las inmediaciones.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y exalcalde del municipio, Manuel Domínguez, ha lamentado la “triste noticia” de la desaparición del drago.

“Desaparece así un símbolo que ha acompañado la vida de generaciones enteras de realejeros. Yo mismo crecí a su lado y se alzaba en el lugar donde me crié, donde vivo y donde siguen viviendo mis padres. Formaba parte de nuestra rutina diaria. Su caída no es solo física porque formaba y seguirá formando parte de nuestra memoria colectiva”, ha escrito en las redes sociales.

En parecidos términos se ha expresado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila: “Tenerife pierde a uno de esos silenciosos guardianes del paisaje. El drago de Los Realejos, con más de 200 años de historia, fue testigo del paso de generaciones y símbolo del norte de la isla. Los árboles también guardan memoria y este formaba parte de la nuestra.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, celebró en la tarde de este martes un pleno extraordinario en el que todos los grupos políticos con representación municipal manifestaron su rechazo unánime ante los insultos y amenazas recibidos en redes sociales por el concejal de Cultura, Samuel Rodríguez Hernández, condenando cualquier tipo de violencia verbal en el ámbito público.

Desde el grupo de gobierno (AISU) manifestaron que “ha llegado el momento de visibilizar todo este tipo de actitudes, no todo vale”, pues se ha “normalizado” este tipo de comentarios hacia los representantes políticos por lo que hay que “denunciarlo”.

“No son insultos sino amenazas por su condición sexual. Este tipo de agresiones son una forma de discriminación que vulneran la dignidad de las personas y lo que hacen es solo alimentar el odio. Ante todos los hechos, se tomarán las medidas oportunas”, destacaron.

Durante la sesión, tanto el grupo de gobierno como la oposición coincidieron en mostrar su apoyo al concejal, subrayando que este tipo de comportamientos “no tienen cabida en la política ni en la convivencia democrática”.

En este sentido, se incidió en que “la crítica a la gestión pública es legítima, pero nunca debe derivar en ataques personales”.

El propio concejal quiso agradecer el respaldo recibido por parte de todos los grupos.

“Entiendo que haya gente a la que le guste o no mi gestión, pero esto es la gota que colmó el vaso. Agradezco que dentro de este pleno todas las partes lo condenen, y que sea el paso para no dejarlo como está”, comentó.

En el transcurso del pleno, también se abordaron diversas cuestiones planteadas por los grupos de la oposición, centradas principalmente en la gestión económica y organizativa del Ayuntamiento.

Entre ellas, se plantearon dudas sobre la redistribución del gasto público municipal para 2026, así como sobre la aplicación de incentivos económicos vinculados a la productividad, recoge una nota del Ayuntamiento.

Asimismo, se trataron asuntos relacionados con futuras actuaciones en el municipio, como la próxima licitación para la pavimentación de diversas calles, una intervención que se centrará en tramos concretos del viario municipal.

También se expuso el proyecto 'Santa Úrsula para comérsela', una iniciativa vinculada al embellecimiento del municipio mediante la instalación de elementos escultóricos relacionados con la economía local, la lucha canaria y el sector primario.

El pleno aprobó por unanimidad la integración en los consorcios de tributos de Tenerife, reforzando así la coordinación institucional en materia de gestión tributaria.

Resulta algo ya recurrente y cada vez se suceden más las polémicas por el uso (o no) de Inteligencia Artificial en infinidad de ámbitos de nuestra vida, también en la parte artística, donde, por supuesto, se multiplican las críticas. Es lo que ha pasado desde hace días con el cartel del Carnaval de La Orotava de este año, municipio que contó con unas potentes fiestas en los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo, pero que fueron decayendo desde entonces por la fuerza de las del Puerto de la Cruz y, sobre todo, de Santa Cruz, especialmente desde los años 2000.

No obstante, la Villa ha seguido con un Carnaval institucional que, aunque con años sin gala de la reina por la última crisis económica u otras causas, se ha mantenido y reforzado en las últimas ediciones. El problema este año, sin embargo, se ha dado por el cartel anunciador, toda vez que, aunque la autora la niega y el gobierno local subraya que se han cumplido las bases y ha sido elegido por la Comisión Mixta de la fiesta, aparenta un excesivo uso de Inteligencia Artificial (IA) para reflejar el motivo de esta edición: el mundo del cine en un municipio con múltiples atributos para rodar (el 72% del parque de Las Cañadas del Teide, un casco histórico de los mejores de Canarias y playas o zonas agrícolas como las de El Rincón), aparte de un prestigioso festival de cortos impulsado por Enrique Rodríguez. 

Desde luego, la situación no ha pasado inadvertida en redes sociales y algunos creadores, de hecho, aseguran que declinaron participar precisamente porque las bases no dejaban claro un rechazo absoluto al empleo de IA. Según esgrimen, un municipio como La Orotava, con amplio bagaje de artistas (pintores, escultores, imagineros…) y cuna de un referente mundial del arte efímero, como son las alfombras de flores y arena de las Cañadas del Teide instauradas, al menos, desde 1846, no puede permitirse una omisión así. Al revés, debería fomentar la creación auténtica, alejada de los avances tecnológicos, por mucho que el diseño gráfico, por supuesto, sea también un arte complejo y más meritorio de lo que parece.

Sin embargo, el cartel de este año pisa fronteras difusas y, para muchos, traspasa lo permisible o recomendable en este tipo de certámenes. La autora, Laura Pérez, defendió durante su presentación que “nace de la idea de presentar el Carnaval de La Orotava como un gran estreno cinematográfico, donde la fiesta, la cultura y la participación popular se convierten en los verdaderos protagonistas”. Así, la alfombra roja “simboliza la invitación a entrar en esa película, mientras que las máscaras representan la esencia del Carnaval: la creatividad, el disfraz y la libertad de expresión. La estética inspirada en el cine clásico busca generar emoción y expectación, como cuando empieza una película, y al mismo tiempo conectar con la tradición y el carácter festivo del municipio, integrando elementos reconocibles de La Orotava para reforzar el sentimiento de identidad”. 

Sobre la técnica empleada, esgrimió que está realizado “mediante diseño gráfico digital, trabajando la composición por capas, la jerarquía visual y el equilibrio de los elementos, poniendo especial cuidado en el uso del color, la iluminación y las texturas para lograr un acabado cinematográfico”.       

El gobierno, además, recalca a Canarias Ahora que se han cumplido las bases fijadas y, por tanto, no entiende la polémica surgida que, sin embargo, ha ido in crescendo en los últimos días.

Yaharia Thovar vuelve a estar desesperada. La propietaria del refugio canino de Ravelo (protectora Adepac Canarias), en El Sauzal, Norte de Tenerife, lleva años sufriendo y luchando por mantener su proyecto para darle una vida digna a tanto perros que la gente abandona. Sin embargo, y tras un más que difíciles 2024 y 2025, afronta el comienzo de este nuevo año con más problemas y temores que nunca porque el Cabildo tinerfeño no ha abonado su parte del convenio firmado y porque cree que finalmente se consumará la intención de sacar a concurso la gestión de estas instalaciones, que sí pertenecen a la Corporación insular.

La propietaria del refugio canino describe como extrema la situación, por lo que mucho se teme que ese paso administrativo de un concurso o licitación se prolongue incluso hasta mediados de año y, por tanto, se llegue al verano en la actual coyuntura. Sin embargo, está convencida de que, sin la inyección económica insular, no podrá resistir más y subraya que sus trabajadores no han cobrado el último mes, que han logrado ingresar unos 7.000 euros mediante una campaña de apoyo em internet, pero que sólo las nóminas suponen unos 15.000 euros mensuales, a los que hay que añadir los gastos que representa uno de los refugios caninos más grandes de Canarias que, eso sí, cumple escrupulosamente con todas las condiciones veterinarias, sanitarias y administrativas, según recalca constantemente.

