La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena a un acusado de un delito de acoso vecinal a un año de prisión y además le obliga a alejarse y no comunicarse con la denunciante durante dos años, y a pagar dos multas de 1.000 euros cada una así como la responsabilidad civil que se fije cuando el fallo sea firme.

La sentencia da por probado que el acusado entre junio de 2020 y febrero de 2022 protagonizó desde su domicilio constantes ruidos, gritos, amenazas e improperios dirigidos a la denunciante “con el fin de atentar contra su vecina colindante”.

La Sala considera que su objetivo final no era otro que afectar “su vida cotidiana, libertad de movimientos, integridad psíquica y legítimo disfrute de su descanso e intimidad familiar y domiciliaria”.

Por ejemplo, alrededor de las 2:30 del 18 de abril de 2021 el procesado hizo sobrevolar un dron sobre la ventana del dormitorio de la mujer mientras lanzaba frases de contenido sexual o amenazas como que le iba a pegar fuego a su vivienda, “para que te vayas relajando de una vez”.

La sentencia también cita que otra vez desde las 23.30 horas hasta las 04.30 de la madrugada estuvo tocando el claxon de su vehículo y puso música a un elevado volumen mientras le decía que estaba harto de sus denuncias y arremetía contra su afiliación política y que iba a denunciar a su marido, que es guardia civil.

En diversas ocasiones golpeaba violentamente las paredes contiguas, ponía música a un volumen “desproporcionado” lo que daba lugar a que aumentara el estado de ansiedad de la denunciante y su hija menor y le provocó migrañas, entre otros desequilibrios.

La sentencia da por probado que todo ello generó un importante estado de nerviosismo en la mujer, alteró su descanso nocturno y el de su hija de seis años.

La víctima tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico en la Unidad de Salud Mental y recibir medicación psicofarmacológica aunque en la actualidad no le constan secuelas.

En su momento el Juzgado de La Orotava tomó medidas cautelares como era la prohibición de que el acusado se comunicara con ella por cualquier medio hasta que no se emita una resolución judicial firme.

Ante la Audiencia el acusado alegó cuestiones de quebrantamiento de normas como que la magistrada que presidió el juicio no fue quien dictó y firmó la sentencia y que durante la vista se plantearon alegaciones que habían sido inadmitidas al principio de la sesión.

Entre ellas falta de concreción en los hechos denunciados lo que impidió ejercer su defensa, que se le acusaba de lesiones cuando el procedimiento se centraba en un presunto acoso y que tampoco se determinaron fechas y hechos de forma exacta.

La Audiencia explica que el cambio de magistrado se debió a una baja certificada por parte de quien dirigió el juicio y que el sistema informático utilizado en los juzgados permite este tipo de sustituciones.

También se considera que en el fallo han quedado explicados y detallados los distintos hechos ocurridos y que el acusado ha tenido la posibilidad de conocerlos por medio de denuncias y partes médicos, entre otros documentos.

La defensa cuestionó que la condena se base en el único testimonio de la denunciante y de guardias civiles de la profesión de su marido o de personal de un Centro de Salud donde trabaja ella, lo que según la Audiencia no es razón suficiente para rechazar sus testimonios.

La Fiscalía de Canarias está dispuesta a retirar la condena de prisión que solicita contra el defensa del Real Madrid Raúl Asencio por haber mostrado a otra persona un vídeo sexual grabado sin permiso, a condición de que pida perdón en el juicio a las dos mujeres que salen en las imágenes.

La fiscal Mercedes Gil Castillo, que hasta ahora solicitaba para Raúl Asencio dos años y medio de cárcel, se ha pronunciado en estos términos durante una vista preliminar previa al juicio que se ha celebrado este martes en la Plaza número 5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, ha adelantado el periódico Canarias 7 y han confirmado fuentes personadas en la causa.

En ese contexto, el Ministerio Público pedirá que Asencio se siente en el banquillo junto con sus tres antiguos compañeros de la cantera del Real Madrid acusados de haber filmado y difundido ese vídeo sexual con dos jóvenes -una de ellas menor de edad (16 años)- en Gran Canaria en un reservado de un club de playa el verano de 2023 a través de cinco chats grupales con más futbolistas, porque sigue defendiendo que cometió un delito al mostrarlo a otra persona a sabiendas de que se grabó sin permiso.

Sin embargo, acepta el planteamiento que la defensa ha expuesto en la vista preliminar: la responsabilidad penal puede quedar extinguida por el perdón de las ofendidas, ya que a Asencio se le acusa solo de delitos contra la intimidad, de carácter semipúblico, en los que la legislación española reconoce esa posibilidad.

En este caso, están procesados también Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, los tres futbolistas a los que se les atribuye el hecho de haber grabado el vídeo durante una relación sexual consentida que mantuvieron con dos jóvenes en un club de la playa de Amadores y de haberlo difundido por WhatsApp a varios contactos y chats colectivo a pesar de las chicas les pidieron que lo borraran.

La solicitud de condena para ellos es más severa: cuatro años y siete meses de cárcel, porque la Fiscalía considera que filmaron y difundieron esas imágenes sexuales sin consentimiento y a sabiendas de que aparecía una menor, lo que le lleva a formular el cargo de distribución de pornografía infantil, delito este en el que un hipotético perdón de las víctimas no tendría efecto legal alguno.

En cambio, a Asencio solo le imputa dos delitos contra la intimidad. Además, el defensa tiene a su favor que las dos víctimas ya han retirado la acusación contra él, tras haber sido indemnizadas.

En septiembre pasado, el futbolista del Real Madrid remitió a ambas una carta donde reconoce expresamente que cometió “el error” de enseñar a un amigo el vídeo grabado por Ruiz, Rodríguez y García.

En la vista preliminar celebrada este martes, la fiscal del caso se ha dado por enterada de esa carta y de las declaraciones de aceptación de las disculpas que han hecho las dos víctimas.

Sin embargo, ha recalcado que quiere que se cumplan las formalidades legales, que Asencio se siente en el banquillo (ya hace meses que se decretó la apertura de juicio oral) y que sea en la vista oral donde pida perdón a las ofendidas y estas se pronuncien. 

La Mesa de la comisión parlamentaria que ha investigado la compra de material sanitario durante la pandemia ha tramitado este lunes las dos únicas enmiendas presentadas a la propuesta de dictamen.

Fuentes parlamentarias han informado a EFE de que estas dos enmiendas, presentadas de forma conjunta por los grupos parlamentarios Nacionalista Canario y Popular, no varían el contenido del informe y solo hacen apreciaciones técnicas.

Las fuentes han señalado que las dos enmiendas serán remitidas a los grupos parlamentarios y serán votadas junto con la propuesta del dictamen en la comisión que está previsto celebrarse a final de este mes de junio.

Tras la comisión, el dictamen saliente será elevado al pleno del Parlamento de Canarias para su debate posiblemente en el mes de julio.

La diputada de Nueva Canarias, Esther González, ha señalado a EFE que su grupo no ha presentado enmiendas porque no quiere participar “en el circo” en el que, en su opinión, han convertido a esta comisión los partidos que apoyan al Gobierno.

González ha insistido en que antes del inicio de la comisión, CC y PP ya habían sentenciado al anterior presidente del Ejecutivo canario , Ángel Víctor Torres, y a su consejo de gobierno.

De hecho, ha añadido, la propuesta de dictamen responsabiliza a Torres y su consejo de gobierno por “acción y omisión” desde el inicio, incluye informes que no existen y no recoge testimonios aclaratorios. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valverde ha acordado continuar una causa contra un empresario de El Hierro tras apreciar indicios de que difundió datos médicos de la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, María del Mar Suárez Armas, “sin su consentimiento”.

Así lo expresa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, según informa, en el auto dictado el pasado 3 de junio, el juez Antonio Mazuecos considera que existen “sólidos indicios de criminalidad” y acuerda transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, y dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, la práctica de diligencias complementarias.

Según recoge la resolución judicial, la consejera había aportado un informe médico a un procedimiento judicial previo relacionado con una solicitud de conciliación por presuntas injurias y calumnias.

El auto describe que el investigado recibió copia de esa documentación en el marco de dicho procedimiento, y posteriormente la incorporó a una solicitud presentada ante el Cabildo de El Hierro en la que reclamaba la dimisión de la consejera de Turismo.

