El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, gobernado por CC, PP y Vox, ha anunciado este martes que costeará con dinero público el uso de guaguas para que los vecinos puedan acudir a un acto religioso en la capital de la isla. Concretamente, se trata de la misa que el 12 de junio oficiará el papa León XIV en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

“Con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía en este acontecimiento de relevancia internacional, el consistorio habilitará guaguas gratuitas desde el municipio hasta la capital tinerfeña para que las personas interesadas puedan asistir de manera cómoda, segura y accesible”, ha indicado el Ayuntamiento.

La concejala de Participación Ciudadana, Adaisy Arias, de Vox, afirma que esta iniciativa tiene como finalidad “acercar a la ciudadanía un evento histórico” como es la visita del Papa León XIV “fomentando la participación y garantizando el acceso en igualdad de condiciones”.

Según el consistorio, el área de Participación Ciudadana trabaja en la planificación de rutas y horarios y comunicará en las próximas semanas la información detallada sobre el plazo de inscripción, los puntos de salida y demás aspectos organizativos en las plataformas digitales del Ayuntamiento. 

Teletrabajo

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido primar el teletrabajo y las clases online para evitar desplazamientos innecesarios el 12 de junio en Tenerife, pues la visita del papa León XIV va a impactar “sí o sí” en la movilidad con cortes puntuales en la autopista TF-5 y accesos a Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.

El plan de movilidad con ocasión de la visita del pontífice ha sido objeto este lunes de una primera reunión técnica entre las instituciones involucradas que será objeto de un segundo encuentro posterior a la visita al archipiélago de responsables del Vaticano para terminar de perfilar el programa de actos, a finales de mes.

Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha puesto en marcha este jueves la depuradora del Oeste, en Guía de Isora (Tenerife), tras una inversión de 15 millones de euros.

Tras la realización de los trabajos de puesta en servicio y las pruebas de funcionamiento, se ha finalizado la conexión que ha permitido la entrada a la EDAR de las primeras aguas residuales de Guía de Isora, y comenzado la puesta en marcha de la instalación, fase que se prolongará durante un año.

En este periodo se irán incorporando progresivamente a la EDAR el resto de los caudales para ajustarse a la capacidad de diseño de la infraestructura y asegurar una depuración eficiente.

Estas obras se enmarcan en el convenio de colaboración y posterior adenda suscritos por ACUAES, el Cabildo de Tenerife y el Consejo Insular Aguas de Tenerife (CIATF) para el desarrollo en la isla de un conjunto de actuaciones de mejora del saneamiento, depuración y reutilización de las aguas residuales, actuaciones en las que se van a invertir 233,5 millones, financiados por los fondos FEDER correspondientes a la Administración General del Estado y por el Cabildo de Tenerife.

En el sistema Oeste se han invertido 37 millones en actuaciones encaminadas a mejorar el saneamiento y aumentar la capacidad de depuración de los municipios de Santiago del Teide y Guía de Isora.

La nueva depuradora del Oeste presta servicio a 109.000 habitantes con un caudal máximo de 12.000 metros cúbicos al día.

La EDAR está dotada de un pozo de gruesos, canales de desbaste y filtrado de hasta 3 milímetros, dos equipos compactos de desarenado y desengrasado, depósito de laminación, tamiz de filtración de hasta 1 milímetro, así como dos espesadores mecánicos por gravedad y deshidratación de fangos mediante dos centrífugas.

Destaca el tratamiento de los vertidos mediante reactores biológicos en proceso MBR de oxidación prolongada por aireación mediante soplantes y red de difusores, empleando como sistema de clarificación membranas de ultrafiltración, alcanzando una calidad del agua tratada que permite su reutilización para riego, contribuyendo a minimizar la explotación del acuífero.

Junto a la EDAR, ACUAES ha construido la estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales (ETBAR) de San Juan, en Guía de Isora, cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR), así como conducciones en impulsión que permitirán el envío del agua desde Santiago del Teide hasta la ETBAR de San Juan, para su impulsión hasta la depuradora, recoge una nota de la entidad.

Recientemente se ha adjudicado el contrato de ejecución de las obras del colector general de medianías del sistema del Oeste y la conexión de Chío con este colector, que permitirán que las aguas residuales de estos núcleos sean tratadas en la nueva EDAR.

Un grupo de vecinos de la zona costera de Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel de Abona (sur de Tenerife), critican lo que ocurre desde el año 2022 en un solar del consistorio que sirve de aparcamiento, pero que ocupan preferente y casi exclusivamente autocaravanas pese a no contar con servicios básicos para este fin, como agua potable, tomas de corrientes, saneamiento baños. Los residentes censuran lo que consideran una actitud “pasiva” del gobierno local (Coalición Canaria) y llaman la atención sobre el hecho de que esto se produce en una zona residencial y turística, con algunos alojamientos de cinco estrellas, como dos apartahoteles “recientemente construidos”.

Los residentes críticos sostienen que esta situación, que se repite durante numerosos fines de semanas, festivos, periodos vacacionales, aunque también ya en múltiples días laborales, “genera problemas recurrentes de salubridad, ruido y convivencia, con usuarios que permanecen durante varios días, sacan mobiliario al exterior, reproducen música y realizan vida diaria en un entorno no preparado para ello. A esto se suma la presencia de animales y la falta de control efectivo del espacio, con lo que la imagen que reciben los turistas alojados en apartahoteles de alta categoría resulta incompatible con la que se pretende proyectar como municipio turístico”.

Para estos vecinos, la catalogación urbanística de este espacio tampoco resulta compatible con este uso, toda vez que, una vez que lo han consultado en el consistorio, “la parcela tiene uso dotacional de equipamiento comunitario, una calificación destinada a servicios públicos o de interés general, y no a la permanencia de personas en caravanas sin infraestructuras ni regulación específica”.

Por eso, censuran que “el funcionamiento actual del solar se asemeja en la práctica a un uso recreativo o residencial temporal, propio de áreas de autocaravanas o campings, usos que requieren una ordenación específica, proyecto técnico y condiciones sanitarias mínimas, elementos que no concurren en este caso”. Además, critican que sus quejas y reclamaciones por escrito presentadas desde 2022 en la corporación local y a través de las redes sociales no hayan servido para que el gobierno local haya tomado medidas correctoras.

Asimismo, no comprenden cómo no se aprovechan otros espacios municipales que creen más idóneos para esta actividad, “alejados de apartahoteles y zonas residenciales sensibles”. Por ello, avisan también de las posibles “responsabilidades públicas ante posibles incidencias sanitarias o de seguridad”.

El gobierno municipal insiste en la “provisionalidad” de este uso

El equipo gobernante en San Miguel de Abona explica a Canarias Ahora que esta parcela local “se ha cedido de forma provisional a la Asociación de Caravanas de Tenerife” y que “sólo tienen autorizaciones para momentos puntuales, como Semana Santa, Verano, Navidad…”. Además, recuerda que ha ofrecido este terreno al Gobierno regional y al Cabildo tinerfeño para crear en este sitio una futura residencia de mayores, al tiempo que no sólo insiste en la provisionalidad de su utilización actual, sino en que “se les ha cedido bajo la premisa de mantener el espacio en condiciones óptimas”. También resaltan el respaldo de muchos vecinos de la zona por la repercusión económica que dejan los usuarios de las autocaravanas, al consumir en los comercios del lugar. 

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha concluido la restauración de La Caleta de Adeje, un espacio catalogado como Sitio de Interés Científico (SIC) por su importancia natural y su alto valor ecológico, geológico y paisajístico y enclavado en la costa del municipio sureño. Los trabajos ejecutados consistieron en la rehabilitación de los senderos oficiales, el borrado de los secundarios, la erradicación de especies exóticas invasoras, la plantación de especies vegetales autóctonas y endémicas, la eliminación de goros de piedra y la construcción de escalonados.

El proyecto de Restauración del Sitio de Interés Científico de La Caleta, ejecutado a través de un encargo por la empresa pública Gesplan, ha tenido un soporte económico de 487.000 euros financiado a través de los fondos europeos EU-Next Generatión, y ha tenido como objetivo primordial la recuperación de los valores ambientales y paisajísticos de un enclave protegido sometido a una gran presión turística debido a la cercanía de la playa Diego Hernández.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica en una nota que “todo el espacio de La Caleta de Adeje, que tiene protección desde el año 1987, ha estado sometido históricamente a una gran presión humana por los puntos urbanos que lo rodean y la actividad agrícola que existía en su entorno, degradando el enclave progresivamente”.

