El alcalde del municipio tinerfeño de San Juan de la Rambla, Juan Ramos, de CC, ha calificado este martes de “traición política” la moción de censura registrada por tres grupos del Ayuntamiento y ha advertido de que el municipio “no puede volver a quedar atrapado en las luchas por el poder”.

Los grupos municipales Socialista, AUP Sí Se Puede y Nueva Canarias, que anunciaron este lunes que iban a presentar la moción, darán una rueda de prensa el miércoles para explicar los motivos de su decisión.

Juan Ramos ha expresado su “sorpresa, indignación y profunda decepción” ante la moción de censura registrada por su exsocio de gobierno Juan Siverio, que era hasta su dimisión este lunes el primer teniente de alcalde por Sí Se Puede, junto a los grupos de la oposición, PSOE y Nueva Canarias, una maniobra que considera “difícil de justificar desde la responsabilidad institucional y que vuelve a situar al municipio en un escenario de incertidumbre política”.

Ramos señala en un comunicado este martes que este movimiento resulta especialmente incomprensible después de tres años de gobierno en los que, según subraya, se ha dado plena libertad a los concejales para gestionar sus respectivas áreas, respetando su autonomía y priorizando en todo momento la estabilidad del pacto y el buen funcionamiento del Ayuntamiento.

“Durante estos tres años hemos procurado que cada concejal pudiera desarrollar su trabajo, tomar decisiones en sus competencias y sacar adelante sus proyectos. La prioridad siempre ha sido el municipio, no las diferencias personales ni las disputas partidistas. Por eso sorprende que, después de todo este tiempo, se opte por romper la estabilidad del gobierno mediante una operación como esta”, afirma.

El alcalde considera que la decisión de Siverio no solo supone una ruptura con sus actuales compañeros de gobierno, sino también con compromisos políticos que el propio exsocio trasladó a los vecinos durante la campaña electoral.

En concreto, recuerda que manifestó públicamente que no apoyaría mociones de censura y que nunca pactaría con el PSOE.

“Los compromisos electorales no pueden convertirse en palabras que se olvidan cuando aparece una oportunidad para alcanzar el poder. Si alguien anuncia ante los vecinos que no participará en una moción de censura y que nunca pactará con una determinada formación política, debe explicar qué ha cambiado ahora para justificar exactamente lo contrario”, señala Ramos, quien recuerda además que esta sería la segunda ocasión en la que Siverio rompe un pacto de gobierno.

Ramos también considera especialmente llamativa la alianza con el PSOE por la trayectoria de confrontación política que, durante el mandato, ha mantenido esta formación con la concejala Yanira Mesa, compañera de partido de Siverio.

El alcalde recuerda que los socialistas llegaron a solicitar un pleno para promover su destitución del gobierno municipal, en un contexto de enfrentamiento político que contrasta con la alianza que ahora se presenta, añade Ramos en el comunicado.

“Resulta difícil comprender cómo se puede dar este paso sin tener en cuenta lo ocurrido durante estos años, ni cómo se puede dejar atrás a una compañera de partido que ha tenido que afrontar una confrontación política constante con quienes ahora se convierten en socios de esta operación. Es una contradicción que merece una explicación clara”, manifiesta.

El alcalde considera legítimo que los grupos políticos ejerzan sus derechos y defiendan sus planteamientos, pero insiste en que una decisión de esta trascendencia debe explicarse con transparencia y atendiendo al interés general.

Al respecto, afirma que la forma en que se ha producido la iniciativa genera interrogantes sobre las motivaciones que la impulsan.

“Cuando se producen giros políticos tan radicales, después de haber defendido públicamente posiciones completamente opuestas, es razonable preguntarse qué razones los explican. Los vecinos merecen saber si estamos ante una decisión basada en un proyecto alternativo para el municipio o ante una operación cuyo principal objetivo es un cambio en el reparto del poder”, añade.

Ramos subraya que cualquier sospecha sobre motivaciones ajenas al interés público debe abordarse con responsabilidad y que corresponde a sus promotores explicar sus razones.

Más allá de las diferencias políticas, Juan Ramos advierte de que la principal preocupación debe ser el efecto que esta maniobra pueda tener sobre la gestión municipal y opina que “lo verdaderamente preocupante es que San Juan de la Rambla vuelva a pagar las consecuencias de las disputas políticas”.

“No podemos permitir que todo ese esfuerzo quede en suspenso por una operación que, a día de hoy, no se ha explicado suficientemente desde el punto de vista de sus beneficios para el municipio”, señala el alcalde.

Ramos lamenta que la Villa vuelva a verse envuelta en una nueva polémica política después de décadas en las que, a su juicio, las disputas y los cambios de rumbo han condicionado en demasiadas ocasiones la imagen pública del municipio y la continuidad de la gestión.

“San Juan de la Rambla necesita estabilidad, planificación y un gobierno centrado en resolver problemas. No necesita volver a convertirse en escenario de enfrentamientos permanentes ni que los proyectos municipales queden supeditados a las estrategias de los partidos”, afirma.

El alcalde insiste en que la estabilidad institucional no es un privilegio de quienes gobiernan, sino una herramienta para garantizar que los servicios funcionen, que las inversiones avancen y que los compromisos adquiridos con la población puedan cumplirse.

Por ello, reclama a quienes promueven la moción que expliquen qué proyecto común los une, qué prioridades comparten y cómo garantizarán que la gestión municipal no se resienta.

La plataforma vecinal contraria a la planta de gas propano del barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos (norte de Tenerife), no se rinde y este fin de semana celebró una asamblea informativa que llenó el célebre casino de este núcleo lindero con La Orotava. Lo hicieron no sólo para detallar el proyecto de Disa, avalado y publicado ya por el Gobierno de Canarias en el BOC, sino para tratar de resolver las dudas de muchos, explicar a fondo los peligros y riesgos de la instalación, lograr fondos anónimos para su causa y agradecer a todas las personas implicadas en la lucha su labor desinteresada, incluidos los residentes que han colocado pancartas en sus casas o la propia parroquia del barrio.

Pese a que existe cierta resignación porque las obras continúan y temen que no haya vuelta atrás, los residentes que se oponen agradecen también las 6.150 firmas recabadas hasta ahora y el apoyo unánime del Ayuntamiento realejero, tal y como pasó con la zona de La Zamora, la primera en la que la empresa planteó la colocación una planta que el Gobierno justifica para poder afrontar potenciales ceros energéticos en la Isla.  

Aunque ha habido reuniones previas, la del pasado viernes fue la más concurrida y ha demostrado, según lo trasladado a este periódico, la unión existente y las ganas de seguir luchando contra una instalación que creen una pura contradicción con muchas contraindicaciones en los supuestos tiempos de la apuesta por las energías limpias e inocuas, lo que no se da en este caso.

Mientras, la Consejería regional de Transición Ecológica y Energía mantiene que se trata de una planta imprescindible para el presente y futuro. La empresa, por su parte, y tal y como hizo en respuesta a las alegaciones de una vecina en su momento, argumenta que la elección del suelo y su ubicación responden “al criterio de mínima afección posible”, así como a motivos técnicos “tales como la proximidad a infraestructuras eléctricas, la accesibilidad y la seguridad”. Asimismo, subraya que ni el planeamiento insular ni el local impiden su implantación, después de que el PGO local recalificase esa zona de rústica a industrial. 

También sostiene que la planta “cumple todas las medidas necesarias para compatibilizar su instalación con el entorno” y dice que “no genera afecciones sobre viviendas, establecimientos o fincas aledañas”, por lo que subraya que su instalación resulta “completamente viable”. Además, replica que se contempla toda la documentación necesaria sobre “los objetivos acústicos, la calidad del aire y vulnerabilidad frente a accidentes graves”. En este sentido, remarcan que cumplen la normativa y que cuentan con los documentos e informes pertinentes bajo el amparo del órgano competente.

La plataforma vecinal, por su parte, considera incoherente apostar por esta energía contaminante en plena transición ecológica, pero la empresa alega que la planta resulta imprescindible para afrontar las emergencias energéticas que, como en otros sitios de las Islas, puedan darse en esta parte de Tenerife, en línea con la emergencia energética declarada por el Gobierno canario, limitándose su uso a este fin por situaciones urgentes. En este sentido, Disa recuerda los cinco apagones que se han dado en el último lustro, “lo que pone de manifiesto la debilidad del sistema actual. Esta situación exige adoptar, a corto plazo, soluciones pragmáticas y técnicamente viables que permitan reforzar la garantía de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico del Archipiélago”.

