Derecho al Techo denuncia una actuación policial “desproporcionada” en el desahucio de este martes en Las Palmas

Fue un martes 13. La imagen del desahucio de Jennifer y sus dos hijos, de 4 y 16 años, en Las Palmas de Gran Canaria ha dado esta semana la vuelta al país en un momento en el que todas las miradas están puestas en si realmente el desahucio de Maricarmen y el posterior decreto aprobado en el Congreso pueden suponer un antes y un después en la lucha por el derecho constitucional a la vivienda. En esa imagen destacan la violencia del hecho mismo del desalojo, el sufrimiento de la afectada, la solidaridad vecinal que intenta impedirlo y la actuación de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local, cuyas intervenciones en este tipo de lanzamientos se deben regir por los criterios de proporcionalidad y oportunidad según la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por todo ello, tres días después, la plataforma Derecho al Techo denuncia a través de un comunicado que la intervención policial no fue “ni proporcional con la situación ni respetuosa con el derecho a la protesta”, tras resultar heridos algunos de los manifestantes al ser arrastrados por los agentes, circunstancia por la que tuvieron que ser atendidos.

Les preocupa que los acompañamientos del colectivo a las personas afectadas por procedimientos de desahucio se conviertan “en una excusa para actuaciones desproporcionadas, o que la vulnerabilidad de una familia quede relegada a un segundo plano”.

La desproporción

La plataforma apunta directamente a la actuación tanto de la Policía Local incluyendo a su Grupo Operativo de Intervención y Apoyo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria (GOIAS), que hicieron las veces de policía judicial por requerimiento de la magistrada.

“Lo ocurrido vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental, ¿cómo deben actuar los cuerpos policiales ante personas que ejercen una resistencia pacífica para defender el derecho a la vivienda y acompañar a una familia en una situación de extrema vulnerabilidad?”, plantean desde el colectivo.

Advierten de que la ejecución de una resolución judicial no elimina la obligación de proteger la integridad de las personas ni convierte cualquier actuación policial en legítima “por el mero hecho de producirse durante un desahucio”.

Un informe ‘in extremis’

Desde Derecho al Techo llevan también tres días denunciando que el informe de vulnerabilidad de la familia, elaborado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fue presentado por registro en el juzgado una hora antes de la llegada de la comisión judicial al lugar del desalojo. Dicho informe también se mostró a la comisión judicial, que se negó a recogerlo, según afirma el colectivo, que exige que se aclare “qué ocurrió y qué consideración recibieron las circunstancias de vulnerabilidad de la familia”.

Por último, reclaman que se esclarezca la actuación de la Policía Local y de los agentes de los GOIAS y que haya una mejor coordinación entre los servicios sociales, las administraciones competentes en vivienda y los órganos judiciales para evitar que las familias vulnerables “afronten un desahucio sin una alternativa habitacional efectiva”.

Qué dice el Ayuntamiento

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas (PSOE), respondía a las críticas del PP sobre el desalojo este miércoles en una comisión del pleno del Ayuntamiento. La socialista despejaba las críticas indicando que el informe de vulnerabilidad llegó una hora antes del lanzamiento sin que la comisión judicial lo tuviera en cuenta.

En esa misma comisión, por alusiones, la concejala de Podemos, Gemma Martínez, recordó al PP su voto en contra del Decreto de Vivienda recientemente y para tumbar el escudo social en febrero. “Espero que no lleguen al poder”.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez (PSOE), defendió en otra comisión la actuación de la Policía Local y aseguró que la imagen del desahucio de Jennifer no ha gustado a nadie, tampoco a los agentes, “pero que deben seguir las órdenes de la autoridad judicial”.

Avello lo compara con el impago de una deuda

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello Formoso, ha defendido ante los medios que el procedimiento de desahucio de Jennifer “se ajustó a la legalidad y contó con todas las garantías” y “que las sentencias firmes deben ejecutarse en un estado de Derecho”. Avello comparó el desahucio de una madre y sus dos hijos menores de edad con el impago de una deuda: “Hay multitud de medidas ejecutivas que se adoptan diariamente, si hay un señor que te debe una cantidad, se adopta la medida coercitiva del embargo”.

Y sin embargo

Según el informe elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la familia desahuciada cuenta con “baja o nula” capacidad económica para hacer frente al pago de una vivienda. Jennifer, desempleada de larga duración, no cuenta con una red de apoyo familiar o social, con dificultad para acceder a una vivienda de alquiler con los precios actuales.

Con 36 años y dos niños a su cargo percibe solo 1.173,76 euros mensuales, procedentes de la Renta Canaria de Ciudadanía, cantidad insuficiente para afrontar el conjunto de las necesidades básicas de la familia, incluyendo alimentación, vestido, suministros y gastos de vivienda.

El informe de vulnerabilidad destaca que “ha registrado solicitudes de vivienda ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Asimismo registró su solicitud de mediación en el Programa Prohogar del Instituto Canario de la Vivienda, evidenciando que ha iniciado gestiones para intentar acceder a una solución habitacional estable. No obstante, sus limitados recursos económicos y la ausencia de apoyos dificultan considerablemente la posibilidad de encontrar una alternativa residencial por sus propios medios”.