Es por ello, prosigue, “por lo que el Cabildo tomó la iniciativa de restaurar los senderos y otros trabajos, así como erradicar las exóticas que estaban invadiendo el espacio, así como quitar los pequeños goros y la ocupación de cuevas en el entorno más costero, entre otros”.

El “objetivo final” del Cabildo, destaca la responsable insular, “ha sido volver a dar valor a La Caleta, proteger un patrimonio natural que es de todos y que necesitaba de medidas contundentes para poder conservar un espacio único y de alto valor ambiental, las especies autóctonas y endémicas del lugar y que se veían amenazadas por las exóticas y la gran actividad humana”.

El SIC de La Caleta mide 78,3 hectáreas y alberga formaciones geomorfológicas de gran interés que sirven de hábitat a poblaciones animales y vegetales, lo que motivó su declaración como espacio natural protegido en 1987. Durante años la zona fue objeto de ocupación ilegal y se generaron asentamientos semi permanentes en cuevas y oquedades, con la consiguiente huella sobre el territorio.

Cabe señalar que mientras se proclama la protección de La Caleta, a solo unos metros de allí prosigue la construcción del proyecto turístico belga Cuna del Alma, que acumula denuncias por irregularidades y una sanción del Gobierno de Canarias por haber destruído yacimientos guanches. De hecho, hay abierta una investigación judicial en la que la jueza reclama punto por punto lo que pedía la Fiscalía: el expediente completo de las obras que la promotora está levantando en la franja de protección de la costa y una “pericial independiente” de las mismas para analizar si cumplen con la normativa.

Dicho proyecto está destruyendo todo un barranco y sus aledaños para construir más de 400 villas de lujo, un hotel y otras infraestructuras turísticas en una zona que el Instituto Geológico y Minero de España declaró Lugar de Interés Geológico y advirtió al Gobierno canario de los “daños irreversibles” que estas obras causarán.

Esta misma semana, Podemos Canarias denunció que parte de estas obras invaden zona de servidumbre marítimo terrestre “sin contar con la previa y preceptiva autorización del Servicio Provincial de Costas”.

Pese a esta retahíla de denuncias, el proyecto prosigue sin que el Cabildo haya hecho nada para evitarlo.

Plan de obras en La Caleta

El Cabildo explica que una de las actuaciones más destacadas llevadas a cabo en La Caleta fue la adecuación de la red de senderos, que se encontraba “sobredimensionada”.

Para mejorar la seguridad y proteger el entorno, se ha procedido al borrado de aproximadamente 7.059,25 metros cuadrados de sendas secundarias, canalizando el tránsito por caminos prioritarios debidamente definidos.

Asimismo, se han construido unos 14,12 metros de escalonados de piedra mediante métodos manuales para facilitar el paso de las personas en puntos específicos.

Para complementar estas mejoras, según el Cabildo, se renovará la señalética direccional y los paneles informativos, permitiendo a los visitantes conocer mejor los recursos naturales y los usos tradicionales del paraje protegido.

La restauración ambiental también ha incluido medidas contra las especies invasoras con métodos manuales y se han plantado autóctonas y endémicas --cerca de 3.500 ejemplares--, entre las que destacan la tabaiba dulce, la tabaiba amarga, el cardón, los verodes, la leña buena y el cardoncillo, entre otras.

Para la recuperación del paisaje original se han realizado labores de limpieza y recogida de residuos y desmontado estructuras de piedras que eran utilizadas para acampar.

El grupo de arqueología social Imastanen denuncia lo que considera “un territorio sin ley” para la defensa del patrimonio en relación al municipio de Arico, en el sur de Tenerife. Según subrayan, se trata de una localidad especialmente sensible, “con ecosistemas únicos y un valor patrimonial y etnográfico incalculable, que, sin embargo, sobreviven abandonados a su suerte”, cuando no sufriendo saqueos otras afecciones. 

Según explica, varios vecinos del municipio le trasladaron recientemente su preocupación por los movimientos de tierra debido a la actividad de una cantera Tenaridos, “propiedad de los mismos dueños que ya fueran condenados a penas de prisión hace unos años, como consecuencia de actividades ilegales de extracción de áridos en el Valle de Güímar, grupo con suficiente influencia en el poder político local como para hacer prevalecer sus intereses privados por encima del bien común”.

El colectivo subraya que “la conservación y protección del patrimonio cultural y de los ecosistemas que lo albergan son un bien común, que atesora nuestro pasado como entidad histórica y dota de sentido identitario al actual pueblo canario. Un bien que cuenta con mecanismos legales para su protección, que deberían propiciar investigaciones y acciones protectoras que lo pongan en valor, en base a una catalogación y conservación efectivas”, pero que no se están ni usando ni aprovechando.

Recuerdan, además, que estos empresarios fueron condenados a penas de prisión por la extracción de áridos en Güímar y al pago de multas, “en una sentencia de reparación de dudoso cumplimiento. Lejos de corregir los desatinos fruto de la sus actividades ilegales, la empresa continúa extrayendo áridos hoy en zonas de Ario que contienen yacimientos guanches, que en algunos casos pueden haberse visto alterados. Por no hablar del proceso sistemático de destrucción del paisaje, con sus preciados ecosistemas reducidos a pequeñas islas de biodiversidad donde numerosas especies se enfrentan a la desaparición total”.

Además, alertan de “alteraciones, daños y expolio sobre un muro que contenía piedras con grabados rupestres de factura insuloamaziq, sobre el que se han producido numerosos destrozos. Piedras viradas y grabados dañados, movimientos de desmonte sobre la estructura, fragmentos rotos y la desaparición de piedras que contenían grabados sin catalogar son algunos de los daños detectados en un nuevo episodio de destrucción del legado ancestral canario”. También aluden a una estación de cazoletas “no catalogadas que puede verse dañada definitivamente, al quedar afectada por movimientos sobre el terreno circundante”. 

Como con otras denuncias, han alertado al área de Patrimonio del Cabildo, aparte de que vecinos de Arico “ya alertaron a la concejalía de Patrimonio del gobierno municipal sin resultado. A este desinterés político –critican- se suma el constante vaivén de cargos en las instituciones políticas, que aún en el mejor de los casos (cuando las autoridades dan muestras de interés por un atentado en particular) impide una apropiada actuación debido a los cambios de gobierno y a la rotación constante de los responsables encargados del área”.

“Con la amenaza detectada sobre esta estación de cazoletas como consecuencia de esta actividad no autorizada, nos sentimos una vez más consternados e impotentes ante la falta de interés de los gestores políticos locales. Falta de interés y desidia que con toda seguridad tan solo conducirá una vez más, a que debamos volver a lamentar la pérdida irreparable de otro vestigio insustituible de nuestro deteriorado patrimonio arqueológico. Todo ante la mirada impasible de quienes cobran sueldos precisamente por velar por su conservación y que lejos de ponerlo en valor y propiciar una divulgación que ayude a una mayor concienciación pública, lo condenan a desaparecer. Y con este patrimonio ancestral, toda la información sobre la cultura, creencias y modos de vida que nuestros antepasados dejaron impresa en la piedra”. 

La web oficial del Ayuntamiento de Adeje ha sufrido en las últimas horas un ciberataque, según informó la corporación local en redes sociales.

El ciberataque se produjo este martes y dejó inoperativa la web hasta las 8.00 horas de este miércoles, cuando ha quedado restablecido el servicio.

El Ayuntamiento de Adeje precisa que ningún dato de la ciudadanía se ha visto comprometido ni vulnerado puesto que la web no aloja información privada.

En todo caso, lamenta las molestias ocasionadas.

Un dispositivo de control del transporte público ilegal en el aeropuerto de Tenerife Sur se ha saldado con dos denuncias por tenencia de drogas, dos por test positivo en estupefacientes y seis en materia de transporte, entre ellas, el uso de vehículos particulares como taxi “pirata”.

El operativo de control ha sido organizado por el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona y los cuerpos policiales con el objertivo de combatir el transporte público ilegal y el intrusismo.

El operativo conjunto ha sido impulsado por la Dirección General de Transporte de la Consejería del área y por la Concejalía de Seguridad en el Ayuntamiento de Granadilla, ha informado este miércoles la corporación municipal.

La operación contó con la participación de tres agentes del GRUTE, cuatro agentes de la Policía Local de Granadilla de Abona (entre ellos, personal de atestados, guías caninos y un agente destinado en el aeropuerto), una patrulla del Cuerpo General de la Policía Canaria y tres patrullas de la Policía Local.