Como en otras etapas en el pasado, Yaharia hace un nuevo llamamiento a la desesperada al Cabildo, si bien subraya que, en tal caso, se estaría incumpliendo el convenio que tienen suscrito, por lo que tampoco tiene tan claro que se pueda retener el abono a la espera de sacar esa licitación con un acuerdo así vigente, lo que les ahoga hasta casi el cierre. Por eso, confía en que haya un replanteamiento y puedan llegar a ese proceso, si finalmente se confirma, con una situación llevadera que, además, priorice a los canes, los trabajadores y el proyecto en su conjunto. 

Ya a finales de 2024, la dueña lanzó el mismo SOS, que finalmente dio su resultado y pudo seguir durante 2025, no sin continuas dificultades. Aunque comenzó en Arona a dar rienda suelta a su pasión por ayudar a los perros, pasó luego a Los Ángeles (en El Sauzal) y, desde hace ya casi 24 años, a Ravelo (parte alta de este municipio norteño). Nunca ha tenido hijos y, como siempre ha recalcado su pareja, Juan, en realidad ha tenido miles, los miles de canes que ha cuidado y, en la inmensa mayoría de casos, salvados de una muerte prematura e injusta (nunca sacrifica a ninguno). En estos años, ha entregado a numerosas familias una media de 200 canes en adopción, pero el abandono continúa y en el refugio siempre están a tope. 

El desequilibrio del refugio se explica fácilmente, ya que, aunque recibe (este año teme que no) una subvención anual de 250.000 euros del Cabildo desde el mandato anterior (antes era mucho menor: 94.000), el gasto medio anual se eleva a unos 500.000 euros (y creciendo). Por mucho dinero que consigue recaudar de siempre gracias a particulares y otras entidades o instituciones (entre 100.000 y 150.000 euros), Yaharia nunca llega a esa cantidad global y por eso va arrastrando deudas año tras año. La diferencia esta vez, respecto a sus apuros previos, es que ve el final cada vez más cerca y no sabe cómo puede aguantar hasta este verano, si es que finalmente sale la concesión y a quién se la otorgan.

La versión del Cabildo de Tenerife no ha sido facilitada pese a los intentos de este periódico.

Se trata de una de las joyas botánicas de Tenerife y, de hecho, por algo se le llama, de siempre, Hijuela del Botánico, del célebre Jardín Botánico de Puerto de la Cruz (antes, Orotava), que es uno de los más importantes y famosos de Europa desde 1788, cuando se crea por orden de Carlos III, y el segundo más antiguo de España. 

La Hijuela del Botánico se halla en pleno casco histórico orotavense, justo detrás del Ayuntamiento, en uno de los enclaves patrimoniales más bellos y completos de las Islas. Sin embargo, hay un gran pero: este jardín, de mucho menor tamaño que su padre, con lo que su mantenimiento no debería ser tan costoso ni complejo, presenta desde hace tiempo un estado poco edificante, por ser suaves, tal y como, en parte, reconocen los responsables de su conservación, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Este organismo público depende de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, con Narvay Quintero de consejero, de AHI.

La Hijuela se creó a finales del siglo XIX, tras el derribo del convento de San José, en un terreno anexo que servía de huerto para las monjas, con el fin desde su concepción de convertirla en un vivero. Aunque ha tenido momentos de mayor esplendor, sigue maravillando a sus cada vez más numerosos visitantes diarios, entre otras cosas por su céntrica ubicación y su entrada gratuita. Este espacio natural, por no tener, no tiene ni control de entrada, si bien por las mañanas cuenta con un jardinero costeado por el ICIA. Por las tardes, hay un guardia de seguridad que asume el Consistorio villero.

A poco que se entre en la Hijuela, uno no sólo comprueba la riqueza y su variedad botánica, con especies de diversos continentes, sino que además se topa con tramos cortados, sobre todo en la parte más al norte, la que linda con el paseo de la trasera consistorial. También hay numerosos tubos de hierro que, con las lluvias, sobresalen demasiado en los caminos interiores y, a veces, hasta propician tropiezos. Las bocas de riego a su vez afloran y se convierten en un claro peligro para el visitante. Hay numerosos desperfectos en los muros y parterres, demasiadas especies o ejemplares sin identificar y una constante sensación de abandono, desidia o impotencia.

Impotencia, al menos, es la que traslada a Canarias Ahora la directora del ICIA, Janira Gutiérrez, que reconoce que el estado de la Hijuela no es el óptimo, aunque achaca la situación actual a las lluvias intensas de los últimos meses, lo que ha impedido, según explica, los habituales trabajos de mantenimiento. 

Además, insiste en que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), no se les permiten los cambios que han planteado, con los que, según recalca, “se solventarían los problemas que afectan” a este espacio, vinculados a su inapropiado mantenimiento.

Por su parte, el director de ese jardín orotavense, Alfredo Reyes, ahonda en esas limitaciones, pero además reconoce que el estado no es el más aconsejable y explica los cortes de los caminos en la parte más al norte “por la inclinación del terreno y el efecto del agua”. También admite los problemas con las tuberías de hierro, con partes aéreas; la falta de señalética o de placas identificativas de los ejemplares de flora, en muchos casos, y el estado de abandono o los desperfectos en numerosos tramos. A ello se une el uso de cintas de precinto para que los cada vez más visitantes que acuden al lugar, un espacio de casi obligada visita en la ciudad, no pasen a ciertas partes o zonas de la Hijuela del Botánico.

Ampliación del horario de apertura a las tardes

Según subraya Reyes, el ICIA baraja un presupuesto de unos 60.000 euros para paliar la situación actual este año, y no vería mal un mayor control del espacio, con una caseta o personal permanente, para que no sea sólo el jardinero actual, y para controlar mejor a los visitantes, dado que la apertura se ha ampliado a las tardes, que es cuando la Hijuela la cuida un guardia de seguridad que costea el Ayuntamiento de La Orotava. Además, anuncia que ya cuentan con una nueva máquina para poder crear etiquetas para los ejemplares no identificados, aparte de que deben colocar bien algunos “desubicados”.

Tal y como insiste el director, la declaración como BIC de este jardín histórico los limita demasiado, aunque ese jardinero sigue con las labores diarias de mantenimiento durante su jornada de trabajo, siempre por la mañana.

Hace unos años, la Hijuela contó con una caseta para las entradas, pero se acabó optando por retirarla. Pese a sus pequeñas dimensiones en comparación con el Botánico portuense, se trata de uno de los pulmones verdes más relevantes de La Orotava. Lo delimita una reja creada por la fábrica Hermanos Pérez, de Sevilla, costeada en su momento con ayuda del Ministerio de Fomento. Entre sus elementos arquitectónicos más relevantes, sobresale la puerta de entrada, situada justo enfrente de uno de los accesos al célebre Jardín Victoria (el más importante de Europa entre los masónicos y eclécticos), al ejecutarse en forja y con un diseño complejo que simula las intrincadas formas de la variada flora del interior.

Desde luego, demasiados atributos para un estado actual poco acorde con esa relevancia.

