María pide parar su desahucio en Tenerife hasta encontrar otra casa a la que irse con su hijo de nueve años

María, nombre ficticio, se enfrenta a un desahucio inminente en La Salud, Santa Cruz de Tenerife, con su hijo de nueve años, enfermo de asma, sin previsión de mejorar por el estado actual en que se encuentra la casa. La afectada es víctima de violencia de género y actualmente no cuenta con alternativa habitacional ni red familiar ya que se quedó huérfana con once años.

“Sólo pido un poco de tiempo para encontrar otra casa, un alquiler asequible, en el que vivir con mi hijo porque con las humedades y el estado de esta casa tiene que tomar antihístamínicos para dormir cada noche”, cuenta María a esta redacción después de solicitar que se salvaguarde su nombre real por miedo.

Desde 2020, vive en un piso de Santa Cruz de Tenerife junto a su hijo. Al principio pagaba 410 euros al mes. Después, el precio subió a 435, y, ahora, las propietarias quieren echarla para poder alquilar la casa “a precio de mercado” y cobrar 850 euros por ella. “Se espera que me vaya antes de acabar el año”, explica en una entrevista a este periódico.

Coordinación interinstitucional

La asociación Acción Social Canarias se ha dirigido este martes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que se coordine con el Gobierno de Canarias y se activen medidas preventivas frente a los desahucios, se actualice el informe de vulnerabilidad conforme al Real Decreto 29/2026 y se informe de las condiciones de insalubridad en las que vive la familia y se valore la paralización del procedimiento.

En un comunicado, la PAH de Tenerife recuerda que la familia que lleva años reclamando que se solucionen los problemas de habitabilidad de su hogar. Las filtraciones de agua y las humedades estructurales han mantenido la vivienda en condiciones de insalubridad y han afectado a la salud del niño, aquejado de patologías respiratorias. Pese a las reiteradas solicitudes para que se realicen las reparaciones necesarias, la familia no ha obtenido una solución sino la resolución judicial del contrato.

“María ha buscado alternativas en el mercado del alquiler para evitar llegar a este extremo, pero sus ingresos y la realidad de las condiciones de acceso a una vivienda a los precios actuales le han impedido encontrar una alternativa que pueda asumir”, explica la plataforma. “¿Por qué una familia que paga puntualmente y reclama durante años unas condiciones mínimas de habitabilidad termina enfrentándose a la pérdida de su hogar, mientras el incumplimiento de las obligaciones de quien alquila una vivienda no recibe una respuesta igual de efectiva?”, se preguntan desde la plataforma.

Más dificultades

La afectada ha pedido ayuda al Servicio Insular de Atención a la Mujer y está inscrita en el Instituto Canario de la Vivienda porque actualmente “está apenas a 500 metros” de su agresor. “No me dan ninguna solución. Me dicen que no hay vivienda”. También está inscrita en diferentes programas para acceder a un hogar asequible, como Prohogar o Provivienda. Sin embargo, “la mayoría de los dueños” de estas viviendas “están dejando ese acuerdo para poder subir los alquileres”.

Como superviviente de violencia de género, le han ofrecido la opción desde Cáritas de apuntarse a una lista de espera para acceder a un piso tutelado y compartido con otras madres. “No hay suficientes y no hay habitaciones disponibles”, señala.

Las dificultades para encontrar una vivienda digna en la que vivir con su hijo la han empujado a recibir tratamiento psiquiátrico. “Tomo tres pastillas al día. Antidepresivos y ansiolíticos para poder dormir. Es algo bastante crudo de vivir y de sostener sola”, reconoce María. 

Desde este periódico hemos contactado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para recabar su versión y su compromiso en próximas actuaciones que puedan dar un poco de alivio a María y su hijo. Hasta el momento no se ha obtenido respuesta.