El Juzgado sostiene de forma indiciaria que el investigado, “lejos de hacer un uso responsable de la documentación que le fue entregada, destinándola a la defensa de sus pretensiones en aquel procedimiento”, la presentó ante la administración insular, “dejando así al descubierto todos los datos médicos de las patologías que padece la denunciante”.

La resolución añade que esa actuación habría generado “un enorme perjuicio personal y laboral”, al tratarse de información médica que “no era conocida en su entorno laboral”.

Durante la investigación, varios testigos confirmaron que el informe médico quedó incorporado a un expediente administrativo al que pudieron tener acceso distintos empleados públicos del Cabildo.

El auto señala que las diligencias practicadas permiten sostener provisionalmente que el investigado tuvo acceso a “datos especialmente sensibles relativos a su estado de salud, patologías y tratamientos médicos” y que, “con pleno conocimiento de la naturaleza reservada de dicha información y sin consentimiento de su titular”, incorporó el documento a una solicitud administrativa acompañada de manifestaciones sobre la capacidad de la perjudicada para ejercer sus funciones públicas.

Asimismo, el juez destaca que las declaraciones recabadas durante la instrucción evidencian que el contenido del informe médico “pudo ser conocido por diversos empleados públicos del Cabildo”, estimándose que entre nueve y quince personas tuvieron acceso potencial a la documentación.

Según recoge la resolución, varias de esas personas desconocían previamente las patologías reflejadas en el informe.

La investigación también incorporó diligencias tecnológicas para determinar el origen del registro electrónico mediante el que se presentó la documentación. El juzgado indica que se pudo acreditar que la solicitud fue remitida desde una dirección IP asociada al investigado, circunstancia que, según el auto, “refuerza así su vinculación directa con la remisión de la documentación”.

En sus conclusiones provisionales, el magistrado afirma que existen indicios racionales de que el empresario “obtuvo conocimiento de datos especialmente protegidos relativos a la salud de la perjudicada y procedió posteriormente a su comunicación o difusión a terceros sin autorización de su titular, provocando el acceso de diversas personas a información reservada perteneciente a su intimidad personal”.

Por todo ello, el juez acuerda continuar la tramitación de las diligencias por un presunto delito de revelación de secretos previsto en el artículo 197, apartados 2, 3 y 5 del Código Penal. 

EL TSJC señala que la resolución “no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma ante el propio tribunal”.

Un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña de 11 años a la que conoció por medio de una red social ha sido condenado a seis años de cárcel y al pago de 6.000 euros de indemnización y 4.000 de multa.

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pedía inicialmente 13 años de cárcel y 2.000 euros por los daños morales sufridos por la menor, pero en el juicio celebrado a puerta cerrada el acusado accedió a aceptar la mencionada pena.

El encausado admitió que en noviembre de 2022 había contactado con la víctima a través de una red social y que pese a conocer su edad intercambiaron sus teléfonos y se ganó su confianza con promesas de recompensas económicas y conversaciones de fuerte contenido sexual.

A través de estos medios consiguió que la menor le enviara fotografías de contenido pornográfico suyas o de terceros, logrando finalmente mantener relaciones plenas en su vehículo en al menos tres ocasiones, entre febrero y abril de 2023.

A consecuencia de todo ello la joven sufre ansiedad y depresiones después de decidirse a contar lo ocurrido.

En la imposición de la pena se ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño al depositar el acusado 1.900 euros antes de la celebración del juicio.

Además de la pena de cárcel, tendrá prohibido a acercarse o comunicarse con la joven durante 13 años, permanecer otros ocho en libertad vigilada.

Adicionalmente, no podrá ejercer actividad o profesión que implique contacto con menores durante 14 años, periodo que comenzará a contar una vez salga de prisión.

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha fallado que no se puede condenar como autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal a la persona que coge el timón de su patera o cayuco para intentar llevarlo a tierra cuando los verdaderos patrones de la embarcación abandonan esa tarea.

En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE, el tribunal absuelve por falta de pruebas a cuatro ciudadanos senegaleses que ya habían pasado un año de reclusión preventiva, acusados de ser los patrones de un cayuco con otros 68 migrantes a bordo que fue rescatado el 4 de abril del año pasado al sur de Tenerife.

Desde su detención, los cuatro habían negado que formaran parte de la organización que fletó la embarcación desde Gambia y Senegal hacia Canarias y también que hubieran desempeñado función alguna a bordo de la embarcación, como pilotarla o distribuir el agua y la comida.

Según su versión, solo eran cuatro migrantes más que intentaban llegar a España y habían pagado entre 400.000 y 450.00 francos CFA (entre 610 y 690 euros) por tener un hueco a bordo del cayuco.

En su contra se presentaban una serie de testimonios recabados por la Policía entre algunos de sus compañeros de travesía, que los señalaban como las personas que llevaban el timón y el GPS.

Uno de los procesados sí reconoció que pilotó temporalmente la embarcación, pero siempre precisando que lo hizo cuando ya estaban cerca de Tenerife y los verdaderos patrones abandonaron esa función para mezclarse ente el resto del pasaje y evitar que los arrestaran.

La sentencia deja constancia, de hecho, de que un menor testificó que eso es lo que verdaderamente ocurrió: que algunas personas tomaron el timón cuando los patrones dejaron la barca sin gobierno y trataron de convencer a varios menores de que fueran ellos los que guiaran el cayuco, argumentando que no les iba a pasar nada.

La defensa, ejercida por los letrados Sara Rodríguez, Mila Hristov y Elías Yanes, alegó que los testimonios aportados por la Policía y el Ministerio Fiscal incurrían en varias contradicciones sobre qué es lo que realmente hizo cada uno de los procesados.

El tribunal les da la razón: “Concurren serias dudas sobre la concreta participación de cada uno de los acusados, sin poder afirmar, con la contundencia necesaria para posibilitar una condena en el ámbito penal, que alguno de ellos sea responsable penal de los delitos por los que han venido siendo acusados”, apunta la magistrada ponente, María Jesús García, de la sección sexta de la Audiencia.

En cuanto al procesado que sí ha admitido que cogió el timón cuando los patrones lo soltaron, los magistrados entienden que esa conducta no puede considerarse como constitutiva de delito.

De hecho, dan verosimilitud al testigo menor de edad que corroboran que así ocurrió y estiman que la reacción del procesado al ponerse al timón fue “movida por una situación de necesidad”.

A otros de los acusados, los testigos de cargo los describían como “amigos” de la persona que había fletado el cayuco. Sin embargo, el tribunal contesta que de esa amistad, por sí sola y sin más pruebas, “no puede inferirse la ejecución de labores directivas o u organizativas” como las que castiga en estos casos el Código Penal. 

El fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas ha formulado escrito de acusación contra la pareja de Juana Ramos, Miguel Ángel Ramos Quesada, como presunto autor de su muerte y desaparición la noche del 20 de agosto de 2016 en Gran Canaria, y pide que se le imponga una pena de 17 años de prisión, han confirmado a EFE fuentes judiciales.

En su escrito, adelantado por Canarias7, el fiscal Jesús Javier Lomba acusa a Ramos Quesada de un delito de homicidio para que el reclama la pena máxima, 15 años de cárcel, pese a que el cuerpo de Juana Ramos no ha sido hallado, y de otro contra la integridad moral por el que pide dos años de prisión para Miguel Ángel Ramos, que será juzgado por un Tribunal del Jurado.

El escrito de acusación mantiene que Ramos la mató “de forma voluntaria” y, posteriormente, hizo desaparecer el cadáver para ocultar el crimen y dificultar su esclarecimiento.

Según la calificación provisional del fiscal, la noche del 20 de agosto de 2016 Miguel Ángel Ramos recogió a Juana Ramos en su domicilio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, y ambos abandonaron la capital en dirección a Arucas en una furgoneta Renault Kangoo.

Conforme a lo que sostiene el Ministerio Público, en algún momento de ese trayecto o durante las horas posteriores, el acusado “acabó con la vida de la mujer”, aunque no ha podido determinarse ni el lugar exacto ni la forma en que se produjo la muerte. 