El consistorio anuncia un nuevo convenio con el ICIA

El gobierno orotavense (CC), por su parte, culpa también del estado de la Hijuela “a las lluvias torrenciales acaecidas en estos más de dos meses, que han afectado al piso, descubriendo tuberías y piedras en un jardín que tiene una orografía con un importante desnivel”. Según recalca Luis Perera, concejal de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Lucha contra el Cambio Climático, entre otras áreas, han abordado esta situación “recientemente tanto con su director como la presidenta del ICIA, que nos han confirmado que actuarán cuanto antes”.

Asimismo, explica que se pretende renovar el convenio de colaboración con la consejería, de forma que el ayuntamiento asuma los horarios de lunes a domingo en lo que respecta al cierre (a las 20:00 horas), así como de la apertura durante los sábados, domingos y festivos (desde las 10:00). También anuncia que, una vez se suscriba el nuevo acuerdo, quieren ejecutar una rampa de acceso, la corporación local se encargará del pintado exterior (incluido el forjado) y el ICIA se ocupará del piso. A su vez, aclara que su área estudia junto a Patrimonio local la posibilidad de realizar una entrada accesible, “aunque no es fácil debido a la condición de BIC”.

No deja de ser anecdótico, pero, durante un mes, numerosos vecinos de la parte más neurálgica de Puerto de la Cruz, la del muelle pesquero, plaza del Charco y alrededores, se han preguntado por el cambio que se había producido en el faro de la ciudad, ubicado en la célebre explanada, la que ha servido durante decenios de alivio salvador para que los muchos residentes y más visitantes puedan aparcar. Desde las últimas Navidades hasta el pasado jueves, las luces del faro han estado iluminando con gran intensidad buena parte de este enclave porque, en realidad, no eran las habituales, las empleadas durante decenios y decenios, sino las de emergencias, debido a que el fuerte viento de diciembre dañó las que se usan en circunstancias normales.

Durante semanas, esta situación ha llamado la atención de muchos vecinos que nunca antes habían sido testigos de unos fogonazos tan potentes y penetrantes en los pisos, sobre todo a partir de los terceros y cuartos. La cosa fue la comidilla porque no se sabía muy bien la razón del cambio, trasladando parte de estas quejas a Canarias Ahora. 

El faro pertenece a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Este periódico contactó con su presidente, Pedro Suárez, el pasado 22 de enero, cuando persistía la situación, pero desconocía los hechos. En la mañana de este martes, sin embargo, ya pudo explicar que se trata de una pieza dañada por el viento, pero difícil de hallar y reemplazar, por lo que siguen a la espera hasta que la consigan fuera. No obstante, y como medida provisional, desde el pasado jueves se ha colocado una pantalla para evitar que la luz irradie directamente de forma tan potente en muchos de los edificios del casco, con lo que se espera solucionar, al menos de momento, la situación mientras llega la pieza original para sustituir la dañada.

Durante un mes, los edificios situados justo detrás de la Casa de la Aduana, de la playa del muelle pesquero y de la célebre zona de La Ranilla han sufrido un constante fogonazo de luz que, en algunos casos y por lo relatado a este medio por algunos afectados, han dificultado el sueño y molestado, aparte de llamar la atención a otros residentes y turistas cuando llegaba la noche y se veía desde muy lejos una luz inhabitual, de gran potencia y en constante círculo.     

Los vecinos del barrio de La Florida, en el municipio tinerfeño de La Orotava, han vuelto a hacer historia este sábado con la preparación del puchero más grande de Canarias, una fiesta popular con sabor a uno de los platos típicos del archipiélago para el que han usado 59 calderos de grandes dimensiones que han alimentado a más de 5.000 personas.

El evento, declarado fiesta de interés turístico, se enmarca dentro de las celebraciones vecinales en honor a San Antonio Abad y la Virgen de la Esperanza, que cada año reúnen a locales y visitantes en este rincón rural en lo alto del valle situado en el norte de Tenerife desde hace más de medio siglo.

Para su elaboración son necesarios más de 700 kilos de calabazas, 700 de chayotas, 400 de coles, 90 de habichuelas, 90 de zanahorias, 20 de piñas de millo, 80 de garbanzos, 50 de puerros, 20 de ajo, 15 de perejil y 250 de gofio, así como 18 sacos de papas, cuatro sacos de cebollas, costillas de cerdo y pollo, todo ello cocinado a fuego lento con leña de la retama seca del Parque Nacional del Teide.

Uno de los vecinos de la zona y de los cocineros del puchero desde hace 40 años, Vicente Carvallo, ha explicado que los preparativos comenzaron temprano en la mañana con el corte de todas las verduras y la colocación de los calderos, en una larga hilera humeante.

Sin embargo, el trabajo viene de antes, ha continuado, ya que la mayoría del producto utilizado es cultivado por agricultores de la zona, quienes abastecen a la comisión de fiestas para rememorar un hecho anecdótico que ahora es todo un furor en el norte de la isla.

Y es que el origen de esta tradición, ha explicado uno de los integrantes de la comisión de fiestas, Carmelo Hernández, se remonta al gesto que una vecina de la localidad tuvo hace ya muchos años con un grupo de ganaderos que pararon cerca de su casa en un frío día de invierno, a los que regaló un plato de puchero para que recuperaran fuerzas y entraran en calor.

“Desde entonces esta tradición ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en lo que vemos hoy. Ahora disponemos de calderos más grandes, que han sido donados y regalados por diferentes personas e instituciones, lo que permite cocinar aún más cantidad y honrar con cariño el detalle de una vecina con los trabajadores del mundo rural”, ha indicado Hernández.

La promotora inmobiliaria Avantespacia ha anunciado este miércoles la construcción en el municipio de Adeje, al sur de Tenerife, de una promoción residencial denominada Talaïa Residences, que prevé la construcción de 232 viviendas en la costa, junto a la playa de Ajabo.

Se trata del segundo proyecto de estas características que se anuncia en el municipio a lo largo de este mes, después de que a comienzos de enero la promotora Metrovacesa anunciase el inicio de la construcción del proyecto Abora, en Costa Adeje, con una inversión cifrada en 55,97 millones de euros y que contempla 138 viviendas plurifamiliares distribuidas en un edificio de cinco plantas, según informó el pasado 8 de enero la compañía en un comunicado.

Según ha informado Avantespacia, la actuación se ubica en una parcela situada en la avenida de La Galga, con una superficie edificable cercana a los 27.000 metros cuadrados, y contempla un conjunto de seis edificios en una urbanización privada, con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, además de plazas de aparcamiento, trasteros y zonas comunes.

El proyecto incluye espacios ajardinados con especies autóctonas, piscinas exteriores, un área interior destinada a gimnasio y spa, así como sistemas de control de accesos y servicios comunes, de acuerdo con la información facilitada por la promotora, que ha señalado que la comercialización del complejo corre a cargo de la consultora inmobiliaria CBRE.

Vale que salvaron a los europeos (y a muchos africanos y asiáticos) del pretendido imperialismo germánico, austrohúngaro y otomano en la I Guerra Mundial con su participación clave desde abril de 1917. Vale, por supuesto, que repitieron proeza en la II GM, aunque esta vez también en defensa propia tras ser atacados por Japón en diciembre de 1941; valen muchas situaciones posteriores (con sus respectivas contralecturas y atrocidades), pero lo que ya resulta más discutible es el proselitismo estadounidense o pro yankee que tanto gusta a algunos por estos lares que quieren ser más del Tío Sam que sus propios sobrinos nacidos en la autoproclamada Tierra Amada por Dios (soflama nacionalista, religiosa y de destino existencial con la que compite con Israel, por cierto: nada raro…). 