Durante el operativo se inspeccionaron 15 turismos y 11 vehículos de transporte de viajeros. Como resultado, se formularon dos denuncias por tenencia de drogas, dos denuncias por drogotest positivo y dos denuncias genéricas de tráfico, todas ellas gestionadas por la Policía Local de Granadilla de Abona, además de seis denuncias en materia de transporte, tramitadas por el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Entre las actuaciones más destacadas figura la detección de transporte público irregular realizado con vehículos particulares, los conocidos como “taxis piratas”.

La concejala de Seguridad de Granadilla, Candelaria Rodríguez, subraya que este tipo de controles son fundamentales para garantizar la seguridad de los usuarios y para erradicar prácticas ilegales que ponen en riesgo a quienes utilizan estos servicios.

Asimismo, añade que el transporte ilegal supone una competencia desleal para los profesionales del taxi que cumplen con la normativa y afecta directamente a la calidad del servicio que se ofrece en un punto estratégico como el aeropuerto.

Rodríguez destaca también la importancia de la coordinación interadministrativa, ya que la colaboración entre instituciones públicas y cuerpos policiales permite actuar con mayor eficacia frente al intrusismo y proteger tanto a la ciudadanía como al sector del transporte autorizado.

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia de control y vigilancia impulsada por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para garantizar un transporte seguro, legal y de calidad, reforzando la protección de los usuarios y defendiendo la actividad económica que genera el sector del taxi en el sur de Tenerife. 

No es la primera vez que ocurre ni que se denuncia y las autoridades ya han intervenido en el pasado, pero, por lo que parece, la periferia de El Médano, en Granadilla de Abona (sur de Tenerife), sigue abocada a la ocupación de espacios protegidos y cuevas para celebrar fiestas techno con contaminación sonora y afección a unos lugares con valor paisajístico, geológico, botánico, faunístico y patrimonial. Así lo denuncia el colectivo de arqueología social Imastanen, tras recibir información de diversos vecinos de la zona muy alarmados por los vídeos que circularon en las últimas semanas y días por redes sociales.

El grupo ya se ha dirigido al Gobierno regional y Cabildo de Tenerife, si bien conviene recordar que las autoridades locales ya han intervenido en el pasado respecto a este tipo de situaciones, vaciando cuevas, acampadas e instalaciones en diversas zonas protegidas del municipio, cerca de Montaña Roja y también en la parte alta de El Médano, junto a la autopista del Sur. 

Las imágenes en redes muestran una cueva que, según el colectivo, “tiene un alto interés arqueológico y etnográfico” y que ha sido “ocupada bajo el lema: Rabbit Hole rave in a cave in Tenerife”. Se ubica en un paraje protegido, dentro de un barranco “con un particular valor geológico, botánico, faunístico y patrimonial, pero que lleva años convertida en un espacio de encuentro para la celebración de fiestas clandestinas, en las que se emplean potentes equipos de sonido y motores de combustión y que, incluso, cuentan con paneles solares, tanques de agua y otras infraestructuras ilegales distribuidos por la zona”.

Según subraya, esta situación ya ha trascendido en Europa y, de entre los vídeos y noticias en medios extranjeros abordándola, “destaca una entrevista en el periódico digital húngaro www.dailynewshungary.com, con el titular: ”Docenas de jóvenes húngaros viven en cuevas-vivienda en Tenerife. La entrevista, realizada a unos de estos jóvenes, presenta como ejemplo de vida idílica y aventurera esta peregrinación emprendida por algunos de ellos, detallando cómo fue su llegada, su modo de vida y su propósito. Jóvenes que aparentemente han elegido un estilo de vida natural, lejos del frío clima de su país, viviendo en cuevas en plena libertad y en aparente conexión con la naturaleza“. 

Imagen distorsionada de Tenerife en Europa

Para Imastanen, se trata de “una imagen distorsionada, que representa sin lugar a dudas un efecto llamada y que también se ha dado en medios de comunicación y redes sociales de otros países europeos”. Por eso, y “gracias a esta tergiversada imagen publicitada por determinados medios europeos, la idea de venir a Tenerife a ocupar espacios naturales se proyecta como una ocurrencia maravillosa para todos aquellos que sientan la llamada de la Isla, reforzando de paso el discurso por el que las diferentes autoridades locales en Canarias y Tenerife miran hacia otro lado y posibilitan todas las facilidades cuando se trata de ocupar cuevas, hacer fuegos y vivir libremente en un barranco”.

Sin embargo, y según remarcan, “la realidad contrasta con esta romantización, encontrándonos con espacios naturales convertidos en lugares para la celebración de fiestas, la proliferación de actividades ilegales relacionadas con ellas y el establecimiento permanente o provisional de estructuras con materiales desechados empleados para viviendas. En el caso de las cuevas, se agrava la situación al tratarse en muchas ocasiones, de espacios de un valor patrimonial incalculable, que aún poseen vestigios y restos materiales guanches, que las habitaron y utilizaron durante siglos, antes y después de la conquista castellana. Espacios sin catalogar y sin prospeccionar, que llevan décadas viéndose alterados por la presencia de estos visitantes usurpadores”.

El colectivo se ha desplazado al lugar y denuncia “la excavación y apertura en la toba de nuevas cuevas artificiales, en muchos casos empleadas bien como habitáculos para depositar basura, bien como letrinas o sencillamente para lanzar un colchón que procure unas cuantas noches de cobijo, quedando después abandonado, con el impacto visual y medioambiental que esto supone”.

Los miembros de Imastaen recuerdan que estos barrancos no sólo poseen “innumerables estructuras, restos materiales y manifestaciones rupestres indígenas, sino que alberga también incalculables valores medioambientales, con numerosas especies animales y botánicas, en muchos casos catalogadas, bajo amenaza de desaparición. A esto se suma la importancia geocientífica de estas formaciones geológicas, que contienen un auténtico mapa de las diferentes fases y estratos de formación volcánica que conformaron esta zona de la Isla durante millones de años”.

Operaciones de “especulación y lucro”

La situación, incluso, se agrava porque, según denuncian, estas cuevas “ocupadas se han visto convertidas en objeto de especulación y lucro”, ya que se ha podido comprobar cómo, en algunos casos, sus ocupantes llegados de otros países europeos “pasan a erigirse en legítimos propietarios, no sólo de la cueva o cuevas, sino de la zona adyacente, que alquilan por temporada mientras ellos se encuentran fuera”.

Además, alertan de que “uno de los mayores problemas detectados es el abandono de estos lugares tras haber sido ocupados, una vez que su propietario ilegítimo decide marcharse a otro lugar, dejando tras de sí todas las estructuras y desechos después de su nada sostenible estancia. Espacios que, tras ser intervenidos con todo tipo de obras de acondicionamiento, propician la acumulación de cristales (botellas, sobre todo), basura plástica, materia orgánica descompuesta, colchones, palés, lonas, casetas de campaña o mobiliario, entre otras muchas cosas, que por norma pasan a convertirse, una vez abandonados, en parte del paisaje para siempre”.

Imastanen recalca que esta “desvergüenza” se produce desde hace años, “cuando no décadas. Todo el municipio de Granadilla posee barrancos y cuevas bajo esta situación, que se ha dado sin merecer ningún tipo de atención por parte de las autoridades locales. Al contrario, son perfectamente conocedores de lo que sucede y se declaran impotentes, alegando falta de medios y de voluntad política. Nos preguntamos si esto podría darse en sus países de origen y cómo reaccionarían los vecinos y las autoridades si uno de nosotros hiciera lo mismo en esos lugares”.

En contraste, subrayan que aquí cuentan “con total impunidad, arrendando a terceros cuevas ocupadas ilegalmente, cuando no convirtiéndolas en vertederos y espacios para la celebración de fiestas con música y sistemas de sonido de máxima potencia, pese a tratarse de espacios de nidificación de aves que se encuentran gravemente amenazadas y en peligro de desaparecer”. Asimismo, recuerdan que parte de estos barrancos atraviesan la zona que correspondía a los dominios del aeropuerto en el pasado, “con vallas rotas y mojones de piedra en los que se puede leer claramente AENA. Además, la zona alberga uno de los espacios de culto cristiano más emblemáticos de la Isla, como es la cueva del Hermano Pedro, convertidas sus inmediaciones en los últimos años en un espacio de encuentros sexuales al aire libre”. 

El grupo también critica que, si eres residente habitual de las Islas “y paseas a tu perro por una playa solitaria, aun recogiendo sus cacas y respetando las medidas de conservación locales, puedes llevarte una multa sin mayor mediación, pero si vienes de fuera, ocupas una cueva de valor arqueológico, alteras espacios protegidos, acumulas basura y conviertes la zona en un parque temático sin ley, no te pasará nada y nadie vendrá a pedirte explicaciones. Esta es la Isla que ha propiciado la actual clase política, en la que todo vale para el de fuera, quedando para el de aquí la degradación, la basura y la destrucción”, censuran.