El director insular de Presidencia del Cabildo de Lanzarote, David Monte (Coalición Canaria), ha llevado a la Fiscalía a la expresidenta insular y diputada en el Congreso Dolores Corujo (PSOE). Los hechos denunciados se remontan a 2020, cuando Corujo estaba al frente del Cabildo tras diez años de gobierno del nacionalista Pedro Sanginés. Monte, según ha explicado a Canarias Ahora, ha denunciado supuestas irregularidades en la incorporación del exconsejero Juan Manuel Sosa al grupo de gobierno socialista. En su opinión, el objetivo habría sido garantizar la legislatura de Corujo y evitar supuestamente una moción de censura de CC y el PP.  

Dolores Corujo fue citada para declarar como testigo este miércoles 10 de junio. El denunciante, que también ha sido abogado defensor de Pedro Sanginés, afirmó en diferentes medios de comunicación locales que la diputada socialista entró al juzgado como testigo y salió ''en calidad de investigada''. Sin embargo, preguntada por Canarias Ahora, la Fiscalía ha aclarado que todavía no hay ningún procedimiento abierto en los juzgados y que se están tramitando diligencias de investigación preprocesales “como consecuencia de una denuncia presentada por David Monte, director insular de la Presidencia del Cabildo”. 

''Dolores Corujo estaba citada para declarar como testigo, pero en base a lo que ha declarado el denunciante y la documentación aportada, el fiscal investigador ha decidido suspender su declaración como testigo y le ha vuelto a citar como persona sospechosa que tiene derecho a ser asistida por abogado'', concretan desde la Fiscalía, y añaden que es muy ''prematuro hablar de imputación'' porque el caso está en fase preprocesal.

''Nosotros tramitamos esas diligencias preprocesales para determinar si hay indicios de delito y, en caso afirmativo, que la Fiscalía presente denuncia o querella en los juzgados. Si entendiéramos que no hay indicios de delito, archivamos nuestras diligencias de investigación, sin llegar al Juzgado'', insisten desde el Ministerio Fiscal.

Para tomar esa decisión, matizan, se practican diferentes diligencias como la declaración del denunciante, de testigos y, en su caso, de la persona denunciada, que no es imputada ni investigada aún porque ''no hay procedimiento judicial abierto''. ''En este trámite se habla de persona sospechosa'', aclaran. 

Pretenden utilizar a la Fiscalía como arma política en su campaña electoral, preparándose para mayo de 2027

Dolores Corujo — Expresidenta del Cabildo de Lanzarote

La razón por la que se ha vuelto a citar a Dolores Corujo como persona sospechosa es porque tiene derecho a ser asistida por un abogado. ''Esto se ha hecho exclusivamente para garantizar sus derechos. Es el único significado que se puede atribuir a ese cambio de condición'', afirma la Fiscalía. Para saber si hay o no indicios de delito y “no conculcar” los derechos de la expresidenta, se ha decidido recibirle declaración como persona sospechosa asistida por abogado. 

La denuncia de Monte

En declaraciones a este periódico, David Monte subraya que él se limitó a trasladar en marzo unos hechos a la Fiscalía, y que es el Ministerio Público el que está determinando si son constitutivos o no de delito. Aunque afirma que no ha denunciado a nadie, sí reconoce que en su escrito apunta a un decreto de Presidencia firmado por Dolores Corujo. “Yo pongo en conocimiento de la Fiscalía estos hechos y, en concreto, la existencia de un decreto que, en mi opinión, intentó blindar la situación económica del consejero Juan Manuel Sosa sin derecho a ello”, resume. 

Juan Manuel Sosa fue consejero de Sanidad y Planificación Sanitaria en el Cabildo de Lanzarote. Formaba parte del partido San Borondón, que en las elecciones a la corporación insular de 2019 concurrió conjuntamente con Coalición Canaria (CC). Por ello, formaba parte del Grupo Nacionalista en el pleno. En noviembre de 2019, San Borondón anunció su ruptura con CC al considerar que no habían sido tratados como socios, sino como “enemigos”. Después, pasó a formar parte del gobierno socialista.

Esto se ha hecho exclusivamente para garantizar sus derechos. Es el único significado que se puede atribuir a ese cambio de condición

Fiscalía

Según Monte, los cobros de Sosa podrían ser constitutivos de un delito de “prevaricación o de malversación”. Sosa, médico en el Servicio Canario de Salud, “venía cobrando por la asistencia a plenos cuando solo pueden cobrar por esto los consejeros que no tienen dedicación exclusiva, es decir, los que están en la oposición”, subrayó a la SER. 

Su incorporación al gobierno impedía la posibilidad de que se pudiera presentar una moción de censura contra Corujo. El 13 de mayo de 2021, Sosa presentó una denuncia en la que aseguraba que Sanginés le exigió que renunciara a su acta de consejero en el Cabildo de Lanzarote, amenazándole con interponer una querella en su contra por seguir cobrando su sueldo como portavoz de CC. La Audiencia de Las Palmas ordenó entonces al Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que investigara si el dirigente nacionalista había coaccionado al consejero para facilitar su regreso al gobierno. La denuncia se archivó.

“Utilizar a la Fiscalía como arma política” 

La secretaria general del PSOE en Lanzarote ha tachado de “intolerable” que se mienta sobre su situación procesal. Además, ha expresado su rechazo ante el uso de la Fiscalía “para campañas políticas con denuncias falsas”. “Pretenden utilizar a la Fiscalía como arma política en su campaña electoral, preparándose para mayo de 2027”, ha aseverado. La líder socialista ha manifestado su convencimiento de que está denuncia no prosperará: “Tengo total confianza en que la investigación de la Fiscalía acreditará plenamente la legalidad de mis actuaciones”. 

Venía cobrando por la asistencia a plenos cuando solo pueden cobrar por esto los consejeros que no tienen dedicación exclusiva

David Monte — Director insular de Presidencia

Por su parte, el Cabildo de Lanzarote emitió durante la tarde de este miércoles un comunicado en el que insistía en que David Monte había comparecido ante la Fiscalía como director insular de Presidencia y asesoría jurídica del Cabildo de Lanzarote, dentro de las funciones que tiene atribuidas, y no en calidad de abogado de ninguna formación política. En la aclaración, no matiza las afirmaciones en las que aseguró que Corujo estaba “investigada”.

David Monte fue nombrado nuevo director insular del Área de Presidencia el 31 de diciembre de 2025, para “fortalecer el asesoramiento legal y la seguridad jurídica de la institución”, así como “garantizar el rigor en la toma de decisiones y la correcta defensa del interés general”. Entonces, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que “la experiencia profesional y la formación especializada” de Monte suponen un “valor añadido para el funcionamiento interno del Cabildo y para seguir avanzando en una gestión responsable, transparente y eficaz”.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a año y medio de prisión al que fuera administrador único de la empresa Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, por un delito continuado de apropiación indebida, cometido cuando ordenó al personal encargado de la custodia de dinero en las cajas fuertes de la compañía que le entregaran determinadas sumas de dinero que empleó en gastos personales. De Armas deberá indemnizar a esos clientes, seis entidades bancarias, la cantidad que se apropió, 83.000 euros.

La sentencia da por probado que en el período comprendido entre el 29 de enero de 2018 y el 26 de junio de 2018, Héctor de Armas dio órdenes en siete ocasiones distintas al personal de las cámaras de seguridad de Seguridad Integral Canaria “para que le entregasen dinero en efectivo, mediante la firma del correspondiente resguardo,

recibiendo la cantidad total de 83.000 euros“. Se trataba de cantidades depositadas por las diversas entidades bancarias: CaixaBank, Bankia, Cajasiete, BBVA, Banco Santander, Bankinter y Banco de Crédito Social Corporativo.

También se ha concluido como probado que De Armas “dispuso libremente de ese importe y no procedió a su devolución pese a que en varias ocasiones fue requerido a ello por los empleados de Seguridad Integral Canaria a través de los cuales había gestionado la retirada de ese dinero”.

El tribunal, del que ha sido ponente la magistrada Inocencia Eugenia Cabello Díaz, rechazó el delito de administración desleal que promovió el BBVA por considerar que “el dinero objeto de apropiación no pertenecía a la entidad Sociedad Integral Canaria, de la que el acusado era administrador único, sino a terceros que tenía contratada con ella la custodia, depósito y transporte, por lo que, en definitiva”. 