Un buen ejemplo de esa tendencia al baboseo con el imperio es lo que, a pequeñísima escala (evidentemente) y para muchos seguramente sin ningún tipo de interés público (como mera anécdota retorcidamente interpretada en estas líneas), ocurre desde hace años durante los fines de semana en el muelle de Puerto de la Cruz, la ciudad motor turístico del norte de Tenerife. Pasa desde hace ya años y con todo tipo de gobiernos locales. Ocurrió en la última etapa del PP y CC (de 2015 a 2019), con PSOE y ACP (de 2019 a 2024) o, ahora, con la coalición que junta a la derecha españolista y canaria con la supuesta izquierda “auténtica y únicamente” de izquierdas –se supone que antiimperialista- para formar PP-ACP-CC tras la última censura. En todo este tiempo, el propietario de un jeep militar descapotable y supuestamente de la II Guerra Mundial hace exhibicionismo del poderío estadounidense y su peso clave en ese conflicto. Lo hace en una parte del adoquinado en frente de la playa del muelle en la que no se puede aparcar, salvo para abastecer a los comercios, bares y restaurantes de la zona, por lo que se necesita un permiso especial. Y lo hace para disfrute de muchos e indignación de no pocos.

Consultado por este periódico, un policía local indicó que dicho vehículo cuenta con esa licencia específica para aparcar en esta zona tan neurálgica, aunque el jeep nunca muestra dicha tarjeta. El actual gobierno local, a las preguntas de Canarias Ahora sobre este asunto, ha pedido a este periódico que solicite la información “por escrito y por registro”.

Una imagen que impacta en plena efervescencia imperialista

Sin embargo, y más allá de si cuenta o no con esa autorización, lo cierto es que hay gente que cuestiona a fondo que se le pueda otorgar para una exhibición así. Y lo cuestionan desde hace años, aunque la actual presencia de un vehículo que tributa homenaje al ejército de EEUU por, se supone, su aportación a la democracia y la libertad en la década de los 40 del siglo XX cobra un significado bien distinto en estos tiempos del nuevo césar que se autoproclama presidente de Venezuela tras dar un golpe de Estado y secuestrar a su presidente (por muy ilícito que fuera y por mucho que robara las elecciones, que las robó y que sí, que es un dictador, como tantos en el resto del planeta). 

Un magnate y autócrata que amenaza a sus propios socios europeos y de la OTAN con Groenlandia, a la que quiere robar “por las buenas o por las malas”, o que hace temblar a México, Colombia o Cuba (sí, otra dictadura oxidada y asfixiante, pero sin petróleo) a su antojo y con diversos pretextos. O que bombardea el régimen de Irán (tropas no enviará por tierra) o propicia con su gran aliado Netanyahu el genocidio israelí en Palestina no sólo desde octubre de 2023, sino de décadas previas (él y otros presidentes yankees, por supuesto).

Pues bien, en este contexto mundial, con un “dictador” que bombardea países como Venezuela saltándose su propia Constitución, al no aprobarlo el Congreso; que distribuye la guardia antimigración para cometer asesinatos atroces como el reciente de la poeta de 37 años y tres hijos o que moviliza a la Guardia Nacional contra los gobernadores demócratas que le dicen “no”, con este “emperador” que quiere acaparar el petróleo mundial (por las petroleras que le rinden pleitesía o por sus propios negocios) y desprecia a fondo a la UE y su bendito Estado del Bienestar (viendo el resto del planeta) salvo a aquellos partidos ultraderechistas y ultranacionalistas como Vox y toda su familia (si bien Le Pen se le ha opuesto con contundencia respecto a su golpe en Caracas –ay, Santi, ay Feijóo-), con todo este contexto de fondo y superficie, un particular lleva los fines de semana un jeep militar con la palabra USA bien marcada a uno de los rincones turísticos más importantes de Tenerife. Y lo hace, por supuesto, orgulloso y sintiéndose respaldado.

Sí, es cierto que también se exhiben en ese mismo punto otros coches carnavalescos, como uno que imita al protagonista de Cars (Rayo McQueen), el destartalado y legendario vehículo de los Cazafantasmas, el rosa de Barbie y otros, aunque con mucha menos frecuencia. También es cierto que los turistas y muchos residentes los fotografían y se inmortalizan junto a estas imitaciones y el jeep (que se supone que es auténtico), pero los motivos para rechazar una muestra así de exhibicionismo militarista en pro de la gran potencia que ahora quiere subyugar el mundo a voluntad de un césar desbocado resultan más poderosos que nunca, se ponga como se ponga su dueño y sus aduladores dominicales.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife ha levantado un acta de infracción grave, que no es firme, contra el Ayuntamiento de La Orotava, en el norte de la isla, por este incumplir, según ha comunicado en una nota de prensa la organización de trabajadores Intersindical Canaria, su propio plan de igualdad en la tramitación de una denuncia por presunto acoso laboral presentada por un trabajador municipal.

La resolución de la Inspección de Trabajo, siempre atendiendo a lo reflejado en el comunicado reseñado, indica que ese Consistorio local del norte de Tenerife “no respetó los plazos obligatorios para resolver el expediente informativo previsto en el plan de igualdad (2021–2025)”, con lo que se “vulneraron derechos básicos reconocidos en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores”. Este “incumplimiento ha sido calificado como infracción grave por actos u omisiones contrarios a los derechos de las personas trabajadoras, salvo que proceda su calificación como muy grave”, se dice en la nota de prensa.

En relación con esta misma cuestión trasladada a la opinión pública por parte de Intersindical Canaria, el concejal delegado de Presidencia, Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Comercio, Parques y Jardines, y Control de las Empresas Concesionarias del Ayuntamiento de La Orotava, Felipe David Benítez (de Coalición Canaria), ha sostenido, a preguntas de este periódico digital, que “la información que aparece en el comunicado de Intersindical Canaria nada tiene que ver con la realidad, [sino] todo lo contrario”.

Benítez asegura que “el Ayuntamiento de La Orotava sí ha actuado [ante ese caso] e incluso se ha resuelto, y están de común acuerdo ambas partes [implicadas]. Lo único [que ha ocurrido] es cuestión de formalidad, ya que la instructora del expediente, la jefa del área de Recursos Humanos, tuvo un accidente laboral y está de baja médica, [lo que ha motivado] que no se haya podido resolver de forma administrativa. Pero sí que se han tomado todas las medidas desde que se activó el protocolo de actuación que marca el plan de igualdad”. Además, añade Benítez, “tras la valoración y entrevista psicológica con los afectados para ver las posibles soluciones, se han modificado los puestos de trabajo de común acuerdo”.

“Lo único [que ocurre] es que administrativamente no se ha podido formalizar y comunicar por ese hecho; por otro lado, la sanción no es en firme. Ahora nos ha llegado una comunicación, a la que vamos a contestar precisamente que el asunto está resuelto y que simplemente es un tema de formalidad administrativa por una baja médica de la jefa de Recursos Humanos. Se ha actuado en todo momento en tiempo y forma”, recalca el concejal orotavense. Desde el Ayuntamiento también se advierte de que incluso “se llevó a pleno un punto para la posible solución y el acuerdo”.

Hay que decir que el supuesto acoso laboral “fue denunciado formalmente ante la jefa de Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Orotava el día 25 de septiembre de 2024 [hace más de un año y tres meses] por un auxiliar de Biblioteca frente al director de la Biblioteca municipal. A pesar de haberse activado el protocolo correspondiente, a día de hoy [por el 5 de enero de 2026], el expediente abierto sigue sin resolverse”, sostiene Intersindical.