Por supuesto, los argumentos de la compañía no convencen a parte de los vecinos, tal y como volvió a evidenciarse el pasado viernes. 

La publicación, durante este viernes 2 de octubre, de ocho anuncios en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) sobre la planta de gas propano para el barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos (en el norte de Tenerife), ha sentado como una patada en el estómago a los vecinos de este núcleo y otros que rechazan esta instalación.

Según recalca a Canarias Ahora la presidenta de la plataforma contraria a la planta de gas, Carmen Luisa González, esta se divide, en realidad, en ocho nuevas instalaciones de baterías de una opción energética que no sólo no consideran sostenible, sino contradictoria con la lucha contra el cambio climático, sucia, peligrosa y contraproducente, aunque su objetivo pase por paliar eventuales ceros energéticos o apagones parciales en la Isla.

Los anuncios en el BOC confirman la determinación del Gobierno canario y, en concreto, de la parte del PP de mantener este proyecto en Los Realejos pese al rechazo unánime en el Ayuntamiento realejero (con mayoría absoluta de los conservadores, pero que incluso han respaldado mociones contrarias del PSOE). Este impulso al proyecto ha creado resignación en la plataforma sobre las opciones de revertirlo, incertidumbre sobre el futuro del barrio y esta parte del municipio e indignación por el hecho de que la Comunidad no escuche a los residentes contrarios y, sobre todo, a un pleno local unánimemente en contra.

Según subrayan en una reacción instantánea en redes sociales tras la decisión, el pasado 28 de septiembre, de impulsar este proyecto, la plataforma censura con dureza que la única solución para contrarrestar un apagón en Tenerife con una “megainstalación con ocho torres de diez metros de altura, alimentada por cientos de metros cúbicos de propano, un combustible fósil altamente inflamable”. Los vecinos critican duramente al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), del que aseguran que “está condenando a los crusanteros a soportar los impactos de una instalación de estas características sobre nuestro entorno y nuestra salud”.

En este sentido, subrayan que “las emisiones de óxidos de nitrógeno de una instalación de generación térmica son contaminantes atmosféricos que pueden contribuir a la formación de otros compuestos perjudiciales. Y nosotros vivimos en un valle donde la atmósfera no tiene fronteras. Tenemos nuestra conocida panza de burro, que cubre con frecuencia el Valle de La Orotava. Igual que la calima nos trae polvo desde África, la contaminación atmosférica tampoco entiende de municipios ni de fronteras”, subrayan. Por eso, preguntan por qué “se va poner en peligro la calidad del aire, nuestros cultivos y nuestro precioso Valle para instalar una central de combustible fósil junto a nuestras casas”.

“Con nuestra salud y nuestro medio de vida no se juega”

Para la plataforma, “es hora de demostrar que no todo vale. Con nuestra salud y medio de vida no se juega. No se puede poner en peligro la seguridad de todo un valle donde vivimos miles de personas (unas 110.000, más la población flotante turística) para favorecer los intereses de una empresa energética. Y no entendemos que, al tomar esta decisión, ni siquiera se haya tenido suficientemente en cuenta la situación de los vecinos, del IES Cruz Santa y del CEIP Mencey Bentor, situados a muy pocos metros de la instalación. ¿Dónde queda la protección de los vecinos?”.

Los vecinos recuerdan que, “el pasado martes 22 de septiembre, durante su intervención en el Parlamento de Canarias, la diputada Alicia Vanoostende (PSOE) le planteó al consejero las reivindicaciones de nuestra plataforma. El señor Zapata respondió que actuaría movido por la preocupación y respeto hacia la posición de los vecinos y el Ayuntamiento y que tenía que compatibilizar dos obligaciones: proteger a los vecinos y garantizar el suministro eléctrico. Pero nosotros nos preguntamos: ¿qué ironía es esta? ¿Cómo puede un consejero de Transición Ecológica decir que quiere proteger a los vecinos y, al mismo tiempo, autorizar una planta de propano, combustible fósil altamente inflamable, a escasos metros de nuestras viviendas? ¿Cómo puede hablar de respetar la preocupación de los vecinos cuando precisamente los vecinos le estamos diciendo que no queremos esta instalación?”.

Asimismo, consideran muy llamativo que el consejero reconociera que “la planta de Sampol, alimentada con gasóleo y que hace apenas cuatro meses se levantó junto a las instalaciones de uno de los Mercadona con mayor afluencia de público de la Isla, sólo se ha conectado unas 20 horas, aproximadamente un 1% del tiempo. Y, ahora, se decide autorizar muy cerca otra instalación de generación de emergencia, esta vez alimentada con propano. Pensamos que una inversión de alrededor de 28 millones de euros para una instalación concebida como de emergencia, cuyo promotor cobraría desde el minuto 1 aunque no estuviera funcionando, merece una reflexión: ¿realmente necesitamos seguir invirtiendo decenas de millones en nuevas instalaciones fósiles de emergencia? ¿No existen otras soluciones? ¿No podemos utilizar almacenamiento energético, baterías y otras tecnologías limpias para garantizar el suministro sin colocar nuevas instalaciones de combustibles fósiles junto a nuestras viviendas?”, se cuestionan.

Rechazo unánime del pleno local

La postura de la plataforma coincide con la postura unánime y en contra del pleno municipal de Los Realejos del pasado 24 de septiembre. De hecho, una propuesta de los vecinos y otra del PSOE (apoyada previamente en comisión por el PP, con la abstención de CC) fueron debatidas conjuntamente y se consensuó un texto único consensuado que fue aprobado por todos como moción institucional.

Un rechazo calcado al que se produjo cuando se propuso esta planta para La Zamora, barrio también realejero. El alcalde, Adolfo González, recalcó que el polígono industrial La Gañanía ya acoge una planta así y no cree justo que Los Realejos “deba acoger otra más habiendo 31 municipios en toda la Isla”.

El Ayuntamiento de Los Realejos “reconoce la necesidad de garantizar el suministro eléctrico en Tenerife, pero considera que esa necesidad debe atenderse mediante soluciones y emplazamientos compatibles con la protección de las personas y del territorio”. Su acuerdo, como el anterior, lo remitió al Gobierno de Canarias y su consejería de Transición Ecológica y Energía y Dirección General de Energía, al Cabildo de Tenerife, así como al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “como parte financiadora del proyecto”, y a Disa Generación, “como peticionario y titular del proyecto, solicitando que reconsideren el mismo, para que no sea declarado de interés general y se paralice su implantación y para que no obtenga financiación pública al no contar con apoyo institucional ni social”.

Otro cierre más, y van tres en agosto y septiembre. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, informó este mediodía de otra clausura al baño de la cala principal de Playa Jardín, conocida popularmente como María Jiménez o Punta Brava y la de mejor arena. El motivo, analíticas positivas por aguas fecales y en cumplimiento de la indicación de Salud Pública.

Se trata del tercer cierre de esta cala, tras el de agosto (justo después de la escena Palomares del alcalde y del primer teniente de alcalde portuenses) y el de principios de septiembre, si bien en ese caso afectó también a El Charcón, entre María Jiménez y la parte de El Castillo.   

Según el gobierno local, “la medida se adopta por respeto y obediencia a la autoridad sanitaria y con una prioridad clara: proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía”. Sin embargo, y como con cierres previos, el tripartito gobernante a derecha y supuesta izquierda alternativa (PP-ACP y CC) hace hincapié, de nuevo, en que “los resultados comunicados por Salud Pública vuelven a discrepar de los obtenidos por Biocontrol Labtec, el laboratorio independiente contratado por el Ayuntamiento, cuyos informes correspondientes a las muestras del 28 de septiembre (el pasado lunes) no presentan incumplimientos de los límites de referencia establecidos en dichos documentos”.

Por este motivo, el consistorio anuncia que ha solicitado a Salud Pública “una explicación técnica sobre la discrepancia entre ambos resultados, especialmente teniendo en cuenta que las muestras se tomaron con apenas una hora de diferencia. La institución municipal considera necesario esclarecer estas diferencias para disponer de información consistente y trasladar a la ciudadanía una explicación clara y rigurosa. Mientras tanto -añaden-, el ayuntamiento mantiene sus actuaciones de limpieza, los trabajos de sustitución preventiva del colector de Punta Brava y la vigilancia periódica mediante análisis independientes, con el objetivo de mejorar la seguridad de la red de saneamiento, proteger el litoral y garantizar el buen estado del agua”.