Aunque la defensa del acusado no lo pidió durante la vista oral, el tribunal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde la incoación de la causa (febrero de 2019) hasta la celebración del juicio, con diversas incidencias en la instrucción, conducida por el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria.

Sí que fueron desestimadas por el tribunal las alegaciones del acusado respecto a la nulidad de actuaciones por defectos formales durante la instrucción de la causa referidas a prórrogas anómalas del procedimiento y la presencia como acusación particular de una empleada de Seguridad Integral Canaria y de esta misma empresa en esa misma condición y como responsable civil subsidiaria.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Puestos en contacto con Héctor de Armas, este ha manifestado a este periódico su intención de recurrir “hasta la última instancia” por estar “convencido” de su inocencia.

El colectivo ecologista Turcón Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el Decreto del Gobierno de Canarias que autorizó el proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira.

La organización ha explicado que acude al Alto Tribunal después de la sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado mes de abril.

Turcón recuerda recordar que el Decreto (noviembre de 2025) del Gobierno canario acordó la ejecución del proyecto denominado Central hidroeléctrica de bombeo Chira- Soria; reformado del proyecto de construcción. Modificado II, promovido por Red Eléctrica de España, SAU y que suspendía el planeamiento urbanístico y territorial vigente para dar encaje al proyecto citado. Un procedimiento, remarca Turcón, “totalmente inédito, sin precedentes, utilizando artículos excepcionales, desprotegiendo varios espacios naturales para legitimar la construcción de la obra en beneficio de Red Eléctrica”.

La Central de Bombeo Reversible de Soria – Chira afecta directamente a tres espacios de la Red Natura 2000, indirectamente a otros dos y, en especial, al Barranco de Arguineguín. “El proyecto mancilla nuestra rica biodiversidad y desprotege el territorio de las zonas afectadas”, denuncia el colectivo ecologista.

Después del análisis de la sentencia del TSJC, Turcón-EeA presenta los recursos de casación, distinguiendo el recurso de casación estatal, que será conocido por el Tribunal Supremo, y el recurso de casación autonómico, que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ambos recursos se presentan siguiendo una arquitectura jurídica coherente y una adecuada separación entre las cuestiones de Derecho estatal y europeo, por un lado, y las de Derecho autonómico canario, por otro, explica la organización.

Respecto al recurso estatal, una de las claves planteadas son las infracciones del Derecho ambiental europeo y estatal, “inoponibles” al Decreto canario. La argumentación jurídica considera especialmente sólida la fundamentación basada en la Directiva Hábitats, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el principio de no regresión ambiental.

Asimismo, se subraya la importancia general de la cuestión debatida, al afectar a la compatibilidad entre los regímenes excepcionales de implantación de infraestructuras energéticas y las obligaciones de conservación de los espacios integrados en la Red Natura 2000.

En cuanto al recurso autonómico, Turcón-EeA cuestiona la argumentación que hace el Gobierno de Canarias apoyándose en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias y los límites de las facultades que atribuye a la administración.

En resumen, los ecologistas, consideran que el litigio trasciende el caso concreto de Gran Canaria, al abordar uno de los principales desafíos jurídicos de la transición energética: garantizar el desarrollo de las infraestructuras energéticas sin menoscabar las obligaciones de protección ambiental derivadas del Derecho europeo y de la normativa de conservación de la biodiversidad.

Turcón considera que estos recursos de casación siguen una clara estrategia de maximizar las opciones de que los tribunales superiores se pronuncien sobre cuestiones de gran relevancia para la protección de los espacios naturales y para el futuro de la planificación energética en el país.

Insiste Turcón-EeA que este proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira es “un síntoma de un modelo de transición energética errado. Queremos la transición energética, pero no de esta manera. Frente a los oligopolios y monopolios en el sector eléctrico de las islas, apostamos por un nuevo modelo energético sostenible, público, justo, descentralizado y que no afecte a los espacios naturales protegidos ni al suelo rústico de protección agrícola”, concluye.

El actual titular del Tribunal de Instancia de Valverde, en El Hierro, Antonio Mazuecos, ha ordenado la práctica de una reconstrucción de hechos para esclarecer las circunstancias en las que falleció una joven universitaria de 20 años en la madrugada del 24 de julio de 2022 en la zona del aparcamiento de la calle San Juan, en dicha localidad.

La diligencia, acordada para este jueves, 11 de junio, se llevará a cabo por agentes especializados de la Guardia Civil (Departamento de Escena del Crimen del Laboratorio Central del Servicio de Criminalística de la Jefatura de Policía Judicial, Secrim) con apoyo de unidades de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife y miembros del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valverde, y consistirá en una inspección técnico-forense del escenario del suceso y en la recreación experimental de la caída mediante un maniquí o dummy de características similares a las de la víctima.

Según recoge el oficio judicial, la reconstrucción busca “verificar experimentalmente la distancia y posición en que queda tendido” el cuerpo simulado, comparando el resultado con la evidencia “objetivamente constatada en las actuaciones”, además de confeccionar un informe pericial con recreaciones virtuales e infografía 3D.

El caso fue investigado inicialmente como una presunta muerte accidental, aunque la familia de la fallecida sostiene que pudo existir una actuación imprudente de terceros y pide que se esclarezcan todos los extremos de lo sucedido.

En el auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que confirmó el sobreseimiento provisional del caso en mayo de 2024, se describe que la joven se encontraba con amigos junto a la discoteca La Lonja y que, al apartarse para hacer sus necesidades, se dirigió a una zona lateral de poca iluminación. La resolución añade que el acceso a la finca contigua se hacía por una rampa de cemento con muros de unos 50 centímetros, sin barandillas, y con un desnivel de varios metros entre la rampa y la pared.

La Audiencia recogió también que, según el atestado policial, la joven, de 20 años y natural de Gran Canaria, cayó al rebasar el muro adyacente, al parecer en la creencia de que al otro lado estaba la rampa de acceso, cuando en realidad existía un hueco de más de cinco metros. En ese mismo razonamiento, la Sala señaló que la zona carecía de iluminación y que no constaban avisos previos de accidentes, aunque la parte recurrente sostenía que debieron adoptarse medidas de seguridad adicionales, como mayor altura de los muros, vallas perimetrales y señalización suficiente.

Tras el auto de la Sala ratificando el sobreseimiento provisional de las actuaciones, el caso fue reaperturado por el juez Antonio Mazuecos el pasado 25 de mayo, en respuesta a un recurso de la acusación particular.

La nueva diligencia pretende ahora comprobar sobre el terreno la mecánica de la caída y contrastar si la configuración física del lugar se corresponde con la hipótesis sostenida en la instrucción. La actuación se enmarca en una causa que sigue abierta y que vuelve a centrar la investigación en el punto exacto donde se produjo la precipitación mortal.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha activado la plataforma digital Carpeta Justicia en Canarias. Se trata de un portal que permite que, desde un dispositivo móvil o un ordenador, ciudadanos, profesionales y empresas puedan consultar notificaciones, resoluciones o señalamientos de juicios, comprobar el estado de expedientes judiciales, etc.. También permite resumir o anonimizar documentos y consultar citas previas en el Registro Civil, los tribunales y las gerencias territoriales de Justicia, entre otros. En definitiva, según explica el Ministerio, facilita la relación digital entre la ciudadanía y la Administración de Justicia.

A través de su app y su web (www.carpeta.justicia.es), procuradores, abogados, graduados sociales, ciudadanía y empresas pueden hacer múltiples gestiones de forma más ágil, sin desplazamientos y en el momento en el que lo necesiten.

Carpeta Justicia ya está disponible en las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Extremadura, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), además de en la Comunidad de Madrid, La Rioja, el Principado de Asturias y Galicia. En total, la plataforma del Ministerio ya da cobertura a cerca del 50% de la población española y pronto se activará en otras comunidades autónomas.

Carpeta Justicia supera los 753.000 usuarios

Actualmente, Carpeta Justicia supera los 753.000 usuarios únicos, de los cuales más de 60.000 son profesionales del ámbito judicial. Esto supone que el 36% de los profesionales en activo utilizan ya la plataforma. El grado de uso es especialmente destacado en procuradores (90,6%), abogados (33,6%) y graduados sociales (24,4%).