“Desde el día 30 de septiembre de 2024, día en que la comisión de igualdad acuerda la apertura de un expediente disciplinario y nombra instructora y secretaria, el Ayuntamiento estaba legalmente obligado a tramitar el expediente con urgencia, imparcialidad y confidencialidad, y a resolverlo en un plazo máximo de 15 días hábiles, ampliables excepcionalmente a 30 días”, plantea el mismo sindicato.

Además, prosigue la misma fuente, “el trabajador denunciante solicitó las actas de la comisión de igualdad en febrero de 2025 a través del registro de entrada, pero aún no se las han entregado. Tampoco consta el informe psicológico que debía incorporarse al procedimiento y, además, se rechazaron los testigos propuestos por aquél, a pesar de que el propio protocolo lo contempla expresamente. La Inspección de Trabajo constata así una inacción administrativa injustificable”, se subraya en la nota de prensa.

Incumplimiento de decisiones de la comisión de igualdad

“Este incumplimiento ha tenido consecuencias muy concretas, entre otras que el Ayuntamiento permitió que el trabajador denunciante tuviera que seguir compartiendo turno de trabajo con su supuesto acosador, ignorando así la medida cautelar acordada por la comisión de igualdad sobre la no coincidencia de ambos trabajadores en el mismo turno”, explica el comunicado.

Por estos hechos, tras la denuncia presentada por el denunciante el 2 de junio de 2025, la Inspección de Trabajo “ha resuelto levantar acta de infracción grave al Ayuntamiento por incumplir su plan de igualdad y por vulnerar derechos laborales fundamentales, dejando constancia de que la actuación municipal fue contraria a la normativa de aplicación para proteger a quienes denuncien acoso laboral”, traslada Intersindical Canaria.

Para Intersindical Canaria, esta resolución de la Inspección de Trabajo, que según el Ayuntamiento de La Orotava no es firme, “confirma lo que se venía denunciando desde hace meses en el Ayuntamiento de La Orotava, que el plan de igualdad se ha convertido en papel mojado ya que la pasividad del Gobierno municipal ha actuado como escudo para quien utiliza su situación de superior jerárquico para conductas abusivas y no como una garantía para quien denuncia”, se concluye en la nota sindical.

La Coordinadora Ecologista El Rincón se congratuló en la mañana de este viernes de la decisión de precintar y clausurar los dos espacios de aparcamiento privado que quedaban en el restaurante Bollullo, justo encima de la playa del mismo nombre, una de las más espectaculares de Canarias y ubicada en el municipio tinerfeño de La Orotava. Como adelantó Canarias Ahora, el cierre se efectuó este jueves, y los ecologistas no sólo lo aplauden, sino que se congratulan de “se vaya poniendo fin a la iniciativa empresarial y especulativa de Bollullo-Beach”. Además, denuncian en un extenso comunicado el “grave deterioro ambiental e impacto social desde 2017, cuando cambió la propiedad de estos terrenos y comenzaron nuevas obras y actividades”.

Lejos de concebirlo como un problema para el acceso y disfrute de la playa, los miembros del colectivo entienden la clausura como “la oportunidad de ejecutar de una vez por todas el Plan de Movilidad que se encargó desde el Consorcio de El Rincón y en el que participaron vecinas, propietarias y usuarias del entorno, y que recoge un diagnóstico y propuestas de las alternativas peatonales, y el tráfico, tanto el referido al privado como al transporte público”. Este plan, elaborado durante los años 2017 y 2018, alude, entre otros aspectos, a la “necesidad de limitar a agricultores y vecinos el acceso con vehículos privados en los caminos secundarios, así como implantar un sistema de guaguas que pasen, entre otros puntos, por alguno de los aparcamientos municipales existentes fuera del ámbito de El Rincón, y que tengan como destino final la playa de El Bollullo”. 

La Coordinadora prefiere “no razonar y enumerar las ilegalidades cometidas, ya que a estas alturas gran parte están justificadas en resoluciones administrativas municipales y en la propia sentencia penal que recae sobre el promotor. Pero sí aclaramos que se trata de unos hechos que venimos denunciando reiteradamente desde 2018, habiendo presentado decenas de escritos al Ayuntamiento, Demarcación de Costa de Canarias, Agencia de Protección de Medio, Seprona y Comisionado de Transparencia, formalizando finalmente denuncia en el Ministerio Fiscal”. Los ecologistas censuran que el consistorio “haya estado permitiendo durante años el desarrollo de estas actividades, con el conocimiento no sólo de su ilegalidad, sino de las repercusiones que estaba originando”.

Un “cambio” por la sentencia de 2024 y por la insistencia ecologista  

Por eso, resalta que fue “sólo a través del conocimiento de la sentencia penal de octubre de 2024, y de nuevo con la insistencia reiterada de la Coordinadora, cuando la corporación ha comenzado los procedimientos administrativos que han culminado con el cese de las principales actividades ilegales que se venían desarrollando (restaurante y aparcamientos). Y mientras, durante todos estos años, a esta iniciativa empresarial se le ha permitido hacer negocio con la destrucción del entorno de la playa de El Bollullo”, sostienen.

Asimismo, aseguran que, “en el marco de esta iniciativa empresarial, se han desarrollado otras actividades y obras que igualmente han contribuido a la destrucción y masificación de este entorno, y que igualmente han sido denunciadas por esta asociación, cuyos procesos aún no se han resuelto y sobre las que seguiremos insistiendo con firmeza a través de las vías que consideremos necesarias”. Entre ellas, aluden a “una vivienda vacacional que se desarrolla en la planta intermedia del antiguo restaurante, los apartamentos habilitados en la planta que ocupaba ese negocio de comidas, la transformación del antiguo chiringuito en un restaurante, la construcción de nueva caseta para guinche y, con especial relevancia, las obras de urbanización parcialmente ejecutadas en los terrenos interiores de la parcela, sobre las que el promotor ha presentado desde el año 2020 diferentes alternativas de proyectos para la construcción de hasta 14 viviendas, todo ello sobre suelos rústicos”.

Los ecologistas son conscientes de que sobre esta iniciativa empresarial “han estado puestos los ojos de muchos propietarios de otras fincas de El Rincón disconformes con los planteamientos proteccionistas de la Ley (1992) y el Plan Especial (1997) que lo ordena, con la esperanza puesta en poder hacer ellos también lo mismo sobre sus terrenos agrícolas. Es por esta razón que, desde el principio, hemos considerado importante oponernos con firmeza a estas actuaciones, que además se constituyen como la principal transformación que ha habido en El Rincón desde la aprobación de la Ley. Y es por ello que le damos gran valor al desenlace que está teniendo este procedimiento”.

También son conscientes “de que lo que ha ocurrido en el entorno de El Rincón en los últimos ocho años es un fiel reflejo de la desdicha que viene padeciendo este Archipiélago, y es que son muchos otros lugares de Canarias los que se han visto igualmente agredidos por iniciativas urbanizadoras y especulativas, contribuyendo a superar los límites de la capacidad de recursos. En este sentido, le damos valor a que El Rincón pueda seguir siendo un ejemplo de lucha social por un modelo que equilibre los valores ambientales, sociales y económicos”.

Un referente para la sostenibilidad y la movilización social

En este punto, la Coordinadora recuerda cómo, a finales de los años 80 y “frente a las intenciones desarrollistas del Ayuntamiento de La Orotava, que pretendió urbanizar El Rincón como una prolongación del modelo turístico implantado en el Puerto de La Cruz, una movilización ciudadana sin precedentes logró cambiar su destino a través de una Iniciativa Legislativa Popular que culminó con la Ley de El Rincón de 1992: una norma singular que blindó la protección a este entorno, al considerar su paisaje agrícola de interés de la Comunidad Autónoma por representar uno de los últimos vestigios no urbanizados de toda la costa del Valle”.