Si lo que se buscaba era pasar inadvertido, el gobierno de La Orotava (CC), con el beneplácito del PSOE y PP, no lo ha conseguido porque ha decidido una medida que, al menos a priori, parece ir totalmente en contra del sentir mayoritario justo ahora en España respecto a la vivienda, los prohibitivos y crecientes precios de alquiler y venta, el desfase entre las casas públicas (el 1% en el mercado frente al 7% de media en la UE) y las privadas, la especulación y los constantes movimientos especulativos de constructoras, bancos y propietarios con un número de inmuebles por encima de lo que se considera un gran tenedor: nada menos que diez, que no cuatro, cinco o la que se hereda de un familiar. 

Y no lo ha logrado porque, precisamente en los días en los que España vuelve a mirar con lupa hacia uno de los grandes problemas sociales desde hace años, cuando han vuelto las acampadas a Sol y otras plazas de todo el país, cuando el Gobierno central ha tenido que aprobar este martes dos decretos para intentar paliar levemente esta grieta gigante del sistema tras el punto de inflexión que ha supuesto el caso de Maricarmen (aunque depende del resto de grupos este viernes en el Congreso) y se ha quitado el foco, un poco y al fin, de la demagogia y el más puro racismo con la situación migratoria en Ceuta (con África sufriendo el cambio climático y la desigualdad de siempre o peor), justo en medio de este contexto, CC en La Orotava, el PSOE y el PP le han hecho un guiño a los grandes tenedores. En concreto, ha eliminado el recargo del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que podría haberles aplicado en los últimos ocho años en aquellas viviendas vacías que dispusieran en el municipio, reinvirtiendo luego ese dinero en políticas de apoyo al alquiler, la compra de casas, promociones públicas y demás.

Más allá del don de la oportunidad, el único partido que pidió en el pleno dejar este punto pendiente por falta de información y que lleva años criticando que este recargo no se aplique y aproveche, Asamblea por La Orotava, considera muy débiles los argumentos del gobierno local para la eliminación. Se trata de unas explicaciones que no sólo no convencen a esta formación, sino que las considera precisamente justificadoras de lo que hacen los “grandes tenedores y especuladores” cuando más en entredicho están en el país. 

Encima, “con informes de mercado que demuestran que el municipio cumple con los requisitos para ser declarado zona tensionada en áreas como el casco, con lo que, según la Ley de Vivienda, la condición de gran tenedor pasa de aquel que posee diez viviendas a cuatro. En estas circunstancias, ¿qué hace CC? Suprimir el recargo”, dinero que podría cobrar el consistorio para, precisamente, reinvertirlo en vivienda social.

Manuel Pacheco, concejal de Asamblea, censura que, mientras elimina este recargo contra los más que cuestionados grandes tenedores, el alcalde orotavense y diputado regional de CC, Francisco Linares, “va dando discursos por ahí de ir de frente contra los especuladores”. A su juicio, resulta indefendible el argumento del gobierno municipal de que “supondría mucho trabajo al área de Tesorería investigar a los grandes tenedores, afirmando que actualmente sólo son doce en la localidad y, con ello, únicamente recaudarían 30.000 euros anuales”. 

Según recalca, ese recargo nunca aplicado, en realidad, no tiene una finalidad “recaudatoria, sino disuasoria porque, por ejemplo, ¿acaso las multas de tráfico son recaudatorias? Ojalá la gente condujera perfectamente y no hubiera accidentes ni incivismo”, subraya.

La versión del gobierno orotavense

En contraste, el concejal de Hacienda, Felipe David Benítez, asegura a Canarias Ahora que el coste administrativo de aplicar este recargo “superaría, con creces, el importe recaudado, al contar sólo con diez posibles grandes tenedores en el municipio, lo que supondría ir en contra de los principios de eficacia administrativa y asignación eficiente de los recursos públicos por los que se debe regir esta administración”. Además, sostiene que, “jurídicamente existe inseguridad en su aplicación, principalmente por la complejidad en su gestión, lo que conllevaría un elevado riesgo de judicialización, con los costes que eso tendría para el Ayuntamiento. Por lo tanto, la medida no es efectiva y carece de respaldo técnico y jurídico”.

Asimismo, asegura que, “en su redacción actual, el recargo resulta inaplicable ya que se fundamenta en la configuración originaria del recargo cuando no existía el necesario desarrollo reglamentario del concepto de vivienda vacía, lo que llevó a que muchos tribunales de justicia autonómicos determinasen la futilidad de la ordenanza fiscal por no ser el instrumento que pudiera delimitar el concepto de inmueble residencial desocupado. Para el grupo de gobierno, las acciones en materia de vivienda son una prioridad, pero con medidas efectivas y realizables, contando con más de un millón de euros para proyectar y construir nuevas casas con alquiler asequible en el menor plazo posible”.

La empresa Aqualia, encargada de gestionar la Estación Depuradora de Aguas Residuales comarcal del Valle de la Oratava, en el norte de Tenerife, ha presentado una denuncia judicial al considerar que existen indicios de que el derrame de cloruro férrico sucedido en la noche del sábado al domingo pasados pudo ser intencionado.

Aqualia indica en un comunicado que este lunes presentó esta denuncia en el juzgado de guardia de Puerto de la Cruz tras comprobar que el tubo dañado y por el que se produjo el vertido no está sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justifiquen su rotura.

Además, alude a unos vídeos difundidos en redes sociales que apuntan a la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto.

En todo caso, añade la empresa, será la investigación correspondiente la que determine las causas y responsabilidades que pudieran existir.

Recuerda que el cloruro férrico es un reactivo ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas de consumo y residuales que en esta instalación se emplea para facilitar la eliminación de partículas y mejorar los procesos de depuración con vistas a la posterior reutilización del agua depurada en riego agrícola.

Aqualia reitera su total disposición para colaborar con la Justicia, el Cabildo de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas y el resto de organismos implicados, aportando toda la información que sea necesaria para esclarecer lo ocurrido con la máxima transparencia.

El derrame, que quedó en el interior de la depuradora, fue de unos 1.000 litros de un producto compuesto en un 75% por agua y en un 25% por cloruro férrico, aunque el vertido quedó dentro de la propia planta.

Al parecer se produjo por la rotura de aproximadamente un centímetro en una manguera que había sido reparada durante las labores de mantenimiento realizadas por la mañana, de acuerdo con la información facilitada el domingo por el Cabildo. 

Investigación del Cabildo

Por su parte, el Cabildo ha indicado que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) ha iniciado el expediente de investigación sobre el derrame para determinar su origen, la cantidad de producto liberada, las circunstancias del incidente y su posible destino.

En particular, debe confirmarse si el producto alcanzó la red de pluviales y, eventualmente, el mar. En este momento existen versiones contradictorias al respecto, por lo que el CIATF no anticipará conclusiones hasta disponer de los resultados de las inspecciones, las muestras y las investigaciones de los organismos competentes.

La institución insular considera especialmente grave cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de una instalación de Balten de estas características o tener consecuencias sobre el medio ambiente y reclama que se conozcan cuanto antes las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. Asimismo, se quiere trasladar un mensaje de máxima transparencia, rigor y firmeza. 

La depuradora comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, sufrió este sábado por la noche un derrame de unos 1.000 litros de un producto compuesto en un 75% por agua y en un 25% por cloruro férrico, aunque el vertido quedó dentro de la propia planta, ha informado a EFE el Cabildo tinerfeño.

El derrame se produjo por la rotura de aproximadamente un centímetro en una manguera que había sido reparada durante las labores de mantenimiento realizadas por la mañana, de acuerdo con la información facilitada por el Cabildo.

La corporación insular señala que, según la información proporcionada por Aqualia, empresa gestora de la instalación, la manguera había quedado en perfectas condiciones tras la reparación y que se investiga un posible sabotaje como causa de la rotura.

Según la misma fuente, las cámaras de seguridad de la planta captaron a una persona ajena a la instalación en su interior que se dirigió precisamente hacia la zona en la que posteriormente se produjo la rotura.

Esta depuradora se encuentra muy cerca de Playa Jardín, afectada de forma recurrente por vertidos de aguas fecales. De hecho, permaneció cerrada durante un año, y después ha sufrido otros cierres temporales, el último, este mismo septiembre.

Recientemente, técnicos del Cabildo han indicado a la corporación que la solución de realizar reparaciones en el colector responsable de los vertidos no es suficiente, y recomiendan construir una instalación nueva.

Investigación del Cabildo

El Cabildo ha indicado que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) ha iniciado el expediente de investigación sobre el derrame de este sábado a la empresa AQUALIA como responsable de la operación y mantenimiento de la planta, tanto la depuración como la regeneración, y todo ello de acuerdo al artículo 17 del Reglamento Sancionador en Materia de Aguas para determinar el origen del derrame, la cantidad de producto liberada, las circunstancias del incidente y su posible destino.

