La oposición pide a la consejera de Turismo de Canarias que dimita por la ley que multa a propietarios y ella se lo toma “a coña”

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha ofrecido este martes “diálogo y consenso” a los grupos parlamentarios para resolver la “difícil” situación de la residencialización en zonas turísticas en una comparecencia en la que el PSOE le ha pedido su dimisión y NC-bc y Vox, que deje las modificaciones legislativas para la próxima Cámara. Se trata de dar respuesta a unos 70.000 afectados por esta ley, que son propietarios de viviendas en zonas que, posteriormente a su compra, fueron declaradas turísticas y, por tanto, se les impide residir en ellas y se les obliga a cederlas a un explotador turístico.

En una comparecencia ante el pleno del Parlamento, De León ha echado balones fuera ironizado con que se toma “a coña” que los socialistas pidan su dimisión cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está afectado por muchos casos de corrupción y ha insistido en el “firme compromiso” del Ejecutivo por encontrar una solución que pasa por reformar le ley turística de 1995, la de modernización de 2013 y la más reciente de alquiler vacacional, aprobada en esta legislatura pero que tampoco da una solución a estos afectados.

Gustavo Santana (PSOE) ha rememorado que el pasado julio le preguntó dos veces si iba a aprobar un decreto ley “y no contestó”, pero a las dos semanas se filtró un borrador a la prensa y solo hace una semana a CC, socio de gobierno del PP, el partido de la consejera, mientras que la oposición “sigue mendigando” por el mismo.

Sucede que antes ya había sido remitido a la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, en cuya contestación solicitaba que debido a la importancia del asunto debía tramitarse como proyecto de ley y que el carácter de urgente necesidad no estaba acreditado.

Llegado a este punto, Santana le ha preguntado: “¿Para quién gobierna? No vaya a ser que para alguien que se apellida igual que una provincia española”, en referencia a José Manuel Soria, del PP.

En la misma línea, Esther González (NC) ha afirmado que “la mano que mece la cuna” en todo este asunto “es alguien que está más cerca de Segovia que de Canarias”, que es quien “pone la partitura y el Gobierno la toca sin rechistar”, como “pararrayos de una política feroz dictada desde despachos ajenos”.

La consejera ha reconocido que el conflicto en zonas turísticas “se veía venir” porque la normativa turística canaria de los últimos veinte años se ha orientado a segregar uso turístico y residencialización con el fin de elevar la calidad del destino, extremo que defendieron en el pasado incluso PSOE y NC-bc -ha leído citas textuales del exvicepresidente canario Román Rodríguez y la diputada socialista Rosa Bella Cabrera, pese a que fueron pronunciadas en contextos sociales, económicos y turísticos muy diferentes, sin crisis de la vivienda y sin turistificación de las islas-.

En esa línea ha comentado que la aplicación de la normativa “deja mucho que desear” caso de la unidad de explotación pues hay inmuebles en zonas turísticas donde viven los propietarios y están empadronados por los ayuntamientos.

“Ahora tenemos que ver cómo manejamos una difícil situación sin perder el norte y la razón de ser de las zonas turísticas y de las instalaciones turísticas, que es prestar este servicio económico”, ha explicado.

Cabe recordar que los afectados por dicha ley son propietarios de apartamentos comprados para vivir mucho antes de que las zonas fueran declaradas turísticas. Con la ley, se les impide residir en ellos y se les obliga a cederlos a un tercero para que los explote turísticamente. Si no lo hacen, reciben multas de más de 2.000 euros. Y aunque el Gobierno de Clavijo se comprometió a paralizar dichas multas, estas han seguido llegando.

Este mismo mes, el PSOE presentó una propuesta de ley, que contaba con el respaldo de los afectados, pero tanto CC como el PP votaron en contra de admitirla siguiera a trámite. Y hay que recordar que el propio Fernando Clavijo se comprometió por escrito con estos afectados antes de las elecciones de 2023 a buscarles una solución.

“Mucha alarma social”

La consejera ha criticado que se ha generado “mucha alarma social, interesada o no” y entiende que “no se trata solo de una cuestión puramente de planeamiento” sino de ganar en competitividad y que Canarias siga siendo un “destino líder”.

“Estamos ante un asunto difícil al que solo le veo un camino, el diálogo”, por lo que ha apelado a diseñar “fórmulas imaginativas” que permitan “convivir” a todos los actores y proseguir con la modernización del archipiélago.

La consejera ha dicho también que todas las medidas adoptadas “no servirán de nada” si no hay “controles estrictos”, ha esgrimido que hasta tres sentencias dan la razón a la Consejería y que hace falta más coordinación en toda la cadena administrativa.

“Tan importante es el Gobierno y la ordenación turística como lo son los ayuntamientos”, ha apuntado.

“Embarrar e incumplir el compromiso con los afectados”

Esther González (NC-bc) ha cargado contra el Gobierno por incumplir sus compromisos con los afectados cuando quedan seis meses para la disolución del Parlamento y han dejado el borrador de la modificación de la ley “en una gaveta” y van a optar por un decreto.

No entiende que los diputados sigan “a ciegas” con el texto legal cuando ya lo tienen las patronales turísticas y ha acusado a la consejera de “embarrar” el debate para que “nadie entienda nada”, afeando al presidente, Fernando Clavijo, que firmara un compromiso con los afectados días antes de las últimas elecciones sabiendo que “jamás iban a cumplir”.

Jesús Ramos (ASG) ha afirmado que es necesaria una “actualización” de la normativa turística canaria para lograr más seguridad jurídica, evitar duplicidades y favorecer la sostenibilidad ambiental, social y económica del turismo.

Asimismo ha reclamado que la nueva ley “no entre en contradicción” con el desarrollo de las 'islas verdes' y que se cuente con cabildos y ayuntamientos.

“Oscurantismo”

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha indicado que le legislatura está “perdida” desde el punto de vista turístico pues en lugar de reformar la normativa lo que han hecho es “enrevesarla más”, excluir a los pequeños propietarios y enfrentarlos con los empresarios turísticos.

Ha instado al Gobierno a dejar de tramitar el “decretazo” con “oscurantismo” y ve “incoherente” que mientras se trata de prohibir la compra de casas por parte de extranjeros se está “expulsando a residentes de villas, de bungalows y de sus apartamentos”.

David Morales (PP) ha reprochado a los socialistas que defendieran en el pasado la especialización turística frente a la residencialización y ahora se trata de renovar la ley de turismo de Canarias “con plenas garantías jurídicas” y en un contexto global “altamente complejo y lleno de dificultades e incertidumbre”.

Según el diputado popular, “no se trata de eliminar la gestión unitaria ni la especialización turística, renunciar a la ordenación y a la regulación, sino que el fin último en pro de la economía y el empleo es el de garantizar la calidad de los establecimientos, la homogeneidad de los servicios, la competitividad del destino y la sostenibilidad territorial”.

Socorro Beato (CC) ha dicho que la reforma de la ley es una “oportunidad” para apuntalar el “éxito” del turismo en Canarias teniendo en cuenta que hay “cuestiones pendientes” como la unidad de explotación, la residencialización de los complejos turísticos y la convivencia entre los distintos usos y que se debe adaptar la ordenación a las “particularidades” de cada isla.

“Necesitamos la colaboración, el diálogo y la responsabilidad compartida de todos, porque ni las administraciones pueden resolverlo todo por sí solas, ni el sector privado puede permanecer ajeno a los problemas”, ha expuesto.