Esa ley derivó en el Plan Especial, “que contempló potenciar el uso agrícola, posibilitando que fuera complementado en convivencia con actividades de ocio y turísticas. Eso sí, calibrando y limitando la capacidad de acogida de visitantes, de manera que no se pusiera en riesgo los valores ambientales. El modelo propuesto planteó de forma innovadora que los beneficios económicos que generaran estas actividades contribuyeran al mantenimiento de la actividad agrícola, repercutiendo y repartiéndose entre el conjunto de productores, en lo que ha significado una fórmula que se ha replicado con gran éxito en otros territorio del Estado, tomando como referencia este modelo de gestión: el Parque Agrario del Bajo Llobregat en Barcelona puede ser el mejor ejemplo de esta réplica”.

Por este bagaje, remarcan que pueden permitir “que una iniciativa empresarial se beneficie económicamente a costa de la destrucción ilícita de este entorno. Y es que se han implantado nuevas actividades extendiendo aparcamientos y un nuevo restaurante con terrazas y construcciones sobre suelos agrícolas, a la vez que se ha reconvertido el antiguo chiringuito de la playa en otro restaurante, lo que ha generado la masificación de la playa en los últimos años, superando con creces los límites de su capacidad de carga definidos en el Plan Especial”. 

Además, consideran que esa masificación “ha tenido un sesgo social, ya que entre los nuevos visitantes han predominado perfiles de alto nivel económico, acorde con los nuevos servicios que se han prestado, dejando de ser un atractivo para la población local y usuaria tradicional de este espacio, en un claro ejemplo de gentrificación de una playa. Donde hace años había una cala frecuentada y disfrutada por población local y en menor medida por algunos turistas que venían a pie desde el Puerto de la Cruz, en estos años se ha convertido en un lugar masificado prácticamente en exclusividad por turistas”.

Algunas madres y padres de menores de Los Realejos, en el norte de Tenerife, que participaron el pasado domingo en las actividades ofertadas por el Ayuntamiento (gobernado por el PP) para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia denuncian a Canarias Ahora que, si bien hubo otro tipo de ofertas, se repartiera “comida basura” en un puesto gastronómico y esa oferta acabase obteniendo el mayor éxito entre las niñas y niños asistentes, lo que no conciben como precisamente edificante ni ejemplar ni en esa coyuntura ni nunca.

Las actividades se desplegaron entre las 10:30 y 14:00 horas en la explanada del antiguo Mercado Municipal. Los padres admiten que se trató de una “completa y variada oferta lúdica y educativa, con castillos hinchables, talleres infantiles, cuentacuentos, pintacaras…”. Además, resalta que los jóvenes que forman parte del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia “leyeron un manifiesto en defensa de los derechos de la infancia y el alcalde, Adolfo González, flanqueado por varios concejales del gobierno, cerraron la parte institucional con unas palabras”.

Sin embargo, consideran muy significativo y un claro error que entre esa oferta, y en contra del decálogo de los Derechos de la Infancia en lo que se refiere a una alimentación sana, se incluyera un puesto centrado sólo en perritos calientes y dónuts, lo que tildan de “hecho escandaloso”. “De entre la amplia oferta de actividades, la que triunfó fue la entrega de perritos calientes –con los pertinentes botes de kétchup y mostaza- y donuts entre niñas, niños y familias presentes, que formaron largas colas frente al puesto habilitado para ello”, explican estos familiares críticos. 

Estos padres y madres recuerdan que ese decálogo de Derechos de la Infancia “se puede leer que los niños y niñas tienen derecho a una protección especial para que crezcan física, mental y socialmente sanos (derecho de protección). Si tenemos en cuenta que casi la mitad de los niños canarios de entre 6 y 9 años tiene obesidad o sobrepeso (19,5% obesidad, y 25,3%, sobrepeso, según el estudio Aladino, de la Aesan), no parece la mejor forma de aplicar el derecho de protección el fomento de hábitos de alimentación poco saludables en actos infantiles”. 

Según remarcan, “y sin duda, el reparto de perritos calientes y donuts resultó un éxito, pero a varias familias nos pareció un auténtico escándalo y un despropósito. La obesidad infantil representa un problema de salud pública en Canarias. Nada justifica que desde una administración pública se fomenten prácticas de consumo nada saludables”. En opinión de estos presentes, “y entendiendo que la promoción pública de la salud infantil y familiar cabía en un acto como este, hubiera sido una excelente oportunidad para fomentar el consumo de frutas locales y de temporada cultivadas en el municipio”.

El gobierno local subraya que se coordinó con el Consejo de la Infancia

Preguntado por Canarias Ahora, el alcalde realejero indicó que, “efectivamente, y en consenso con los niños y niñas del Consejo Municipal de la Infancia, con quienes se coordinó como siempre este acto de conmemoración del Día Internacional de la Infancia, hubo este tipo de puestos de comida; del mismo modo que, a demanda de las familias en otros actos, como La Noche Mágica, cuya nueva edición será el 6 de diciembre, habrá puesto de nubes de azúcar; como en el Fin de Año Infantil, que se volverá a celebrar el próximo 30 de diciembre, habrá reparto de doce pastillitas de chocolate para despedir el año con las campanadas de las 18:00 horas de esa tarde, como viene siendo habitual; o en la Cabalgata de Reyes, del próximo 5 de enero de 2026, volverá a haber reparto de caramelos y otras golosinas por Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, como es costumbre y como siempre ha sido valorado por las personas asistentes a estos actos públicos”.

La playa de El Bollullo, en el municipio tinerfeño de La Orotava, en el norte de la Isla, es una de las más espectaculares de Canarias entre las calas de arena negra volcánica por sus características orográficas y enclavarse en uno de los parajes protegidos más emblemáticos de España, El Rincón, cuya lucha social, vecinal y ecológica deparó en el país la primera Ley de Iniciativa Popular en 1992 para mantener como agrícolas dos millones de metros cuadrados. Al igual que las playas hermanas de Los Patos y El Ancón, otras dos joyas naturales de este refugio telúrico, sobre todo cuando llega el verano, uno de los principales problemas de siempre en El Bollullo ha sido la carencia de aparcamientos públicos. 

Hasta ahora, eso se paliaba en parte con los estacionamientos privados habilitados en fincas particulares (ya cerradas) justo encima del acantilado o, sobre todo, en el célebre restaurante El Bollullo (no el chiringuito de abajo, en la playa, sino el de arriba). Sin embargo, desde este jueves esta situación va a cambiar porque el dueño y su socio han recibido un aviso del Ayuntamiento orotavense para que cierren definitivamente desde ese día los dos espacios que usaban para aparcar coches de sus clientes gastronómicos o simples visitantes de la playa o el enclave.

Antes, este negocio ofrecía unas 150 plazas en distintos emplazamientos alrededor del restaurante de arriba, cerrado recientemente por decisión del dueño. Incluso, la proyección que manejaban era ampliar ese número a unas 250, pero, hace unos meses, el consistorio les obligó a delimitar únicamente las dos áreas destinadas a estacionamiento en el pasado, con lo que su número se redujo hasta unas 70, según detallan a este periódico. El cambio ahora es que, por primera vez, se les prohíbe ofrecer estacionamientos a sus clientes o a los que sólo desean bajar a La Playa o conocer esta parte del Valle orotavense, lo que entienden como un “claro agravio comparativo respecto a lo que pasó durante unos 40 años” con la propiedad anterior.  