En los últimos 12 meses, más de 320.000 nuevos usuarios se han incorporado a esta herramienta, lo que representa un incremento del 75%.

Por su parte, la aplicación móvil de Carpeta Justicia registra ya más de 85.000 descargas desde su arranque, facilitando así el acceso a sus servicios desde cualquier dispositivo móvil.

El despliegue de esta herramienta se enmarca en la estrategia de digitalización de la Justicia impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar un servicio público más moderno, ágil, eficiente y cercano.

El Colectivo Turcón Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía y la Demarcación de Costas los movimientos de tierra que se están efectuando con maquinaria pesada en la playa y en el barranco de Veneguera. La organización ecologista pide la intervención de estos organismos, a los que ha avisado de que las obras se están ejecutando dentro de los límites de la servidumbre y de la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) de la Demarcación de Costas de Canarias.

Según explica el colectivo, la empresa que ejecuta las obras “se ha excedido en su actuación de cara a corregir los perfiles de playa y barranco”. Esto, añade, “nos produce más preocupación, toda vez que interpretamos unas actuaciones improvisadas, sin los correspondientes permisos habilitantes y fruto de un exceso de confianza, diligencia desmedida y desproporcionada frente a los efectos de una borrasca (fenómeno natural) en una zona natural y poco antropizada”.

Las imágenes y testimonios recogidos por numerosos ciudadanos muestran, según el colectivo, cómo maquinaria pesada eliminaba el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento, donde ese material fue acumulado para la sepultación del mismo.

Ante esta situación, “la ciudadanía”, prosige Turcón, “se pregunta en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de renaturalización de Lopesan en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y cantos rodados dentro de un espacio protegido perteneciente al Parque Rural del Nublo”.

Preocupación social

Los ecologistas exigen conocer qué administraciones han autorizado estas actuaciones, si existen informes ambientales públicos que las avalen y cuáles son los verdaderos objetivos de intervención sobre la playa y su entorno, especialmente ante el temor creciente de que este tipo de actuaciones puedan terminar derivando, de manera progresiva, en una limitación del acceso libre y público a uno de los últimos espacios semivírgenes que quedan en Gran Canaria.

La preocupación social aumenta, añade Turcón, “especialmente por los antecedentes ambientales de Lopesan en el propio barranco de Veneguera”.

“Resulta una contradicción absoluta que se intente presentar como renaturalización un proyecto promovido por una empresa señalada desde hace años por actuaciones altamente agresivas sobre el propio barranco de Veneguera. En concreto, Lopesan ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales -también para la plantación de nuevos cultivos-, han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico de enorme valor patrimonial en 2023, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos, entre muchas otras cosas”, denuncia el colectivo.

Por ello, “muchas personas sentimos que no estamos ante un verdadero proyecto ecológico, sino ante un nuevo episodio de intervención progresiva sobre un espacio emblemático de los que quedan en nuestra isla”.

Y añade: “Nos preocupa profundamente que estas actuaciones puedan formar parte de una estrategia paulatina de control territorial y limitación del acceso ciudadano a un espacio natural que pertenece emocional, cultural y socialmente al conjunto del pueblo canario”.

“Si realmente existe una voluntad de renaturalizar, la ciudadanía se pregunta si Lopesan piensa también aplicar ese mismo criterio sobre las extensas zonas del litoral del sur de Gran Canaria destruidas durante décadas por el modelo turístico y urbanístico que precisamente enriqueció a su grupo empresarial”, cuestiona el grupo ecologista.

Por último, Turcón solicita como medida cautelar para contener los efectos de esta intervención el precinto de las obras que se están ejecutando, requiriendo a los investigados a que se abstengan de continuar con las obras iniciadas bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

Lopesan defiende su actuación

El Grupo Lopesan ha explicado que se trata de un proyecto de recuperación de la finca agrícola de Veneguera, un enclave del suroeste de Gran Canaria de gran relevancia por su patrimonio agrícola, paisajístico y etnográfico. La planificación trazada se orienta a reactivar los cultivos tradicionales, restaurar las infraestructuras rurales de la zona y optimizar el entorno costero, evaluando con rigor técnico el alcance de cada actuación ejecutada.

La empresa asegura que todas las intervenciones se desarrollan bajo la dirección facultativa correspondiente, dentro del marco administrativo y en total conformidad con la normativa vigente.

Miércoles, 5 de enero de 2022. Manuel (nombre ficticio) trabaja como jardinero en la empresa Canaragua, la principal compañía de gestión del ciclo integral del agua en Canarias. Está podando unos matos en las inmediaciones de un barranco cuando pisa un hoyo y se le dobla la pierna derecha, sintiendo un charrasqueo en la rodilla.

Dos días más tarde acude a la mutua laboral Asepeyo para comunicar lo ocurrido. Dice que sintió cómo la rodilla se le fue “a un lado” y que varios compañeros de trabajo presenciaron el incidente.

El informe de asistencia, sin embargo, no aprecia signos compatibles con un traumatismo reciente. No encuentra ningún hematoma, derrame ni hinchazón. Apunta de hecho que la rodilla accidentada, la derecha, se ve igual que la izquierda. Detalla que las exploraciones realizadas para valorar una posible lesión de ligamentos o meniscos resultan negativas. Y agrega asimismo que existen “cambios degenerativos” en la parte interna de la rodilla y en la rótula. La prueba que detecta el roce o chasquido por desgaste de la rótula, la que se conoce como “prueba del cepillo rotuliano”, sí da positivo.

La mutua rechaza declarar que el trabajador sufrió un accidente laboral “dada la inexistencia de mecanismo accidental traumático”. En su resolución, lo deriva a la sanidad pública canaria aludiendo a “los antecedentes quirúrgicos del paciente”, a su “constitución obesa” y a que en la exploración “no hay esguince” ni “signos agudos inflamatorios de traumatismo”.

Manuel enferma de COVID-19 al día siguiente. Es 8 de enero de 2022 y está de baja a causa del virus hasta el 21 de ese mismo mes. Tres días después, el 24, es valorado por su médico de cabecera, que le prescribe una baja por enfermedad común con el diagnóstico de “esguince de localización no especificada de la rodilla”.

Es la primera vez que recibe tratamiento por una dolencia de este tipo. Muestra “impotencia funcional” y “dolor agudo”. Nunca había estado de baja por problemas en esa rodilla ni había seguido tratamiento analgésico al respecto.

A finales de marzo, el hombre solicita al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la determinación de contingencia para que su baja sea reconocida como accidente de trabajo. Meses después, en verano, sufre otra tragedia: mientras iba en bicicleta, es atropellado frontalmente por un coche kamikaze que circulaba en dirección contraria y que se dio a la fuga. Nuevos análisis confirman entonces “artrosis marcada” en su rodilla derecha. 

La historia de Manuel es también la del colapso de la sanidad pública canaria. En junio de 2023, su historial clínico recoge tres visitas al servicio de Traumatología por un dolor “recurrente invalidante” para recibir una infiltración que no pudo practicarse en ninguna de esas ocasiones por la falta de facultativos.

En agosto, el INSS deniega su petición al considerar que “no queda acreditado” que la lesión se produjera “en tiempo y lugar de trabajo”. En febrero de 2024, dos años después de sufrir el accidente, el Instituto le reconoce una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, aunque la cataloga como derivada de “enfermedad común”. Manuel la impugna y acude, también, a los tribunales, donde consigue su primera victoria en todo este tiempo.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria estimó la demanda del trabajador y declaró que su incapacidad temporal tenía origen laboral, por lo que obligó a la Mutua Asepeyo a abonarle la prestación correspondiente y a devolverle las cantidades no percibidas. La base reguladora en este caso de la prestación por accidente de trabajo asciende a 1.979,20 euros al mes.

El fallo otorgó plena credibilidad a las declaraciones de los compañeros de trabajo que estuvieron presentes el día de los hechos y dio validez al informe emitido por el perito médico propuesto por Manuel, quien recordó que el empleado no había sufrido ninguna baja previa por patologías en esa rodilla.