En particular, debe confirmarse si el producto alcanzó la red de pluviales y, eventualmente, el mar. En este momento existen versiones contradictorias al respecto, por lo que el CIATF no anticipará conclusiones hasta disponer de los resultados de las inspecciones, las muestras y las investigaciones de los organismos competentes.

La institución insular considera especialmente grave cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de una instalación de Balten de estas características o tener consecuencias sobre el medio ambiente y reclama que se conozcan cuanto antes las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente. Asimismo, se quiere trasladar un mensaje de máxima transparencia, rigor y firmeza. 

La Policía Local de Puerto de la Cruz ha inspeccionado las instalaciones. Asimismo, se constata que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil se han personado para investigar lo ocurrido. 

El Consejo Insular de Aguas de Tenerife, por su parte, ha requerido a la empresa responsable de la explotación -Aqualia- que aporte toda la información sobre el incidente, las medidas adoptadas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, mantenimiento y protección ambiental.

Entre las líneas de investigación figura la posibilidad de que la rotura de la conducción haya sido intencionada. La empresa gestora ha planteado la hipótesis de un posible sabotaje, según recogen los medios de comunicación local.

El Cabildo no descarta ninguna línea de investigación y no va a asumir conclusiones hasta que se conozcan todos los hechos. El expediente permanecerá abierto hasta determinar qué ocurrió, si se cumplieron los protocolos establecidos y qué responsabilidades, en su caso, corresponden.

La empresa responsable -Aqualia- debe garantizar el funcionamiento seguro de la instalación y el cumplimiento estricto de todas sus obligaciones. Si se acredita cualquier incumplimiento, el Cabildo exigirá todas las responsabilidades pertinentes y la adopción de las medidas correctoras y preventivas que sean necesarias.

El Cabildo de Tenerife ha indicado que seguirá el procedimiento hasta el final y colaborará con las autoridades competentes y la fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos con la máxima celeridad y transparencia.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y Aqualia iniciarán el próximo martes 29 de septiembre las obras de emergencia para sustituir un tramo del colector de saneamiento conocido como el acueducto de Punta Brava, una conducción situada en el borde litoral que presenta “un avanzado deterioro debido a su exposición continuada al ambiente marino”, y que conllevará restricciones de estacionamiento en la zona para facilitar el tránsito de la maquinaria, según ha anunciado este viernes el consistorio en un comunicado.

La corporación local señala que la actuación tiene como objetivo renovar preventivamente un tramo de la red general de saneamiento que ha alcanzado el final de su vida útil, “reduciendo el riesgo de posibles averías, filtraciones o vertidos y reforzando la protección medioambiental de la costa portuense”, subraya la nota.

Asimismo, el Ayuntamiento anuncia que los trabajos obligarán a establecer restricciones temporales de estacionamiento para permitir el tránsito continuo y seguro de los camiones cisterna que prestarán apoyo durante la intervención.

Por ello, advierte que queda prohibido estacionar en la calle Ruimán desde las 6.00 horas del 29 de septiembre hasta las 16.00 horas del 1 de octubre, y en la plaza Manuel Ballesteros desde las 18.00 horas del 29 de septiembre hasta las 16.00 horas del 30 de septiembre. 

El concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo, precisó que la intervención se desarrollará en la trasera de la calle Añaterve, donde será sustituida una conducción de fundición de 300 milímetros de diámetro que discurre de forma aérea entre dos pilares estructurales frente al mar.

Asimismo, añadió que la exposición permanente al entorno marino ha provocado un importante proceso de corrosión que hace necesaria su sustitución.

Los trabajos se realizarán manualmente mediante un sistema de andamiaje homologado, protegido con mallas textiles de alta densidad destinadas a impedir la caída de materiales o residuos al medio. 

Durante la intervención será necesario activar un protocolo de bypass hidráulico y control de caudales, con apoyo de camiones cisterna en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) El Caletón.

Precisamente, y para garantizar la circulación y el posicionamiento de estos vehículos pesados, el consistorio señala que será necesario mantener libres la calle Ruimán y la plaza Manuel Ballesteros durante los periodos establecidos. 

El Ayuntamiento y Aqualia solicitan especialmente a residentes y conductores que respeten la señalización provisional de prohibición de estacionamiento que será instalada en la zona. 

La corporación local advierte que la ventana de trabajo hidráulico activo estará condicionada a la ausencia de vientos significativos, oleaje contenido y falta de previsión de lluvias.

Una vez instalada la nueva conducción continuarán otros trabajos complementarios, como remates de hormigón y sustitución de tapas de registro, que se ejecutarán en seco y no afectarán al funcionamiento de la red.

Por su parte, el concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos señala que “la intervención ha sido planificada conjuntamente con Aqualia para realizar la sustitución con todas las garantías técnicas y ambientales y, al mismo tiempo, reducir al mínimo el tiempo en el que será necesario intervenir directamente sobre el funcionamiento de la red”. 

Además, advierte de que “es una actuación compleja por la ubicación de la conducción, pero se ha preparado precisamente para poder ejecutarla con seguridad y minimizar cualquier posible afección”. 

No es lo habitual, y menos en el panorama político estatal, pero el PP y el PSOE de Los Realejos han llegado a un acuerdo para aprobar, en el próximo pleno, una propuesta común, con abstención de CC (al menos en la comisión informativa previa), que deja meridianamente clara el total rechazo del ayuntamiento a la planta de gas propano que pretende levantar en el municipio la empresa Disa. Además, solicitan “que la revocación definitiva de este proyecto en el término municipal se haga antes de la celebración de las elecciones de mayo 2027”

La iniciativa cuenta con el aval de la plataforma vecinal, según confirma a este periódico su presidenta, Carmen Luisa González, y ratifican fuentes de los citados partidos. Sobre todo, porque se apoyan prácticamente todas sus reivindicaciones. Esa oposición queda patente en el primer punto de la propuesta, fundamentada en la presentada a la comisión por los socialistas. “Manifestar el rechazo rotundo, íntegro y definitivo del pleno del Ayuntamiento de Los Realejos a la instalación de la Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW denominada planta Tigaiga, correspondiente al expediente GE25/017, en cualquier ubicación situada dentro del término municipal de Los Realejos, incluida expresamente la nueva ubicación propuesta en el Polígono Industrial La Gañanía”.

Este rechazo ya se había explicitado en el salón plenario local el 25 de junio de 2025, cuando la planta se quiso instalar en la zona de La Zamora, y así se recuerda en la moción. En aquella ocasión, CC también apoyó la postura del gobierno local (PP) y el principal partido de la oposición (PSOE), si bien ahora, de momento, se abstuvo en la comisión. La propuesta se reafirma en ese acuerdo institucional “de rechazo a la instalación de la planta Tigaiga en el municipio y a cualquier otra instalación de similares características en el territorio municipal”. 

Además, se insta “al Gobierno de Canarias, a la consejería competente en materia de Energía y al resto de administraciones públicas competentes a que tengan en consideración la posición expresamente manifestada por el pleno del ayuntamiento y descarten la implantación de la planta dentro del término municipal, incluida la ubicación propuesta actualmente”. También solicitan a las administraciones y organismos competentes “que, en el ámbito de sus respectivas competencias, no autoricen ni impulsen la implantación de la planta en ningún emplazamiento situado dentro de Los Realejos, y que se tengan en consideración las determinaciones y pronunciamientos adoptados por este consistorio”. 

La iniciativa conjunta será trasladada al Gobierno de Canarias, a la consejería de Transición Ecológica, a la dirección general competente y a Disa Generación, como entidad promotora del proyecto, “comunicando expresamente el rechazo manifestado por el pleno”. Asimismo, se enviará el acuerdo “a los vecinos y vecinas de La Cruz Santa, así como a los demás barrios y núcleos de población del municipio que pudieran verse afectados por la implantación de este tipo de instalaciones, haciendo pública la posición adoptada”. Asimismo, se le remitirá a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Canarias y del Cabildo insular de Tenerife, “solicitando que conozcan y apoyen la posición expresada por el pleno”.

Acciones a desarrollar para evitar su instalación

El texto también compromete al Ayuntamiento realejero a ejercer, “dentro del marco de sus competencias, cuantas actuaciones administrativas y jurídicas resulten procedentes para la defensa de los intereses municipales y para el cumplimiento del presente acuerdo, incluyendo, en su caso, la formulación de alegaciones, recursos y demás acciones que legalmente correspondan, previa adopción de los acuerdos que resulten preceptivos”.

