La Audiencia manda investigar las coacciones del expresidente del Cabildo de Lanzarote para recuperar el poder

La Audiencia de Las Palmas ha ordenado al Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que investigue si el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, de Coalición Canaria (CC), ha coaccionado al consejero de la corporación Juan Manuel Sosa para que dimita y le facilite su regreso al gobierno.

José Manuel Sosa concurrió a las elecciones como candidato de San Borondón, formación política que se presentó a las urnas en coalición con los nacionalistas, por lo que formó parte de la lista electoral de CC al Cabildo de Lanzarote, que estaba encabezada por Pedro San Ginés.

Tras surgir discrepancias con varios miembros del grupo de CC, Sosa decidió incorporarse al grupo de gobierno del Cabildo, liderado por la socialista María Dolores Corujo, impidiendo así la posibilidad de que se pueda presentar una moción de censura contra la actual presidenta.

Según recoge la denuncia presentada por Sosa el pasado 13 de mayo, San Ginés le habría conminado a renunciar a su acta de consejero del Cabildo de Lanzarote, amenazándole con la interposición de una querella por seguir cobrando su sueldo como portavoz de Coalición Canaria.

Según el relato realizado por Sosa en sede judicial, San Ginés le citó en su casa de Arrecife, donde le mostró en un portátil el texto de la expresada querella que finalizaba con la solicitud de hasta seis años de prisión y la exigencia de reintegrar los 85.000 euros cobrados supuestamente de manera indebida, extremo este que ha sido reiteradamente desmentido por el Cabildo de Lanzarote y por el Gobierno de Canarias.

Posteriormente, y siempre según la denuncia de Sosa, San Ginés le dio a leer un segundo documento con unas supuestas noticias que se publicarían en sendos periódicos de tirada nacional si no dimitía de su cargo de consejero del Cabildo antes de la celebración del pleno del Cabildo que tuvo lugar el viernes 14 de mayo de 2021.

Según la denuncia de Juan Manuel Sosa, los hechos se produjeron tras una serie de conversaciones, mensajes de Whatsapp y llamadas orientadas a que reconsiderara su apoyo al grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote para posibilitar así un cambio en la corporación, con un alto grado de presión que le ocasionó un estado de tensión permanente.

El consejero ha destacado que muchas de esas comunicaciones pretendían organizar un encuentro con Fernando Clavijo, secretario general de CC, y que fue su negativa a reunirse con el que fuera presidente del Gobierno de Canarias el motivo esgrimido por San Ginés para solicitar una última reunión en su casa.

En ella, según Sosa, tuvo lugar la coacción y el inicio de la campaña de acoso contra su persona.

El titular del Juzgado número 2 de Instrucción de Arrecife acordó el paso mes de mayo el archivo de la causa considerando que no estaba debidamente acreditada la perpetración del delito.

Sin embargo, Sosa apeló ante la Audiencia Provincial, cuya sección sexta ha revocado el auto de archivo al considerar que existen motivos razonables para investigar los hechos denunciados por el consejero.

La Audiencia de Las Palmas razona en su auto que “el avisar” a una persona de la interposición de una querella en el caso de que no dimita del cargo público que ostenta excede, con mucho, del juego político que afirma el magistrado instructor“, ya que ”no es que se amenace a una persona con la interposición de una querella“, pues la acción penal es pública, ”sino que se avisa de dicha interposición para, presuntamente, conseguir una actuación del destinatario del aviso que este no quiere efectuar, dimitir, estimando por tanto que la decisión de no investigar se demuestra como apresurada“.

El Juzgado número 2 de Arrecife decretó a finales de enero la reapertura del procedimiento, en el que según fuentes judiciales han declarado ya tanto el denunciante como el denunciado.

Con la de Sosa son ya tres las causas judiciales abiertas contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, quien está pendiente de juicio por la incautación ilegal de la desaladora de Montaña Roja y acusado de una falsa imputación de delito en la denuncia de los centros turísticos contra el empresario ya fallecido Antonio González.