Pero la mutua recurrió. Presentó un recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en una reciente sentencia ha desestimado su apelación, ha ratificado que la baja de Manuel derivó de un accidente de trabajo y ha impuesto a Asepeyo el pago de 800 euros en costas. El fallo es firme, han confirmado fuentes del TSJC. Su ponente es la magistrada Gloria Poyatos.

El alto tribunal canario ha recriminado el “rechazable vicio procesal” de la mutua al destacar que construyó todo su recurso sobre “afirmaciones que no vienen avaladas” y partiendo de “premisas fácticas distintas a las de la resolución recurrida”. Es lo que se conoce en derecho como “petición de principio” o “hacer supuesto de la cuestión”.

Asepeyo pidió que se modificara el relato de los hechos para que constara que el accidente ocurrió “mientras [Manuel] se dirigía a su casa”, ya que el propio trabajador indicó, cuando acudió a la mutua, que se lesionó “al salir del trabajo andando”, por lo que sería un accidente ‘in itinere’. También solicitó que se incluyera en ese relato el atropello que sufrió mientras circulaba en bicicleta. La mutua otorga “relevancia” a este hecho porque se produjo en verano de 2022, mientras que el informe pericial sobre el estado de salud de Manuel se emitió después, en septiembre de 2023.

El TSJC, no obstante, desestimó todos y cada uno de los argumentos de la entidad. Concluye que Manuel se dobló la pierna “durante la jornada laboral” y que ese hecho probado “descansa en la prueba testifical” en primera instancia de sus compañeros de trabajo.

Asimismo, ante el informe pericial de la mutua (que descartó que hubiera un golpe traumático evidente y apreció una “contradicción” entre cómo se produjo la lesión según lo manifestado por el trabajador al acudir a urgencias y lo posteriormente relatado en la demanda), el alto tribunal canario respetó “la valoración realizada” por la jueza de instancia, que dio mayor credibilidad al informe médico aportado por Manuel, en el que se señala que el paciente comenzó a sufrir dolor en su rodilla derecha desde el día en que se produjo el accidente, y no antes.

“La doctrina del Tribunal Supremo” dice que “ante dictámenes médicos contradictorios, (…) se ha de atender a la valoración realizada por el magistrado de instancia”, recoge la sentencia.

Canarias Ahora contactó con la Mutua Asepeyo para conocer su versión de los hechos, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha habido respuesta. En una entrevista publicada hace semanas en ‘Prensa Ibérica’, su director en Canarias, Ángel Castillo, afirmó que “se usa la baja como refugio para cosas que nada tienen que ver con la salud” y que las mutuas no tienen “ningún interés económico”.

Pero lo ocurrido a Manuel no sorprende a los sindicatos. Carmen Marrero, secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), denuncia que es “bastante habitual” que las mutuas, “de manera muy recurrente”, deriven a los servicios públicos a trabajadores “sin haber hecho un estudio previo de si realmente el origen de su patología es laboral”.

Los datos la respaldan. El 21,52% de las quejas formales presentadas contra las mutuas a nivel nacional se deben a discrepancias con la calificación de la contingencia. Es decir, a casos en los que se califican como enfermedad común lesiones que los trabajadores consideran accidentes laborales.

Este tipo de reclamaciones ha pasado de 4.129 en 2023 a 4.551 en 2024, según el último informe publicado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número total de quejas también se ha elevado, al pasar de 17.953 a 21.146.

Las cifras revelan que Asepeyo recibió 3.657 reclamaciones en 2024, un 44,72% más que en 2023, el mayor aumento reportado entre las mutuas. Y también que es la entidad que registra el mayor índice de incidencia de quejas (0,17%) en relación con la población que tiene protegida. 

Marrero cree que existe cierta “connivencia” entre las mutuas y las empresas para invisibilizar la siniestralidad laboral. A su juicio, declarar una enfermedad profesional o un accidente de trabajo evidencia que la mercantil puede tener problemas de seguridad y la obligaría a invertir en mejorar las condiciones laborales. “Las empresas lo que quieren es salir bien en la foto”, resume.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO reconoce que “no todas las personas” tienen la fuerza que ha demostrado el jardinero Manuel para luchar en los tribunales y lamenta que muchos trabajadores se sientan “demasiado pequeñitos para enfrentarse a la empresa y a todo un sistema jurídico que no controlan”.

Marrero denuncia la saturación de los servicios públicos como consecuencia de ello y el retraso en la obtención de diagnósticos que, en incontables ocasiones, acaban cronificándose. “Las mutuas están muy bien dotadas de recursos materiales para determinados diagnósticos. Son recursos que deben estar al servicio o en beneficio de la recuperación de las personas trabajadoras”, añade.

José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales en UGT, ahonda en la misma línea. “En muchas ocasiones, el proceder de las mutuas es primero negar y después que el trabajador o la trabajadora pelee. En cierto modo, si se me permite la expresión, nada objetiva, es como poner a los lobos a cuidar de las ovejas”, sentencia.

Marrero exige que las mutuas sean integradas directamente dentro de la Administración Pública y que atiendan desde el primer momento a los trabajadores, sin excusa. En caso de considerar que el empleado no se lesionó en el trabajo, la de CCOO reclama que sea la mutua (y no la persona trabajadora) la que acuda al INSS para que revise la incapacidad temporal.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado el primer paso judicial contra el nuevo reglamento de vivienda pública del Gobierno autonómico. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Observatorio de Derechos Humanos DESCA, y la plataforma Derecho al Techo, contra el decreto canario de acceso a la vivienda protegida.

Se inicia así una batalla legal que busca anular lo que las organizaciones consideran una medida inspirada en la “prioridad nacional” de la extrema derecha. El Decreto 23/2026 de 9 de marzo, que entró en vigor el pasado 7 de abril, endurece drásticamente los requisitos de acceso a la vivienda protegida exigiendo, entre otros criterios, un mínimo de 12 años de empadronamiento ininterrumpido en las islas. 

Ahora, el TSJC exigirá el expediente completo de elaboración del decreto al Ejecutivo de Coalición Canaria y Partido Popular, mientras los colectivos sociales confían en que la justicia tumbe una norma que tachan de “racista, clasista, discriminatorio e ineficaz”, principalmente porque vulnera “cualquier principio de igualdad”. El Observatorio DESCA critica que los partidos nacionalistas, como Junts en Cataluña y Coalición Canaria en el archipiélago, “están abanderando este movimiento sin necesidad de que esté Vox detrás”. Y señalan que “cuando se utiliza el racismo es para dividir a la clase trabajadora”. 

Sin embargo, el Gobierno autonómico asegura que “defenderán el decreto con uñas y dientes”. “El Gobierno de Canarias está convencido que la vivienda pública tiene que ser para los canarios y canarias que desarrollan y tienen su proyecto de vida en Canarias. Y eso lo contemplamos a través de ese criterio de arraigo, que es un requisito, que insisto, lo vamos a defender con uñas y dientes, porque creemos que tenemos razón”, aseguraba en la mañana de este miércoles Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, durante la presentación de una feria de cruceros en la capital de Gran Canaria.  

Para el consejero “no es discriminatorio”. Señala que no están pidiendo el lugar de nacimiento de las personas que van a ser beneficiarias de la vivienda pública. “Lo que estamos es priorizando a todos los canarios y canarias”. Rodríguez también se ha referido a las excepciones del decreto en base a situaciones de vulnerabilidad extrema. “Las personas que son declaradas vulnerables de manera extrema, bien sea por los servicios sociales municipales o bien sea por un juzgado, tienen otro trámite, tienen otro camino para acceder a una vivienda”, aseguraba el consejero de Vivienda, e insistía en que “por lo tanto, no discrimina en base a la vulnerabilidad, ni tampoco discrimina en base a la procedencia. Lo que apuesta es que esas viviendas públicas, sean para los que viven en Canarias”.

Para el Observatorio de Derechos Humanos DESCA estas medidas “claramente racistas y xenófobas, son precisamente para que no veamos lo burdo de su política en materia de vivienda, para que continúe la especulación y que no haya viviendas públicas”. Aseguran que “hablan de prioridad nacional, porque no quieren que hablar de que están permitiendo que las viviendas turísticas sigan funcionando como si nada, ni han aprobado las zonas tensionadas, que es un mecanismo que estamos viendo que en Cataluña sí funciona”, afirma Miguel Ruiz abogado del Observatorio DESCA.