Se concatenan las situaciones, al menos, llamativas respecto al litoral de Arona (sur de Tenerife) y la gestión de sus servicios. Si el pasado domingo publicó Canarias Ahora que el gobierno local (de PP junto a CC y la ultraderecha de Vox) prorrogó el servicio de la gestión y mantenimiento de la costa municipal con informes en contra y reparos de Intervención por casi 500.000 hasta el 30 de junio de este 2026, trasciende ahora que el Ayuntamiento del municipio más poblado del sur de Tenerife ha tenido que abonar recientemente (el pasado 15 de diciembre) un canon a Costas por la ocupación y explotación de los servicios de temporada en sus playas por 786.623 euros del 11 de enero de 2025 al 10 de enero de 2026 mientras se sigue sin licitar los pertinentes concursos, con lo que la misma compañía sigue explotando esta prestación. 

Se trata de concursos que nunca han existido o ya vencidos. Entre ellos, destaca el servicio de tumbonas y parasoles sin contrato en regla en calas como la de Los Cristianos, Las Vistas, Playa Honda o el Charco del Marqués, cuatro de los puntos más relevantes y turísticos del municipio.

Ya en julio del año pasado, el gobierno local reconoció en pleno que presta los servicios de tumbonas y parasoles en varias de las principales playas “sin contrato vigente, lo que compromete la legalidad de la prestación y pone en riesgo ingresos municipales cercanos a dos millones de euros anuales”, según el principal grupo de la oposición (PSOE).

Además, ya Costas impuso una sanción de 60.000 euros por esta situación en 2024 y, según la oposición, “se dejó de recaudar hasta 500.000 euros, mientras que el resto lo aportaron las empresas por iniciativa propia en diciembre de 2024”. Esta falta de cobertura legal, “sin contratos y con servicios en precario”, hace que el ayuntamiento quede expuesto a litigios por parte de empresarios y se impide la necesaria competencia por la ausencia de licitaciones, que es lo que impulsan las administraciones para garantizar la concurrencia libre frente a una situación monopólica, sin contrato ni título habilitante.

La sanción 2024 la impuso el Ministerio para la Transición Ecológica porque el consistorio permitió “sin autorización” la explotación de diversos servicios en las playas, como las tumbonas, pero también las canchas deportivas de las calas de Los Cristianos, Las Vistas, Charco del Marqués y Playa Honda. Las autorizaciones habían caducado y eso afectó también a plazas en dominio público, sin que, a la larga y según la oposición, tuviera que ver con el retraso en la entrega de las competencias sobre Costas. Se trata, por tanto, de una posible adjudicación directa encubierta que, para el PSOE, “perpetúa una gestión opaca e irregular del dominio público en un claro ejemplo de descontrol administrativo, que pone en riesgo nuevas sanciones y por lo que se pueden exigir responsabilidades ante cualquier tipo de problema que pase en una playa”. 

Al gobierno de Arona (en el sur de Tenerife), que encabeza la conservadora Fátima Lemes (PP) flanqueada por una cada vez más desdibujada CC y la ultraderecha de Vox, parece que le va lo de asignar o mantener contratos ya vencidos con informes técnicos en contra y reparo de Intervención. Tras reconocer en julio de 2025 que presta el servicio de tumbonas y parasoles en las numerosas playas locales sin contrato y arriesgando dos millones, después de las sanciones de Costas de 60.000 euros de 2024, la alcaldesa decidió a finales del año pasado aprobar la continuidad del servicio de gestión del litoral por casi 483.866,75 euros (452.211,91 más 31.654,83 por IGIC) por seis meses pese al informe contrario y reparo del área de Intervención, al tratarse de un contrato ya vencido.

Esa situación depara informes en contra muy contundentes, con un reparo suspensivo al detectarse defectos sustanciales en el expediente, como la ausencia de un procedimiento de contratación válido, la falta de cobertura jurídica suficiente para el gasto y, en un clásico de este tipo de adjudicaciones o renovaciones, la vulneración de los principios de legalidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública.

Por tanto, el gobierno de PP, CC y Vox decide mantener seis meses este servicio sin una cobertura legal suficiente y vulnerando la normativa de contratación, situación que se asemeja a lo ocurrido con las tumbonas y parasoles, así como a otros contratos, lo que la oposición socialista ha achacado en este mandato a una mala planificación y gestión interna.

Esa insuficiente cobertura legal la constata el área de Intervención en la resolución que firma la alcaldesa a finales de año para prorrogar el servicio seis meses a la citada empresa, al no caber esa prórroga hasta el 30 de junio. Eso sí, el gobierno aronero se agarra a que se trata de un servicio declarado “esencial” desde su contratación, por lo que, bajo el argumento del interés público, se fundamenta esa ampliación para garantizar su prestación al tratarse de una cuestión de seguridad, salubridad e higiene del litoral que no puede quedar interrumpida, “en cumplimiento de la normativa sanitaria de la Comunidad Autónoma”.

Este servicio se adjudicó el 1 de diciembre de 2021 a la empresa Valoriza, que comenzó a prestarlo el 1 de enero del siguiente año. El contrato tenía una vigencia de cuatro ejercicios (la empresa percibía 807.823 euros anuales más 56.547 por IGIC: un total de 3,457 millones), por lo que expiró el pasado 31 de diciembre, sin que los pliegos contemplaran la opción de una prórroga. 

Sin embargo, y seguramente porque se les echó el tiempo encima, porque no se percataron o porque se ha hecho a conciencia, se le ha prolongado seis meses más a la misma y conocida compañía por seis meses pese a los informes desfavorables. Lo chocante es que este tipo de contratos tan relevantes en un municipio muy turístico y con un litoral clave en su oferta resultan previsibles, aunque parece que nadie controló su vencimiento o se dio cuenta de que expiraba a finales del año pasado pese a tratarse de otro servicio estratégico, de nuevo gestionado sin la cobertura contractual pertinente.

Un precedente que arriesga 1,6 millones de euros

El problema es que llueve sobre mojado con este tipo de contratos en Arona durante el presente mandato. El servicio de alquiler de tumbonas y sombrillas por ejemplo, se ha estado prestando sin título habilitante durante todo el año 2025 (con sanción previa de Costas de 60.000 euros en julio de 2024), pero aún no se ha sacado la licitación. Según la oposición, esto pone en riesgo los 1,6 millones de euros que se ingresan en las arcas municipales por esta prestación permitiéndose que la misma empresa siga con su explotación sin la cobertura legal mínima.

Además, se advierte de que, “sin contratos y con servicios en precario, el ayuntamiento queda expuesto a litigios por parte de empresarias” y “se bloquea la competencia porque la ausencia de licitaciones impide la concurrencia libre, favoreciendo a la compañía actual al operar sin contrato”.

La citada sanción la impuso el Ministerio para la Transición Ecológica por permitir “sin autorización” la explotación de diversos servicios en las playas, como las tumbonas, pero también las canchas deportivas, en concreto en las calas de Los Cristianos, Las Vistas, Charco del Marqués y Playa Honda. Las autorizaciones habían caducado y esto afectaba también a plazas en dominio público. 

El gobierno de Arona (PP, CC y, desde enero de este 2025, Vox) batió en 2024 un récord en el municipio al no gastar un total de 33,2 millones de euros de su presupuesto. Esta cifra, añadida a los 28,5 millones que ya le sobraron en 2023 (si bien en este caso compartiendo la gestión, pues hasta mayo gobernó un PSOE en minoría entonces tras su ruptura interna de 2020), elevan lo no gastado en sólo dos años a 61,7 millones, algo también sin precedentes, según las fuentes de la oposición socialista consultadas.

Lo llamativo es que un gobierno integrado por grupos autodenominados liberales, en algunos casos hasta ultraliberales y que suelen presumir siempre de gestión económica, desaprovechen 33,2 millones en 2024, ya sin poder aludir a la “herencia socialista”, toda vez que fue el primer presupuesto ejecutado íntegramente por la alcaldesa, la conservadora Fátima Lemes, y CC, así como por el grupo Más por Arona, surgido de la escisión en el PSOE local de 2020, pero expulsado del equipo gobernante por la alcaldesa en enero de este 2025 por “pérdida de confianza”. 

