La nuera, el examen de Cirugía Plástica y un elefante: la Justicia revisa al fin las oposiciones de Osakidetza de 2018

En la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava, este martes, había un elefante. Sí, junto con los dos acusados, sus abogados defensores y procuradores, la fiscal, los letrados de las acusaciones, la terna de magistrados, la funcionaria de apoyo, los familiares y los periodistas, había un elefante en la habitación.

Ha arrancado ocho años y cinco meses después el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza de la primavera de 2018. Sin embargo, solamente se revisa ya lo sucedido en la especialidad de Cirugía Plástica, en el que se busca determinar si la opositora Thais Salas recibió ayuda de su suegro y autor de la mitad de las preguntas de la parte teórica Alfredo Martínez Flórez, lo que le catapultó a tener la mejor nota.

La presidenta de la sala, Beatriz Eva Román Gobernado, se ha esforzado en que nadie cruzara la línea de preguntar por algo que no fuera eso, de modo que se ha hurtado a los presentes la constatación de que, al mismo tiempo que sucedió lo que sucedió en ese examen, hubo denuncias en Cardiología, en Anestesia, en Microbiología, en Angiología, en Traumatología y otras muchas categorías de aquella OPE, como publicó en su momento este periódico. Y todas, sin excepción, tenían el mismo patrón: las mejores notas eran las de personas próximas a los autores de las preguntas.

Así, ha sido imposible que compareza en el juicio, siquiera como testigo, quien fuera directora general de Osakidetza en aquel momento, María Jesús Múgica. Y eso que incluso mientras se celebraba el examen bajo sospecha, el de Cirugía Plástica, se mostró “alterada”, según se ha contado en la vista, porque vio que la opositora Salas tenía una nota descollante. Por eso, ordenó a sus colaboradores que se reunieran con ella, entre la prueba teórica y práctica, para sugerirle que lo mejor era que se retirara.

El juicio ha empezado con unos pocos minutos de retraso respecto de la hora convenida, las 10.00 horas. Al frente del tribunal, la magistrada Román Gobernado, cabeza de una terna suplente porque la anterior se abstuvo. Acusan la Fiscalía, representada por Cristina Vicente Briansó, que venía con una batería de preguntas muy estudiadas y documentos que ha querido mostrar a los comparecientes, y los sindicatos LAB y ESK. Eso sí, ha tenido que disculparse en un par de ocasiones por confundir a la acusada con la periodista “Thais Villas”.

El abogado de LAB, Iñigo Santxo, ha sido el que más ha puesto a prueba la paciencia de la juez al intentar mencionar el elefante. “¡Impertinente!”, le ha llegado a espetar su señoría, refiriéndose a una pregunta, no a la persona. Ironías de la tecnología, quien ha querido denunciar el enchufismo en Osakidetza sin nada de éxito ha terminado por implorar un enchufe porque su ordenador se quedaba sin batería y le quedaban aún decenas de preguntas para los testigos. Por el contrario, Julio Sánchez, el letrado de ESK, ha optado por hacer muy pocas preguntas o directamente ninguna en la mayoría de interrogatorios. Entre los que no ha considerado relevantes para intervenir estaba el del exdirector de Recursos Humanos de Osakidetza, Juan Carlos Soto.

Los acusados, Salas y Martínez Flórez, se han sentado juntos en un banquillo que ahora ya son sillas más cómodas. Ella bebía agua de un pequeño botellín de plástico y jugaba con un bolígrafo; él ha permanecido casi en la misma postura durante las prácticamente cinco horas que ha durado la sesión matinal de la primera de las vistas de un juicio que, en pura teoría, quedará ya visto para sentencia este miércoles. A veces, comentaban alguna cosa entre ellos. Un allegado, justo detrás, entre el público, tomaba notas a mano en un cuaderno.