Según el consejero de Vivienda el decreto canario “no tiene nada que ver con lo que plantea la ultraderecha en la prioridad nacional, que evidentemente ellos están mirando el color de piel o el lugar de procedencia de esas personas. Nosotros estamos diciendo que las viviendas públicas tienen que ser para la gente que vive aquí”, insistía el consejero de Vivienda.

“Maquillar la falta de vivienda pública” 

Para la organización Derecho al Techo la estrategia del Ejecutivo regional consiste en “maquillar la falta de vivienda pública, en lugar de afrontar los problemas estructurales de acceso a la vivienda” en el archipiélago.  

“En vez de implementar políticas públicas de vivienda, deciden machacar a la parte más débil. Y además con una clara discriminación para el que no es de aquí, o para el que viene de fuera, y no puede acreditar esos 12 años”, asegura Isabel Saavedra, abogada de Derecho al Techo. 

Consideran que esta exigencia lo que hace es intentar eliminar “por la puerta de atrás” a todas las personas que no lo puedan acreditar y “reducir así la lista de espera” a la vivienda protegida. 

“Nadie dijo nada”

Durante este proceso judicial el Observatorio de Derechos Humanos DESCA examinará cómo fue la tramitación del decreto. “Veremos la salvajada que supone que una norma como esta se pueda aprobar, teniendo una jurisprudencia amplísima de que son normas que se han declarado ilegales, y nadie dijo nada”, asegura Miguel Ruiz, abogado del Observatorio DESCA. 

En un principio, el borrador contempla una exclusión de 10 años, una cifra que el propio Consejo Consultivo llegó a señalar por su posible “desproporcionalidad” antes de que el Instituto de Vivienda la elevara a 12 años. 

Para el Consejero de Vivienda Pablo Rodríguez el decreto está en vigor porque hay una base jurídica para hacerlo, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias. “Se aprobó con informe jurídico favorable, con un informe del Consejo Consultivo de Canarias favorable. 

Desde el Observatorio DESCA muestran su profunda preocupación por la falta de contrapesos dentro de las propias instituciones canarias. “Si tienes a un montón de administraciones públicas participando en la elaboración de la norma y nadie levanta la mano diciendo que esto está mal. Es cuando dices, vale, ¿en manos de quién estamos?, se pregunta Ruiz, que asegura que ”está a la espera de ver el tamaño de esa tragedia“ 

Próximos pasos 

Desde el Observatorio DESCA señalan que al tratarse de una presunta vulneración de derechos fundamentales, el TSJC tramitará el recurso de forma preferente y prioritaria para acortar los plazos habituales de la justicia. Aunque calcula que “la resolución final podría demorarse entre ocho meses y un año”.

Si el tribunal falla a favor de los demandantes, todos los apartados considerados discriminatorios “quedarían anulados de forma inmediata”, asegura Ruiz. Esto obligaría al Gobierno de Canarias a reconfigurar el registro sin las trabas de los 12 años de arraigo regional, ni los 5 años de residencia municipal obligatoria 

Desde los colectivos sociales advierten que vigilarán de cerca los futuros movimientos del Ejecutivo para evitar que intenten regresar al antiguo límite de 7 años, el cual también consideran “totalmente desproporcionado”.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, ha dictado este miércoles un acuerdo por el que se solicita a los órganos judiciales de Gran Canaria y Tenerife que los días 11 y 12 de junio de 2026 -específicamente el 11 en Gran Canaria y el 12 en Tenerife- deben evitar “en la medida de lo posible” la celebración de actuaciones judiciales presenciales no urgentes “cuando su práctica pueda verse comprometida por las restricciones de movilidad previstas con motivo de la visita del papa León XIV”.

La medida se adopta tras la reunión de la Comisión de Seguimiento prevista en el protocolo organizativo aprobado por la Sala de Gobierno del TSJC el pasado 8 de mayo, y después de la comunicación remitida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias sobre la prealerta por evento multitudinario.

El acuerdo insta a las presidencias de tribunales, secciones, audiencias y salas a revisar con antelación los señalamientos de esas fechas, reordenarlos cuando proceda y priorizar la celebración anticipada de actuaciones urgentes.

También alienta, siempre que sea legal y técnicamente posible, el uso de medios telemáticos para reducir desplazamientos y facilitar el normal funcionamiento judicial durante esos dos días.

El TSJC subraya que deben mantenerse en todo caso los servicios esenciales, entre ellos el servicio de guardia, la presentación de personas detenidas, las decisiones urgentes de instrucción, la tutela de derechos fundamentales, los asuntos que afecten a personas vulnerables, las medidas cautelarísimas, la protección de menores y de víctimas de violencia de género, la expedición de licencias de enterramiento y cualquier otra actuación judicial inaplazable.

Además, señala que, cuando una actuación procesal presencial no pueda celebrarse o quede gravemente dificultada, deberán adoptarse en cada procedimiento las decisiones que correspondan conforme a la legislación procesal aplicable, con referencia expresa a la fuerza mayor prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Aunque la comunicación previa del Gobierno de Canarias se dirigía a determinados partidos judiciales, el acuerdo del presidente del TSJC extiende la valoración organizativa al conjunto de órganos judiciales de cada una de las islas afectadas, al considerar que las restricciones de movilidad pueden comprometer el acceso ordinario a cualquier sede judicial de Gran Canaria y Tenerife.

Un juez ha decretado prisión provisional para un trabajador que cubría una sustitución en un centro de atención a la discapacidad intelectual de Gran Canaria después de que su dirección denunciara a principios de mayo una agresión sexual a una usuaria.

Según han adelantado medios regionales y han confirmado a EFE fuentes de la Policía Nacional, los hechos fueron denunciados por la dirección del centro el 1 de mayo y la detención se produjo el 6 del mismo mes.

Tras pasar a disposición judicial se decretó prisión provisional para el presunto autor, al que también se ha impuesto una orden de alejamiento y comunicación con la víctima, según han precisado las fuentes consultadas.

La denuncia presentada ante la Policía asegura que otro empleado del centro, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, presenció la agresión sexual a la usuaria, unos hechos que puso en conocimiento de la dirección, desde donde se alertó a las autoridades.

La información que publican los medios regionales señala que el arrestado cubría una sustitución en el centro desde hacía algo más de medio año y que ha negado los hechos que se le imputan.

Igualmente, desde el centro han aclarado que la presunta agresión sexual se habría cometido fuera de sus dependencias.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado la condena por estafa impuesta en primera instancia a una mediadora inmobiliaria que operaba en Fuerteventura y ha acordado su absolución al entender que no ha quedado probado con la solidez exigible el “engaño bastante” propio del delito. La sentencia recurrida, dictada por la Audiencia de Las Palmas el 13 de octubre de 2025, le imponía un año de prisión y el pago de 15.000 euros de indemnización a los compradores.

Los hechos se remontan a la primavera de 2016. Según la resolución, el 22 de abril de 2016 unos clientes de la investigada le hicieron una transferencia de 14.000 euros para la reserva de un apartamento en Fuerteventura y, el 24 de mayo de 2016, realizaron otras tres transferencias por 11.000 euros, 1.275 euros y 15.000 euros, esta última bajo el concepto de “reforma apartamento”.

El 27 de mayo de 2016 se firmó un contrato privado de arrendamiento con opción a compra sobre la vivienda, que después no llegó a elevarse a público por la calificación del inmueble como VPO, circunstancia que la Sala de lo Penal del TSJC recoge como parte del contexto del conflicto. La Audiencia había considerado probado que la acusada actuó “aprovechándose del desconocimiento del idioma” de los compradores y que les hizo creer que la operación no tendría coste de intermediación, cuando en realidad habría cobrado una comisión de 15.000 euros “absolutamente desproporcionada”.

El TSJ, sin embargo, concluye que esa versión no queda acreditada con la firmeza necesaria y que el razonamiento condenatorio presenta debilidades“. La Sala afirma que la cuestión podía suscitar dudas sobre el destino final del dinero y sobre la corrección de la intermediación, pero que eso no basta para afirmar penalmente una estafa, porque ”no concurren los hechos típicos del delito de estafa“.