Por tanto, esa cifra se debe enteramente a las decisiones, prioridades y política ejecutoria del actual gobierno, al que se añadieron los dos ediles ultraderechistas de Vox (que no pasan precisamente por su mejor relación) tras la destitución de los cuatro concejales de Más por Arona.

Esto hizo que 2024 se convirtiese en el año con menos inversión real en proporción de la historia aronera, con un grado de ejecución que el PSOE considera “prácticamente nulo”, “proyectos estratégicos prometidos a vecinos que ni han comenzado” y con áreas clave que disponían de la mayor partida nunca vista antes, como Servicios Sociales, en las que, sin embargo, “sobraron dos millones”.

Estos números elevan el remanente de tesorería del municipio más poblado del Sur de Tenerife a 155 millones de euros, si bien más de un tercio de esa cantidad lo ha generado el gobierno dirigido por Lemes, sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte de los presupuestos, al menos de ciertos departamentos, se gastan a finales de año, lo que ocurrió en 2023 frente a los primeros cinco meses con el PSOE de José Julián Mena aún en el poder.

En las distintas comisiones y plenos de estos años, como el último, en el que se abordó la cuenta de resultados de 2024, la oposición ha criticado el alto remanente disponible y, por tanto, desaprovechado pero, sobre todo, la relevancia de algunos de los créditos no ejecutados, aparte de que el inventario municipal “sigue sin aprobarse en los dos años y medio de este mandato”.

Estos números contrastan claramente con lo que sobró en 2021, un total de 1,2 millones, toda vez que el remanente de 2020 pasó de 94,314 millones a 95,514 en ese 2021. Al año siguiente, lo no gastado se elevó a tres millones, al subir el remanente a 98,571, si bien el gran cambio (a peor) se da ya en el ejercicio con esos dos gobiernos (2023), el socialista y el nuevo de PP, CC y Más por Arona. Al cierre de ese año electoral, el remanente ascendió a 127,235 millones, lo que deja esos 28,5 desaprovechados o no ejecutados.

Esos 28,5 ya supusieron un récord en la localidad, según denuncia el PSOE, pero en 2024 la cifra empeoró hasta los 33,2 millones, lo que no deja en muy buen lugar, precisamente, esa máxima de “eficacia” en la gestión de la que suele presumir tanto la derecha nacional o nacionalista en casi cualquier sitio.

Este domingo varias olas de gran tamaño barrieron la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa oeste de Tenerife, llevándose consigo a varias personas hacia el mar y las rocas. Cuatro de ellas murieron (tres en el mar y la cuarta, ya en el hospital) y una quinta se encuentra desaparecida. Todas las víctimas eras turistas que, para acceder a la zona, se habían saltado un precinto colocado por la Policía Local y habían ignorado los carteles en varios idiomas que advierten del peligro de esa franja costera, sobre todo cuando hay oleaje, como era el caso. Es más, desde el viernes estaba activada una prealerta de la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias por fenómenos costeros, ya que se esperaban olas de unos cuatro metros como mínimo.

Este martes, en pleno luto oficial por lo ocurrido, el alcalde de Santiago del Teide ha explicado en una entrevista en Radio Marca Tenerife por qué en el acceso principal a la zona solo había una valla provisional en lugar de una puerta que impidiera a los bañistas entrar en la piscina natural.

Según ha relatado Emilio Navarro, en el pasado sí hubo puertas, pero tras una denuncia de un tercero a través de Costas, hubo que retirarlas. “Anteriormente, nosotros teníamos puertas. Las cerrábamos cuando se daban las condiciones de fenómenos costeros adversos, como en este fin de semana. A través de la denuncia de un tercero, que llegaba al departamento de Costas, nos decían que no podíamos cerrar los accesos al mar. Tuvimos que retirar las puertas y ahora utilizamos el sistema de vallado”, ha expuesto.

El alcalde ha afeado también la actitud de estas personas que no respetan las vallas ni tienen en cuenta las advertencias. “A nadie se le ocurre en ningún lugar del mundo saltarse un precinto. El problema lo estamos encontrando más con los turistas que con los residentes. La gente hace caso omiso. Desgraciadamente, no hemos podido salvar la vida de estas personas”, ha explicado. Además, ha relatado que cuando aún estaban “sacando a un fallecido en camilla” ya les estaban preguntando “cuándo podían volver a entrar a la piscina”.

Navarro ha añadido que, aunque se ponen multas, el objetivo es salvar vidas. “La multa no es la solución final. Las hacemos y levantamos las actas, pero la cuestión es salvar vidas. El precinto tiene que ser suficiente para que nadie acceda a estos espacios”, ha concluído.

Este martes continúa la búsqueda de una quinta persona arrastrada por las olas en la piscina. El fuerte oleaje también ha costado la vida en las últimas horas a un pescador en Lanzarote que también fue arrastrado por el mar.

El Gobierno de Canarias ha aprobado de forma definitiva el proyecto de construcción del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas, en el sur de Tenerife, con una inversión de 175,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

La actuación, impulsada a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, permitirá aumentar la capacidad de la vía, mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad vial en uno de los tramos con mayor intensidad circulatoria del archipiélago, según ha informado este miércoles el Gobierno en un comunicado.

Según el Ejecutivo, el subtramo Oroteanda–Las Américas se integra en el proyecto global del tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Las Américas, considerado una intervención estratégica para responder al crecimiento sostenido del tráfico en el sur de la isla y mejorar la conectividad entre los núcleos urbanos y turísticos.

El trazado se desarrollará desde el punto kilométrico 64+000, tras el enlace de Oroteanda (San Miguel de Abona), hasta el 73+760, tras el enlace de Las Américas (Arona y, en menor medida, Adeje).

El proyecto contempla la construcción de un tercer carril por sentido y la remodelación de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Las Américas.

Además, se prevé la ampliación de la carretera del Hospital del Sur (TF-28) a dos calzadas separadas, con dos carriles cada una, para mejorar los accesos directos entre la TF-1 y el complejo hospitalario.

El proyecto, redactado por la UTE FHECOR Ingenieros Consultores S.A. y Trazas Ingeniería S.L., ha superado todos los trámites técnicos y ambientales requeridos, agrega la nota.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el deterioro generalizado del servicio de recogida y gestión de aceite vegetal usado en Arona, en el sur de Tenerife, tras constatar la falta de mantenimiento, la acumulación de residuos y el abandono de numerosos contenedores, que presentan fugas, bloqueos y malos olores.

La situación, según han explicado los socialistas, vulnera las condiciones mínimas de salubridad y limpieza urbana, generando un impacto ambiental negativo y malestar entre los vecinos y vecinas que intentan reciclar correctamente este residuo doméstico.

“El reciclaje del aceite vegetal usado debería ser una oportunidad ambiental y educativa, no un foco de abandono y descontrol. Arona necesita un servicio que funcione, que se limpie y que respete las normas de seguridad y sostenibilidad”, ha subrayado el portavoz socialista, José Julián Mena.

La moción presentada por el PSOE de Arona solicita la realización urgente de una inspección técnica municipal en todos los puntos de recogida, con un informe detallado del estado de cada depósito, su nivel de llenado, accesibilidad, seguridad y mantenimiento. Además, propone adoptar medidas correctoras inmediatas en los emplazamientos donde se detecten residuos acumulados, fugas o deficiencias de limpieza, y exigir el cumplimiento estricto del contrato del servicio, en especial las condiciones sobre frecuencia de vaciado, limpieza y tratamiento por gestores autorizados.

“No se trata solo de estética o limpieza, sino de salud pública, de respeto ambiental y de confianza ciudadana. El Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que este servicio se preste con rigor, transparencia y responsabilidad”, añadió la concejala socialista Rossana Jiménez.

Los socialistas recuerdan que la recogida de aceite vegetal usado forma parte de las políticas de economía circular, y que su correcta gestión contribuye a reducir la contaminación del agua y a generar biocombustibles sostenibles.

“Arona no puede permitirse retroceder en materia ambiental. La sostenibilidad y la limpieza urbana deben volver a ser prioridades de gobierno”, concluyó la edil.

El colectivo de arqueología social Imastanen se hizo eco este lunes de las quejas de vecinos de Arico, municipio del sur de Tenerife cogobernado por el PSOE y el PP, debido a la creciente proliferación de motos de cross y bicicletas de montaña por espacios naturales y barrancos, algunos con vestigios y yacimientos guanches, que agravan el “abandono y destrucción que sufre el legado material indígena en la Isla”.