Los vecinos del barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos, en el norte de Tenerife, contrarios a la instalación de una planta de gas junto a sus viviendas han registrado este martes un manifiesto en el Ayuntamiento para dejar claro algunos aspectos de su reacción que consideran que se están tergiversando. Sobre todo, que no tienen ninguna adscripción política y que su radical oposición tiene que ver, básicamente, con su rechazo a las consecuencias para la calidad de vida y los riesgos que, aunque se minimicen, consideran que representa esta instalación.

La planta de gas, de la empresa Disa, se quería levantar inicialmente en La Zamora, pero después se cambió su ubicación hasta la prevista actualmente, justo debajo del núcleo poblacional y muy cerca de viviendas y empresas situadas por debajo de la carretera general o en las proximidades de la parte superior.

Tras una reunión con el alcalde, Adolfo González (PP), que califican de claramente “insatisfactoria”, según las fuentes consultadas y pese a que el gobierno local también rechaza la planta, los residentes y miembros de la plataforma vecinal contraria a la instalación decidieron redactar y presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento un escrito dirigido a todas las fuerzas políticas locales. El texto, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, se adelanta al próximo pleno municipal, en el que se prevé debatir y votar diversas mociones sobre este polémico proyecto, denominado Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW (Planta Tigaiga, expediente GE25/017).

La plataforma vecinal No eléctricas-Propano en la Cruz Santa recalcan que “no estamos defendiendo unas siglas políticas, sino nuestra salud, nuestra seguridad y el futuro de nuestras familias. Por ello, no vamos a tolerar que esta causa justa se convierta en una moneda de cambio o en un escenario de confrontación partidista”.

Los vecinos tienen claro que es el Gobierno de Canarias el que “realmente tramita la autorización administrativa”, aunque subrayan que eso no es óbice para que también se dirijan al Ministerio de Transición Ecológica y le trasladen el acuerdo de rechazo, toda vez que financia estas obras de emergencia. Además, abogan por las propuestas municipales que exigen a la corporación local que “active la vía jurídica y contencioso-administrativa si fuera necesario”.

Asimismo, aplauden que se defiende usar “todos los medios al alcance del consistorio para defender que esta planta no se instale en ningún lugar del municipio. Exigimos –añaden- que cualquier acuerdo institucional que emane de este pleno cumpla con los siguientes puntos irrenunciables: rechazo incondicionado y definitivo, pues no nos vale que se diga que la planta está más lejos en el polígono de La Gañanía”. En este sentido, aseguran que “el cambio de ubicación es una trampa administrativa” y, por eso, reclaman el “rechazo rotundo a esta infraestructura en cualquier parcela del término municipal”. También piden a la consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias “denegar formalmente la solicitud de autorización administrativa. No pedimos que miren para otro lado, sino que bloqueen el expediente”.

Otra de sus exigencias en este manifiesto pasa por un “compromiso jurídico real”, al considerar que el Ayuntamiento “debe comprometerse, por acuerdo plenario, a ejercer todas las acciones administrativas y judiciales necesarias (incluyendo recursos contencioso-administrativos) para frenar a la empresa promotora si las administraciones autonómicas fallan a los vecinos”. También aluden a los plazos y remarcan que “la resolución y archivo definitivo de esta amenaza debe materializarse de forma efectiva antes de mayo de 2027. No queremos promesas a futuro ni declaraciones de intenciones vacías ante las próximas elecciones. Instamos a los concejales y concejalas de todos los partidos a actuar con altura de miras, rigor técnico y un criterio de puntuación y redacción legislativa que no deje resquicios legales a la empresa promotora. Si la moción resultante se debilita mediante enmiendas de conveniencia para salvar la cara de unas siglas u otras, la plataforma señalará públicamente a quienes antepongan la disciplina de partido al bienestar de Los Realejos”.

La plataforma remata el manifiesto con un lapidario: “Ni en La Cruz Santa, ni en La Gañanía, ni en ningún rincón de Los Realejos. ¡Planta de propano, NO!”.

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha adjudicado definitivamente las obras del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.

La adjudicataria es la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros con IGIC, indica una nota de Obras Públicas.

La actuación partía de un presupuesto base de licitación de 66.401.344,71 euros por lo que el importe de adjudicación supone una reducción de más de 8,2 millones de euros respecto al presupuesto inicialmente previsto, aunque, según Obras Públicas, se mantienen los criterios técnicos y de seguridad establecidos para la ejecución de la infraestructura.

La intervención ampliará de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, lo que, según el Gobierno canario, favorecerá una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte.

Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, y se sustituirá el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, y se evitará continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente.

Esta reorganización permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá, según el Gobierno canario, a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico. 

Rectificaron en pocas horas, pero algunos particulares de La Orotava y Tenerife y al menos cuatro entidades ecologistas, sociales o partidos de Canarias (la Coordinadora Ecologista El Rincón, la plataforma Salvar Chira-Soria, algunas arquitectas de Cascos Púrpura y Asamblea por La Orotava) no les creyeron y han actuado en consecuencia. En las últimas semanas, y hasta la madrugada de este miércoles, cuando acababa el plazo, diversos colectivos y ciudadanos de las Islas han presentado alegaciones a la intención inicial del gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) de retirar y reubicar un total de 85 palmeras de la carretera del paraje protegido de El Rincón, en La Orotava, porque no se creen el anuncio que hizo esta administración a las pocas horas de que Canarias Ahora se hiciera eco de esta posibilidad y de la reacción rotundamente contraria de grupos como Asamblea por La Orotava, que en principio fue secundada por el gobierno de la Villa (CC).

En la mañana del pasado 18 de agosto, este periódico trasladó a sus lectores la honda polémica y el malestar generalizado que había causado la noticia de que el Boletín Oficial de la Provincia había anunciado un proyecto del Cabildo tinerfeño para retirar 85 emblemáticas palmeras canarias de la carretera que lleva a las tres playas orotavenses (El Bollullo, Los Patos y El Ancón) y a los dos millones de metros cuadrados protegidos y agrícolas de El Rincón, el primer espacio natural en España que propició una Ley regional de protección aprobada por el Parlamento canario en 1992 tras la iniciativa popular que logró 35.000 firmas y que derivó en el Plan Especial de 1997, que en realidad nunca se ha cumplido.

Se trata de 85 palmeras canarias de gran porte que llevan, en algunos casos, más de 50 años en esta vía y que forman parte ya de la idiosincrasia del lugar. De hecho, y como transmitieron a este periódico fuentes del gobierno orotavense, el rechazo el consistorio sería contundente de seguir adelante con la iniciativa aunque los ejemplares se replantaran, proyecto para el que se había previsto un total de 741.908 euros.

En principio, el gobierno insular sostuvo que se trataba del planteamiento de los técnicos y que todo obedecía al riesgo actual o futuro que las raíces de esas palmeras supuestamente representan para el firme de la calzada, aunque la mayoría de imágenes demuestran, al menos de momento, lo contrario: ningún desperfecto, ninguna grieta, nada de piche levantado en muchos casos, si bien sí en algunos.

Al mediodía de ese día 18, y tras las conversaciones entre el Cabildo y el Ayuntamiento villero, la Administración de la Isla se rectifica a sí misma y envía un comunicado anunciando que se habían replanteado el proyecto en coordinación con el consistorio, con lo que, en teoría, ya no se contemplaba esa eliminación de las palmeras.

Sin cambios en el Boletín Oficial

Sin embargo, el proyecto ha continuado en el BOP sin ninguna rectificación o notificación posterior de ese supuesto cambio o reculamiento. Ante esto, y en diversos grupos de wasap, vecinos de La Orotava han lanzado una campaña para intentar alentar las alegaciones particulares ante las dudas de diversos grupos y colectivos que no se han creído la rectificación y las presentaron previamente. Estos orotavenses llaman la atención sobre el hecho de que hayan sido entidades de otras Islas las que se han movilizado ante cualquier duda y creen que sigue la incertidumbre sobre lo que pasará, por lo que alentaban que, “cuantas más alegaciones, mejor”.

El proyecto pretende intervenir en 1.500 metros lineales de la célebre carretera que baja a la zona orotavense de El Rincón. Aunque el documento técnico cifra las palmeras problemáticas en 80, se añaden cinco más a las condenadas a la mudanza sin más explicación. El Cabildo sacó a concurso la reforma de la vía y justificó de entrada la retirada de las palmeras y su trasplante en viveros por los daños que, según sostiene, producen sus raíces en el asfalto, algo que ponen en duda formaciones como Asamblea por La Orotava. De hecho, los propios técnicos insulares hablan de “degradación moderada, sin agotamiento estructural” de la carretera.