Decisión que desligan de la sentencia de 2024

Según recalcan, este cierre no tiene nada que ver con la sentencia publicada en octubre del año pasado, que anula parte de las obras ejecutadas por el dueño en el restaurante mayor, propietario al que, incluso, condena con un año y medio de cárcel, si bien recurrió el fallo y sigue a la espera. Los socios relacionan la medida de ahora con la organización sectorial y la postura de Costas, pero remarcan que esos aparcamientos privados ya fueron contemplados en el Plan Especial de 1997, que surge precisamente por la ley de 1992, aprobada por el Parlamento de Canarias. 

Por tanto, consideran que están sufriendo “una injusticia”, si bien ponen igual énfasis en las consecuencias que esta carencia de aparcamientos tendrán para los usuarios habituales de El Bollullo, los muchos turistas que acceden al lugar con coches de alquiler, los servicios de urgencias y bomberos para poder maniobrar al final de la vía si ellos deciden cerrar la puerta y hasta los atascos mayores que se producirán en un acceso de doble sentido y sin salida que, por su estrechez en diversos tramos, suele acarrear colapsos más que considerables y peligrosos en caso de alguna emergencia.

Además, recuerdan que la vía de circunvalación prevista por dicho plan tampoco se ha desarrollado ni la idea de Gesplan de introducir más apartaderos para agilizar un tráfico que, en verano o los fines de semana, se convierte en un quebradero de cabeza para los visitantes, sobre todo por los muchos turistas que desconocen estas circunstancias y bajan atraídos por las fotos de una playa y un paraje agrícola, por otro lado, espectaculares.

Preguntado por Canarias Ahora sobre esta decisión y sus efectos, el gobierno local orotavense (CC), a través de fuentes municipales, dejan claro que todo lo relativo a El Rincón y este negocio se hace cumpliendo “escrupulosamente” la ley y recuerdan que, aparte de la sentencia existente y recurrida, ha habido otras denuncias previas.

Esas denuncias proceden de la Coordinadora Ecologista El Rincón, que lleva años abogando por el transporte público, por facilitar los paseos y censurando la proliferación de aparcamientos que considera ilegales en esta parte final de El Rincón, si bien la mayoría han ido cerrándose en los últimos meses y años. Ahora, desde este jueves, se clausurarán las 70 plazas que aún ofertaba el restaurante (cuyo coste era de 5 euros por coche, toda vez que los socios decidieron unificar el precio y no rebajarla nada a los residentes desde que les redujeron su número). Los socios sostienen que el Plan Especial de 1997 se ha quedado obsoleto y debería actualizarse, pero insisten en que la ley y su contenido permiten la existencia de los aparcamientos que ahora se cerrarán, lectura bien distinta a la de los ecologistas. 

Un camarero del bar La Fragata, próximo al muelle de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, se convirtió este fin de semana en un héroe inesperado tras conseguir rescatar del agua el pasado sábado a tres personas en el golpe de mar que acabó con el fallecimiento de una crucerista de origen holandés que se encontraba en la zona contemplando las olas. Al ser arrollada por el mar, sufrió un traumatismo mortal contra las rocas.

“No dudé ni un momento, desde que me quité la ropa me tiré al agua”, rememora para Cope Canarias en una entrevista recogida por Europa Press en la que remarca que está “muy contento” de que tres personas hayan salvado su vida.

Pedro, que también es marinero profesional retirado, era consciente del peligro por la cercanía de las rocas y la propia estructura del muelle y logró salvar a tres personas sin que el pánico dificultara el rescate.

“O te giras y te saco o no te giras y nos ahogamos los tres”, recuerda, al tiempo que reconoce que uno de ellos fue al día siguiente al bar para agradecerle el rescate.

Según su versión, el acceso al espigón no estaba cerrado pese al mal estado del litoral aunque al mismo tiempo reconoce que el golpe de mar fue “inesperado” pues “vinieron dos olas fuertes y después se quedó quieto”.

Pedro cree que “la gente se confía mucho” al acercarse al mar y entiende que no hay necesidad de arriesgarse para conseguir una buena foto: “Yo creo que las cámaras para sacar fotos tienen zoom, ¿no?, no hace falta ir al peligro”, indica.

En este incidente, además de la mujer fallecido, hubo varias personas heridas de carácter grave.

El mismo sábado, en otro incidente, otras seis personas resultaron heridas al caer al agua tras un golpe de mar en una playa en la zona de Taganana, en Santa Cruz de Tenerife.

En el sur de la isla, en Granadilla, un hombre falleció también en la playa del Cabezo.

Los numerosos usuarios de la biblioteca pública de Puerto de la Cruz llevan desde el pasado 25 de agosto sin poder acudir al centro, salvo para devolver los libros prestados. La imposibilidad se debe a que, ese día, un depósito de agua situado en la azotea generó una inundación más que considerable que afectó a las tres plantas del coqueto edificio, ubicado en pleno corazón de la ciudad turística por excelencia del norte de Tenerife, junto a la Casa de la Juventud. Desde entonces, el centro cerró sus puertas salvo para que se puedan llevar los libros en préstamo y, si bien algunos de los servicios (como este) se pasaron a la anexa casa juvenil, más de dos meses después la biblioteca sigue cerrada, sólo se recogen esos libros que fueron sacados antes de la clausura, las quejas de usuarios comienzan a extenderse y a tener más eco, y lo peor es que no existen muchas opciones de que la obra necesaria se ejecute y termine a corto plazo.

Esas quejas se escucharon, por ejemplo, el pasado fin de semana en el ciclo literario Periplo, celebrado en Puerto de la Cruz y centrado este año en los libros de viajes y aventuras. Uno de los usuarios dejó claro su malestar por la situación, exigió medidas urgentes y eficaces y su protesta fue respaldada por otros presentes.

Y es que la biblioteca portuense (con dos trabajadoras) es una de las más utilizadas y con usuarios del norte de Tenerife, junto a las de La Orotava (que tiene mucho más personal) y Los Realejos. Aparte de un servicio de préstamo de libros que, en los momentos de pico alto, cuenta con una de las colecciones de literatura infantil y juvenil más completas de la comarca, un amplio espacio para disfrutar in situ de esa oferta, supera con claridad las 2.000 obras fuera, resulta muy visitada por personas mayores que la usan para leer en sus dependencias, consultar los periódicos del día y estudiar en las plantas superiores.

El problema con la inundación es que afectó al sistema eléctrico, el ascensor no funciona, tampoco las pantallas ni cámaras, y hay afección en los techos. Además, la humedad se ha extendido y por ese se han levantado algunas baldosas para minimizar sus efectos.

Quien protestó en Periplo fue Juan Pedro Marrero Pérez, usuario habitual y colaborador de la biblioteca, que teme que el cierre se prolongue mucho más tiempo y alerta de los perjuicios para muchos vecinos y vecinas. De hecho, y desde hace siete años, este exprofesor impulsó, junto a otros amantes de los libros, el Club de Fábula, con el que se fomenta la lectura entre niños. Según lamenta, los menores llevan dos meses quejándose del cierre y, “como cientos de personas, cada día aporrean las puertas de cristal de la biblioteca para pedir explicaciones, al ver a algunas de las dos trabajadoras dentro, pero sin que se abra” salvo para devolver obras.