El grupo sostiene que esta práctica resulta cada vez más común en Arico, “donde se aprovecha la caótica gestión del territorio para realizar este tipo de actividades sin control alguno. Este descontrol institucional ha llevado a que muchos barrancos hayan quedado destrozados irreparablemente debido a la instalación de parques fotovoltaicos, a la proliferación de aerogeneradores -con todo tipo de vías de acceso asfaltadas-, escombreras y a otras intervenciones sobre espacios de valor geológico, natural y etnográfico, como antiguas canteras, sin tener en cuenta el impacto que esto ocasiona también sobre el paisaje y los ecosistemas”. 

Según recoge el colectivo que lidera Sixto García, “vecinos de la zona aseguran que resulta muy común ver motos y bicicletas de montaña circulando fuera de pista, aprovechando las laderas escarpadas y pendientes de la orografía característica del sur, para practicar estos deportes rodados sin que se esté garantizando un debido control de acceso y tránsito y, por tanto, poniendo en peligro la flora y fauna locales, y muy especialmente muchos yacimientos arqueológicos presentes, que siguen pasando inadvertidos. La mayoría de ellos continúan sin haber sido recogidos en la carta municipal, que, insistimos, sigue sin haberse completado en ningún municipio de la Isla, pese a la disposición que establece a este respecto la Ley de Patrimonio de 2019”.

Según sus datos, estas motos y bicicletas de montaña han alterado recientemente “una importante estación de canales y cazoletas, que, debido a su avanzado estado de erosión, está a punto de perderse para siempre, sin siquiera haber sido catalogada. Además, en una zona cercana, en donde se han producido intervenciones de desmonte y aplanamiento con maquinaria pesada, existe otra serie de yacimientos guanches que, como ya es norma, tampoco se encuentran catalogados”.

Los miembros de Imastanen se quejan de que “gran número de yacimientos siguen sin existir oficialmente para los encargados de gestionar el área, que no sólo ignoran su presencia, sino que continúan sin atender las demandas de nuestro colectivo por abordar la cuestión de una vez, antes de que termine por desaparecer tan rico legado por culpa de la inacción complaciente de quienes deberían velar por su protección. Reciben sueldos por ello y, sin embargo, acceder a los responsables municipales en Arico se ha convertido en una odisea, que denota desinterés y desidia. Llevamos dos años tratando de citarnos con los actuales responsables de Patrimonio en el municipio y otros tantos con el gobierno anterior, sin resultado hasta la fecha”.

La afección por torres de alta tensión, energía solar y aerogeneradores

Según lamentan, “no son sólo las motos, bicicletas, rallys de coches teledirigidos u otras prácticas irregulares lo que está poniendo en peligro el patrimonio natural y arqueológico de Arico, sino la instalación caótica y descontrolada de torres de alta tensión, complejos de energía fotovoltaica y aerogeneradores de gran envergadura, con sus centrales de distribución asociadas, que ocupan gran parte del territorio. Pistas para el transporte de materiales, accesos y conexiones están dejando una huella desoladora en un paisaje que antaño destacó por su incomparable belleza paisajística”. 

En este sentido, recuerdan las “lomas cubiertas por tabaibal-cardonal, que acogían numerosas especies vegetales y animales y que ahora se ven como grandes agujeros en el terreno, donde se acumulan escombros y proliferan todo tipo de especies invasoras, como el rabo de gato. Si el crecimiento ilimitado que experimenta el PIRS (plana insular de residuos sólidos) en Arico -obligado a ampliarse cada poco debido a la magnitud de la basura generada- y la actuación de algunos empresarios de la agricultura que convierten en vertederos los espacios adyacentes a sus invernaderos -con todo tipo de plásticos y vertido de escombros- pareciera poco, la masificación turística de valores tan emblemáticos como el Arco de Tajao están convirtiendo los espacios naturales del municipio en un terreno desolado, con el que se transmite el mensaje de que todo vale y, por tanto, que Arico es territorio sin ley”.

En Canarias Ahora, el colectivo denunció hace meses la situación del Arco de Bijagua, en Tajao, donde habían aparecido “flechas pintadas en blanco sobre el terreno, con lo que suponemos es cal, y sobre cuyo origen y responsabilidades nunca escuchamos pronunciarse al ayuntamiento. La celebración en la zona de frecuentes producciones audiovisuales con rodajes que comportan el tránsito de personas, vehículos, equipos y alteraciones sobre el medio sin autorización alguna -que también denunciamos en su momento en reiteradas ocasiones-, nos llevaron a pensar que dichas flechas pintadas podrían corresponder a alguna de estas actividades audiovisuales llevadas a cabo recientemente. El mismo partido que viene gobernando desde 2023 por un acuerdo entre PSOE y PP -en un insólito pacto porque, en menos de dos meses, la actual alcaldesa socialista cederá el bastón de mando a un partido que a escala estatal es su principal opositor- en sus últimos días de mandato, antes de ceder el poder voluntariamente a la que fuera cuarta política más votada en el municipio, acaba de pronunciarse a través de la alcaldesa en contra de las Zonas de Aceleración Renovables, según ella, por imposición del Gobierno de Canarias”.

“Más allá de declaraciones en huida, lo cierto es que el actual gobierno municipal ha tenido tiempo de sobra para demostrar interés en la protección y conservación natural y patrimonial de su territorio. Nuestras anteriores denuncias por el desmonte de una morra a raíz de una producción cinematográfica en la Caleta del Sordo, por las pintadas en el entorno del Arco de Tajao. La construcción sobre una zona arqueológica de alto valor de una estación fotovoltaica del ITER, la intervención con materiales extraños sobre una estación de cazoletas, la alteración de unos grabados y destrucción de una estación de cazoletas por la instalación de un aerogenerador o el atentado sobre unos grabados rupestres en un conocido barranco del municipio, entre otras denuncias públicas realizadas por nuestro colectivo en lo que va de mandato, no encontraron respuesta ni responsabilidades, pese a las promesas de actuación inmediata, nunca cumplidas”. 

El colectivo de arqueología social Imastanen se congratula de que, tras las denuncias en Canarias Ahora y después de reunirse con el nuevo gobierno de Güímar (PP y dos tránsfugas del PSOE y otro de NC), se hayan adoptado las primeras medidas de protección de diversos grabados guanches del municipio que carecían de cualquier tipo de señalización pese a haberse incluido en el catálogo insular, aparte de sufrir las consecuencias de pruebas atléticas como La Vertical de Güímar y otras afecciones que dieron como resultado la pérdida de algunos de estos vestigios de los aborígenes, según constataron miembros del grupo la semana pasada.

“Agradecemos enormemente las medidas de urgencia tomadas el pasado 3 de octubre, consistentes en el balizado y colocación provisional de vallas plásticas en el perímetro de un yacimiento arqueológico por el que venimos velando desde hace un año, dada su fragilidad y alta exposición a daños continuados, tal y como hemos denunciado en anteriores ocasiones”, señala Imastanen a Canarias Ahora. 

El colectivo subraya que, “ante la insistencia ciudadana, los responsables municipales que actualmente dirigen el área de Patrimonio han procedido a precintar de manera provisional este yacimiento, tras informarles hace días de que habían sido detectados nuevos daños sobre los grabados rupestres que allí se encuentran. Por fin, nuestras demandas han encontrado respuesta, aunque sea de manera provisional y del todo insuficiente”. 

Se trata de unas demandas que el anterior grupo de gobierno “no llegó a atender pese a las reiteradas alertas vecinales denunciando el abandono que padecía este importante enclave arqueológico. Todo intento dirigido a proteger el lugar quedó en intenciones y excusas por parte de quienes debían actuar para garantizar el cumplimiento de la ley en materia de Patrimonio Cultural Indígena. Solo cuando nuestro colectivo elevó el caso a la prensa se produjeron movimientos e, incluso, se concertaron varias citas, que fueron prorrogadas hasta dejar el tema morir sin resultados”.

Según subrayan, este yacimiento contiene una serie de grabados rupestres de factura indígena, “distribuidos en diferentes superficies de piedra basáltica que se encuentran semienterradas. Habiendo sido catalogado como Bien de Interés Cultural y recogido como tal en la carta arqueológica insular, estos grabados poseen un altísimo valor científico, cultural y patrimonial, tanto por las características, técnicas y tipologías diversas de las manifestaciones rupestres que ofrece, como por el enclave paisajístico en el que se encuentra. Se encuentra en el margen de una pista de tierra y muy cerca de una finca privada en donde se han detectado movimientos de desmonte con vertidos de escombros al barranco adyacente. Al encontrarse sobre una morra plana, resulta altamente vulnerable ante la falta de señalización que signifique el valor de los bienes que allí se encuentran, pasando inadvertido a transeúntes y vehículos”, lamentan. 