El Cabildo sacó a exposición pública el anuncio de estas obras en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 12 de agosto; es decir, en el mes menos hábil del año. El proyecto lo presentó Tecnologías Avanzadas de Macaronesia, S.A. y lo firma el ingeniero de caminos Óscar Pérez Hernández. Para el traslado de las palmeras se prevé un gasto de 82.909 euros, así como 213.155 para el firme (de un total de 741.000), 157.669 para obras complementaria, 64.624 para la gestión de residuos, 50.355 para salud y seguridad, 49.118 para demoliciones y acondicionamientos, 36.863 sólo por los desvíos de tráfico y 10.880 para la señalización, balizamiento y defensas.

Nuevo cierre temporal de parte de Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz, aunque esta vez se procederá a prohibir los chapuzones no sólo en la cala de Punta Brava, sino, además, en la que se sitúa entre esta y la de El Castillo, conocida popularmente en la principal ciudad turística de Tenerife como El Charcón. Fuentes de la plataforma vecinal Stop Vertidos confirman a Canarias Ahora el cierre inminente de estas dos calas, que se suma al efectuado en la de Punta Brava el pasado mes de agosto.

Como en aquella ocasión, el cierre apenas duró un día y, según han trasladado desde el Ayuntamiento portuense a la plataforma, se espera que esta nueva prohibición de baño no se extienda más allá de uno, dos días o, a lo sumo, hasta el próximo lunes, aunque todo dependerá de las analíticas sobre contaminación por aguas fecales.

Según traslada la entidad a este periódico, los últimos análisis de Salud Pública, dependiente del Gobierno de Canarias, aconsejan esa medida en el caso de la playa mayor, la de Punta Brava, conocida también como María Jiménez y de mejor calidad de arena, mientras que las analíticas privadas encargadas por el Ayuntamiento portuense daban positivo en el caso de El Charcón. Ante unos informes contradictorios entre unos y otros, el gobierno local (PP-ACP-CC) ha optado por cerrar estas dos calas, según le trasladó el alcalde, el conservador Leopoldo Afonso, a la plataforma este mediodía. En ambos casos, las analíticas dan por encima de 800 en escherichia coll (bacteria fecal), cuando la referencia aconsejada como máxima es de 500.

Se da la circunstancia de que el pasado día 21 de agosto, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, exalcalde y hermano del máximo mandatario actual en la ciudad, recalcaba en Gente Radio, emisora portuense, que el cierre en agosto “apenas duró 24 horas” (en realidad, duró 47 horas), al tiempo que detallaba las dificultades para reponer el emisario y desarrollar las obras previstas en la depuradora del Valle de La Orotava, si bien resaltando las gestiones realizadas por las distintas administraciones.

Días antes, Leopoldo Afonso afirmó en esa misma emisora que las obras por la rotura del emisario no se llevarán a cabo antes de mayo de 2027 (elecciones locales) porque se retrasan las autorizaciones de Costas del Gobierno de España. Sin embargo, esas competencias están ya en manos del Ejecutivo canario y, además, tanto las del emisario como las de la depuradora están autorizadas por la Comunidad, toda vez que ese traspaso de competencias se produjo en 2023.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la principal ciudad turística del norte de Tenerife, se expone a una sanción de 3.005 a 601.012 euros en función de si el Gobierno de Canarias considera que ha incumplido con su obligación de cerrar al baño una de las tres calas de Playa Jardín (la de Punta Brava) tras la analítica que dio positiva por contaminación fecal el pasado 22 de junio, víspera de San Juan, con una gran fiesta prevista en esa zona. En un informe de Salud Pública del 24 de ese mes, se constata que el consistorio no siguió la exigencia de impedir el baño en esa playa justo el 23 y 24 de ese mes y todo depende ahora de si esto se considera por la Comunidad una infracción leve, grave o muy grave, aunque el gobierno local (PP-ACP-CC) se muestra a Canarias Ahora totalmente tranquilo y no teme esa multa.

De considerarse una infracción leve, la sanción se podría fijar en un máximo de 3.005 euros, las “graves” fluctúan entre esa cantidad y los 15.025, mientras que las “muy graves” van de esos 15.025 hasta un tope de 601.012 euros, según los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

En el artículo 38, se deja claro que se consideran “infracciones sanitarias muy graves” aquellas en las que comprueba el “incumplimiento doloso o gravemente culposo de las normas sanitarias, cuando produzca o daño efectivo a la salud individual o pública”. También se alude a la “resistencia a colaborar con las autoridades sanitarias en situaciones de riesgo inminente y grave para la salud individual o pública” y el “incumplimiento reiterado de órdenes específicas de las autoridades sanitarias”, que es lo que se deduce de ese informe de Salud Pública del 24 de junio.

En ese documento, se constata que se había comprobado que no se llevó a cabo ningún cierre, si bien se sostiene que el “concejal que se encontraba en la playa en el momento de la inspección manifiesta que colocaron la información del cierre, pero que la gente la había quitado”. Esto, sin embargo, contrasta a las claras con las contundentes, visibles y hasta expeditivas medidas tomadas el 12 de agosto cuando, tras otra analítica positiva por contaminación fecal, se cerró toda la playa de Punta Brava con vallas y se prohibió el baño, de forma que ni siquiera se podía bajar a la arena, algo que no se dio en el año en que estuvo desaconsejado el baño de julio de 2024 a junio de 2025.

Pese a este evidente riesgo de posible sanción, desde el gobierno portuense se traslada a Canarias Ahora la casi seguridad de que no habrá multa y que la actuación del consistorio ha sido en todo momento la adecuada y legal.

Fuentes del equipo gobernante subrayan el “enorme trabajo desarrollado” y hasta “la forma en que se ha informado puntualmente a los medios de comunicación, facilitando toda la documentación disponible, incluidos los correspondientes análisis”. Se trata, por tanto, de “una cuestión de acreditación documental y de cumplimiento de los procedimientos establecidos.

En cualquier procedimiento administrativo, judicial o sancionador, lo determinante son los hechos y las pruebas. Y, hasta donde alcanza la documentación, existen elementos suficientes para acreditar no sólo que no se ha actuado al margen de la legalidad, sino que las decisiones se han adoptado siguiendo escrupulosamente los procedimientos oficiales y actuando en consecuencia“, por lo que no existe ningún temor a esa posible multa.

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este miércoles de que procederá, a partir del próximo 30 de agosto, al cierre total del tramo del Anillo Insular de la carretera TF-5 comprendido entre los puntos kilométricos 50+900 y 62+200, entre los municipios de Icod de los Vinos y El Tanque, por obras de rehabilitación del firme.

La actuación afectará a los accesos de Icod de los Vinos, a la altura de la rotonda de Buen Paso, y El Tanque, así como al enlace de desvío hacia El Amparo, detalla la corporación insular en un comunicado.

Los trabajos comenzarán los días 30 y 31 de agosto en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, para ejecutar las labores previas de regularización del firme.

A partir del martes 1 de septiembre, el corte se ampliará también al horario diurno, coincidiendo con el inicio del extendido del microaglomerado en frío.

La duración prevista de la actuación es de aproximadamente dos semanas, en función del desarrollo de los trabajos y de las condiciones necesarias para su ejecución.

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, esgrime que esta medida responde a “una necesidad estrictamente técnica”, ya que las condiciones nocturnas no permiten garantizar la correcta ejecución de los trabajos debido al material que se va a emplear y es preciso que tenga unas condiciones ambientales determinadas para que se consolide adecuadamente.

Mientras duren las obras se establecerán desvíos de tráfico preferentemente a través de las carreteras TF-42 y TF-82.

El Cabildo de Tenerife solicita a los conductores que tengan en cuenta esta afección durante el periodo de ejecución de los trabajos, planifiquen sus desplazamientos y sigan en todo momento la señalización provisional y las indicaciones establecidas en la zona.

La plataforma Salta a la Transición Ecológica denuncia el intento de boicot a la captación de firmas digitales contra la planta de gas que pretende instalar la empresa Disa en Los Realejos (en el norte de Tenerife), primero en La Zamora y, ahora, cerca de casas del barrio de La Cruz Santa, en ambos casos con el rechazo del gobierno local (PP) y del resto de grupos del ayuntamiento.

La entidad explica que se han topado con un intento de obstaculizar la recogida de firmas de vecinos de La Cruz Santa y del resto de la localidad o de fuera y que, de hecho, “alguien ha logrado paralizar la recogida digital denunciándola en Google”, aunque no saben bajo qué pretexto “puesto que la política de protección de datos estaba completa e incluida en el texto”.