Posibles protestas de usuarios y versión del gobierno local (PP-ACP-CC)

Este usuario, junto a otros padres del club, se plantea organizar protestas una vez a la semana “con pancartas y demás como medida de presión para que se reaccione y se busquen soluciones a cuestiones como la humedad y los falsos techos descolgados en las plantas segunda y tercera, así como los casi 300 libros con moho actualmente colocados en mesas de la última planta”. Asimismo, alerta del “insuficiente” personal con el que cuenta este servicio, considera que dos empleadas para el horario que tiene el centro resulta no sólo una cifra inadecuada, sino peligrosa, dado que “una de ellas, que se jubila en abril, se va ahora de vacaciones y, cuando la otra tiene que ausentarse de la entrada, se corren riesgos y eso no debería ocurrir”. En este sentido, teme que dicha jubilación sea muy difícil de cubrir por la experiencia de esa trabajadora, y no sólo con la biblioteca, sino en el ámbito cultural de la ciudad, así como que su compañera acabe desbordándose y sin la motivación idónea para su cometido.

Por medio de su gabinete de Prensa, la concejal de Cultura, Turismo y OAL, Desiré Díaz (PP), señaló este luens a Canarias Ahora que se encuentran “trabajando en la ejecución de la obra de mejora de la biblioteca y de otras instalaciones municipales, ya que este centro llevaba sin ningún tipo de mantenimiento en los últimos cinco años y tres meses; es decir, el mandato del PSOE -y ACP- y, lamentablemente, este gobierno ha sufrido las consecuencias de la dejación de sus funciones. Estamos trabajando para solucionarlo con todos los implicados. En próximas fechas, los técnicos y especialistas nos informarán sobre los avances de la reforma”.

A Félix no es que no le doliera pagar 40 euros (el 50% de la multa, pues el total se elevaba a 80) por haber estacionado supuestamente mal en una calle de Tegueste (municipio del nordeste de Tenerife) el 1 de octubre de 2024. Lo que le contrarió a fondo es que nadie le pudiera explicar bien los motivos ni le mostrase las pruebas. Sí, existen vídeos de su vehículo estacionado en la parte reservada a carga y descarga de la céntrica calle El Carmen, pero ningún agente policial de carne y hueso, con placa y número, le puso el doloroso papel en el parabrisas, sino que el disgusto le llegó dos meses después, en diciembre, por notificación, bajo las señales de un policía local, pero aclarándole en el apartado de observaciones “que no se me notificó en el acto porque se trata de hechos conocidos a través de medios de captación y reproducción de imágenes”.

Félix simplemente flipó, se informó ante sus profundas dudas sobre la legalidad de un procedimiento así, consideró que no se puede sancionar a nadie de esa forma si ni siquiera se señaliza e informa de la presencia de esas cámaras con ese fin y, en consecuencia, presentó el 31 de enero un escrito de alegaciones en el Ayuntamiento teguestero que, sin embargo, diez meses después sigue sin respuesta.

Para evitar el pago íntegro de la sanción, abonó el 50% dentro del plazo fijado para esa reducción, pero ha intentado averiguar si lo que le pasó a él resulta lícito o supone una extralimitación por parte del consistorio. Aparte de que cualquiera puede ejercer de autónomo y justificar un estacionamiento en carga y descarga para cualquier gestión, aunque no se porten cajas, productos o cualquier material, este afectado se queja de que nunca se le ofreciese en el consistorio un enlace de descarga o visualización de la grabación por la que se le multó, “por lo que no se puede determinar que no estaba realizando una operación de carga y descarga, además de promover con este sistema la indefensión del ciudadano”.

Esa indefensión la siente también porque no se le aportó “prueba documental alguna que sirva de base a la sanción” y porque considera que no se ha informado como se debía a la población de ese tipo de grabaciones con ese fin punitivo. Teme que se deba a “un interés recaudatorio o simple desinterés municipal”, por lo que aprovechó para conocer la fecha desde la que está operativo y funcionando el sistema de captación y reproducción de imágenes en esa calle, y por qué no se ha señalizado esa presencia, tal y como ocurre “en otros muchos sitios del Estado”.

En su escrito aún no respondido, Félix también reclamó “copia o datos sobre la certificación (y posibles renovaciones) de dicho dispositivo de captación y reproducción de imágenes (cámara instalada en una farola de esa vía) por parte del Centro Metrológico Español (CME), ya que hay parámetros que deben ser regulados por dicho sistema para que sean válidas las multas por infracciones de tráfico”. 

Asimismo, pidió “copia de la orden de servicio o instrucción municipal para que los integrantes de la Policía Local de la Villa de Tegueste se ocupen de validar estas sanciones captadas por cámaras de grabación”, aparte de proponer que las personas sancionadas “puedan visualizar la grabación de las imágenes que parecen sustentar la sanción porque, de lo contrario, se promueve la indefensión de la ciudad”. 

El gobierno local defiende su legalidad

En declaraciones esta semana a El Día, el alcalde teguestero, Norberto Padilla (CC), que cogobierna con el PSOE, dijo que este sistema se paralizó a principios de 2025, pero que ahora pretende reactivarlo y extenderlo con seis cámaras más en otras dos ubicaciones tras un acuerdo con la empresa que presta el servicio. En una información de Domingo Ramos, explicó que apostaron por esta medida en el segundo semestre de 2024 para “controlar, regular y vigilar el tráfico”. En principio, con este reimpulso se dispondrá de mecanismos de grabación en la plaza de San Marcos, las calles El Carmen y Mederos, así como el camino Valle Molina, si bien podrían variar si se dan “conflictos” en otros puntos, y no sólo con el tráfico, sino, por ejemplo, por actuaciones incívicas con el depósito de enseres.

La paralización a principios de este año se debió a “dificultades con el aplicativo informático”. El alcalde sostiene que el sistema ha ayudado a corregir esas conductas y, por eso, hace un balance positivo y reactivan la apuesta, subrayando que otros municipios, como El Rosario, lo ha emulado en calles céntricas de La Esperanza, subrayando que todo es legal y que instalarán la “debida señalización de aviso de zona videovigilada”, que es precisamente lo que Félix asegura que no vio cuando le multaron. Asimismo, desveló que, en cuatro meses, se impusieron unas 200 multas mediante este mecanismo.

Sin embargo, Jesús Illada, delegado del sindicado SCIF de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife no sólo duda de la legalidad de estas cámaras, sino que recalca que “toda denuncia que se formule a través un medio de captación audiovisual, para ser regulares, ese medio debe haber sido sometido a un control meteorológico por el Centro Español de Meteorología (CEM). Si no, nadie acredita o certifica que la fecha y la hora de esas grabaciones estén correctamente regladas y homologadas, con lo que no serían válidas las denuncias”.

Según remarca, “sobre esto ya existen sentencias del Tribunal Supremo, sobre Alicante y San Sebastián o con los dos foto-rojo de Santa Cruz de Tenerife, que tampoco acreditan que la fecha y la hora sean las correctas y, por eso, tampoco son válidas, al menos en teoría, aunque otra cosa es que los sancionados lleven esto a los tribunales” con recursos por lo que eso implica, por lo que las administraciones juegan con esa ventaja y muchos optan por pagar el 50% y olvidarse del mal trago. A su juicio, que Tegueste no contase en su momento con los carteles que señalizan esa videograbación también incumple la ley, por lo que cree que Félix habría ganado un conflicto si hubiera ido a otras instancias y no se hubiera quedado en un simple escrito dirigido al Ayuntamiento en busca de respuestas y explicaciones.

Illada subraya que, por la Ley de Datos, los ayuntamientos están obligados a esa señalización y, si no, estaría incumpliendo la norma “porque deben informar de que está captando imágenes en la vía pública”, lo que, por otro lado, dice que presenta otras complejidades y aristas. De hecho, recuerda lo ocurrido en el parque García Sanabria de la capital tinerfeña, tras la intención del gobierno local de instalar cámaras que, sin embargo, requirieron “años de litigio para que se las autorizaran”.