Ellos comparecerán los últimos. Primero han depuesto una docena de testigos. Una de ellas lo ha hecho “desde el extranjero” por videoconferencia muy de andar por casa, con un móvil en posición vertical y claros problemas para entender cuando uno de los dos defensores de los procesados, el conocido penalista donostiarra Rubén Múgica, le preguntaba por las notas de un examen del MIR de Salas.

La sesión ha arrancado con la exdirectora del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), Maite Iruretagoyena, otro organismo público no vinculado con Osakidetza pero que tuvo un papel muy relevante en las oposiciones. La propia aludida lo ha explicado. Múgica, la directora general de Jon Darpón en aquel momento, la llamó “nerviosa” porque, en una reunión con sindicatos, le pidieron garantías de una convocatoria limpia —lo de la sospecha de filtraciones viene de largo, según recalcan voces internas de la Sanidad vasca— y ella planteó externalizar lo que su pudiera al IVAP, que se encarga de organizar procesos y tiene una imprenta con seguridad “24 horas” y hasta un “búnker” para custodiar cuestionarios.

Según Iruretagoyena, consultó con su jefe, el entonces consejero Josu Erkoreka, y decidieron meterse de lleno en ello. La cuestión es que el IVAP no tenía especialistas para hacer preguntas de exámenes médicos muy técnicos que evalúan no a estudiantes sin a facultativos especialistas en ejercicio. De modo que la pelota volvió a Osakidetza, que le dio al IVAP un listado de nombres para que hicieran los cuestionarios. Una de las testigos, la de la videollamada, ha admitido que cuando se planteó la solución del IVAP todos pensaban que era para contratar expertos “del resto de España, de Madrid o Barcelona”. Pero no.

Y ahí, en esos nombres que sugirió Osakidetza, apareció Martínez Flórez para hacer las de Cirugía Plástica. El doctor se abstuvo de participar en el tribunal evaluador por el “parentesco” que le unía con la examinanda Salas, la pareja de su hijo, pero no de hacer las preguntas. Él hizo la mitad de la prueba teórica, y un “doctor Beltrán”, aunque no el famoso médico de la televisión, la otra parte. Salas sacó 48 de 50 en las de su suegro y 24 de 50 en el resto.

Esto se conoció muy rápido. Un sistema de “lectura óptica” al poco de terminado el examen teórico —que se celebró en el aulario de Las Nieves de Vitoria en mayo de 2018— ya mostró que una opositora destacaba por encima del resto, la misma por la que un vocal del tribunal había renunciado. Sin que haya quedado claro cómo, la mismísima directora general Osakidetza se volvió a sentir “bastante alterada” al conocer la nota y el “revuelo” que ya se había montado entre el resto de aspirantes. Y llamó al 'número dos' del IVAP, Fulgencio Aledo, para cerciorarse de quién era el autor de las preguntas.

Iruretagoyena y Aledo, bajo promesa o juramento de contar la verdad, han relatado que mandaron identificar en la sala de examen a Salas y llevarla a una estancia separada del aulario. Se encargó de ello la letrada que hacía las veces de secretaria del tribunal, que ha confirmado los hechos. Allí, Salas se reunió con Aledo y con Soto, el jefe de Recursos Humanos. Y comentaron su nota. Al parecer, hubo un intento de que no hiciera ya la prueba práctica, pero no lo lograron.

La secretaria ha dicho que la escena pudo ser “violenta” para la joven, con dos altos cargos de un Gobierno comentando su proceder. En ningún momento se recogió en acta lo sucedido, aunque la testigo del encuentro ha señalado que, en 34 años de carrera en Osakidetza, no ha visto nada semejante.

Como no se podía hablar de ello, Soto y Aledo no han explicado que también estaban haciendo movimientos ante sospechas en otras especialidades en esas mismas fechas. Desde abril de ese año, por ejemplo, el vocal del tribunal de Cardiología, Ángel Loma-Osorio, había avisado de lo siguiente: “Lamento decir que tengo razones fundadas para creer que parte del tribunal de la OPE del que formamos parte tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba con vistas a una filtración selectiva”. Aquí se ofertaban 22 plazas y hubo 22 exámenes perfectos, de 100 puntos. Finalmente, todo estalló en junio y, de hecho, Soto fue uno de los dimitidos por esta crisis, como Múgica y como el propio consejero Darpón.