Según recalcan, “ante este hecho los vecinos han redoblado el esfuerzo en la recogida en papel en distintos sitios pero, sobre todo, en el municipio y la respuesta ha sido amplia en Los Realejos en contra de esta central de propano al lado de viviendas”.

La plataforma recuerda que el Gobierno canario “tiene la llave para desactivar este atropello de infraestructura contaminante y peligrosa, sencillamente no concediendo la autorización. Esta es la decisión que esperan los vecinos y el propio Ayuntamiento de Los Realejos del Ejecutivo regional”. Pese a los obstáculos, continúan con su campaña de recogida de firmas en diferentes ámbitos y, como ya hicieran cuando se intentó instalar esta planta en La Zamora, dejan claro que seguirán en la lucha para evitarla.

Mientras, las posturas sobre esta iniciativa siguen igual. El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), considera que esta instalación no tiene cabida en el polígono industrial del municipio, el de La Gañanía, por su cercanía a los núcleos residenciales de la zona y así se lo trasladará al Gobierno de Canarias y al Ministerio para la Transición Ecológica, tras analizar la situación con sus concejales en el primer consejo de gobierno de septiembre.

Por su parte, la compañía, en la respuesta a las alegaciones de los vecinos, defiende la total legalidad de la planta y su necesidad por los riesgos de apagones energéticos, que es la principal línea argumental, asimismo, de la consejería regional de Transición Ecológica que dirige Mariano Hernández Zapata (PP).

La Orotava, en el norte de Tenerife, aprobó hace 33 meses solicitarle al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada para, entre otras medidas, poder topar los precios de los alquileres, al menos, de la zona del casco histórico, pero sigue sin dar ese paso propuesto por los concejales de Asamblea por La Orotava y respaldado por el pleno local hace casi tres años.

Este importante municipio del norte de Tenerife, el de mayor superficie de la Isla y con el 72% del Parque Nacional del Teide, cuenta con una población de unos 42.500 habitantes, y su Ayuntamiento ha elaborado un reciente informe sobre los precios de las casas (de venta y alquileres) de 2020 a 2023 que fue expuesto en la comisión de Urbanismo del pasado 1 de julio y que constata que la localidad no sólo cumple los requisitos para la declaración de zona tensionada en el casco histórico, sino que también lo hace la mayoría de sus barrios, con aumentos de las cantidades que se piden de hasta el 129% en algunas de esas zonas periféricas, como ocurre en Pinolere, Aguamansa y La Florida. El límite exigido para declarar la zona tensionada es del 19%. Además, hay zonas con incrementos del 60 y 70%.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias no ha aprobado hasta ahora ninguna de las peticiones recibidas para declarar zona tensionada en ningún municipio de las Islas. El Ejecutivo de Clavijo no aplica la Ley estatal de Vivienda y, de hecho, cuando esta fue aprobada, anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que después no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. El Gobierno canario ha señalado en diversas ocasiones que su solución a la crisis de vivienda en las Islas pasa por construir más y más rápido, sin adoptar medidas para regular los precios de los alquileres o controlar la especulación.

En el pleno de este pasado martes, el gobierno local (CC) admitió que aún no ha remitido al Ejecutivo regional esa solicitud, en la que insiste desde hace mucho tiempo grupos como Asamblea por La Orotava. Una situación que critica el portavoz de esta coalición, Manuel Pacheco, que censura que “ni siquiera sepan el procedimiento para declarar el municipio zona tensionada pese a contar ya con ese informe del mercado inmobiliario, que nos mostraron en comisión, pero que aún no poseemos porque, como siempre, no lo adjuntaron a la convocatoria y que hemos pedido durante todo este mes de julio”.

“Aún no han abordado ni qué hacer con ese diagnóstico, si enviarlo o no a la Comunidad, pese a que la ley es clara y obliga a adjuntar un plan específico de medidas cuando se cumplen los requisitos de las llamadas zonas tensionadas”, comenta a Canarias Ahora. Además, compara a La Orotava con otros municipios que sí han enviado la solicitud en menos de un año.

Versión del gobierno local

Durante el pleno, el portavoz de CC y edil de Hacienda, entre otras áreas, David Felipe Benítez, explicó que ese estudio no se elaboró en exclusividad para la declaración de zona tensionada, sino que “es mucho más ambicioso sobre el mercado residencial en La Orotava, abarcando múltiples aspectos sector por sector, distrito por distrito en función de la población, edades, precios de la vivienda y cómo ha evolucionado. Incluso, planifica el futuro y prevé las nuevas viviendas a construir según el PGO y, por tanto, va mucho más allá que un simple informe sobre la declaración de zona tensionada”. Además, remarcó que “no es el ayuntamiento el que declara esa zona, sino el Gobierno regional el competente y no hemos enviado el acuerdo plenario porque no tendría ningún sentido y sería absurdo hacerlo sin los datos del estudio para que se puedan estudiar. Es ahora, cuando ya se ha informado en comisión, cuando ese acuerdo del pleno se enviará con ese estudio de forma conjunta y ya nos informarán sobre si procede o no procede”.

Sobre el plan de acción municipal en esta materia, y también a preguntas de Asamblea, indicó que se redactará en función de esa respuesta autonómica, “si cumplimos o no con lo de la zona tensionada para no empezar trabajos en balde. 33 meses después, no se han leído la ley”, les reprochó.

Grandes tenedores

El edil de Asamblea por La Orotava ya se quejó públicamente el pasado mes de junio de que el Consistorio villero lleve 18 años sin subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). No lo hace por la mayoría de contribuyentes, a los que beneficia una congelación así, sino por los grandes tenedores de inmuebles, sobre todo constructoras o grandes promotoras, así como bancos y, en muchos menos casos, propietarios aislados con más de nueve viviendas.

Según esgrime, el Plan General de Ordenación (PGO) orotavense calcula unas 2.500 casas vacías en la localidad. Si la mitad de estas propiedades pertenecen a grandes tenedores, “principalmente a entidades bancarias y empresas de la construcción con promociones muy conocidas que están vacías total o parcialmente, se podría recaudar millones de euros añadidos al año porque la Ley de Vivienda de 2023 permite subir el IBI hasta triplicarlo en los casos de grandes tenedores”. Esto permitiría ingresar un dinero considerable que, a su vez, se podría destinar a potenciar las políticas sociales o, precisamente, las de vivienda, “una de las grandes debilidades de la gestión local”.

Sin embargo, el gobierno orotavense se ha escudado hasta ahora, según denuncia, en sus dudas sobre cómo aplicar la norma y en cómo definir o considerar una casa vacía o cumplidora de las condiciones establecidas. En opinión de Pacheco, se trata de argumentos muy débiles “porque la norma deja muy claro cómo aplicarla en cada caso”, por lo que, a su juicio, sólo ha habido desidia o una clara intención de beneficiar o no perjudicar a estos grandes tenedores, entre los que se encuentran diversas constructoras con muchas promociones en la Villa.

Benítez explicó entonces a este periódico que Benítez, explica a este periódico que, “en realidad, el ayuntamiento aprobó un recargo del 50% en el IBI a los grandes tenedores en 2018 (grandes empresas y entidades bancarias)”, si bien reconoció que, desde entonces, no ha aplicado en la práctica ese incremento a través del consorcio de tributos porque la ley de Haciendas Locales “no detallaba, por ejemplo, qué se consideraba un gran tenedor o una vivienda vacía. Esto cambia con la ley de 2023 y el texto refundido de la de Haciendas Locales, que sí aclara estas cuestiones. A partir de ahí, nosotros llevamos meses trabajando con el consorcio de tributos para obtener datos de cuántas grandes empresas o bancos tienen más de diez viviendas desocupadas. Con todo esto, se está haciendo un estudio económico para ver el impacto de la medida, qué número de casas de uso residencial hay en ese caso para ver también la viabilidad de implantar esta medida, ya que lleva consigo también unos costes administrativos”.

El edil añadió que “hay que demostrar, a su vez, que esa vivienda está vacía, algo que previsiblemente se podrá hacer a través de los consumos de agua, para lo que habrá que interconectar el padrón del agua con el del IBI. Esto lleva, por tanto, un trabajo administrativo y unos costes, pero se necesita ese estudio económico para ver la viabilidad de la medida, ya que, si para el ayuntamiento es superior que lo que se va a obtener, pues no tiene ningún sentido, aparte de que el problema actual de la vivienda no se soluciona con esto. Esperamos que en unos meses tengamos ese estudio”.

La compañía TITSA incorporará este martes guaguas de dos pisos para reforzar las líneas 100 y 108, que enlazan Puerto de la Cruz e Icod de los Vinos con la capital tinerfeña, dos rutas que mueven unos dos millones de pasajeros al año, según ha informado este lunes el Cabildo de Tenerife.