La resolución añade que el hecho de que los 15.000 euros se ingresaran en la cuenta de la inmobiliaria “resulta irrelevante” por sí solo para excluir o afirmar el ánimo de lucro, y recuerda que la actividad del mediador inmobiliario es “típicamente onerosa”. En este contexto, apunta la sentencia, adquiere relevancia la doctrina del llamado “deber de autotutela o autoprotección de la víctima” en el delito de estafa.

La jurisprudencia penal, recuerda el tribunal, perfila este deber como un criterio auxiliar para valorar la suficiencia del engaño: se protege a la persona media que actúa con la diligencia ordinaria, “pero no se extiende la cobertura penal a supuestos en que el propio comportamiento de la víctima, por su pasividad o falta de mínima comprobación, contribuye decisivamente a la producción del daño”, subraya.

Aunque la jurisprudencia más reciente limita una interpretación extensiva del deber de autoprotección, recordando que el engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima, es lo cierto, enfatiza el TSJC, que en este caso “los compradores-denunciantes (que, por cierto, llevan ocupando legítimamente la vivienda que iban a comprar casi diez años y que se negaron a aceptar un acuerdo más que razonable para dar solución al conflicto) no podían ignorar cuál era el destino de los 15.000 euros, dada la sustancial equivalencia de las expresiones en español e italiano”.

El tribunal revoca íntegramente la sentencia de instancia, absuelve a la acusada y declara de oficio las costas del recurso.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado a la exdirectora del IES Los Cristianos, Samira Tela, a su hija y a quien sería la pareja de esta última por el desvío de más de 85.000 euros mientras la primera ostentaba el cargo de directora del IES Los Cristianos, en Arona (sur de Tenerife), entre los años 2022 y 2024.

El Ministerio Público sostiene que se realizaron múltiples transferencias sin justificar o sustentadas en justificaciones falsas desde la cuenta bancaria del mencionado centro a otras cuyos titulares eran la propia Tela y las otras dos personas denunciadas. El importe total de esas transferencias excede los 85.000 euros y, de momento, no ha sido recuperado.

La denuncia ha sido presentada ante el Tribunal de Instancia de Arona, aunque todavía no ha sido admitida a trámite, confirman fuentes de la Fiscalía. Canarias Ahora se ha puesto en contacto con Tela para recabar su versión sobre estas acusaciones, sin éxito.

La exdirectora fue expedientada por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del Gobierno de Canarias a finales de agosto de 2024, tras recibir varios escritos críticos con su gestión en los que se aludía a “presuntos casos de acoso y malas formas”, tal y como reveló este periódico en exclusiva.

La apertura de ese expediente conllevó su suspensión provisional de funciones. En febrero de 2025, el Ejecutivo regional acordó finalmente inhabilitarla un año y nueve meses por abuso de autoridad, malos tratos y una función “negligente”. En solo dos años, más de cincuenta profesores con plaza definitiva abandonaron el instituto y un total de 78 estuvieron de baja.

La Fiscalía señala que la mayor parte de las transferencias desde la cuenta bancaria del centro a las de los denunciados se intentaban justificar mediante servicios “irreales”. Pone como ejemplo pagos mensuales a quien sería la pareja de la hija de Tela (por entonces estudiante de ingeniería informática) por supuestos servicios informáticos de los que ya se encargaba la Consejería de Educación a través de las plataformas Ciber Centro y CAU_CE.

La denuncia también revela que, “en múltiples ocasiones”, se registraban en el Sistema de Gestión Educativa de Canarias (SIGECO) transferencias dirigidas a empresas reales sin aportar las correspondientes facturas. Esos pagos se utilizaban como una “falsa justificación de otros apoderamientos de caudales públicos que debían haberse invertido en el interés del IES Los Cristianos”, apunta el Ministerio Público.

La Fiscalía considera que estos hechos presentan indicios de un delito de malversación de fondos, previsto y penado en el artículo 432 del Código Penal.

Una auditoría externa de las cuentas del recurso educativo correspondiente a 2022, 2023 y el primer semestre de 2024 afloró una enorme diferencia entre los gastos registrados en el SIGECO y la documentación existente en el centro.

Analizando solo las facturas, el descuadre neto fue de 340.000 euros. El instituto contabilizó pagos por casi 539.000 euros con 211 proveedores sin disponer de las facturas correspondientes. Sin embargo, también se hallaron facturas físicas por un importe superior al reflejado en las cuentas, con un exceso acumulado de 198.000 euros. Solo en el caso de 45 proveedores hubo una coincidencia exacta entre las facturas y el SIGECO, con desembolsos que suman 39.000 euros.

El informe también compara los apuntes contables del SIGECO con “todos los documentos” consultados por los auditores, incluidas facturas proforma o recibos que podrían corresponderse con gastos, aunque no estén respaldados por facturas válidas. En ese caso, el importe total de la documentación física y las facturas electrónicas alcanzó los 808.000 euros, frente a los 860.000 euros registrados en el SIGECO. La diferencia se situó en 51.829 euros.

Los peritos encontraron facturas que incumplen la normativa vigente en materia de facturación, al incluir de forma indebida el IGIC o carecer de datos obligatorios. También hallaron facturas emitidas a nombre de la Consejería de Educación, del IES Los Cristianos y de otras entidades o personas, como el IES El Sobradillo, CEIP José Pérez y Pérez, CEIP Buzanada o la propia Samira Tela.

La auditoría identificó asimismo a proveedores cuya facturación anual supera el umbral de 15.000 euros fijado para los contratos menores por la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, lo que podría implicar “posibles incumplimientos de la normativa vigente”. Entre la documentación supuestamente correspondiente al periodo 2022-2024, se colaron facturas antiguas de 2018, 2020 y 2021.

El informe concluye que, dadas las diferencias detectadas durante el análisis, resulta “necesario” elaborar una segunda auditoría más exhaustiva para obtener un mayor grado de exactitud. Esa segunda auditoría sí llegó a realizarse, según han confirmado fuentes de la Consejería de Educación.

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de un hombre condenado a ocho años de prisión por la violación de una joven que, junto con su novio, alquilaba una habitación en su vivienda, situada en Guía de Isora (Tenerife).

El condenado, cuya sentencia es firme, presentó un recurso extraordinario de revisión en el que buscaba impugnar la veracidad del testimonio de la víctima y alegaba que incurrió en contradicciones y que no hubo opos

En su escrito, el recurrente sostuvo que la mujer cambió su versión durante el juicio, que “asumió un papel de víctima y sobreactuó”, y negó la existencia de amenazas, presiones o condicionantes de la libertad de la denunciante, así como la presencia de testigos.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2021, sobre las 17.00 horas, cuando el acusado pidió a la joven que le ayudara a limpiar otra habitación de la vivienda.

Según la sentencia, el hombre se ofreció a darle un masaje en la espalda y, pese a la negativa inicial de la mujer, insistió hasta que esta accedió y, a continuación, la agredió sexualmente pese a que ella le pidió que se detuviera.

La víctima declaró en el juicio que no pudo reaccionar por temor a represalias contra su vida o su integridad física.

El recurso de revisión alegaba que la declaración de la víctima “no es fiable” y que las pruebas forenses y psicológicas no aportan la certeza necesaria.

El fiscal, sin embargo, sostuvo que el condenado pretendía la celebración de un nuevo juicio sobre hechos ya valorados y confirmados en tres instancias judiciales.

El Supremo coincide con el Ministerio Fiscal y considera “improcedente” autorizar la revisión al no concurrir los requisitos legales exigidos.

El hombre, que tenía 65 años en el momento de los hechos, había sido condenado con anterioridad en dos ocasiones por delitos similares y en la actualidad cumple condena en un centro penitenciario de Madrid.

La Sala descarta contradicciones relevantes en el testimonio de la víctima y considera la versión del acusado “improbable y plagada de inconsistencias”.

Además, tuvo en cuenta mensajes posteriores en los que el condenado se disculpaba por su conducta, que fueron admitidos como prueba.

Dado que los hechos son anteriores a la reforma legal de 2022 conocida como ley del ‘solo sí es sí’, el delito fue calificado como abuso sexual.