El colectivo agradece la respuesta “inmediata desde la actual administración responsable ante el clamor vecinal que lleva tiempo exigiendo alguna medida que impida que sigan estacionándose vehículos sobre el mismo yacimiento -y que este tránsito pueda comportar aún más daños de los que esta estación de grabados ya ha sufrido-, creemos, sin embargo, que resulta necesario tomar acción en lo relativo al conjunto patrimonial indígena en el municipio de una vez por todas. Un paso necesario, tal y como estipula la vigente Ley del Patrimonio Cultural de Canarias, que pasa por actualizar la carta arqueológica municipal y dotar del mismo nivel de atención y preferencia, a la protección y divulgación del patrimonio guanche, respecto al que ya posee el patrimonio arquitectónico de factura colonial”.

Según señalan, esperan que estas medidas cautelares “supongan el principio de una dinámica prometedora en lo que concierne a la salvaguarda y puesta en valor del legado material indígena que aún nos queda, de forma que pueda ser dado a conocer al conjunto de la población mediante los pertinentes estudios e investigaciones que garanticen fórmulas efectivas de preservación y divulgación respetuosas”.

La zona de envases de la Planta Insular de Residuos de Tenerife (PIRS), situada en el municipio de Arico, en el sur de Tenerife, lleva sin funcionar desde el pasado domingo, según trasladan fuentes de los trabajadores, con el consiguiente problema de acumulación. La situación se suma a las críticas parte de la oposición socialista hacia la gestión de esta área, que considera que es la peor etapa en este ámbito por parte del gobierno de la Isla.   

Los problemas surgidos el domingo no han sido resueltos hasta ahora, aunque las fuentes de los trabajadores apuntan a la posibilidad de que se resuelva este jueves. No obstante, se cree grave lo sucedido y se teme que pueda repetirse. Canarias Ahora pidió desde la mañana de este miércoles la versión del gobierno, pero, de momento, de forma infructuosa. 

Esta paralización de la planta de envases se produce en el contexto de la creciente preocupación y críticas por parte del PSOE sobre cómo se están gestionando los residuos en la Isla en el presente mandato. De hecho, ya habían definido el año 2024 como el “peor” en esta materia de los “últimos 40, debido a la menor tasa de recuperación y el mayor número de toneladas enterradas”. Sin embargo, los socialistas temen que la situación siga agravándose en este 2025 y censuran, sobre todo, el estado de esta planta de Arico y el “fracaso” con tres de los ocho nuevos puntos limpios previstos, dado que sus concursos o han quedo desiertos o las empresas adjudicatarias han acabado renunciando, con lo que se ha tenido que promover nuevas convocatorias 

Para el PSOE, y esta nueva paralización lo corrobora, la gestión de residuos en Tenerife “atraviesa un momento crítico, marcado por incumplimientos contractuales, licitaciones fallidas y promesas incumplidas en proyectos clave para el tratamiento de la basura y el reciclaje”.

En especial, pone el foco en el complejo ambiental de Arico, por ser el encargado de procesar la basura no separada en origen y recuperar materiales reciclables como cartón, envases y metales, toda vez que sostienen que está incumpliendo los porcentajes mínimos de recuperación fijados en el contrato de 2022. Esto genera “un mayor volumen de residuos enviados directamente a vertedero, aumenta los costes para el Cabildo y le expone a posibles consecuencias legales y económicas” por dicho incumplimiento.

Sobre los puntos limpios, el PSOE recuerda que se trata de “proyectos heredados del gobierno socialista y de Cs y que cuentan con fondos europeos, pero cuya ejecución se halla bloqueada. En el anterior mandato, se redactaron y aprobaron para construir ocho nuevos puntos limpios, con el objetivo de pasar de ocho a 16. Además, se gestionó con el Gobierno de Canarias la obtención de algo más de 5 millones de euros de fondos europeos para financiar estas actuaciones”. 

Además, los socialistas denuncian los anuncios “a bombo y platillo” de múltiples proyectos en este ámbito y que, al final, queden en nada o contrasten con la peor etapa en el reciclaje y gestión de residuos.

La plataforma ciudadana Salvar Punta Blanca ha denunciado públicamente un doble juego de intereses en el proyecto turístico Underwater Gardens, que se pretende construir en la costa oeste de Tenerife (municipio de Guía de Isora), en pleno santuario de ballenas y en una zona hasta ahora libre de infraestructuras turísticas. El paque temático pretende servir para que los turistas buceadores conozcan esa parte de los fondos marinos de la isla, y para ello proyecta la construcción de edificios en tierra (ocupando hasta 10 hectáreas de terreno, parte de él, rústico de protección ambiental) e intervenciones en la costa. Paralelamente, se publicita como de interés científico para la organización europea Ocean Citizen. Es decir, hay dos proyectos en la zona: uno científico y otro turístico, dándose la circunstancia de que la parte científica avala el interés en la parte turística.

Sin embargo, según denuncian las organizaciones ATAN y la plataforma ciudadana Salvar Punta Blanca, la persona que defiende a nivel europeo el interés científico del proyecto, a través de la organización Ocean Citizen, es también la misma que pretende explotarlo turísticamente a través de un parque temático, Underwater Gardens.

ATAN y Salvar Punta Blanca explican que hace unos días enviaron una carta formal a todos los miembros del consorcio del proyecto europeo Ocean Citizen en la que expresaron su “profunda preocupación por el uso indebido del nombre y los recursos” de esta iniciativa europea para legitimar el macroproyecto turístico Underwater Gardens en Tenerife. Ambas organizaciones señalaron en la misiva que este proyecto “vulnera principios fundamentales del programa Horizon Europe”, como el de No causar un perjuicio significativo (DNSH), y alertaron sobre la implicación directa de “actores del consorcio en la promoción de infraestructuras especulativas”.

En los últimos días, explican las organizaciones, el coordinador de Ocean Citizen, Sergio Rossi, ha negado esta vinculación intentando desligar el proyecto científico de la propuesta de construcción del macrocomplejo turístico Underwater Gardens. Sin embargo, desde Salvar Punta Blanca aclaran varios puntos “que la ciudadanía merece conocer”.

Por un lado, inciden, el propio escrito lo confirma: se trata de un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea dentro de Horizon Europe. Por tanto, “resulta preocupante que un proyecto financiado con fondos públicos para investigación pueda estar sirviendo de aval científico y greenwashing a una iniciativa privada con fines lucrativos, como es un parque temático para buceadores”.

Por otro, la carta está firmada por Sergio Rossi, quien no solo coordina Ocean Citizen como profesor asociado de la Universidad del Salento (Italia), sino que al mismo tiempo es director científico de la empresa promotora del parque temático, Underwater Gardens International S.L. Es decir, “la misma persona representa a la vez un consorcio de investigación financiado con fondos públicos y a la empresa que quiere construir un macrocomplejo turístico en Punta Blanca, todo en el mismo lugar”, alertan las organizaciones. “Este doble papel plantea serias dudas sobre la legitimidad, independencia y credibilidad de sus declaraciones, además de una falta de ética profesional y un claro conflicto de intereses”, sentencian.

Aunque Ocean Citizen insiste en que no promueve infraestructuras en tierra, “la realidad es que Underwater Gardens se presenta como un parque temático turístico para buceadores. Pretender vincularlo a la necesidad de restauración marina es un discurso engañoso y aquí está el problema: Ocean Citizen y Underwater Gardens están trabajando en connivencia, ayudando a justificar el destrozo de Punta Blanca para fines meramente especulativos y privados”.

Además, insisten en que aunque formalmente se afirme que ambos proyectos son independientes, “la estrategia es clara: usar el prestigio académico de Ocean Citizen como coartada para vender unproyecto turístico privado que traerá consigo más consumo de territorio, además de 3.000 turistas diarios”. En opinión de las dos organizaciones denunciantes, “se le da una apariencia de regeneración medioambiental respaldado por la ciencia para blanquear intereses puramente mercantiles y extractivistas, una vez más, del territorio canario”.

Un falso relato del “cero turístico” post-COVID

Los promotores de Underwater Gardens han intentado justificar su construcción alegando que Canarias necesita atraer turismo tras la pandemia, según el expediente de declaración de interés insular del Cabildo de Tenerife. Sin embargo, “la realidad es que el turismo en las islas ya ha recuperado e incluso superado las cifras previas a 2020: de los 15 millones de visitantes en 2019, las previsiones para 2025 apuntan a una nueva cifra récord de 18,4 millones de turistas. No existe, por tanto, ninguna necesidad económica que respalde la construcción de un nuevo parque temático en un espacio natural virgen”.