A la presentación de estos vehículos han asistido este lunes la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, y los alcaldes de La Orotava e Icod de los Vinos, Francisco Linares y Javier Sierra, respectivamente, en un acto donde se informó de que estas líneas son utilizadas preferentemente por usuarios residentes en la isla.

En concreto Rosa Dávila explicó que el 90% de las personas que utilizan estas rutas vive en Tenerife, y en el caso de la 108, el porcentaje es aún mayor, del 97%.

Gracias a la doble altura, la capacidad aumenta un 44% al pasar de 59 a 85 butacas por vehículo, lo que implica ofrecer miles de plazas adicionales al año en estas rutas, según la corporación insular.

Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, señaló que esta semana se prevé la llegada de otras tres guaguas de doble piso y el Cabildo ya ha adjudicado la compra de otras cinco que llegarán en 2027.

Estos nuevos modelos prestan servicio también en la autopista del sur (TF-1), concretamente en las líneas directas 110 y 112, que unen Santa Cruz con Costa Adeje y Los Cristianos, respectivamente.

García destacó que los vehículos han sido fabricados de forma “artesanal” para adaptarse a las características de Tenerife y las necesidades del servicio.

Además, señaló que cuentan con tecnología de última generación para garantizar tanto la seguridad de los pasajeros como las condiciones de trabajo del personal conductor.

Entre estos equipos, destaca el sistema de arranque con control de alcoholemia (Alcolock), un sistema de aviso por abandono de carril o de detección en ángulo muerto que avisa al conductor o conductora si detecta la presencia de una bicicleta, peatón u otro elemento en una zona de riesgo.

También disponen de cámaras digitales que sustituyen los retrovisores convencionales y siete cámaras de videovigilancia en el interior, cuatro en la planta inferior y tres en la superior.

La entrada en servicio de las guaguas de doble piso forma parte del proceso de renovación integral de la flota que impulsa el Cabildo de Tenerife pues, en apenas tres años, se han incorporado 351 nuevos vehículos, lo que sitúa a TITSA entre las flotas más modernas de España, con una antigüedad media cercana a los tres años.

La renovación continuará durante los próximos meses con la llegada de otras 57 guaguas antes de finalizar el año y de 25 nuevas unidades en 2027 destinadas a trayectos interurbanos.

Cinco de ellas serán también de doble piso, lo que permitirá elevar hasta 18 el número de estos vehículos.

La inversión realizada por el Cabildo de Tenerife supera los 125 millones de euros y ha permitido reducir en más de un 7 % las emisiones de la flota de TITSA.

Esta modernización coincide, además, con el mejor momento del transporte público en la isla, que superó los 87 millones de viajeros en el último año, el mayor registro de su historia.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha asegurado este viernes que la calidad del agua de baño en Playa Jardín es “excelente”, si bien ha admitido que el pasado 22 de junio hubo un resultado “discordante” en un muestreo, registrado por Salud Pública, al que siguieron otros “plenamente favorables” que descartan “una contaminación continuada o generalizada”.

En una rueda de prensa, el regidor expuso que Playa Jardín permanece abierta desde el 17 de junio de 2025, después de estar sometida a un proceso de recuperación sustentado en controles sanitarios, trabajos continuados sobre la red de saneamiento y medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo de alivios, obstrucciones y vertidos accidentales, con resultados ahora “excelentes”.

Cabe destacar que Playa Jardín estuvo cerrada al baño desde julio de 2024, por vertidos fecales al mar, hasta su reapertura en junio del pasado año.

Afonso ha respondido así a las recientes acusaciones realizadas por el PSOE, que ha denunciado que del 22 al 24 de junio se registró un episodio de contaminación microbiológica en Playa Jardín, sin que se procediese al cierre del baño como estaba recomendado, y que además, ha pedido un pleno extraordinario en agosto en el Cabildo insular para debatir los problemas en el litoral de la isla.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el 22 de junio hubo “un resultado aislado registrado por Salud Pública” en el punto de muestreo PM5, correspondiente a la zona de El Charcón, pero las muestras posteriores realizadas por la autoridad sanitaria “ofrecieron valores plenamente favorables”, y encargó por su parte analíticas a un laboratorio independiente que también acreditaron una calidad excelente del agua.

“El conjunto de las muestras posteriores descarta la existencia de una contaminación continuada o generalizada en Playa Jardín”, ha subrayado el Gobierno municipal.

El único resultado “discordante” fue “contradicho inmediatamente por diferentes análisis posteriores” y por tanto “debe ser estudiado desde un punto de vista técnico y no utilizado para generar alarma entre la ciudadanía”, ha defendido el alcalde.

Según el Ayuntamiento, la divergencia “deberá ser determinada por los organismos competentes, sin convertir una hipótesis sobre la toma de la muestra en una conclusión definitiva”.

El alcalde de Puerto de la Cruz, acompañado del primer teniente de alcalde y concejal de Ciudad Sostenible, David Hernández; y el segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios Generales, Alonso Acevedo, ha asegurado que el Ayuntamiento, durante esos días, “no recibió ninguna comunicación oficial” de la Dirección General de Salud Pública que recomendara o exigiera el cierre de Playa Jardín.

Entonces, el alcalde dice que el Ayuntamiento no podía ejecutar una medida sanitaria que no le había sido comunicada oficialmente. Por el contrario, fue el propio Gobierno local el que trasladó a Salud Pública, mediante oficio remitido el 24 de junio, los resultados de las analíticas encargadas por el consistorio para verificar preventivamente el estado del agua durante las celebraciones de San Juan.

“No existió ninguna comunicación oficial al Ayuntamiento que indicara que Playa Jardín debía cerrarse. Lo que sí existen son documentos, analíticas y resultados que confirman que el agua presentaba una calidad excelente”, ha sostenido Leopoldo Afonso.

Para ello, el regidor ha presentado durante la comparecencia un certificado emitido por la Secretaría accidental del Ayuntamiento en el que se hace constar que los días 22 y 23 de junio no tuvo entrada en el consistorio ninguna comunicación oficial de la Dirección General de Salud Pública que recomendara o exigiera el cierre de Playa Jardín.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que la respuesta municipal se sustenta “en documentación oficial y en resultados científicos, no en sospechas ni en afirmaciones alarmistas”.

Por otro lado, ha asegurado que “Playa Jardín es probablemente una de las zonas de baño más controladas de Tenerife y continuará sometida a una vigilancia constante para garantizar la seguridad de residentes y visitantes”.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz no consigue empresas para buena parte de los con cursos públicos que ha convocado desde diciembre del año pasado. Así ha ocurrido con las obras de reforma y acondicionamiento de algunos proyectos considerados relevantes para la ciudad, como las del local social El Peñón, la de la escuela infantil Jacaranda o la de la plaza de La Vera.

En el caso del local social, y según consta en el sitio web de contratos del Estado desde el 1 de julio, se declara desierto el lote número 1 de este proyecto y se explica que la empresa propuesta como adjudicataria no ha podido constatar su capacidad para contratar, dentro de la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos, por lo que no se ha confirmado “la validez de la oferta” según los términos del concurso.

También se declara desierta la rehabilitación de la citada escuela infantil al “no haber ninguna oferta válida, toda vez que el único licitador que respondió a la invitación (…) presentó una oferta y documentación administrativa que no se corresponde con este expediente de contratación”. Asimismo, y en el caso de las obras de la plaza de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, en el barrio de La Vera, quedó desierto el concurso la fase 1 de la urbanización tras no presentarse ninguna oferta.

Mientras, las obras del cine Chimisay, con las que se pretende transformar este célebre edificio en un espacio multifuncional y cultural, se han llevado ya dos veces a concurso ampliándose el plazo y se ha vuelto a extender una tercera vez hasta el 30 de julio porque, de momento, no se han podido adjudicar desde el 19 de junio.

Estos tres proyectos los impulsa el área de Urbanismo, que dirige David Hernández (ACP), si bien hay otro del departamento de Hacienda, que lleva Pedro Antonio Campos (PP), relativo al aparcamiento de la plaza de La Constitución y cuyo con curso también ha visto ampliar dos veces el plazo para presentar propuestas, pero sin éxito.

Por tanto, y salvo que haya empresas que convenzan con lo de las obras del cine Chimisay, cuatro proyectos desde finales de 2025 que siguen atascados pese al trabajo administrativo para sacar los concursos.

Canarias Ahora ha pedido la opinión del gobierno local (PPO, ACP y CC), pero sin lograr respuesta hasta ahora.