Ocho años y medio después, llega el juicio por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza

Hace unos días, la Audiencia Provincial de Álava emitió un fallo judicial en el que criticaba con dureza los retrasos en las investigaciones penales en el Tribunal de Instancia de Vitoria. No es algo nuevo. Lleva pasando años. Casos muy relevantes han visto mermadas las condenas por dilaciones indebidas, incluida la gran trama de corrupción que fue el 'caso De Miguel', con dirigentes del PNV implicados. En este contexto, esta semana se celebra, precisamente en la Audiencia Provincial, el juicio por unos hechos de hace nada menos que ocho años y medio. Se enjuiciarán, salvo que no haya una nueva sorpresa, las denuncias de filtraciones en los exámenes de las oposiciones médicas de Osakidetza de la primavera de 2018.

El caso estalló el 1 de junio de 2018, el mismo día en que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno. Ahora es ya el segundo más longevo en el cargo en democracia y encara sus cuartas elecciones generales desde que llegó a La Moncloa. Lo que llega a juicio, en puridad, es una parte muy pequeña de lo que se denunció. Exclusivamente se analizarán posibles anomalías en la prueba de Cirugía Plástica, porque el resto de exámenes en los que se vieron indicios de irregularidades —básicamente por aparecer notas altas en examinandos cercanos a los autores de las preguntas— han quedado archivados.

Este asunto causó la dimisión del consejero de Salud de la época, Jon Darpón, del PNV, así como de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, o del responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. El asunto centró la agenda política en Euskadi durante unos meses, pero está ya completamente amortizado.

Fueron cuatro las instructoras del sumario, Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta, Cristina Rodríguez Ruiz y Blanca Ester Díaz Pulido. Las diligencias tuvieron largos parones y se llegó a poner por escrito que revisar exámenes en un caso que analiza irregularidades en exámenes no aportaba “nada”. “No resulta necesario ni útil traer a este procedimiento un volumen de documentación que no será examinada por el tribunal por el escaso interés que tiene para la causa, así como por la innecesariedad de leer una sucesión interminable de preguntas médicas cuyo contenido y respuesta es totalmente ajeno a la función jurisdiccional y que no es objeto del presente procedimiento, ya que no se está enjuiciando una incorrecta valoración de los exámenes, sino una posible filtración”, dejó por escrito la tercera de las cuatro magistradas, Rodríguez Ruiz.

La lista de imputados llegó a ser muy larga, de una veintena de personas, pero al banquillo llegan únicamente dos acusados, el doctor Alfredo Martínez Flórez, miembro del tribunal de Cirugía Plástica, y la opositora Thais Salas. Y lo hacen porque la Audiencia Provincial ordenó reabrir al menos esta parte del proceso, ya que la intención inicial era un sobreseimiento total. ¿Qué sucedió en esta especialidad? La examinanda imputada logró 48 aciertos de las 50 preguntas realizadas por el vocal que le acompañará en el banquillo, con quien además mantenía una relación familiar. Y bajó a 24 de 50 en la segunda mitad, ya con otra autoría. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”. Fue tal el revuelo surgido ya en aquel momento que renunció a seguir con la oposición.

La Fiscalía ha solicitado dos años de prisión y cinco de inhabilitación para el doctor Martínez Flórez por “filtrar las preguntas” del examen. El ministerio público pide para ella un año de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación, así como la imposibilidad de que obtenga ayudas públicas durante ocho años. Estimaba “probable”, al presentar su escrito de calificación, que se pudiera alcanzar una conformidad si ambos admitían los hechos, con lo que las penas quedarían moduladas, pero las defensas de los imputados llevan meses descartando de plano esa posibilidad, según le participan a este periódico.

Hay otras dos acusaciones, los sindicatos LAB y ESK. Piden penas más elevadas que la Fiscalía. En el caso de LAB, por ejemplo, demanda tres años de prisión para cada uno de los dos imputados. Solamente aceptaría un acuerdo en caso de que los acusados entrasen a explicar que las filtraciones han sido históricamente una dinámica “estructural” dentro de Osakidetza. De hecho, LAB siempre quiso que se investigara a la dirección política de Osakidetza. De hecho, fuentes de la central recalcan que “LAB va al juicio con la intención de volver a poner en relieve la implicación de toda la estructura directiva de Osakidetza en el escándalo de las filtraciones”. “Las personas imputadas no son 'lobos solitarios', sino los cabezas de turco de todo un sistema corrupto de adjudicación de plazas de manera discrecional, que llevaba décadas vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad, básicos en una oferta de empleo público”, señala Jesús Oñate.

ESK, por su parte, pide dos años de cárcel para ambos. Dice Patxi Nicolau, portavoz de la central, que el juicio de lo que llama “opes dopadas” les llega “con una sensación agridulce”. “Desde que destapamos el escándalo de la adjudicación a dedo de determinadas plazas en especialidades médicas han pasado más de ocho años. El final de este proceso nos trae la decepción al comprobar una vez más que la verdad judicial no es la verdad social; de una docena de especialidades investigadas, sólo una llega a juicio tras un tortuoso camino, decepcionante. Sin embargo, tras todos estos años de denuncia, en ESK nos felicitamos de haber acabado con ese sistema clientelar. El modelo de exámenes que se ha instaurado en la OPE que actualmente se está llevando a cabo, un modelo de batería de preguntas donde las filtraciones carecen de sentido, es fruto del trabajo de este sindicato”, expone.

El juicio durará dos días, martes y miércoles. Se prevé que los acusados comparezcan en la segunda sesión. El tribunal lo compondrán los jueces Beatriz Eva Román Gobernado, Sara Mallen y Álvaro Silván. De hecho, el juicio se celebra ahora porque, en un hecho inusual, la anterior terna renunció sin que ninguna de las partes considerara oportuna la recusación. Zulueta lo hizo por haber tomado parte en la investigación y sus colegas Elena Cabero y Jesús Poncela por haber sido responsables de la resolución que enmendó el cierre total del caso y posibilitó un juicio para dos de los imputados, lo que les dejaba 'contaminados'.

A finales de junio se celebró una vista previa. En ella, la presidenta del tribunal, la magistrada Román Gobernado, aclaró a las partes que no aceptará que sea un juicio “prospectivo”. Es decir, solamente se enjuiciará finalmente lo sucedido en la categoría de Cirugía Plástica y no todas las demás pruebas que quedaron archivadas en su día o a la cúpula del Servicio Vasco de Salud en aquella época. Quienes estuvieron presentes lo entendieron como un mensaje de que habrá que ceñirse a esos sucesos concretos y orillar toda la parte de controversia política que suscitó el caso en su día.