El gobierno de Arona (PP, CC y Vox) prorroga el servicio de gestión del litoral pese a informes contrarios y al reparo de Intervención

Al gobierno de Arona (en el sur de Tenerife), que encabeza la conservadora Fátima Leyes (PP) flanqueada por una cada vez más desdibujada CC y la ultraderecha de Vox, parece que le va lo de asignar o mantener contratos ya vencidos con informes técnicos en contra y reparo de Intervención. Tras reconocer en julio de 2025 que presta el servicio de tumbonas y parasoles en las numerosas playas locales sin contrato y arriesgando dos millones, después de las sanciones de Costas de 60.000 euros de 2024, la alcaldesa decidió a finales del año pasado aprobar la continuidad del servicio de gestión del litoral por casi 483.866,75 euros (452.211,91 más 31.654,83 por IGIC) por seis meses pese al informe contrario y reparo del área de Intervención, al tratarse de un contrato ya vencido.

Esa situación depara informes en contra muy contundentes, con un reparo suspensivo al detectarse defectos sustanciales en el expediente, como la ausencia de un procedimiento de contratación válido, la falta de cobertura jurídica suficiente para el gasto y, en un clásico de este tipo de adjudicaciones o renovaciones, la vulneración de los principios de legalidad, concurrencia y transparencia que rigen la contratación pública.

Por tanto, el gobierno de PP, CC y Vox decide mantener seis meses este servicio sin una cobertura legal suficiente y vulnerando la normativa de contratación, situación que se asemeja a lo ocurrido con las tumbonas y parasoles, así como a otros contratos, lo que la oposición socialista ha achacado en este mandato a una mala planificación y gestión interna.

Esa insuficiente cobertura legal la constata el área de Intervención en la resolución que firma la alcaldesa a finales de año para prorrogar el servicio seis meses a la citada empresa, al no caber esa prórroga hasta el 30 de junio. Eso sí, el gobierno aronero se agarra a que se trata de un servicio declarado “esencial” desde su contratación, por lo que, bajo el argumento del interés público, se fundamenta esa ampliación para garantizar su prestación al tratarse de una cuestión de seguridad, salubridad e higiene del litoral que no puede quedar interrumpida, “en cumplimiento de la normativa sanitaria de la Comunidad Autónoma”.

Este servicio se adjudicó el 1 de diciembre de 2021 a la empresa Valoriza, que comenzó a prestarlo el 1 de enero del siguiente año. El contrato tenía una vigencia de cuatro ejercicios (la empresa percibía 807.823 euros anuales más 56.547 por IGIC: un total de 3,457 millones), por lo que expiró el pasado 31 de diciembre, sin que los pliegos contemplaran la opción de una prórroga. 

Sin embargo, y seguramente porque se les echó el tiempo encima, porque no se percataron o porque se ha hecho a conciencia, se le ha prolongado seis meses más a la misma y conocida compañía por seis meses pese a los informes desfavorables. Lo chocante es que este tipo de contratos tan relevantes en un municipio muy turístico y con un litoral clave en su oferta resultan previsibles, aunque parece que nadie controló su vencimiento o se dio cuenta de que expiraba a finales del año pasado pese a tratarse de otro servicio estratégico, de nuevo gestionado sin la cobertura contractual pertinente.

Un precedente que arriesga 1,6 millones de euros

El problema es que llueve sobre mojado con este tipo de contratos en Arona durante el presente mandato. El servicio de alquiler de tumbonas y sombrillas por ejemplo, se ha estado prestando sin título habilitante durante todo el año 2025 (con sanción previa de Costas de 60.000 euros en julio de 2024), pero aún no se ha sacado la licitación. Según la oposición, esto pone en riesgo los 1,6 millones de euros que se ingresan en las arcas municipales por esta prestación permitiéndose que la misma empresa siga con su explotación sin la cobertura legal mínima.

Además, se advierte de que, “sin contratos y con servicios en precario, el ayuntamiento queda expuesto a litigios por parte de empresarias” y “se bloquea la competencia porque la ausencia de licitaciones impide la concurrencia libre, favoreciendo a la compañía actual al operar sin contrato”.

La citada sanción la impuso el Ministerio para la Transición Ecológica por permitir “sin autorización” la explotación de diversos servicios en las playas, como las tumbonas, pero también las canchas deportivas, en concreto en las calas de Los Cristianos, Las Vistas, Charco del Marqués y Playa Honda. Las autorizaciones habían caducado y esto afectaba también a plazas en dominio público.