En el primer día laborable después del examen, que fue en fin de semana, Aledo pidió al jefe de Informática del IVAP una comprobación sobre Sala. Quiso saber el desglose de la nota en función del autor de las preguntas. Y ahí se vio la gran diferencia: 96% en las primeras 50. Y se organizó una nueva reunión. Esta vez fue citado por Soto y Aledo el doctor Martínez Flórez. Los excargos han asumido que era una “irregularidad” el asunto de la relación familiar y le señalaron que si la opositora desistía y renunciaba a seguir en la oposición todo quedaría arreglado. Le dieron al facultativo el correo electrónico no de Osakidetza sino del IVAP para que resolviera el asunto y evitara un expediente.

Así, a través de una cuenta de Hotmail y no de un mensaje corporativo, la opositora explicitó su renuncia. Aledo la reenvió a Osakidetza y Salas fue borrada de los listados. Después, cuando se encargó un análisis externo de las notas a la Universidad de Oviedo, no se contó la mejor y los parámetros dieron dentro de la normalidad. La “irregularidad” en Cirugía Plástica no formó parte de la información que entregó Osakidetza a la Fiscalía cuando se inició la investigación y solamente se incorporó al sumario por la denuncia de otra opositora, Penélope Calzacorta, que ha comparecido también como testigo en la vista.

A las acusaciones —al menos a la Fiscalía y a LAB— les ha llamado la atención la forma de resolver el problema arbitrada por el IVAP y Osakidetza. “Estamos a tiempo de solucionarlo. Si abandona el proceso selectivo, aquí se acaba todo”, ha admitido Aledo que le dijo a Martínez Flórez. No ha negado el ex 'número dos' del IVAP que tenían muchos problemas encima y que les convenía dejar resuelta una carpeta. Como era entrar a hablar del elefante, nada más se ha comentado a este respecto.

Soto, de su lado, ha contado que le preguntaron a Martínez Flórez directamente si había filtrado las preguntas y ha destacado cómo el doctor “empeñó su palabra de honor” a que no lo había hecho. Todo lo más, admitió que había expuesto a su nuera qué bibliografía iba a usar para hacer las preguntas y que era importante repasarla “incluso los pies de página”. En suma, han negado cualquier indicio de filtración, pero sí han admitido sin pretenderlo que el autor desveló su identidad al menos para sugerir los libros en los que poner más interés a la hora del estudio El IVAP, que pagó 1.250 euros por el examen al ahora acusado, les obliga a firmar varias cláusulas, incluida la confidencialidad.

La defensa de los acusados, en todo caso, ha querido presentar a Salas como una estudiante excelente, con las mejores notas del MIR en Euskadi y también con experiencia en el hospital Miguel Servet de Zaragoza antes de trabajar en el Donostia, donde su suegro era el jefe del servicio y otra familiar compañera. Cuando en esta investigación se analizaban otros exámenes, eso era lo que siempre se remarcaba, que se trataba de opositores brillantes.

Múgica, la jefa de Soto, no participará en el juicio. Sí estuvo citada como testigo en la fase de instrucción y dejó uno de los momentos más curiosos de este procedimiento, lleno de avatares. Contó con el apoyo de agentes de la Ertzaintza para poder huir de la prensa y no ser fotografiada en los juzgados. Aquí se puede leer lo que sucedió en aquellos días de 2019.

A falta de posibles modificaciones de última hora a la luz de lo acontecido en el juicio, la Fiscalía solicita dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez y un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para Salas. LAB demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados y ESK dos para cada uno. Las defensas, que hasta ahora han renunciado a acuerdos para modular la pena a cambio de una admisión de los hechos, siempre han defendido que no hay base alguna para una condena. Este miércoles, segunda y última vista.