Falta de diálogo real con la sociedad local

En la carta fidundida por Rossi se defiende el “respeto”, “diálogo abierto” y los “procesos transparentes” , pero la realidad, según las plataformas denunciantes, es que Ocena Citizen “ha realizado solo dos presentaciones públicas del proyecto, una reunión virtual y otra presencial en las que, además de llegar solo a unas pocas decenas de personas, evidentemente no se habló del vínculo con el parque temático de Underwater Gardens en Punta Blanca. No basta con proclamar transparencia: hay que practicarla”.

Por sotro lado, añaden, “Underwater Gardens ha jugado a patrocinar actividades y ofrecer ventajas de acceso al mar a algunas personas para intentar conseguir el beneplácito local, algo que no ha conseguido, buena prueba de ello es esta plataforma que le contesta y le planta cara”.

Y alertan también de que no es la primera vez que se “destroza una ola icónica, un espacio público y natural en Tenerife en beneficio de un proyecto turístico como ya pasó con algunas de las olas de Las Américas”.

“Ni Tenerife ni Canarias necesitan más turistas, pero mucho menos existe una necesidad de que buceadores de turismo vengan a salvar Punta Blanca. Lo que necesitamos son Reservas Marinas y que se vigile el cumplimiento de las actuales protecciones de la zona, dotándolas de recursos”, proponen.

“Pretender regenerar una zona sin eliminar las causas de degradación no solo es greenwashing, es un despilfarro de fondos públicos que, si se consultara al tejido social local, estarían bastante mejor invertidos”, opinan ATAN y Salvar Punta Blanca.

Por último, desde la organización Salvar Punta Blanca manifiestan su “profundo hartazgo con estas iniciativas extractivistas y que machacan nuestras costas, nuestra isla y los pocos lugares que nos quedan para disfrutar libres de turismo. Que quede claro: Vamos con todas contra esta sinrazón: mediáticamente, por la vía legal y protestando a pie de obra si algún día se les ocurre iniciarlas”.

El Ayuntamiento de Arona, en el sur de Tenerife, ha culminado, tras más de tres décadas, el Plan Parcial de El Mojón, que contempla cerca de un millón de metros cuadrados de ampliación y una previsión de hasta 8.900 camas, entre residenciales y turísticas, todo ello con una “construcción amable” y una baja edificabilidad.

El concejal de Urbanismo, Javier Baute, asegura este martes en declaraciones a EFE que el proyecto se desarrollará bajo esos criterios de “construcción amable”, enfocado a un turismo de mayor calidad, y ha recordado que la mayoría de las parcelas son de titularidad privada, por lo que corresponde a sus propietarios desarrollarlas según lo que les permita el planeamiento.

Se busca así, agrega, evitar un modelo intensivo y masificado, “con una edificabilidad muy por debajo de la permitida, buscando un perfil de turista de mayor calidad y gasto medio, alejado del modelo de masas”.

“Estamos en el minuto cero, acabamos de aprobar la recepción del plan parcial. En medio año podemos estar consiguiendo las primeras licencias, tanto hoteleras como comerciales”, señala Baute, que destaca que el Ayuntamiento ha reforzado su personal técnico “en más de un 20%” y volverá a hacerlo siempre que se pueda para atender la carga de trabajo que se avecina.

El responsable de Urbanismo apunta que el suelo que recibe el Ayuntamiento es de zonas verdes, ya desarrolladas, así como viarias, además de un total de tres parcelas de equipamiento, sin posibilidad de construir vivienda pública porque no hay suelo de esa titularidad ni con esa ordenación en el plan.

En cuanto al perfil de la futura ciudad, Baute recuerda que fue definido hace más de tres décadas, con una combinación de uso residencial y turístico, y apunta que hay otras zonas en el municipio más pensadas para vivienda para la población canaria, como por ejemplo la zona Cho-Parque La Reina, donde se han proyectado hasta mil viviendas para residentes, indica el concejal.

En este sentido, precisó que los parques y zonas verdes “ya están terminados y pendientes de recepcionar en los próximos meses”, mientras que las dotaciones educativas, culturales y deportivas “no están previstas a corto plazo”, aunque no ha descartado la posibilidad de, por ejemplo, construir un auditorio.

“Puede ser un reclamo para el sur de Tenerife. Un auditorio grande, competente, en el que se puedan hacer conciertos. La forma aún no lo sabemos, podemos cederle el suelo a una administración pública, como Gobierno o Cabildo. Pero eso ya son temas técnicos que no hemos llegado a plantearnos todavía”, ejemplifica Baute.

Preguntado por si han previsto un aumento poblacional vinculado al desarrollo de El Mojón, Baute indica que la Junta de Compensación, integrada por los promotores, calcula ese máximo de 8.900 camas residenciales y turísticas, lo que supondrá al menos la misma cifra en población residente.

Respecto a las cifras de inversión, el edil data en unos 2.000 millones de euros la inversión directa asociada al desarrollo del plan, con un impacto indirecto que podría alcanzar los 8.000 millones, en cifras de los promotores, que suelen ser “más optimistas”.

En cualquier caso, expresa, esa inversión directa será al menos del doble, unos 4.000 millones, afirma.

Tres décadas de espera

El Plan Especial El Mojón fue aprobado en 1996 y su proyecto de urbanización en 1998, “pero múltiples dificultades técnicas, jurídicas y de gestión paralizaron su desarrollo durante más de 30 años”, según señala el Ayuntamiento este martes.

Con cerca de un millón de metros cuadrados en total, con la recepción parcial el municipio recibe la cesión gratuita de 332.900 metros cuadrados de suelos urbanizados para infraestructuras y servicios públicos.

De ellos, 120.000 metros cuadrados se destinarán a vías, aparcamientos y zonas peatonales; 11.400 a dotaciones educativas; 15.900 a instalaciones deportivas públicas, y 17.000 a equipamientos culturales.

El Ayuntamiento también pasa a gestionar zonas verdes y áreas de uso comunitario, lo que permitirá “reordenar Los Cristianos y su entorno, generar nuevas áreas de equipamiento y reforzar la movilidad sostenible en Arona”.

El presidente de la Junta de Compensación de El Mojón, Miguel Villarroya, ha considerado en una nota que se trata de “un paso de gigante para el municipio tras más de 30 años de bloqueo”.

Ha subrayado asimismo que el proyecto está diseñado para atraer a un visitante “que aporta más a la economía local” y que, al apostar por servicios y experiencias de mayor calidad, “gasta más en comercios, restaurantes y actividades locales, potenciando la economía de Arona sin aumentar la presión sobre la infraestructura de forma desproporcionada”.

La alcaldesa, Fátima Lemes, ha destacado que respecto al Mojón “ya no hablamos de promesas, sino de realidades” y que Arona contará con suelo disponible para dotaciones públicas “que llevaban años esperando”.

El consistorio defiende que esta actuación “marcará una nueva etapa en la transformación integral del municipio, que en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento demográfico y turístico constante”. 

El Ayuntamiento de Arona, a través del área de Medio Ambiente, procedió la pasada semana a retirar 6,8 toneladas de escombros y otros materiales abandonados en el entorno de la playa de Los Enojados, en el núcleo de El Fraile, una zona donde en años anteriores ya se produjeron varios desalojos de asentamientos formados por chabolas, casetas y autocaravanas.

En esta ocasión, la corporación local de Arona enmarca su actuación en la mejora de las condiciones de seguridad y salubridad de este espacio costero, “dentro del compromiso municipal con la conservación del litoral”,.

En el operativo intervinieron una retroexcavadora, un camión grúa, un camión de bandejas, tres vehículos pick-up, 12 operarios del área de Litoral y personal externo, e incluyó “un amplio despliegue” de la Policía Local, la Guardia Civil, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias y el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife.

La primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, Clari Pérez, indica en el comunicado que esas actuaciones “son necesarias para proteger nuestro entorno y garantizar que estos espacios puedan ser disfrutados por la ciudadanía en condiciones dignas y seguras”.

El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, anota por su parte que “actuar con responsabilidad y dentro del marco legal es fundamental para recuperar espacios degradados, garantizar la seguridad de todos y proteger nuestro litoral”.

Esta intervención, recalca el Ayuntamiento de Arona, supone “un paso más dentro del plan de acción que contempla futuras actuaciones preventivas y de seguimiento en aquellas zonas costeras donde se detecten ocupaciones o vertidos irregulares, reforzando así la protección del entorno natural del municipio”.